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¿Iniciativa de educación por consenso? Prueba de fuego para AMLO

Por: Pedro Flores

El día de hoy se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de reforma educativa que estamos promoviendo un grupo plural de especialistas en educación, miembros de la sociedad civil organizada y ciudadanos interesados en la política educativa. Como se sabe, luego de la presentación el pasado 12 de diciembre de una iniciativa de cambio constitucional del Artículo Tercero presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conjuntamente, las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados invitaron a los ciudadanos, “especialistas y organizaciones en general” a participar en las audiencias públicas programadas para analizar dicha iniciativa. De esta manera, se espera que el miércoles 6 vayan los docentes y sus representantes sindicales al congreso; el viernes 8, toca el turno a los especialistas y académicos; el sábado 9, a las escuelas normales y a las universidades; el lunes 11, presentarán los  legisladores del ámbito local; el martes 13, las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales; el viernes 15, los padres de familia, y el sábado 16 las autoridades educativas federales, estatales y municipales, así como a los directivos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En principio, se trata de un valioso ejercicio de deliberación pública. Habrá una asistencia nutrida (se registraron más de 800 participantes) y, aunque la liga para el registro falló recurrentemente, las comparecencias serán públicas y se transmitirán en línea. Muchos de nosotros esperamos debates alrededor de la propuesta presentada por el presidente, sugerencias para mejorarla, críticas y también esperamos que se consideren otras propuestas que hayan sido presentadas. Ése es el caso de la iniciativa RED (Red, Educación, Derechos) (@RMx2019), que un grupo plural — del que formo parte — presentó y que se explica a partir de tres ejes principales: los elementos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo que son valiosos y deben mantenerse; los aspectos que pueden mejorarse del Artículo Tercero actual, y los temas en donde sugerimos innovar basándonos en nuestra experiencia escolar y de investigación. Por ello, hemos denominado la propuesta MMI: mantiene, mejora e innova. Al ser una iniciativa alterna, buscamos que se revise, contraste, discuta en las escuelas y con los maestros. Y, a partir de ello, se deliberen pública y abiertamente los elementos que podrían apuntalar un cambio educativo real para todos y entre todos. Vale la pena enfatizar que este grupo nace de la amistad y de un interés colectivo por discutir la educación de México, no tiene ninguna adherencia partidista y trabajamos con nuestros propios recursos.

¿Qué elementos de la iniciativa enviada por el presidente López Obrador determinamos razonadamente mantener en nuestra propuesta? En primer lugar, la preocupación central por combatir la desigualdad y la exclusión por medio del esfuerzo educativo. En México, desafortunadamente, los beneficios de la escolaridad y el conocimiento son aprovechados en mayor grado por los individuos mejor situados cultural, social y económicamente. Esto, coincidimos, fragmenta el tejido social y la sana convivencia.

Otro punto de convergencia con la iniciativa del Ejecutivo es poner en el centro de las políticas educativas a la niñez mexicana. Por eso, decimos que los “educandos son titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación”. La tercera concordancia tiene relación con el papel que tienen los maestros como agentes primordiales para mejorar la calidad de la educación. Esto, reiteramos, se logra garantizando el derecho a la actualización permanente y a la formación continua. En este sentido, acordamos eliminar la evaluación obligatoria en términos de permanencia laboral y terminar con ello a lo que algunos críticos de la reforma de 2013 han calificado como “punitivo”. Es cierto que una visión más amplia de quiénes son los profesores y cómo actúan en pos de su desarrollo personal y profesional es necesaria.

¿Qué cambios y matices se introdujeron a la iniciativa del presidente? Basándonos en la investigación educativa y en las tendencias actuales, se establece que en “el caso de la educación indígena, ésta se impartirá respetando plenamente la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas y su derecho a recibir educación pertinente”. Además, colocamos de nuevo la perspectiva “intercultural” en la agenda educativa, la cual inexplicablemente había sido omitida de la iniciativa original.

Sobre las escuelas normales, quisimos también complementar la iniciativa presidencial y establecer que no sólo el Estado debe darle “atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales”, sino ir más allá y aclarar que ese apoyo debe estar concentrado en las instituciones públicas. Existen evidencias de que algunas escuelas normales privadas operan de modo ineficiente y, por lo tanto, iría en contra de la “austeridad republicana” financiar al sector privado en lugar de apoyar decididamente al público. Asimismo, la iniciativa alterna a la del presidente establece que las escuelas normales públicas deben contar con “libertad académica y autonomía de gestión”, tal como estudiosos del normalismo han señalado.  Considerar la evidencia científica en el campo educativo sirve, entre otras cosas, para persuadir a los distintos actores de que el interés público se debe cultivar en primer lugar y sobre cualquier presión de grupo. Que en la nueva generación de políticas educativas hable el conocimiento acumulado y no solamente los chantajes o los intereses empresariales y políticos.

Para terminar, es importante dejar en claro qué diferencias existen entre la iniciativa de RED con la propuesta enviada por el Ejecutivo. Primero, se propone que la “educación que imparta el Estado deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”. Esto garantizaría “el respeto a la dignidad de las personas”, las cuales se consideran como seres autónomos. Esto —a mi juicio— contribuye a rebasar la noción de “educación bancaria” (Freire); es decir, aquella en donde el educando solamente es visto como un receptor pasivo de conocimientos. Aunado a ello, también se señala que la educación “impartida por el Estado será integral, equitativa, incluyente, intercultural y de calidad” y “contribuirá al desarrollo sostenible y fomentará en las personas el autocuidado, el civismo, el amor a la Patria, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”. Esto en parte resuelve el vacío filosófico-conceptual de la iniciativa de AMLO que algunos hemos previamente comentado.

Segundo, hay al menos cuatro elementos que la iniciativa de RED enfatiza y que no están en la propuesta del presidente:

1) Autonomía política —no sólo técnica— del propuesto Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación (CENMCE). La autonomía política debería ser una demanda social por tener información objetiva y transparente de cómo avanza o retrocede el sistema educativo nacional (SEN). Esta información debe darse a conocer independientemente de lo que quiera la SEP. Esto no es para culpabilizar a un solo actor o a un gobierno en específico, sino para desplegar ejercicios de pedagogía ciudadana y hacernos todos corresponsables de lo que ocurre en las escuelas, sistemas educativos locales, estatales y el federal. Con autonomía se construye ciudadanía.

2) El i ngreso al servicio docente y la promoción del maestro se harán por medio de evaluaciones integrales y obligatorias. Este punto, curiosamente, se dejó de lado en la iniciativa presidencial, lo que abre la pregunta de que el gobierno de AMLO no es congruente. Por un lado, dice combatir la corrupción; por el otro, ¿se hará de la vista gorda para que las cúpulas sindicales, junto con las “autoridades” educativas estatales y federales, funden su propio negocio (ilegal) de venta y herencia de plazas? Además, en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se quiere dejar sin efecto la evaluación a partir de la presentación de ésta lo que viola la Ley, por un lado, y por el otro, manda una mala señal a los maestros y candidatos que no tienen “palancas” para entrar al servicio docente. Por congraciarse con algunos, se desincentiva al docente más débil políticamente hablando.

3) Educación inicial. Igual de incongruente resulta ser que, por un lado, el gobierno de AMLO diga querer atacar la desigualdad, y por el otro no le haya dado espacio a la educación inicial (0-3 años), tal como varios legisladores se lo recordaron al titular de la SEP en su comparecencia del pasado 28 de enero en el Palacio Legislativo. La educación inicial, desde hace años, ha mostrado ser un enfoque de política pública basado en la evidencia que ofrece una “oportunidad real” de hacer mejoras en la vida de los niños para prevenir problemas sociales persistentes y combatir la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Por eso, la iniciativa de RED señala: “El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”.

4) Autonomía universitaria. Pese a que varios miembros de la RED señalaron oportunamente que la iniciativa de AMLO eliminaba la fracción referente a la autonomía universitaria y a que el titular de la SEP reconoció que tal omisión había sido un “error”, aún falta incorporarla en la propuesta del Ejecutivo y sobre todo, hacerla efectiva a través de políticas universitarias radicalmente distintas a las que ahora prevalecen.

Por lo tanto cabe la pregunta: ¿queremos o no una verdadera transformación? Si es así, la deliberación pública, el debate parlamentario, la incorporación de la crítica y el reconocimiento de todas las voces discordantes serán necesarias. Ni el gobierno de AMLO ni muchos de nosotros deseamos que se repita la cerrazón con que actuó el gobierno pasado. Por lo tanto, habrá que escuchar la voz contraria, revisar las distintas iniciativas, persuadir al opositor de las bondades de la propuesta oficial, así como verlo como un igual para poder debatir con él públicamente. A partir de estas condiciones, probablemente se pueda construir un mejor marco legal para las políticas educativas, pero además, nos podríamos entender mejor para crear los esquemas de colaboración que todos en México necesitamos. El gobierno tiene la palabra: ¿simulación con mayor desconfianza o consenso por vía de la persuasión? Una clara prueba de fuego para ellos y también para nosotros.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/iniciativa-de-educacion-por-consenso-prueba-de-fuego-para-amlo/

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Sarukhán y la memoria universitaria

Pedro Flores Crespo

Ser estudiante universitario es una de las cosas más gratificantes por las que atravesamos algunos. Habitar el campus nos enseña que la educación está más allá de las aulas. En esta etapa es cuando se abren ante nuestros ojos un buen cúmulo de conocimientos y experiencias, a la par de abrazar cuanta causa política y social surja. El ambiente universitario también muestra que los ratos de amistad y alegría son más constantes que el ansia de competir por un puesto, dinero o prestigio.

En paralelo a esta graciosa vida, muchas historias de poder y política se entretejen. De esto – y de varias cosas más – habla el libro Desde el sexto piso de José Sarukhán, quien fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1988 a 1996. Fue en este mismo periodo que tuve la oportunidad de ser estudiantes de bachillerato y de licenciatura y por ello, al leer el libro del destacado ecólogo, me pregunté qué tanto de lo realizado por Sarukhán se correspondía con lo vivido como estudiante. Veamos.

Orgullo, programitis y politización

Que la universidad de uno sea dirigida por un destacado científico – ahora miembro de la Royal Society de Londres – es un orgullo que sirve, entre otras cosas, para atajar la agrias críticas hacia la escuela pública. El poder político que ejerce el rector de la UNAM no tendría la misma resonancia y significado sin la capacidad académica e intelectual de algunos de sus directivos. Quizás por esta capacidad, Sarukhán delineó una clara visión y se propuso “academizar” la universidad y esto consistía en “poner al personal académico en el centro del escenario universitario”, ofrecerle opciones de desarrollo profesional a la par de exigirle “un ejercicio de mayor calidad y responsabilidad para con sus alumnos” y evitar que las “grillas” distraigan al profesor comprometido de su “función académica”.

El resultado global de todas estas acciones deberá construirse a través de las distintas voces y fuentes que habitan el campus y no sólo por medio del mencionado libro. A mi como analista de política universitaria, me llamó mucho la atención la vigorosa creación y puesta en marcha de diversos programas para tratar de revertir los problemas estructurales de la UNAM. No obstante, parece ser que a pesar de la introducción de estas estrategias – algunos exitosos en un inicio -, los problemas permanecen. Por ejemplo, sigue habiendo una clara separación entre investigación y docencia. En los institutos, la UNAM es ejemplar, pero en los procesos de enseñanza-aprendizaje hay grandes fallas. En mis tiempos, había profesores que dictaban y, hasta donde recuerdo, no había debates en clase o se utilizaba el “método científico como base para la enseñanza y el aprendizaje”.

Asimismo, en la actualidad, parece seguir habiendo una marcada disparidad en términos de calidad educativa entre campi que ya Sarukhán observaba en sus tiempos y que, por recientes testimonios, no ha desaparecido. Estos resultados no esperados del programa de academización es una lección que hay que discutir con mayor detenimiento.

En contrapunto con el intento de academización, hubo fuertes tensiones políticas en la gestión de Sarukhán y no pocas veces el “jefe nato” de la UNAM tuvo que actuar más como político que como académico. Un pasaje muy “sabroso” del libro es el referido al proyecto del aumento de cuotas. Como quizás usted recuerda, en 1992, el grupo directivo propuso introducir un esquema de pagos diferenciados. Es decir, si un estudiante provenía de una familia económicamente pudiente, debía pagar más de colegiatura que el joven de escasos recursos. A pesar de que esta propuesta sonaba razonable, el asunto se enredó – al igual que en 1999 – al grado de llegar a las altas esferas del poder.

Aunque hay distintas versiones de cómo “persuadieron” a Sarukhán para que retirara su propuesta, el ex rector narra en su libro que, por la noche, lo citaron en la residencia de Los Pinos para sugerirle que no prosiguiera con el proyecto de la cuotas pues podía ocasionar agitación social y protestas callejeras. Todo esto, frente a las elecciones en varios estados de la República. Curiosamente, no fue el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari el que le pidió al “jefe nato” de la UNAM que reculara, sino los argumentos de Manuel Camacho, entonces jefe del Departamento del Distrito Federal. Sarukhán sugiere que Camacho, con el interés de ser candidato a la presidencia, estaba pactando con el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) la abrogación del proyecto de cuotas, cuestión que no concuerda con los hechos pues es bien sabido que algunos líderes del CEU simpatizaban con el movimiento político que encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

El hecho es que Sarukhán se retractó y enfrentó un dilema: ante la intromisión del gobierno en las decisiones de un institución autónoma, ¿debía o no renunciar? Con base en la “teoría del sujeto indispensable”, decidió lo segundo. Según él, se perdería más si se fuera de la UNAM que si se quedaba porque su responsabilidad era “velar por el bien de la institución”. No podía arriesgar, dice el biólogo, “la estabilidad y el fortalecimiento académico” de la universidad. Ultrajados, pero firmes en el puesto.

¿Especies a extinguir?

Al leer las memorias del ex rector, también llama la atención la subestimación con que el destacado científico trata a los actores que tendían a cuestionar el programa de “academización” o el supuesto orden y estabilidad unamita. Su mirada es severa. A algunos profesores que se oponían al programa de estímulos salariales los acusa de ser demasiado “protagonistas” porque protestaron actuando como “cerillos” en un supermercado sin reparar, ahora, en la excesiva carga financiera que tiene, según algunas fuentes bien informadas, este programa para la UNAM. Además, de la simulación, clientelismo y discrecionalidad que este tipo de esquemas genera, según la literatura especializada.

Por otro lado, y aún sin ser rector, en 1986, participa en unas mesas de diálogo con estudiantes y confiesa haber sentido “tristeza” por ellos ya que “actuaban como marionetas de adultos” y el juicio va más allá: ese sector de la izquierda universitaria actuaba con un “oportunismo político chato e irritante que no debería tener cabida en una universidad”. Es muy raro que el destacado biólogo se pronuncie por querer expulsar del “ecosistema” universitario a una “especie” en formación.

Una triste memoria de mis épocas de estudiante fue cuando a pesar de querer trabajar por la “academización” de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), el maestro Salvador Ruiz de Chávez no fue reelegido, en 1993, por la Junta de Gobierno y aunque sus seguidores no tuvimos elementos para atribuirle a Sarukhán alguna responsabilidad en ello, sí sabíamos que la decisión no era vista, desde el sexto piso, con malos ojos pues Ruiz de Chávez había apoyado a otro aspirante en la carrera por la rectoría en 1992. En su lugar, eligieron a un personaje que, corroborando nuestra precariedad democrática, también tachábamos de “marioneta”.

Afortunadamente, las cosas han cambiado y algunos hemos evolucionado para poder reconocer que las universidades públicas mexicanas son plurales y diversas y que es un error considerarlas como simples maquinarias u órganos cuyas partes deben operar para mantener – a toda costa – una estabilidad mal entendida. La crítica y apertura al razonamiento del argumento opositor son también factores de equilibrio.

Fuente del articulo:http://www.educacionfutura.org/sarukhan-y-la-memoria-universitaria/

Fuente de la imagen:http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2014/12/jose_sarukhan-2

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Debates para 2018 (Primera parte)

México / 2 de enero de 2018 / Autor: Pedro Flores Crespo / Fuente: Educación Futura

La política educativa será campo de constante pugna y debate el próximo año. 2018 marcará un tiempo netamente político por la coyuntura electoral. A pesar de que algunas voces ya anuncian catástrofes y tragedias, las próximas elecciones federales también abren, aparte del miedo y la incertidumbre, espacios para la crítica razonada, la participación política y la reflexión ciudadana. En este sentido, quisiera sugerir algunas áreas de discusión que nos señalan complejos problemas educativos y que, para tratar de resolverlos, es necesario llevarlos más allá del ambiente electorero que vamos a vivir.

  1. Los maestros como individuos. Tan pronto iniciaron las precampañas, los distintos actores políticos empezaron a considerar a las maestras y maestros como una masa maleable a sus propios intereses. Principalmente, los candidatos nacidos bajo la matriz revolucionaria (José A. Meade y Andrés M. López Obrador) no negaron la cruz de su parroquia y rápido buscaron el apoyo de los líderes sindicales y sus partidos a cambio de los votos de los agremiados. De tal manera, Meade irá en coalición con Nueva Alianza y todo hace suponer que López Obrador ya tiene de su lado a la maestra Elba Esther Gordillo y familiares. La pregunta que aquí formulamos hace semanas es si aún en estos tiempos tanto el Panal como la desafortunada maestra aún aportan capital electoral significativo (Adiós al juego de máscaras, EF, 10/12/17).

Si la educación y el desarrollo docente realmente importan, ¿no sería mejor que alguna opción político-partidista reconociera a los maestros de una manera amplia y no simplemente como súbditos, clientes o actores que sólo actúan por puro interés, como lo dejó ver la reforma educativa actual? Si en tiempos electorales los maestros hacen sentir su voz para exigir que se les vea como seres humanos que saben trazar sus propias rutas de desarrollo académico y que pueden utilizar los resultados de las diversas evaluaciones en beneficio de ellos mismos y de la niñez mexicana, el debate educativo cambiaría de eje y mejoraría sustancialmente. La autonomía docente – que implica una responsabilidad individual – junto con tener una representación laboral sólida y legítima conforman una agenda que rebasa por mucho los dimes y diretes de algunos precandidatos y sus equipos de campaña.

  1. Universidades y poder. Los modelos de financiamiento, gobierno y evaluación de las universidades públicas muestran, como lo han constatado diversos académicos, rasgos de franco agotamiento. Esto quizás explique los graves incumplimientos en materia de política universitaria que oportunamente comentó Roberto Rodríguez (¿Un sexenio perdido?, Campus, 01/11/17). A estas fallas, las ha cruzado una variable que hace 20 ó 30 años era poco observada: el conflicto entre los gobernadores y los rectores o rectoras de las universidades autónomas.

Por si esto fuera poco, la capacidad de interlocución entre el Gobierno Federal y las universidades, por la vía de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), parece disminuida e inclinada a favor del actor más poderoso. Ante la crisis financiera y los problemas “estructurales” que enfrentan algunas universidades públicas del país (Nayarit, Zacatecas, Morelos, Michoacán y Zacatecas), Jaime Valls, secretario general de la ANUIES, hizo eco del argumento oficial: el Gobierno Federal no las va a apoyar, es un problema, dijo, que tiene que “resolverse no solamente para coyunturas de cierre de año, sino que tiene que haber un replanteamiento fundamental en las universidades”. Valls prosiguió y dijo “ayudar” a las universidades “en las buenas prácticas de rendición de cuentas y transparencia, ya que muchas veces no se conoce la información de las universidades” (Reforma, 19/12/17 nota de Isabella González).

Sin dejar de reconocer la responsabilidad de los grupos directivos en el manejo administrativo de las universidades, la ANUIES, al tomar esta posición desdibuja su capacidad de interlocución, aun cuando gane simpatías con el gobierno en turno y sobretodo, con el precandidato oficialista, Mead, a quien Valls acompañó en su arranque de precampaña en Chiapas el pasado 14 de diciembre.

Ante esta problemática, no va a faltar el candidato que quiera “salvar” a las universidades públicas, sin embargo, el debate y la propuesta tendría que tomar otro giro para que seamos las comunidades universitarias los que discutamos qué responsabilidades compartimos, con qué reglas deseamos operar sin que esto signifique opacidad, cómo podemos construir nuevas coaliciones entre los diversos actores para negociar, en un terreno más abierto y transparente, el presupuesto público y sobre todo, cómo vamos a proceder para modificar la política universitaria imperante. Los universitarios no somos seres desconfiables y tampoco requerimos al “iluminado” para resolver nuestros problemas.

Fuente del Artículo:

Debates para 2018 (Primera parte)

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UAQ: Entre la presión externa y el cambio genuino

01 de noviembre de 2017 / Fuente: http://www.educacionfutura.org

Por. Pedro Flores

Al contrario de las distintas instituciones públicas de educación superior estatales, en donde el gobernador designa secretamente al director o al rector, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se organizó en días pasados para elegir a su rector por el periodo 2018-2021. Esta libertad, claro está, no significa que los universitarios seamos totalmente refractarios a vicios políticos o inmunes a la noción tribal del poder. “Si hay clientelismo con estudiantes, cargada con maestros y un tímido debate entre candidatos es muy nuestra autonomía eh; no se metan”. Esto es un error.

Defender la autonomía universitaria implica también revisar los métodos de elección de autoridades universitarias y no conformarse con la idea de triunfo. Por su libertad y capacidad intelectual, la UAQ puede organizarse para, en primer lugar, reconocer las malas prácticas que acarrea un método de elección de voto abierto entre estudiantes y docentes y segundo, proponer formas de elección que combatan esos vicios y traten de modular el comportamiento de los agentes universitarios. No juguemos a la “democracia” destruyendo instituciones promotoras de conocimiento y crítica pública.

En aras de contribuir al desarrollo y fortalecimiento institucional de la UAQ, me parece importante reconocer lo logrado en el periodo 2012-2018, recapacitar sobre los errores – porque una vida sin autoexamen no es digna de ser vivida, diría Sócrates -, y rehacer el plan de trabajo para ofrecer confianza y certidumbre.

¿Qué hay entonces que reconocer? En primer lugar, la administración que encabezó a la UAQ en los últimos años hizo una clara defensa del carácter público de la universidad mexicana. Se presentaron argumentos para lograr un financiamiento justo en virtud de los resultados obtenidos. Además, se rechazó la posibilidad de aumentar las cuotas dado el ingreso económico de los hogares de los jóvenes que deseamos formar y se adoptó una política de austeridad en los niveles jerárquicos más altos de la burocracia universitaria. Ser responsable en el manejo financiero de una universidad que elige por voto directo a sus autoridades es digno de reconocerse.

En segundo lugar, la administración saliente respondió a los requerimientos de evaluación y “calidad” establecidos por las autoridades educativas federales. En el periodo 2010-2011 había una proporción mayor de profesores con maestría que con doctorado, sin embargo, esta relación se invirtió para el ciclo 2015-2016. Ahora en la UAQ hay 34 por ciento más de doctores que hace cinco años. Aunado a esto, también hay 32 por ciento más miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 2017 que en 2012.

Con la reserva de que los actuales esquemas de acreditación reflejan “calidad”, la UAQ ha mostrado que puede incrementar el número de programas acreditados a la par de elevar su matrícula de estudiantes en licenciatura. Mientras en 2012 había sólo 19 programas de “calidad”, para 2016 se tenían 46, según el Quinto Informe del rector. A pesar de la sobre simplificación a la que orillan los criterios del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), la UAQ “ha sabido bailar bien ese son”. Mientras en 2012 había sólo 33 programas con este reconocimiento, para 2016 este número creció 48 por ciento para ubicarse en 64 programas.

Pero no seamos vanidosos. Estos indicadores no logran cubrir todos los aspectos que son sustanciales para dirigir y fortalecer a una universidad como la UAQ. Responder a los requerimientos burocráticos de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y del Conacyt ciertamente le ofrece a la UAQ una capacidad real de interlocución con las autoridades educativas a nivel federal y un escudo de prestigio frente al poder estatal, pero dicen poco sobre la legitimidad interna de la autoridad para encauzar un cambio institucional real.

Las mediciones de “calidad” dominantes frecuentemente omiten el nivel de cooperación que es necesario entre universitarios para impulsar proyectos comunes que busquen ampliar las capacidades de los estudiantes y fortalecer las trayectorias académicas en un ambiente de confianza y genuino compromiso. Interés y compromiso existen, lo que escasea es la imaginación para introducir incentivos para impulsarlos y no son los mecanismos de control y vigilancia lo que da resultados.

Por eso, basándose en los errores – que una contienda electoral debería enseñar –, la administración entrante podría revisar su filosofía universitaria, repasar su diagnóstico y reflexionar sobre el alcance de sus propuestas.

Sorprendió, por ejemplo, que sin mayor recato se haya utilizado de manera indiscriminada el término de “excelencia” en la educación. ¿Y esto qué significa? Pablo Latapí Sarre, Premio Nacional de Ciencias y Artes 1996, aclara: “Permítanme decirles que considero este ideal de la excelencia una aberración. “Excelente” es el superlativo de “bueno”; excelente es el que excellit, el que sobresale como único sobre todos los demás; en la práctica, el perfecto. En el ámbito educativo, hablar de excelencia sería legítimo si significara un proceso gradual de mejoramiento, pero es atroz si significa perfección”.

Antes de que la vorágine del puesto engulla las buenas intenciones, sería muy sano que la rectora electa, la doctora Teresa García Gasca explique qué tipo de continuidad vamos a tener, porqué tenemos que seguir creyendo en una administración universitaria basada en un tipo de indicadores como referente de calidad cuando otras mediciones y políticas son posibles, porqué seguir apostándole a los sistemas de estímulos económicos cuando la evidencia muestra que son limitados para lograr los resultados esperados, qué mecanismos habrá que introducir para tomar decisiones colegiadas y contrarrestar la discrecionalidad que todos los candidatos detectaron, qué incentivos – más allá de lo económico – habrá que poner en marcha para el trabajador que cumple, cómo se puede desaparecer el halo clientelista que se cierne sobre el programa de becas para empezar a sustentarlo en conocimiento y evidencia empírica, cómo se va a recomponer la relación con el sindicato del personal académico y cómo se va a ecualizar la creciente presión externa de la política pública federal con una legítima aspiración de cambio institucional real.

La autonomía universitaria se concreta y toma significado cuando imaginamos cosas distintas y somos capaces de realizarlas sin encono. Ésta es precisamente la oportunidad que tenemos en la UAQ en el periodo 2018-2021.

Fuente artículo: http://www.educacionfutura.org/uaq-entre-la-presion-externa-y-el-cambio-genuino/

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Pedagogías de una tragedia

Pedro Flores Crespo

El terremoto del 19 de septiembre que cimbró a la Ciudad de México nos está dejando múltiples lecciones. Mientras las encuestas nacionales apuntan a un perfil de mexicano apático, miles de voluntarios salieron a la calle para participar en las brigadas de rescate. Cuando el adulto de la tercera edad condenaba severamente a los jóvenes y a los millenialspor usar indiscriminadamente el celular y las redes sociales, éstos organizaban diversos canales de ayuda por medio del Twitter y del Facebook.

Por nuestra parte, los cuarentones y cincuentones que estábamos – y estamos hartos – de las autoridades políticas y del cinismo del (dis)funcionario público, observamos que las diferencias no son irreconciliables cuando se trata de ayudar y cooperar. La desgracia vivida en la capital del país fue entonces aleccionadora porque nos regresó apertura, empatía y compasión. ¿Por qué teníamos que vivir un momento tan trágico para mostrar las virtudes que como pueblo tenemos? ¿Cuánto tiempo se mantendrá el espíritu solidario y la confianza en lugar del egoísmo y la suspicacia que nos corroe?

El terremoto del 19 de septiembre puede ser la piedra de toque para replantearnos formas de actuar y vivir distintos. Me explico. Si algo se buscaba en los días siguientes al sismo era la verdad en todas sus formas; ¿cuántas personas murieron? ¿de qué intensidad fue el sismo? ¿cuántos edificios se colapsaron? ¿por qué edificaciones recientes resultaron severamente dañadas? ¿quién es Frida Sofía? ¿puede ocultar el gobierno la verdad sobre una niña? ¿qué nivel de mentira es capaz de crear Televisa? La verdad estuvo a prueba en todos los medios de comunicación masiva, redes sociales y en el vecindario. Contrario al temblor del 85, ahora el invento, chisme y especulación fueron relativamente efímeros; no pasaron la prueba de la refutación. En redes sociales e incluso en los medios de comunicación hubo un constante contrapunto de opiniones, datos y observaciones al grado que se hicieron tendencia etiquetas o hashtags como #NoDifundasMentiras o #ChorosQueNoFaltan.

Es aleccionador que se sancione socialmente la mentira; sobre todo, en un contexto como el mexicano en donde la mayoría hemos aprendido que ponerse máscaras es más rentable y racional que mirar a los ojos y ser verídico.

Pero la construcción y defensa de la verdad no sólo debe ser responsabilidad del jefe o jefa de familia, docente, líder de opinión, reportero, o estudiante; sino que toca sensible y directamente a los representantes del gobierno. Si el descrédito de los políticos y sus partidos va en ascenso, ¿por qué no tratar de cambiar el código y aprovechar la situación de zozobra que vivimos los ciudadanos para comunicar con eficiencia los planes de reconstrucción, atajar suspicacias con acciones concretas y desmontar creencias superficiales con datos, argumentos y evidencia científica? Me uno a los que piensan que los gobiernos pueden y deben reconstruirse a partir de situaciones trágicas como ésta. No simpatizo con la idea de “demoler” todo lo que huele a política. Hay otras formas de interrelación entre sociedad y gobierno que podemos intentar y en donde reside, repito, hacerle honor a la verdad o de lo contrario, no habrá votos.

Practicar la verdad es un principio educador y de civilidad que puede enseñarse desde la escuela. Por esta razón, no basta con sólo reconstruir o rehabilitar físicamente las 12,931 escuelas que fueron parcial o totalmente dañadas por los sismos como reporta la Secretaría de Educación Pública (SEP), habrá que repensar qué otras lecciones nos dio la tragedia de los días pasados y discutirlas con nuestros estudiantes.

Aparte de la búsqueda incesante por la verdad, los maestros ahora tenemos la oportunidad de explicarle a los niños y jóvenes que aunque en ocasiones el Bien se vea chiquito y a punto de ser tragado por el Mal – como escribe Martín López Calva recordando a Augusto Monterroso -, el primero puede encarnar, resurgir y hacerse grande “ante nuestros ojos sorprendidos e incrédulos porque lo hacíamos moribundo en estos tiempos de decadencia”. Pero tampoco debemos engañarnos si queremos formar buenos pensadores. El Bien coexiste con el Mal, como bien afirma López Calva, pero sí hay posibilidades de que el primero triunfe sobre el segundo si hacemos de nuestras virtudes una costumbre y no la excepción, es decir, un proceder “sistemático y constante”.

El costo por rehabilitar y reconstruir las escuelas públicas será de aproximadamente 13 mil millones de pesos, ¿cuánto gastaremos al no poder aprender de nuestros errores y de la tragedia?

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/pedagogias-de-una-tragedia/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2017/09/unnamed-file.jpe

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Espionaje: ¿en dónde quedó la universidad?

Por: Pedro Flores Crespo

No pasa una semana sin que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto no sea abollado por algún evento o tragedia. Descubrimiento de actos ilícitos, ejecuciones extrajudiciales, corrupción rampante, exoneración de culpables, brote inesperado de grupos delincuenciales, discursos oficiales insulsos y acciones desafortunadas. El gobierno mexicano no las trae consigo.

El último balconeo ocurrió el lunes 19 del presente cuando el periódico The New York Timespublicó una nota en donde supuestamente tres dependencias gubernamentales habían comprado – con sus impuestos y los míos – un sofisticado equipo destinado para frustrar el crimen, pero que los “ingeniosos” priistas decidieron mejor utilizar para espiar a sus críticos. Según la nota de Azam Ahmed y Nicole Perlroth, el gobierno mexicano supuestamente trató de intervenir los teléfonos de influyentes periodistas, activistas anticorrupción y defensores de los derechos humanos (NYT, 19/06/17).

Este nuevo tropiezo del gobierno priista deja al menos tres lecciones. Primero, si deben haber tres temas centrales en la agenda pública de aquél que desee encabezar un buen gobierno a partir del 2018, éstos son: (1) libertad de prensa y expresión, (2) defensa de los derechos humanos y (3) combate frontal contra la corrupción. ¿Qué precandidato/a asumirá estos compromisos sin caer en contradicciones? No va a ser sólo la economía el tema central de las campañas políticas.

Segunda lección, ante la rapidez con que viaja la información a nivel global y el efecto que producen las redes sociales, parece que espiar ya no es tan cool. El gobierno de Peña Nieto se dio tremendo “quemón” a nivel mundial por supuestamente actuar de manera ilegal. Esta supuesta violación a la privacidad no lo fortalece, a pesar de tener ahora “sabrosa” información de sus críticos. En esta labor, hay que reconocerlo, fue un periódico estadounidense el que hizo el reportaje y lo publicó y no nuestros medios nacionales que dicen buscar la verdad. Espero nomás que aquellos que aún creen en la doctrina de la no intervención no vayan a culpar a los reporteros del New York Times por “injerencistas”. Nos abrieron los ojos.

Tercera y última lección, estaba consciente que México era un país de metiches, pero de eso a justificar que se revise, desde el gobierno, la vida privada de los personas, me parece sorprendente. Al igual que en el caso del plagio en que incurrió Peña Nieto con su no-tesis de licenciatura, escuché a varios locutores de radio, taxistas, estudiantes y hasta apreciados amigos académicos decir que “eso del espionaje siempre ha existido en México, por lo que no hay que espantarnos ni hacer un escándalo”. ¿Será que no le damos valor a la libertad individual para hacer en privado lo que deseamos y elegimos hacer? Probablemente estamos ya tan acostumbrados a la ilegalidad que quizás se piensa que es normal que un godinez del gobierno nos espíe. Yo no lo acepto.

Otra cosa que sorprende dentro de la normalización de la ilegalidad y la falta de ética es la débil reacción de las universidades y centros públicos de investigación, las cuales, hasta donde pude ver, no alzaron la voz para erigirse como la “consciencia crítica de la nación” y rechazar claramente la supuesta acción ilegal del gobierno. ¿Será que como el rector o los académicos universitarios no fueron los sujetos espiados es mejor no hacer olas? ¿No tendríamos que haber defendido la libertad de expresión dado que el gobierno priista supuestamente quiso amedrentar a sus críticos? Si no son las universidades y los centros de generación del conocimiento, ¿quién entonces será capaz de cuestionar las acciones públicas con fundamento, razón y apertura?

Llama la atención que contrario a las instituciones de educación superior, hay organizaciones que saben cómo irritar con su trabajo al mal gobierno y buscan con ello un cambio de políticas. No en balde los sujetos espiados son periodistas, miembros de los llamados think tanks como el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) y defensores de los derechos humanos. Parece que la función crítica de las universidades se ha ido perdiendo y valdría la pena pensar porqué. Esto poco tiene que ver con la “responsabilidad social” que tanto se anuncia en documentos y discursos oficiales.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/espionaje-en-donde-quedo-la-universidad/

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Educación superior: entre la equidad y la eficiencia

Por: Pedro Flores

A finales de mayo, el Banco Mundial (BM) dio a conocer su informe Momento Decisivo: la educación superior en América Latina y el Caribe (Ferreyra, Avitabile, Botero, Haimovich y Urzúa). Conocer este tipo de reportes es importante por al menos cuatro razones.

Primero, porque ofrecen una panorámica amplia del sector universitario al incluir indicadores de desempeño de los distintos países. Cuando uno peca de verse el ombligo y caer en el pesimismo, basta compararse con lo que hacen otros países de la región para matizar el juicio. Segundo, los informes del Banco Mundial – en algún momento, considerado el “villano favorito” de nuestras desgracias – abren posibilidades para la discusión pública y el debate. Aquellos que son propensos a explicar todo con base en el “neoliberalismo” ya tienen un pretexto para agitarse con la publicación del BM.

Tercero, las ideas vertidas por el BM sobre educación superior llegan en un momento importante para México. Como se sabe, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) está preparando el documento de política 2030 sobre este nivel, el cual será presentado a los candidatos a la presidencia de la República en 2018. Y en cuarto y último lugar, también dentro del seno de la ANUIES, estamos discutiendo el contenido de una nueva Ley de Educación Superior.

¿Qué elementos del informe del Banco Mundial se tomarán para estos documentos de política educativa nacional? Ya veremos, mientras tanto, hagamos un breve repaso y crítica del citado documento.

¿Qué juzgo como positivo del Informe? En primer lugar, advierto que los economistas del Banco Mundial ya desarrollaron una visión más realista de la capacidad de cambio y transformación que tiene la educación superior. De esta manera, afirman que para comprender mejor la función de las universidades, hay que considerar la problemática del bachillerato, del mercado laboral y de la economía en su conjunto. “[L]os graduados de educación superior sólo pueden materializar su potencial productivo si su entorno se lo permite”. Esta perspectiva ayuda a repensar en lo que puede o no hacer la universidad en nuestros países latinoamericanos que, como observarían algunos, no experimentaron la modernidad.

Otro acierto del informe es brindar información para repensar la equidad más allá del clásico argumento pobrista. Tres datos llaman la atención del Informe. Primero, el acceso a la educación superior en la región creció notablemente del año 2000 a 2013, ya que pasó de una tasa de 18 a 28 por ciento. Es decir, más jóvenes de entre 18 y 24 años cursan actualmente una carrera universitaria. Segundo, un mayor número de jóvenes que llegaron a este nivel provienen de familias con ingresos bajos y medios. Estos jóvenes son vistos por el BM como el “estudiante nuevo”. Mientras en el año 2000, sólo 16 por ciento del estudiantado de educación superior representaba el 50 por ciento más pobre de la población, esta tasa creció a 24 por ciento en 2012. Tercero y último, aunque los ricos siguen aún teniendo más probabilidades de ingresar a la universidad que los pobres, esto se explica, en un 56 por ciento, por las tasas de graduación en el bachillerato. Dicho de otra manera, “el principal motivo por lo que es menos probable que esos jóvenes accedan a la educación superior es que no se gradúan”.

Que un joven no complete satisfactoriamente sus estudios de bachillerato puede o no estar relacionado con la pobreza económica. Esto nos impulsa a ampliar la mirada y cuestionar cómo operan los bachilleratos en un país como México en donde este nivel se volvió obligatorio desde 2012. Algunas investigaciones han mostrado que las escuelas de educación media superior imponen reglas de evaluación y acreditación tan estrictas y disfuncionales que estudiar en ellas asemeja más a una carrera de obstáculos que a un buen proceso de enseñanza-aprendizaje (véase Mendoza, D. 2016. Reprobación y deserción en el bachillerato. Elementos para la equidad y eficacia escolar, México: UIA).

El reporte del BM intuye y señala muy someramente un problema de tipo “institucional” en los subsistemas de educación de la región, pero no va a fondo y quizás no tendría porqué. Esperemos, por el contrario, que los documentos de política universitaria nacional sí elaboren tesis más originales y señalen puntualmente cómo las reglas (formales e informales) contribuyen a que nuestras universidades y bachilleratos no operen con eficiencia generando, entre otras cosas, mayor desigualdad.

¿Qué más considero como limitaciones del informe y de la visión de los economistas ligados al Banco Mundial? Contrario a la UNESCO y a las declaraciones mundiales sobre el nivel, estos autores consideran a la educación superior como un producto de mercado y no como un bien público. Es a partir de la visión utilitarista de donde parten sus interpretaciones y recomendaciones de políticas. Esto merece una amplia crítica dado el cúmulo de literatura y evidencia empírica que ha mostrado las limitaciones de promover el desarrollo educativo con base en los principios de mercado. ¿Por qué entonces insistir en ello? ¿Es una cuestión más ideológica que científica? ¿Es reflejo de la era Trump?

Los autores del informe, consideran a los estudiantes y a sus familias como meros agentes racionales tratando de maximizar sus beneficios cuando el mismo informe ofrece información sobre decisiones “irracionales” que toman los jóvenes. Por ejemplo, pese a las “baja rentabilidad” de algunas carreras y áreas del conocimiento, las personas las siguen eligiendo. Esto tendría que haber impulsado una idea más amplia y profunda de la racionalidad humana. Filósofos, economistas, analistas de políticas, e incluso Adam Smith han observado que la gente no solamente actúa siguiendo su propio interés.

Por otro lado, pese afirmar que el gasto en educación superior no es “regresivo”, sino “progresivo” debido a la creciente presencia de estudiantes pobres en la educación superior y de que el financiamiento público es clave para promover carreras de Ciencia y Tecnología, los economistas del Banco Mundial se apresuran y vuelven a proponer que los gobiernos otorguen a los jóvenes un voucher para que elijan la universidad de su predilección, como si tal decisión fuera totalmente libre. ¿Por qué los autores del informe omitieron las investigaciones empíricas (véase Carnoy) que muestran que estos esquemas de mercado no dan los resultados esperados?.

Esta “asimetría de información” hace pensar que quizás sí sea tan mala la educación en el mundo que algunos – no sólo los “estudiantes nuevos” y pobres – no tienen la capacidad de procesar la información correctamente. Sí es para preocuparse.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/educacion-superior-entre-la-equidad-y-la-eficiencia/

 

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