Los sectores educativos de la Ciudad están en pie de lucha. En el marco de un paro docente, convocado y preparado por el sindicato de Ademys, y luego por UTE, en medio de la lucha de lxs estudiantes secundarios que están en proceso de toma, y acciones de lucha en más de 20 colegios, precedidas por numerosas importantes asambleas terciarias en varios institutos, la comunidad educativa realizó una movilización a Jefatura de Gobierno exigiendo respuestas a sus reclamos.
En medio de ascenso de las tomas de colegios, el gobierno de la Ciudad y los medios de comunicación se encuentran encabezando un ataque artero contra los reclamos de la comunidad educativa, entre los cuales se encuentran una mayor calidad de viandas, mejoras edilicias y que se termine con las pasantías truchas. Este ataque colabora directamente con el objetivo de Larreta y Acuña por doblegar la lucha docente y estudiantil.
La agenda de reclamos votada en la asamblea de Ademys coloca los problemas de la docencia porteña en el centro de la escena. El pronunciamiento de la docencia es muy firme contra la extensión de la jornada laboral a los días sábados, los salarios de miseria que han empujado a cientos de docentxs a trabajar hasta tres cargos diarios para afrontar las necesidades básicas y aún así no se le gana a la inflación y la carestía, el vaciamiento de la obra social ObSBA y la suspensión de la atención médica, la discontinuidad de tratamientos médicos de enfermedades crónicas, suspensión de prácticas, etc, son parte de una situación educativa convulsiva. El triunfo del Sutna marca un camino y un método. La asamblea, el paro y la movilización dieron vuelta la prepotencia de las patronales y del gobierno nacional contra los salarios. La docencia, a su ritmo y con convicción, deberá mantenerse erguida defendiendo y luchando por lo nuestro. “No son sólo los sábados”.
En los terciarios hubo asambleas impulsadas por centros de estudiantes, colocando el rechazo al avance de la Unicaba y la reforma privatista en los planes de estudio, por presupuesto para la educación y en apoyo a las tomas y a lxs docentes.
Es decir que se configura un panorama de lucha y organización que dependerá del camino que tomen los reclamos, para ello es muy importante la independencia política de los partidos del régimen -que hunde hasta estos días a la educación. Profundicemos el camino de la organización y lucha. Sigamos impulsando asambleas, cortes de calle y tomas en las escuelas hasta que el Ministerio nos reciba y nos de respuestas. Fuera Acuña!
Comenzó este martes en Uruguay una huelga educativa que abarca a los principales sectores tanto secundarios como universitarios para enfrentar el plan de ajuste sobre el sector del Gobierno de Lacalle Pou.
Es impulsada por diversos sectores de la educación como la Intergremial Universitaria, con la ocupación de varias Facultades y Centros Regionales, ADES Montevideo y gremios de estudiantes de secundaria con la ocupación de varios liceos a lo largo de la semana, y gremios de formación en educación como el CEIPA.
Esto es una continuación de la lucha que se viene sosteniendo desde hace varias semanas por distintos sectores de trabajadores y estudiantes, que rechazan el presupuesto ajustador del gobierno y las políticas de contra reforma educativa que se quieren imponer.
La intergremial Universitaria ocupará la Facultad de Medicina, así como serán ocupadas por parte de los gremios estudiantiles la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Psicología. Tanto los gremios de la UdelaR como los gremios de educación secundaria desarrollaran en la semana distintas actividades, como ollas para becarios, volanteadas, concentraciones y reuniones zonales.
Todos los sectores en lucha confluirán el jueves en una movilización conjunta en Montevideo.
Desde Argentina ha llegado la solidariad internacional de La Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires UBA, con los docentes universitarios de ADUR y la Intergremial Universitaria.
Este jueves los distintos sectores en lucha confluirán en una gran marcha de la educación que concentrará a las 18 horas en la explanada de la UdelaR.
Desde La Izquierda Diario Uruguay apoyamos con todas nuestras fuerzas esta lucha de trabajadores y estudiantes, convocamos a respaldar y participar de todas las medidas de lucha que sostienen les compañeres. Compartimos con nuestros lectores algunos de los distintos comunicados y plataformas que han difundido los gremios y sindicatos.
Budapest, 5 oct – Miles de estudiantes húngaros participan el miércoles en varias protestas en Budapest, formando una cadena humana y bloqueando un puente de la ciudad, para apoyar la lucha de sus docentes por mejores condiciones de trabajo y sueldos más altos.
Más de 10.000 estudiantes crearon una cadena humana por el centro de Budapest, según estima el diario digital 444. Muchos de los participantes llevaban camisas a cuadros, convertidas en los últimos años en el símbolo de los docentes que protestan por mejores condiciones laborales.
A pesar de que en su gran mayoría participaron estudiantes de escuelas primarias y secundarias también acudieron al evento padres, maestros y profesores.
Los participantes pedían mejores condiciones de trabajo, sueldos más altos y menos cargas laborales para los 146.000 docentes del país centroeuropeo, que son de los que ganan menos en la Unión Europea (UE) y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según datos oficiales, un profesor de escuela o colegio comienza su vida profesional con un sueldo mensual neto de apenas poco más de 420 euros, que al final de su carrera puede aumentar hasta poco menos de 1.000 euros.
Las protestas de hoy incluyen también una huelga, con la participación de unos 13.000 docentes en todo el país, según el Sindicato Democrático de Pedagogos (PDSZ), mientras que otros han acudido a la desobediencia civil.
El Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán ha limitado en mayo las posibilidades de huelga al determinar una serie de «servicios mínimos».
Por la tarde los manifestantes bloquearán el tráfico en el puente Margarita en el centro de Budapest, y después protestarán delante del edificio del Parlamento en la plaza Kossuth.
La enseñanza en Hungría enfrenta serios problemas, ya que debido a los bajos sueldos faltan más de 15.000 profesores del sistema, lo que significa que aumenta su carga laboral, ya originalmente alta.
El 16 de septiembre, Mahsa (Zhina [su nombre en kurdo]) Amini, una joven mujer kurda iraní de 22 años, fue salvajemente asesinada por la policía de la moral de la República Islámica de Irán. Había sufrido varios golpes en la cabeza después de haber sido detenida por llevar de forma inapropiada el hiyab. Se trata de un asesinato de Estado como muchos otros que han sido sistemática y deliberadamente cometidos por el régimen de apartheid sexual que prevalece en Irán. Desde que se produjo este crimen de Estado, han tenido lugar manifestaciones en muchas ciudades de Irán.
Esta revuelta en el conjunto del país no se dirige únicamente contra el asesinato brutal de Mahsa, sino contra la esencia misma del régimen islámico. Y la reivindicación es clara y neta: el fin de un régimen burocrático cuyas violencias múltiples ejercidas contra los cuerpos marginalizados se han hecho visibles con la muerte de Mahsa.
A pesar del terror de la represión, hoy en Irán estamos asistiendo a una revolución feminista inflamada por la rabia provocada por el asesinato de Mahsa (Zhina) Amini. Inspiradas por el movimiento kurdo, las manifestantes gritan “¡Mujeres, vida, libertad!”. Las protestas, los cuerpos bailando sin hiyab y quemando sus símbolos, han sido violentamente reprimidas por ejércitos de trolls financiados por el Estado, cortes de internet, gases lacrimógenos, detenciones masivas y asesinatos indiscriminados.
Sin embargo, la comunidad universitaria y militante a escala internacional se mantiene muy callada sobre lo que está ocurriendo en Irán ahora. La crisis iraní parece estar encerrada entre dos marcos reduccionistas y sin embargo hegemónicos en los medios de comunicación y en el ámbito académico.
Por un lado, la larga historia de opresión colonial y los avances recientes de los discursos xenófobos, racistas y sexistas en Occidente han llevado a reducir problemas complejos, como el del hiyab, a cuestiones culturales. Esto ha impedido a las voces progresistas del Norte expresar su plena solidaridad con las luchas que se desarrollan en Oriente Medio y en otros países de mayoría musulmana por miedo a alimentar las ideologías sexistas en Occidente.
Por otro lado, un punto de vista supuestamente progresista pero, en realidad, neo-orientalista ha hecho abstracción de las vidas y de las subjetividades fuera de Occidente, en particular de quienes viven en Oriente Medio o en el norte de África.
Ambos marcos han llevado a dejar de lado epistemológica y políticamente las resistencias feministas y queer en Irán. La opresión multidimensional sufrida y las luchas que se desarrollan en esas regiones siguen siendo ignoradas, salvo cuando están relacionadas con problemáticas occidentales o los actores se perciben a sí mismos a través de esa mirada neo-orientalista.
Contra, y más allá, de esas tendencias reduccionistas, nosotras y nosotros, un grupo de universitarias militantes feministas, pedimos a las comunidades feministas que nos unamos para construir juntas una solidaridad transnacional con las mujeres y los cuerpos marginalizados en Irán. Las luchas de nuestras hermanas en Irán tienen que ver, a la vez, con el desarrollo histórico de las relaciones de poder en el seno de las sociedades llamadas islámicas y con la crisis contemporánea de las relaciones de reproducción social en el capitalismo mundial.
Insistimos en impulsar un programa feminista y queer, anticapitalista y antifascista que no reduzca las luchas de nuestras aliadas en Irán a verlas de la misma forma en que se dan en los países del Norte. Por el contrario, tenemos que considerar esas luchas dentro de un contínuum y asumir la batalla reconociendo nuestros combates comunes.
Crear y mantener ese contínuum exige reconocer la interseccionalidad de las luchas que las mujeres y otros cuerpos marginalizados emprenden en países como Irán y que viven actualmente bajo una teocracia islámica. Ahora más que nunca, es crucial demostrar una amplia solidaridad transnacional con las mujeres y los cuerpos marginalizados en Irán.
Primeras firmas: Gilbert Achcar, Nadje Al-Alí, Shannon Bell, Seyla Benhabib, Judith Butler, Angela Y. Davis, Naika Foroutan, Catherine Malabou, David McNally, Sharzad Mojab, Jacques Rancière
Ante obstáculos de FGR, GIEI pide ayuda a gobierno español
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) ha obstaculizado no solo la indagatoria que lleva a cabo, sino la de su propia unidad especial creada para investigar el crimen.
Al presentar su último informe sobre el caso el jueves pasado, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelaron algunos de los “obstáculos” que ha enfrentado la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Los especialistas señalaron a la Dirección General de Laboratorios Criminalísticos de la FGR de obstaculizar la indagatoria, pues revelaron que dicha área “no diligenció favorablemente una solicitud de pericias de voz, por lo que la unidad solicitó apoyo al gobierno español.
“Los peritos españoles dieron el match voz entre la prueba indubitada y la que era objeto de la pericia, con los mismos elementos. Cabe mencionar que estos son quienes capacitaron a los mexicanos”.
También destacaron el caso de una funcionaria, de quien no revelaron su nombre, que participó en la detención del presunto integrante de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo.
“Fue quien respondió una solicitud de la Unidad en una investigación por tortura de Rodríguez Salgado. Es integrante de una de las unidades que depende de la Coordinación de Métodos de Investigación”, detalla el documento.
Criticaron que la Unidad Especial se creó en 2019, pero, pese a estar adscrita a la oficina del titular de la FGR, debió esperar hasta 2020 para que le entregaran facultades de investigación.
También señalaron que la unidad es la “responsable de concluir los procesos penales vinculados” con el crimen, pero la que judicializó la carpeta de investigación contra el ex procurador Jesús Murillo Karam fue un área distinta.
¿Pueden los ciudadanos locales por sí solos proteger la selva amazónica? Los asesinatos de Dom Phillips y Bruno Pereira expusieron los altos riesgos de tal intento
Es solo un ejemplo más de por qué los pueblos amazónicos tienen que encontrar sus propias formas de defender los principios de verdad, ley y orden: para protegerse a sí mismos y a un ecosistema que es vital para el futuro de la humanidad. ¿Es sostenible, y justo, dejarlos caer solos como mártires?
Phillips viajaba con Pereira cerca del territorio indígena Vale do Javari, un área remota cerca de la frontera con Perú, para registrar la iniciativa de ciudadanos locales que luchan pacíficamente contra la actividad criminal en la Amazonia.
Pereira, uno de los mayores expertos brasileños en grupos indígenas no contactados o recién contactados, entrenaba a los miembros de la comunidad en el uso de drones e imágenes de satélite para monitorear el territorio y registrar la caza, la tala, la pesca, la minería ilegales y el tráfico de drogas.
Según los grupos indígenas, ha habido tantas invasiones en los últimos dos años como antes de que el territorio fuera declarado legalmente como área protegida en 2001. Pereira fue amenazado de muerte por este trabajo.A pesar de los riesgos de tales esfuerzos, hay muchas comunidades pequeñas, poco capacitadas y mal equipadas en toda la región amazónica que intentan hacer frente a las crecientes amenazas, como la que estaba siendo capacitada por Pereira.
La líder indígena brasileña Juma Xipaya declaró recientemente, durante la conferencia Amazonian Leapfrogging, que “estamos defendiendo la selva con nuestros cuerpos, con nuestros hijos en brazos, bajo una violencia implacable. Los pueblos de la selva necesitamos seguridad para que podamos seguir siendo los guardianes de la selva, brindando un servicio no solo a la Amazonia sino al mundo”.
Expuestos al riesgo de confrontación con delincuentes, esos grupos enfrentan políticas públicas insuficientes o corruptas, y son frecuentemente etiquetados como “agitadores” o “agentes que actúan contra el progreso”.
Kaskirunas, en Sarayaku, en Ecuador, practicando el control de un dron. Abril 2022. Foto: Ana Cristina Suzina
Los Kaskirunas de Sarayaku, en Ecuador, por ejemplo, están aprendiendo a utilizar drones e imágenes satelitales para contribuir al manejo y protección de las 135 000 hectáreas de la tierra milenaria del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. Kaskiruna es un término kichwa que significa “protectores del bosque vivo”.
La comunidad de alrededor de 1400 personas también cuenta con los Wios, el Grupo de Seguridad Interna de Sarayaku. Wio es un nombre kichwa para una hormiga muy pequeña cuya picadura duele mucho.
Es un grupo pacífico que ha sido entrenado en el monitoreo del territorio, la tierra y los ríos, y la prestación de servicios de rescate. Uno de sus principales aliados es un sistema de comunicación por radio que se inauguró cuando decomisaron armas y equipos al Ejército Nacional del Ecuador en 2002.
Ilustrando la ambigüedad de las políticas ambientales, el Ejército estaba allí para salvaguardar la instalación de una empresa petrolera internacional privada que obtuvo una autorización del propio Estado ecuatoriano para explotar fuentes dentro del territorio de Sarayaku, sin consulta previa a la populación local.
La resistencia incluyó retener a trabajadores de la petrolera en la comunidad para detener las actividades de prospección que ya comenzaban: la tala de árboles milenarios y la siembra de minas en áreas sagradas de bosque denso. Un grupo de mujeres kichwas agarró las armas con las propias manos desnudas.
“Decidimos levantarnos juntas en el acercamiento al Ejército porque sabíamos que, si fueran nuestros hombres solos frente a ellos, el uso de la fuerza podría ser diferente”, explica Gloria Berta Gualinga, quien participó en las protestas de 2002.
La comunicación por radio ayudó a apoyar la acción contra los invasores y, desde entonces, se ha convertido en una parte importante de la vida de la comunidad.
Sarayaku llevó el caso a los tribunales contra el Estado de Ecuador y ganó.
Obtuvieron el derecho a mantener los proyectos extractivos fuera de su territorio, un derecho que tienen en el papel, pero que no se cumple completamente en la práctica. La amenaza sigue ahí y Sarayaku, junto con otros movimientos indígenas, sigue siendo estigmatizado por actuar en contra de los intereses más amplios del país.
La forma en que los pueblos indígenas son retratados en los medios de comunicación contribuye a este estereotipo. Como lo destaca un informe reciente de Climate Outreach, las oportunidades limitadas para expresar sus propios puntos de vista aumentan los riesgos de que se perpetúen las actitudes coloniales (denigración, criminalización y racismo).
En otro caso de resistencia local, en 2009, un colectivo de 26 comunidades tradicionales alrededor de la Gleba Nova Olinda, en Pará, Brasil, fueran inscritas en esta lista de “obstáculos al desarrollo”. Las comunidades han bloqueado el río Arapiuns y detenido dos embarcaciones que transportaban 1500 m3 de madera sacada del bosque, reteniendo a sus tripulantes.
Los manifestantes querían llamar la atención sobre la explotación ilegal de su territorio y resaltar la importancia de establecer legalmente áreas protegidas arraigadas en comunidades indígenas y tradicionales que viven y trabajan en el territorio desde mucho tiempo, una mezcla entre tribus originarias y grupos que se establecieron como resultado de las olas migratorias internas desde las primeras décadas del siglo XX.
Al igual que los Sarayaku, rápidamente fueron tildados de delincuentes por robar los botes y bloquear el río, y muchos medios de comunicación describieron el incidente como un “secuestro violento de la tripulación”, que en cambio ésta había sido respetuosamente acogida por familias locales. La acción duró casi un mes y terminó con la quema de los barcos con toda la madera dentro.
La comunidad de Sao Pedro, en el norteño estado de Pará, Brasil, donde los manifestantes estuvieran acampados. Noviembre 2015. Foto: Ana Cristina Suzina
El legado de esa protesta es ambiguo. Si bien ha llamado la atención sobre el problema de la explotación ilegal de madera y otros recursos en la región, no ha habido una resolución concreta y las comunidades aún viven amenazadas.
El territorio sigue siendo víctima de explotación ilegal; y el Estado y los medios de comunicación han logrado crear oposiciones entre los grupos locales, al promover fuertemente la idea de que la explotación de los recursos naturales podría ofrecer empleos y prosperidad a las poblaciones locales.
La tensión actual en la región hace casi imposible el trabajo de los comunicadores locales, ya que los periodistas comunitarios se han convertido en blancos cada vez que critican los proyectos extractivos o visibilizan la actividad ilegal de los emprendimientos.
El superintendente de la Policía Federal de Brasil afirmó que Phillips “estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada”, tratando de explicar el asesinato del periodista británico como una desafortunada coincidencia. Lo que no se puede explicar tan a la ligera es por qué tantas comunidades en la Amazonia, en Brasil y en otros países, tienen que encontrar sus propias formas de protegerse a sí mismas y a un tesoro natural vital.
Algunos analistas han dicho que, si no fuera por el asesinato de un periodista británico, el asesinato de Pereira hubiera pasado completamente desapercibido. Familiares de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil piden justicia para Phillips y Pereira. Para que haya justicia, debe haber un reconocimiento fundamental de la validez y relevancia de la histórica lucha local para proteger la Amazonía, y un profundo y urgente cambio cultural y político para apoyarla.
La esposa de Phillips declaró que su conocimiento sobre la Amazonía lo llevó a comprender que el pescador, el minero en la punta de la línea son igualmente víctimas, frecuentemente brutalmente explotadas por su desesperación por alimentar a sus propias familias. Los líderes de los movimientos de base en la Amazonía recuerdan constantemente que hay personas conviviendo con los bosques, los ríos y los animales.
Muchos están listos y tomando medidas para proteger todos estos tesoros y harán más si las autoridades nacionales y la comunidad internacional asocian las políticas de protección del territorio con el apoyo a la población local, para que no sea vulnerable a los empresarios depredadores y los políticos demagogos.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, critica los ataques aéreos contra Let Yet Kone, que la junta militar afirma estaban dirigidos a rebeldes escondidos en la zona.
Al menos 11 escolares han muerto tras un ataque aéreo contra una aldea en Myanmar, según la agencia de Naciones Unidas para la infancia, en lo que podría ser el ataque más mortífero contra menores desde que la junta militar tomó el poder el año pasado.
El Secretario General de la ONU, António Guterres condenó el ataque el martes, según su oficina, que afirmó que el número de víctimas mortales se había elevado a al menos 13 personas fallecidas, incluyendo a los 11 niños cuya escuela fue atacada.
El país del sudeste asiático está sumido en el caos desde que los militares tomaron el poder en un golpe de estado en febrero de 2021, con cerca de 2.300 civiles asesinados en la represión de la disidencia, según un grupo local de monitoreo. La junta afirma que el ataque mortal del viernes tenía como objetivo a rebeldes escondidos en la zona.
La región de Sagaing, en el noroeste del país, ha experimentado algunos de los combates más intensos, y los enfrentamientos entre combatientes antigolpistas y los militares han provocado la destrucción de pueblos enteros.
La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, condenó la violencia del viernes en el municipio de Depeyin, en Sagaing.
«El 16 de septiembre, al menos 11 menores murieron en un ataque aéreo y por fuego indiscriminado en zonas civiles», informó UNICEF en un comunicado emitido el lunes.
Añadió que las escuelas deben ser seguras y nunca deben ser un objetivo.
«Al menos 15 menores de la misma escuela siguen desaparecidos», dijo UNICEF, pidiendo su inmediata y segura liberación.
Guterres, que el martes recibía a los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, «condena enérgicamente los ataques de las fuerzas del ejército de Myanmar contra una escuela en Let Yet Kone» y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, informó en un comunicado su portavoz Stéphane Dujarric.
Este tipo de ataques a escuelas, que contravienen el derecho internacional humanitario, constituyen «graves violaciones contra la infancia en tiempos de conflicto armado que el Consejo de Seguridad condena de forma enérgica», declaró la portavoz de Guterres, quien pidió que los autores rindieran cuentas.
Un video obtenido de un grupo comunitario local muestra un aula con sangre en el suelo, daños en el techo y una madre llorando sobre el cadáver de su hijo.
La junta militar dijo que había enviado tropas en helicópteros a Let Yet Kone tras recibir un aviso de que combatientes de un grupo rebelde de las minorías étnicas, el Ejército para la Independencia Kachin (KIA, por sus siglas en inglés), y una milicia antigolpista local estaban transportando armamento en la zona.
El ejército acusó a la resistencia rebelde de utilizar a civiles como escudos humanos, y dijo que había incautado minas y explosivos en la aldea.
«Los miembros de seguridad dieron el tratamiento médico necesario y se encargaron de enviar a los pacientes a un hospital cercano», dijo el ejército en un comunicado.
El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, acusó el martes al KIA de llevar a la población local a un monasterio y disparar desde allí a las tropas.
Una persona de la aldea contactada por la Agencia France Press rechazó las insinuaciones de los militares de que había combatientes en la zona.
«Acaban de atacar la escuela. Dicen que alguien les atacó y que luego se defendieron, pero eso no es cierto», dijo, hablando bajo condición de anonimato por su propia seguridad.
También comentó que los militares se habían llevado algunos de los cuerpos y detenido a varias personas, entre ellas menores y profesores.
El director regional de Save the Children en Asia, Hassan Noor, señaló que nunca se debe atacar escuelas durante conflictos.
«¿Cuántos incidentes más como éste tienen que producirse para que se tomen medidas?» pregunta Noor, instando al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) a tomar medidas con rapidez.
Hasta el momento, los esfuerzos diplomáticos de la ASEAN han sido infructuosos para resolver la crisis de Myanmar. Los líderes de la agrupación regional se reunirán en Phnom Penh en noviembre.
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