En Girón capacitarán a domicilio a las familias con miembros que tienen discapacidad
El Gobierno de Girón firmó un convenio con la UDES para dictar capacitaciones extramurales relacionadas con los derechos y acceso a la salud que tienen las personas en situación de discapacidad.
Para algunas familias integradas por personas con discapacidad el tema económico suele ser complicado.
En muchas oportunidades, trasladarse de sus viviendas a las IPS a las que pertenecen les puede costar una ‘platica’ con la que contaban para otras situaciones, pero las emergencias no dan espera.
Por tal razón, la Secretaría de la Población con Discapacidad (SPCD) de Girón anunció que en los próximos días se realizarán jornadas de capacitación para los responsables de personas en esta condición y así evitar desplazamientos y gastos innecesarios a sus centros de salud.
Jhon Forero, vocero de la SPCD, aseguró que “esto es un convenio con la Universidad de Santander, UDES, para dictar capacitación en Atención Primaria en Salud, dirigida a cuidadores o familiares de personas con discapacidad.
“Es decir, enseñar al cuidador algunas técnicas para prevenir alteraciones mayores en la salud en las personas con discapacidad, y enseñar algunos elementos básicos de actuaciones”, dijo Forero.
Con estos conocimientos, sostuvo el funcionario, para los responsables ya no será necesario ir presencialmente a terapias o a los establecimientos en salud, sino que tendrán autonomía con base a lo aprendido por los profesionales que los capacitó.
Asesorías jurídicas
Adicional al tema terapéutico y de salud, la SPCD local precisó que ahora contarán con un consultorio jurídico en el que podrán asesorarse para temas legales que requieran del apoyo de un profesional.
“Empezaremos mañana (hoy) con el consultorio y estará disponible en la sede de la Secretaría, en Rincón de Girón parte alta.
“El horario de atención será los días martes, de 8:00 a 12:00 del mediodía y los miércoles de 8:00 a 12:00 del mediodía y de 2:0 a 6:00 p.m.”.
Fuente de la Información: https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/en-giron-capacitaran-a-domicilio-a-las-familias-con-miembros-que-tienen-discapacidad-KD3555682
25 de marzo: Jornada Nacional de Lucha de la docencia en todas las Universidades Nacionales
La Federación Nacional de Docentes Universitarios/as y preuniversitarios/as realizará este jueves 25 de marzo, una Jornada Nacional de Lucha en reclamo de la urgente convocatoria a la Mesa Nacional de Negociación Salarial para discutir la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, así como las condiciones de trabajo que continúan afectadas en el marco de la pandemia mundial.
En este sentido, CONADU Histórica reclama que ningún aumento esté por debajo de la inflación, cláusula gatillo y un programa de recuperación progresiva del salario, en camino a la media canasta familiar para el cargo testigo (Auxiliar de 1ª con 20 horas semanales). Además, demanda el reconocimiento de gastos por conectividad, equipamiento, mobiliario, servicios de electricidad y telefonía, etc. para la continuidad de las clases virtuales mientras dure la pandemia.
Tal como lo definió el Congreso Extraordinario de la Federación, cualquier regreso progresivo a las actividades de manera presencial, debe ser previamente acordado en paritarias particulares con plena participación de las asociaciones de base, con las pertinentes habilitaciones de la autoridad sanitaria y con condiciones de bioseguridad que preserven la salud de las y los docentes y de la comunidad universitaria en su conjunto. En ese sentido, se exigen el pleno respeto a los acuerdos alcanzados en la Comisión Nacional de Condiciones y Ambiente de Trabajo, en especial al régimen de dispensas y licencias para los grupos vulnerables, con la cobertura de las suplencias que ello demande; así como también que se avance con la regularización de docentes de la planta interina y contrataciones, pago a docentes ad-honorem, ascensos de Auxiliares de 1ª (cargos ocupados mayoritariamente por docentes mujeres) y actualización del nomenclador preuniversitario.
De no haber respuesta a las demandas, este viernes sesionará el Plenario de Secretarías Generales que le pondrá fecha al paro de 48 horas ya aprobado en el Congreso.
* Equipo de Comunicación de la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica-CTA)
Fuente de la Información: http://www.agenciacta.org/spip.php?article32514
La historia detrás de uno de los compromisos ambientales más importantes de Costa Rica es como un cuento de hadas legal.
Todo comenzó hace casi 30 años, con un joven que quería detener la contaminación en su barrio y terminó con una reforma constitucional. Los impactos de los esfuerzos del niño se extienden hasta el día de hoy.
En 1992, un arroyo que serpenteaba a través de un pequeño pueblo cerca de la capital, San José, era el sitio donde los lugareños arrojaban su basura. Al no tener un sistema de gestión de desechos adecuado, los residuos terminaban amontonados en sus orillas.
Frustrado por la situación, Carlos Roberto Mejía Chacón, de 10 años, presentó un recurso de apelación ante la Sala Constitucional de Costa Rica contra el municipio local.
Permitir que el río sea utilizado como vertedero, argumentó, violaba el derecho humano a la vida, que requiere condiciones adecuadas y vías fluviales limpias y protegidas.
La cámara se puso del lado de Chacón un año después y ordenó al municipio limpiar la basura y comenzar a manejar adecuadamente los desechos de los residentes.
Pero la decisión también tuvo un signficado mucho más profundo.
Un medio ambiente limpio y saludable es una base fundamental de la vida humana, al igual que los ecosistemas equilibrados, la biodiversidad y otros elementos de la naturaleza de los que dependen las personas, razonaron los jueces.
Al igual que la alimentación, el trabajo, la vivienda y la educación, un medio ambiente sano en todos los aspectos debe considerarse un derecho humano.
Esta notable conclusión no solo estableció un nuevo estándar legal para los tribunales de todo el país. También impulsó la decisión de tallar el derecho humano a un medio ambiente saludable en el ADN legal de Costa Rica durante una reforma constitucional en 1994, recuerda la abogada Patricia Madrigal Cordero.
FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES, El derecho humano a un medio ambiente saludable reconoce que la naturaleza es la piedra angular de una existencia humana digna.
Desde entonces, el derecho constitucional ha ayudado a guiar muchas de las políticas ambientales ampliamente elogiadas, aunque lejos de ser perfectas, de Costa Rica. Además, ha repercutido en el paisaje y la cultura del país.
«Creo que Costa Rica sería diferente si no estableciéramos esa relación entre los derechos humanos y el medio ambiente«, dice Cordero, quien estuvo involucrada en el proceso legislativo de 1994.
El derecho humano a un medio ambiente saludable, que abarca ecosistemas limpios y equilibrados, una rica biodiversidad y un clima estable, reconoce que la naturaleza es la piedra angular de una existencia humana digna, en consonancia con una gran cantidad de evidencia científica que vincula el bienestar humano y el mundo natural.
Las personas dependen de ecosistemas prósperos que limpian el agua y el aire, producen mariscos y polinizadores y absorben gases de efecto invernadero. Reconocer este vínculo legalmente puede fortalecer enormemente los derechos humanos.
Pero igualmente importante, señala Cordero, es que el derecho proporciona una base poderosa para proteger la naturaleza misma.
En una crisis ambiental global que se agrava, algunos académicos han argumentado que el derecho a un ambiente saludable actúa como una vía legal crucial para proteger el mundo natural, tanto al alentar a los gobiernos a aprobar leyes ambientales más estrictas como al permitir que los tribunales responsabilicen a los infractores.
Especialmente cuando se instalan en las constituciones, estos derechos son tomados en serio por muchos sistemas judiciales y se vuelven difíciles de deshacer, creando una fuerza duradera que contrarresta los intereses contra la protección de la naturaleza.
Políticas ambientales más sólidas
Pero aunque existe un claro consenso científico sobre los beneficios de la naturaleza para las personas, la evolución de la naturaleza como derecho humano ha sido notablemente irregular en todo el mundo.
Hoy en día, muchos países de América Latina están avanzando, mientras que Europa y América del Norte están algo rezagados.
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Aunque existe un claro consenso científico sobre los beneficios de la naturaleza para las personas, la evolución de la naturaleza como derecho humano ha sido notablemente irregular en todo el mundo.
Desde la primera mención del derecho a un medioambiente saludable en la Declaración de Estocolmo en 1972 –como resultado de la primera gran conferencia ambiental-, unos 110 países lo han reconocido constitucionalmente.
Si bien su impacto varía en todo el mundo, ha creado un poderoso baluarte contra una marea creciente de destrucción ambiental en muchos países, como Costa Rica, Colombia y Sudáfrica, ya que más naciones parecen estar preparadas para seguir su ejemplo.
Por supuesto, reconocer el derecho «no es una varita mágica que podamos usar para resolver todos nuestros desafíos», dice el abogado ambientalista David Boyd,quien es nombrado relator especial sobre derechos humanos y medio ambiente en las Naciones Unidas.
«Es un catalizador para mejores acciones», agrega.
De hecho, algunas de las investigaciones de Boyd han revelado que los países con derecho a un medio ambiente saludable -u otros mandatos ambientales- en sus constituciones, tienden a tener políticas ambientales más sólidas en general.
También es más probable que obtengan mejores resultados en las métricas de desarrollo sostenible, según estudios del economista Chris Jeffords de la Universidad de Indiana en Pensilvania.
Dicho esto, Jeffords advierte que es complicado analizar la causa y el efecto: ¿son los derechos en sí mismos los que conducen a estos beneficios, o es más probable que los países ambientalmente progresistas adopten tales derechos?
En el caso de Costa Rica, la respuesta parece ser un poco de ambos.
Aunque el programa de políticas y legislación ambiental comenzó mucho antes de 1994 en el país, las protecciones ambientales se han vuelto más sólidas desde que se introdujo formalmente el derecho constitucional, explica Cordero, quien además se desempeñó como viceministro del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica de 2014 a 2018.
Además de obtener el 98% de su energía de fuentes renovables, Costa Rica ha protegido una cuarta parte de su tierra como parques o reservas nacionales y ha reforestado vastas franjas de tierra que alguna vez estuvo degradada.
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Costa Rica obtiene el 98% de su energía de fuentes renovables.
A lo largo de los años, el tribunal constitucional del país ha escuchado cientos de casos relacionados con el derecho, a menudo encontrando violaciones, dice Cordero.
Ha dictaminado que la matanza de tortugas marinas verdes en peligro de extinción es inconstitucional, así como la tala del almendro de montaña, que es utilizado por el gran guacamayo verde en peligro crítico de extinción,ilegalizando efectivamente ambas prácticas.
La moratoria del país sobre la exploración petrolera y la minería a cielo abierto también se remonta a demandas por el derecho a un medio ambiente saludable, agrega Cordero.
Una carta de triunfo en los tribunales
Casos similares se han presentado en muchos otros países latinoamericanos que han abrazado el derecho, como Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, dice César Rodríguez-Garavito, experto internacional en derechos humanos y derecho ambiental de la Universidad de Nueva York.
Allí, Rodríguez-Garavito dice que tales leyes también han moldeado la forma en que los periodistas enmarcan los problemas ambientales, como algo a lo que la gente tiene derecho, en lugar de una sola consideración política, y han empoderado a los movimientos de justicia social para movilizar al público, lo que en sí mismo puede disuadir potenciales infractores.
En los tribunales, los derechos humanos actúan como cartas de triunfo, generando argumentos legales más poderosos sobre otras consideraciones, como la libertad económica.
Y en algunas jurisdicciones, como Colombia, «si se puede demostrar que un derecho fundamental está en juego, básicamente se puede acelerar el caso en los tribunales. Así que eso se hace para decisiones mucho más rápidas», agrega.
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Costa Rica ha dictaminado que la matanza de ciertos animales en peligro de extinción es inconstitucional y, por lo tanto, ilegal.
Como mínimo, el derecho a un medio ambiente saludable ha ayudado a ralentizar los procesos de destrucción del hábitat, argumenta Rodríguez-Garavito.
Esto, particularmente durante el auge de las materias primas de la década de 2000, que empujó el precio de los metales a niveles sin precedentes, produciendo una presión casi insuperable para abrir las selvas tropicales y otros ecosistemas delicados a la minería.
«Si no hubiera habido una fuerte protección constitucional, apuesto a que tanto los derechos ambientales como los derechos de los pueblos indígenas habrían sido básicamente eliminados», dice Rodríguez-Garavito.
Por supuesto, esto no significa que la naturaleza esté suficientemente protegida en América del Sur: la deforestación continúa y la región sigue siendo la más mortífera para los activistas ambientales. Al igual que con otros derechos humanos, «hay una brecha en la implementación», señala.
Esa brecha también existe en Sudáfrica, donde el derecho se encuentra enclavado en su famosa y progresista constitución de 1996. Pero el país sigue siendo marcadamente desigual, tiene algunos de los aires más contaminados del mundo y muchas comunidades padecen enfermedades respiratorias.
A menos que las personas vayan a los tribunales, «no verás que se cumple ese derecho», dice Pooven Moodley, abogado de derechos humanos de Natural Justice, una organización sin fines de lucro que trabaja con comunidades locales en África para brindar apoyo legal en cuestiones de justicia ambiental.
Si bien hasta ahora no muchas comunidades han acudido a los tribunales, está comenzando a suceder cada vez más, dice.
«Es absolutamente clave, porque es algo a lo que podemos referirnos, algo que podemos (usar) para desafiar otras leyes o prácticas, ya sea por parte de los gobiernos o del sector privado», agrega Moodley.
A pesar de que la isla de Fiji adoptó la legislación ambiental en 2013, aún no se ha aplicado en los tribunales, tal vez porque las personas, en particular los grupos políticamente marginados, aún desconocen sus derechos o no pueden permitirse el costoso proceso legal, explica Kiji Vukikomoala, abogado que coordina la Asociación de Derecho Ambiental de Fiji.
Pero su organización ha visto un reciente aumento en el interés de las comunidades que buscan llevar estos asuntos a los tribunales.
«A medida que aumenten los impactos…creo que muchos más de nuestros ciudadanos pensarán en poner en cuestión estos temas», dice.
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A pesar de que la isla de Fiji adoptó la legislación ambiental en 2013, aún no se ha aplicado en los tribunales.
Moldear la mentalidad hacia la naturaleza
Hasta ahora, el derecho humano mediambiental probablemente ha tenido el mayor impacto en América Latina y otros países como India y Filipinas, donde los tribunales han tendido a ser más proactivos que los gobiernos para reparar el daño ambiental, dice Rodríguez-Garavito.
Europa, por otro lado, ha sido más lenta. En el puñado de países europeos que han adoptado el concepto, parece tener menos impacto en los tribunales.
Esto se puede explicar porque sus políticas ambientales son generalmente más fuertes, dice Laurence Gay, un experto en derechos humanos del Centro Nacional Francés de Investigación Científica en Aix, de la Universidad de Marsella.
En Eslovenia, por ejemplo, un país con abundante vegetación y amplios programas de reciclaje, el derecho puede haber influido en algunas de las políticas ambientales del país.
Pero su principal efecto ha sido moldear la mentalidad del país hacia la naturaleza, como lo demuestra su sistema educativo, que incluye amplios planes de estudio sobre sostenibilidad, dice la embajadora Sabina Stadler Repnik,representante permanente ante la ONU en Ginebra.
«La parte educativa de este derecho, creo, es más importante (y donde) podemos obtener logros más a largo plazo que simplemente acudir a los tribunales y litigar durante años y años», señala.
En algunos países europeos, cuando por primera vez se adoptaron estas legislaciones, muchos jueces debatieron inicialmente si los derechos ambientales constitucionales eran meros manifiestos políticos, dice Gay.
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La extracción de materiales deja profundas huellas en la tierra.
Pero cada vez más, «los jueces de más y más países tienden a rechazar tales posiciones y a reconocer sus efectos vinculantes».
Por ejemplo, en una demanda climática de alto perfil en Noruega, los grupos ambientalistas argumentaron que permitir la extracción de petróleo en el Ártico era inconstitucional.
La Corte Suprema dictaminó que el Estado tenía la obligación de proteger a los ciudadanos de los daños ambientales.
Sin embargo, el tribunal dictaminó que los permisos de perforación aún no infringían el derecho, en parte porque el Estado no debería ser responsable de las emisiones del petróleo que exporta.
Francia, sin embargo, ha dado un paso más.
La ley de «deber de vigilancia», introducida en 2017, responsabiliza a las empresas de prevenir las violaciones de los derechos humanos o del medio ambiente en todas sus cadenas de suministro, explica Sebastién Mabile, abogado medioambiental de la firma de servicios legales Seattle Avocats.
Evidentemente, el derecho a un medio ambiente saludable requiere algunos ingredientes adicionales para funcionar bien, entre ellos, la voluntad de hacer cumplir la ley.
Además necesita de sistemas judiciales libres de influencia política, algo de lo que no gozan la totalidad de los 110 países que cuentan con este derecho en sus constituciones.
Los derechos humanos son más efectivos cuando se combinan con otros derechos constitucionales y leyes que facilitan a las personas acudir a los tribunales y obtener información sobre sus derechos, agrega Jeffords.
Y la protección ambiental tiene que ir de la mano con otros derechos humanos, agrega Moodley, señalando a los gobiernos que han desalojado a las comunidades indígenas de las áreas protegidas en nombre de la conservación.
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En los últimos años, miles de personas se han manifestado alrededor del mundo pidiendo cambios en la política ambiental.
Sin embargo, cuando se utilizan correctamente, como en América Latina, los derechos constitucionales pueden proteger los derechos humanos y la naturaleza, y sin obstaculizar el desarrollo económico; Costa Rica se considera un país de ingresos medianos altos, y sus principales exportaciones son la electrónica, el software y el ecoturismo.
Más países están considerando adoptar pronto el derecho a un medio ambiente saludable, ya sea en sus constituciones o en la legislación general, incluidos Argelia, Gambia, Chile, Canadá y Escocia.
Pero algunos de los más ricos del mundo, como el Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón, aún no lo han considerado oficialmente.
Mientras tanto, Boyd todavía aboga por el reconocimiento a nivel de la ONU, lo que podría obligar a más países a reconocerlo y fortalecerlo, y crear formas de hacer que los países rindan cuentas en el escenario internacional.
A menudo se dice que los derechos humanos tienen sus raíces en los errores.
La Declaración de Derechos Humanos de la ONU en 1948 surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, sus autores no podían prever una crisis ambiental global, ni una gran cantidad de investigaciones científicas que demostraran la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.
Pero se podría decir que estos documentos están destinados a evolucionar y adaptarse a las nuevas amenazas para las personas.
«Si continuamos por el camino en el que estamos, entonces estaremos en serios problemas desde la perspectiva de los derechos humanos», dice Boyd.
«Debemos dar un paso adelante y tomar las acciones que sabemos que son necesarias y factibles para proteger y restaurar este hermoso planeta nuestro», concluye.
Por: ALMUDENA BARRAGÁN|CARLOS SALINAS MALDONADO/ El Pais
Los pocos recursos económicos de muchas familias impiden que los alumnos puedan conectarse a internet o disponer de televisión para seguir las clases virtuales.
Arturo Vazquez Moiza tiene 10 años y vive en la sierra de Sonora, en un pueblo de 200 habitantes llamado Bacanuchi, en el municipio de Arizpe. Hace un año, cuando empezó la pandemia, la escuela de Arturo —igual que todas las del país— suspendió las clases como medida sanitaria de prevención de la covid-19. La instrucción fue que el alumnado siguieran el curso a través de la televisión mediante clases impartidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por internet de manera remota. En Bacanuchi no se puede hacer ni una cosa ni la otra. La mala calidad de la conexión a la red y la pésima recepción de las señales en este pueblo entre montañas deja incomunicadas a las familias cada dos por tres.
Es muy difícil que las clases puedan seguirse de manera regular y muchos niños abandonan la escuela en comunidades remotas que están en la misma situación que Bacanuchi en todo el país. Según un estudio de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción. En Chiapas, por ejemplo, el 45% de los niños de comunidades pobres ha abandonado su formación debido a la falta de recursos económicos de su familia y al rezago tecnológico en el que se encuentran, como la falta de luz o internet para estudiar en casa.
“Para mandar la tarea tengo que subir al cerro que está a 40 minutos de mi casa, está oscuro y hay animales”, dice Arturo por teléfono en presencia de su madre, Thelma Moiza. La llamada se entrecorta numerosas veces. Tampoco hay buena señal de telefonía móvil. El niño y sus compañeros reciben la tarea por WhatsApp y tienen que responder a su maestra con una foto de los deberes hechos por esa misma vía. Lo que pareciera una acción sencilla, con una mala conexión a internet se convierte en una pesadilla. “Cada día había que ponerle saldo al celular porque hacer la tarea y consultar el internet consume todos los datos”, dice la madre del niño. 100 pesos (5 dólares) al día que muchas familias campesinas no pueden añadir a sus gastos.
Las autoridades educativas decidieron a inicios de agosto que el ciclo escolar se desarrollaría a través de clases a distancia y con más de 30 millones de estudiantes siguiendo los cursos por televisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un convenio con las grandes televisoras privadas del país (Televisa, Azteca, Grupo Multimedios y Grupo Imagen) para que retransmitan los contenidos escolares, además del uso de internet y teléfono como medios de apoyo. Algunas familias como la de Gloria Simpson, también de Bacanuchi pagaban servicio de televisión satelital al principio de la pandemia, pero después de algunas complicaciones económicas, su familia no pudo costearse los 400 pesos (20 dólares) al mes que costaba el servicio. “No tenemos televisión para ver las clases de la SEP. En el pueblo no hay acceso a nada que tenga que ver con tecnología, ni tele ni internet, muchas veces ni señal para hacer una llamada de emergencia”, se lamenta la mujer.
La iniciativa de las clases por televisión se enfrentó al rechazo de los maestrosy a las críticas de expertos en educación, que expresaron su preocupación por la desigualdad económica y el rezago tecnológico que sufren amplias zonas del país. Las cifras del Inegi, el instituto de estadística mexicano, desvelan que más de 16 millones de hogares no tienen conexión a internet, mientras que un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conavel) publicado en 2018 muestra que de las más de 226.000 escuelas públicas del país el 66,1% tiene energía eléctrica y el internet solo llega al 22,7% de ellas, un total de 51.387. La iniciativa Aprende en Casa ha dejado en evidencia la enorme brecha que existe en México en las zonas más vulnerables del país. Los Estados que más pobreza concentran son también los que menos conexión a internet tienen: Guerrero, Oaxaca, Chiapas; seguidos de Veracruz, Tabasco y Campeche, según una encuesta realizada por la Asociación de Internet MX. Aunque Sonora se encuentre entre los Estados con más usuarios conectados en el país, todavía hay muchos de sus rincones que se escapan a las estadísticas, como Bacanuchi, en plena sierra.
“Las desigualdades en el acceso a la tecnología perpetúan las brechas, el desarrollo humano y condenan a un porcentaje importante de población a vivir en pobreza”, afirma Pablo César Hernández, experto en educación y nuevas tecnologías y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Solo el 47,7% de las zonas rurales de México tienen acceso a internet, según el Inegi. “Si la población no tiene este acceso a la tecnología nos veremos rezagados como país. Eso tiene un fuerte impacto no solo en el conocimiento de los estudiantes y su desarrollo, sino que también limita el tipo de aprendizaje que reciben los niños”, agrega Hernández.
Uno de los grupos que más criticaron la decisión del Gobierno de cerrar las escuelas e impulsar el aprendizaje a distancia fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE), un sindicato que cuenta con 600.000 integrantes, que criticó lo limitado que puede ser el acceso a la educación en áreas remotas donde no hay conectividad. Lev Velázquez, secretario de Gestión Educativa del CNTE en Michoacán, afirma que han tenido que adaptarse a la nueva realidad educativa haciendo uso de las tecnologías, pero también a través de llamadas con aquellos estudiantes que cuentan con un aparato de teléfono y de perifoneo, es decir, bocinas adaptadas a algún medio móvil para hacer anuncios de entregas de tareas en las comunidades más remotas del Estado. “Nos hemos desplazado para hablar con los padres, hemos hecho visitas a las casas con los alumnos un día a la semana o un día cada quince días”, explica el también maestro.
Para evitar deserción escolar, Velázquez añade que los maestros viajan largas distancias para buscar a los estudiantes que han dejado de comunicarse con ellos e incluso los maestros de zonas rurales han tenido que imprimir cartillas educativas con su propio dinero para distribuirlas entre los estudiantes más pobres. “Si ellos ya tenían carencias, ahora la situación es más complicada. Muchos no tienen para comprarse libretas, menos un juego de geometría, lo que propicia el abandono”, explica Velázquez. “Vivimos una situación que no esperábamos y por eso necesitamos pensar en nuevas formas de aprendizaje”, agrega.
El académico Hernández, de la UAM, concuerda con el maestro. El especialista señala que desde el Estado y la academia se deben generar estrategias para combatir el rezago de los estudiantes en las zonas más empobrecidas del país. Menciona, por ejemplo, impulsar centros tecnológicos en esas regiones, que sean gestionados por la comunidad y donde los estudiantes tengan acceso de forma gratuita a internet y computadoras. “El punto es generar espacios con electricidad y servicios básicos, tecnología y conexión gratuita, en los que se capacite a la comunidad en su uso y gestión, como una forma de combatir la brecha digital”, explica. “Estas iniciativas deben ser pensadas de forma colectiva, planeadas a partir de la intervención del Gobierno, las universidades, los líderes locales, maestros y padres”, agrega. Para Hernández “estamos en un momento histórico, inédito, que nos abre la posibilidad de ver los rezagos que existen, pero también de poder innovar y hacer cambios y transformaciones”, apunta.
Desesperadas ante el abandono, algunas familias de Bacanuchi, acompañadas por la organización PODER, presentaron un amparo ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en agosto de 2020 y expusieron las dificultades que enfrentan cada día para acceder a los servicios básicos de comunicación, que vuelven aún más precaria su situación de bienestar y educación. Hasta la fecha ni las autoridades locales ni las federales han dado una respuesta a la demanda de las familias. “Mi hija necesita estudiar para que sea algo en la vida y tenga con qué defenderse”, dice Manuela Bacame, una de las madres que han impulsado la demanda. Sabe que cuando no se tiene mucho, como es el caso de su familia, ir a la escuela puede marcar la diferencia. “Yo solo fui hasta 6º de primaria y no quiero eso para mi hija. Quiero que estudie y tenga un porvenir en la vida”.
Claudia Uribe es directora de la Oficina de Educación para América Latina de la Unesco. Durante la conversación con France 24, señaló que la “región avanza lenta y gradualmente hacia la apertura de escuelas para clases presenciales” y agrega que solamente 10 países mantienen los centros educativos cerrados. La pandemia destacó la importancia de la educación presencial, que calificó como “no sustituible”, y alertó sobre los cambios que deben producirse en materia educativa en América Latina en medio de un aumento en la brecha de aprendizaje y acceso a la educación
América del Sur/Uruguay/Autor(a) y Fuente: www.republica.com.uy
La distinción le fue otorgada por el programa GLOBE de la NASA al centro de estudios de Las Violetas.
Una vez más, la Escuela Rural N° 88 “Alfred Nobel” de la localidad de Las Violetas (Canelones), vuelve a ser noticia en el mundo entero. Este centro educativo, que se ha caracterizado por poner un fuerte acento en los proyectos colectivos, le ha permitido cosechar reconocimientos nacionales e internacionales y dejar una huella imborrable en sus alumnos, informaron a LA REPÚBLICA desde el CEIP.
Dirigida por el maestro director Darío Greni Olivieri, quien fuera uno de los 50 nominados al premio Mejor Maestro del Mundo (Global Teacher Prize) que entrega la Fundación Varkey, la escuela ha sido elegida el pasado 11 de marzo por la NASA con su programa GLOBE, como ejemplo mundial en investigación científica. Sus trabajos sobre los macrosinvertebrados como bioindicadores en el río Santa Lucía y la majestuosa presentación de los alumnos canarios en Detroit, en 2019, les valió que hayan sido elegidos como referentes a la hora de estudiar y desarrollar un programa científico.
«Para nosotros fue una grata sorpresa y un orgullo que el trabajo proveniente de una escuela rural de la zona de Las Violetas, sea ejemplo mundial de cómo escribir un informe de este tipo. No sólo fue un reconocimiento a todos los que en años anteriores participaron de esta investigación, sino que la comunidad educativa de la que formamos parte, se siente feliz por los logros de sus estudiantes», concluyó orgulloso el director.
Un poco de historia
El maestro Darío Greni está al frente de la dirección de la escuela desde 2012, y desde esa fecha, forjó decenas de alianzas con organismos de la zona y empresas que apoyan al centro educativo y permiten su visibilización extramuros. Asimismo, muchos de sus proyectos son presentados en las instancias nacionales de los Clubes de Ciencia, obteniendo muy buenos resultados.
«Desde que ingresé a esta institución, escuela que me recibió como estudiante en mi niñez, he tenido la oportunidad de conocer la realidad de cada estudiante y, a su vez, buscar aquellas oportunidades que les permita proyectarse más allá de su realidad. En ese año conocí GLOBE, y desde ese momento y de manera creciente, hemos ido desarrollando diferentes acciones en torno al trabajo en Ciencias de la Naturaleza. Cada una de las investigaciones que hemos desarrollado, ha utilizado en mayor o menor medida, los lineamientos, protocolos de observación y guías que estuvieron siempre a nuestro alcance», asegura Greni.
En el año 2016, conjuntamente con la maestra Mónica, y los niños de 5° y 6° año, comenzaron a estudiar la calidad del agua del arroyo Canelón Chico a través de la colecta de macroinvertebrados como indicadores biológicos. Dicho monitoreo de esta corriente de agua se dio cada año, enriqueciendo el trabajo de los estudiantes que, previamente, registraron toda la información obtenida. Fue a principios de 2019 cuando decidieron presentar este trabajo de investigación en el Simposio Virtual de Ciencias organizado por GLOBE.
«Para cubrir los requerimientos establecidos en las bases del simposio, se creó un informe en inglés, que contenía datos específicos registrados en los sitios de muestreo, tales como mediciones de temperatura, pH, transparencia y macroinvertebrados colectados. No fue tarea fácil pero sí fue hecho con la certeza de que se estaban mostrando todos datos recabados, así como las observaciones y las conclusiones que determinaban cuál era la calidad de esa agua. Fue así que, en ese año, fuimos seleccionados como la investigación que representaría la región de Latinoamérica y El Caribe en el encuentro GLOBE organizado en la ciudad de Detroit, EEUU. Ese año viajamos y allí, nuestros pequeños representantes, demostraron, una vez más, que su trabajo era algo que los comprometía y fue presentado de manera excepcional, no sólo a un grupo de expertos, sino a jóvenes de todo el mundo que coincidieron en tan maravilloso evento», contó el director.
Fuente e Imagen: https://www.republica.com.uy/escuela-rural-de-canelones-fue-elegida-como-ejemplo-mundial-en-investigacion-cientifica-id817932/
En décadas anteriores, en nuestro país, la sociedad civil tenía un papel preponderante. La sociedad de padres y representantes tanto en escuelas públicas como privadas representaban un conector esencial entre la comunidad y el sistema educativo. Lentamente, este rol ha sido reemplazado por unas supuestas organizaciones comunales, conformadas por activistas políticos pertenecientes al régimen, llevando a un desarrollo anormal la relación educación y sociedad. Esta relación anormal ha destruido una de las principales aristas de este proceso, impidiendo que la comunidad reciba información veraz sobre el diseño de toda la estructura educativa.
En estos momentos, el paso del aula presencial al aula virtual, precisamente, ha revelado la ineficacia de la conexión entre gobierno y sociedad civil, entendiendo este último como la olvidada sociedad de padres y representantes. Quizá en décadas anteriores, los involucrados se hubiesen sentado con los empresarios del mundo tecnológico y los funcionarios del Ministerio de Educación para intentar hacer viable la educación telemática. En nuestro país, por consabidas razones, ni siquiera las tarifas relacionadas pueden discutirse con un Estado que promueve la inflación salvaje, por ejemplo.
Inevitablemente, los gremios educativos independientes tiene por vocación fundamental la de defenderse contra ese Estado depredador. El Ministerio del Poder Popular para la Educación ha metido en el llamado sistema Patria a todo el personal docente, administrativo y obrero de los centros educativos afiliados a la Asociación Venezolana de Educación Católica (incluyendo al personal docente de las universidades aunque no es punto de este artículo), no solo faltando a la debida autonomía de las instituciones educativas, sino al propio convenio suscrito por las partes en enero próximo pasado sobre la remisión de los recursos que no son de Maduro ni de Aristóbulo, sino de todos los venezolanos y para el cumplimiento de los altos fines pautados en la mismísima Constitución de la República. Se lleva el régimen por el medio más de 31 años consecutivos de acuerdos en la materia.
El Estado se convierte en el patrono directo desde el punto de vista económico, porque es el pagador; sin embargo, aparentemente, no ejercerá ningún control inmediato de las estrictas relaciones educativas y laborales. Paradójicamente el pagador no es responsable directamente de su relación laboral, en cada escuela y colegio a lo largo y ancho del país, y sus empleados se convertirían, realmente, en un intermediario del ministerio, cuales funcionarios.
Con el sistema Patria, ¿dónde quedan las contrataciones colectivas y otros derechos laborales? Acá hay un inadvertido cambio en el propio marco del Derecho del Trabajo en Venezuela: jamás el instrumento ha sido discutido y mucho menos aprobado por parlamento alguno. Por cierto, sin que sepamos todavía, cuál decreto ejecutivo o resolución ministerial le sirve de soporte, puesto que viola la propia Constitución. El tal sistema “patriótico” le concede a los ministros de Educación y de Educación Superior competencias realmente constituyentes. Pero, en última instancia, el problema no es jurídico, sino político. Y nuestros hijos y el futuro de las generaciones de relevo en el país va día a día hacia un foso sin salida. Nuestro lema: insistir, resistir y persistir, resalta su importancia en estos momentos cuando el régimen intenta arrollar la Constitución venezolana demostrando una vez más su talante antidemocrático.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
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