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Chile / 21 de septiembre de 2016 / Fuente: http://www.entornointeligente.com/

Rectores debaten sobre idea de retirar proyecto de educación superior Algunos creen que es mejor perfeccionar el texto mediante indicaciones, y otros apoyan la propuesta de rehacerlo. Sin embargo, todos coinciden en que hay que perfeccionar la iniciativa.   Carlos Said  El proyecto de reforma a la educación superior, que tramita la Cámara de Diputados desde julio, ha encontrado escaso apoyo ente los actores del debate: autoridades académicas, estudiantes y expertos lo han criticado, por estimar que no beneficiará al sector.

En ese contexto, el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, pidió considerar la idea de retirar la iniciativa y redactar una nueva, más consensuada, si es que la indicación sustitutiva que introducirá el Ejecutivo «va a ser tan amplia y significativa».

Los demás rectores también apuntan a modificarla, pero no necesariamente por la fórmula que propone el médico. Patricio Sanhueza, presidente de la Agrupación de Universidades Regionales y rector de la U. de Playa Ancha, dice en que «la gran mayoría cree que el proyecto es mejorable y que es necesario hacer indicaciones, pero que también tiene aspectos positivos, particularmente en el marco regulatorio».

Y advierte que «si el Ejecutivo retira el proyecto, el debate se prolongará muchos años más, por lo que prefiero que se consulte a todos los actores y se hagan las indicaciones necesarias para perfeccionar».

A juicio de Sanhueza, el texto requiere una veintena de cambios, como «evitar la división tajante entre universidades privadas y estatales. Proponemos una tercera categoría, que es la universidad colaboradora a la labor pública del Estado». Además, cree que hay que reforzar el rol de las universidades fiscales, disminuir la participación estatal en los directorios y revisar el fin del Aporte Fiscal Directo, lo que está en la reforma y que es «contraproducente para las instituciones».

Claudio Elórtegui, presidente del G9 y rector de la U. Católica de Valparaíso, opina que «son numerosas las cosas a corregir, como aseguramiento a la calidad, regulación y financiamiento». Afirma que «elaborar un nuevo proyecto puede ser una posibilidad», pero que «más allá de la forma, importa que sea corregido. Si eso se logra a través de indicaciones, está bien».

A su juicio, la opción que se tome debe ser «a través de un gran acuerdo. Este proyecto debe ser legislado con menos premura que otras reformas, para de esa manera construir una legislación de buena calidad».

Una posición similar tiene su par de la U. Católica del Maule, Diego Durán: «Este proyecto ha tenido una muy mala evaluación, y quizás sería sensato pensar en una alternativa distinta», como su retiro, lo que daría además más tiempo para consensuar una propuesta.

Pero advierte que el momento no es el mejor, pues «necesariamente esto se mezclará con las sensibilidades de los políticos por mantenerse en el poder». Aún así, recalca que «todas las opciones son evaluables».

Nueva iniciativa

Existe otro grupo de rectores que derechamente cree que es necesario sacar el proyecto y comenzar la labor legislativa de nuevo, para hacer todos los cambios necesarios.

Rubén Covarrubias, de la U. Mayor, recuerda que dicha fórmula ya la planteó José Joaquín Brunner hace un par de semanas y que él acoge la idea, «porque las indicaciones sustitutivas solo enredarán más un proyecto que hoy no tiene acuerdo».

Así, dice, lo obvio sería «retirar el texto para que todos los actores involucrados lleguemos a un consenso, porque el proyecto no es divisible, cada uno de sus títulos (institucionalidad, financiamiento…) va unido al título siguiente. En consecuencia, no es posible tener una mirada parcial de los elementos».

Además, Covarrubias destaca que la reforma deberá regir al sector por los próximos 40 o 50 años y que tiene que responder a las miradas de futuro, las que -advierte- no están expresadas.

Por su parte, el rector de la U. Gabriela Mistral, Alberto Vásquez, concuerda en que lo más pertinente «es retirar el proyecto, hacer un proceso de consulta y formarse un cuadro general del tema, menos ambicioso y más preciso, que acote la transformación del sistema a los desafíos de la educación superior para las próximas décadas».

En un escenario así, argumenta, el nuevo texto debería mejorar los lineamientos para que las instituciones se desarrollen en investigación y perfeccionen la formación de profesionales.

Los puntos que se discuten en el Congreso El texto en discusión en el Congreso contiene 10 ejes principales, sobre los que se introducirán indicaciones. Los más importantes son:

Subsecretaría y superintendencia Son dos nuevas instituciones. La primera estará a cargo del sistema de acceso a la educación superior, y la segunda de vigilar a las instituciones en su viabilidad financiera, además de acoger reclamos.

Calidad El Consejo para la Calidad será el encargado de acreditar a los planteles, además de supervisar la apertura de sedes, carreras y programas.

Financiamiento En el nuevo sistema, la gratuidad continuará expandiéndose, vía regulación de aranceles y cupos a través de una comisión de expertos.

Sector estatal El proyecto entrega consideraciones especiales para las instituciones estatales. Pero dichos planteles consideran que no se está reforzando su rol.

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