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Por: Lorena Oliva/La Nación 

A pesar de las normas que respaldan la educación inclusiva, muchas familias sienten que el sistema educativo le cierra las puertas a sus hijos con discapacidad; a dónde recurrir en caso de rechazo

“No tenemos vacante”, “Ya cubrimos el cupo de integración”, “No contamos con los recursos para manejar un caso como el de tu hijo”, o, lisa y llanamente: “No hacemos integración”. Cada vez que llega diciembre y comienza a vislumbrarse el próximo ciclo lectivo, la desazón se apodera de muchas familias con hijos con discapacidad. A pesar de que la educación inclusiva es obligatoria en nuestro país, conseguir una vacante se vuelve, para ellas, una misión imposible que demanda recorrer, a veces, decenas de escuelas.

Organizaciones que trabajan en este tema, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), aseguran que no se trata de casos aislados sino de una práctica sistemática que se da, especialmente, en los colegios privados sin que puedan precisarse cifras, ya que los rechazos suelen darse en contextos informales y no todos los denuncian.

“¿Por qué me tienen que llevar a tantos colegios?”

En algunos casos, la acumulación de negativas ante la búsqueda de vacante es tan grande, que los padres de los chicos han perdido la cuenta. Dicen que es frecuente que, ante un primer “sí” a la matriculación, las instituciones se queden “mágicamente” sin cupo justo en el momento en que el diagnóstico en cuestión sale a la luz.

Tal es el caso de Verónica Frágola, mamá de Félix, de doce años, que es amante de los autos y de los animales, hipersensible y muy buen hermano. Verónica aún no logra dar con un colegio que tome a su hijo para primer año del secundario. Está buscando desde marzo y perdió la cuenta de la cantidad de colegios que visitó. “Llegó a pasarme que me llamaran de un colegio en el que había averiguado y, cuando comenté que Feli tiene TGD me respondieran: ‘Ay, qué cosa… no te lo puedo aceptar’. Me puse a llorar”, recuerda la mujer, influencer y creadora de contenidos de belleza.

“Lo de la inclusión es un invento. Las instituciones se quieren sacar de encima a los chicos neurodivergentes (N. de la R.: que están dentro del espectro autista)”, se lamenta sollozando. Frágola todavía conserva la nota que recibió del colegio al que iba su hijo en sala de 4. Allí puede leerse que, según el personal a cargo, las conductas del nene ponían “en riesgo a otros compañeros de la sala” y dificultaba “el trabajo pedagógico de la docente”. Lo que siguió fueron etiquetas, rechazos de todo tipo, hasta que, en cuarto grado, ella y su marido decidieron cambiarlo de colegio. Hoy en día, ocho años más tarde, siente que poco ha cambiado en el sistema educativo.

“En aquella ocasión, resignamos calidad educativa por calidez humana. En el nuevo colegio, Felix pudo avanzar en un entorno más relajado. Pero no tiene secundario. Mientras buscamos, Feli nos pregunta: ‘¿Por qué me tienen que llevar a tantos colegios?’. Le decimos: ‘Porque queremos el mejor colegio para vos’. No le vamos a decir: ‘En este no quedaste’, o ‘En este te rechazaron’, porque esos rechazos no son gratuitos para nuestro hijo. Es un dolor muy grande”, se sincera Frágola, quien agrega que, si bien la familia vive en Benavídez, ya han recorrido desde Florida hasta Pilar y Los Polvorines consultando en diferentes colegios.

El ingreso es apenas el comienzo

Negar la matriculación a un chico por su diagnóstico de discapacidad es una acción tan discriminatoria como ilegal, ya que nuestro país adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a estudiar en un sistema de educación inclusivo.

Sin embargo, en no pocos casos, las familias terminan dándose por vencidas. Desisten a ese derecho y envían a sus hijos a escuelas especiales o bien los sacan del sistema escolar. De esta manera, la cantidad de chicos que cursan en las escuelas de modalidad común con un proyecto de inclusión es ínfimo con respecto al alumnado total. Por ejemplo, mientras que en la ciudad de Buenos Aires hay casi doscientos mil chicos cursando el secundario tanto en escuelas de gestión estatal como privada (unos 192.457 según cifras aportados por el Ministerio de Educación porteño), en las instituciones de gestión estatal hay, apenas, algo más de 450 chicos cursando con proyecto de integración.

El desfasaje se da, en general, en todos los distritos del país. Según un informe realizado por ACIJ junto a la organización Grupo Artículo 24, que toma como base un relevamiento realizado por el Ministerio de Educación de la Nación en 2019, la proporción de chicos con discapacidad en escuelas de modalidad común con respecto al resto del alumnado es de 1,13% en el nivel inicial, de 1,65 en la primaria y de 0,97 en el secundario.

“Los niveles primario y secundario son obligatorios según la Ley de Enseñanza. Pero la agenda de derechos de las personas con discapacidad no es prioridad para ningún gobierno. Entonces el rechazo se naturaliza”, denuncia Celeste Fernández, coordinadora del Programa de Derechos de las personas con discapacidad y directora adjunta de ACIJ, quien agrega que la negativa a otorgar vacantes por discapacidad se da, más que nada, en instituciones privadas. Y cita el caso de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hay que recordar que la inclusión es mucho más que obtener una vacante. Es también todo lo que ocurre después, una vez que el alumno es parte del sistema educativo. En ese sentido, si bien en las instituciones de gestión pública porteñas no suele haber trabas para el ingreso, a veces hay pocos apoyos. En ocasiones, te recomiendan la derivación a escuela especial, obligan al chico a repetir, o proponen jornadas más reducidas”, enumera Fernández.

Tanto desde el Ministerio de Educación porteño como del de la provincia de Buenos Aires hicieron saber que no se puede negar la matriculación o rematriculación por razones vinculadas con la discapacidad del alumno. De la misma manera, no hay topes de integración por aula en ninguno de los dos distritos.

“La perspectiva de la inclusión es un tema sobre el cual aún restan profundizar instancias de formación, de trabajo conjunto, donde no se asigne necesariamente un recurso para cada estudiante sino que se piense una escuela inclusiva con los recursos que ya tiene más otros que puedan venir de apoyo. Así y todo, hoy estamos acompañando a todos los estudiantes que necesitan una configuración de apoyo”, sostiene la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa de la ciudad de Buenos Aires, María Lucía Feced, quien no ve falta de recursos para la inclusión en las escuelas de gestión estatal. “Me gusta pensar que la inclusión va poniendo nuevos desafíos y en este profundizar la mirada inclusiva van surgiendo nuevas necesidades”, agrega.

Inclusión como abrazo a la diversidad

Valeria Masucco es mamá de Ema (16) y Benicio (12), dos chicos con hipoacusia que fueron preparados para escuelas de modalidad común y que hoy están cursando su escolaridad en instituciones de gestión privada dentro de CABA. Si bien su hija mayor acaba de pasar a cuarto año del secundario, no se olvida de aquellos largos meses en los que recibió múltiples rechazos hasta dar con un colegio que le otorgara vacante.

Masucco es docente de Educación Física, psicomotricista y especialista en estimulación temprana, y, a partir del contacto con otras familias, sabe que al paradigma de la inclusión dentro del sistema educativo le resta mucho camino por recorrer. Cuenta un ejemplo cercano: en las escuelas donde hay alumnos con hipoacusia, no todos los docentes están dispuestos a utilizar máscaras o barbijos transparentes que faciliten la lectura de labios.

“Hacer valer los derechos de nuestros hijos dentro de las escuelas es una lucha constante. Cuando las instituciones los aceptan, demuestran una apertura hacia la inclusión. Pero después dependés de los docentes con los que tu hijo se va cruzando, que no siempre tienen la misma predisposición”, asegura Masucco, quien sueña con que la inclusión sea entendida en términos más amplios que los actuales.

“Todos los que trabajamos en discapacidad, luchamos por un cambio de paradigma, en el que se valore la diversidad. Hay muchas otras diversidades que necesitan ser abrazadas por el sistema educativo. Las escuelas tienen que dejar de buscar la homogeinización y acompañar la diversidad”, concluye.

Qué puede hacer una familia que no consigue vacante:

• En Caba:

. Cuando la institución es de gestión privada, llamar al 0800-333-3382 – opción 6, de lunes a viernes de 9 a 17. Por mail a denunciasmatriculacion.dgegp@bue.edu.ar. También es posible acercarse en forma presencial a la Mesa General de Entradas del Ministerio de Educación de la Ciudad: Perette y Calle 10, de lunes a viernes de 10 a 14

. En el caso de las escuelas de gestión estatal, el sistema de inscripción se vale de criterios objetivos que, según las autoridades, no da lugar a rechazos. Pero ante cualquier consulta previa o una vez iniciado el ciclo lectivo, las familias pueden dirigirse al Ministerio de Educación o al supervisión del área.

• En provincia de Buenos Aires:

Dirigirse a las jefaturas distritales (hay una en cada distrito)

• También puede realizarse una denuncia en el Inadi: 0800-999-2345 o en la línea nacional Convivencia: 0800-222-1197
• Organizaciones que pueden brindar orientación:

ACIJ y Grupo Artículo 24 ofrecen un sitio con información sobre las herramientas que pueden utilizarse para reclamar el efectivo cumplimiento del derecho a la educación inclusiva: www.porunaeducacioninclusiva.org

• Hablemos de Educación Inclusiva: esta guía, confeccionada por LA NACION consultando a especialistas del área, brinda información y múltiples abordajes sobre el tema

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/la-lucha-de-las-familias-de-chicos-con-discapacidad-por-conseguir-vacante-cuando-me-dijeron-no-te-lo-nid30112021/