Author: Pedro Flores Crespo

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Debates para 2018 (Primera parte)

Pedro Flores Crespo

México / 2 de enero de 2018 / Autor: Pedro Flores Crespo / Fuente: Educación Futura

La política educativa será campo de constante pugna y debate el próximo año. 2018 marcará un tiempo netamente político por la coyuntura electoral. A pesar de que algunas voces ya anuncian catástrofes y tragedias, las próximas elecciones federales también abren, aparte del miedo y la incertidumbre, espacios para la crítica razonada, la participación política y la reflexión ciudadana. En este sentido, quisiera sugerir algunas áreas de discusión que nos señalan complejos problemas educativos y que, para tratar de resolverlos, es necesario llevarlos más allá del ambiente electorero que vamos a vivir.

  1. Los maestros como individuos. Tan pronto iniciaron las precampañas, los distintos actores políticos empezaron a considerar a las maestras y maestros como una masa maleable a sus propios intereses. Principalmente, los candidatos nacidos bajo la matriz revolucionaria (José A. Meade y Andrés M. López Obrador) no negaron la cruz de su parroquia y rápido buscaron el apoyo de los líderes sindicales y sus partidos a cambio de los votos de los agremiados. De tal manera, Meade irá en coalición con Nueva Alianza y todo hace suponer que López Obrador ya tiene de su lado a la maestra Elba Esther Gordillo y familiares. La pregunta que aquí formulamos hace semanas es si aún en estos tiempos tanto el Panal como la desafortunada maestra aún aportan capital electoral significativo (Adiós al juego de máscaras, EF, 10/12/17).

Si la educación y el desarrollo docente realmente importan, ¿no sería mejor que alguna opción político-partidista reconociera a los maestros de una manera amplia y no simplemente como súbditos, clientes o actores que sólo actúan por puro interés, como lo dejó ver la reforma educativa actual? Si en tiempos electorales los maestros hacen sentir su voz para exigir que se les vea como seres humanos que saben trazar sus propias rutas de desarrollo académico y que pueden utilizar los resultados de las diversas evaluaciones en beneficio de ellos mismos y de la niñez mexicana, el debate educativo cambiaría de eje y mejoraría sustancialmente. La autonomía docente – que implica una responsabilidad individual – junto con tener una representación laboral sólida y legítima conforman una agenda que rebasa por mucho los dimes y diretes de algunos precandidatos y sus equipos de campaña.

  1. Universidades y poder. Los modelos de financiamiento, gobierno y evaluación de las universidades públicas muestran, como lo han constatado diversos académicos, rasgos de franco agotamiento. Esto quizás explique los graves incumplimientos en materia de política universitaria que oportunamente comentó Roberto Rodríguez (¿Un sexenio perdido?, Campus, 01/11/17). A estas fallas, las ha cruzado una variable que hace 20 ó 30 años era poco observada: el conflicto entre los gobernadores y los rectores o rectoras de las universidades autónomas.

Por si esto fuera poco, la capacidad de interlocución entre el Gobierno Federal y las universidades, por la vía de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), parece disminuida e inclinada a favor del actor más poderoso. Ante la crisis financiera y los problemas “estructurales” que enfrentan algunas universidades públicas del país (Nayarit, Zacatecas, Morelos, Michoacán y Zacatecas), Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, hizo eco del argumento oficial: el Gobierno Federal no las va a apoyar, es un problema, dijo, que tiene que “resolverse no solamente para coyunturas de cierre de año, sino que tiene que haber un replanteamiento fundamental en las universidades”. Valls prosiguió y dijo “ayudar” a las universidades “en las buenas prácticas de rendición de cuentas y transparencia, ya que muchas veces no se conoce la información de las universidades” (Reforma, 19/12/17 nota de Isabella González).

Sin dejar de reconocer la responsabilidad de los grupos directivos en el manejo administrativo de las universidades, la ANUIES, al tomar esta posición desdibuja su capacidad de interlocución, aun cuando gane simpatías con el gobierno en turno y sobretodo, con el precandidato oficialista, Mead, a quien Valls acompañó en su arranque de precampaña en Chiapas el pasado 14 de diciembre.

Ante esta problemática, no va a faltar el candidato que quiera “salvar” a las universidades públicas, sin embargo, el debate y la propuesta tendría que tomar otro giro para que seamos las comunidades universitarias los que discutamos qué responsabilidades compartimos, con qué reglas deseamos operar sin que esto signifique opacidad, cómo podemos construir nuevas coaliciones entre los diversos actores para negociar, en un terreno más abierto y transparente, el presupuesto público y sobre todo, cómo vamos a proceder para modificar la política universitaria imperante. Los universitarios no somos seres desconfiables y tampoco requerimos al “iluminado” para resolver nuestros problemas.

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Debates para 2018 (Primera parte)

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UAQ: Entre la presión externa y el cambio genuino

Pedro Flores Crespo

01 de noviembre de 2017 / Fuente: http://www.educacionfutura.org

Por. Pedro Flores

Al contrario de las distintas instituciones públicas de educación superior estatales, en donde el gobernador designa secretamente al director o al rector, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se organizó en días pasados para elegir a su rector por el periodo 2018-2021. Esta libertad, claro está, no significa que los universitarios seamos totalmente refractarios a vicios políticos o inmunes a la noción tribal del poder. “Si hay clientelismo con estudiantes, cargada con maestros y un tímido debate entre candidatos es muy nuestra autonomía eh; no se metan”. Esto es un error.

Defender la autonomía universitaria implica también revisar los métodos de elección de autoridades universitarias y no conformarse con la idea de triunfo. Por su libertad y capacidad intelectual, la UAQ puede organizarse para, en primer lugar, reconocer las malas prácticas que acarrea un método de elección de voto abierto entre estudiantes y docentes y segundo, proponer formas de elección que combatan esos vicios y traten de modular el comportamiento de los agentes universitarios. No juguemos a la “democracia” destruyendo instituciones promotoras de conocimiento y crítica pública.

En aras de contribuir al desarrollo y fortalecimiento institucional de la UAQ, me parece importante reconocer lo logrado en el periodo 2012-2018, recapacitar sobre los errores – porque una vida sin autoexamen no es digna de ser vivida, diría Sócrates -, y rehacer el plan de trabajo para ofrecer confianza y certidumbre.

¿Qué hay entonces que reconocer? En primer lugar, la administración que encabezó a la UAQ en los últimos años hizo una clara defensa del carácter público de la universidad mexicana. Se presentaron argumentos para lograr un financiamiento justo en virtud de los resultados obtenidos. Además, se rechazó la posibilidad de aumentar las cuotas dado el ingreso económico de los hogares de los jóvenes que deseamos formar y se adoptó una política de austeridad en los niveles jerárquicos más altos de la burocracia universitaria. Ser responsable en el manejo financiero de una universidad que elige por voto directo a sus autoridades es digno de reconocerse.

En segundo lugar, la administración saliente respondió a los requerimientos de evaluación y “calidad” establecidos por las autoridades educativas federales. En el periodo 2010-2011 había una proporción mayor de profesores con maestría que con doctorado, sin embargo, esta relación se invirtió para el ciclo 2015-2016. Ahora en la UAQ hay 34 por ciento más de doctores que hace cinco años. Aunado a esto, también hay 32 por ciento más miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 2017 que en 2012.

Con la reserva de que los actuales esquemas de acreditación reflejan “calidad”, la UAQ ha mostrado que puede incrementar el número de programas acreditados a la par de elevar su matrícula de estudiantes en licenciatura. Mientras en 2012 había sólo 19 programas de “calidad”, para 2016 se tenían 46, según el Quinto Informe del rector. A pesar de la sobre simplificación a la que orillan los criterios del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), la UAQ “ha sabido bailar bien ese son”. Mientras en 2012 había sólo 33 programas con este reconocimiento, para 2016 este número creció 48 por ciento para ubicarse en 64 programas.

Pero no seamos vanidosos. Estos indicadores no logran cubrir todos los aspectos que son sustanciales para dirigir y fortalecer a una universidad como la UAQ. Responder a los requerimientos burocráticos de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y del Conacyt ciertamente le ofrece a la UAQ una capacidad real de interlocución con las autoridades educativas a nivel federal y un escudo de prestigio frente al poder estatal, pero dicen poco sobre la legitimidad interna de la autoridad para encauzar un cambio institucional real.

Las mediciones de “calidad” dominantes frecuentemente omiten el nivel de cooperación que es necesario entre universitarios para impulsar proyectos comunes que busquen ampliar las capacidades de los estudiantes y fortalecer las trayectorias académicas en un ambiente de confianza y genuino compromiso. Interés y compromiso existen, lo que escasea es la imaginación para introducir incentivos para impulsarlos y no son los mecanismos de control y vigilancia lo que da resultados.

Por eso, basándose en los errores – que una contienda electoral debería enseñar –, la administración entrante podría revisar su filosofía universitaria, repasar su diagnóstico y reflexionar sobre el alcance de sus propuestas.

Sorprendió, por ejemplo, que sin mayor recato se haya utilizado de manera indiscriminada el término de “excelencia” en la educación. ¿Y esto qué significa? Pablo Latapí Sarre, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1996, aclara: “Permítanme decirles que considero este ideal de la excelencia una aberración. “Excelente” es el superlativo de “bueno”; excelente es el que excellit, el que sobresale como único sobre todos los demás; en la práctica, el perfecto. En el ámbito educativo, hablar de excelencia sería legítimo si significara un proceso gradual de mejoramiento, pero es atroz si significa perfección”.

Antes de que la vorágine del puesto engulla las buenas intenciones, sería muy sano que la rectora electa, la doctora Teresa García Gasca explique qué tipo de continuidad vamos a tener, porqué tenemos que seguir creyendo en una administración universitaria basada en un tipo de indicadores como referente de calidad cuando otras mediciones y políticas son posibles, porqué seguir apostándole a los sistemas de estímulos económicos cuando la evidencia muestra que son limitados para lograr los resultados esperados, qué mecanismos habrá que introducir para tomar decisiones colegiadas y contrarrestar la discrecionalidad que todos los candidatos detectaron, qué incentivos – más allá de lo económico – habrá que poner en marcha para el trabajador que cumple, cómo se puede desaparecer el halo clientelista que se cierne sobre el programa de becas para empezar a sustentarlo en conocimiento y evidencia empírica, cómo se va a recomponer la relación con el sindicato del personal académico y cómo se va a ecualizar la creciente presión externa de la política pública federal con una legítima aspiración de cambio institucional real.

La autonomía universitaria se concreta y toma significado cuando imaginamos cosas distintas y somos capaces de realizarlas sin encono. Ésta es precisamente la oportunidad que tenemos en la UAQ en el periodo 2018-2021.

Fuente artículo: http://www.educacionfutura.org/uaq-entre-la-presion-externa-y-el-cambio-genuino/

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Pedagogías de una tragedia

Pedro Flores Crespo

Pedro Flores Crespo

El terremoto del 19 de septiembre que cimbró a la Ciudad de México nos está dejando múltiples lecciones. Mientras las encuestas nacionales apuntan a un perfil de mexicano apático, miles de voluntarios salieron a la calle para participar en las brigadas de rescate. Cuando el adulto de la tercera edad condenaba severamente a los jóvenes y a los millenialspor usar indiscriminadamente el celular y las redes sociales, éstos organizaban diversos canales de ayuda por medio del Twitter y del Facebook.

Por nuestra parte, los cuarentones y cincuentones que estábamos – y estamos hartos – de las autoridades políticas y del cinismo del (dis)funcionario público, observamos que las diferencias no son irreconciliables cuando se trata de ayudar y cooperar. La desgracia vivida en la capital del país fue entonces aleccionadora porque nos regresó apertura, empatía y compasión. ¿Por qué teníamos que vivir un momento tan trágico para mostrar las virtudes que como pueblo tenemos? ¿Cuánto tiempo se mantendrá el espíritu solidario y la confianza en lugar del egoísmo y la suspicacia que nos corroe?

El terremoto del 19 de septiembre puede ser la piedra de toque para replantearnos formas de actuar y vivir distintos. Me explico. Si algo se buscaba en los días siguientes al sismo era la verdad en todas sus formas; ¿cuántas personas murieron? ¿de qué intensidad fue el sismo? ¿cuántos edificios se colapsaron? ¿por qué edificaciones recientes resultaron severamente dañadas? ¿quién es Frida Sofía? ¿puede ocultar el gobierno la verdad sobre una niña? ¿qué nivel de mentira es capaz de crear Televisa? La verdad estuvo a prueba en todos los medios de comunicación masiva, redes sociales y en el vecindario. Contrario al temblor del 85, ahora el invento, chisme y especulación fueron relativamente efímeros; no pasaron la prueba de la refutación. En redes sociales e incluso en los medios de comunicación hubo un constante contrapunto de opiniones, datos y observaciones al grado que se hicieron tendencia etiquetas o hashtags como #NoDifundasMentiras o #ChorosQueNoFaltan.

Es aleccionador que se sancione socialmente la mentira; sobre todo, en un contexto como el mexicano en donde la mayoría hemos aprendido que ponerse máscaras es más rentable y racional que mirar a los ojos y ser verídico.

Pero la construcción y defensa de la verdad no sólo debe ser responsabilidad del jefe o jefa de familia, docente, líder de opinión, reportero, o estudiante; sino que toca sensible y directamente a los representantes del gobierno. Si el descrédito de los políticos y sus partidos va en ascenso, ¿por qué no tratar de cambiar el código y aprovechar la situación de zozobra que vivimos los ciudadanos para comunicar con eficiencia los planes de reconstrucción, atajar suspicacias con acciones concretas y desmontar creencias superficiales con datos, argumentos y evidencia científica? Me uno a los que piensan que los gobiernos pueden y deben reconstruirse a partir de situaciones trágicas como ésta. No simpatizo con la idea de “demoler” todo lo que huele a política. Hay otras formas de interrelación entre sociedad y gobierno que podemos intentar y en donde reside, repito, hacerle honor a la verdad o de lo contrario, no habrá votos.

Practicar la verdad es un principio educador y de civilidad que puede enseñarse desde la escuela. Por esta razón, no basta con sólo reconstruir o rehabilitar físicamente las 12,931 escuelas que fueron parcial o totalmente dañadas por los sismos como reporta la Secretaría de Educación Pública (SEP), habrá que repensar qué otras lecciones nos dio la tragedia de los días pasados y discutirlas con nuestros estudiantes.

Aparte de la búsqueda incesante por la verdad, los maestros ahora tenemos la oportunidad de explicarle a los niños y jóvenes que aunque en ocasiones el Bien se vea chiquito y a punto de ser tragado por el Mal – como escribe Martín López Calva recordando a Augusto Monterroso -, el primero puede encarnar, resurgir y hacerse grande “ante nuestros ojos sorprendidos e incrédulos porque lo hacíamos moribundo en estos tiempos de decadencia”. Pero tampoco debemos engañarnos si queremos formar buenos pensadores. El Bien coexiste con el Mal, como bien afirma López Calva, pero sí hay posibilidades de que el primero triunfe sobre el segundo si hacemos de nuestras virtudes una costumbre y no la excepción, es decir, un proceder “sistemático y constante”.

El costo por rehabilitar y reconstruir las escuelas públicas será de aproximadamente 13 mil millones de pesos, ¿cuánto gastaremos al no poder aprender de nuestros errores y de la tragedia?

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/pedagogias-de-una-tragedia/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2017/09/unnamed-file.jpe

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Espionaje: ¿en dónde quedó la universidad?

Pedro Flores Crespo

Por: Pedro Flores Crespo

No pasa una semana sin que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto no sea abollado por algún evento o tragedia. Descubrimiento de actos ilícitos, ejecuciones extrajudiciales, corrupción rampante, exoneración de culpables, brote inesperado de grupos delincuenciales, discursos oficiales insulsos y acciones desafortunadas. El gobierno mexicano no las trae consigo.

El último balconeo ocurrió el lunes 19 del presente cuando el periódico The New York Timespublicó una nota en donde supuestamente tres dependencias gubernamentales habían comprado – con sus impuestos y los míos – un sofisticado equipo destinado para frustrar el crimen, pero que los “ingeniosos” priistas decidieron mejor utilizar para espiar a sus críticos. Según la nota de Azam Ahmed y Nicole Perlroth, el gobierno mexicano supuestamente trató de intervenir los teléfonos de influyentes periodistas, activistas anticorrupción y defensores de los derechos humanos (NYT, 19/06/17).

Este nuevo tropiezo del gobierno priista deja al menos tres lecciones. Primero, si deben haber tres temas centrales en la agenda pública de aquél que desee encabezar un buen gobierno a partir del 2018, éstos son: (1) libertad de prensa y expresión, (2) defensa de los derechos humanos y (3) combate frontal contra la corrupción. ¿Qué precandidato/a asumirá estos compromisos sin caer en contradicciones? No va a ser sólo la economía el tema central de las campañas políticas.

Segunda lección, ante la rapidez con que viaja la información a nivel global y el efecto que producen las redes sociales, parece que espiar ya no es tan cool. El gobierno de Peña Nieto se dio tremendo “quemón” a nivel mundial por supuestamente actuar de manera ilegal. Esta supuesta violación a la privacidad no lo fortalece, a pesar de tener ahora “sabrosa” información de sus críticos. En esta labor, hay que reconocerlo, fue un periódico estadounidense el que hizo el reportaje y lo publicó y no nuestros medios nacionales que dicen buscar la verdad. Espero nomás que aquellos que aún creen en la doctrina de la no intervención no vayan a culpar a los reporteros del New York Times por “injerencistas”. Nos abrieron los ojos.

Tercera y última lección, estaba consciente que México era un país de metiches, pero de eso a justificar que se revise, desde el gobierno, la vida privada de los personas, me parece sorprendente. Al igual que en el caso del plagio en que incurrió Peña Nieto con su no-tesis de licenciatura, escuché a varios locutores de radio, taxistas, estudiantes y hasta apreciados amigos académicos decir que “eso del espionaje siempre ha existido en México, por lo que no hay que espantarnos ni hacer un escándalo”. ¿Será que no le damos valor a la libertad individual para hacer en privado lo que deseamos y elegimos hacer? Probablemente estamos ya tan acostumbrados a la ilegalidad que quizás se piensa que es normal que un godinez del gobierno nos espíe. Yo no lo acepto.

Otra cosa que sorprende dentro de la normalización de la ilegalidad y la falta de ética es la débil reacción de las universidades y centros públicos de investigación, las cuales, hasta donde pude ver, no alzaron la voz para erigirse como la “consciencia crítica de la nación” y rechazar claramente la supuesta acción ilegal del gobierno. ¿Será que como el rector o los académicos universitarios no fueron los sujetos espiados es mejor no hacer olas? ¿No tendríamos que haber defendido la libertad de expresión dado que el gobierno priista supuestamente quiso amedrentar a sus críticos? Si no son las universidades y los centros de generación del conocimiento, ¿quién entonces será capaz de cuestionar las acciones públicas con fundamento, razón y apertura?

Llama la atención que contrario a las instituciones de educación superior, hay organizaciones que saben cómo irritar con su trabajo al mal gobierno y buscan con ello un cambio de políticas. No en balde los sujetos espiados son periodistas, miembros de los llamados think tanks como el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) y defensores de los derechos humanos. Parece que la función crítica de las universidades se ha ido perdiendo y valdría la pena pensar porqué. Esto poco tiene que ver con la “responsabilidad social” que tanto se anuncia en documentos y discursos oficiales.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/espionaje-en-donde-quedo-la-universidad/

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Educación superior: entre la equidad y la eficiencia

Pedro Flores Crespo

Por: Pedro Flores

A finales de mayo, el Banco Mundial (BM) dio a conocer su informe Momento Decisivo: la educación superior en América Latina y el Caribe (Ferreyra, Avitabile, Botero, Haimovich y Urzúa). Conocer este tipo de reportes es importante por al menos cuatro razones.

Primero, porque ofrecen una panorámica amplia del sector universitario al incluir indicadores de desempeño de los distintos países. Cuando uno peca de verse el ombligo y caer en el pesimismo, basta compararse con lo que hacen otros países de la región para matizar el juicio. Segundo, los informes del Banco Mundial – en algún momento, considerado el “villano favorito” de nuestras desgracias – abren posibilidades para la discusión pública y el debate. Aquellos que son propensos a explicar todo con base en el “neoliberalismo” ya tienen un pretexto para agitarse con la publicación del BM.

Tercero, las ideas vertidas por el BM sobre educación superior llegan en un momento importante para México. Como se sabe, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) está preparando el documento de política 2030 sobre este nivel, el cual será presentado a los candidatos a la presidencia de la República en 2018. Y en cuarto y último lugar, también dentro del seno de la ANUIES, estamos discutiendo el contenido de una nueva Ley de Educación Superior.

¿Qué elementos del informe del Banco Mundial se tomarán para estos documentos de política educativa nacional? Ya veremos, mientras tanto, hagamos un breve repaso y crítica del citado documento.

¿Qué juzgo como positivo del Informe? En primer lugar, advierto que los economistas del Banco Mundial ya desarrollaron una visión más realista de la capacidad de cambio y transformación que tiene la educación superior. De esta manera, afirman que para comprender mejor la función de las universidades, hay que considerar la problemática del bachillerato, del mercado laboral y de la economía en su conjunto. “[L]os graduados de educación superior sólo pueden materializar su potencial productivo si su entorno se lo permite”. Esta perspectiva ayuda a repensar en lo que puede o no hacer la universidad en nuestros países latinoamericanos que, como observarían algunos, no experimentaron la modernidad.

Otro acierto del informe es brindar información para repensar la equidad más allá del clásico argumento pobrista. Tres datos llaman la atención del Informe. Primero, el acceso a la educación superior en la región creció notablemente del año 2000 a 2013, ya que pasó de una tasa de 18 a 28 por ciento. Es decir, más jóvenes de entre 18 y 24 años cursan actualmente una carrera universitaria. Segundo, un mayor número de jóvenes que llegaron a este nivel provienen de familias con ingresos bajos y medios. Estos jóvenes son vistos por el BM como el “estudiante nuevo”. Mientras en el año 2000, sólo 16 por ciento del estudiantado de educación superior representaba el 50 por ciento más pobre de la población, esta tasa creció a 24 por ciento en 2012. Tercero y último, aunque los ricos siguen aún teniendo más probabilidades de ingresar a la universidad que los pobres, esto se explica, en un 56 por ciento, por las tasas de graduación en el bachillerato. Dicho de otra manera, “el principal motivo por lo que es menos probable que esos jóvenes accedan a la educación superior es que no se gradúan”.

Que un joven no complete satisfactoriamente sus estudios de bachillerato puede o no estar relacionado con la pobreza económica. Esto nos impulsa a ampliar la mirada y cuestionar cómo operan los bachilleratos en un país como México en donde este nivel se volvió obligatorio desde 2012. Algunas investigaciones han mostrado que las escuelas de educación media superior imponen reglas de evaluación y acreditación tan estrictas y disfuncionales que estudiar en ellas asemeja más a una carrera de obstáculos que a un buen proceso de enseñanza-aprendizaje (véase Mendoza, D. 2016. Reprobación y deserción en el bachillerato. Elementos para la equidad y eficacia escolar, México: UIA).

El reporte del BM intuye y señala muy someramente un problema de tipo “institucional” en los subsistemas de educación de la región, pero no va a fondo y quizás no tendría porqué. Esperemos, por el contrario, que los documentos de política universitaria nacional sí elaboren tesis más originales y señalen puntualmente cómo las reglas (formales e informales) contribuyen a que nuestras universidades y bachilleratos no operen con eficiencia generando, entre otras cosas, mayor desigualdad.

¿Qué más considero como limitaciones del informe y de la visión de los economistas ligados al Banco Mundial? Contrario a la UNESCO y a las declaraciones mundiales sobre el nivel, estos autores consideran a la educación superior como un producto de mercado y no como un bien público. Es a partir de la visión utilitarista de donde parten sus interpretaciones y recomendaciones de políticas. Esto merece una amplia crítica dado el cúmulo de literatura y evidencia empírica que ha mostrado las limitaciones de promover el desarrollo educativo con base en los principios de mercado. ¿Por qué entonces insistir en ello? ¿Es una cuestión más ideológica que científica? ¿Es reflejo de la era Trump?

Los autores del informe, consideran a los estudiantes y a sus familias como meros agentes racionales tratando de maximizar sus beneficios cuando el mismo informe ofrece información sobre decisiones “irracionales” que toman los jóvenes. Por ejemplo, pese a las “baja rentabilidad” de algunas carreras y áreas del conocimiento, las personas las siguen eligiendo. Esto tendría que haber impulsado una idea más amplia y profunda de la racionalidad humana. Filósofos, economistas, analistas de políticas, e incluso Adam Smith han observado que la gente no solamente actúa siguiendo su propio interés.

Por otro lado, pese afirmar que el gasto en educación superior no es “regresivo”, sino “progresivo” debido a la creciente presencia de estudiantes pobres en la educación superior y de que el financiamiento público es clave para promover carreras de Ciencia y Tecnología, los economistas del Banco Mundial se apresuran y vuelven a proponer que los gobiernos otorguen a los jóvenes un voucher para que elijan la universidad de su predilección, como si tal decisión fuera totalmente libre. ¿Por qué los autores del informe omitieron las investigaciones empíricas (véase Carnoy) que muestran que estos esquemas de mercado no dan los resultados esperados?.

Esta “asimetría de información” hace pensar que quizás sí sea tan mala la educación en el mundo que algunos – no sólo los “estudiantes nuevos” y pobres – no tienen la capacidad de procesar la información correctamente. Sí es para preocuparse.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/educacion-superior-entre-la-equidad-y-la-eficiencia/

 

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Información, autonomía y poder

Pedro Flores Crespo

Por: Pedro Flores

Para poder mejorar el desempeño de cualquier gobierno, se requieren instituciones autónomas. Organismos que generen información confiable para poner en cuestionamiento la verdad oficial y así enriquecer el debate público. Si bien la autonomía es un atributo que se puede otorgar por la vía constitucional, ésta se construye por medio de la labor independiente, los mensajes, comportamientos y acciones cotidianas de estas instituciones y de las personas que las conforman y las dirigen.

Por esta razón, fue preocupante que a principios de abril, el Senado de la República ratificara, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, a la maestra Paloma Merodio como uno de los cuatro vicepresidentes para conformar la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Y no es que sea ilegal ser propuesta por el titular del Ejecutivo, el cuestionamiento tiene su origen en algo más serio y penoso. Merodio mintió en su currículum con el propósito de acomodarse a lo que le exigía la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía. Dijo haber sido maestra en Harvard cuando sólo fue asistente; además, no cumplía con el tiempo estipulado en cargos de “alto nivel”, ni tampoco era reconocida como académica “de prestigio”. De hecho, “saltó” del gobierno al órgano autónomo cuando lo ideal hubiera sido que pasara de la academia o de la sociedad civil al INEGI.

A la mentira – que algunos senadores priistas quisieron justificar con que ningún currículum puede presentarse con “claridad incuestionable” – se le aunó el sospechosismo. Esto debido a los claros vínculos de Merodio con el gobierno. Como funcionaria de Sedesol, la nueva vicepresidente del INEGI se encargaba de un área clave para mostrar si el gobierno hace bien o mal su trabajo: la evaluación y monitoreo de los programas sociales. Por esta razón, con la llegada de Merodio, la falta de independencia con que deben trabajar los miembros de los organismos autónomos se puso en cuestión.

Del caso Merodio se pueden extraer al menos cuatro lecciones. En primer lugar, y para los que dudan de la existencia de la gobernanza, vale la pena hacer notar la manera en que algunas organizaciones de la sociedad civil, articulistas y académicos reaccionaron para impugnar la propuesta del presidente Peña Nieto. Esta protesta, sin embargo, fue mucho más activa y por tanto, más visible en las redes sociales que en los medios de comunicación tradicionales. Mientras Noticieros Televisa machacaba a cada instante el trágico accidente del BMW en la avenida Reforma, avezados tuiteros aportaban elementos para sostener que estábamos ante una burla más de los altos funcionarios del gobierno priista.

Las pruebas del fraude de Merodio fueron claras y débilmente refutadas y aún así, el presidente Peña Nieto decidió mantenerla. El cabildeo entonces funcionó: en silencio votaron a favor de la propuesta presidencial 64 senadores, 26 lo hicieron en contra y hubo una abstención. Ante esto, una segunda lección puede extraerse: el presidente Peña Nieto y sus colaboradores prefieren pagar el costo del descrédito y seguir ahondando la crisis de legitimidad que posee su gobierno. La pregunta a esto es: ¿a cambio de qué? ¿Podrán manipular las cuentas nacionales a su favor? ¿Habrá “Efecto Merodio” en los próximos conteos sobre el ingreso de los hogares y la pobreza? Ante un posible “palomazo”, no va a ser raro presenciar una reacción sonora de la coalición formada por las organizaciones y estudiosos de la pobreza. México no es Atlacomulco.

Tercero, con la imposición de Merodio el gobierno de Peña Nieto vuelve a contradecirse. Me explico: por un lado está tratando de empujar una reforma educativa basada en el mérito de los maestros, pero por otro, se hace de la vista gorda cuando una candidata “no idónea” miente truqueando su CV para asirse de una plaza, de un puesto público. ¿O sea que para los maestros todo el peso de la Ley, pero para los amigos y camaradas, gracia?

Cuarta y última lección: qué haremos ante los nombramientos que se avecinan, como lo pregunta Enrique Cárdenas, el incansable director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C. (CEEY) (El Universal, 14.04.17). ¿Cómo asegurar, inquiere Cárdenas, la credibilidad y la confianza en el gobierno ante la designación del gobernador del Banco de México, del fiscal anticorrupción o de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI)?

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) también está por renovar a un miembro de su Junta de Gobierno el próximo año y la preocupación en este caso es igual de válida. ¿Qué estrategia seguirá la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el presidente de la República para fortalecer la autonomía del Instituto? ¿Se volverá a recurrir a la comunidad de investigadores educativos para conformar la terna de candidatos o los buscarán en una dependencia gubernamental? Ante la tarea de alta especialización técnica y política que realiza el INEE, ¿habrá voces que quieran “ciudadanizarlo” para poder infiltrarse en él?[1] Estaremos atentos. Así como en el campo del estudio y medición de la pobreza, en el sector educativo también podríamos impulsar una coalición de académicos, legisladores de oposición, periodistas, think tanks y organizaciones de la sociedad civil que defienda con argumentos la autonomía del INEE.

La vida y función de los órganos constitucionalmente autónomos aún está por escribirse en este México que lucha por dejar atrás su pasado autoritario, en donde personajes poderosos se mezclan con reglas e instituciones débiles, pero que a la vez, sectores de la sociedad muestran una clara convicción por cerrarle el paso al engaño y a la simulación. Todo ello aderezado con una apertura mediática sin precedentes.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/informacion-autonomia-y-poder/

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Modelo Educativo: ¿qué cambió?

Pedro Flores Crespo

Por: Pedro Flores Crespo

El pasado lunes 13, se presentó la versión revisada del Nuevo Modelo Educativo. Palacio Nacional fue el escenario elegido por el actual gobierno para dar a conocer su propuesta filosófica y curricular. Como era de esperarse, fue un acto político, del cual voy a comentar algunos pormenores a reserva de revisar detalladamente los documentos y compararlos con la versión previa.

El interés por ver la presentación del Modelo Educativo tenía al menos dos propósitos. Por un lado, obviamente, informarme sobre la nueva propuesta y segundo, guardaba la ilusión de que los actuales servidores públicos, explicaran al ciudadano en qué había cambiado el modelo luego de la amplia consulta que se llevó a cabo el año pasado. De acuerdo con el informe del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), se registraron casi 300 mil comentarios por medio de seis estrategias: (1) foros organizados por la propia SEP, (2) Consejos Técnicos Escolares, (3) órganos académicos de los bachilleratos, (4) foros y documentos externos, (5) foros estatales y (6) una plataforma de consulta en línea que, sorprendentemente, acumuló tres quintas partes del total de registros.

Dado el cúmulo de información y la débil tradición de escuchar y respetar la voz de la gente, albergaba la esperanza de que el gobierno de Enrique Peña Nieto haría lucir sus propuestas explicando qué elementos del modelo educativo fueron incorporados a partir de la consulta, cuáles no y por qué. Esto no fue lo que vimos, en cambio, constatamos que el modelo mantuvo sus cinco ejes: (1) cambio pedagógico (dejar atrás la memorización), (2) escuela al centro, (3) formación de profesores, (4) equidad e inclusión y (5) una nueva gobernanza del sistema educativo.

También observamos al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, utilizando anécdotas para justificar las acciones de cada eje. ¿Acaso su dependencia no genera la suficiente evidencia para sustentar y justificar las acciones públicas? ¿Por qué no le acercan sus asesores estudios e investigaciones sobre la efectividad de los programas de tutoría y de las comunidades de aprendizaje? Asumir que es más válido citar el nombre de la maestra Bernarda en esos actos que un estudio publicado en alguna revista científica es menospreciar la capacidad del ciudadano.

Luego del titular de la SEP, tomó la palabra Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Se acomodó a todos los públicos con su discurso (“no a la batalla ideológica”). Dejó claro que para él no hay contradicción entre una educación de calidad y los derechos laborales de sus representados.

Posteriormente, le tocó el turno a Sylvia Schmelkes, consejera presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Del discurso de Schmelkes, me llamaron la atención dos cosas. Primero, resaltó la contribución técnica del INEE para sustentar las propuestas del modelo. Esto fue posible, según ella, gracias a la construcción de indicadores, la evaluación curricular y la emisión de directrices que ha hecho el Instituto.

Segundo, la titular del INEE sí hizo notar algunos cambios entre esta versión del modelo y la pasada. Por ejemplo, habló de que hay una mejor articulación entre la educación básica y la media superior y de que la educación bilingüe se reconoce en todos los niveles educativos. Con valor, enlistó también algunos “puntos luminosos” del modelo como haber  llegado a él por medio de un esfuerzo democrático y reconocer, por otro lado, a los maestros y directores como sujetos capaces de actuar de manera autónoma. ¿Compartirá ya la SEP esta visión? ¿Sirvieron los foros de consulta para mostrarle al secretario y a sus grupos afines que los mentores no son seres desconfiables a los que hay que someter por medio de la evaluación? Una rectificación explícita de la SEP en este sentido sería en verdad brillante y deseable.

Sabiendo el terreno político y mediático que pisaba, tomó la palabra Graco Ramírez, gobernador de Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Después de hablar de “amarres corporativos” y “aristocracias sindicales” pasó a condenar a los “conservadores y populistas”. Graco tuvo para todos: alabó la reforma que “va, camina y empieza a dar frutos”, regañó niños, reconoció la actitud del sindicato porque, según él, ya no tolera comisionados y le dio coba al secretario Nuño diciendo que a pesar de tener una hermosa oficina, va a las escuelas y conoce a los maestros. Todos felices sonreían; pero, ¿cuántas plazas habrá disponibles en Morelos y en cada estado que no se han concursado? ¿Qué proporción de plazas y horas se han asignado de manera transparente? ¿Por qué se critica constantemente a los gobernadores de esconder los puestos públicos y de bloquear la reforma educativa? Para Graco fue más fácil disparar en todas direcciones que asumir su propia responsabilidad.

Después de un video testimonial y de las palabras de una estudiante de la Ciudad de México, vino la intervención del presidente Peña Nieto. Queriendo improvisar sin mucho éxito, nos regresó al pasado y a lo que ya sabíamos. Vasconcelos entró de nuevo en el discurso, PISA (Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes) fue utilizado para justificar el cambio curricular y repitió la consabida diferencia entre calidad y cobertura.

Sorprendió que, por un lado, Peña Nieto hablara de la importancia del “consenso social” y por otro, se mostrara muy orgulloso de la rápida aprobación de la reforma educativa. Recordó que en diciembre de 2012 se propuso y en febrero de 2013 ya había sido aprobada por casi todos los congresos de los estados. Utilizar la “aplanadora” priista y el fast track quizás sea rentable políticamente, pero suprime el debate público y parlamentario; así como el entendimiento a las posiciones contrarias del otro. Esto seguramente no es lo que consigna el “nuevo” modelo educativo, entonces, ¿qué cambió?

Fuente: http://linkis.com/educacionfutura.org/R9zOo

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