Entre 2022 y 2023 un total de 2.184 niñas, niños y adolescentes fueron identificadas como víctimas de explotación sexual en Chile. Lo más grave es que dicha vulneración se da recurrentemente en quienes están bajo el cuidado del Estado.
Una nueva balacera ocurrida hace unas semanas en Bajos de Mena, zona sur poniente de Puente Alto y considerada el “gueto más grande de Chile”, dejó un saldo de tres hermanos afectados, uno fallecido de 17 años y dos de 11 y 13 años con heridas graves, aunque fuera de riesgo vital. Días después, un niño de 12 años asesina con un cuchillo a un adulto en Antofagasta y es declarado inimputable por el tribunal, regresando donde su abuela, quien es su tutora. El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la región informa a los medios que él estaba en programas ambulatorios desde hace mucho tiempo, lo que explicaría en parte su comportamiento.
Estos dos casos son apenas una muestra de lo que están viviendo niñeces y adolescencias en nuestro país, en un Chile muy distinto al de nuestra generación donde no campeaba el crimen organizado ni el narcotráfico, este último ventana atractiva para este grupo etario, que ven una salida inmediata a su situación de pobreza y así emular a los líderes de las bandas -ropa cara, joyas, autos de alta gama, etc. -, logrando una satisfacción a corto plazo, la que en este escenario de criminalidad puede ser muy efímera, ya que la muerte está a la vuelta de la esquina literalmente.
Por si esto fuera poco, el informe “Explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes: factores y caracterización en los últimos años”, del Observatorio de la Defensoría de la Niñez y elaborado con datos otorgados por el Ministerio Público, nos ratificó una realidad brutal y dolorosa, considerada una de las más graves formas de violencia sexual: entre 2022 y 2023 un total de 2.184 niñas, niños y adolescentes fueron identificadas como víctimas de explotación sexual por el Ministerio Público, incrementándose de un año a otro en un alarmante 29%. De esas más de dos mil víctimas, un 86% son niñas y adolescentes mujeres y el 64% tiene entre 14 a 17 años. Lo más grave es que dicha vulneración se da recurrentemente en niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado.
Además, la violencia ejercida a este rango etario por sus cuidadores principales ha tenido un aumento en los últimos seis años, según los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización, pasando de un 35% en 2017 a 39% en 2023. El mismo estudio, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, muestra un mayor incremento de la violencia sicológica, manifestada en insultos, pasando de un 28% en 2017 a 35% en 2023. Es decir, el panorama es desolador denotando un abandono del Estado y donde no vemos acciones concretas que apunten a que esto vaya a solucionarse en el corto plazo, pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en agosto de 1990, y la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, de 2022, establecen que el Estado debe contar con mecanismos que permitan protegerlos efectivamente de cualquier forma de violencia, entre otras obligaciones.
En julio pasado el Presidente Gabriel Boric lanzó la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia 2024-2032, con su respectivo Plan de Acción, que busca cambiar esta brutal realidad. Para que esto ocurra deber haber un avance sostenido y con sentido de urgencia en la implementación de la Ley de Garantías y en el plan de seguridad del Gobierno con foco en ellos y ellas. No bastan las buenas intenciones, reyertas políticas y denuncias por la prensa. Evitar balaceras en poblaciones y situaciones de violencia no depende de uno o un par de organismos públicos, tampoco basta que el Estado en su conjunto se articule, sino que toda la ciudadanía debería estar detrás, desde la señora Juanita hasta el empresario exitoso, del artista a la ingeniera, de las policías hasta los civiles. Esto no es una entelequia, en la medida que la sociedad chilena se sensibilice con el tema; dicho de otro modo, que no pierda la capacidad de asombro frente a la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Prevenir que esta violencia ocurra tiene un impacto positivo indiscutible en las relaciones familiares, barriales y educativas, por lo que mi invitación es a generar conversaciones, en espacios seguros y acogedores, que permitan abordar la convivencia, el cuidado mutuo, el trato respetuoso, el valor de la inclusión y aceptación de la diversidad de personas con las que se vinculan cotidianamente, y cómo resolver pacíficamente los conflictos a través del diálogo. Busquemos estrategias y mecanismos que permitan que se reencanten con su escuela o liceo, que vuelvan a reír y a bailar, devolviéndoles lo que les quitamos como adultos y adultas responsables: la esperanza de un presente donde no los volvemos a abandonar.
https://elpais.com/chile/2024-10-10/nineces-y-adolescencias-en-un-panorama-desolador.html
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