Que los científicos de todo el mundo declaren una alerta roja para la humanidad es grave.
El informe del IPCC habla por sí mismo: se registraron los cinco años más calientes de la historia reciente, se triplicó el aumento del nivel de los mares y el hielo ártico y los glaciares siguen retrocediendo.
Pero nada de esto es nuevo. Los científicos adoptaron un tono urgente porque vienen haciendo esta misma advertencia hace décadas y todas las intervenciones que buscaron evitar el calentamiento global fracasaron.
En efecto, Exxon, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, predijo el cambio climático en los años 1970 y luego se dedicó a negar públicamente su existencia durante décadas.
El sistema político y económico en el que vivimos no genera accidentalmente el cambio climático: está en su propia naturaleza, recompensa a los agentes contaminantes más nocivos y a los que obtienen superganancias mediante las prácticas extractivistas.
Este es nuestro legado histórico. En el Reino Unido, las fortunas de la época imperial surgieron sobre todo del petróleo extraído en el Golfo Pérsico. De hecho, en los años 1950, Gran Bretaña promovió un golpe de Estado con el único fin de preservar las ganancias de la Anglo Iranian Oil Company (AIOC). Luego, AIOC se convirtió en British Petroleum, empresa que sigue enviando cientos de millones de toneladas de carbono a la atmósfera en el Golfo de México y en el mar Caspio. Las instituciones financieras de Londres, especializadas en la administración de las ganancias petrolíferas, gestionan una buena parte del dinero que genera el combustible fósil en todo el mundo.
Se avecinan más desastres
Aun cuando argumentan que están empezando a tomar medidas, los gobiernos de todo el mundo siguen actuando en función de las redes del combustible fósil. Boris Johnson llegó a imitar el lenguaje de la Revolución Industrial Verde que desarrollamos en el Partido Laborista. Pero imita solo las palabras, no las acciones. En junio, el Comité contra el Cambio Climático del Reino Unido demostró que, de mantener el ritmo actual, el gobierno ni siquiera logrará alcanzar sus tristemente humildes objetivos.
En 2019, durante el Día del Trabajador, como líder de la oposición logré presentar un proyecto en el parlamento para que Gran Bretaña declarara la emergencia climática: fuimos el primer parlamento del mundo en hacerlo. Estaba y estoy convencido de que el Partido Laborista y nuestro movimiento en general deben tomarse muy en serio la crisis climática y medioambiental.
Si este sistema no encuentra ninguna oposición, pronto comprobaremos cómo aumenta rápidamente el ritmo de los incendios, las inundaciones y las sequías. Es lo que estamos viendo en Australia, Siberia, Columbia Británica, África del Este, California y una buena parte de Europa. Durante este siglo, las grandes tormentas aumentaron su frecuencia en un 40%. Las más intensas son 75% más fuertes que las de los años 1950 y los huracanes son cada vez más comunes.
Pero no son solo las consecuencias físicas de estos eventos las que deben preocuparnos: son también las políticas. En Grecia, la austeridad, la desregulación y la negligencia de los bomberos multiplicaron el impacto de los terribles incendios desatados en Eubea. En Texas, a comienzos de año, el Estado habilitó a las empresas energéticas a que aumentaran los precios de la electricidad de emergencia y las deudas de los ciudadanos son impagables.
Y tanto en EE. UU. como en la UE, los gobiernos están invirtiendo en tecnología de control y equipamiento militar para atacar a los refugiados que genera la crisis ambiental. Esos miles de millones de dólares que se gastan en intervenciones militares y drones en el Mediterráneo son el dinero que no se gasta en la transición verde y que ingresa al circuito de rentabilidad de la industria de la guerra, profundamente anclada en la economía fósil. El parlamento británico está debatiendo un terrible proyecto de ley sobre nacionalidad y fronteras, que pretende ilegalizar el salvamento de refugiados en el océano, es decir, que plantearía un desacuerdo de base con el derecho marítimo universal.
El increíble aumento de los presupuestos militares de los países más poderosos indica que estos se preparan para el conflicto, no para la cooperación. Esa es la forma en la que piensan lidiar con la emergencia climática. Estas soluciones falsas aumentarán nuestros padecimientos en general, aunque, como siempre, favorecerán a unos pocos y castigarán a la mayoría, entre los que se cuentan tanto los pobres a los que se les inundan sus casas en Inglaterra como los que mueren huyendo de África del Norte.
El cambio es posible
Pero no tiene que ser así y debemos actuar con esperanza, no con miedo. Los científicos nos dicen con precisión forense lo que sucederá con el nivel de los mares, la escasez de agua y la biodiversidad en caso de que la temperatura aumente 1,5, 3 o 5°C. Con todo, el motivo por el que no pueden predecir la magnitud del calentamiento es que es imposible predecir nuestras decisiones. Como nos recuerda el IPCC, estas últimas siguen corriendo por nuestra cuenta.
Y si avanzamos contra los poderosos y nos deshacemos de los incentivos que el sistema otorga a quienes queman el planeta, las cosas pueden ser distintas. Esto implica que los trabajadores de todo el mundo se movilicen a favor de la aprobación de un Green New Deal global en la COP 26 de este año. El proyecto debería ser capaz de eliminar el carbono de la atmósfera, de llevar dinero a los bolsillos de los trabajadores y enfrentar la injusticia y la desigualdad en el Sur Global. No existe ninguna ciudad del mundo que no se beneficiaría de un transporte público verde, de la reforestación de los bosques, del uso de energías renovables a nivel local y de los empleos que generarían las nuevas industrias verdes.
El cambio climático, la pobreza y la desigualdad, el enorme y riesgoso fracaso colectivo que representa la falta de vacunas contra el COVID-19 en los países más pobres, son todas consecuencias de un sistema que prioriza a los multimillonarios por sobre el resto de la humanidad. La crisis climática y medioambiental es una cuestión de clase. Es la gente más pobre de los barrios obreros, de las ciudades contaminadas y de las islas situadas a una altura cercana nivel del mar la que sufre las consecuencias más graves de la crisis.
Pero tenemos la capacidad de cambiar esta situación. En 2019, de la noche a la mañana, los estudiantes que se manifestaron contra el cambio climático cautivaron la imaginación y la atención de todo el mundo. Si ellos pueden, nosotros también. Nuestra respuesta a la alerta roja debe ser el compromiso en nuestros barrios, en las instituciones políticas, en las escuelas y en las universidades, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros sindicatos, con el fin de exigir y lograr un planeta habitable y un sistema que ponga la vida humana y el bienestar en primer lugar.
Fuente: https://vientosur.info/la-crisis-climatica-es-una-cuestion-de-clase/
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