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¿Es la educación tecnológica motor de movilidad social?

Por: Pedro Flores Crespo

Debido a un imponderable (la lluvia), la Biblioteca de México tuvo que alojar el Primer Encuentro que el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, sostuvo con estudiantes de los institutos tecnológicos, universidades politécnicas y universidades tecnológicas. Se trataba, en palabras de Nuño, de sostener un “diálogo abierto” con ese “ejército de innovadores” y presentarles la visión que tiene el titular
de la SEP de ese subsistema de educación superior.

Es mejor que existan conversaciones y diálogos entre servidores públicos y estudiantes a que por temor no se convoquen. De hecho, al tomar la palabra, Salvador Jara, subsecretario de Educación Superior, dijo que era importante que los jóvenes “ejercitaran su pensamiento” en encuentros como estos que, entre otras cosas, sirven para despejar dudas sobre la política educativa del país. Porque luego, afirmó Jara, hay mucha “charlatanería”.

Lamentablemente, la dirección Comunicación Social de la SEP sólo tiene publicada la larga participación de Aurelio Nuño y lo más interesante de ésta es, a mi juicio, la intervención que hicieron los jóvenes y las respuestas que ofreció el secretario Nuño. El encuentro, en extenso, aparece afortunadamente en YouTube.

¿Qué se observó en este encuentro? Al menos dos cosas llamaron mi atención. Primero, que mientras los estudiantes se concentraron en problemas muy particulares y específicos de sus instituciones, Nuño aprovechó cada pregunta para hablar de la Reforma Educativa que, hasta donde se sabe, está enfocada al nivel de educación básica y media superior.

Cuando una chica de Nayarit quiso conocer que propondría el titular de la SEP para detener la fuga de cerebros, el secretario primero dijo que era necesario crear mejores condiciones de vida y luego se alargó ensalzando las 13 reformas que el presidente Enrique Peña Nieto ha promovido y todas, dijo, están “integradas”. Así también, cuando Marco Antonio lo cuestionó sobre un problema muy bien documentado de las universidades tecnológicas y que es la falta de expresiones culturales en sus planes de estudio, el “responsable de la política educativa” del país les habló de las políticas de Jaime Torres Bodet, citó fechas de manera exacta (cosa que apantalla) y luego dijo que al proponer el Nuevo Modelo Educativo, se va a incluir un componente de educación cultural y artística para la educación superior. ¿A poco? ¿Y los intentos previos (y fallidos) no los conoce el secretario Nuño? ¿Y ya les preguntaron a las universidades autónomas sus experiencias con respecto a la difusión y extensión cultural?

Segundo punto que me llamó la atención del encuentro con estudiantes fue, por un lado, la queja de los estudiantes de las universidades tecnológicas sobre la falta de equipamiento e infraestructura. Paola de la UT de Tecamachalco afirmó que cuando ella estudió no había laboratorios y que pese a ello, se han logrado avances notables. De hecho, ella participó en programas de intercambio estudiantil, imagínese “¿qué se lograría con apoyo?”, remató. Por otro lado, fue interesante que Nuño recurrentemente hablaba de que esos jóvenes formaban parte de la primera generación de su familia en ir a la universidad. Es decir, la educación superior tecnológica, en particular las UT, están contribuyendo, ciertamente, a la movilidad social intergeneracional y esto, como afirmó Julio Rubio (2006), es mayor en las UT que en las universidades públicas autónomas.

Sin duda alguna, la movilidad intergeneracional es un rasgo de avance social que no puede soslayarse y si una opción educativa de corta duración y vocacional contribuye a que los jóvenes alcancen mayores oportunidades educativas que su padres, es digno de reconocerse. Ahora, un punto complementario a la movilidad intergeneracional es la de tipo intrageneracional, es decir, el movimiento que logran los individuos dentro de su mismo grupo y no en relación a la generación pasada. ¿Se mueve ascendentemente el grupo de los técnicos en la estructura social de México?  ¿Por estudiar una opción tecnológica, tenemos la posibilidad real de cambiar de clase social? Hacen falta mayores estudios al respecto, pero el estudio de Cortés, Escobar y Solís (2007) encontró que una variedad amplia de empleos técnicos y profesionales ya no brindada el estatus, los ingresos y la seguridad que otorgaba hace treinta años.

Ojalá este tipo de temas y preocupaciones se aborden en el segundo encuentro con jóvenes universitarios. Sin equipamiento, cobrándoles cuotas muy altas, alejados de las grandes urbes y dejando de lado la formación integral y el pensamiento crítico será muy difícil que la educación tecnológica sea un motor de movilidad social intrageneracional. Por más importantes que sean, los programas de becas anunciados por el secretario Nuño en el encuentro, no van a la raíz del problema.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=3912:es-la-educacion-tecnologica-motor-de-movilidad-social&Itemid=152

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Personificación de la política educativa

Por: Pedro Flores Crespo

Al coordinar un libro del Consejo de Especialistas para la Educación (2006), tuve la oportunidad de entrevistar a Fernando Solana, ex secretario de Educación Pública, a quien le pregunté cuáles consideraba que eran las tres políticas educativas más exitosas de México. Con seguridad, Solana respondió: “Vasconcelos, Torres Bodet y Fernando Solana”.

Sorprendido por la respuesta, reflexioné en silencio a qué grado en pleno siglo veintiuno, seguimos comprendiendo la política educativa por medio de un recurso personalista. ¿En qué medida el estilo del gobernante puede marcar la acción pública? ¿Es esto sano en una democracia? ¿Cuándo la voluntad del servidor público se convierte en voluntarismo? ¿Cómo modulan las instituciones democráticas el ímpetu del funcionario de Estado por impulsar el cambio o empujar su propia agenda, aún cuando tenga un interés genuino basado en el simpatía por un grupo social específico?

Con Fernando Solana (1977-1982) al frente de la SEP tuvimos suerte. Se crearon organismos clave para el desarrollo educativo del país como las delegaciones en los estados, las cuales representaron un fuerte impulso para la descentralización educativa —que ahora, por cierto, está en peligro. Con una clara idea de que el “crecimiento” es de las personas y no solamente de la economía, Solana fundó, en 1981, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Además, con tino e imaginación, puso en marcha equipos de trabajo llamados “comandos” que, como recuerda Latapí, operaban con “gran libertad” fuera del organigrama de la SEP y que consecuentemente, lograron “éxitos muy notables al trabajar sin las trabas de la burocracia” (Latapí, Andante con brío, 2008). Pese al “imperio de las restricciones”, se pueden hacer cosas con el “paquidermo reumático” que representa la SEP.

Pero por su alcance e importancia para las personas, la política educativa no puede estar basada en la suerte para esperar resignadamente que llegue un personaje como Solana a la SEP. Evitar esto implica construir —entre todos— formas de gobierno institucionales y no personalistas, es decir, se requieren nuevas reglas y prácticas ciudadanas para que el actuar de los funcionarios de Estado se module y logren recapacitar. Por muchas buenas intenciones que tenga una autoridad, no es recomendable subvertir el carácter público de la política educativa. Esto no es un mero principio de ciencia política, sino una advertencia para evitar prácticas regresivas que pueden dañar a los más pobres.

Michael A. Gottfried y Gilberto Q. Conchas, acaban de publicar su libro When School Policies Backfire. How well-intended measures can harm our most vulnerable students (Harvard University Press) que en español titularíamos: Cuando los políticas escolares son contraproducentes. Cómo buenas intenciones pueden dañar a los estudiantes más vulnerables. Basado en casos de estudio, Gottfried y Conchas muestran los efectos negativos que generaron políticas bien intencionadas en el campo educativo y enfatizan la responsabilidad que tienen los hacedores de política y los investigadores con el bienestar de los estudiantes más pobres.

Tengo cierto optimismo de que a medida que el cambio generacional ocurra, la personificación de la política pública irá disminuyendo. No hay que olvidar que las reglas — o institucionalidad— bajo la que operaba la política educativa en tiempos de Solana era muy distinta a la de ahora. La oposición carecía de fuerza real para llamar a cuentas a un secretario de Estado, los organismos de la sociedad civil eran escasos, la prensa no mostraba la pluralidad de ahora, las redes sociales eran inexistentes y la competencia político-partidista era irrelevante para mantenerse en el puesto. Aunque aún falta mucho para hacer que los funcionarios se hagan responsables de sus actos, parece evidente que la personificación no fructifica a medida que la democracia se expande.

Ahora, error que cometa un funcionario sale a la luz pública en tiempo record y puede dañarlo profundamente. Si no me cree, repasemos el caso de Fausto Alzati, ex secretario de Educación Pública en el sexenio de Ernesto Zedillo (1995-2000), quien fue entonces separado del cargo por mostrar grados académicos que no poseía. Luego, con el regreso del PRI en este sexenio, volvió a ser removido del puesto de Director General de Televisión Educativa por irrumpir violentamente en una lectura de poesía en la SEP e “invitar” a los asistentes a que gritaran porras al presidente Peña Nieto. El servilismo fue disfuncional.

Dada la complejidad de los problemas educativos del país, un solo actor, por más poderoso, “comprometido” o imaginativo que sea, ya no puede impulsar por sí mismo los cambios que quiere y desea. Su actuación está enmarcada en una base sumamente frágil. La condiciona un tablero político y democrático, en donde él —o ella— sólo son una parte. No entender esta nueva realidad sólo va a perjudicar trayectorias políticas, académicas e intelectuales y vamos a experimentar aún más, frustración social.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4337:personificacion-de-la-politica-educativa&Itemid=152

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Mérito: el mito necesario

Por: Pedro Flores Crespo

Al exponer en la Universidad Pedagógica Nacional del Ajusco que frente a la venta y herencia de las plazas docentes, el mérito del profesor debía tomarse con mayor seriedad en las discusiones sobre la reforma educativa, un estudiante reviró: “Ok con el mérito, pero ¿por qué empezamos por los maestros cuando hay otros sectores que también lo demandan urgentemente?”.

El reclamo es justificado. Al visitar alguna delegación de la Ciudad de México u oficina de cualquier gobierno municipal, ¿existe la certeza de que están dirigidas por los mejores cuadros? ¿Y qué diría la sociedad sobre los detestables actos de tortura cometidos por dos miembros del ejército mexicano y un policía federal en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero? ¿Habrán sido estos soldados y policías seleccionados con base en el mérito o entraron por “palancas”? ¿Están siendo los miembros del ejército evaluados de manera constante? Si es así, ¿entonces por qué actúan de manera tan irracional que hasta el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tuvo que ofrecer, ante más de 23 mil soldados, una disculpa a “toda la sociedad agravada por este inadmisible evento” (Reforma, 17/04/16).

Tan necesario es el mérito en el ejército que el diario Reforma cabeceó así su nota: “Solicita la Sedena perfil intachable”. Parece evidente que así como al gremio magisterial le hace falta cambiar el esquema de selección para el ingreso al servicio público, también hay que trabajar en el mismo sentido en el sector militar, policíaco y ya no se diga, en el burocrático. En México, pese a los esfuerzos iniciados hace más de 12 años, aún no desarrollamos un Servicio Profesional de Carrera (SPC) confiable. De ahí que usted pueda ver que en cada sexenio, los políticos hacen borrón y cuenta nueva de programas y políticas sin reparar en los costos de sus ocurrencias.

El Servicio Profesional de Carrera (SPC) no pudo fructificar, según José Luis Méndez (Colmex), debido a distintos factores como: la intromisión política de la Secretaría de la Función Pública en los procesos de selección, la errónea medición del mérito, el mal uso de la tecnología, la opacidad y el abuso de la ley para otorgar nombramientos sin concurso. Todo esto dañó la confianza en el SPC; por lo que no estaría mal poner a remojar las barbas del Servicio Profesional Docente (SPD) de 2013 en la experiencia del Servicio Profesional de Carrera de 2003.

Pero regresemos a la discusión del mérito. Según John H. Goldthorpe (Oxford), la idea de que las posiciones al servicio del Estado como la civil y la militar fueran asignadas con base en la competenencia demostrada y no a través del nepotismo, “palancas”, sobornos o compra, surgió de la pujante clase media en el contexto de la reforma administrativa del estado en el siglo diecinueve. El supuesto era que los criterios de logro debían sustituir a los de adscripción (e.g. de qué fracción sindical provengo) para poder mover a las sociedades de su fase tradicional a la industrial. Bajo esta idea, importa más qué sabes hacer que de dónde vienes. Si las personas más capaces ocupan cargos importantes, entonces el desempeño de las organizaciones será mejor. Estos son los supuestos centrales del mérito. ¿Quién podría estar en contra de ellos?

Pero los problemas de la meritocracia son varios, de acuerdo con Goldthorpe. En primer lugar, dice, podemos invocar al mérito como criterio primordial de selección y recompensa, pero luego tenemos que definirlo de manera específica y situacional y por lo tanto, variable y subjetiva. Segundo, el mérito comúnmente es medido a través del nivel educativo alcanzado y esto es cuestionable porque, dice el sociólogo, los sistemas educativos de las sociedades modernas no operan para identificar el talento ni para ofrecer a los individuos talentosos oportunidades para cultivar el mérito por medio del uso de sus habilidades. Tercero, las relaciones entre origen social (de dónde vengo), educación y destinos de clase o estatus no siguen un patrón determinado. Esto quiere decir que la educación puede o no tener un efecto en el proceso de alcanzar una determinada posición social.

Las diversas relaciones entre origen, escolaridad y posición social abren la puerta para reflexionar sobre las limitaciones y potencialidades del actual Servicio Profesional Docente (SPD). ¿Qué instituciones formadoras de maestros poseen la capacidad de identificar al talento magisterial? ¿Tendrá el nuevo esquema de evaluación —ideado por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y validado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)— la capacidad para asignar a los profesores en los puestos que sirvan para ampliar sus capacidades, cultivar el mérito y lograr un mejor estatus social?

¿Por qué, ante la manera clientelar con que se reparten las plazas docentes en México, los detractores de la reforma educativa —entre ellos, varios académicos— no hablan del mérito como criterio de selección? Si la queja es que el mérito genera más desigualdad en sociedades injustas como México; pueden tener razón y esto sería inadmisible, no obstante, aún falta un sustento empírico para mostrar que en verdad la selección basada en el mérito es más injusta, regresiva y discriminatoria que vender y heredar el puesto de trabajo.

En resumen, así como algunos grupos de la sociedad mexicana exigen que los maestros de educación básica deben ser seleccionados y promovidos con base en sus competencias, no estaría mal que seamos congruentes y parejos y tambien demandemos que los miembros del ejército y de la policía demuestren su capacidad para dejar de cometer las atrocidades que hemos visto. El mismo nivel de atención pública y mediática que recibe el magisterio también tendría que ser puesto en los perfiles de los funcionarios del Estado, legisladores, jueces y servidores públicos que reciben salarios relativamente altos sin una clara explicación de por qué o cómo llegaron a esos niveles. O todos coludos o todos rabones.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4265:merito-el-mito-necesario&Itemid=140

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Impulso al estudio de las políticas educativas

Por: Pedro Flores Crespo

La investigación educativa de México debe estar de plácemes. El pasado 27 de mayo, durante la entrega de los premios de ciencia, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se crearán cuatro nuevos centros públicos de investigación y uno de ellos será sobre políticas educativas. El resto abordará temas como aeronáutica, desarrollo metropolitano y zonas áridas.

Por otro lado, tres días después del anuncio de la creación de ese centro, el Fondo de Cultura Económica (FCE) instaló el Consejo Editorial de lo que será la Revista de Reformas y Políticas Educativas (REPE) cuyo objetivo será “difundir investigación científica relevante, con una orientación humanista, que promueva un diálogo informado entre la comunidad académica nacional e internacional, los tomadores de decisiones y los actores interesados de las comunidades escolares”.

Que el FCE impulse un proyecto editorial de esta naturaleza abre la oportunidad para discutir —de manera más rigurosa y constante—, la forma en que el gobierno y la sociedad se organizan y actúan para tratar de resolver los problemas educativos del país. Esto es precisamente la política educativa: cursos de acción explícitos o implícitos que surgen desde los gobiernos democráticamente electos, pero que los distintos actores sociales reconfiguran para cumplir con las finalidades que el Estado se va fijando. Una de estas finalidades puede ser la distribución equitativa de la calidad para todos los sectores, especialmente, para aquellos que enfrentan mayores desigualdades.

Contar con un espacio de “diálogo informado” como la REPE era una necesidad tanto académica como política. Política porque es imprescindible elevar el debate público sobre la educación mexicana con conocimiento y académica porque aún desconocemos muchos aspectos del desarrollo de las políticas públicas en educación. Por ejemplo, ¿por qué un determinado problema social (e.g. bullying) llega a conformar parte de la agenda pública? ¿Qué grupos sociales impulsan tal agenda? ¿Quién se oponen y bajo qué argumentos lo hace? ¿Es verdad que la pluralidad ideológica le imprime mayor efectividad a las políticas? ¿Por qué se entorpece tanto la implementación de las reformas educativas a pesar de que nacen de importantes cambios constitucionales? ¿Cómo “estructuran” las leyes a las políticas educativas en un país con altos grados de impunidad? ¿Se evalúan rigurosamente las políticas y los programas educativos actuales? ¿Qué programas funcionan efectivamente para elevar los aprendizajes de los niños y jóvenes y cuáles no? ¿Cómo las maestras y maestros producen conocimiento útil para mejorar el diseño de las reformas y las políticas educativas? ¿Por qué se reproducen las asimetrías de poder entre los actores centrales de las políticas?

A medida que la realidad cambia, requerimos mejores lentes para analizar las políticas públicas. Incluso, el lenguaje se renueva. Llama mucho la atención, por ejemplo, cómo los pioneros de la investigación educativa en México, en un principio, utilizaban el término “acción” en lugar de “política”; incluso ahora prosiguen los debates sobre si es apropiado hablar de “políticas públicas” o solamente de “decisiones gubernamentales”.

Con la revista del FCE sobre políticas educativas se reconoce a un campo de estudio que se ha ido consolidando en los últimos años, pero que no por esto, vive exento de varios retos. Uno de ellos es el desarrollo de mejores teorías para explicar cómo ocurren los procesos de la política pública. ¿Debemos seguir utilizando invariablemente el modelo neocorporativo para explicar el cambio en la educación? ¿Será posible aplicar el enfoque de redes de política (policy networks) dados los cambios políticos y sociales que hemos experimentado en los últimos tres lustros?

Otro reto académico es la integración de la dimensión de la política de “alto nivel” con lo que ocurre cotidianamente en las escuelas y en las aulas. Sin caer en el lugar común o clisé de que “lo de abajo” es más importante de lo que ocurre en las altas esferas del poder, sí es necesario reflexionar cómo ambas dimensiones de poder se integran e influyen mutuamente. Si hacemos un esfuerzo intelectual en este sentido, quizás pronto podríamos construir una visión más amplia y profunda de los actores del sistema educativo, sus niveles de cooperación, esquemas de conflicto y sobre todo, sus percepciones y razones.

Pero aparte de los retos intelectuales, la Revista de Reformas y Políticas Educativas (REPE) va a enfrentar desafíos de índole práctica. Por ejemplo, tendrá que definir más claramente su identidad y lidiar con los tortuosos esquemas de evaluación para las revistas científicas e ingresar a los índices de calidad. Pese a esto, la posibilidad de promover una cultura académica mucho más abierta y plural a través de este medio de divulgación científica es real. Enhorabuena.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4469:impulso-al-estudio-de-las-politicas-educativas&Itemid=256

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Formación docente: Inercia y oportunidades

Por: Pedro Flores Crespo

Si el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en verdad quiere hacer una contribución valiosa al sector, tendrá que imaginar y proponer la reforma necesaria — no la posible— de los centros y de las estrategias de formación y actualización docente.
Para realizar esta tarea, no basta con tener el respaldo del presidente de la República; aquí se requieren capacidades internas para poder enfrentar a la tradición, a poderosos grupos sindicales, intereses económicos y a la sobreideologización tan presente en algunas escuelas normales, académicos y comentócratas.

El camino no es fácil; dependerá de cómo el secretario reconozca y aproveche los esquemas de cooperación que ofrece nuestro marco federalista, plural y democrático. ¿O pensará que puede hacerlo todo desde el centro y con su visión propia?

Con el propósito de colocar en la “opinión pública la tesis de la importancia estratégica de la formación docente en la reforma educativa”, La organización Mexicanos Primero (M1) dio a conocer su reporte: Prof. Recomendaciones sobre formación y continua de los maestros en México, cuya autoría corresponde a David Calderón, su director general.

El documento consta de tres partes principales. En la primera, se hacen algunas clarificaciones conceptuales. Los autores desean separarse de la noción de “capacitación docente” para hablar mejor de “aprendizaje profesional docente”, el cual se refiere a un “proceso interno en el que los maestros crean conocimientos y desarrollan habilidades y actitudes profesionales”.

La segunda parte presenta el diagnóstico de la política de formación y actualización docente en México y corrobora hallazgos de estudios previos. “Existe una gran heterogenidad en los criterios y procedimientos de admisión de los estudiantes” en las normales (Latapí, 2004). M1 constata que mientras la SEP fija un promedio mínimo de ocho en el bachillerato; Querétaro, por ejemplo, relaja esa puntación hasta seis en el nivel de secundaria y educación especial.
¿Qué explica esta situación? ¿Sentimientos genuinos de justicia a favor del prof.? Podría ser, pero también hay que darle cabida a otro tipo de explicaciones. Junto a otros analistas de política e incluso a ex secretarios de Educación Pública como Fernando Solana, quien aseguró que las deficiencias del magisterio se explicaban en parte por la “contaminación de intereses políticos que se sobreponen a los verdaderos intereses de la educación”, M1 constata que los “arreglos del sistema de educación normal en los estados responde más a la historia política que a un proceso de génesis educativa”.

¿Se antepondrán los intereses políticos al derecho a aprender en condiciones idóneas? ¿Querrán el PRI y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en verdad empujar la reforma de las escuelas normales cuando las han utilizado de manera histórica y clientelar? Vamos a esperar la respuesta del secretario Nuño para saber si la reforma educativa en este tema en verdad va o si solo fue una llamarada de petate. La reforma educativa ciertamente es política y tendrá que combatir a la nomenklatura.

Otro elemento clave de la profesionalización docente es la actualización, la cual ha demostrado ser poco efectiva, según la evidencia recabada. El documento de M1 reitera que aunque ha habido un creciente número de maestras y maestros tomando cursos y más recursos, la confianza y seguridad del mentor en su labor son bajas y además, el aprovechamiento escolar de los estudiantes muestra una tendencia negativa. Esto ciertamente apunta a una inercia, que en palabras de Mexicanos Primero, es costosa en términos sociales y económicos.

Con su carácter pragmático que los caracteriza —y que en ocasiones irrita a los investigadores—, Mexicanos Primero trata de hacer recomendaciones en dos planos. En el primero, habla de “transformaciones de carácter cultural, para arraigar una visión socialmente compartida sobre el ser y el quehacer de los maestros” mientras que en el segundo, se sugieren temas “puntuales de política pública”. Entre las primeras destacaría que Mexicanos Primero dice querer trabajar para que “los comunicadores en los medios de mayor difusión masiva asuman un discurso más justo y ponderado”. Ojalá que a la gente de Televisa como Carlos Loret de Mola, quien dirigió el documental De Panzazo, le llegue tal recomendación y actúe en consecuencia.

Entre las segundas recomendaciones considero que hay tres que destacan por su importancia y factibilidad. Primero, la necesidad de que se utilice inteligentemente la información que arrojan las evaluaciones docentes para reforzar las capacidades de los maestros y nos alejemos de lógica del premio y del castigo. Un dictamen puntual y personalizado de cada profesor podría ser de mucho valor para desarrollar una política de actualización docente de “segunda generación”.

Segundo, coincido con M1 en la necesidad de articular mejor las áreas de evaluación, formación y desarrollo docente y esto parece factible a la luz de los cambios organizacionales que quiere impulsar el secretario Nuño al interior de la SEP. Tercero y último, revisar críticamente el papel desempeñado por las universidades públicas en la formación docente y pensar en cómo “atraer lo mejor del talento universitario en apoyo de los maestros de educación básica”. ¿O será que a los centros universitarios y de investigación no nos interesa asumir esta responsabilidad social?
Al leer el reporte de M1, es evidente que compartimos una misma problemática con los profes de básica: la evaluación y el control burocrático se volvieron fines en si mismos y no es nada claro que esto contribuya al aprovechamiento académico y a la expansión de capacidades de los estudiantes.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4046:formacion-docente-inercia-y-oportunidades&Itemid=152

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Futuro de la educación técnica y tecnológica

Por: Pedro Flores Crespo

Con el propósito de reflexionar sobre cómo se va a ubicar la educación y formación técnica y profesional (EFTP) en la nueva agenda del desarrollo, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Oreal) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), convocó a un grupo de expertos para discutir las experiencias de los distintos países de la región y, sobretodo, para elaborar un documento que presente una posición sobre esta modalidad educativa.

En México, los retos de la educación técnica y tecnológica —también llamada profesional—, son diversos. En primer lugar, mencionaría la ubicación histórica de la EFTP. Ante la necesidad de habilidades intelectuales y sociales que demandan los nuevos fenómenos globales, la educación técnica y tecnológica tiene que ser repensada de manera muy distinta al modelo planificador e industrial que corrió desde la posguerra hasta la década de los setenta. Hay que tener la “sabía virtud de conocer el tiempo”, diría el poeta mexicano Renato Leduc.

Muy relacionado con la relevancia histórica del modelo de la EFTP está, en segundo lugar, su función dentro de la sociedad. ¿Se quiere que la educación técnica o vocacional sirva solamente para que las personas más pobres encuentren empleo en un mundo en donde las tendencias marcan alteraciones notables del trabajo y las ocupaciones? Desde mi perspectiva, la educación técnica, vocacional o tecnológica tiene que repasar críticamente su enfoque adecuacionista, es decir, su añeja pretensión de responder, por medio de las carreras y planes de estudio, a las demandas específicas del sector empresarial y productivo. Asimismo, se tiene que mostrar por medio de estudios de tipo longitudinal, si la pretensión de ofrecer habilidades para el empleo a los más pobres no derivó en estratificación social. ¿O será verdad que al estudiar una opción técnica o profesional los jóvenes pueden cambiar de clase social y grupo de estatus?

Pienso que formar bajo rígidos planes de estudio a las niñas, niños y jóvenes más pobres puede ser regresivo debido a que esto puede complicar, primordialmente, su ampliación de posibilidades reales de vida (PNUD), el cual es un proceso mucho más amplio que entrar al mercado laboral. Reportes de organizaciones internacionales, diversos estudios de egresados e incluso, encuestas a empleadores coinciden en señalar que se requiere formar personas con “competencias blandas” —como se dijo en la reunión de Santiago— y no sólo con destrezas específicas para empleos que solo imagina y propone un ocurrente emprendedor “exitoso”.

Ahora, en pleno siglo veintiuno, saber desempeñar una tarea específica es algo menos importante que cultivar la habilidad de saber cómo “aprender a aprender”. De hecho, en la reunión de Santiago se habló recurrentemente de la manera en que la educación técnica y tecnológica se debía integrar a la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida. A mi juicio, una manera de lograr esta transición va por al menos dos vertientes. La primera es de corte institucional, es decir, se requiere estudiar la manera en que operan los diversos subsistemas de la educación técnica o tecnológica para certificar con base en habilidades y no en créditos u otro esquema de control burocrático ineficaz. ¿En verdad queremos construir una sociedad basada en el conocimiento o solo es puro discurso de los funcionarios estatales?

Se requiere, a mi juicio, un marco institucional que reconozca lo que algunos han llamado “portabilidad de conocimientos” (Székely) para que el sujeto se mueva libremente en las distintos tramos, niveles o modalidades educativos. Varios estudios en México han mostrado lo tortuoso que es para un Técnico Superior Universitario (Isced 5B) revalidar sus estudios para continuar su aprendizaje a lo largo de la vida. Lo que enfrentan los TSU —y muchos otros jóvenes en el sistema universitario de México— es una “carrera de obstáculos”, como bien observó Salvador Ruiz de Chávez, ex vocal de los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior (Ciees).

La segunda vía para tratar de integrar a la educación vocacional, técnica o tecnológica con el enfoque de educación a lo largo de la vida tiene que ver con la manera en que la educación en particular y el conocimiento en general, son valorados por la sociedad. En un estudio con una pequeña muestra de universidades tecnológicas (UT), institutos tecnológicos (IT) y universidades politécnicas (UP), Dulce Mendoza y el que escribe, encontramos una marcada tendencia a valorar modalidades de estudio extremadamente escolarizadas en donde los profesores, estudiantes y sus familias sentían cierto orgullo por tener largas jornadas académicas sin mostrar claramente su eficiencia. Según las evaluaciones encargadas a expertos internacionales y las de tipo independiente, el sistema de UT mexicanas falla en formar integralmente a los jóvenes pese a la extenuante carga académica que presenta. Entonces, ¿qué valoramos como sociedad? ¿Ir a la escuela a aprenderse el nombre de los héroes que “nos dieron patria” o aprender a ser mejor persona y ciudadano?

Para concluir, algunos de los retos de la educación técnica o profesional para estos años son: (1) tener una ubicación histórica, (2) aclarar su función social (¿reproductora de desigualdad o promotora de movilidad social?), (3) repensar su desempeño institucional para contribuir al desarrollo humano y sustentable, y (4) discutir su filosofía educativa. Esperemos que estos temas no sean menospreciados por la Unesco, la cual, ha tenido históricamente una visión educativa mucho más amplia que otras organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4363:futuro-de-la-educacion-tecnica-y-tecnologica&Itemid=256

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De vuelta a la tutoría

Por: Pedro Flores Crespo

En mi entrega de la semana pasada sostuve que a los programas universitarios de tutoría los circunscribe una problemática institucional compleja. Invitaba, por lo tanto, a reflexionar en dos direcciones: En primer lugar, si las estrategias para apoyar académica y personalmente a los estudiantes podían dar resultados cuando hacemos poco en nuestras instituciones para combatir dos vicios como el abuso de poder y el hostigamiento sexual.

En segundo lugar, sugerí que muchas de las prácticas regresivas de las Instituciones de Educación Superior (IES) son en parte creadas y recreadas por los propios agentes universitarios y esto se debe tomar en cuenta al evaluar los programas de tutoría. La medición de los efectos producidos por estas estrategias es tan importante como conocer la manera en que operan realmente nuestras instituciones.

Ante esta postura, varios colegas y lectores me hicieron llegar comentarios, críticas y diversos puntos de vista. Como un agradecimiento a su atención, quisiera ahondar sobre el tema de las tutorías en contextos sociales adversos y reafirmar la pregunta: ¿podrán ser útiles estos programas?

Dos problemas adicionales que rodean al esfuerzo universitario de la tutoría son; por un lado, el clima de inseguridad y violencia desatado a partir de la guerra contra el narcotráfico y por otro, la deficiente formación académica de los jóvenes que supuestamente se produce en los niveles previos al universitario.

Inseguridad y violencia
En 2011, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) dio a conocer el Manual de Seguridad en las IES. Lo que motivó la aparición de este documento fue que “[l]a inseguridad ha tocado las fibras más sensibles de nuestra sociedad y ha mostrado la fragilidad y vulnerabilidad de los espacios educativos a nivel básico, medio superior y superior”. Con indignación vimos que en un fuego cruzado murieron estudiantes universitarios en Monterrey, Nuevo León. Además, los “levantones” dentro del campus se hicieron desgraciadamente comunes hasta que llegamos a un terrible momento: en septiembre de 2014, 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos y lamentablemente, seguimos sin saber la verdad.

Como la violencia ya desbordó “los límites de los recintos académicos”, la ANUIES asume que tales incidentes ya no dependen solamente de las fuerzas del orden, sino que ahora la atención de esta problemática debe darse con “la concurrencia y la participación de alumnos, profesores, personal administrativo y operativo, así como de las autoridades académicas de la IES”.

Ante esta ominosa realidad, ¿cómo tendrán que reconfigurarse los programas de tutorías? Durante el VII Encuentro Nacional de Tutorías de Guanajuato, varios participantes reaccionaron a este punto diciendo que quizás a los tutores no les toca lidiar con la problemática de la violencia y creo que tienen razón, pero agregaría algo más: son las universidades públicas de México las que deben exigirle abiertamente a los gobiernos en turno cumplir con su responsabilidad constitucional de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos. La universidad pública tiene que asumir su postura crítica ante este problema nacional y no solo hacer manuales para explicar cómo manejar “incidentes” de manera “exitosa”.

Saber leer y escribir en la universidad
¿Qué hace un tutor para compensar las debilidades académicas que supuestamente arrastra el joven de los niveles previos al superior? ¿Quejarse o comprometerse con la formación actual del joven?

En 2013, la Revista Mexicana de Investigación Educativa (#57, Vol.18) publicó un número especial sobre las habilidades de lecto-escritura académica que poseen los jóvenes que cursan los niveles medio superior y superior. Gracias a la compilación realizada por Alma Carrasco y colaboradores, fuimos advertidos que es un error dar por sentado que los jóvenes universitarios poseen invariablemente competencias lectoras para desempeñarse eficazmente en el ámbito académico. Por ello, Paula Carlino, sugiere “alfabetizar académicamente” a los jóvenes.

¿Deberían los programas de tutoría universitaria incluir la “alfabetización académica” dentro de sus acciones específicas? ¿O será que esto tampoco “les toca”? Contrario al tema de la inseguridad, aquí sí creo que debe haber una responsabilidad directa del tutor para nivelar los conocimientos de los jóvenes estudiantes. En la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), por ejemplo, decimos que los programas de tutoría buscan fortalecer la “formación integral del estudiante” y queremos acompañarlo para que desarrolle sus “capacidades académicas”. Claramente, comprender textos científicos y escribir en este tono es una capacidad académica valiosa que tendríamos que cultivar en la universidad.

Pero ante este argumento, surge otro problema práctico. Para alfabetizar académicamente a los jóvenes universitarios se requiere preparación y tiempo. En el caso de la UAQ, las tutorías cuentan muy poco en términos de carga horaria. Una hora por estudiante al semestre es nada para nivelar los aprendizajes previos de los estudiantes. Eso si, la demanda burocrática-administrativa por brindar tutorías a los jóvenes es grande. Cuidado si no registras en el sistema las actividades de tutoría, no habrá constancia y por lo tanto, tampoco puntos para los estímulos.

El justo reconocimiento institucional para desarrollar eficientes programas institucionales ha tardado en llegar, de ahí que varios asistentes al VII Encuentro Nacional de Tutorías expresaran una reiterada queja a éstos. La tutoría entonces nos recuerda un problema constante de la universidad pública mexicana: programas que pueden ser relevantes, se desvirtúan cuando entran en la lógica del control burocrático-administrativo, el cual, poco tiene que ver con lo esencial de la formación universitaria: cultivar y ampliar las habilidades y facultades de los jóvenes para que puedan desempeñarse libre y responsablemente en la sociedades contemporáneas.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=5295:de-vuelta-a-la-tutoria&Itemid=152

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