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El 9,5 % del alumnado de primaria ha sido víctima de acoso escolar

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El informe realizado por la Universidad de Alcalá de Henares y dirigido por Juan Carlos Torrego ha recogido información de más de 33.000 personas entre estudiantes, familias, equipos directivos, docentes y equipos de orientación escolar. Casi un 10 % del alumnado ha sufrido acoso por parte del 4,6 % de quienes reconocen haberlo realizado. Un 10.6 % de estudiantes dicen haber sido testigos.

El Estudio estatal sobre la convivencia en los centros de educación primaria es el primero de estos que se elabora desde el Observatorio Estatal de la Convivencia desde que este mismo organismos publicara, en 2010, un informe similar, dirigido por María Díaz-Aguado, y centrado en la etapa de secundaria. En esta ocasión, ha corrido a cargo de un grupo de investigadores dirigido por Juan Carlos Torrego Seijo, de la Universidad de Alcalá de Henares y que en la anterior etapa del Observatorio Estatal fue uno de sus integrantes.

Casi 400 páginas de estudio que ofrecen una enorme cantidad de información sobre cómo la comunidad educativa vive la convivencia escolar, el acoso y las diferentes relaciones que se establecen o deben establecerse entre sus miembros. De este maremágnum, destaca, efectivamente, una prevalencia de, 9,5 % de estudiantes que han sido víctimas de acoso y el 4,6 % de quienes han acosado a alguien en los últimos meses. Las cifras son prácticamente las mismas para el ciberacoso, sufrido por el 9,2 % y protagonizado por el 4,62 %. A esto se suma el 10,65 % de quienes dicen haber sido testigos de situaciones de acoso.

El informe atribuye la diferencia entre víctimas y victimarios “a la falta de reconocimiento de la responsabilidad por parte de los acosadores (…) y, por otro lado, a que un mismo alumno puede ser acosador/ciberacosador de más de un compañero”.

La muestra del estudio ha sido de 37.333 de quienes el 70 % corresponden a alumnos; el 19 % a familias; el 8% a profesorado; el 2 % equipos directivos, y 1 % estructuras de orientación. Un 58,12 % son mujeres y el 41,87 % varones.

Os dejamos aquí algunos gráficos para bucear en cómo se vive la convivencia en los centros de primaria según los datos que han recogido en la encuesta desde la Universidad de Alcalá de Henares y cuáles son las principales causas de los problemas que se dan.

Como puede verse en el gráfico, la convivencia parece no tener graves problemas en los centros. Los problemas más comunes y habituales tienen que ver con las molestias que generan los compañeros y que obligan a pedir ayuda y en menor medida, hablar en clase hasta el punto de interrumpir al docente en su explicación. Le siguen el uso de insultos y motes. También habría que atender a las peleas en clase y a las molestias de los compañeros.

Sin duda, destaca, en la columna de la derecha. Con una alta incidencia de la defensa pacífica ante los ataques de compañeros.

Las familias, por su parte, se muestran más benévolas en sus opiniones sobre lo que ocurre en los centros educativos en relación a la convivencia, ya sean interrupciones de la clase, el incumplimiento de las normas o con qué frecuencia se producen casos de ciberacoso o abuso sexual en el centro.

A pesar de que los problemas de convivencia más graves no parecen tener un enorme peso en la situación de niñas y niños, lo cierto es que hay un porcentaje más o menos relevante de alumnas y alumnos que se sienten víctimas de acoso. El 9,53 % así lo aseguran. Frente a este colectivo está el de quienes admiten haber acosado a alguien en su clase, una cifra de algo menos de la mitad, el 4,58 %. Desde el estudio se explica que esta diferencia entre ambas cifras puede deberse a que quienes acosan no tengan claro que lo hacen o que la misma persona bien pueda estar acosando a más de un compañero o compañera.

El estudio centra una parte de las pesquisas en las reacciones de las personas que presenciaron alguna agresión en el centro, ese 10,65 % del alumnado que fue testigo.
Además, se preguntó al alumnado, esta vez al conjunto, sobre sus reacciones en el caso de presenciar alguna situación de acoso.
También se ha preguntado al alumnado por sus reacciones en el caso de que fuera un adulto quien intentara hacerles daño.

Profesorado

También se ha preguntado al profesorado por los motivos de las dificultades de convivencia en los centros educativos desde su punto de vista. Aunque hay ítems que coinciden con los alumnos, también hay diferencias más o menos claras. Abajo aparecen dos gráficos que recogen los diferentes motivos de complicación de la convivencia y cuánto peso tienen según maestras y maestros.
El estudio también ofrece datos sobre la percepción de los equipos directivos y de las estructuras de orientación que ofrecen porcentajes bastante similares a los del profesorado.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/05/03/el-95-del-alumnado-de-primaria-ha-sido-victima-de-acoso-escolar/
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Cómo impacta la política de vivienda a la infancia: salud mental, física y pobreza

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Un informe de Save the Children habla de la situación en relación a la política de vivienda del país, y de cómo repercute, de una forma u otra, en miles de niñas, niños y adolescentes.

En España hay 1,6 millones de hogares que se encuentran en riesgo de exclusión social o pobreza. Según los cálculos de la ONG de infancia, el país necesitaría 1,5 millones de viviendas de protección social nuevas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de finales de 2022, existen 3,4 millones de viviendas vacías, principalmente en grandes ciudades, y que están en manos de particulares, empresas y bancos. Bancos como la Sareb, el “banco malo” que se creó en la crisis para absorber miles de activos inmobiliarios como parte del rescate a la banca. Esta entidad, según el INE, posee 45.000 viviendas. Solo 4.000 de las 15.000 previstas para fines sociales se han dedicado a esto.

Andrés Conde, director de Save the Children ha explicado durante la presentación del informe Aquí no hay quien viva, que un gran número de familias se encuentran en una situación extremadamente precaria. Del millón y medio de las que están por debajo del umbral de la pobreza, el 18 % ha incurrido en algún tipo de impago de alquiler o hipoteca. Del total, solo el 2 % tiene algún tipo de ayuda para pagar la vivienda.

España, explican desde la ONG, está muy abajo en las estadísticas de vivienda de la Unión Europea. Para empezar, el 2,5 % de todas las viviendas del país están dedicados a protección social. En la UE el porcentaje es cuatro veces superior, 9,3 %. A esto hay que sumar que en nuestro país, las casas de protección pierden esta calificación al poco tiempo y salen del parque de vivienda social. Según ha explicado Conde, una de las propuestas de la ley de vivienda que están negociando en el Gobierno, prevé que el plazo para que pierdan esta consideración se elevará hasta los 30 años.

Junto a la falta de un parque de viviendas, desde la ONG destacan que solo el 17 % de las ayudas públicas a vivienda (de las poquísimas que existen) tienen en cuenta a la infancia como un colectivo prioritario a la hora de concederlas. Si se cruza este dato con el de que entre el 70 y el 80 % de los desahucios del país (más de 36.000 en el último año) los sufren familias con menores al cargo, es fácil entender la situación. Y eso que desde 2019 la justicia puede paralizar un alzamiento si es sobre una vivienda en la que viven niñas, niños o adolescentes.

Según ha explicado Conde, los problemas de vivienda impactan negativamente en la salud mental y física de chicas y chicos: problemas de ruidos, insalubridad, inseguridad de algunos barrios. A los que hay que sumar otros derivados de los costes de vivienda y que impactan en la alimentación de estos niños y niñas, así como en sus estudios (no tener material adecuado o vivir en una casa sin un lugar para estudia, que no haya luz suficiente o la temperatura no sea la adecuada).

Problemas de vivienda

Andrés Conde desgranó en una rueda de prensa de presentación del informe diferentes bloques de problemas que tienen que ver con la vivienda, según han detectado desde Save the Children. El primero de ellos se relaciona con las condiciones físicas de la vivienda. Según los datos que manejan, el 20 % de las y los menores “vive en hogares en condiciones físicas malas, con deficiencia estructural”, es decir, “no tienen las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas”. No tienen sistemas de ventilación adecuados, no hay agua potable dentro de la vivienda o “un sistema de eliminación de desechos dentro de la casa”, explicó conde.

Dentro de este grupo de condiciones estaría el hacinemiento, medido en que cada persona del hogar disponga de 10 metros cuadrados. Y el territorio en el que se encuentra el hogar, que en una gran cantidad de ocasiones sufre de ruidos insoportables o hay basuras en las calles o se trafica con drogas, por ejemplo.

Otro bloque de problemas se relaciona con la inseguridad jurídica sobre la vivienda, es decir, familias que “viven en una vivienda sobre la que no tiene derechos legales”. Según los datos que maneja la ONG, el 4,3 % de las familias está en esta situación, es decir, tienen requerimientos legales para abandonar la vivienda en la que están residiendo. Requerimiento que, como se ha dicho, acaban en unos 36.000 desahucios el año pasado: 8.500 por impago de hipotecas y 27.500 de alquileres.

Conde ha señalado que los impagos del alquiler afectan a un gran número de familias, “especialmente a las que tienen un alquiler social. Este, ha dicho, no protege de la dificultad de asumir los pagos”. De hecho, “un 26 % de los hogares con alquiler social ha sufrido impagos, normalmente más de uno”.

Finalmente, estaría el bloque que se relaciona con el precio de la vivienda. Un algo porcentaje de familias en el país dedica más del 30 % de sus ingresos a pagar su casa. Esto supone, explicaba Conde, que hayan de suprimir o reducir otros gastos como los relacionados con la educación, la alimentación o la energía. Más allá de que muchas familias lo pasen mal para pagar sus alquileres o hipotecas, el director de la oenegé ha destacado el que el 44 % de las familias monomarentales (más de 150.000) tengan sobrecargar a la hora de pagar la vivienda.

Según territorios, la situación se ha puesto especialmente complicada en Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, Catalunya y Baleares, principalmente por culpa de la eclosión de pisos turísticos, que han encarecido enormemente la vivienda en los últimos años.

Propuestas

Para definir las propuestas, la encargada fue Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política en Save the Children. Ella fue la encargada de asegurar que las políticas públicas de vivienda se centran, sobre todo, en ventajas fiscales que “no siempre llegan a quienes más lo necesitan”.

La ONG calcula que harían falta 150.000 millones para cubrir las necesidades de 1,5 millones de viviendas, 7.500 millones cada año durante dos décadas. Por eso proponen la colaboración público-privada, por ejemplo. Una colaboración que pasara por la construcción de nuevas viviendas públicas, pero también la recalificación de muchas de las existentes, así como su rehabilitación.

También ven necesaria una mejor comunicación entre el sistema judicial y los servicios sociales, especialmente, en el caso de familias con menores al cargo que estén en procesos de lanzamiento y desahucio. El objetivo sería que los informes de vulnerabilidad llegasen antes de cualquier decisión judicial al respecto de la situación habitacional de cualquier familia.

La ONG también propone una ayuda de 200 euros para las 158.000 familias monomarentales, para que puedan hacer frente a sus gastos de vivienda con mayor facilidad. Una medida que costaría, dicen, 380 millones de euros. Además, apuestan a que esta ayuda sea accesible en el momento en el que una familia ya es receptora de la ingreso mínimo vital o de otras rentas básicas (y de otras prestaciones que puedan existir más adelante) y, de esta manera, simplificar las gestiones para muchas de estas familias.

En relación a la colaboración público-privada, la ONG cree que se podría hacer que los grandes tenedores colaborasen poniendo a disposición de las familias vulnerables pisos para que pudieras vivir en ellos, mediante algún tipo de alquiler social, por ejemplo. Eso sí, “las administraciones son las que tienen que arbitrar las compensaciones económicas correspondientes”, según ha propuesto Perazzo.

Está claro que el problema de la vivienda en España es un asunto casi endémico que durante décadas ha sido un quebradero de cabeza para un gran número de familias. El informe de Save the Children aparece justo en el momento en el que se están cerrando las negociaciones para una posible legislación sobre vivienda que debería intentar dar respuesta a estas y otras situaciones que afectan a millones de personas, muchas de ellas, niñas, niños y adolescentes que ven sus vidas truncadas.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/03/28/como-impacta-la-politica-de-vivienda-a-la-infancia-salud-mental-fisica-y-pobreza/

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La juventud española se muestra más permisiva con el cannabis que hace unos años

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El Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud acaba de publicar su último estudio sobre la percepción que tiene la juventud en relación al cannabis: peligros, legislación, consecuencias de su consumo. A pesar de que parte de los datos aseguran que chicas y chicos son más conscientes de estas últimas, el porcentaje que cree que habría que suavizar o eliminar la legislación que persigue el consumo aumenta.

El debate sobre el consumo de cannabis, no solo en la juventud, no es nuevo. Desde hace años la FAD y el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, estudian las percepciones que chicas y chicos tienen alrededor del consumo de esta sustancia. Los datos, aunque no varían enormemente entre la última oleada (2016), si señalan un relajamiento en las opiniones que tienen en relación al consumo y venta de cannabis.

En los últimos años, aunque ha aumentado el porcentaje de jóvenes que tienen una opinión negativa del cannabis (han pasado del 15,5 % al 17,7 %), ha bajado el de chicas y chicos a quienes no les ha cambiado (de 61 a 46 %, aproximadamente), mientras que el porcentaje de aquellos para quienes ha mejorado ha pasado del 17,5 % al 28,4 %.

De hecho, el porcentaje de quienes creen que hay que prohibir su consumo está en constante caída desde 2014 (ahora son el 21,5 %), mientras que el porcentaje de quienes creen que el consumo debería permitirse ha subido hasta casi el 70 %.

Algo parecido ocurre cuando los expertos han preguntado por la venta. Si en 2014 casi el 35 % de las personas encuestadas creía que debía prohibirse, en 2016 ya eran el 32,5 y en 2022 la cifra había caído hasta el 23 %. En paralelo, iba subiendo el porcentaje de personas que creen en la posibilidad de permitir la venta. en 2022 la cifra estaba en el 69,6 %.

Uno de los retos más importantes, seguramente, que tienen las autoridades, así como las y los expertos, es conseguir que chicas y chicos consigan la mejor información posible en relación al consumo de drogas, cannabis incluido.

Como suele pasar en cualquier tema relacionado con jóvenes e información o formación, las fuentes de los datos de los que disponen seguramente no sean las más fiables. Aunque ha habido algunos cambios con respecto a la última encuesta, Internet es, con muchísima diferencia, la fuente principal de su información. Los amigos en general y aquellos que consumen cannabis le siguen a la zaga. Médicos y especialistas serían la cuarta fuente de información. Docentes, familias, instituciones especializadas están, prácticamente, al final de la lista.

Tal ves las fuentes de información elegidas por chicos y chicas para informarse sobre el cannabis tenga cierta relación con la polarización de sus opiniones en relación a los riesgos que tiene este consumo.

Es una de las características más marcadas en relación a la encuesta de 2016. Si entonces el 15 % pensaba que solo con probarlo ya habría problemas, ahora lo creen el 34,5 %. En el otro extremo de la gráfica, quienes creen que no hace daño a quien está sano, aunque se consuma mucho ha pasado de 9,8 al 26,3 %.

De manera parecida, quienes creen que no genera problemas aunque se consuma con frecuencia ha pasado del 27,7 al 42,2, %, en oposición de quienes opinan que si se consume los fines de semana, lo más probables es que genere problemas, que han pasado de ser el 27,5 al 34,6 %.

A esto hay que sumar que casi la mita de los encuestados cree que tiene más y mejor información que en la oleada de 2016. Una cifra que ha subido casi 20 puntos porcentuales.

Para qué

La mayor parte de las y los jóvenes utilizan habitualmente el cannabis, principalmente, para relajarse (38,6 %), para evadirse (33,5 %), para divertirse y pasarlo bien (25,6 %), pero también por motivos terapéuticos (19,5 %).

Cuando hacen un consumo esporádico, el orden de los motivos varía ligeramente. La diversión y el pasarlo bien se colocan en el primer lugar (40 %). Después estaría relajarse (33 %), evadirse y por curiosidad (27%) o porque lo consume el grupo de amigos.

Seguramente estos datos podrían explicar los porcentajes cuando se les pregunta por la legalización del cannabis para diferentes usos. Aunque la mayoría de las y los jóvenes opinan que no debería legalizarse para uso lúdico, (45,4 %), no es pequeña la cantidad de quienes creen que sería conveniente y necesario.

Unos porcentajes que cambian enormemente cuando el uso no es lúdico sino terapéutico. El 55,9 % de las personas encuestadas creen que es necesario y conveniente la legalización de este uso, frente al 30 % que no lo ven así.

Como admiten desde el propio informe, es necesario que se abra un debate en relación a un posible proceso de regulación del consumo legal de cannabis. Entre otras cosas, porque todo el continente está en esa misma situación. El problema de un debate regulatorio, aseguran desde el Centro Reina Sofía puede suponer un cierto mensaje de permisividad que podría ocasionar un aumento del consumo de esta sustancia, así como de los problemas asociados.

Desde el instituto de investigación, en cualquier caso, tienen claro que ante estas situaciones, el trabajo de prevención es imprescindible.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/03/22/la-juventud-espanola-se-muestra-mas-permisiva-con-el-cannabis-que-hace-unos-anos/

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Luces y sombras de la primera prueba de la nueva EvAU

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El Ministerio, junto a diferentes comunidades autónomas, ha realizado pruebas piloto de la nueva prueba de acceso a la universidad. Se trata de pruebas en las que se ha intentado un giro más competencial, acorde con la nueva Ley de Educación. Hablamos con algunos docentes sobre su contenido.

La prueba de Lengua y Literatura tiene alguna ausencia que muchos habrán acusado. El análisis sintáctico, ese leitmotiv de buena parte de la escolarización, ha desaparecido, prácticamente por completo, de un examen que se centra en el hecho comunicativo mediante textos de prensa, poesía y publicitarios.

La idea es que quienes se enfrenten a la prueba tienen que conocer los diferentes tipos de comunicación escrita, sea capaz de descifrar y explicar el tema de diferentes textos, conozca los rudimentos de la sintaxis y cómo puede esta verse comprometida esta, así como el significado de una frase, por la puntuación. Además, el alumnado tendría que relacionar las ideas principales que se desprenden de las tres piezas y componer, además, un texto sobre un tema propuesto.

En la prueba de matemáticas, antes de arrancar a leer el largo enunciado del primer problema, se ofrece información clave. Lo primero, una serie de fórmulas matemáticas; entre ellas, están algunas de las que necesitará para resolver los problemas posteriores. La otra información clave es que se ofrece al alumnado es posible utilizar cualquier tipo de calculadora para realización del examen. Esta es una de las más antiguas reivindicaciones de buena parte del profesorado de secundaria desde hace años.

Ayer, 2.000 alumnas y alumnos de 50 centros educativos de 12 comunidades autónomas hicieron la primera prueba piloto de la prueba de acceso a la universidad que debe responder a los criterios y metodologías de la Lomloe.

Con las pruebas vuelve a abrirse el melón, si es que alguna vez se cerró, sobre si son demasiado fáciles, si lo competencial está reñido con el contenido y el esfuerzo intelectual o no. María, docente de Lengua y Literatura que prefiere mantenerse en el anonimato, no está contenta con la prueba. “Me pregunto hasta qué punto acierta a evaluar la autonomía de los estudiantes a la hora de construir una interpretación autónoma de textos literarios, tal y como pretende el currículo, o si bien sigue siendo deudora del un aprendizaje más teórico que deben aplicar”.

El uso de la calculadora estará permitido, además de que se facilitarán algunas de las fórmulas que el estudiante tendrá que usar | Foto: Ministerio de Educación y FP

Competencial o no, esa es la cuestión

La EvAU siempre ha sido la espada de Damocles de buena parte de la vida académica en España. Marca al minuto qué pasa en el último año de bachillerato y lo lleva haciendo décadas, bajo legislaciones completamente diferentes. El ejemplo perfecto de teaching to the test.

No va a dejar de jugar, desde luego, este papel, aunque sea con otros matices. Francisco Amaya es el secretario general de Educación en la Consejería de Extremadura. También y antes, es profesor de Lengua y Literatura en secundaria. Él está satisfecho con el cambio de la prueba, en la que ha participado activamente. Está alineada “con el enfoque competencial”, asegura. No solo permite aplicar los conocimientos que el alumnado ha tenido que adquirir a lo largo del curso, sino que conecta con la actualidad del alumnado y lo hace, además, a través de clásicos de la literatura como Jorge Manrique, una de cuyas coplas fue utilizada en el examen.

Para Amaya, la evaluación se centra en la vertiente comunicativa, “con la competencia para comprender textos y producirlos con sentido crítico”. Además, desde su punto de vista, es una buena herramienta para medir la madurez del alumnado al tener que valorar los clásicos desde una lectura contemporánea “y producir un texto sobre el que opinar, debatir, que les interpela directamente”.

Cristina, docente de Lengua también y que, como María, prefiere conservar el anonimato, no está contenta con lo que ha visto de la prueba. “Tenemos un currículo hecho con mucho cuidado para estar adaptado a los tiempos, a las recomendaciones internacionales y una EvAU que es la que va a marcar de verdad la docencia del bachillerato que no tiene nada que ver con lo planteado”.

Según esta docente, la prueba, “tiene muy poco desarrollo en cuanto a los procesos cognitivos implicados”. Desde su punto de vista, salvo el último ejercicio, “solo hay identificación y aplicación de contenidos teóricos a unos textos dados”. Trabajo relacionado con la sintaxis, con la búsqueda de sinónimos, con la métrica…

Hay algo más de reflexión matemática, pero la esencia no cambia mucho

Cristina es defensora del modelo competencial de la Lomloe. En la otra punta está José Ramón Fernández, profesor de Matemáticas y miembros de la asociación OCRE. Aunque comparten parte del análisis. Para él, la prueba de matemáticas plantea “una situación de la vida real pero al final el tipo de preguntas que acabas haciendo no se diferencia demasiado del tipo de preguntas que se hacían antes”. Eso sí, conviene en que “hay algo más de reflexión matemática, pero la esencia no cambia mucho”.

Algunas fuentes consultadas entienden que desde Educación se haya querido ser algo conservador con una prueba de este calado y no se haya dado el paso más largo para evitar problemas. Cristina entiende que “el profesorado siente mucha responsabilidad ante los resultados de la EvAU de su alumnado”.

Para Fernández, “por mucho que la prueba pretenda ser ahora de tipo más competencial, sigo viendo necesario trabajar ciertos conceptos en clase desde un punto de vista, llamémosle, tradicional”. Además, insiste en que “la comprensión de conceptos matemáticos, así como la destreza en su manejo, requieren de un tipo de trabajo que no se puede cambiar así como así”.

“En juego está que nuestro futuro alumnado tenga que reflexionar y razonar más, algo que sí que es cierto que le faltaba al anterior modelo de EVAU”, asegura este profesor para acto seguido afirmar que esto no debe suponer un “menoscabo en la base que adquieran sobre ciertos conceptos importantes”.

Una alumna durante la realización de la prueba piloto de Matemáticas | Foto: Ministerio de Educación y FP

Para Pablo Beltrán, docente de didáctica de las Matemáticas en la Universidad de Zaragoza y antiguo profesor de secundaria de esta misma materia, señala que la prueba debería tener “alguna tarea rica más, intramatemática, no un ejercicio, sino un problema intramatemático” más puramente competencial. Eso sí, entiende que esto puede estar influenciado porque el contenido de la prueba no corresponde con el de una EvAU convencional.

Para Cristina, el problema de que el examen sea conservador para facilitar la labor del profesorado supondría que no puede cambiarse ninguna ley educativa. “No puede ser que haya un currículo nuevo, adaptado a los tiempos y a unos objetivos determinados del sistema educativo y que ese mismo sistema educativo plantee una prueba de final de etapa y de acceso a la universidad que desoiga ese currículo”.

Para Amaya, sin embargo, “el cambio es profundo, interesante y seguro que los colegas adaptarán la metodología (de aula) a la nueva prueba”.

Ya era hora

La prueba, que no deja de ser un piloto que, según el Ministerio, para mayo de este año ya habrá sido analizado, es, según la mayor parte de las fuentes consultadas, un paso que había que dar. “La prueba es un paso valiente, necesario que puede hacer algo por cambiar la educación matemática”, asegura Pablo Beltrán.

Beltrán explica que el examen no solo mediatiza la enseñanza de 2º de bachillerato, sino que hay un efecto dominó que llega, al menos, al curso anterior. “Si se cambia la prueba, cambiaría mucho la enseñanza en etapas anteriores”, opina. Eso sí, este docente universitario cree que es importante que haya un diálogo entre las universidades y el Ministerio de Educación para la elaboración de la prueba porque “no puede ser que un currículo educativo desarrolle una serie de procesos concretados en las competencias específicas y que luego la prueba vaya por otro lado”.

A partir de ahora, según fuentes conocedoras del proceso, habrá entrevistas con alumnado y profesorado sobre el formato de la EvAU. También se analizará cómo funcionó el piloto de ayer, no en relación al contenido o los resultados de cada chica y cada chico. Los resultados de este trabajo serán analizados por el grupo de trabajo correspondiente que tendrá, si no falla nada, una propuesta cerrada en el mes de mayo. Es compromiso de Pilar Alegría, según cuentan desde el Ministerio, que el alumnado que en septiembre empieza 2º de bachillerato conozca cómo será la prueba a la que se enfrentarán en junio de 2024.

Si se cambia la prueba, cambiaría mucho la enseñanza en etapas anteriores

Un último paso de el proceso será la elaboración de un marco de corrección lo más homogéneo posible para que pueda utilizarse en todo el país y facilite que la manera de evaluar el examen sea lo más parecida posible independientemente del territorio. Ya que el examen no es el mismo para todo el país, que sí lo sean los criterios de evaluación.

Contenido de la prueba

Uno de los temas que seguramente han provocado una cierta confusión es que las pruebas que se realizaron las pasaron estudiantes de primero de bachillerato, no de segundo, y sobre contenidos, por lo tanto, previos, de 4º de ESO. Según fuentes del Ministerio, se trataba de no distraer a quienes este año han de pasar la prueba convencional, sin cambios.

“El contenido es lo de menos”, comentan estas mismas fuentes porque, en realidad, de lo que se trataba era de evaluar la prueba en sí misma, conocer si el alumnado se hacía con ella, si daba tiempo a hacerla correctamente.

Esta es, precisamente, una de las dudas de docentes como José Ramón Fernández. Señala que los enunciados de la prueba de su materia son muy extensos. “¿Es suficiente con aumentar en 15 minutos el tiempo máximo disponible?”, se pregunta. Para él, aparte de otras consideraciones, sería más conveniente “combinar este modelo de ejercicios contextualizados con ejercicios de corte más tradicional que también evalúen adecuadamente la competencia matemática de nuestro alumnado sin obligarles a detenerse durante tanto tiempo en la lectura de demasiados textos”.

Otras profesoras como María o Cristina, de Lengua, ven que los contenidos se quedan cortos, que hoy por hoy la prueba de acceso a la universidad es más exigente tanto por contenidos como por competencias (al menos en algunos territorios).

El Ministerio se ha comprometido a tener lista la prueba a final de curso para que quien empiece 2º de Bachillerato en septiembre conozca lo que le espera | Foto: Ministerio de Educación y FP

Calculadoras y fórmulas matemáticas

Uno de los cambios de la prueba es que se admitirá el uso de la calculadora durante la prueba. Una herramienta que, desde hace años, se pide poder utilizar en el examen, sobre todo porque en clase se utiliza con normalidad. Para Irene Murcia, profesora de Matemáticas en Valencia y miembros de la asociación OCRE, como Fernández, su uso es normal, aunque, opina “mucho alumnado abusa de su utilización para todo y pierden mucho tiempo con cosas que sin ella se hacen más rápido, pero eso es otra lucha”, sostiene.

Para Beltrán está bien que se puedan utilizar aunque “habría que distinguir el papel que puede jugar ya que es una herramienta que facilita la exploración de relaciones numérica”. Además, asegura que “cuando tenemos alumnado con dificultades y estas pasan por este cálculo mental bien sea por la experiencia escolar previa o algún tipo de dificultad inherente, al prohibir la calculadora porque sí, sin hacer esfuerzo adicional en otra línea, estamos limitando su aprendizaje”.

“¿Calculadora en la EvAU? Sí”, sentencia Beltrán quien, añade, habría que estudiar la posibilidad hacer pruebas con ordenador en las que el alumnado pudiera utilizar Geogebra para la construcción geométrica y para trabajo con funciones y de modelización.

Sobre el tema de que aparezcan algunas de las fórmulas que el alumnado deberá utilizar para dar respuesta a los problemas descritos, hay cierta diferencia de criterios. Para Murcia está claro que el alumnado las maneja y conoce perfectamente. De esta manera no es necesario que estén presentes porque “quien no conoce esas fórmulas, tampoco sabe aplicarlas”.

José Ramón Fernández matiza un poco. “Me gusta que se faciliten algunas fórmulas que el alumnado, en un momento de nerviosismo, pueda no recordar adecuadamente”, asegura. Es verdad que si lo que se intenta es que el nerviosismo no juegue malas pasadas, este mismo docente ve innecesario tanto texto como hay en el examen.

Beltrán asegura que la aparición de las fórmulas también se encuentra en otros países como Portugal o Reino Unido y tiene sentiro “si el foco no es aprender de memoria las fórmulas”. “Otra cosa es, continúa, que pudieras plantear algo intramatemático donde hubiera que razonar de dónde sale alguna de las fórmulas. ¿Sabe más matemáticas quien se aprende un resultado de memoria, aislado sin saber de dónde viene? No”.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/03/15/luces-y-sombras-de-la-primera-prueba-de-la-nueva-evau/

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Las diferencias salariales entre autonomías superan los 600 euros

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El profesorado de primaria y secundaria de Cataluña es el que menos cobra. Así lo recoge UGT en su informe anual sobre salarios para 2023. Aunque, aclara el sindicato, esta comunidad autónoma todavía no tiene aprobados los presupuestos para este año. En cualquier caso, maestras y profesoras catalanas cobran hasta 623 y 622 euros menos que sus compañeras de los territorios que están más arriba en la tabla. Tanto en el caso del cuerpo de maestros como en el de profesores, las Islas Canarias no capitalinas están en la parte más alta de la tabla. En ambos casos cuentan con un importante complemento residencial de 454 euros y 504 euros respectivamente.

Si no se tiene en cuenta a las Canarias, los salarios más altos, en ambos cuerpos, se encuentran en Ceuta y Melilla. Maestras y maestros cobran 2.860,19 € y profesoras y profesores, 3.419,03 euros.

Como puede verse en el gráfico, si se excluyen las Islas Canarias no capitalinas, es País Vasco la comunidad autónoma en la que el profesorado, da igual el cuerpo, más salario bruto mensual cobra al año. Cataluña es, también en todos los casos, en la que menos se cobra.

El sindicato comenta en su informe de retribuciones para este año, la importancia del acuerdo firmado para el aumento salarial hasta 2024 de entre un 8 y un 9,5 % como una vía importante para la recuperación salarial de todo el colectivo. En la mayor parte de las comunidades autónomas, los recortes que se iniciaron en 2010 y, sobre todo, en 2012, no llegaron a recuperarse hasta 2015-2016, momento a partir del cual, las nóminas de maestros y profesoras han ido creciendo de forma constante.

La mayor parte de las diferencias salariales se deben a los complementos que se aplican en cada una de ellas. UGT ha decidido no tener en cuenta en sus cálculos retribuciones relativas a la ocupación de determinados cargos ni los complementos de antigüedad, como forma de simplificar los cálculos. A pesar de esto, en el caso del cuerpo de maestros, el complemento de residencia (aplicados a los archipiélagos y a Ceuta y a Melilla, que van de los 83 euros hasta los 760), el de destino (de los 534 hasta los 672) y el complemento específico (de los 342 a los 948 euros), aumentan la brecha salarial entre funcionarios. En el resto de cuerpos se producen también estas varianzas entre complementos y territorios.

El sindicato exige un aumento de los salarios, así como una equiparación entre los territorios dado que las responsabilidades son las mismas en toda la geografía. “La revalorización del sueldo de nuestros docentes es fundamental para el reconocimiento y motivación del cuerpo docente y para garantizar el incremento en la mejora del perfil profesional del profesorado”, aseguran desde UGT.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/02/27/las-diferencias-salariales-entre-autonomias-superan-los-600-euros/

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Diferentes expertos dudan de la interpretación del informe de segregación de Carabaña

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Aunque admiten que la metodología que utiliza Julio Carabaña con datos PISA es correcta, aseguran que las conclusiones son demasiado precipitadas, así como dudan de la fiabilidad de los datos de la OCDE para medir el rendimiento académico visto en términos de aprobados, repeticiones y continuidad en el sistema educativo.

Julio Carabaña es uno de los más importantes sociólogos educativos del país. Lleva décadas investigando sobre diferentes aspectos del sistema educativo, desde el abandono hasta, como ahora, el impacto de la segregación social en los resultados (PISA). Su última investigación, publicada por la Fundación Europea Sociedad y Educación, asegura que la segregación social no tiene el impacto que se lleva años denunciando desde la sociología educativa en los resultados académicos comparando la realidad intercentros.

Es cierto que hace tiempo que, incluso en las presentaciones de PISA, se avisa de que las grandes diferencias en los resultados que alcanzan chicas y chicos en la evaluación internacional no se ven entre los distintos centros, sino dentro de cada uno de estos institutos.

Carabaña recoge en su investigación precisamente esto y asegura que desde las políticas educativas se está insistiendo en medidas de inclusión que tienen un efecto limitado y poco estudiado sobre los resultado académicos, medidos estos en relación a lo que pasa en PISA.

Hemos preguntado a otros investigadores que se han centrado precisamente en el problema de la segregación su opinión sobre las conclusiones a las que ha llegado Carabaña.

“Hay que tomar con precaución alguna de las afirmaciones que hace”, asegura Álvaro Ferrer, técnico de Save the Children que desde hace años estudia los fenómenos de segregación social y educativa en diferentes territorios. Desde su punto de vista, el de Carabaña “es un trabajo bien hecho” pero extrae algunas conclusiones precipitadas que, además, no tienen en cuenta las últimas investigaciones sobre el tema.

Para Ferrer, además, hay algunas cuestiones que se obvian en la investigación. La primera es que los resultados en PISA no pueden equipararse con los resultados académicos del alumnado en el sistema educativo. Según Ferrer, más que lo que ocurre en la evaluación internacional habría que tener en cuenta “el rendimiento y el logro”, es decir, si el estudiante aprueba, pasa de curso o repite, si abandona los estudios o no. “Sabemos por la evidencia, que en España en particular, para la movilidad social y para las oportunidades de inserción laboral, lo que más afecta es precisamente el rendimiento y el logro y no tanto el rendimiento PISA”, explica.

Desde la Fundació Bofill, en Cataluña, que ha publicado en los últimos años muchos estudios sobre segregación escolar en aquella comunidad, algunos de sus expertos quieren ser más comedidos con sus interpretaciones sobre el informe de Carabaña. Están de acuerdo en que la variabilidad de resultados en PISA tiene más que ver por lo que ocurre dentro de cada centro que en la comparación entre unos y otros.

Pero también aseguran que hay cosas en las que PISA no es la mejor de las fuentes. Por ejemplo, la muestra que se escoge no tiene en cuenta el origen étnico o migrante del estudiante, por lo tanto, no pueden sacarse demasiadas conclusiones sobre la segregación social en términos de origen del alumnado con los datos que ofrece. Sí son buenos los relativos a la composición socioeconómica de la población escolar, de la que recoge una gran cantidad de información. Estos expertos aseguran que, mientras ala segregación por origen, en las diferentes ediciones de PISA, parece estar bajando, la segregación socioeconómica no lo está haciendo.

Señalan, además, como una especie de “trampa” el que Julio Carabaña asegure que la segregación social no impacta tanto en los resultados y sí lo hace la académica cuando la correlación entre ambas es muy alta. “Es verdad que no es lo mismo, pero sí son cosas que está muy juntas. Son realidades que está muy cercanas”. La correlación es de 0,7, siendo 1 la correlación más alta, la que las convertiría en lo mismo.

Uno de los asuntos más polémicos del estudio de Carabaña, además de afirmar que la segregación social no tiene la importancia que la “sociología hegemónica” asegura, es que las políticas educativas que intentan paliarla no tienen un gran efecto sobre los resultados tampoco y que, en ciertas circunstancias, impactan demasiado negativamente en los chavales de nivel mayor y no tanto en los de menor. Es decir, que no compensan.

Desde la Bofill recuerdan que ya hace años, el sociólogo quitaba importancia a la variable origen a la hora de explicar la variabilidad de los resultados e insistía en que lo realmente importante era la clase social. Efectivamente, como en el caso de la segregación social y la académica, parece que la variable étnica o de origen tiene una cierta correlación con la variable académica. En cualquier caso, efectivamente, la clase social explica el 70 u 80 % de las diferencias de resultados. Pero desde la Fundación aseguran que, aunque con las políticas educativas “no esté luchando por un beneficio de gran impacto, estoy luchando por el beneficio posible”.

En este sentido, lo que viene a decir Carabaña es que lo que tiene que ver directamente con las características del chaval tiene la mayor parte del peso en lo que se relaciona con sus resultados en PISA y, en cambio, lo que tiene que ver con el centro educativo (composición socioeconómica, de etnia u origen, los recursos disponibles, las políticas de asignación de plaza, la titularidad del centro educativo, etc), no tiene tanta importancia, no es tan definitorio y aquello que se implemente para cambiar esta parte, por lo tanto, impactará levemente en los resultados.

Desde luego, la polémica está servida, puesto que como afirma Ferrer, los datos de las últimas investigaciones sí dan un peso importante a las políticas educativas. Cita, por ejemplo, una investigación de Gortázar, Mayor y Montalbán con datos administrativos de la Comunidad de Madrid, con una muestra censal y no estadística, en la que concluyeron que “cambiar la baremación (para la escolarización) tiene efectos sobre la segregación. Por lo tanto, asegura Ferrer, decir que la política educativa no tiene margen no se corresponde con las últimas investigaciones”.

A esto, Ferrer suma que, más allá de los resultados académicos mejores o peores del estudiantado debidos a la segregación, hay que tener otras cuestiones en cuenta a la hora de tomar cartas en el asunto de la segregación. Ferrer asegura que hay investigación causal que afirma que este fenómeno afecta en las actitudes de discriminación o de solidaridad del alumnado. Algo que “afecta a la cohesión social. Es bastante relevante, más allá del rendimiento educativo”.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/02/23/diferentes-expertos-dudan-de-la-interpretacion-del-informe-de-segregacion/

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María Rodríguez: “Las personas jóvenes somos discriminadas por ser jóvenes y, sobre todo, como estudiantes”

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María Rodríguez Alcázar es una joven española que, desde el 1 de enero, presidirá el Foro Europeo de la Juventud. Es una etapa más en su trayectoria en la participación juvenil. Una etapa que nació en la asociación de su instituto en el murciano pueblo de Beniel (Región de Murcia) y que la ha llevado, algo más de 12 años después, a Gante (Bélgica), a hacer un doctorado y a presidir la más importante organización de jóvenes de todo el mundo.

María Rodríguez es una joven extremadamente curtida en la participación juvenil. Empezó en el instituto, como ella misma cuenta. De ahí, a la presidencia de la Federación de Asociaciones de Estudiantes de la Región de Murcia, de donde saltó a presidir Canae, a participar como asesora técnica de la Fundación de Infancia (presidida por su antiguo homólogo Carles López, expresidente de Canae). Después de esto, ocupó la vicepresidencia del Consejo de la Juventud de España y, de ahí, saltó, en 2020, Foro de la Juventud Europea, organización que presidirá dentro de unos días durante dos años.

Rodríguez no se pone más límite que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o participar en las administraciones públicas legislando sobre derechos. El día que decidió que la participación y la incidencia políticas eran lo suyo, comenzó un camino que, ahora mismo, la ha llevado a su doctorado en la Universidad de Gante en colaboración con el Instituto universitario de Naciones Unidas, de la mano de una beca de la Fundació laCaixa. Hablamos con ella de qué es la participación, por qué es importante y qué retos se plantea en los próximos dos años, durante su mandato.

Quería empezar por tus principios. Repasando tu trayectoria, vas a presidir desde enero el foro Europeo de la Juventud. Pero antes has estado vicepresidiendo el Consejo de la Juventud de España, has pasado por la Plataforma de Infancia, presidiste Canae… Llevas 12 años en organizaciones de juventud ¿cómo empezaste toda esta andadura y por qué?

Empecé en la asociación de estudiantes de mi instituto, un centro del pueblo de Beniel, en la Región de Murcia. Es un pueblo bastante pequeño. Siempre he tenido muchas ganas de participar, de involucrarme en proyectos. En cualquier cosa que organizaba el instituto o el ayuntamiento yo siempre estaba ahí. Además, vengo de la Huerta y no había muchísimas oportunidades de ocio.

Un día un compañero de clase me dijo que había una asociación de estudiantes en el IES y que estaban intentando reactivarla. Me preguntó si me apetecía participar en una reunión en un recreo; nos invitaron a un evento a nivel regional con otras asociaciones de estudiantes, con la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes. Ahí me enamoré de la estructura, de la gente que estaba allí, con muchas inquietudes. Gente diferente a la que tenía yo en mi contexto. Me gustó el ambiente y con la asociación del instituto empezamos a hacer actividades para estudiantes; hacíamos algunos debates en ese momento en el que empezaban los recortes en educación, con lo que empezamos a hacer cosas de política educativa también. Con la Federación Murciana, que era la que daba más formación, que nos enseñaban las estructuras para participar en el instituto en el consejo escolar; o de qué forma los delegados de clase podrían cumplir una función que fuera útil más allá de ir a por tizas y hacer fotocopias que era, por desgracia, en muchos institutos se dedican. Ahí empezó esa conciencia y luego seguí participando en la Federación Murciana, de la que fui presidenta y luego en Canae, ya a nivel estatal.

Esos fueron ya tus primeros pasos de incidencia…

Bueno, en realidad lo fueron en el instituto, en el consejo escolar.

¿Conseguisteis algún cambio entonces?

En aquellos años el equipo directivo en aquel momento era bastante contrario a la participación estudiantil en el sentido de que creían que si los estudiantes se organizaban la iban a liar. Y, quizá la liábamos un poco, pero también hacíamos muchas propuestas. De las cosas que más orgullosa me siento es cuando nos reunimos todos los delegados, después de haber tenido una conversación con nuestras clases, para hacer propuestas para mejorar el instituto. Elaboramos un documento que presentamos al equipo directivo con nuestras propuestas. Lo recuerdo con bastante cariño.

En el momento en el que comencé a participar en asociaciones de estudiantes me di cuenta de que estaba siendo más crítica con el mundo a mi alrededor

¿Por qué es importante la participación de la juventud?

Es la forma de activar la conciencia con el mundo. Desarrollar un pensamiento crítico y preguntarnos por qué las cosas son como son y por la forma en la que podemos cambiar las que no nos gustan.

Para mí fue un momento de inflexión cuando comencé a participar en asociaciones. Antes hacía cosas que me daban satisfacción personal, me gustaban, pero realmente no desarrollaba una conciencia social. En el momento en el que comencé a participar en asociaciones de estudiantes me di cuenta de que estaba siendo más crítica con el mundo a mi alrededor. Por esto es por lo que creo que tiene sentido que sigamos promoviéndolo. Es lo que genera que seamos ciudadanos y ciudadanas activas más allá de votar cada cuatro años, que nos preocupemos del mundo a nuestro alrededor.

¿Hasta dónde crees que se consigue incidencia real mediante las organizaciones de juventud?

Creo que las organizaciones de juventud tenemos el gran handicap, incluidas las de estudiantes, de ser jóvenes. En muchas ocasiones no se nos tiene en la misma consideración que a otros colectivos por el hecho de ser jóvenes. Vamos a los espacios y siempre es lo mismo: “Anda, mira, si hace propuestas, qué bien hablas”. Perdona, no necesito que me digas lo bien que hablo, solo necesito que cojas mis propuestas y las implementes. En muchas ocasiones vivimos esa discriminación, y sobre todo como estudiantes. Creo que es el ámbito en el que más lo he sufrido. Cuando vas a una reunión del consejo escolar y tienes a padres y madres y a profesores y a estudiantes de 12, 13 y 14 años, cuando cuentas tus propuestas nadie te tiene en consideración con un nivel de seriedad que esperarías de cualquier otra persona.

Más allá de esto, conseguimos tener bastante incidencia política. Pero tenemos que romper la barrera de que se nos tenga en consideración como a cualquier persona. Una vez que lo conseguimos, tenemos incidencia con enmiendas en leyes, en proyectos como el Plan de Choque por el Empleo Joven que lo hicimos desde el Consejo de la Juventud de España… Tenemos incidencia pero nos cuesta mucho más porque tenemos una gran barrera que romper.

En muchas ocasiones no se nos tiene en la misma consideración que a otros colectivos por el hecho de ser jóvenes

Empiezas en 2010, con los primeros recortes de la crisis. Las personas jóvenes lleváis media vida, por no decir que entera, en una crisis continua. La situación que tenéis es muy complicada. ¿Cómo lo ves tú?

Esta es la línea discursiva que tenemos. Las personas de mi generación, desde que estamos en la educación secundaria, hemos tenido crisis; las personas más jóvenes que yo, han nacido con sus familias en crisis o con la palabra crisis instalada en sus vidas.

El gran problema es que las medidas que se tomaron para paliar la crisis de 2008 no atendieron bien a al juventud. No estaba tanto en el punto de mira, lo que nos llevó a que en 2020, con la crisis del Covid, una gran cantidad de la juventud estuviera en situación de pobreza, un tercio estaba en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto nos ponía en una situación súper vulnerable, con trabajos precarios (quien los tenía), sin capacidad de emanciparnos. Con las crisis del covid y la inflación e incluso con la crisis de la democracia que estamos viviendo es más difícil emprender nuestra vida de manera independiente.

El Consejo de la Juventud de España (CJE) tiene ahora una campaña: “La maldición de la eterna juventud”, y efectivamente, estamos constantemente posponiendo nuestros planes, lo que nos lleva a la situación de perder la motivación, a tener muchos problemas de salud mental que, por suerte, con la crisis del coronavirus se han empezado a visibilizar más. Aún así no es solo cuestión de visibilizar, sino de darles respuesta. Me alegro de que durante esta crisis del coronavirus la juventud haya estado en el punto de mira, en la política. De hecho, esto ha llevado a que 2022 fuera el Año Europeo de la Juventud, reconociendo que la juventud ha sido uno de los colectivos que más ha sufrido la crisis del coronavirus social y económica. Pero lo que queremos es que esta situación perdure, que la juventud siga en el punto de mira constantemente y no volvamos a la situación en la que siempre pasamos desapercibidos de las políticas. Con temas de salud mental, las organizaciones de jóvenes llevamos años reclamando que se tomen medidas, y solo con el coronavirus, cuando otros colectivos empezaron a sufrir mucho más, cuando se ha puesto más en la esfera política. Parece que nuestros problemas son menos improtantes o se acepta socialmente que podamos sufrir un poco porque en unos pocos años, cuando tengamos 30, nuestra vida será mejor. Lo que vemos es que las cosas no funcionan así. Necesitamos medidas que pongan remedio a nuestros problemas ahora, en el presente. La juventud no es el futuro, es el presente.

Me gusta esto porque siempre que hablamos de juventud o infancia, se habla de los adultos del mañana, como si las dos o tres primeras décadas de vida fueran una preparación para lo de verdad…

Creo que tenemos que pensar esto en términos de sociedad. Ahora, con la pirámide de población, que está envejeciendo… si los jóvenes ahora no pueden trabajar y no contribuyen a la Seguridad Social, ¿quien va a pagar las pensiones? Nos tenemos que poner en un plano mayor, no es simplemente los problemas de ahora de la juventud, también son los problemas que como sociedad vamos a vivir o cómo vamos a sostener el Estado de Bienestar.
En los últimos tiempos también se habla de la solidaridad intergeneracional, pero la tenemos que instalar mucho más en el discurso.

Necesitamos medidas que pongan remedio a nuestros problemas ahora, en el presente. La juventud no es el futuro, es el presente

Quería preguntarte por tu presidencia del Foro. Empiezas en pocos días. No me puedo imaginar qué significa esto, ¿qué esperas de estos dos años?

En realidad, me hace mucha ilusión porque en este periodo vamos a tener la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea . Es un buen momento de conexión de Esapaña con el resto de la UE. Creo que se pueden amplificar discursos y cosas que se están haciendo bien en España y pueden ser referencia o viceversa. Además, tenemos elecciones al Parlamento Europeo, quizá uno de los acontecimientos más grandes que tenemos. Y el reto que tenemos por delante es que haya muchas más personas jóvenes en el Parlamento. Este sería uno de los objetivos, así como que haya más partidos que adopten esas recomendaciones que hacemos desde las organizaciones. Pero sobre todo más presencia de personas jóvenes que lleven nuestra voz al Parlamento.

Esta será la base del trabajo porque, las elecciones serán en 2024 pero, para trabajar en ellas, tenemos que ponernos ya con los partidos tanto para convencerlos de que presenten candidaturas jóvenes y para que incluyan nustras propuestas y las de otras organizaciones europeas. El Foro de la Juventud Europeo está compuesto por consejos de la Juventud de toda Europa, no solo de la UE. Y a nivel nacional nos va a tocar trabajar mucho con todas las personas que candidaten a las elecciones.

La juventud pasa completamente desapercibida y nuestros derechos no se toman tan en serio como los de otros colectivos

Somos la organización que representea a la juventud en el marco de Naciones Unidas. Llevamos años reinvindicando que haya una Convención para la protección de los derechos de las personas jóvenes. Mi trayectoria en el ámbito de infancia es bastante relevante aquí porque ha estado muy relacionada con los derechos de la infancia y he trabajado con la Convención de Derechos de la infancia. Queremos promover algo parecido a esto en el marco de la ONU. Es algo que ya está avanzado, llevamos años de trabajo y, de hecho, cada vez hay más recomendaciones de Naciones Unidas que hablan de los derechos de la juventud. Lo que estamos intentando es que haya un mecanismo específico que defienda los derechos de las personas jóvenes, por todo lo que comentábamos: no solo en España o Europa, sino en todo el mundo, la juventud pasa completamente desapercibida y nuestros derechos no se toman tan en serio como los de otros colectivos, o de la población adulta. Necesitamos mecanismos específicos que evalúen cómo se ejercen los derechos entre la juventud. Ese es el gran paso que intentamos.

Y, justo a nivel europeo, estamos trabajando una cosa: una directiva para prohibir las prácticas no remuneradas. Es un gran proyecto que he liderado estos dos últimos años desde el equipo directivo del Foro Europeo. Esperamos que la Comisión Europea apruebe una directiva de carácter vinculante para prohibir las prácticas no remuneradas y establecer ciertos criterios de calidad. En España, hace un par de meses, se aprobó el Estatuto del Becario que, de hecho, es un buen precedente que se puede trasladar a otros países.

A colación de lo que cuentas, quería preguntarte cuáles son los derechos más específicos de la juventud.

No es que haya unos derechos específicos de la juventud, perdón si lo he formulado así. Por ejemplo, se trata de derecho como al empleo o a una vivienda, derechos de toda la población.

Por ejemplo, vovlamos a las prácticas no remuneradas. Hace un par de años presentamos una demanda colectiva en el marco del Consejo de Europa, por la Carta de Derechos Sociales. Una demanda colectiva contra Bélgica en la que argumentamos que el país estaba violando los derechos de la juventud: el derecho a no ser discriminado y a una remuneración justa por el trabajo. Todo ello por el asunto de las prácticas no remuneradas. Lo hicimos contra Bélgica porque era el país con más prácticas no remuneradas de Europa. Presentamos la demanda y recibimos la respuesta este año: efectivamente se vulneraba el derecho de la juventud a no ser discriminada por razón de edad y el derecho a recibir una remuneración justa al hacer prácticas no remuneradas después de graduarse.

Este es un ejemplo muy concreto de discriminación por edad. O cuando no tenemos la oportunidad de conseguir un empleo; o el derecho a la educación: cuando ha habido gente que no ha podido pagar la matrícula universitaria porque era muy alta o no tenían acceso al sistema de becas para compensarlo, también se vulneraba el derecho a la educación. También existe el derecho a la salud, que no solo física, también mental. Las personas jóvenes no pueden acceder a terapia o ni siquiera al recurso para saber si tienen o no un problema de salud mental. O con el derecho al medioambiente.

No es que haya derechos específicos de la juventud, pero sí hay discriminación por edad y, en las principales transiciones de la vida como, por ejemplo, de la educación al trabajo; de vivir con la familia e independizarse, somos más vulnerables. Y es necesario que haya una atención específica de los derechos de la juventud. Ese es el principal argumento del Consejo de Derechos Humanos de ONU y que identifica diferentes ámbitos. Uno de ellos es el acceso, de hecho, a los espacios políticos. La juventud está infrarrepresentada en todos los espacios políticos. Y es más difícil para una persona joven ser candidata a unas elecciones. Por eso se tienen que potenciar aquellos espacios de promoción de la participación, de educación democrática para conseguir que haya más personas jóvenes en ls espacios de representación.

Hoy por hoy, en el Parlamento Europeo solo hay cinco personas jóvenes, menores de 30 años.

Eso te iba a preguntar, hasta dónde se considera a alguien joven.

Hay diferentes regulaciones en Europa. En España es hasta los 29. Pero hay distintos criterios a nivel autonómico. No hay una edad concreta establecida. De hecho hay mucho debate ahora sobre si considerar joven a personas hasta los 35 años porque, ahora al llegar a los 30 no tienes esa vida independiente que se suponía que tendrías al final de su juventud. Por eso está la cuestión de alargar la juventud hasta los 35 años. Me parece terrible aunque entiendo la filosofía que hay por detrás; antes con 25-27 años podrías tener una vida independiente y ahora, se pospone hasta los 35. Es terrible, dramático.

Desde las administraciones públicas se debe apoyar el asociacionismo y la participación y con esto me refiero también a que haya financiación para esas organizaciones

Lo es, efectivamente. No deja de ser un problema de acceso al trabajo, la vivienda o los servicios…

Un problema de acceso a los derechos que se nos deberían garantizar como ciudadanos.

Hams hablado ya de algunos de los pilares de tu campaña a la presidencia del Forum de la Juventud: de los problemas de acceso a los derechos; también sobre la inclusión socioeconómica de la juventud. Me gustaría que habláramos un poco más del reconocimiento de las organizaciones de juventud, el tercero. ¿Cómo debería articularse?

Empiezo por el reconocimiento de la existencia y la posibilidad de que todas esas organizaciones sean fuertes. Desde las administraciones públicas se debe apoyar el asociacionismo y la participación y con esto me refiero también a que haya financiación para esas organizaciones. Entre las principales consecuencias de la crisis de 2008 y del Covid, pero sobre todo el 2008, hubo un debilitamiento del movimiento asociativo porque se acabó con muchas de las subvenciones que tenían estas organizaciones para organizar cursos y formar a gente. Las entidades de juventud hacen, sobre todo, una labor educativa. Son lugares donde aprendemos a hacer incidencia política, aprendemos de política educativa, a trabajar con otra gente, a muchísimas cosas. Lo principal, y es otra de las recomendaciones de la Convención sobre el Futuro de Europa, es que hay que apoyar a las asociaciones de la sociedad civil, especialmente a las juveniles y a través de financiación.

Luego está el reconocimiento. Que desde las adminsitraciones públicas de cualquier nivel, local, regional, estatal y también europeo, se tenga en consideración a estas asociaciones a la hora de legislar. Me refiero a que se incluyan en el diseño de las políticas públicas. A nivel europeo estamos demandando que haya un análisis de impacto de todas las políticas a las personas jóvenes. En el caso de que tuvieran un impacto negativo, que se desarrollen medidas de mitigación. El tercer pilar es que se incluya a las personas jóvenes y a las organizaciones que las representan en la valoración de esas políticas que les pueden afectar.

A nivel europeo estamos demandando que haya un análisis de impacto de todas las políticas a las personas jóvenes

De esta manera, se estudiaría si una política afecta o no a las personas jóvenes; si es que sí, incluimos a estas personas en el desarrollo de las políticas. Si hay impactos negativos, desarrollamos medidas para mitigar. Esto es crucial. Que desde las administraciones públicas tuvieran esta conciencia de traer a colectivos de jóvenes: sindicatos, asociaciones, juventudes de los partidos, el Consejo de la Juventud de España… a la conversación para escuchar sus propuestas sobre lo que les afecta y si una medida determinada puede o no solucionar sus problemas.
Que esto sea sistemático, creo que puede suponer el gran cambio.

Además, a nivel estatal vemos que no hay un ministerio que aborde los temas de juventud. Ahora mismo, se aborda desde la Agenda 2030 en el Ministerio de Servicios Sociales. Desde el CJE hemos demandado siempre, en España y Europa, que la juventud se aborde desde presidencia de Gobierno, o desde una estructura que sea similar y esté vinculada a presidencia. Se debe asegurar así que juventud no es algo específico, sino transversal en los diferentes ministerios. Se habla de juventud desde Sanidad, desde Transición Ecológica, Derechos Sociales, Empleo, Educación… se debe asegurar una coordinación en un espacio con poder en el Gobierno para trasladar las necesidades de la juventud.

Si conseguimos aumentar el nivel de conversación sobre juventud, creo que las organizaciones juveniles tendrán más impacto y los temas que tratan tendrán más espacio en la agenda pública.

Tratamos de promover que las personas jóvenes a partir de los 16 años puedan votar. Estamos muy convencidos desde el Forum Europeo, también desde el CJE

Yo no tenía más preguntas, pero no sé si me he dejado algo que fuera importante.

Sí. hablando de los pilares de la campaña recuerdo que, vinculado a las elecciones europeas y en muchos países europeos durante 2023 y 2024, tratamos de promover que las personas jóvenes a partir de los 16 años puedan votar. Estamos muy convencidos desde el Forum Europeo, también desde el CJE, y es una propuesta que parte de las organizaciones juveniles.

En los últimos años ha habido también bastante desarrollos y mejoras en Europea. En Malta se aprobó hace unos años el voto a partid de los 16 y de hecho en las últimas elecciones ya lo implementaron. En Austria llevan unos cuantos años también. Este últimos años, Alemania y Bélgica aprobaron que en las próximas elecciones europeas se pueda votar a partir de lso 16 años. Todavía no a nivel nacional. Se están dando pasos con este tema y esperamos que pueda extenderse por otros países europeos.

Y, sobre todo, que ahora que habrá elecciones en muchos países, España también, es buen momento para incluir esta propuesta en los programas de los partidos políticos.

A los 16 años puedes trabajar pero no puedes votar a partidos que van a regular tus condiciones laborales. No tiene sentido

Ciertamente entre los 16 y los 18 años hay importantes divergencias, de manera que votas con 18 aunque puedes trabajar, por ejemplo, desde los 16… ¿crees que un paso interesante podría ser que la mayoría de edad bajase de los 18 años?

No sé si esta es la solución porque tal vez sí hay cuestiones que mejr sean a los 18, pro sinceramente, a partir de los 16 es cuando acaba la educación secundaria obligatoria, es el momento en el que esa educación que se supone que todo el mundo debe tener en el estado ya estaría cubierta. El argumento de la educación ya no debería existir porque, además, se puede reforzar la educación cívica. Hay diferentes derechos y obligaciones a los que puedes acceder a los 16 años, como el poder trabajar y el contribuir a la seguridad social. Puedes trabajar pero no puedes votar a partidos que van a regular tus condiciones laborales. No tiene sentido. Pero, además, si nos ponemos en un plano más macro, la población joven está disminuyendo y la adulta, sobre todo por encima de los 40 años, estará más sobrerrepresentada que ahora en los espacios políticas. Reduciendo la edad de voto conseguimos, uno, que los partidos presten más atención a los problemas de la juventud y pongan más medidas que nos afecten porque ampliamos el electorado; y ya sabemos que las campañas electorales y los programas responden al electorado. Y, luego, podemos conseguir más personas jóvenes que estén activas en la esfera política e, incluso, puedan acceder a las instituciones mucho antes. De hecho, nos alegró mucho que tras trabajar este año con el Comité de las Regiones a nivel europeo, y que aprobase hace unos días la Carta Europea por la Juventud y la Democracia. Se trata de un acuerdo interno del Comité con el Foro de la Juventud, para implementar en todos los niveles territoriales, y que habla de los derechos de la juventud en el ámbito político. Una de sus recomendaciones es valorar la reducción de la edad de voto a los 16 y también, por ejemplo, aumentar el reconocimiento político y económico de las organizaciones juveniles, así como otras propuestas. Es muy buen documento de referencia.

A parte de todas estas cosas que haces desde 2010, además sigues estudiante. Estás haciendo un doctorado en Bélgica. ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde está el límite?

Ahora estoy haciendo mi doctorado en Gante con la Universidad de Naciones Unidas. Es un ámbito, el de derechos humanos, que me gusta mucho. La protección de derechos, la incidencia política en este ámbito, en las ONG… lo que me encantaría, como trabajo ideal, sería trabajar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ese sería como el objetivo final. Mientras tanto, me veo trabajando en incidencia política en ONG europeas o españolas. Es un ámbito en el que me siendo muy cómoda y, por qué no, en algún momento, podría llegar a estar en Administraciones regulando yo misma.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/12/20/maria-rodriguez-las-personas-jovenes-somos-discriminadas-por-ser-jovenes-y-sobre-todo-como-estudiantes/

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