El colectivo SOCORRE (Solidaridad Contra la Represión) y la Red de Maricones del Sur se unen para reunir el dinero suficiente que pague los costes del juicio en la reapertura del caso.
El colectivo SOCORRE (Solidaridad Contra la Represión) y la Red de Maricones del Sur se han unido en una campaña de la plataforma GoFoundMe con el objetivo de sufragar los gastos judiciales de las ocho personas que hacen frente a un nuevo proceso judicial en Sevilla, por su participación en las concentraciones contra el autobús de la asociación ultracatólica HazteOír el 29 de marzo de 2017. El llamamiento tiene como finalidad “poder asumir con dignidad la defensa en el proceso penal”, “apelar a la solidaridad” y “poner en aviso que este proceso judicial y represivo se ha reabierto y sigue en pie”, explican en un manifiesto.
El “transfobus”, llamado así por las organizaciones, fue una acción de la asociación HazteOír, fundada en 2001 por Ignacio Asuaga. El citado vehículo recorrió diferentes ciudades españolas en el año 2017, con mensajes homófobos y en contra de la enseñanza de diversidad sexual en las escuelas, como el polémico: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva”.
En Sevilla, como en otros puntos de España, se organizaron actividades de rechazo. Entre ellas, el 29 de marzo de aquel año hubo una concentración frente al mencionado autobús a su llegada al Palacio de San Telmo.
Mensajes de odio
Para SOCORRE y Maricones del SUR, “el autobús se dedicó a difundir mensajes de odio por toda la península contra las infancias transexuales, y las personas trans en general”. Este vehículo llegó a ser inmovilizado en la comunidad de Madrid y Barcelona, y en Sevilla también hubo una declaración institucional suscrita por grupos políticos en contra de sus mensajes.
Después de aquella jornada de protesta, varias personas participantes fueron identificadas y prestaron declaración. Una de las imputadas es Denis, que cuenta que fueron acusadas de “delitos contra la integridad moral, amenaza, coacción y daños materiales” pero el caso fue archivado por falta de pruebas.
“Éramos nueve, pero uno de ellos ha fallecido este año”, explica. “En casi todas las ciudades donde pasó el autobús hay juicios pendientes contra activistas. A mi juicio es una estrategia mediática. Provocan porque saben que tienen rechazo en la sociedad y aun así tienen el valor y la cara de sacar un autobús con un mensaje muy doloroso”, añade Denis.
Tras el recurso de HazteOir en 2018, la Audiencia provincial reabrió el caso y, en junio de 2020, la Policía presentó un nuevo informe donde se atribuye a estas ocho personas otros delitos, entre ellos “el delito de odio de carácter ideológico”. Este giro ha dado lugar a un nuevo proceso judicial que comenzó el pasado lunes 14 de diciembre.
“Pensamos que es una estrategia policial y judicial. Una de las cosas que alega el informe es que estábamos organizadas, pero entre las acusadas no nos conocíamos. Se presentan imágenes de aquel día y se mezcla la trayectoria política de cada una, organizaciones de las que fuimos parte, antecedentes o multas. Nos hacen un perfil político e incluso estético, como para agravar la peligrosidad que tenemos y para alegar que estamos organizadas y que hay un delito de odio, cuando en realidad precisamente nuestras protestas eran contra los mensajes de odio que hacia circular el autobús de HazteOír”, explica Denis.
Solidaridad Colectiva
En este nuevo escenario, SOCORRE y Maricones del Sur, se ponen en contacto con las personas imputadas para llevar a cabo la campaña “Solidaridad contra la transfobia” y sumar esfuerzos en este proceso donde se añaden gastos judiciales importantes.
Denis relata que “en 2017 todas nos abrieron la vía de sanción administrativa, y el canal penal que es el que utiliza HazteOír para denunciarnos. En aquel momento, la mayoría fuimos con abogados de oficio y con apoyos de algunos letrados y letradas que se solidarizaron, como en mi caso. Ahora el costo judicial está estimado en torno a 1.200 euros para cada una; esto sin contar con otros gastos futuros, si bien esperamos salir absueltas por fin”.
El objetivo de la campaña es buscar apoyo económico, y dar un mensaje de unidad: “No queremos represión en silencio ni compañeras que se sientan solas”, concluye el manifiesto.
Fuente e imagen: https://www.elsaltodiario.com/lgtbiq/lanzan-campana-en-apoyo-de-las-acusadas-por-protestar-contra-el-bus-de-hazteoir
Jorge Muñoz Saavedra se encontraba desaparecido desde el 19 de diciembre.
Organizaciones sociales e institucionales condenaron la muerte del defensor ambiental Jorge Muñoz Saavedra, quien había desaparecido desde hace días y a quien le habían amenazado por mafias dedicadas al tráfico de especies forestales.
El Ministerio del Ambiente de Perú exigió una profunda, oportuna y eficaz investigación sobre las causas y responsables de su muerte, añadiendo que «no deben quedar impunes las acciones criminales de personas dedicadas a la minería y tala ilegal, tráfico de especies forestales y la depredación del patrimonio arqueológico en Batán Grande».
Asimismo, rechazaron toda acción que atente contra la vida y ambiente de los compatriotas, más aún cuando estas acciones ocasionan la muerte de una persona que dedica sus esfuerzos en la conservación del ambiente
En su cuente en Twitter, Defensoría del Pueblo de Perú alertó del peligro en que se encuentran los defensores ambientales e hicieron un llamado a las autoridades a protegerlos «para que estos hechos no se repitan en nuestro país, a causa de actividades como la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras».
Según fuentes policiales, la víctima, quien llevaba tres días desaparecida, presenta una herida contusa en la cabeza, por lo que su cadáver fue llevado a la morgue para practicarle la necropsia, a fin de determinar la causa de su muerte.
Fuente e imagen: https://www.telesurtv.net/news/condenan-peru-muerte-defensor-ambiental-20201226-0010.html
Durante los 9 meses de pandemia, el tema del incremento de la violencia de género por el confinamiento de las mujeres y niñas en sus casas, nunca estuvo en la agenda del gobierno, ni siquiera en las discusiones del Consejo General de Salubridad para la atención de la emergencia sanitaria como lo afirmó en su momento el canciller Marcelo Ebrard.
Cimacnoticias se dio a la tarea de investigar durante este tiempo si existe una estrategia del gobierno federal para atender y evitar que la violencia contra las mujeres y niñas aumente por el confinamiento durante la pandemia y la respuesta fue negativa. En esta segunda parte del reportaje “Covid-19: Más violencia feminicida, ninguna estrategia que la frente”, constatamos que el tema no existe para el gobierno, sino que reaccionó con acciones aisladas para responder los cuestionamientos internacionales y de las organizaciones feministas.
Como se documentó en la entrega pasada, los organismos internacionales, particularmente el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, advirtieron desde marzo pasado a los Estados sobre el posible incremento de la violencia contra las mujeres por el confinamiento.
Para esta segunda entrega solicitamos vía transparencia, información a la Secretaría de Salud, de Relaciones Exteriores, a la Oficina de la Presidencia, a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y al Instituto Nacional de las Mujeres, que sustentara la declaración del canciller Marcelo Ebrard sobre la existencia de un plan con perspectiva de género para atender la problemática. Como respuesta, la Secretaría de Salud remitió las actas de las reuniones del Consejo General de Salubridad en las que se observa que la violencia contra las mujeres nunca fue tema de discusión.
La dependencia también señaló que la declaración de Ebrard: “se obtiene de la asistencia del Secretario de Relaciones Exteriores a diversas reuniones de trabajo con los integrantes del Gabinete Presidencial (entre los que se encuentran diversos representantes del Sector Salud), en el que se presentan datos e información con motivo de la preparación del plan para enfrentar la pandemia”.
Por su parte, la SRE respondió: “Dichas unidades administrativas manifestaron que tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos, no/no se localizó un Plan de Acción que incluya la perspectiva de género derivado de las acciones implementadas por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, por tal motivo, no es posible proporcionar información que dé respuesta a lo solicitado”.
No obstante, la cancillería adjuntó una lista de acciones que informó a la CIM –el único foro político hemisférico para los Derechos Humanos de las mujeres– sobre las acciones que ha desplegado para prevenir la violencia contra las mujeres durante la pandemia; la gran mayoría son conversatorios, diálogos virtuales, webinares y la publicación de algunos documentos.
Violencia contra las mujeres fue “agenda periférica”
Cuestionada en entrevista sobre las acciones de los gobiernos del mundo y en particular de México, para hacer frente a este tema durante la pandemia, la Secretaria Ejecutiva de la CIM, de la OEA, Alejandra Mora Mora, consideró que una de las razones en el fracaso de las acciones de los gobiernos fue que “el tema de violencia contra las mujeres no se ha colocado en los comités centrales de crisis en lo cotidiano sino que se ha visto como una agenda periférica que de vez en cuando anuncia la ministra de la mujer”.
Lo que se esperaba, dijo, es que los Estados entendieran que el diseño de toda la política pública no podía ser neutra ni dejar de contemplar que las mujeres y hombres tienen impactos distintos frente a la toma de decisiones. Por ejemplo, declarar esenciales los servicios de atención a víctimas de violencia (que sí hizo México) migrar a la digitalización los servicios de procuración de justicia para que las víctimas pudieran presentar sus denuncias; y garantizar medidas interseccionales, es decir, que observaran las diferencias entre las mujeres, como el origen étnico, la edad, el color de la piel, entre otras.
No obstante, los Estados tuvieron un error crucial: las mujeres no están tomando las decisiones sobre los temas de la pandemia, sino que a ellas se les delegó la agenda de la violencia contra las mujeres mientras los hombres, que son mayoría entre quienes toman decisiones, se mantuvieron al margen.
Por el contrario, observó Mora Mora, en ocho países del mundo que han gestionado de mejor manera la pandemia hay mujeres presidentas. “Eso tiene que ver con esos liderazgos de mujeres en los que el cuidado y la empatía son necesarios en este tiempo de crisis y son mejor manejados por las mujeres porque históricamente lo hemos hecho, no porque los hombres no puedan hacerlo”, observó.
En el caso específico de México, la funcionaria aclaró que el MECSEVI tuvo que pronunciarse por los recortes a los Refugios para mujeres durante la pandemia, y se solicitó a nuestro país que se incrementara el recurso para su funcionamiento en el presupuesto de 2021; no obstante, reconocen que México tiene una buena ministra de la mujer (refiriéndose a la titular del Inmujeres, Nadine Gasman) “que entiende lo que está pasando en la situación de las mujeres y tienen un instituto fuerte”.
Pese a esto, luego de 9 meses, “lo que dijimos que iba a pasar pasó: el confinamiento exacerbó la violencia, impidió salir a las mujeres rápidamente a pedir ayuda y las decisiones gubernamentales no tenían la mirada de las mujeres”
Alejandra Mora Mora
No sólo se profundizaron las formas de violencia persistentes sino que se registraron nuevos patrones de violencia, entre ellos el aumento de los riesgos digitales para las niñas y niños, agresiones contra las mujeres del personal de salud que participa en la primera línea de atención de la pandemia; aumento de la violencia sexual contra niñas y niños; y el aumento en la carga de trabajo de cuidados para las mujeres en los hogares.
“En tiempos extraordinarios, las medidas son extraordinarias. No se podía creer que la forma de atención de la violencia podía ser la misma que antes del Covid, cuando ya había un diagnóstico malo al respecto”.
Alejandrra Mora Mora
En México, de enero a septiembre de 2020 hubo 2 mil 874 víctimas de muertes violentas de mujeres (feminicidio y homicidios dolosos), esto son 9 casos más que en el mismo periodo pero de 2019 cuando se registraron 2 mil 865 víctimas. Por otra parte las llamadas de emergencia al 911 por violencia de género tuvieron un aumento del 47 por ciento al pasar de 16 mil 849 en 2019 a 178 mil 31 en 2021. Asimismo, la Red Nacional de Refugios reportó que en abril de 2020, segundo mes del confimaniento, se registraron 3 mil 947 atenciones, esto es mil 911 más que en marzo y 916 más que en abril de 2019.
Para medir la violencia durante la pandemia el MESECVI considera 3 indicadores: 1) el aumento de solicitudes de auxilio o acompañamiento para víctimas, que en algunos países creció hasta 80 por ciento; 2) la cantidad de denuncias ante el poder judicial, que no creció por la imposibilidad de movilización de las mujeres y la poca flexibilización de requisitos; y 3) casos de feminicidio.
Mora Mora explicó que la situación de violencia de género no es igual para todos los países, ya que estos indicadores se comportan distinto en cada país. No obstante, el MESECVI observó en su informe “La violencia contra las mujeres frente a las medidas dirigidas a disminuir el contagio del COVID-19” que en las Américas algunos países y gobiernos locales dieron cuenta de un incremento de hasta 80 por ciento en las llamadas a las líneas telefónicas que brindan atención y orientación en casos de violencia. Al mismo tiempo, las llamadas a líneas telefónicas por parte de hijas o hijos o familiares de mujeres víctimas de violencia también aumentaron con la cuarentena.
Varios países reportaron que a pesar de la disminución general de la criminalidad, se registró un aumento en los casos de violencia en el hogar, abuso sexual en niñas, casos de feminicidio consumados o frustrados, y casos de agresores liberados de prisión como medida para contener el COVID-19 que asesinaron a sus exparejas luego de su liberación.
Tras conocer estos nuevos patrones de violencia, el MESECVI alertó que lo más importante en este momento de la pandemia es que los gobiernos se centren en la prevención ya que todos los ejercicios de poder abusivos aún tienen como fondo la prevalencia de estereotipos.
Para ello, el MESECVI recomendó a los países en esta nueva etapa de Covid-19, aumentar la capacidad de albergues y refugios; digitalizar los servicios de atención; generar equipos de reacción inmediata, interseccionales e integrales (lo que precisó, sí se hizo en Costa Rica y Argentina); articular mejor la defensoría de Derechos Humanos; generar mejores estadísticas sobre la violencia contra las mujeres; y hacer una declaratoria de emergencia sobre cómo los cuidados están recayendo en las mujeres.
“No podemos seguir extendiendo los tiempos de las mujeres porque nosotras vamos a terminar confinadas en la casa y el mundo remunerado será sólo de hombres, y la reconstrucción de una sociedad no se hace sólo con la mitad de la población. Es una oportunidad para replantear las desigualdades, no puede ser que ésta no sea una lección de vida”, concluyó Mora Mora.
Conoce las respuestas que dieron las dependencias sobre las acciones que realizaron en estos 9 meses de pandemia para atender la violencia contra mujeres y niñas.
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Por su parte, la Conavim –encargada de la política nacional para prevenir la violencia contra las mujeres– remitió una lista de acciones que reportó cada una de las entidades para atender a las víctimas de violencia. Todos los estados reportaron acciones distintas entre sí, las cuales van desde elaboración de infografías hasta emisión de comunicaciones interinstitucionales.
La violencia contra las mujeres en América Latina continúa siendo alarmante, en gran medida, debido a las diversas manifestaciones de la violencia machista. Esta situación se refleja también dentro de los espacios en los que se desenvuelven las mujeres defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan un doble riesgo, uno por realizar su trabajo y otro por ser mujeres.
Defensoras del territorio y del medio ambiente han denunciado ser víctimas de estigmatización, tener mayores obstáculos para su participación en procesos de toma de decisiones y marginación dentro de sus propios movimientos y/o comunidades. Por eso, consideramos que es importante visibilizar la palabra, la voz, las reflexiones y el trabajo que las mujeres defensoras realizan en la lucha por la Tierra y por la vida.
En esta emisión escucharemos una cápsula de “Voces de mujeres desde la resistencia y esperanza”, trabajo realizado para visibilizar la labor que las mujeres defensoras. Asimismo conversamos con Verónica del Cid, Enlace regional de la Red Mesoamericana de Educación Popular – Red Alforja, quien nos platicó acerca del Segundo Encuentro Mesoamericano de Educación Popular Feminista, además de un panorama general en el que se encuentran las defensoras de Derechos Humanos.
EL ESTADO PARAGUAYO PERSIGUE Y SE ENSAÑA CON LOS HIJOS E HIJAS DE LOS COMBATIENTES DEL EPP.
Como ya informáramos, Laura, la hermana de Carmen Villalba, prisionera hace 17 años, viajó al Paraguay junto a su hija María Carmen y su sobrina Lilian. Ambas de 11 años, ambas argentinas.
Las niñas querían conocer a sus padres, luchadores campesinos.
Las niñas fueron emboscadas, torturadas y ejecutadas fingiendo un combate con el EPP que jamás existió.
Laura, golpeadísima por el asesinato de su hija y su sobrina, quedó atrapada en Paraguay sin poder regresar a la Argentina donde vivía, trabajaba y estudiaba. Y junto a ella quedó también atrapada Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años. Le dicen «Licha» o «Lichita».
Empezaron a ser buscadas intensamente por el Ejército y el Gobierno Paraguayo.
La estrategia del gobierno paraguayo es clara: su inteligencia militar, con apoyo de los yanquis, israelíes y colombianos, detectó que en el verano pasado varios niños residentes en Argentina cruzaron a visitar a sus padres –sea que estén en el monte o presos– y pretendieron obtener una superioridad en la lucha contra el EPP golpeando “donde duele”: golpeando sobre los niños.
Eso obligaba a los padres (luchadores) a tener que moverse de otra forma y en desventaja, considerando el peligro que pesaba sobre sus hijos.
Por esa razón estaban escondidas una de las hijas mellizas de la prisionera Carmen –Lichita, nacida en cautiverio– y Laura Villalba, su tía.
Hace aproximadamente 25 días, un poblador de la zona vio como un grupo de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (la FTC) se llevaron a Lichita. También se vio operar a algunos civiles.
El 23 de diciembre, mientras tanto, Laura Villalba fue capturada por la FTC.
Posteriormente Laura fue «blanqueada» y apareció con vida.
Se encuentra detenida y acusada de ser un «elemento logístico» fundamental para la «organización terrorista», siendo que hasta el año pasado ella llevaba más de diez años viviendo en Argentina con su familia. Aquí han nacido y aquí viven todos sus hijitos.
Lo cierto en que no hay noticias de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba de 14 años, hija de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo condenado a perpetua.
Estamos ante un típico caso de Desaparición Forzada por parte del Estado paraguayo.
Ya vimos cómo trata el Estado paraguayo, sea el gobierno que fuere, a sus propios niños y niñas; y en especial a los hijos e hijas de los luchadores contra los latifundistas, a quienes todos los gobiernos han protegido con las FFAA.
Los familiares de los combatientes y luchadores son la mayoría de las veces civiles, como lo eran en Argentina.
Y en Paraguay, como en la Argentina de los 70, los Estados, sean civiles o militares recurren a la táctica de perseguir y ejecutar a los familiares. Como lo hicieron en septiembre con las dos niñas de 11 años.
Como lo hicieron hace varios años con Néstor, otro hijo de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, asesinado a sus 14 años.
¡Que el Gobierno y las Fuerzas Armadas paraguayas entreguen con vida a Carmen Elizabeth, de 14 años!
La Gremial de Abogados y Abogadas no dejará instancia por presentarse, nacional e internacional para que aparezca con vida la niña.
Pedimos y rogamos a los colectivos de Abogados y Organizaciones de DDHH de Argentina, Paraguay y Nuestra América que se pronuncien; que presionen al Gobierno Paraguayo.
Les pedimos encarecidamente, y con respeto, a los cientos de organizaciones oficialistas o ligadas directa o indirectamente al Gobierno Argentino que se pronuncien.
Que se dirijan al Estado Paraguayo.
Lo mismo les pedimos a las izquierdas argentinas, paraguayas y latinoamericanas.
Pedimos al Gobierno Argentino (que tanto y tan bien nos acompañó con las muertes de las niñas de 11 años asesinadas), que no calle, que no cierren los ojos, que se pronuncien.
No dejemos que pase desapercibida la desaparición de una niña de 14 años que aún puede estar con vida.
Les pedimos a los distintos medios de prensa que busquen, pidan explicaciones y difundan la situación.
Y en particular, y muy especialmente, le pedimos al Presidente argentino Dr. Fernández y al canciller argentino Ingeniero Felipe Solá que reclamen duramente al Estado Paraguayo sobre el paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, niña paraguaya residente desde hace muchos años en Argentina, alumna de secundario en Puerto Rico, localidad de nuestra provincia de Misiones.
Eso mismo les pedimos a los gobiernos antiimperialistas de Nuestra América.
Le pedimos al Jefe de la Iglesia Católica y a los Obispos de Argentina, Paraguay y el resto de Nuestra América que no dejen pasar un día sin reclamar.
Los gobiernos y la Iglesia pueden hacerlo si quieren, no tienen impedimentos políticos ni diplomáticos.
Sólo tienen que tener la voluntad política, la decisión y la integridad de hacerlo
Les pedimos con humildad, les rogamos, que no consideren las metodologías de luchas de los pueblos y sus organizaciones para dar o abstenerse de dar solidaridad.
La Gremial de Abogados y Abogadas tendrá muy en cuenta las actitudes y solidaridades. Como hoy reconocemos abiertamente lo que el Gobierno Argentino hizo por las niñas asesinadas.
El silencio será complicidad con lo que ocurra. Y la Gremial jamás olvidará las actitudes de silencio o de mirar para otro lado.
Busquemos los teléfonos, los mails y las direcciones de funcionarios paraguayos, de dirigentes, de jueces y fiscales y saturémoslos con peticiones y reclamos.
Estamos a tiempo de salvar la vida de esa niña de 14 años, hagamos lo imposible para lograrlo.
Carmen Villalba tuvo a sus mellizas en cautiverio como se aprecia en la foto donde la trasladan junto a sus bebes recién nacidas.
Evitemos que ocurra lo que tantas veces ocurrió en la Argentina y en toda Nuestra América.
Energía Limpia XXI. La energía solar sigue creciendo en comunidades rurales aisladas de toda Nicaragua, un claro ejemplo de esto es el Centro
Educativo San Jacinto Arriba del Municipio de Wiwili, Nueva Segovia, aquí los paneles solares garantizan la energía necesaria para los estudiantes. El sistema ayuda a generar la electriciad que se utiliza en el sistema eléctrico y en las aulas informáticas y laboratorios de inglés. Datos de la publicación especializada Energía Limpia XXI destacan que en los últimos 13 años el gobierno ha llevado el servicio eléctrico a más de 3 millones de nicarguenses. Hasta el año 2006, Nicaragua era el país que tenía el nivel más bajo de cobertura eléctrica en toda Centroamérica. En julio de 2020 la cobertura eléctrica fue del 98%, un hecho sin precedentes.
Los proyectos solares en Nicaragua no son extraños. En la última década casi todos los hospitales de Nicaragua cuentan con techos solares o pequeños calentadores solares que ayudan a garantizar el suministro eléctrico 24/7, gracias al uso de baterías y sistemas de almacenamiento.
Fortalecimiento de capacidades técnicas de la juventud.
Por otra parte el Instituto Nacional Tecnológico y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) han promovido en la última década la capacitación de miles de jóvenes a nivel medio, técnico y profesional, garantizando que nadie se quede fuera en esta revolución renovable.
La organización Human Rights Watch (HRW) ha enviado este lunes una misiva al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en la que le ha advertido de que «el aumento de la represión del Gobierno chino desde Xinjiang hasta Hong Kong» amenaza su capacidad para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero de 2022, según informa Europa Press.
El clima de Derechos Humanos en el país supone un motivo de preocupación para la celebración de los juegos en China, tal y como ha detallado la organización en un comunicado, que ha señalado la falta de libertad de los medios de comunicación y de Internet, el encarcelamiento de más de un millón de musulmanes en campos de «educación política» y la falta de transparencia. Asimismo, ha señalado la situación en Hong Kong y el aumento de las restricciones a la libertad de expresión.
Ante estas violaciones y represión, «el COI debe llevar a cabo inmediatamente una sólida diligencia en materia de Derechos Humanos en torno a los preparativos de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2022 y explicar sus esfuerzos para gestionar los riesgos para los Derechos Humanos relacionados con los Juegos antes de febrero de 2021».
HRW ha señalado el deterioro «considerable» que ha tenido el país asiático en materia de Derechos Humanos desde la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008, aunque ya en ese entonces se cometieron atropellos como desalojos forzosos y el silenciamiento de activistas de la sociedad civil. Nadie consiguió obtener un permiso para protestar en las zonas que el Gobierno acordó establecer para los juegos, y al menos una persona que lo intentó, Ji Sizun, fue encarcelada por intentar conseguir un permiso.
No obstante, el Gobierno del presidente Xi Jinping «ha reforzado significativamente los controles sociales y la supremacía del Partido Comunista Chino», imponiendo mayores restricciones a la religión, la sociedad civil, Internet, los medios de comunicación y las universidades.
Además, ha procesado a numerosos activistas y periodistas con cargos infundados, ha perseguido a los musulmanes turcos en Xinjiang y a otras minorías étnicas y ha desmantelado drásticamente las libertades en Hong Kong.
La organización también ha denunciado que las autoridades chinas utilizaron los juegos de 2008 para justificar una importante expansión del aparato de seguridad nacional y la inversión y promoción de tecnologías de vigilancia como el reconocimiento facial, lo que «permitió una mayor represión durante la siguiente década».
En ese entonces, «el COI guardó silencio», ha asegurado la directora de China de HRW, Sophie Richardson, y ha asegurado que la adopción de nuevas normas requiere una acción significativa y decisiones difíciles, o de lo contrario es solo un insulto a todos los que sufren las violaciones masivas de derechos de Pekín», en referencia a la publicación a principios de año de un decálogo del COI en materia de Derechos Humanos.
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