Author: Pedro Flores Crespo

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Presupuesto 2017 ganadores y perdedores

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Pedro Flores Crespo

Hace poco más de un mes, el Presidente de la República presentó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 con el objetivo de que los legisladores lo revisen, discutan y aprueben.

Inmediatamente —y como debe ser en una democracia—, la propuesta del Ejecutivo levantó diversas reacciones debido a la contracción del gasto público que se plantea para el próximo año. Para analistas como Macario Schettino, todas las secretarías deberán “apretarse el cinturón”; sin embargo, hay algunas que perderán más y en este caso está precisamente la Secretaría de Educación Pública (SEP). La dependencia a cargo de Aurelio Nuño verá reducido su presupuesto en casi 32 mil millones de pesos, mientras a Salud y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) le quitarán 15 y 8 mil millones de pesos, respectivamente (El Financiero, 12/09/16).

¿Cuál es el objetivo de este severo ajuste? Según Enrique Peña Nieto, el proyecto de presupuesto para 2017 se propone “prolongar una tendencia de desarrollo económico en el país y mantener la estabilidad macroeconómica”. Pero si la reforma al Sistema Educativo Nacional es ¿o era? una prioridad para este gobierno, uno no se explica por qué le retiran recursos a la dependencia encargada de conducir “uno de los compromisos más importantes impulsados por el Gobierno de la República”. Con respecto a lo proyectado el año anterior, la disminución del gasto educativo para la SEP sería de 14 por ciento en términos reales, según la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto.

Pero los recortes al gasto no son para todos por igual. Hay “ganadores” y “perdedores” en la propuesta enviada por el Ejecutivo al Legislativo. Entre los primeros están algunos actores del “ramo autónomo” como el Poder Legislativo. Sí, el presidente propone que las cámaras de diputados y senadores reciban siete por ciento más recursos que en 2016, mientras que los órganos autónomos “castigados” son el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ante esto, Sylvia Schmelkes, consejera presidente del INEE, reaccionó y pidió a los diputados aumentar el presupuesto en 8.9 por ciento con respecto al monto aprobado para este año. Este aumento es necesario, según Schmelkes, para poder aplicar la prueba Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) para secundaria y educación media superior, lo cual cuesta alrededor de 80 millones de pesos.

Otra ejemplo de las asimetrías de poder es la asignación del presupuesto para educación superior. Aquí se planean gastar en 2017, 106.7 mil millones de pesos, sin embargo, hay tres instituciones que se llevarían 54 por ciento de este total y éstas son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Pero no sólo eso, a estas tres Instituciones de Educación Superior (IES), el Ejecutivo les propuso aumentar su presupuesto con respecto a 2016. Tal inversión es rentable por donde se le vea: el gobierno sabe que al beneficiar financieramente a estas importantes IES, está menguando una coalición universitaria. Como el “horno no está para bollos”, es mejor desactivar un posible conflicto haciéndoles una ligera caricia con el presupuesto. La UNAM, el Poli y la UAM son los “ganadores” del proyecto de presupuesto para 2017, ¿y quiénes serán los “perdedores”? Muy probablemente las universidades públicas estatales.

Ante este escenario desfavorable, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha iniciado un intenso proceso de sensibilización con legisladores, académicos, empresarios y representantes de otras universidades de tamaño medio y pequeñas con el ánimo de cabildear el presupuesto para 2017. Se propone mostrar, con datos, la importancia que tiene invertir en las IES estatales que están desempeñándose con eficiencia, transparencia y un alto compromiso social.

La UAQ, por ejemplo, generó 600 millones de pesos en ingresos propios en 2015, ha tratado de cuidar que la nómina no rebase desproporcionalmente el monto de los subsidios, ha congelado los salarios de rector y secretarios y tampoco hay gastos de representación, ni vales de gasolina o choferes para directores de facultad o funcionarios de primera línea.

En términos académicos, la UAQ cuenta actualmente con 63 posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado (PNPC), no ha aumentado las colegiaturas debido a que ocho de cada diez estudiantes provienen de hogares con un ingreso mensual de menos de cuatro salarios mínimos y a pesar de las fallas burocráticas que aún presenta, se ha tratado de privilegiar el desarrollo académico.
Si unos ganan con el presupuesto y otros pierden, es difícil sostener que no hay suficientes recursos.

La asignación del gasto sin criterios técnicos claros levanta diversas interrogantes y suspicacias, pero también activa la movilización de actores universitarios que demandan de manera razonada y fundamentada recursos para operar con equidad, eficiencia y un alto compromiso social. Esto no podía venir de otro lado más que de la universidad pública mexicana.

 

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/presupuesto-2017-ganadores-y-perdedores/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2015/08/libros-pe%C3%B1a2-e1440442848837.jpg

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Por un cambio razonado de políticas

Pedro Flores Crespo Deja un comentario

Por: Pedro Flores Crespo

La manera en como discutimos los asuntos públicos revela nuestro nivel democrático. En la disputa por la actual reforma educativa hemos escuchado y leído muchas cosas. Están desde los buenos hasta los malos argumentos. Entre estos últimos, recuerdo los “jaloneos discursivos” sobre la ley. Por un lado, están los que sin mayor mediación que su propio sentimiento, invocan a Mohandas Gandhi para proclamar que “cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”. Tomar apresuradamente frases o palabras y utilizarlas fuera de contexto pueden tener
un significado al que Gandhi, un gran líder pacifista, no le daría. Citar bien es algo que cualquier escuela o universidad debería enseñar.

Pero los argumentos deficientes y la falta de ubicación histórica para utilizar determinadas frases o palabras no sólo provienen del opositor, sino también de algunos representantes del Gobierno Federal. En su visita a Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto, no supo ubicar y aplicar el término “populista” y por eso su homólogo estadounidense, Barack Obama, lo corrigió públicamente.

Posteriormente, y en medio del conflicto magisterial, el priista desde muy lejos nos mandó un mensaje. Dijo que para su gobierno lo que está “muy claro” es aplicar la norma. A más de tres mil kilómetros de distancia repitió un mantra: no está dispuesto a negociar la ley. ¿No? ¿Y qué hizo hace varios meses el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, cuando se reunió con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)? Miranda, dicen, contaba con el aval del presidente para meter en cintura  a los disidentes a pesar de la inconformidad del ex secretario Emilio Chuayffet. Si son tan respetuosos de la ley, ¿por qué entonces suspendieron la evaluación previo a las elecciones de 2015? Y otro ejemplo: en la captura y encarcelamiento de los líderes sindicales (Elba Esther Gordillo y Rubén Núñez), ¿se respetaron los principios básicos de legalidad y de justicia? Sobre este último punto, Jesús Silva-Herzog Márquez ha hecho notar que el “gobierno federal emplea la ley como un instrumento político”. La intervención para atrapar a Elba pareció, según el analista, “más una purga propia de un régimen autocrático que la acción justiciera de una democracia” (Reforma, 04/07/16).

Al Gobierno Federal ya se le agotó el argumento legalista para defender la reforma educativa. De hecho, varios legisladores están abriendo la posibilidad de revisar y realizar algunas modificaciones a las leyes que emanan de la reforma educativa, según nos cuenta Erik Juárez (Educación Futura, 30/06/16). Incluso, contrario a las visiones de Aurelio Nuño y representantes de organizaciones civiles pro empresariales, Miriam Ibarra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) piensa que la “reforma es perfectible” para hacerla más viable y para facilitar la negociación con el magisterio. En esta tónica están ubicados varios representantes de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

El consenso social para “reformar la reforma”, como diría Roberto Rodríguez, va surgiendo con mayor fuerza y es aquí en donde ahora podríamos ubicarnos y actuar. De hecho, entre la intransigencia de abrogar y la necedad de “nada se mueve porque lo digo yo y porque que soy la Ley”, han surgido propuestas de investigadores educativos e incluso, se han elaborado reportes sobre la evaluación docente que pueden servir para construir argumentos, discutir e irnos encaminando hacia el entendimiento mutuo y al cambio razonado de políticas.

En este sentido, coincido con los investigadores Ángel Díaz-Barriga e Imanol Ordorika quienes sostienen que hay que quitarle lo punitivo a la evaluación y para ello, habrá que plantear estos ejercicios como voluntarios. Es necesario “generar confianza en la evaluación”, dice el primero y yo agregaría, hay que ampliar la mirada y sobrepasar el modelo clásico de individuo que revelan las actuales políticas educativas, es decir, ese ser humano que ante los ojos del gobernante sólo actúa en pos de su propio beneficio.

También suscribo la idea de repensar las consecuencias de la evaluación para que éstas no sean solamente en contra de los maestros, sino también en beneficio de la niñez. El vínculo entre evaluación docente y mejora de los aprendizajes no es claro en esta reforma y la evidencia que se ha mostrado es cuestionable.

Para salir de la Babel en que nos hemos metido, sugiero revisar el reporte de Rodolfo Ramírez y Concepción Torres intitulado, La evaluación del desempeño docente: de lo comprometido a lo realizado, el cual sostiene que el esquema actual para medir el mérito de los docentes es deficiente y limitado. Por lo tanto, imponer una evaluación “de alto impacto” bajo estas condiciones es un gran error, como bien lo ha señalado Manuel Gil Antón.

Los esquemas de evaluación pueden mejorarse sustancialmente y esto requiere dinero y tiempo. ¿Está dispuesto el Estado a dotar al sistema educativo de estos recursos? En el reporte de Ramírez y Torres se puede leer que desde hace tiempo, varios especialistas —que ahora son funcionarios— señalaban la imperiosa necesidad de realizar observación en el aula para evaluar de manera más integral al maestro. Díaz Barriga, de hecho, también defiende este punto. Se sabe que por ser demasiado “costosa”, la observación en el aula se canceló. ¿No debió el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) pelear y enfocarse a construir este instrumento de recolección de información antes de destinar recursos a otros proyectos (e.g. consulta a indígenas, apertura de direcciones estatales, altas compensaciones salariales), quizás muy valiosos pero que abren la puerta al legítimo cuestionamiento sobre el uso racional de los recursos públicos.

Ante la violencia y el conflicto, todos estamos a prueba. Razonar y expresarse inteligentemente es nuestra responsabilidad ciudadana y sobre todo, un elemento central de la noción de calidad educativa que muchos deseamos alcanzar.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4635:por-un-cambio-razonado-de-politicas&Itemid=152

Foto de archivo

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Aprender al enseñar

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Pedro Flores Crespo

“¿Qué es lo que confiere a un hombre o a una mujer el poder para enseñar a otro ser humano?”
—George Steiner en Lecciones de los maestros

La docencia es una fuente de importantes experiencias para el investigador. Tal sentimiento lo ratifico al impartir un Seminario de Investigación dentro del programa de la Maestría en Comunicación y Cultura Digital (MCCD) de mi universidad: la Autónoma de Querétaro.

Gracias a los temas de investigación que desarrollan los estudiantes de ese posgrado me doy cuenta de lo desafiante y complejo que resulta estudiar los fenómenos de la comunicación bajo los métodos de investigación tradicionales. ¿Cómo analizar un fenómeno virtual que se caracteriza por ser profundamente móvil y efímero? ¿Podemos darle veracidad a lo que ocurre en Facebook o en Twitter? ¿Cómo se reconcilian lo virtual y lo real, pregunta acertadamente Christine Hine, ex presidente de la Asociación Europea para el Estudio de la Ciencia y la Tecnología?

Un tema de estudio que ha atraído a no pocos jóvenes es la manera en cómo las redes sociales han contribuido a impulsar movilizaciones políticas en países como Túnez, Egipto, Guatemala y México. Dentro de las primeras naciones se tuvo, en 2010, una amplia manifestación llamada “Primavera Árabe”, mientras que en nuestro vecino país del sur, el presidente Otto Pérez Molina renunció al cargo en 2015 en medio de una polémica por corrupción. En esto, parece ser que las redes sociales, en específico, Twitter sirvió de enlace entre la dimensión de tipo aspiracional y la virtual, según estudia Margarita Marroquín. En México, por otra parte, algunos estudiantes de comunicación de la Ibero le prepararon, en 2012, un recibimiento no grato al entonces candidato priista, Enrique Peña Nieto, y todo ello fue posible gracias al manejo del espacio virtual.

¿Es ese espacio una nueva estructura sobre la cual el individuo interviene y tiene, por lo tanto, un poder de transformación mayor? ¿Podremos cambiar los seres humanos nuestros entornos sociales más fácilmente cuando hacemos uso de las redes sociales? Con simpatía recuerdo una tesis dirigida por la doctora Miriam Herrera (UAQ) que mostraba que algunos jóvenes, al utilizar los recursos de socialización de Facebook, reducían su nivel de pena y vergüenza. Las relaciones sociales entonces ya no son lo mismo con la proliferación de las redes sociodigitales.

Otro tema que está en constante revisión bajo la perspectiva virtual es la construcción de la identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo he llegado a ser lo de ahora? Bajo un análisis social clásico, se diría que gracias al contacto físico con nuestros grupos de referencia, uno forma los rasgos de la propia personalidad; sin embargo, Enrique Iturralde, otro brillante egresado de la UAQ, mostró en su tesis de Maestría en Ciencias Sociales que la identidad también puede configurarse dentro del espacio virtual que representa Twitter.

Esta identidad puede servir para perseguir ciertos fines políticos, según recuerdo.
Pero lo gratificante de dar clases en el posgrado de la UAQ puede tornarse preocupante cuando se tienen que diseñar los aparatos metodológicos para que los estudiantes respondan, de manera sistemática, a sus preguntas de investigación. Dado el carácter efímero de los fenómenos rastreados en las redes sociales, ¿podemos seguir utilizando y confiando en los estudios de tipo transversal? Como usted sabe, este tipo de estudios realizan observaciones en un momento determinado. Imagínese lo complicado que puede ser entonces medir y validar la popularidad de un político por medio de los recursos que ofrece Twitter y de Facebook (likes). En estos espacios, según me ha enseñando Tania Rivera, es muy difícil controlar el efecto de los “paleros virtuales”, también conocidos como bots. Si la investigación social clásica no pone atención a estas nuevas prácticas y realidades, la información presentada en una tesis o en una investigación puede ser errónea.

Dada la complejidad de los fenómenos estudiados por la comunicación, parece ser cada vez más necesario revisar, por un lado, nuestras teorías sociales “contemporáneas” y por otro, renovar nuestros encuadres metodológicos. Ante la realidad virtual que afecta nuestras vidas, los temas de objetividad e imparcialidad adquieren mayor relevancia. Ante el manejo mediático que hacen algunos actores, el amplio alcance de las redes sociales aún está por discutirse. Ante la necesidad de formar más jóvenes universitarios capaces de reflexionar y actuar sobre su realidad, la enseñanza en el posgrado de la UAQ es un reto profundamente gratificante. Por ello, no tengo duda alguna de que se aprende mucho al enseñar.

 

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/aprender-al-ensenar/

Fuente de la imagen:http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2016/10/54af56fc83668.jpg

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¿La universidad como contratista?

Pedro Flores Crespo Deja un comentario

Por: Pedro Flores Crespo

A las madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa

Una vez escuché a una colega decir que las universidades no podemos ser el reflejo de los vicios de la sociedad y de los políticos. Debemos ser, en cambio, un ejemplo de honestidad, apertura, conducta ética y actitud crítica. Cuando una Institución de Educación Superior (IES) empieza a reproducir las malas prácticas que en México condenamos a diario (dedazo, opacidad, conflicto de intereses, abuso de poder, nepotismo, irresponsabilidad, clientelismo), podemos decir que algo en el fondo empezó a descomponerse.

El pasado 6 de septiembre Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), estuvo en el noticiero de Carlos Loret de Mola y ante la pregunta de los reporteros sobre si había irregularidades en las cuentas de la Universidad Autónoma de Morelos (Uamor), contestó que sí y que tal información era pública. ¿Qué encontraron? Según Portal, hallaron contratos que se asignaron para hacer entrega de bienes o servicios cuando la universidad “está para educar, está para investigar; no para ser un comprador intermediario”.

Pero ahí no paró la cosa. De acuerdo con el auditor, de los recursos que se contrataron, esta universidad se quedó con un porcentaje para subcontratar otros servicios y así sucesivamente, pero lo más grave es que, al realizar la auditoría, no se encontraron tales servicios. Es decir, ni recursos ni servicios. En ésta y otro tipo de irregularidades han caído varias universidades públicas, no es sólo la Uamor.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, asegura que “[d]urante 4 años consecutivos la ASF ha observado contratos y adquisiciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal adjudican para la prestación de servicios sin realizar licitación pública, al amparo del artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual ha sido informado en revisiones anteriores independientemente de que se ha solicitado se transparenten y acoten este tipo de operaciones, para prevenir e inhibir actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público”.

Pese a que la ASF ha hecho un llamado para transparentar y moderar la contratación directa de servicios, algunos universitarios parecen hacer caso omiso. Utilizar de manera discrecional y opaca los recursos públicos para beneficio de un actor privado es un acto que no se espera de una institución que debería ser la consciencia crítica de la nación. En el caso de la Uamor, se detectó que se transfirieron recursos a una empresa “ajena a los servicios solicitados”, es decir, aparte de la opacidad, contrataron a un proveedor sin perfil idóneo. Esto abre la puerta a suspicacias de toda índole.

¿A quién echarle la culpa de este mal comportamiento institucional? ¿Al “neoliberalismo”, cualquier cosa que eso signifique? ¿A la ignorancia, cuando muchas universidades mantienen buenas facultades y escuelas de contaduría y administración? ¿A la Secretaría de Educación Pública (SEP) o al sindicato que peor nos cae? ¿A la lacerante pobreza? ¿A los malquerientes del rector? No hay excusa, el problema es interior (inner) de los propios agentes universitarios.

Cuando uno lee estas historias de actos ilícitos, se pregunta al menos dos cosas. Uno, ¿por qué a pesar de los esquemas de evaluación, certificación y acreditación de la “calidad” que las IES han promovido desde hace más de 20 años, no se ha logrado que los universitarios pensemos y actuemos distinto al cínico y al indecente? Dirán algunos que para eso no sirve la evaluación institucional, ¿entonces para qué?

Segundo, pese al excesivo control administrativo y burocrático que se ejerce dentro de nuestras IES, siguen existiendo actores que tiene manda ancha para actuar discrecionalmente y a su favor. ¿Mientras que “abajo se aprieta, arriba se gana”? Esta conducta quiebra cualquier esquema de confianza y por tanto, de cooperación entre universitarios.

Así como muchos universitarios criticamos la posición de la Panamericana ante el plagio que cometió Enrique Peña Nieto siendo estudiante, no debemos callar ante la opacidad, impunidad y discrecionalidad de algunas IES públicas de México. La sociedad aún confía en la universidad, pero nada es para siempre.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4973:la-universidad-como-contratista&Itemid=152

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Modelo educativo: la otra cara de la consulta

Pedro Flores Crespo Deja un comentario

Por: Pedro Flores Crespo

Con el propósito de conocer el Modelo Educativo propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP), discutir abiertamente su contenido, identificar aciertos y errores y sobre todo, con el ánimo de hacer una propuesta que mejore la iniciativa curricular de la SEP, las universidades Marista de Querétaro (UMQ), la Autónoma de ese estado (UAQ) y la de Guanajuato (UG), organizaron el pasado 14 del presente un foro para revisar, bajo una mirada crítica y plural, la propuesta gubernamental.

Este foro, a diferencia de los que organiza la propia SEP, convocó abiertamente a todo aquel que quisiera discutir la iniciativa oficial, es decir, ningún grupo, gremio o actor social estuvo mayoritariamente representando. Por eso fue plural. Para darle el carácter de crítico, se introdujo una mecánica de trabajo en donde cada participante pudiera expresarse libremente en mesas de trabajo y después en una sesión plenaria.

El resultado fue positivo. Se registraron más de 100 participantes, los cuales no solo provinieron de Querétaro, sino también de los estados de Hidalgo y lógicamente, de Guanajuato. Hubo estudiantes y maestros de algunas escuelas normales, profesores universitarios en servicio y jubilados, así como investigadores educativos.

La mezcla entre docentes experimentados y las nuevas generaciones resaltó interesantes diferencias pero también importantes coincidencias. Entre estas últimas, mencionaría la profunda desconfianza que sienten los mentores sobre los resultados de los foros y el actuar de las autoridades federales —en este caso la SEP. Temen no ser escuchados al expresar sus críticas al Modelo Educativo y razonablemente, se cuestionan, “¿por qué en la elaboración de la ley sobre el servicio profesional docente no nos tomaron en cuenta y ahora sí?”

La suspicacia y desconfianza dibujan la “otra cara” de los foros de consulta sobre el Modelo Educativo y no es claro si esos gestos de recelo desaparecerán con la respuesta que dé al final la SEP o sólo profundizarán las arrugas del viejo régimen. Ante ello, pienso que la autoridad federal ya no sólo tiene un desafío pedagógico o curricular enfrente, sino también uno de legitimidad. ¿Podrá la SEP reconstruir su capacidad para conducir los cambios que son necesarios en el Sistema Educativo Nacional?

Más allá del contenido de los documentos oficiales sobre el Modelo, los asistentes a los foros como el de Querétaro tiene mucho más que decir y lo expresan abiertamente. Por ejemplo, una profesora nos cuestionó a los organizadores sobre el hecho de utilizar en las mesas de trabajo el formato que gentilmente envió la SEP —y que será la base para el procesamiento de información a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Dijo que ese formato restringe los distintos puntos de vista y los encasilla en tres grandes categorías: (1) elementos “positivos”, (2) aspectos a “incorporar o fortalecer”  y (3) factores “críticos” para el logro de los distintos temas (fines de la educación, Escuela al Centro, planteamiento curricular en los distintos niveles, formación docente, inclusión y equidad, gobernanza, condiciones para gestionar el currículum, y contenidos).

Incluso, en consonancia con otras voces públicas, cuestionaron la decisión gubernamental de haber seleccionado sólo al CIDE para ordenar la información de la consulta cuando, según dijeron otros colegas, la educación no es campo de su competencia. Verdad o no, esta inquietud está presente en los foros.

Para tratar de ir más allá del esquema de fortalezas y debilidades, los participantes del encuentro en Querétaro resaltaron la necesidad de saber si la SEP cuenta con evidencia sobre el funcionamiento de iniciativas pasadas como para ahora proponer un cambio curricular distinto. Específicamente, preguntaron si el Acuerdo 592, que trataba de articular los distintos tramos de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en uno solo, ha dado o no los resultados esperados desde 2011. Para los revisores del Modelo, falta sustentar mucho mejor por qué se planea un cambio curricular como el que propone ahora la secretaría. Este punto refuerza lo dicho aquí hace mes y medio: “el diagnóstico que se presenta en los documentos oficiales levanta la pregunta, ¿cómo o por qué llegamos hasta aquí? En esto, la SEP se quedó corta” (Campus 667, 04/08/16).

Pero disipar la amplia desconfianza social y la suspicacia es un reto mucho mayor que enmendar la propuesta original del Modelo Educativo. Para ello, la SEP tendrá que idear una estrategia distinta y mostrar que los foros de consulta sirven para algo más que cumplir con un requisito formal. Al reconocer la “otra cara” de la consulta, los hacedores de política —y sus respectivos asesores— tendrían que explicar, con base en evidencia empírica y lógica, la necesidad de desarrollar una nueva propuesta curricular. Además, sería plausible que reconocieran los errores cometidos como el plagio contenido en los documentos oficiales y supieran ser humildes para dejarse asesorar por filósofos de la educación y especialistas en diseño curricular y así poder establecer la coherencia entre los fines de la educación, la terminología utilizada en el Modelo y los contenidos curriculares.

Así como el secretario Nuño ha mostrado una genuina determinación por aplicar la Ley, quisiéramos verlo con el mismo aplomo explicando, de manera pública, qué elementos, después de los foros de consulta, se van a incorporar a la propuesta final del Modelo, cuáles no y por qué. Bajo los mismos reflectores que lo cubrían en sus giras por las escuelas, el titular de la SEP podría responder a las agrias críticas al Modelo, rebatiendo argumentos y sabiendo reconocer que puede haber profundas contradicciones entre el cambio educativo propuesto y los actuales esquemas de evaluación.

Ante la “otra cara” de los foros de consulta, la SEP puede mostrar que ya entendió la complejidad por la que atraviesa el cambio educativo y que es sensible a ello. Hacernos sentir a todos partícipes del cambio curricular es una de las últimas cartas que le quedan a este gobierno para tratar de frenar su desprestigio.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4947:modelo-educativo-la-otra-cara-de-la-consulta&Itemid=152

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Academia, prensa y gobierno

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Por: Pedro Flores Crespo

Tratándose de alejar de las presentaciones de libro tradicionales, el Fondo de Cultura Económica (FCE) ha organizado las Conversaciones a Fondo. En éstas se selecciona una temática a propósito de alguna novedad editorial del Fondo y se invitan a especialistas sobre el tema. Pero la cosa no queda ahí, se convoca también a periodistas.

El pasado 5 de septiembre, el FCE organizó la Conversación a Fondo sobre el Modelo Educativo, a propósito de la publicación de dos libros de Fernando Reimers, profesor de la Universidad de Harvard. Uno de ellos, editado junto con Connie K. Chung, e intitulado Enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI y el otro, coordinado junto con O.B. O´Donnell llamado Quince cartas sobre la educación en Singapur. Reflexiones desde la Perspectiva Estadunidense.

En esta Conversación a Fondo no solo asistieron académicos y especialistas, sino también autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). El encuentro —realizado en la magnífica librería Rosario Castellanos del FCE—, sirvió para reflexionar sobre la experiencia internacional y así ubicar mejor nuestras fallas y fortalezas. En un ambiente abierto, colegas como Manuel Gil cuestionaron, de manera fundada, diversos aspectos de la Reforma Educativa y del Modelo Educativo y con ello, los periodistas obtuvieron la nota del día.

La relación entre periodistas y académicos es clave para el desarrollo de las políticas públicas porque los primeros poseen los medios para llegar a amplias audiencias mientras que los segundos, al estudiar sistemáticamente los fenómenos sociales y educativos, pueden tener una visión más profunda de los problemas que enfrentan estudiantes, maestros y escuelas.

Si la prensa y la academia se unen pueden, por un lado, mejorar sustancialmente la opinión pública al contrarrestar la visión oficialista y por otro, darle visibilidad a temas comúnmente omitidos por el gobierno. De ahí que la relación entre estos tres sectores (gobierno, prensa y academia) sea comúnmente adversa y no hay que alarmarse por ello; así se construye un pilar de la democracia. Entre más profesionales e independientes sean tanto la prensa como los académicos, mayores serán nuestras posibilidades de corregir los errores de política pública. Por esta razón, la libertad de prensa, así como la autonomía universitaria no solo deben ser celosamente defendidas, sino también plenamente garantizadas.

Pero cuestionar, por un lado y publicar una noticia por el otro, implica ciertas reglas. Gracias al extraordinario Newsmuseum de Washington, recuerdo que la Asociación Americana de Editores de Periódicos, en su primera reunión nacional de 1923, adoptó un código de ética, el cual estuvo basado en lineamientos como responsabilidad, precisión (accuracy), imparcialidad, “juego limpio” (fair play) y decencia. Un periódico, como una persona, decía E.A. Grozier, ex editor de The Boston Post, debe ser decente en sus métodos y maneras de actuar.

¿Y se puede ser objetivo al ejercer el periodismo? La lucha política y pugna ideológica comúnmente invaden nuestros medios pese a que algunos periódicos tienen como lema “buscar la verdad”. ¿Y les convendría a los periódicos ser objetivos e imparciales? Quizás política y financieramente no, pero socialmente sí, ya que al presentar los diversos ángulos de las noticias podrían ganar mayor credibilidad.

La pregunta es si la “objetividad” de un periódico es lo que buscamos como lectores. Javier Marías, el lúcido escritor español, afirma que “muchos individuos desean enterarse solo de lo que previamente les gusta o aprueban”. Pretenden, prosigue Marías, “ser reafirmados en sus ideas o en su visión de la realidad nada más, y se irritan si su periódico o su canal favoritos se las ponen en cuestión. Solo aspiran a ser halagados, a cerciorarse de lo que creen saber, a que nadie les siembre dudas ni los obligue a pensar lo que ya tienen pensado (es un decir). Nuestra capacidad para tragarnos mentiras o verdades sesgadas es casi infinita, si nos complacen o dan la razón. El autoengaño carece de límites.”

Las palabras de Marías resuenan fuertemente en México cuando discutimos la Reforma y el Modelo Educativo. Mientras la SEP exagera las bondades de la reforma al anunciarla como el “proyecto de nación más importante para superar la pobreza”, los periódicos se muestran renuentes a organizar debates entre especialistas con puntos de vista diversos y contrarios. Entrevistan y citan en sus noticias recurrentemente a las voces que son afines a su línea editorial cuando sabemos que el desacuerdo genera conocimiento, como diría Karl Popper. Varios medios periodísticos escritos y en línea hacen noticias “políticamente correctas” para su público meta y los académicos hemos sido conformistas al no llamar la atención sobre el peligro de querer ser reafirmados en nuestras propias creencias. Quizás hemos olvidado que dudar es un camino para aprender a pensar bien. He aquí entonces un aporte al modelo educativo de México. Pongámosle, desde la prensa y la academia, un límite al autoengaño.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4916:academia-prensa-y-gobierno&Itemid=152

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El otro informe destacado

Pedro Flores Crespo Deja un comentario

Por: Pedro Flores Crespo

En congruencia con la ley y luego del error histórico de haber recibido al “sociópata” de Donald Trump (Krauze), Enrique Peña Nieto, entregó su cuarto Informe de Gobierno al H. Congreso de la Unión. Esto es, dijo, un ejercicio para rendir cuentas sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. También expresó que ha “dado indicaciones” para que los secretarios de Estado atiendan los requerimientos de ambas cámaras y se analice y discuta el contenido del Informe. Vamos a tomarle la palabra a Peña y revisemos el apartado sobre educación del Informe.

El documento publicado en el sitio de la Presidencia de la República es vasto y detallado. El tema educativo abarca casi 80 páginas y ahí se presentan avances en tres de los seis objetivos consignados en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (Prosedu). Estos objetivos son: (1) “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población; (2) [f]ortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo; [y] (3) [a]segurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”. El resto de los objetivos están relacionados con deporte, cultura y ciencia.

Al repasar el Informe, uno puede conocer valiosas iniciativas que poco aparecen en el debate público actual. Por ejemplo, me entero que existe un programa llamado POETA (Programa Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología de las Américas) el cual, trata de favorecer la “inclusión laboral de personas de 15 años y más que padecen algún tipo de discapacidad” por medio del uso de las tecnologías de la información. Se dice que en el ciclo escolar 2015-2016 se atendieron mas de 7,900 estudiantes, lo que representó 23 por ciento más que en el ciclo anterior.

Asimismo, sorprende gratamente saber que la Secretaría de Educación Pública a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito elaboró un padrón de estudiantes con discapacidad visual (invidentes o baja visión) y produjo, según el Informe, 16,165 libros en formato Braille y 92,120 libros en formato Macrotipo. Estos libros amplían letras, ilustraciones, figuras y tablas para facilitar la lectura de personas con baja visión. En primaria, tenemos 10,173 niños que enfrentan este problema y en secundaria hay, desafortunadamente, 4,067 jóvenes con baja visión.

Pero, ¿qué limitaciones u omisiones presenta el Cuarto Informe de Gobierno en materia educativa? En primer lugar, hay poca referencia a las metas establecidas en el Prosedu 2013-2018. Esto es necesario para poder hacer un juicio más preciso sobre los avances y retrocesos de este gobierno en materia educativa. Excepto en los temas sobre eficiencia terminal, Escuelas de Tiempo Completo y tasas de abandono escolar en la educación media superior, no se encuentra una comparación entre lo realizado y lo planeado. Esto, creo, tendrá que ser materia del “otro informe” que hagamos los ciudadanos.

Un análisis adicional a los datos que presenta el Informe tendrá que realizarse en el caso de un tema central de la Reforma Educativa: la asignación de plazas docentes por concurso. El Prosedu establece como meta que, para el ciclo escolar 2018-2019, 100 por ciento de las plazas para educación básica deberán ser “contratadas” por Concurso de Oposición, ¿y cómo vamos, según el Cuarto Informe de Gobierno? Quién sabe.

El documento oficial es confuso, ya que reporta que en el ciclo escolar 2015-2016, hubo 130,765 sustentantes en este nivel, pero sólo se sometieron a concurso 11,752 plazas y 54,485 horas. De esos 130 mil participantes, sólo 64,402 (49 por ciento) obtuvieron un resultado idóneo. Entonces, si hay por un lado 11 mil plazas y por otro, 64 mil profesores acreditados, el déficit de puestos de trabajo es de al menos 53,000. ¿Tenemos estas plazas disponibles o hay que crearlas para que la Reforma Educativa haga realidad la idea del mérito? ¿En qué estados de la República y áreas de especialidad faltan o sobran maestros? En estos puntos el Informe es omiso. Además, introduce una mayor confusión al decir que “[a]l cierre del ciclo escolar 2015-2016, se asignaron 35,521 plazas y 173,431 horas. ¿Y qué proporción del total de plazas disponibles son 35 mil plazas? ¿Vamos a alcanzar la meta consignada en el Prosedu o podremos ya ir visualizando que la federación y los estados no tuvieron la capacidad de cumplir con este punto de la Reforma Educativa?

El otro tema tratado mal y superficialmente en el Cuarto Informe de Gobierno es el rezago educativo. Como usted sabe, el rezago educativo lo componen las poblaciones de personas analfabetas junto con aquellas que no han concluido su educación obligatoria. Se calcula que en esta situación viven más de 30 millones de personas, es decir, un cuarto de la población de México. El Informe ofrece datos sobre el Índice Nacional de Conclusión de Estudios y afirma que la matrícula de educandos alfabetizados, “que concluyen la primaria y/o secundaria, se incrementó 41.9 por ciento”. Esto significa que, según el documento oficial, 1,467,110 personas concluyeron satisfactoriamente un nivel educativo durante septiembre de 2015 a agosto de 2016. ¿Por qué juntan a los sujetos alfabetizados con lo que concluyeron la primaria y secundaria? Dado que cada población es sujeto de programas y políticas distintas, sería ideal que se desagregara este indicador. De otra manera, parece un artificio de la SEP. La pregunta que debió responder el Informe es: ¿cómo ha evolucionado el rezago educativo en el periodo 2012-2016? Y adicionalmente dejar en claro si la secundaria sigue siendo el tramo educativo que alimenta esta problemática. El Informe dejó esta pregunta irresuelta.

Informar sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal es efectivamente un ejercicio de rendición de cuentas, sin embargo, para que esto sea realidad, esperaríamos que el gobierno hiciera un mejor tratamiento de los datos. Mientras que en algunos temas educativos es profundamente detallado, en otros es omiso y parece que quisiera confundir. Los ciudadanos, por lo tanto, habremos de construir “el otro informe”, que deberá presentar un balance crítico del desempeño del gobierno actual. El informe no basta para tal propósito.

Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4887:el-otro-informe&Itemid=152

Fuente de la imagen: https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustracin-documentos-y-lupa-financieros-del-informe-image64725101

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