La agencia de inmigración y deportación ICE es muy activa no solo en Estados Unidos continental, sino también en Puerto Rico. Para consternación de la estrella musical de la isla, Bad Bunny publicó un video que aparentemente muestra una operación, acompañado de insultos.
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Theo Wargo/FilmMagic/Getty Images
Ya se sabía que Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, no apoya las políticas de Donald Trump : durante la campaña electoral, el joven de 31 años apoyó a la oponente de Trump, Kamala Harris . Ahora, el deseo del presidente de alcanzar cifras récord de deportaciones ha provocado un estallido de ira en el músico, cuyas canciones se encuentran entre las más escuchadas del mundo desde hace años.
Un breve video con la leyenda «hielo» apareció en la historia de Instagram de la cuenta badbunnypr el miércoles por la noche (hora alemana). La agencia federal encargada de implementar los planes de deportación se llama Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El video aparentemente muestra un arresto realizado por agentes de ICE.
En la voz en off, una voz que suena como la de Bad Bunny ubica la escena en la Avenida Pontezuela en Carolina, ciudad vecina de San Juan, la capital de la isla. También identifica los vehículos vistos como camionetas compactas Toyota RAV4 . Sin embargo, por lo demás, los comentarios en la pista de audio son menos objetivos: el hombre llama a los presuntos secuaces «matones» e «hijos de puta», «en lugar de dejar que la gente de allí trabaje en
Bad Bunny, nacido en la isla, en el pequeño pueblo de Vega Baja, ha sido durante mucho tiempo una superestrella en Latinoamérica y más allá. Sin embargo, este verano se centra principalmente en su público local: a partir del 11 de julio, ofrecerá 30 conciertos en el estadio deportivo más grande de San Juan.
Expulsión de la escuela tras el saludo de poder blanco: Los incidentes de extrema derecha y antisemitas en las escuelas están en aumento. Simone Oldenburg, presidenta de la Conferencia Permanente de Ministros de Educación y Cultura de los Länder de la República Federal de Alemania, explica por qué una visita a un lugar conmemorativo no siempre ayuda.
Antiguo campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau: Selfies en el crematorio: «Eso no es posible».
Pekín- El Gobierno chino mostró este jueves su rechazo a lo que describió como «politización de la cooperación educativa», después de que Washington anunciase que exigirá a los solicitantes de visados de estudiante que configuren la privacidad de sus perfiles en redes sociales como «públicos» para poder revisar su contenido.
El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó en una rueda de prensa que su país «espera que se implementen las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que dio la bienvenida a los estudiantes chinos».El pacto con el que culminó la última ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, celebrada en Londres este mes, incluyó, según Trump, la aprobación de visados a estudiantes chinos en el país norteamericano, tras unas semanas en las que su Administración amenazó con revocar visados de estudiantes chinos, alegando motivos de seguridad nacional y vínculos con el Partido Comunista.
Guo instó hoy a Washington a «proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los estudiantes y académicos chinos en Estados Unidos».
Estas declaraciones tuvieron lugar después de que el Gobierno de EE. UU. comunicara este miércoles que los solicitantes de visas de estudiante o intercambio deberán establecer sus perfiles de redes sociales como «públicos» para permitir la revisión de su contenido.
Las autoridades consulares están instruidas para analizar las redes sociales de quienes soliciten visas F, M y J, buscando cualquier señal de actitudes hostiles hacia los ciudadanos, la cultura, el gobierno, las instituciones o los valores fundamentales de Estados Unidos.
Mantener los perfiles en modo «privado» podría ser considerado por el Departamento de Estado como un intento de ocultar o eludir dicha información.
Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración de Trump, el Departamento de Estado ha cancelado miles de visados, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva israelí en Gaza.
Asimismo, el Gobierno ha puesto en el punto de mira a varias universidades, a las que acusa de ser progresistas o incluso antisemitas, en especial a Harvard, a la que pretende retirar todos los fondos federales y ha prohibido aceptar estudiantes extranjeros. EFE
Las protestas en contra de una reforma a la Seguridad Social de Panamá continuaron este miércoles en la caribeña provincia de Bocas del Toro con algunos enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, que rechazan la opción de un posible diálogo y aseguran estar dispuestos a «dar sangre» por tumbar esa ley ya en vigor.
«No vamos a salir hasta que no se derogue esa ley (que reforma la Seguridad Social). No queremos ningún diálogo. Si tenemos que dar sangre para que se derogue, lo tendremos que hacer», dijo un manifestante encapuchado, que decidió quedar en anonimato, desde la zona de Almirante, Bocas del Toro.
Junto a él, otros manifestantes tampoco mostraban su rostro y algunos cargaban sacos de piedras y palos: «Esta es el arma del pobre, machete (cuchillo largo), piedra y palo», decía uno de ellos.Las autoridades de seguridad encargadas de restablecer el orden público en esta región del Caribe panameño con la denominada ‘Operación Omega’, dijeron este miércoles que al quinto día de iniciada esta acción policial se han aprehendido a 52 personas, 38 de ellos a través del Ministerio Público y 14 por los Jueces de Paz, según lo detalló en rueda de prensa el viceministro de Seguridad, Luis Felipe Icaza, quien preciso que entre los arrestados hay cuatro menores de edad.
Además de los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Bocas del Toro, también se registraron otros en la localidad de Arimae, Darién -frontera con Colombia- cuando un grupo de indígenas bloqueó la carretera principal, así como en la capital con un grupo de docentes.
Bocas del Toro, la región más crítica
Cada vez son más sectores en Panamá que piden un diálogo para el cese de los enfrentamientos y hallar una salida a la crisis den Bocas del Toro, semiparalizada y golpeada fuertemente después de que la bananera Chiquita Panamá cerrara operaciones y despidiera a todos sus trabajadores por esas protestas.
La provincia es limítrofe con Costa Rica, mayormente insular y dependiente económicamente tanto de la industria bananera como del turismo. Por lo que las autoridades han creado puentes aéreos ante la escasez de insumos básicos debido a esas protestas que cierran las carreteras que la conectan con el resto del país.
Las manifestaciones en todo el país empezaron en abril bajo el liderazgo de sindicatos docentes y de la construcción. A ellos se sumaron en un paro los trabajadores bananeros de Bocas del Toro que argumentaban que dicha modificación a la Seguridad Social afectaba a la ley de 2017 que ya regía sus beneficios laborales.
Tras varios diálogos entre el Gobierno y el sector bananero de esa región, el pasado lunes entró en vigor una nueva ley especial con mayores beneficios y protecciones laborales a los trabajadores de las bananeras en Panamá.
La aprobación en el Parlamento de esa nueva ley se hizo a cambio de que los sindicalistas bananeros levantaran los bloqueos viales. Pese a que desbloquearon las carreteras el mismo día del compromiso, otros sectores de la sociedad civil y profesores desconocieron dicho acuerdo por lo que continúan las manifestaciones.
Persecusión a sindicalistas
Los principales líderes sindicales que empujaron las protestas contra la reforma de la Seguridad Social están detenidos mientras que el dirigente del sindicato más poderoso del país está refugiado en la embajada de Bolivia ya que en medio de esas manifestaciones estalló contra ellos un caso de estafa agravada.
Además, el líder del sindicato bananero Sitraibana de Bocas del Toro, Francisco Smith, quien encabezó las negociaciones para la ley especial de los trabajadores del banano y firmó el compromiso del levantamiento de los bloqueos en esa provincia, fue detenido por una denuncia en su contra por supuestamente en empujar el paro bananero.
Un tribunal legalizó este martes la detención provisional por 6 meses mientras duren las investigaciones a Smith, quien enfrenta cargos por delitos contra la Administración Pública, contra el transporte público y asociación ilícita para delinquir.
Fecode advierte sobre fallas estructurales y reclama participación en decisiones clave. Las promesas de cambio quedaron en el papel
Un año pasó desde que entró en vigor el nuevo modelo de salud para el magisterio, y la realidad dista mucho de los objetivos que el Gobierno nacional prometió. Lo que en el papel buscaba modernizar el sistema y garantizar atención eficiente a más de 800.000 docentes y sus familias, en la práctica derivó en una serie de fallas que afectan directamente la calidad del servicio.
Pagos atrasados, contratos sin renovar, medicamentos escasos o que simplemente no llegan, y viáticos sin reconocer, son algunas de las problemáticas que siguen sin resolverse. Así lo denunció el sábado 14 de junio la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que representa al grueso del magisterio nacional. “Las dificultades aún persisten. Actualmente, tenemos contratos vencidos, pagos atrasados, viáticos no reconocidos, y profundas dificultades en la entrega de los medicamentos, entre otros. Todo esto, en su conjunto representan serias debilidades que afectan el buen servicio”, advirtió el sindicato en un comunicado.
La libre elección de prestadores es uno de los derechos más reclamados por los docentes, en medio de problemas de cobertura y altos costos – crédito Fecode
El modelo, que entró en funcionamiento el 1 de mayo de 2024, eliminó a los operadores regionales que durante años habían servido como intermediarios entre los prestadores de salud (IPS) y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Ahora, esa labor recae en la Fiduprevisora, una fiducia estatal que asumió directamente la contratación de una red abierta de prestadores en todo el país. Pero la transición no fue fluida. La entidad, según denuncias del mismo gremio docente, no cuenta con la capacidad técnica ni operativa para coordinar miles de contratos con IPS en las diferentes regiones.
Uno de los puntos que encendió las alarmas fue la publicación, por parte de la Fiduprevisora, de una red de prestadores para que los usuarios elijan a dónde acudir. Fecode rechazó esta decisión por considerar que se hizo de forma unilateral, sin contar con el visto bueno del Consejo Directivo del Fomag. “Desconoce al Consejo Directivo del FOMAG como la máxima autoridad”, y omite “el estudio, aprobación y recomendación con fines de formalizar la contratación”, como lo exige la Ley 91 y el Acuerdo 03, señala el sindicato.
Ese consejo, justamente, es el que debería revisar y aprobar la estructura de la red de prestadores. Por eso Fecode pidió una reunión urgente para definir con claridad las reglas del juego, garantizar la “libre elección y las garantías de transparencia total en la contratación”, y reestablecer los canales de participación del magisterio.
La libre elección del prestador es una de las banderas que el sindicato no está dispuesto a ceder. A su juicio, representa “una de las garantías del derecho para la prevención y la atención efectiva”. Sin embargo, en varias regiones del país, los docentes aseguran que esa posibilidad no existe de forma real, las IPS disponibles no tienen cobertura suficiente, y los traslados para recibir atención especializada siguen siendo largos y costosos.
Fecode denunció que la Fiduprevisora tomó decisiones unilaterales, ignorando al Consejo Directivo del Fomag, según lo establece la ley vigente – crédito Fomag
Además de las fallas estructurales, hay una preocupación creciente por la transparencia del modelo. El Acuerdo 03 de 2024 estableció un diseño por niveles, un prestador primario, un nodo regional de servicios y centros de excelencia accesibles a nivel nacional. Pero los docentes denuncian que, más allá del papel, la ejecución de ese esquema no se materializó de forma efectiva.
La Fiduprevisora, que pasó de manejar entre 10 y 13 operadores regionales a gestionar directamente contratos con miles de IPS, enfrenta un reto de proporciones mayúsculas. Aunque no hay una cifra oficial, se estima que debe coordinar al menos 13.000 contratos, lo cual requiere una logística compleja y recursos humanos que, hasta ahora, no parecen estar a la altura de la tarea.
El sindicato Fecode pidió al Gobierno nacional y al Ministerio de Educación fortalecer el programa de salud del magisterio – crédito Fecode / X
Frente a este panorama, Fecode le exigió al Gobierno nacional, al Ministerio de Educación y a la Fiduprevisora que se respete la normatividad vigente y se fortalezca el programa de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST). También hizo un llamado al magisterio a mantenerse en “alerta en defensa del Acuerdo 03 de 2024”, ejercer veeduría sindical y exigir “la eficiencia del servicio, la libre elección en todos los niveles”.
Mientras tanto, en las aulas, miles de maestros siguen trabajando sin la certeza de contar con un sistema de salud que responda a sus necesidades más básicas. Y el modelo que prometió transformación, aún está lejos de cumplir esa promesa.
La Junta de Andalucía se remite a una ley de 1993 para fijar en 90 minutos semanales el horario de Religión en la etapa de 3 a 6 años, obligando a elevar la carga lectiva en los colegios que impartían 60 o 45 minutos a la semana. Colectivos laicistas denuncian que la medida carece de base normativa actual y “atenta contra la autonomía pedagógica de los centros”
El Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) ha ordenado a todos los centros públicos andaluces que imparten el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) aumentar el horario de Religión a 90 minutos semanales a partir del curso 2025/26.
Hasta ahora, los centros podían decidir el tiempo que dedicaban a esta asignatura –de carácter optativo y no evaluable– en virtud de su autonomía pedagógica. El mínimo era de 45 minutos, ampliable a 90, sin que existiera una carga horaria fija establecida desde la administración autonómica.
La decisión de imponer 30 o hasta 45 minutos más de enseñanza religiosa se ha comunicado a las direcciones de los colegios por una vía poco común: no se han dictado unas instrucciones (una circular de servicio que emite la Consejería de Desarrollo Educativo, con rango inferior a una orden). El anuncio se ha trasladado a través de una nota interna difundida en plataforma digital Séneca, la intranet de la Consejería.
“La novedad en este curso es que NO se podrán seleccionar los minutos de la sesión para la enseñanza de segundo ciclo de Infantil, manteniéndose fijo los 90 minutos”, señala textualmente el anuncio, firmado por el Servicio de Planificación y Escolarización. La nota, a la que ha tenido acceso este periódico, carece de argumentación normativa y se limita a comunicar el cambio a los directores de los centros, en el marco del proceso de certificación de horarios que se llevó a cabo los días 11 y 12 de junio.
Fuentes de la Consejería consultadas por este periódico justifican que se ha establecido “el marco común” entre Infantil y Primaria “que fija la normativa”, remitiéndose a una ley ministerial de hace más de 30 años: la Orden de 3 de noviembre de 1993 “por la que se establece el currículo del área de Religión Católica en Educación Infantil”.
Esa norma determina que la duración de la asignatura debe ser “proporcional” al horario asignado en Primaria, donde el alumnado andaluz que elige dar religión recibe actualmente 90 minutos semanales. Tres décadas después, la Consejería hace extensiva esa norma –centrada en la Religión católica– a la enseñanza de las cuatro confesiones religiosas con las que el Estado tiene acuerdos. En Andalucía, el 70% de los centros de Infantil ya imparten esos 90 minutos de Religión, por lo que la medida afectará en la práctica al otro 30% restante que, en virtud de su autonomía pedagógica, ofrecía el mínimo exigible por ley.
La asignatura de religión en datos
La medida responde a una vieja demanda de la Conferencia Episcopal Española, que selecciona al profesorado de esta asignatura en virtud de los acuerdos del Gobierno de España con la Santa Sede de 1979. Sin embargo, el Ejecutivo de Moreno ha decidido aumentar la carga lectiva de religión católica en las aulas públicas, después de varios años registrándose un descenso en el número de matriculaciones en Infantil, Primaria y Secundaria.
En el curso 2024/2025, un 68,4 % del alumnado matriculado en el segundo ciclo de infantil (103.939 de 151.892 alumnos) cursa en la pública alguna de las opciones de enseñanza religiosa reconocidas por el Estado. La gran mayoría — el 96,4 % del total de quienes la cursan— opta por religión católica. Le siguen la islámica (1.998 alumnos, 1,9 %), evangélica (1.729, 1,6 %) y judía (2 alumnos).
En cuanto a la distribución horaria actual en los centros, el 68 % ya imparte 90 minutos semanales de religión en Infantil, mientras que un 26 % programa solo 60 minutos y el 6 % restante, 45 minutos. La Consejería defiende que la medida impuesta busca homogeneizar esta situación, elevando a todos los centros al máximo actual de carga lectiva. Con todo, desde el Gobierno andaluz se recuerda que se trata asignatura de carácter voluntario y no evaluable. El alumnado cuyas familias no la eligen reciben atención educativa alternativa.
“Atentado contra la autonomía pedagógica”
Esta medida ha provocado el rechazo de partidos políticos como Adelante Andalucía, sindicatos como CGT y colectivos laicistas, que han criticado tanto el fondo como la forma escogida por la administración andaluza para comunicar el cambio. Andalucía Laica, organización integrante de Europa Laica, ha denunciado públicamente esta directriz por considerarla “una imposición injustificada, enviada de forma opaca y sin ningún tipo de respaldo normativo actual”, que “vulnera la autonomía pedagógica” de los centros.
A ojos de Jaime Pérez-Aranda, coordinador del Área de Educación de Europa Laica, se trata de “un ejemplo de falta de transparencia total porque lo han comunicado a través de una nota breve en Séneca”. “Ni siquiera han publicado unas instrucciones por escrito donde se explique por qué, ni lo han consultado con los equipos directivos”, afea el responsable de Educación de Europa Laica en conversación con este periódico.
Para esta entidad, la nueva medida supone “un retroceso en el principio de laicidad en la escuela pública” y un “atentado contra la libertad de conciencia de las familias”. El responsable educativo de Europa Laica alerta también de las consecuencias organizativas y sociales que acarrea el cambio en la carga horaria: “La segregación por creencias que provoca esta medida rompe la convivencia escolar e introduce un elemento de división absolutamente innecesario en edades tan tempranas”.
En todo el mundo, una parte significativa de la clase trabajadora se ve obligada a endeudarse a tasas usurarias para cubrir gastos básicos relacionados con la vida diaria y el trabajo. El fenómeno se agrava a medida que disminuyen los ingresos de los sectores más empobrecidos y explotados de la clase trabajadora. Esto representa a cientos de millones de personas, probablemente a varios miles de millones.
Mientras que los ingresos se estancan o caen para los agricultores , pescadores, vendedores ambulantes , pequeños comerciantes , trabajadores de fábricas , maestros , personal de salud , etc., trabajar la tierra es cada vez más caro, llegar al trabajo es cada vez más caro, administrar un pequeño negocio es más caro, asegurar la educación de los niños requiere más gastos, como también pagar la atención médica, la alimentación, la vivienda, etc.
Reunión con residentes de un pueblo pesquero el 8 de junio de 2025 en la isla de Mindanao. Foto: CADTM.
Durante varias misiones realizadas para el CADTM durante estos últimos años, he podido constatar esta situación en numerosas ocasiones y, junto con otros miembros del CADTM, he informado de ello en particular en varios artículos dedicados al microcrédito en Sri Lanka y en Kenia.
Las organizaciones miembros de la red internacional CADTM han escrito sobre el mismo tema sobre Marruecos , India , Bangladesh, Pakistán, etc.
El CADTM también publicó recientemente un estudio académico sobre el aumento del endeudamiento de las clases populares. Lea: Sobre la urgencia de medir el endeudamiento de los hogares , de Isabelle Guérin, Timothée Narring, Sébastien Michiels y Arnaud Natal, publicado el 12 de diciembre de 2024.
Durante una misión realizada por una delegación internacional del CADTM a Filipinas en junio de 2025, en Manila, la capital, y en la isla de Mindanao, mis compañeros y yo quedamos impactados por la penuria que experimentaba una gran proporción de campesinos y aldeanos que dependen de la pesca. Todos nuestros interlocutores nos informaron que existe un problema generalizado de endeudamiento entre las clases trabajadoras.
Reunión con residentes de un pueblo pesquero el 8 de junio de 2025 en la isla de Mindanao. Foto: CADTM.
A continuación se muestran algunos ejemplos:
Joyce, una mujer de unos cuarenta años que se gana la vida pescando en la provincia de Lanao do Norte, tuvo que pedir prestados 20.000 pesos filipinos (equivalentes a 310 euros, o poco menos de 360 dólares estadounidenses al tipo de cambio del 15 de junio de 2025) porque, sin esta aportación económica, le resulta imposible organizarse para ir a vender la pesca en el pueblo más cercano y mantener a sus hijos. Tiene que devolver el préstamo cada mes y paga un interés superior al 50 % anual. No puede con la situación. Ya no puede dormir.
Javier, un pescador de unos cuarenta años, pidió prestados 50.000 pesos filipinos (equivalentes a 775 euros, o poco menos de 900 dólares estadounidenses al tipo de cambio del 15 de junio de 2025) a una entidad de microcrédito llamada ASA. Debe devolver parte del capital el primer mes. En un año, deberá devolver 78.000 pesos. Al cabo de seis meses, habrá pagado más de la mitad de la cantidad recibida. Esto significa que está pagando un interés real superior al 50%. Sin embargo, ASA se presenta como una empresa que busca el bienestar de los pobres y no busca obtener beneficios. ASA afirma tener dos millones de clientes a los que considera microempresarios.
En la misma provincia, Angela, quien es agricultora, tuvo que pedir prestados 30.000 pesos filipinos para reunir la suma de 62.000 pesos que constituye el costo de producción para cultivar una hectárea de tierra destinada a la producción de arroz. El costo está compuesto por todos los insumos : semillas, pesticidas, herbicidas, fertilizantes más costos de riego, alquiler de la tierra, impuesto predial… En su caso, ella no paga mensualmente, ella paga después de la cosecha la cantidad prestada, es decir 30.000 pesos más una cierta cantidad de sacos de arroz. Al calcular lo que representa el precio de mercado de los sacos de arroz, nos damos cuenta de que ella paga en especie el equivalente a 30.000 pesos. Por lo tanto, el prestamista recibe en pago los 30.000 pesos prestados más el equivalente a 30.000 pesos en especie. Esto es una tasa de interés del 100 % . Esta es una situación insostenible.
Afortunadamente, en el caso de Angela, ahora puede obtener un préstamo de la cooperativa a la que se unió recientemente. Ofrece un interés del 2% y, si la cosecha es mala, se puede encontrar una solución mediante la cancelación parcial o la reprogramación del pago de la deuda . El problema es que no hay suficientes cooperativas como esta.
Los tres ejemplos que acabo de mencionar, aunque extremos en cuanto a tasas de interés que oscilan entre el 50% y el 100%, son bastante comunes. Sin embargo, incluso una tasa superior al 10% hace que el reembolso sea casi imposible para quienes no tienen ingresos suficientes para llegar a fin de mes.
Cabe añadir que el tipo de interés no suele mencionarse en el cuadernillo de pagos. La región alberga comunidades indígenas y otras que profesan la fe islámica, los moros. Para engañar a los miembros de las comunidades musulmanas, los prestamistas afirman no cobrar intereses sobre el importe del préstamo. Sin embargo, inescrupulosamente añaden una cantidad enorme (hasta el 80 % del importe del préstamo) en concepto de tasas administrativas u otros cargos que el prestatario debe reembolsar. Esto no es solo un caso extremo de explotación, sino uno basado en el engaño, la mentira y la falsedad.
Conclusión: Es más que necesario intentar desarrollar, siempre que sea posible, un amplio movimiento social para exigir a las autoridades el fin de los préstamos usureros, a menudo disfrazados de microfinanzas, que benefician a los microempresarios. Debemos exigir la condonación de las deudas abusivas exigidas a las clases trabajadoras. Debemos garantizarles ingresos suficientes. También debemos establecer un sistema de crédito público sin ánimo de lucro. Debemos garantizar el acceso a la educación y la sanidad gratuitas.
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