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Argentina: Nueva semana de lucha en universidades con paros y clases públicas contra el veto de Milei al presupuesto

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En el marco de un plan de lucha convocado por las federaciones sindicales universitarias, se inició ayer una nueva semana con medidas de fuerza en las universidades nacionales del país. En Corrientes y Chaco adhirieron los gremios de base de docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, un proyecto de presupuesto que profundizará los rectores en la educación superior y paritarias que no se abren, el Frente Sindical de Asociaciones de Base acordó un paro nacional los días lunes 21 y martes 22 de octubre; como así, clases públicas los miércoles frente al Congreso con réplica en todas las universidades nacionales y plenario conjunto de secretarios generales de sindicatos docentes de CONADU-FAB y CONADU Histórica.

En la Universidad Nacional del Nordeste, CODIUNNE, ADIUNNE y ATUN se plegaron a la medida de fuerza y programaron clases públicas frente al Rectorado de la UNNE en plaza 25 de Mayo en la ciudad de Corrientes. Se realizará hoy, a las 9, y participarán representantes de los tres gremios. El tema consiste en la defensa de lo público, situación de la universidad y la ciencia.

Desde CODIUNNE, sindicato que nuclea a docentes e investigadores de la UNNE, informaron que se mantienen en estado de alerta ante la escasez de fondos que garanticen el funcionamiento de las universidades nacionales.

Por otra parte, hoy también se realizará un festival en Defensa de la Universidad Pública organizado por la FUNE y centros de estudiantes de la UNNE, en horas de la tarde, en el Campus Deodoro Roca de la ciudad de Corrientes.

En tanto, los gremios docentes manifestaron su apoyo a los estudiantes que realizaron una toma simbólica en el Campus Resistencia de la UNNE donde se realizan clases públicas. El acceso no se restringe a los estudiantes que deben asistir a clases.

«Con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible», indica la convocatoria al paro de las federaciones gremiales docentes que convocaron a la medida de fuerza de 48 horas y cuya primera medida fue ayer. El acatamiento es dispar, con profundización en algunas unidades académicas.

Según un informe de docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, el presupuesto universitario anual ejecutado en 2024 será del 30%, inferior al de 2023 en términos reales (ajustado por inflación). El proyecto de presupuesto 2025 es de 40%, inferior al de 2023. «Inevitablemente, las actividades de enseñanza, investigación y extensión se verán afectadas, reducidas o eliminadas, comprometiendo la calidad educativa», alertan desde las casas de altos estudios.

Diario Epoca

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Un tercio de los españoles juzga que el sistema educativo es el principal problema de los niños

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Un tercio de los españoles juzga que el sistema educativo es el principal problema de los niños

José Luis Fernández

El 30,2% de españoles cree que el principal problema de los niños es el sistema educativo en nuestro país, el 30,1% asegura que es la carencia de educación y valores, como el respeto, la responsabilidad y el esfuerzo, y para el 20,3% las dificultades económicas de sus familias.

Así lo refleja el primer estudio que realiza el CIS sobre ‘Fecundidad, familia e infancia’, el cual aborda aspectos muy vinculados con la educación y, particularmente, con la caída demográfica.

A la pregunta específica de cuáles son, a juicio de los encuestados, los tres problemas principales que tienen los niños en España, casi un tercio de la población, un 30,2% afirma que el sistema educativo en lo concierne a su calidad, nivel, recursos públicos, etcétera.

En segundo lugar, el 30,1% señala como otro de los grandes problemas que acusan los más jóvenes en edad escolar la carencia de educación y valores, esto es, el respeto, la responsabilidad o el esfuerzo, por ejemplo.

A distancia, para un 19,8% de españoles un tercer problema sería la adicción a las pantallas, en tanto que, ya a distancia, el 9,6% considera que lo es el acoso escolar y un 8% el uso excesivo de RRSS por parte de los menores.

Cierran el listado de preocupaciones que los españoles estiman que más afectan a la nueva generación el fracaso o abandono escolar temprano, con un 2,5% que ven en ello un serio problema, un 0,8 el acoso por redes sociales y un 0,6 la exposición a la pornografía.

También se le pregunta a los españoles en este pionero estudio del CIS por su la circunstancia de haber tenido su primer hijo le ha supuesto o le supuso algún cambio en su vida, y contesta un 8,9% del total de personas entrevistadas que tuvo que dejar de estudiar antes de los deseado por esta razón.

Querer y no poder

Con todo, y ligando con el problema de demografía en España que está poniendo en riesgo la continuidad de determinados centros educativos, en especial durante las primeras etapas, de la encuesta conocemos también que al 58,9% de los encuestados que no tienen hijos les hubiese gustado tenerlos, mientras que a un 36,7% no.

Sobre el número idóneo de hijos, el 49,8% coincide en que dos hijos es lo ideal, un 27,4% ha asegurado que lo mejor son tres. Pero la realidad es otra, a la luz de las últimas estadísticas.

En este marco, al preguntar por las razones por las que la gente no tiene hijos, un 77,3% asegura que “por falta de medios económicos”, un 44,1% “por problemas de conciliación de vida laboral y familiar” y, en tercer lugar -un 26,4%- dice que “por no entorpecer la carrera profesional”.

Sobre la edad ideal para tener hijos, un 50,1% afirma que para la mujer es entre los 25 y los 29 años. Además, el 63,2% cree que de los 31 a los 40 años es cuando las mujeres pierden de forma importante la probabilidad de lograr un embarazo, en el caso de los hombres la franja de perder posibilidades para tener hijos es de los 41 a los 50, según el 33,8%.

Sobre algunas situaciones que se plantean los encuestados a la hora de tener hijos está el precio de la vivienda en nuestro país, algo que preocupa al 40,7% de las personas, el nivel de desempleo en España también es una preocupación para el 35,5%.

Curiosamente, en contraste con la caída demográfica que afecta a España, el 93,1% de los encuestados está “muy de acuerdo o de acuerdo” en que ver crecer a los hijos es el mayor placer de la vida, si bien el 80,7% coincide en que los hijos suponen una carga económica para los padres y un 69,9% está “muy de acuerdo o de acuerdo” en que tener hijos reduce las oportunidades de trabajo y progresión profesional de uno de los padres o de ambos.

Por otro lado, un 58,3% está “muy en desacuerdo o en desacuerdo” con que tener hijos mejora el prestigio social de la gente en sociedad, prueba del cambio de paradigma socioantropológico en este contexto.

A todo esto, el 53,7% de las personas cree que tener hijos afecta más a la madre en cuanto a la reducción de oportunidades de trabajo, frente a un 0,5% que asegura que afectan más al padre. Y un 15,1% afirma que afecta a ambos por igual.

Un 19,4% de las personas asegura que haber tenido su primer hijo le ha limitado sus oportunidades de promoción profesional, un 15,3% afirma que ha aceptado un trabajo por debajo de su formación y un 15,6% ha reducido su actividad laboral. En cuanto a las mujeres, el porcentaje aumenta y son un 29,2% las que reconocen que se han limitado sus oportunidades de promoción frente al 9% de los hombres.

Estos y otros datos se encuentran recogidos en la encuesta sobre fecundidad, familia e infancia que se ha realizado del 11 al 19 de septiembre con una muestra de 5.742 entrevistas.

Fuente de la Información: https://exitoeducativo.net/un-tercio-de-los-espanoles-juzga-que-el-sistema-educativo-es-el-principal-problema-de-los-ninos/

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Costa de Marfil disuelve los sindicatos de estudiantes tras el asesinato de dos alumnos

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El gobierno de Costa de Marfil ha disuelto todos los sindicatos de estudiantes del país tras el asesinato de dos alumnos presuntamente por miembros de una influyente asociación estudiantil, informó el Ejecutivo.

 

El Consejo de Seguridad Nacional (CNS), reunido el pasado jueves bajo la presidencia del jefe del Estado, Alassane Ouattara, respaldó «la disolución de todas las asociaciones sindicales de estudiantes», afirmó el Gobierno en un comunicado emitido la pasada noche.

 

La decisión se tomó «tras el asesinato de dos estudiantes, miembros de la Federación Estudiantil y Escolar de Costa de Marfil (FESCI, en sus siglas en francés), por personas identificadas como también miembros de esta Federación», añadió la nota oficial.

 

Ese sindicato ha sido acusado de aterrorizar las universidades de Abiyán, capital económica y mayor urbe de este país de África occidental.

 

Un total de 17 miembros han sido detenidos en relación con los asesinatos de dos estudiantes en agosto y septiembre.

 

Uno de los fallecidos es Zigui Mars Aubin Deagoue, rival del líder de la FESCI, Sie Kambou, que se encuentra entre los sospechosos arrestados.

 

La FESCI ha sido también acusada de ejercer un monopolio de facto en la adjudicación de viviendas universitarias a precios fijados por sus dirigentes.

 

A ese respecto, un total de 28 estudiantes han sido arrestados en Abiyán y Bouaké (centro) y unas 5.000 personas expulsadas de las residencias estudiantiles, según el Consejo de Seguridad.

 

En varias redadas relacionadas con la FESCI, las fuerzas de seguridad han requisado un lote de armas, incluidos 107 machetes y granadas.

 

Establecida en la década de los años noventa del pasado siglo, la FESCI fue originalmente un movimiento de protesta contra el partido gubernamental.

 

Entre sus primeros líderes se encontraba Guillaume Soro, que fue primer ministro de 2007 a 2012 y presidente de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, de 2012 a 2019.

 

Otro antiguo líder de la FESCI, Charles Blé Goude, se convirtió en asesor de Laurent Gbagbo, presidente marfileño desde 2000 hasta 2010.

 

Ambos exdirigentes del sindicato estuvieron implicados en la violencia política de la crisis postelectoral de 2010-2011, que causó la muerte de más de 3.000 personas en Costa de Marfil.

https://www.infobae.com/america/agencias/2024/10/19/costa-de-marfil-disuelve-los-sindicatos-de-estudiantes-tras-el-asesinato-de-dos-alumnos/

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España: Sin teléfonos móviles hasta los 14 años ni redes sociales hasta los 16: esta es la propuesta del PSOE que debatirá el Congreso

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Entre las medidas que han propuesto están la prohibición del deslizamiento sin fin (‘scroll’ infinito), las notificaciones en tiempo real o la reproducción automática de vídeos o juegos.

Prohibir el scroll infinito en redes sociales o las notificaciones constantes en tiempo real, así como recomendar no usar los smartphones hasta los 14 años y las redes sociales hasta los 16. Estas son algunas de las medidas que el Congreso debatirá este martes 22 de octubre, como parte de la Proposición No de Ley (PNL) que busca reforzar la protección digital de la juventud ante el impacto de las redes sociales y el uso de dispositivos electrónicos.

La iniciativa presentada por el PSOE se sustenta en informes y estudios que alertan de los riesgos que el uso inadecuado de las redes sociales puede tener en la autoestima y bienestar de los menores. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2022 el 10,8% de la población joven en España, entre 15 y 24 años, admitía un uso problemático de internet.

“Las redes sociales no suelen mostrar la realidad e impactan de manera importante en la autopercepción, generando graves perjuicios a los jóvenes que persiguen una forma de ‘vida perfecta’ o estereotipos imposibles de alcanzar”, menciona el texto. Un mal uso de redes sociales se asocia a menor nivel de autoestima y más problemas de salud mental, como depresión o ansiedad, describen.

 

De gestionar el tiempo de uso a móviles éticos por defecto

Entre las acciones que el PSOE propone se encuentran la prohibición de características de diseño consideradas perjudiciales, como el deslizamiento sin fin de contenido (scroll infinito), las notificaciones constantes en tiempo real o la reproducción automática de vídeos. Estas funciones, señalan, están diseñadas para mantener al usuario enganchado, lo cual podría derivar en comportamientos adictivos, especialmente entre los más jóvenes. Además, el PSOE quier impulsar una recomendación de no uso de teléfonos móviles hasta los 14 años y, postergar el acceso a internet y redes sociales hasta los 16.

La PNL también contempla la creación de herramientas accesibles que permitan gestionar el tiempo de uso y el tipo de contenido que se consume, fomentando así una “desintoxicación digital”. Asimismo, se propone la puesta en marcha de programas de formación dirigidos a las familias para que los padres puedan gestionar de forma adecuada el acceso de sus hijos a redes sociales y dispositivos electrónicos.

El Grupo Socialista enfatiza la necesidad de promover una normativa que garantice que los servicios digitales sean éticos por defecto, evitando patrones opacos y técnicas de manipulación que busquen monetizar los datos personales de los jóvenes.

 

Desde hace meses, el Gobierno ha puesto en marcha un plan para atajar la adicción en las pantallas en menores. Ya el pasado mes de junio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales, un ambicioso plan que obliga a los fabricantes de dispositivos digitales a incorporar sistemas de control digital parental para que puedan ser activados por los padres o tutores, de forma que sean los adultos quienes decidan qué aplicaciones, servicios y contenidos restringen a los menores. Los productos como móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes también deberán incluir una advertencia sobre los riesgos de su uso inadecuado.

La propuesta socialista subraya que, aunque las plataformas digitales han traído beneficios sociales, también han generado desafíos que requieren de una regulación más estricta para proteger la salud mental de los jóvenes. Según la OMS, 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por problemas de salud mental, y una de cada ocho personas sufrirá un trastorno mental a lo largo de su vida. En este contexto, la iniciativa busca limitar el impacto negativo de la tecnología en la vida de los adolescentes, apostando por una protección digital más efectiva.

 

https://www.infobae.com/espana/2024/10/19/sin-telefonos-moviles-hasta-los-14-anos-ni-redes-sociales-hasta-los-16-esta-es-la-propuesta-del-psoe-que-debatira-el-congreso/?outputType=amp-type#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17293539130400&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

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Activistas alertaron sobre el riesgo de negar educación a niños migrantes en distritos escolares de EEUU

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Activistas alertaron sobre el riesgo de negar educación a niños migrantes en distritos escolares de EEUU.

En Saugus, Massachusetts, una nueva normativa escolar genera preocupación entre defensores de los derechos civiles que temen que los cambios en los requisitos de residencia excluyan a estudiantes inmigrantes sin documentos

Activistas advierten que las nuevas políticas escolares podrían negar el acceso a la educación a los niños inmigrantes en distritos de EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activistas advierten que las nuevas políticas escolares podrían negar el acceso a la educación a los niños inmigrantes en distritos de EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Saugus, Massachusetts, una reciente política educativa generó preocupación entre activistas y defensores de los derechos civiles. The San Diego Union Tribune informó que el comité educativo del distrito introdujo nuevas normas que exigen pruebas de residencia legal para inscribir a los estudiantes en las escuelas. Según críticos, estas medidas podrían estar dirigidas a excluir a los estudiantes inmigrantes. Oren Sellstrom, director de litigios de Lawyers for Civil Rights, afirmó: “La política en sí es ilegal”. Agregando que las escuelas deberían “dar la bienvenida y educar a todos los niños que se encuentren en el distrito”.

El debate sobre la inclusión de niños inmigrantes en las escuelas se ha intensificado a nivel nacional y no se limita a los suburbios de Boston. El medio antes mencionado señaló que en estados como Oklahoma, Texas y Tennessee, los políticos conservadores cuestionan si estos menores sin residencia legal tienen derecho a una educación pública, lo que podría motivar demandas contra decisiones previas de la Corte Suprema, como el histórico fallo Plyler vs. Doe que garantiza el acceso a la educación de estos niños.

En respuesta a los cambios en Saugus, Vincent Serino, presidente del comité educativo, defendió las nuevas exigencias como un esfuerzo por “mejorar” las normativas de residencia y aseguró que no se busca negar el acceso a la educación a los migrantes. Sin embargo, unos residentes experimentaron dificultades. Una madre nicaragüense, que pidió el anonimato, relató a The San Diego Union Tribune que tardó más de seis meses en inscribir a su hijo debido a los estrictos requerimientos de documentación.

El impacto de la política migratoria en el sistema educativo estadounidense ha sido objeto de preocupación por varias entidades. Durante un evento reciente, el director educativo de Oklahoma, Ryan Walters, anunció que se proporcionarán directrices a los distritos para recoger información sobre “los costos y la carga” de la inmigración ilegal en el sistema educativo. Walters criticó al gobierno federal por no proteger adecuadamente la frontera, aseverando que “nuestras escuelas están sufriendo las consecuencias de ello”, de acuerdo al medio.

En Saugus, Massachusetts, los cambios en los requisitos de inscripción escolar generan preocupación por la exclusión de estudiantes sin documentos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de Texas, Greg Abbott, sugirió en 2022 que el fallo de Plyler vs. Doe debería revaluarse legalmente y que el gobierno federal debería asumir los costos de la educación para los estudiantes que no son residentes legales. Esto desencadenó críticas de defensores de los inmigrantes y de la Casa Blanca. A pesar de los esfuerzos de los legisladores republicanos en Texas para prohibir la inscripción de niños no ciudadanos en las escuelas públicas, las propuestas no lograron avanzar.

En este ambiente, algunos distritos escolares decidieron resistir las presiones, reafirmando su compromiso de no revisar el estatus migratorio de los estudiantes. Por ejemplo, Chris Payne, portavoz del distrito escolar de Tulsa, reiteró a The San Diego Union Tribune que “la ley federal es bastante clara en este tema: le prohíbe a los distritos preguntar a los estudiantes o sus familias sobre su estatus migratorio o requerirles documentos de ciudadanía”.

A pesar de la resistencia de ciertos sectores, otras voces continúan abogando por cambios legislativos. La conservadora Fundación Heritage instó a los estados a aprobar leyes que obliguen a las escuelas a cobrar matrículas a familias inmigrantes sin residencia legal como estrategia para llevar el tema ante la Corte Suprema, en un intento por revisar la “desacertada decisión de Plyler vs. Doe”, como lo califica la fundación.

Mientras tanto, el contexto político sigue siendo un factor determinante en el desarrollo de estas políticas. Según Tom K. Wong, director del Centro de Estudios Migratorios en la Universidad de California en San Diego, el entorno político actual permite que “políticas antes extremistas” se integren al “discurso común”.

Cabe señalar que los cambios en las políticas de admisión en Saugus coincidieron con una declaración de emergencia por parte de la gobernadora demócrata Maura Healey, derivada de una crisis migratoria en el estado que vio un aumento significativo en el número de familias en albergues estatales.

https://www.infobae.com/estados-unidos/2024/10/17/activistas-alertaron-sobre-el-riesgo-de-negar-educacion-a-ninos-migrantes-en-distritos-escolares-de-eeuu/

 

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Análisis: Educación pública en Venezuela está en «emergencia» por la escasez de docentes

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La secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Leila Escobar, precisó que hay unos 200.000 docentes en condición de jubilados, una cantidad que serviría para solventar la demanda actual «si hubiese una real política salarial», que sea lo suficientemente rentable como para que estos vuelvan a las aulas.

 

 

La educación pública en Venezuela está en «emergencia» debido, entre otras razones, a la escasez de docentes, según el gremio, una situación que el Gobierno intenta resolver con varios programas, entre los que destaca un llamado a jubilados a reincorporarse y varias ofertas que buscan convencer a los maestros que dejaron las aulas por los bajos salarios.

 

Según estimaciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), también difundidas por la Federación Venezolana de Maestros (FVM), se necesitan cerca de 250.000 docentes para cubrir las aulas de educación inicial, primaria y secundaria que quedaron sin instructores en la última década, cuando el país atravesó una profunda crisis económica.

 

Por ello, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, promete ayudas a los docentes y les pide, «por amor a la vocación», que vuelvan a enseñar a los millones de niños y adolescentes que llevan años recibiendo una educación incompleta, afectada también por la falta de agua, alimentos y luz en las escuelas y por el costo del transporte.

 

Oferta «burlesca»

Para la secretaria general de la FVM, Leila Escobar, las promesas del Ejecutivo son una oferta «burlesca», sobre todo la referida a créditos para los maestros, pues -recuerda- el salario de este colectivo se ubica en menos de 30 dólares mensuales, más allá de que reciban otros 130 dólares en bonificaciones.

 

Entonces, explicó, cualquier crédito consumirá por completo sus ingresos a la hora de hacer el primer pago, por lo que esa oferta -considera- no convencerá para volver a las aulas a los docentes que están hoy «arreglando cabello, pintando uñas, haciendo tortas, haciendo arepas, limpiando casas, cuidando viejitos» o en cualquier tarea que les genere mejor remuneración que la enseñanza.

 

Destaca que los protagonistas del «hecho educativo» son los docentes y los alumnos, por lo que los programas deben ir enfocados a atender las necesidades de ambos, así como de las escuelas, cuyo total nacional presenta fallos o deterioro de la infraestructura y falta de materiales de trabajo.

 

Aunque el pasado 30 de septiembre, a propósito del inicio del año escolar, el Gobierno informó de reparaciones en 8.000 instituciones educativas, la FVM subraya que hay más de 20.000 que no fueron atendidas por las autoridades y que presentan «las mismas carencias o peores».

 

«Si vemos todos esos multifactores que no están atendidos, no podemos hablar de calidad educativa», remarcó.

 

Medidas de «emergencia»

Las resoluciones anunciadas por el Ministerio de Educación -una cartera que está siendo reestructurada- son medidas de emergencia, propias de la situación que vive el sector, o así lo ve Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAB.

 

El profesor recuerda que el Estado debe garantizar los niveles obligatorios de formación a millones de niños y adolescentes, una tarea que se cumple a trozos, pues los alumnos están pasando de un año escolar a otro sin recibir clases sobre asignaturas específicas, algo que se nota especialmente en el bachillerato, donde escasean los docentes de ciencias exactas y sociales.

 

Sobre la decisión del Gobierno de devolver a las aulas a todos los docentes del sector público que estaban desempeñando otras tareas, Calatrava cree que se trata de una acción correcta, tomando en cuenta el panorama, pero insiste en que «no debería ser la única medida ni debería ser la medida estrella».

 

En cambio, aclara, es necesario «que nuevamente las escuelas de educación (en las que las universidades forman a los futuros profesores) estén atestadas de gente» y no desérticas como han estado en el último quinquenio, según los registros de la UCAB y la FVM.

 

Solo en la UCAB, se graduaron unos 40 jóvenes como nuevos docentes en 2023. Este número, que según Calatrava representa el 1% del total nacional, sugiere que, en el mejor de los casos, Venezuela ganó 4.000 nuevos profesores el año pasado, un ritmo que tardaría 60 años en suplir las vacantes existentes.

 

https://www.bancaynegocios.com/analisis-educacion-publica-en-venezuela-esta-en-emergencia-por-la-escasez-de-docentes/

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Sector universitario se moviliza en contra de la privatización educativa en Argentina

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Los estudiantes y docentes argumentan que esta falta de presupuesto afecta gravemente la salud y la educación de la población.

En Buenos Aires, se reportan las masivas movilizaciones del sector universitario en respuesta a la decisión del presidente Javier Milei de desfinanciar las universidades de la República Argentina. Este conflicto ha tomado mayor fuerza desde la segunda etapa de reclamos, que superó en número y en intensidad la primera marcha del pasado 3 de abril.

A pesar de que más de un millón de personas se congregaron en Plaza de Mayo, el gobierno y el Congreso mantuvieron su postura, ratificando el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Los estudiantes y docentes argumentan que esta falta de presupuesto afecta gravemente la salud y la educación de la población.

La retórica del presidente, quien sostiene que «ningún pobre llega a la universidad pública» y que esta solo beneficia a «niños ricos», ha provocado un profundo descontento. Muchos estudiantes, que son la primera generación de universitarios en sus familias, se sienten atacados y estigmatizados por el gobierno.

 

Frente a esta situación, se han realizado asambleas nacionales en diversas universidades, donde se expresa la necesidad de defender la educación pública y la soberanía del país. Más de 100 universidades están actualmente tomadas, y se lleva a cabo un paro de 24 horas contra el desfinanciamiento.

La consigna de los movilizados sigue siendo clara: la lucha por los derechos y la defensa de la educación pública.

 

https://www.telesurtv.net/sector-universitario-se-moviliza-en-contra-de-la-privatizacion-educativa-en-argentina/

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