Desafíos en la educación rural en Argentina: Acceso, calidad y equidad
La educación rural en Argentina enfrenta numerosos desafíos que afectan el acceso, la calidad y la equidad del aprendizaje para miles de niños y jóvenes en todo el país
Uno de los principales problemas de la educación rural en Argentina es la dificultad de acceso. Muchas escuelas rurales se encuentran en zonas alejadas, con caminos intransitables durante épocas de lluvias y sin transporte público adecuado. Esto obliga a los estudiantes a recorrer largas distancias a pie o depender de transportes improvisados, lo que desmotiva la asistencia y contribuye a la deserción escolar.
Además, la situación económica de muchas familias rurales también impacta el acceso a la educación. La necesidad de que los niños colaboren en las tareas del campo o en actividades económicas familiares genera ausentismo y, en muchos casos, abandono escolar.
La calidad educativa: infraestructura y formación docente
Las condiciones de muchas escuelas rurales en Argentina son precarias. La falta de electricidad, conexión a internet y material didáctico adecuado limita las oportunidades de aprendizaje y dificulta la implementación de estrategias pedagógicas modernas. En este contexto, los avances en tecnología educativa y digitalización quedan fuera del alcance de muchos estudiantes rurales, profundizando la brecha con sus pares urbanos.
Otro problema crítico es la falta de docentes capacitados y con estabilidad laboral en las zonas rurales. Muchos maestros deben trasladarse desde ciudades cercanas, lo que genera inestabilidad y afecta la continuidad de los procesos educativos. Además, la formación docente en contextos rurales no siempre recibe la atención necesaria, dejando a los maestros sin herramientas adecuadas para enfrentar los desafíos específicos de estas comunidades.
Equidad educativa: la deuda pendiente
La educación rural en Argentina sigue siendo un ámbito de desigualdad. Mientras que en las ciudades se implementan políticas de inclusión digital y programas de mejora educativa, en muchas zonas rurales estos avances llegan con retraso o no se implementan. La falta de conectividad y recursos tecnológicos refuerza la brecha educativa entre lo urbano y lo rural, limitando las oportunidades de los jóvenes de estas comunidades para continuar estudios superiores o insertarse en el mundo laboral.
Además, la educación intercultural bilingüe es otro aspecto pendiente en las zonas rurales con presencia de comunidades indígenas. A pesar de que la Ley de Educación Nacional reconoce la importancia de una enseñanza que respete la diversidad cultural y lingüística, su implementación es parcial y depende de la disponibilidad de docentes capacitados.
Estrategias y soluciones posibles
Para mejorar la educación rural en Argentina, es fundamental avanzar en políticas que garanticen el acceso equitativo a la educación, asegurando transporte escolar adecuado y mejoras en la infraestructura. También es clave fortalecer la formación y estabilidad de los docentes rurales, incentivando su permanencia en estas comunidades.
La tecnología puede jugar un rol transformador, permitiendo que estudiantes rurales accedan a recursos educativos de calidad a través de plataformas digitales. Sin embargo, para que esto sea efectivo, es imprescindible garantizar conectividad en todas las escuelas del país.
La educación rural es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Mejorar sus condiciones no solo garantizará un futuro más justo para miles de niños y jóvenes, sino que contribuirá al crecimiento equitativo de Argentina.
Fuente de la Información: https://aptus.com.ar/desafios-en-la-educacion-rural-en-argentina-acceso-calidad-y-equidad/
Mujeres trans y su lucha por acceder a espacios educativos: “Estos espacios también son de nosotras”
Mujeres trans y su lucha por acceder a espacios educativos: “Estos espacios también son de nosotras”
Cansadas de ser marginadas y discriminadas debido a los prejuicios por sus identidades y expresiones de género, las mujeres trans en el Perú se abren camino en espacios académicos con el objetivo de incursionar en distintas profesiones.
Alejandra Fang tiene 28 años, es directora de la Casa Trans Zuleymi y desde hace algunos años comenzó su carrera universitaria. El camino no ha sido fácil. Sus padres la botaron de casa cuando inició su transición a los 15 años. Sin un hogar ni dinero, tuvo que ingeniárselas para sobrevivir en una Lima sumamente discriminatoria y violenta.
“Cuando transicioné y me botaron de casa, mi primer pensamiento no fue: ‘Oye, voy a ser trabajadora sexual, quiero ser una trabajadora sexual como profesión’. Eso nunca pasó por mi cabeza”, cuenta Fang, haciendo alusión a la realidad que enfrentan muchas personas trans en situación de trabajo sexual como opción de supervivencia económica, y ante el rechazo que sufren en el ámbito laboral, familiar, y educacional.
La realidad de una sociedad excluyente y discriminatoria contra las personas trans la llevó a dejar de lado sus sueños de incursionar en otras profesiones, pues los veía inalcanzables. Ahora, su situación ha cambiado.
“Cuando estaba en el colegio, mi pensamiento era, ‘Yo quiero aspirar a ser de repente abogada o quiero ser de repente una contadora o ser administradora o lo que fuese’. Siempre mi aspiración ha sido a eso. Pero ahora, por ejemplo, ya con mis 28 años, he trabajado de trabajadora sexual y estoy pudiendo estudiar una carrera que a mí me gusta”, manifiesta la defensora de derechos humanos.
Ingresar a un espacio universitario ha sido todo un reto para Alejandra, que como cientos de personas trans se tienen que enfrentar trabas en el sistema educativo, como el persistente uso de su nombre legal en documentos de la institución, el correo electrónico y por parte de profesores, que no reconocen como válido su nombre social.
“Yo siempre he impulsado a que se reconociera al menos los nombres sociales en los correos electrónicos; sin embargo, la universidad dice que no es posible ello y se escuda en que es un tema administrativo y que la SUNEDU exige, de cierta manera, que estén los nombres legales como tal”, explica.
Pero no es solo el sistema que las discrimina, sino también profesores y compañeros, sobre todo varones, que tienen actitudes transfóbicas hacia ella y otras tres compañeras en la misma situación. En ese contexto, la tolerancia, aceptación y sobre todo reconocimiento de profesoras surgen como un soporte que las impulsa a seguir.
“Había una profesora, que en plena aula, decía: ‘Ay, Alejandra, cómo estás’. A pesar de que mi nombre legal no es de esa forma, ella reconocía mi nombre social como tal y lo reivindicaba delante de todos los compañeros. Eso es totalmente positivo porque refuerza tu autoestima, ya que hay alguien que sí te está te está identificando como tal”, apunta Fang.
El rechazo de una sociedad conservadora y sus barreras les dificulta acceder a una educación formal, lo que produce que muchas personas trans se encuentren en situaciones vulnerables de riesgo económico, físico y emocional al exponerse a mafias de proxenetas.
Según un informe del 2022 de la Defensoría del Pueblo, solo el 5,1% de las mujeres trans ha terminado estudios secundarios. El 62,2% se dedica al trabajo sexual debido a la falta de oportunidades de empleo y el 95,8% ha sido víctima de violencia al menos una vez en su vida por su identidad o expresión de género.
“Yo creo que si acá en el Perú nos darían las oportunidades de estudiar en la universidad, de un trabajo, no habría mucha vulnerabilidad hacia nosotras, que ahora nos arriesgamos a trabajar en la calle. De mi parte, a mí me encantaría trabajar donde sea, en cualquier cosa donde tenga un trabajo seguro”, señala Vanessa, una mujer trans en situación de trabajo sexual que migró de Pucallpa tras ser rechazada por su familia.
Compañeras como Vanessa, expresan abiertamente su disposición para estudiar, pero sus recursos económicos no les permite costear estudios superiores.
Las realidades son distintas incluso entre mujeres trans, como apunta Alejandra Fang, quien lidera la Casa Trans Zuleymi. Resalta que aspectos económicos, como la capacidad adquisitiva, la clase social y el racismo imperante en la sociedad peruana ejercen aún más opresión entre ellas.
Alejandra, por ejemplo, tiene una piel clara y cispassing (su aspecto físico la hace ver como lo que la sociedad considera ‘femenino’). “En cambio, una mujer trans que se ve como una mujer trans no tiene la misma cantidad de ingresos que de repente pueda tener yo. Ahí ya existe un privilegio”, señala.
Asimismo, sus compañeras trans universitarias provienen de otros estratos económicos, lo que les permite enfocarse únicamente en los estudios y no pensar en cómo distribuirán el dinero entre el pago de la universidad, alquiler de casa y subsistencia económica.
“No voy a poder comparar su realidad con la mía, que soy una mujer trans en situación de trabajo sexual. Entonces, en ese sentido, ahí tiene que ver mucho el tema de la clase”, resalta Alejandra.
Ley de identidad de género sería un paso importante
Ante esta problemática, Alejandra Fang no está sola al pedir que se apruebe una ley de identidad de género. Este proyecto fue presentado en diciembre de 2016 y desde entonces está estancado en el Congreso por influencia de grupos conservadores antiderechos que se muestran en contra.
“La ley de identidad de género no solamente se basa en el cambio de nombre en el DNI, sino que es una ley mucho más integral que te da acceso a vivienda, a educación, a salud, que es lo principal. El proyecto de ley enfoca que cuando se realiza el proceso del cambio de nombre y sexo en el DNI, la vida de las personas trans cambia significativamente y yo lo creo totalmente”, destaca Fang.
La activista apunta que esto también permitiría que las mujeres trans con menos recursos puedan postular a las becas que ofrece el Estado peruano como Beca 18 o Beca Permanencia. Actualmente, no lo hacen debido al miedo de ser rechazadas o discriminadas por el nombre que aparece en su DNI y por la escasa capacitación del personal educativo que desconoce cómo recibirlas.
“Yo, por ejemplo, cuando postulé para la beca de la propia universidad, fue un proceso difícil. La persona que me entrevistaba no sabía si yo era yo. Ahí te das cuenta qué tan atrasados estamos, porque inclusive me preguntó hasta mi fecha de nacimiento para saber si era yo”, explica Alejandra.
Con más espacios educativos inclusivos, en los que las personas trans puedan utilizar su nombre social, las cosas empezarían a cambiar para ellas. “Sería la revolución total porque habría muchas más mujeres trans disputando esos espacios que usualmente han sido negados”, señala.
En Casa Trans Zuleymi se imparten talleres de empleabilidad laboral, pero también se pone énfasis en la formación de habilidades blandas que permitan a mujeres trans fortalecer su autoestima y lidiar con una sociedad ultraconservadora y violenta. Como directora de uno de estos espacios, Alejandra Fang, asegura que cada vez ve a más jóvenes trans ven la opción de entrar a la universidad.
“Es un avance de las nuevas generaciones que se están atreviendo a estar en esos espacios y disputarlos, porque esos espacios también nos corresponden a nosotras, por más de que la sociedad pretenda relegarnos o segmentarnos en ciertos trabajos. Yo creo que ese es el mayor mensaje: que las compañeras que vienen detrás de mí se atrevan a ser disruptivas, que ocupen esos espacios de poder, porque esos espacios también son de nosotras”, sentencia Fang.
Expertos de la ONU reclaman fin del bloqueo y exclusión de Cuba de lista de patrocinadores del terrorismo
Varios titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitieron este viernes 7 de febrero una comunicación en la que rechazan la reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos de incluir nuevamente a Cuba en su lista unilateral de Estados patrocinadores del terrorismo.
Los expertos denunciaron que esta medida tiene graves repercusiones en los derechos humanos del pueblo cubano, afecta las relaciones comerciales y financieras del país, y obstaculiza los esfuerzos nacionales para enfrentar los efectos acumulados del bloqueo económico, la pandemia de COVID-19 y las catástrofes naturales.
La comunicación, firmada por la Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, la Experta Independiente sobre Deuda Externa y el Experto Independiente sobre la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, calificó la decisión del gobierno de Donald Trump como un acto de coacción unilateral.
Según los expertos, esta medida es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, además de violar las resoluciones de la ONU que declaran la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales y exigen el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
Los daños acumulados por el bloqueo, que ascienden a más de 164 mil millones de dólares, tienen un impacto devastador en la vida cotidiana de los cubanos. Los expertos destacaron que esta política afecta gravemente la seguridad alimentaria del país, contribuye al aumento de la inflación y al incremento de los precios de los alimentos. Además, señalaron que la producción agrícola se ha visto mermada debido a la escasez de combustible y las restricciones a la importación de maquinaria agrícola, piezas de repuesto, fertilizantes y otros insumos esenciales.
La comunicación conjunta también recordó que los expertos de la ONU han enviado previamente varias comunicaciones al gobierno de los Estados Unidos sobre este tema, las cuales no han recibido respuesta. En esta ocasión, reiteraron su llamado al gobierno estadounidense para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, retire a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y ponga fin a todas las medidas coercitivas unilaterales contra la isla, incluyendo el bloqueo económico, comercial y financiero.
Este pronunciamiento se suma a las voces que, desde diversos sectores, han criticado la política de Estados Unidos hacia Cuba, subrayando su impacto negativo en el bienestar de la población y su contradicción con los principios del Derecho Internacional. Los expertos de la ONU insisten en que es urgente revertir estas medidas para permitir que Cuba avance en su desarrollo y garantice los derechos fundamentales de su pueblo.
El 5 y 6 de febrero de 2025, tuvo lugar una huelga general en Marruecos, organizada por la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) y sus afiliados en todos los sectores de actividad, en particular la FNSA-UMT, la Federación Nacional del Sector Agrícola, miembro de La Vía Campesina en la región ARNA – región árabe y África del Norte.
Cientos de trabajadorxs agrícolas se reunieron frente a la sede de la Unión Marroquí del Trabajo para expresar su rechazo a la ley sobre la huelga, levantando poderosos lemas que afirmaban su determinación de continuar la lucha hasta su derogación.
search
Via Campesina – Espagnol
Derechos Campesinos | Dignidad con lxs trabajadores emigrantes y asalariadxs | Región Árabe y África del Norte
Marruecos: Sindicatos protestan contra una represiva “ley de huelga” que erosiona aún más los derechos de campesinxs y trabajadores
7 febrero 2025
El 5 y 6 de febrero de 2025, tuvo lugar una huelga general en Marruecos, organizada por la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) y sus afiliados en todos los sectores de actividad, en particular la FNSA-UMT, la Federación Nacional del Sector Agrícola, miembro de La Vía Campesina en la región ARNA – región árabe y África del Norte.
Cientos de trabajadorxs agrícolas se reunieron frente a la sede de la Unión Marroquí del Trabajo para expresar su rechazo a la ley sobre la huelga, levantando poderosos lemas que afirmaban su determinación de continuar la lucha hasta su derogación.
Esta movilización sin precedentes tenía como objetivo protestar contra la adopción de la Ley Orgánica n.º 97.15, que regula el ejercicio del derecho de huelga, considerada restrictiva y contraria a los intereses de lxs trabajadorxs agrícolas y campesinxs. Su objetivo es oponerse a las orientaciones gubernamentales marroquíes regresivas, antisociales e impopulares, que buscan reprimir el derecho a manifestarse frente a la injusticia y defender los derechos de lxs trabajadorxs agrícolas mediante una ley sobre la huelga que obstaculiza el ejercicio de este derecho fundamental. Estas peligrosas medidas legislativas buscan hacer retroceder los logros y prevenir las manifestaciones frente a políticas agresivas.
Desde hace algún tiempo, el gobierno marroquí insiste en aprobar esta ley, considerada dentro de la FNSA-UMT como restrictiva y criminal en relación con el derecho de huelga, en total contradicción con la Constitución del país. Esta garantiza explícitamente el ejercicio de este derecho, en particular en su artículo 29, que destaca que todas las constituciones desde 1962 han consagrado este derecho humano. Sin embargo, el actual gobierno marroquí, que defiende los intereses del capital local y extranjero, persiste en querer hacer aprobar esta ley restrictiva a pesar de la oposición de los sindicatos y fuerzas progresistas del país.
Para la Federación Nacional del Sector Agrícola (FNSA), la ley, que fue aprobada oficialmente el miércoles 5 de febrero de 2025 en la Cámara de Representantes tras la segunda lectura, tendrá un impacto significativo en la clase trabajadora marroquí en general y en lxs trabajadorxs agrícolas y campesinxs en particular. El procedimiento complejo previsto en esta ley dificultará el ejercicio del derecho de huelga, especialmente en las unidades y explotaciones agrícolas donde los sindicatos están ausentes. Además, las severas sanciones y multas, que pueden alcanzar los 850 dólares, impuestas a lxs trabajadorxs y campesinxs que no respeten las disposiciones de la ley sobre la huelga, representan una amenaza adicional para su derecho a la movilización.
“Esta ley restrictiva sobre el derecho de huelga sirve principalmente a los intereses de las grandes empresas y explotaciones agrícolas, sean locales o extranjeras, así como a las multinacionales, que seguirán violando los derechos de lxs trabajadorxs agrícolas y campesinxs sin la menor consideración. Su principal medio de lucha, la huelga, les ha sido arrebatado con la adopción de esta legislación represiva.”
Este marco legislativo constituye un obstáculo considerable para los campesinos y trabajadores agrícolas marroquíes que desean manifestarse contra sus desastrosas condiciones de trabajo, la casi inexistente aplicación del Código de Trabajo en la mayoría de las explotaciones y la persistente discriminación salarial, ya que el salario mínimo en el sector agrícola sigue siendo muy inferior al de otros sectores. Para ellos, luchar y resistir contra estas medidas represivas es esencial si quieren reivindicar sus derechos fundamentales.
Este es un resumen de lo dicho por James Elder, portavoz de UNICEF -a quien puede atribuirse el texto citado- en la rueda de prensa celebrada hoy en el Palacio de las Naciones de Ginebra.
James Elder, portavoz de UNICEF, visita una escuela en Puerto Príncipe, Haiti, que UNICEF y sus aliados reubicaron desde La Saline en 2023, después de que sus alumnos se vieran atrapados en un enfrentamiento entre dos grupos armados.
“Un asombroso aumento del 1.000% en la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Haití ha convertido sus cuerpos en campos de batalla. El aumento de 10 veces, registrado desde 2023 hasta el año pasado, se debe a que los grupos armados infligen un horror inimaginable a niños y niñas.
“Casi igual de asombrosa es la escasa cobertura que ha recibido esta espantosa estadística. Y si los números han perdido significado, quizá cuenten los niños que viven este horror.
“Roseline* tiene 16 años. A finales del año pasado, salió de casa de su amiga para ir a la tienda y fue secuestrada por hombres armados. La metieron en una furgoneta con otras jóvenes y la llevaron a un almacén. Allí le propinaron numerosas palizas. Después la drogaron y, a lo largo de lo que ella cree que fue un mes, la violaron sin descanso. Cuando el grupo armado se dio cuenta de que Roseline no tenía a nadie que pagara el rescate de su secuestro, la liberaron. Actualmente se encuentra en un centro de atención, apoyado por UNICEF, con más de una docena de otras niñas, todas ellas recibiendo cuidados.
“Por supuesto, esto es una conferencia de prensa y sabemos que las cifras importan, así que permítanme compartir algunas más:
“Los grupos armados controlan ahora el 85% de Puerto Príncipe, uno de los casos más extremos de inseguridad sobre una capital en la historia moderna.
“Solo el año pasado, el reclutamiento de niños en los grupos armados aumentó un 70%. En la actualidad, hasta la mitad de los miembros de los grupos armados son niños, niñas y adolescentes, algunos de tan solo ocho años.
“Muchos son captados por la fuerza. Otros son manipulados o empujados por la pobreza extrema. Es un ciclo letal: los niños y adolescentes son reclutados por los grupos que alimentan su propio sufrimiento.
“Y en Haití, el sufrimiento es inmenso. 1,2 millones de niños viven bajo la amenaza constante de la violencia armada.
“Los servicios esenciales se han colapsado. Los hospitales están desbordados. Más de la mitad de las instalaciones sanitarias de Haití carecen del equipo y medicamentos necesarios para tratar a los niños y niñas en situaciones de emergencia.
“Los parques infantiles, las escuelas y los hogares se han convertido en campos de batalla, obligando a muchas familias a huir. Más de 500.000 niños, niñas y adolescentes han sido desplazados, y se calcula que 3 millones necesitarán ayuda humanitaria urgente este año.
“¿Y la educación? Más de 1,5 millones de niños, niñas, adolescentes y profesores se ven afectados por el cierre de escuelas.
“Y, como se ha señalado, la violencia sexual es desenfrenada. El ataque a un niño es aborrecible. Multiplicarlo por 10 es desvastador. El dolor, por supuesto, no se detiene con el superviviente, sino que se extiende por las familias, destroza las comunidades y deja cicatrices en la sociedad en su conjunto.
“Y sin embargo: los haitianos se niegan a rendirse ante la crisis. Tomemos un ejemplo: los 135.000 U-reporteros de UNICEF. Estos jóvenes encarnan el compromiso de los haitianos de a pie, aportando su energía y dedicación para ayudar a quienes más lo necesitan.
“U-Report es una plataforma digital creada por UNICEF para involucrar a las comunidades, especialmente a los jóvenes, en cuestiones sociales. Y en Haití, solo en un mes de 2024, los esfuerzos de los U-reporters condujeron a la identificación y derivación de casos de desnutrición, subvacunación y apoyo esencial a mujeres embarazadas en lugares de desplazados y comunidades de acogida.
“El progreso de Haití comienza con sus niños, niñas y adolescentes. Con increíbles aliados, UNICEF ha creado 32 espacios seguros móviles para prevenir y responder a la violencia de género; desplegado más de 380 profesionales sanitarios en 105 instituciones; distribuido dinero en efectivo a casi 30.000 familias; y tratado a más de 80.000 niños por desnutrición moderada y severa.
“Los programas que satisfacen las necesidades de los niños, niñas y adolescentes pueden interrumpir los ciclos de violencia y reducir el riesgo de que se conviertan en perpetradores o víctimas. A pesar de ello, el llamamiento de financiación de emergencia de UNICEF Haití para 2024, de 221,4 millones de dólares estadounidenses, se quedó sin financiación en un 72%. Esto contrasta claramente con la necesidad urgente de educación, protección y oportunidades de desarrollo para evitar que niños y niñas se vean arrastrados a la violencia. Sin estos esfuerzos, la violencia seguirá consumiendo a las generaciones futuras».
La educación sexual apenas encuentra su hueco en los colegios de Filipinas, lastrada por los tabúes en torno al sexo y la oposición de los sectores más religiosos, y en las últimas semanas su futuro en el país asiático ha quedado en entredicho por una virulenta campaña cristiana contra un proyecto de ley que busca mejorar su implementación.
Multimax
Inicio Salud
Salud
La insuficiente educación sexual en Filipinas se estrella una vez más contra la religión
febrero 6, 2025
La educación sexual apenas encuentra su hueco en los colegios de Filipinas, lastrada por los tabúes en torno al sexo y la oposición de los sectores más religiosos, y en las últimas semanas su futuro en el país asiático ha quedado en entredicho por una virulenta campaña cristiana contra un proyecto de ley que busca mejorar su implementación.
La insuficiente educación sexual en Filipinas se estrella una vez más contra la religión
En un archipiélago lastrado por un crecimiento desmesurado de los contagios de VIH entre los jóvenes, los embarazos adolescentes y la violencia sexual en línea, una coalición de grupos religiosos ha desatado la polémica con afirmaciones de que este tipo de educación enseñará a masturbarse a niños de cuatro años.
Una educación sexual insuficiente
«¿Diez mil pesos (unos 170 dólares) por hacerte diez fotografías desnuda o veinte mil por un vídeo? ¡Qué bien, no?», lanza la trabajadora social Amihan Bahade a una veintena de adolescentes en Filipinas, antes de cortar tajantemente: «de bien nada, es captación de menores en línea».
En la escuela de secundaria de Puerto Galera, en la isla central de Mindoro, el objetivo de Bahade es dar a los jóvenes las herramientas necesarias para protegerse ante los abusos sexuales en línea.
«Buscamos que entiendan a fondo la cuestión de los abusos sexuales en línea o la captación de menores», explicó a EFE esta educadora con más de dos décadas de experiencia y perteneciente a la Fundación Stairway.
Filipinas es el epicentro de la pornografía infantil en internet, en muchos casos a manos de familiares en contacto directo con pederastas que explotan a los menores a cambio de dinero. Según un estudio de Unicef, el 80 % de los niños filipinos se encuentran en riesgo de sufrir abusos sexuales en línea.
La clase impartida por Bahade no es obligatoria, aunque se realiza en la ciudad gracias a un acuerdo con el Departamento de Educación. La ONG tampoco osa decir que se trata de educación sexual, competencia del propio departamento en virtud de una ordenanza publicada en 2018.
«Pero lo es», explicó la educadora, antes de lamentar que «los profesores todavía tienen miedo de hablar sobre la educación sexual y no están equipados para hablar de ella».
Y es que la educación sexual abarca una gran variedad de temas, a pesar de que en este país donde casi el 80 % de la población profesa el catolicismo sea vista por muchos como «algo que solo gira en torno a la masturbación y el sexo».
«Hay una gran oposición procedente de hombres que realmente no entienden a qué se están oponiendo», lamentó.
¿Enseñar a masturbarse a menores de cuatro años?
La senadora Risa Hontiveros presentó en 2023 una propuesta de Ley de Prevención de Embarazos Adolescentes, con el objetivo de atajar las fallas en la educación sexual en Filipinas. Su enseñanza debería formar parte del currículo tras la aprobación en 2012 de la ley de Salud Reproductiva, duramente contestada por la Iglesia Católica.
La propuesta de ley, sin embargo, se enfrenta desde el pasado enero a la fuerte oposición del Proyecto Dalisay, una coalición de grupos cristianos de reciente formación.
La supuesta amenaza a los pilares «sociales, morales y espirituales» de Filipinas del proyecto, en opinión de la coalición cristiana, llegó incluso a oídos del presidente del país asiático, Ferdinand Marcos Jr.
La ley «enseñará a niños de cuatro años a masturbarse», afirmó Marcos el pasado 20 de enero, haciéndose eco de unos comentarios realizados por Dalisay en un vídeo que se hizo viral.
Entonces, el presidente calificó de «abominable» y «ridículo» el borrador legislativo, tras hallar finalmente tiempo para leerlo, y prometió vetarlo si es aprobado por el Senado.
Marcos Jr. sí afirmó que hace falta algún tipo de educación sexual en las escuelas para atajar problemas como el de los embarazos adolescentes.
Las cifras preocupan: aunque la tasa de embarazos entre las filipinas de 15 a 19 años se situó en el 5,4 % en 2022, por debajo del 8,6 % en 2017, según datos oficiales, el número de embarazos entre menores de 15 años aumentó un 35,13 % entre 2021 y 2022.
También inquieta la elevada tasa de contagios de VIH en el archipiélago, donde entre 2012 y 2023 las nuevas infecciones diarias crecieron un 411 %. Esta tendencia al alza continuó en 2024, según datos del Departamento de Salud, con un 30 % de los nuevos contagios concentrados entre los jóvenes de 15 a 24 años.
De ahí que los defensores de la educación sexual en Filipinas hayan salido a subrayar su importancia, frente a los ataques de los religiosos.
«La información falsa relativa a la educación sexual integral (…) socava su verdadero propósito: proteger a los jóvenes de los daños permitiéndoles tomar decisiones con conocimiento de causa», afirmó en un comunicado la ONG Roots Of Health, alabada por su papel a la hora de reducir las tasas de embarazos adolescentes en la ciudad suroccidental de Puerto Princesa.
Historia del sindicalismo y el gremialismo docente
Otras Voces de la Educación
Apuntes sobre la organización sindical docente en Puerto Rico. El caso de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU). Jorge Lefevre Tavárez
Fecha de constitución de la APPU: 9 de marzo de 1961
Fecha de reconocimiento como sindicato: 3 de noviembre de 2023
La historia de la organización gremial y sindical docente en Puerto Rico está por escribirse. Si escasos son los estudios históricos de organizaciones sindicales, incluso de aquellas con mayor impacto nacional, más dramática es la situación con respecto a esfuerzos organizativos con aportaciones humildes. La mayoría de los intentos de organización sindical docente, sobre todo de aquellos que ocurrieron en universidades privadas, o en universidades públicas que no forman parte del Sistema de la Universidad de Puerto Rico, consisten en esfuerzos importantes de organización laboral, pero de corta vida y sin grandes logros. Las presentes notas para este proyecto de Otras Voces de la Educación tiene el propósito de presentar un panorama general de la organización docente en Puerto Rico centrado, sin embargo, en la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el actual sindicato de docentes del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. El material que se ha utilizado para prepararlas consiste en documentos primarios, las pocas publicaciones secundarias existentes, entrevistas a algunos protagonistas de esta historia[1] y la experiencia reciente vivida por el autor de estas líneas. Esperemos que este esquema ayude a educar sobre esta historia, pero, más que eso, que sirva de incentivo para futuras investigaciones que puedan rápidamente superar estos apuntes.
Algunos esfuerzos por organizar sindicalmente a docentes en Puerto Rico
Las primeras noticias sobre la organización sindical docente se remontan a la década del 1930, con alusiones en la prensa sobre el interés de parte de la docencia en crear una organización sindical en la Universidad de Puerto Rico. En la actualidad, se desconoce cuáles fueron, si algunos, los resultados de tales conversaciones.
Existen, también, múltiples esfuerzos pasados en universidades privadas de organización docente, que no lograron consolidarse, por razones de desorganización interna, por ataques y represalias patronales, o una combinación de ambos factores.
Carlos Alá Santiago, por otro lado, alude a dos iniciativas para la organización sindical docente en el sector privado que, en términos relativos, tuvieron mayor éxito: la Asociación de Maestros Universitarios (AMU) y la Unión de Profesores Universitarios (UPU). La AMU se funda en el 1974 en el sistema universitario privado Puerto Rico Junior College, y logra convertirse en el sindicato docente en dos de sus unidades, la de Río Piedras y la de Cupey, luego de triunfar en sus elecciones sindicales el 22 de enero de 1975. La AMU logra un convenio colectivo docente en Puerto Rico el 31 de octubre del mismo año. Es, por tanto, la primera organización docente en ser reconocida como sindicato y firmar convenio. Sin embargo, parecería que la AMU desaparece, producto de crisis internas luego de iniciar las negociaciones de su segundo convenio en el 1979.
Ese mismo año, la UPU sometió una petición en la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo para convertirse en representante exclusivo de la docencia de la Universidad Central de Bayamón (UCB). Luego de varios procesos legales por parte de la UCB que buscaban frenar la organización sindical, la UPU ganó sus elecciones celebradas en enero del 1980 y se le certifica oficialmente como sindicato el 7 de febrero. Pero los intentos patronales de impedir la negociación colectiva continuaron, con actos represivos y nuevas impugnaciones en los tribunales. Según Alá, la corte terminó por favorecer a la UPU en el 1986, por lo que esta “mantuvo su derecho a negociar pero nunca lo ejerció”; desapareció como organización en esos años[2].
Estos esfuerzos de organización sindical en el sector privado, mayormente olvidados hoy día, forman momentos importantes de este relato, por los retos que lograron superar y por constituirse en las primeras organizaciones docentes en ser reconocidas como sindicatos. Actualmente, si bien existen conatos de esfuerzos organizativos en ciertas universidades privadas, no existe en ninguna un sindicato reconocido.
Una mención aparte merece, por otro lado, la Asociación de Profesores del Conservatorio de Música de Puerto Rico, corporación pública de Puerto Rico que no forma parte del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. Esta Asociación peticionó ser reconocida como sindicato ante la Junta de Relaciones del Trabajo en el 1987 y logra el reconocimiento como sindicato el 3 de julio de 1991 luego de celebradas las elecciones sindicales. Sin embargo, el Conservatorio se rehúsa a negociar al sindicato. Un fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 20 de marzo de 1996 finalmente dictamina, de manera arbitraria, que los empleados del Conservatorio no tienen derecho a sindicalizarse, como era la realidad de entonces en las agencias del gobierno de Puerto Rico[3]. Actualmente, existe una Asociación, de reciente creación, sin relación directa con el intento sindical anterior, aunque con el mismo nombre, que no cuenta formalmente con reconocimiento como representante exclusivo de la docencia de la institución, pero impulsa reivindicaciones laborales y ha llevado a cabo actividades de militancia y arte que han captado la atención nacional en los últimos años, particularmente alrededor del tema salarial. Sobre este tema, han logrado que se apruebe un nuevo Plan de Clasificación y Retribución para el Conservatorio, que ha elevado los salarios de la docencia.
Sin embargo, el centro de la historia de la organización sindical docente en Puerto Rico se encuentra en la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, a la que se le dedica el espacio restante de este trabajo.
La fundación de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios
La centralidad de la APPU en la historia sindical docente se debe a múltiples factores. En primer lugar, la APPU se funda en el sistema público de enseñanza universitaria, en el Sistema de la Universidad de Puerto Rico, que es el de mayor prestigio y que en gran medida dicta las pautas para la educación universitaria en Puerto Rico, incluyendo las condiciones laborales. La Universidad de Puerto Rico se crea en el 1903, siendo la primera institución de educación superior del país. En la segunda mitad del siglo XX, en décadas de creciente expansión del sistema universitario, la UPR crecerá a lo largo de la isla, hasta constituirse, como lo es en la actualidad, en un sistema de once recintos universitarios, y con oficinas y centros en distintos puntos de Puerto Rico. Sobre todo, la APPU ha tenido una vida extensa y activa en su unidad principal, el Recinto de Río Piedras. Ha estado, además, vinculada con el movimiento obrero de una manera en la que ninguna otra organización o asociación docente universitaria lo ha hecho, lo que la resalta, no solo dentro del ámbito universitario, sino dentro del movimiento obrero en tanto organización universitaria.
Es posible, también, que el hecho de que exista una cultura política y una tradición sindical en la UPR – a diferencia de lo que ocurre en el sector privado – haya fomentado una mayor libertad de expresión y organización sindical para la docencia. La UPR, y con especial énfasis en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, ha sido la cuna de los movimientos estudiantiles más importantes del país, con huelgas que han marcado épocas en la educación superior. Muchos docentes de la UPR fueron, también, estudiantes de la UPR en estos momentos claves.
Desde el punto de vista sindical, la UPR igualmente ocupa un lugar aventajado con respecto a las demás instituciones de educación superior. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico, que agrupa a los empleados de mantenimiento y ornato, se funda el 20 de mayo de 1939 y es reconocida por la Universidad de Puerto Rico el 29 de agosto de 1942. El SUPR formó parte de importantes centrales obreras, como la Confederación General de Trabajadores, y ha sido consistente en movilizarse militantemente para adelantar los derechos laborales de quienes representa. Décadas más tarde, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes se fundaría en el 1972 y declararía una huelga de reconocimiento que tuvo el efecto de que la UPR la aceptara como representante de los empleados de oficina, laboratorios y bibliotecas. Existe, por tanto, un ambiente de organización sindical militante en la UPR.
La Asociación Puertorriqueña se funda el 9 de marzo de 1961 en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Para las y los 74 fundadores de la APPU, esta se crea “en un momento de crisis al interior de la Universidad”, que se debía a la falta de agencia de la docencia por las transformaciones gerenciales en la universidad y la falta de autonomía que poseía la comunidad universitaria ante el control irrestricto del Rector Jaime Benítez[4]. El discurso pronunciado en la primera Asamblea General de la APPU, el 4 de noviembre de 1961, por la reconocida profesora del Departamento de Estudios Hispánicos, Margot Arce de Vázquez, da cuenta de estas transformaciones en el ámbito académico que promovió la autoorganización del cuerpo docente.
“Cada vez más las estructuras universitarias y su funcionamiento se van pareciendo a las estructuras y funcionamiento del Estado y los profesores empiezan a ser considerados tan solo como funcionarios. Sucesos recientes lo comprueban en todas partes del mundo y aún aquí en Puerto Rico. […] Si al profesor universitario le corresponde como tarea específica y propiamente suya formar a sus alumnos para que sean hombres libres, justos, fieles a sí mismos y a esa verdad que han de descubrir cada día mediante el ejercicio delicado, tenaz, generoso, desinteresado y perseverante de sus facultades intelectuales, su primer deber y responsabilidad será rescatar la universidad de su creciente institucionalización burocrática (perdónese el feo terminacho), de su carácter cada vez más abstracto, impersonal y deshumanizado. Situar de nuevo la universidad dentro de un contexto humano, devolverle su carácter esencial de libre unión de diversidades: he aquí nuestra ineludible tarea […]”[5].
Más adelante, vincula la autoridad ética que debería cumplir un profesor con la intervención activa en la vida pública, y sostiene:
“Un profesor universitario no puede encerrarse en su torre de marfil ni desentenderse de los problemas de su tiempo, de su país y de los del mundo. Ha de estar bien enterado, formarse una opinión y un juicio personal y tomar honradamente partido sobre ellos. Precisamente, la desaparición del maestro […] se debe en gran parte a esa neutralidad que se exige hoy en todas partes de los profesores […] que les impide pronunciarse, justamente sobre las cosas esenciales y que más nos importan: sobre la religión, sobre la filosofía, sobre la política” (276).
La constitución como sindicato y las relaciones con el movimiento obrero
Es importante señalar que, al crearse la APPU, si bien había un interés evidente en que esta organización activamente defendiera e impulsara los intereses de la docencia, que siempre ha vinculado con los intereses universitarios generales, esta no se fundó con la intención de convertirse en sindicato. Más bien, hubo posiciones distintas, que convivieron en su fundación: una, más “gremial”, otra, más sindical. La organización le dedicó sus primeros años de vida a intervenir en los debates a favor de una reforma universitaria que se articulaban en un proyecto de ley altamente discutido en esos años, finalmente aprobado en el 1966, con resultados mixtos. No es hasta mayo de 1970 que la APPU finalmente comienza a autodenominarse como organización sindical e incorpora a sus objetivos programáticos tres puntos relacionados al sindicalismo[6].
Los casi diez años que separan la fundación de la APPU y su declaración de constituirse como organización sindical tiene múltiples explicaciones, entre ellas las distintas visiones sobre lo que debería ser la organización y el entusiasmo que hubo en el sistema con respecto a una nueva ley universitaria y la participación activa de la APPU en este proceso.
Pero la progresión de la docencia de la APPU en términos de consciencia de clase y sindical no se da de manera aislada. En un marco más amplio, se puede afirmar que un proceso análogo ocurría en el movimiento docente en los Estados Unidos, que influirá a su vez en la isla. Organizaciones como la National Education Association, la American Association of University Professors y American Federation of Teachers se originaron como organizaciones gremiales que, con el tiempo y la experiencia, fueron aspirando y constituyéndose también como sindicatos[7]. Rodríguez Fraticelli, además, reconoce que la tendencia sindical que se encuentra en la fundación de la APPU “estaba fuertemente influenciada por el resurgimiento del sindicalismo docente en las universidades estadounidenses. Entre ellos estaban los hermanos Ramón y Arturo Meléndez”[8].
Más allá del marco universitario y docente, en el contexto puertorriqueño, también hubo un proceso importante de renovación del movimiento obrero, enmarcado en los años entre el 1969 y el 1975[9], a veces conocido popularmente y en la historiografía como el momento del “nuevo sindicalismo” por la fuerte influencia que ejerció sobre él la “nueva lucha por la independencia”[10]. No es de extrañar, por tanto, que la fundación de la HEEND haya sido en el 1972, ni que los esfuerzos exitosos de organización sindical en el sector privado se hayan dado a mediados y finales de la década.
Por supuesto, este proceso de toma de conciencia, o “radicalización”, como afirman algunos no se dio sin controversias. Como reacción a esta transformación en la APPU, que también fue acompañada por una activa participación en contra del Servicio Militar Obligatorio, de la presencia del Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) en el campus universitario y a favor de las distintas luchas obreras y estudiantiles de la época, se da una escisión en la que se crea la Organización de Profesores Universitarios (OPU).
En la década del 1970 también se aprecia una vinculación de la APPU con el resto del movimiento obrero en Puerto Rico. Así, por ejemplo, la APPU, a través de su Comité de Acción Sindical, participó del Movimiento Obrero Unido (MOU), una coordinación sindical militante y clasista que marcó estos años de renovación sindical. Cuadros de la APPU se convertirían en figuras destacadas de este movimiento, como Guillermo Bobonis, profesor de filosofía, quien fungirá por varios años como Secretario Ejecutivo del organismo[11]. Al MOU disolverse, la APPU será miembro fundador del Concilio General de Trabajadores en el 1980, con una Declaración de Principios que proponía desarrollar un sindicalismo clasista en Puerto Rico, favorecer la abolición de la explotación de la clase obrera y por una “sociedad justa” en que la clase obrera administrara la riqueza[12]. La CGT será una pieza clave del sindicalismo puertorriqueño hasta principios del siglo XX.
Un último comentario debería decirse sobre la APPU al interior del movimiento obrero. Por las particularidades del trabajo docente y la cultura universitaria, por la ausencia de incentivos materiales para el liderato de la organización y quizás también por la tensión a veces productiva entre la visión gremial y sindical, la APPU se ha caracterizado por ser un sindicato profundamente democrático. Por un periodo extenso, la Directiva de la APPU se elegía cada año; actualmente, los términos son de dos años. En escasísimas ocasiones se ha tenido una Presidencia por más de cuatro años, y solo en una ocasión fueron estos años consecutivos. A eso se le añade que ha contado con mujeres presidentas desde poco después de su fundación. La APPU, por tanto, presenta una consistente consciencia democrática al interior del movimiento obrero puertorriqueño.
Los esfuerzos de organización docente nacional
La APPU se funda en Río Piedras en el 1960 con la misión de “extender la misma a todas las instituciones universitarias que existían en la isla”[13], lo que incluía no solo a los demás recintos de la UPR sino también a las instituciones privadas. Poco después, sin embargo, el Sistema de la Universidad de Puerto Rico se expande, con la creación de 8 unidades adicionales[14]. Si bien había una intención de abarcar todas las universidades públicas, el crecimiento de la UPR llevó a la creación de Asociaciones Docentes particulares a cada recinto, cuyas historias también están por investigarse. Solo excepcionalmente hubo organizaciones de la APPU en otros recintos, como el caso de Mayagüez, poco después de fundada la APPU. Igualmente, existió la APPU en Cayey en los primeros años de los 1970, hasta que la represalia posterior a una huelga universitaria en el 1973 desarticularía ese esfuerzo con la expulsión masiva del profesorado. Por estas complejidades, la APPU se convirtió en una asociación docente de Río Piedras, a veces compitiendo con asociaciones rivales como la OPU, si bien siempre contó con miembros en otros recintos.
La década del 1980 presenta una situación paradójica. Según todos los recuentos y las entrevistas concedidas, estos fueron años de debilitamiento organizativo y de pérdida de afiliados para la APPU. Pero fueron también años en que el reclamo docente a favor de la negociación colectiva se fortalece en las demás asociaciones docentes[15]. Además, el 28 de mayo de 1987, la APPU oficialmente sometió una petición ante la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) para ser formalmente considerado como sindicato docente, aunque exclusivamente en el Recinto de Río Piedras.
Sobre esto, hay que decir algunas palabras. Cuando la APPU se declara sindicato en el 1970, sigue un modelo similar al del STUPR y la HEEND. Ninguna de estas organizaciones requirió ser reconocidas bajo las leyes del estado como sindicatos, sino que, a través de actividades concertadas, lograron que el patrono les reconozca. Así, la APPU redacta y presenta un Pliego de Peticiones en el 1971[16], y busca, en el nuevo contexto nacional de organización sindical, negociar colectivamente como lo hacían otras organizaciones universitarias. Sin embargo, ni la APPU ni ninguna asociación docente habían logrado movilizarse de manera tan contundente como estas otras organizaciones como para obligar a la UPR a negociar las condiciones laborales de la docencia. Obtuvo victorias en concesiones específicas, pero se encontraba lejos de poder aprobar un convenio colectivo con la UPR. La petición que lleva a cabo ante la JRT, tantos años luego de fundarse e incluso de constituirse como organización sindical, buscaba subsanar esta situación.
La petición de reconocimiento ante la JRT provocó que la UPR llevara el caso a los Tribunales para impedir que la docencia lograra constituir un sindicato al amparo de la ley. Entre los argumentos principales del patrono, sostenía que los docentes eran empleados gerenciales, por lo que no tienen derecho a la negociación colectiva.
La controversia legal no vino a resolverse hasta julio de 1994. Pero ese periodo entre 1987 y 1994 resultó en experiencias sistémicas (es decir, a lo largo del Sistema UPR) y de organización docente que representaron importantes avances en este relato. Si bien la docencia se encontraba organizada en distintas asociaciones, una (o más) por unidad institucional, el deseo de agruparlas bajo un esfuerzo unitario poco a poco se materializó en estos años, primero a través de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesores Universitarios (1989) y, luego, la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios (CONAPU), fundada en el 1992[17].
La vida de la CONAPU, aunque breve, marca un periodo importante en la historia de la negociación colectiva docente. Como parte del proceso de reconocimiento sindical, la APPU había empezado a articular un borrador de Convenio Colectivo, más ambicioso que el Pliego de Peticiones del 1971. Al formarse la CONAPU, esta adopta el borrador y continúa con el proceso de desarrollarlo. Más importante aún, se empieza un proceso de amplia discusión a lo largo del Sistema de la UPR. La negociación colectiva y el desarrollo de un convenio se volvió tema de discusión en todas las unidades universitarias. Finalmente, propone que de cada facultad se elija representación para constituir un Comité Negociador del Personal Docente, que se formaliza en abril del 1994. Es decir, articulan “un esquema de negociación colectiva sin sindicato”[18].
La gerencia de la UPR se niega a reconocer el Comité. Apenas unos meses después, en julio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decide en contra de la APPU, al determinar que los docentes eran empleados gerenciales.
El proceso que impulsó la CONAPU y el Comité Negociador del Personal Docente, sin embargo, se desarrolló con tal entusiasmo e independencia de la petición legal, que la decisión del Tribunal Supremo, en ese momento, no sirvió como un gran desaliento. Tan es así que la APPU llamó a un paro laboral en Río Piedras para el primer día de clases, el 22 de agosto de 1994, exigiendo que la gerencia reconociera al Comité Negociador de la CONAPU. El resultado inmediato fue positivo, ya que la gerencia estuvo obligada a entablar conversaciones con el Comité Negociador y eventualmente crear mecanismos institucionales que, en un principio, buscaban similar un proceso de negociación colectiva, primero bajo el Comité de Asuntos Laborales (CAL) y luego el Comité de Diálogo (CODI). Con el tiempo, el CODI pasará a ser repudiado por las asociaciones docentes por ser solo un simulacro, pero, en sus inicios, y con el impulso del borrador de convenio y de la CONAPU, se lograron importantes reivindicaciones económicas, como aumentos salariales anuales y mayores oportunidades de sabáticas[19].
La reorganización de la APPU
Luego de una difícil década para la APPU, los años 90 (sobre todo, los últimos años de esta década) representaron un crecimiento acelerado de la organización, educación sindical – como acompañante a la petición de reconocimiento sindical – y una militancia activa en las principales luchas de Puerto Rico, incluyendo la Huelga del Pueblo[20].
A finales de la década, dos hechos parecían hacerse evidente: el CODI, en la medida en que se institucionalizaba, perdía importancia como herramienta de negociación; y la CONAPU, a pesar de los importantes pasos que dio, carecía de la estructura necesaria para convertirse en vehículo de lucha docente. Por eso, la APPU apostó por salirse de la CONAPU y reestructurarse como sindicato nacional. Esto lo hizo creando un nuevo reglamento y estructura que permitía que en cada recinto existiera un “capítulo” APPU. La APPU se expandiría, entonces, a lo largo del Sistema UPR. La reacción inmediata en las distintas unidades fue diversa: en algunos recintos, la asociación existente se disolvía para convertirse en capítulo APPU; en otros, coexistieron o coexisten los capítulos de la APPU con las asociaciones antiguas. Luego de poco más de dos décadas, la APPU finalmente logra presencia a lo largo de la UPR, cumpliendo la intención que se trazó al fundarse[21].
En todo este proceso, la organización no ha dejado de estar presente en las luchas más importantes del país. La APPU fue un apoyo importante en las huelgas estudiantiles del 2010 y del 2017, las primeras huelgas sistémicas en la UPR. Ha sido una voz consistente contra las políticas neoliberales, oponiéndose a la Junta de Control Fiscal, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, al igual que participando activamente en los procesos contra la privatización de la energía eléctrica. Así, también, se ha insertado en las luchas populares, como las que se dieron en el Verano del 2019 y que resultaron en la renuncia del gobernador electo de Puerto Rico.
A este contexto se le debe añadir una transformación en la consciencia de clase de la docencia con el cambio de siglo. Las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI presentaron un cambio dentro de la manera en que la docencia se entendía a sí misma. Era común apreciar una ausencia de consciencia de clase dentro de la docencia universitaria, en la medida en que docentes pensaban que, por las particularidades de su trabajo, no formaban parte de la clase trabajadora. Dadas las transformaciones sociales y económicas que deterioraron las condiciones laborales de la docencia y la profundización de la política pública neoliberal, se fue haciendo más común que la docencia se concibiera dentro del marco de la clase trabajadora. Un elemento importante en este cambio fue el aumento dramático de docentes por contrato, es decir, docentes sin un puesto permanente en la UPR. Su estado de inseguridad laboral y la mayor precariedad hacía más fácil desvanecer la ilusión de una docencia desclasada. Quienes contaban con contratos a tiempo parcial, además, obtenían salarios que los ubicaban por debajo del nivel de pobreza oficial[22]. Si antes era común que sectores docentes se resistieran al discurso sindical de la APPU, estos representarían ya una minoría.
Veinte años luego del fallo del Tribunal Supremo declarando a la docencia empleados gerenciales, la APPU, el 15 de septiembre de 2015, volvió a peticionar una elección sindical en la JRT. Ya no en momentos de debilidad, sino de cierta solidez, como estructura nacional; ahora no para representar a docentes en una unidad, sino con la intención de representar a la docencia a nivel del sistema. Por razones técnicas y legales, este proceso nuevamente quedó paralizado, hasta su reactivación el 14 de septiembre de 2021. La APPU, para este momento, redefinió la unidad apropiada. Por un lado, para incluir a los docentes por contrato. Por otro lado, para eliminar de ella algunos docentes que podía argumentarse que ejercían tareas gerenciales.
La investigación que llevó a cabo la JRT al reactivar la petición determinó, contrario a lo que sostenía todavía el patrono y contrario al fallo del Tribunal Supremo, que la docencia tal como se encuentra definida en la unidad apropiada peticionada no cumplía funciones gerenciales y, por tanto, mandató a celebrar elecciones sindicales, del 23 al 26 de octubre del 2023[23]. El 3 de noviembre, la APPU fue oficialmente certificada como representante de la docencia de la UPR, con el apoyo de 97% de quienes emitieron su voto.
La negociación colectiva docente en la actualidad
El proceso para negociar un primer convenio docente en la UPR, todavía encaminado, se da en momentos de una crisis profunda en Puerto Rico, como pocas en la historia del país. Desde el 2006, Puerto Rico vive bajo una crisis económica estructural, que ha llevado a una reducción de su economía en un 20%, una emigración masiva que redunda en una reducción poblacional y el recrudecimiento de la política colonial de los Estados Unidos, bajo una Junta de Control Fiscal (JCF)[24]. El ataque a la negociación colectiva en el sector público ha sido de tal grado que se legisló para limitar la capacidad de mejorar ciertos beneficios marginales (Ley 26), además de una política impuesta por la JCF para excluir los aumentos salariales del convenio y limitarlo a ser tema para trabajarse a través de Planes de Clasificación y Retribución que deberían seguir parámetros que la misma institución colonial impone.
La política neoliberal y colonial en Puerto Rico, además, ha conllevado recortes sustanciales del presupuesto de la UPR. Actualmente, el gobierno le otorga la mitad de lo que establece la ley presupuestaria de la UPR[25].
Si la fundación de la APPU se daba en momentos de radicalización del sector docente, y su constitución como organización sindical en una época de renovación del movimiento obrero puertorriqueño, su reconocimiento oficial como sindicato se da en momentos de una crisis profunda del sindicalismo en Puerto Rico. No existe coalición similar al MOU o el CGT; sindicatos históricos han sido diezmados (como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego, o la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico) o desmovilizados por la política patronal; la tasa de sindicalización continúa decayendo y hay una falta de dinamismo por parte de los sindicatos existentes como para organizar nuevos talleres[26].
Sin embargo, también es cierto que, en el contexto del sindicalismo estadounidense – con el que, por distintas razones históricas, el sindicalismo puertorriqueño mantiene estrechos vínculos – la organización de docentes universitarios ha sido una pieza clave en la ola de organización sindical y en la expansión y democratización de las centrales obreras de los Estados Unidos. El movimiento obrero puertorriqueño, y el público más atento a las luchas sociales en Estados Unidos (incluyendo el sector patronal y el gobierno), tienen plena conciencia de la importancia del sector sindical en el movimiento obrero estadounidense.
Por el panorama descrito, el proceso de elección sindical y el eventual reconocimiento de la APPU como sindicato docente produjo gran entusiasmo en la comunidad universitaria, en el movimiento sindical e incluso en otros sectores del pueblo trabajador. Por eso, las negociaciones del primer convenio docente de la UPR han sido de un destacado interés público. Hay grandes esperanzas, quizás incluso demasiadas expectativas, puestas actualmente sobre este proceso de negociación. Se espera que el convenio pueda revertir la congelación salarial de la docencia con puestos permanentes, que hace más de una década no reciben aumento, y terminar con la extraordinaria desproporcionalidad salarial de los docentes por contrato. Las limitaciones mayores del proceso son de carácter político, más que sindical, con un presupuesto universitario tan limitado y con la imposición de una política pública neoliberal.
La elección sindical de la APPU, finalmente, ha producido entusiasmo en otras universidades del país. Ha habido cercanía entre la APPU y la Asociación de Profesores del Conservatorio de Música; docentes en la Escuela de Artes Plásticas e incluso en universidades privadas han hablado de organizar un proyecto sindical. Esto en parte se propicia también por la precariedad de la docencia por contrato, y el que muchos docentes laboren en más de una universidad. Es decir, viven en la UPR la experiencia de la sindicalización a la vez que en universidades privadas no cuentan con sindicato reconocido. El contraste sirve de incentivo para pensar proyectos organizativos. Si el convenio tiene logros importantes, sobre todo con respecto a los docentes por contrato, no cabe duda de que ese entusiasmo pudiera inspirar proyectos que contribuyan a esta historia y a la lucha por las mejores condiciones laborales de la docencia en Puerto Rico.
Notas
[1] Agradezco a Félix Córdova Iturregui, Javier Córdova Iturregui, Carlos Rodríguez Fraticelli, Lida Orta Anes, Ángel Rodríguez Rivera y Jaime Bofill por su ayuda y sus comentarios.
[2] Carlos Alá Santiago. Negociación colectiva y reingeniería universitaria. Debates en torno a la organización sindical de profesionales. Fundación Atlantea, 1998. pp. 42-51.
[3] Tribunal Supremo de Puerto Rico, “Junta de Relaciones del Trabajo, demandante y recurrida, v. Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico, demandada y peticionaria”, Decisiones de Puerto Rico, Tomo 140. pp. 407-452.
[4] Carlos Rodríguez Fraticelli. “A 50 años de la creación de la APPU”. Conferencia presentada en celebración del 50 Aniversario de la APPU. Escuela Hotelera de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, 10 de diciembre de 2011. pg 3.
[5] Margot Arce de Vázquez, “La responsabilidad del profesor universitario”. Obras Completas. Volúmen 3. Puerto Rico: lengua, educación, reforma universitaria, política, cultura y religión. Ed. Matilde Albert Robatto. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2008. p. 272-279. Las citas son de las páginas 274-275.
[6] “1) Promover el uso de la negociación colectiva como instrumento de justicia para todos los profesores universitarios de Puerto Rico; 2) Promover derechos sindicales en otras organizaciones docentes; 3) Promover la solidaridad sindical”. Citados en Vélez Cardona, “Historia y desarrollo de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)”, documento presentado en el Seminatio-Taller ofrecido a la Junta de Directores de la APPU el 13 de febrero de 1999. p. 6.
[7] “En la medida en que las instituciones crecen y expanden sus funciones, las regulaciones gubernamentales y el papeleo aumentan geométricamente, la necesidad de la organización académica por una gerencia parecida a la empresarial se hace más y más evidente. Entonces, la gerencia universitaria comienza a parecerse a la de cualquier otra organización empresarial grande. Cuando esto sucede, se ensancha el abismo que separa a los docentes de la administración. Los administradores comienzan a perder el sentido tradicional de estar entre pares y se convierten en gerentes”. Waldemiro Vélez Cardona, “La participación claustral por medio de la negociación colectiva”. Congreso de Investigación sobre la universidad. Actas de Congreso organizado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios celebrado el 13 y 14 de septiembre de 2001. Publicado por la APPU en el 2003. pp. 291-304.
[8] Rodríguez Fraticelli, “A 50 años de la creación de la APPU”, 4.
[9] César J. Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico en el siglo americano: su historia desde 1898, Ediciones Callejón, 2001. p. 326.
[10] “A partir de 1959 y durante la década del sesenta, el movimiento obrero y el movimiento independentista marcharán paralelamente guiados por diferentes ideologías: el independentismo por el nacionalismo y el movimiento obrero por el economismo. Será necesario el encuentro de ambas fuerzas con el marxismo para que pueda darse el nuevo sindicalismo que ha de caracterizar al movimiento obrero a principios de la década de 1970”. Juan Ángel Silén, Apuntes para la historia del movimiento obrero puertorriqueño. Editorial EDIL, 1978. p. 141.
[11] Carlos Carrión, “Hacia una historia del Movimiento Obrero Unido”. Pensamiento Crítico XVIII.82 (nov-dic 1995).
[12] Vélez Cardona, “Historia y desarrollo”, p. 9; Conferencia Sindical (autor), Entre la huelga del pueblo y la cumbre social. El movimiento obrero puertorriqueño en la encrucijada. p. 47.
[13] Citado en Rodríguez Fraticelli, “A 50 años de la creación de la APPU”. pg. 5.
[14] La fundación de las distintas unidades se da en las siguientes fechas: Río Piedras (1903), Mayagüez (1911), Ciencias Médicas (1950), Arecibo (1967), Cayey (1967), Humacao (1967), Ponce (1969), Bayamón (1971), Aguadilla (1972), Carolina (1973), Utuado (1978).
[15] Javier Córdova Iturregui. “Negociación colectiva y sindicación para el personal docente de la UPR”. Congreso de Investigación sobre la universidad. Actas de Congreso organizado por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios celebrado el 13 y 14 de septiembre de 2001. Publicado por la APPU en el 2003. pp. 277-285.
[16] Un resumen accesible del pliego se encuentra en Alá Santiago, Negociación colectiva y reingeniería universitaria, pp. 53-54.
[17] La CONAPU agrupó a las siguientes organizaciones docentes: la APPU, la Asociación de Profesores del Colegio Universitario de Cayey, la asociación de Profesores del Colegio Universitario de Humacao, la Asociación de Profesores de Arecibo, la Asociación de Profesores de Aguadilla, la Asociación de Profesores del RUM, la Asociación de Profesores del Colegio Regional de la Montaña, la Asociación de Profesores del Colegio Universitario de Bayamón, el Comité de Apoyo a la Negociación Colectiva en el Colegio Universitario de Tecnológico de Ponce, el Comité de Apoyo a la Negociación Colectiva en el Colegio Universitario de Carolina. Alá Santiago, Negociación colectiva y reingeniería universitaria, 56-58.
[18] Córdova Iturregui, “Negociación colectiva y sindicación docente”, 282-283; Alá Santiago, Negociación colectiva y reingeniería universitaria, 56-60. La cita es de Vélez Cardona, “Historia y desarrollo de la APPU”, 15.
[19] Alá Santiago, Negociación colectiva y reingeniería universitaria, 69-81.
[20] Conferencia Sindical, De la Huelga del Pueblo a la Cumbre Social. “La APPU tuvo una enorme proyección en todo ese proceso ya que el superintendente de la policía, Pedro Toledo y algunos legisladores de mayoría la emprendieron contra el presidente de la APPU y lo acusaban de instigador y provocador de confrontaciones en el proceso huelgario. En ese ‘verano huelgario’ los docentes vieron a la APPU por televisión y en las líneas de piquete”. Cita de Vélez Cardona, “Historia y desarrollo de la APPU”, p. 19.
[21] Las fechas de fundación de los capítulos son las que siguen: Ciencias Médicas (10 de marzo de 2004), Utuado (23 de marzo de 2004), Ponce (21 de mayo de 2004), Carolina (26 de mayo de 2005), Arecibo (4 de abril de 2013), Bayamón (16 de febrero de 2017), Cayey (30 de junio de 2017), Aguadilla (23 de mayo de 2023), Humacao (12 de septiembre de 2024). Solo en Mayagüez falta constituir un capítulo de la APPU, si bien ya hay trabajo adelantado en esa dirección.
[22] Sobre el tema de los docentes por contrato, ver: Gazir Sued, Profesores desechables, La Grieta, 2020.
[23] Junta de Relaciones de Trabajo, “Orden de elección – Caso Número P.2015-01”, emitida el 30 de agosto de 2023.
[24] Rafael Bernabe, “La crisis multinivel en Puerto Rico”. Sin Permiso (25 de abril de 2021). https://www.sinpermiso.info/textos/la-crisis-multinivel-de-puerto-rico
[25] Iyari Ríos González, “Panorama general de la situación económica en Puerto Rico”. momento crítico (11 de abril de 2024). https://www.momentocritico.org/post/panorama-general-de-la-situación-económica-de-puerto-rico-un-contexto-al-mensaje-de-estado-del-gobe
[26] Jorge Lefevre Tavárez, “Reconfiguraciones en la economía y su impacto sobre el movimiento sindical (apuntes)”. Categoría Cinco 3.2 (Verano-Otoño). https://categoria5.org/reconfiguraciones-en-la-economia-y-su-impacto-sobre-el-movimiento-sindical-apuntes/
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!