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Author: Pablo Gutiérrez del Álamo

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Educación sexual obligatoria, material anticonceptivo y de higiene menstrual gratuito: Ley del Aborto y educación

Pablo Gutiérrez del Álamo

Por:

Estas son algunas de las claves de la Ley del Aborto que aprobó el Consejo de Ministros y que comenzará su andadura en el Parlamento en breves. El objetivo es que entre en vigor antes del final de la legislatura, por lo que se han acelerado todos los trámites.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, presentó ayer en rueda de prensa, el proyecto de Ley del Aborto que ha pasado ya al Congreso de los Diputados. Un proyecto que desmonta algunas cuestiones implantadas por el PP en su reforma de 2015 y quiere dar un paso adelante para ampliar los derechos de las mujeres en diferentes sentidos.

Las jóvenes de 16 y 17 años volverán a tener derecho a decidir si interrumpen su embarazo sin necesidad del respaldo de sus tutores legales (también lo tendrán las mujeres con discapacidad); además, se eliminan los tres días de «reflexión» implantados también por los populares en su momento. La píldora del día después estará disponible en centros de salud y farmacias, el aborto estará garantizado por el sistema de salud público, etc.

En este sentido, María Capellán, presidenta de CEAPA desde el pasado junio, asegura que con una buena educación sexual lo que se lograría sería evitar los embarazos no deseados y, de rebote, disminuir los casos de abortos. Soraya Calvo, doctora en educación y sexóloga, defiende el derecho de las jóvenes a tomar esa decisión libremente. «Si son menores quizás sería interesante un acompañamiento específico para conocer la salud sexual de la menor, su situación familiar, emocional… y siempre desde un punto de vista preventivo y positivo; nunca desde la prohibición». A esto suma que la eliminación de los tres días de «reflexión» impuestos por la normativa del Partido Popular es algo positivo ya que «podrían entenderse como una estrategia de presión emocional y manipulación». Para Calvo era algo «contraproducente, cruel y poco respetuoso» con las decisiones de las chicas.

Qué hay de la educación

Más allá de que la ley pretende dar mayor capacidad y autonomía de decisión a las mujeres a la hora de abortar, además de asegurar que el Estado respetará y velará por todo ello, una de las apuestas importantes de la nueva reforma de la Ley del Aborto tiene que ver con el sistema educativo.

La principal, según anunció Montero, será la oblgiatoriedad de la educación sexual en todas las etapas educativas. Aunque se desconocen los pormenores de esta obligatoriedad, quién impartirá estos conocimientos, cuándo y de qué manera, la polémica estará servida. La educación sexual es uno de esos temas tabúes que levantan siempre ampollas entre quienes creen que el Estado no debe inmiscuirse en según qué cuestiones y quienes creen que es la única manera de asegurarse de que todas las personas tendrán derechos (y deberes) a la hora de poner en práctica su sexualidad.

El de la educación sexual es un tema polémico que muchas entidades defienden como necesario, desde las primeras etapas de la escolarización (teniendo en cuenta las edades y el volcabulario de las etapas) entre otras cosas, para evitar situaciones de abuso sexual infantil, por desgracia, relativamente comunes en los espacios en los que se mueven niños y niñas. Desde hace años, Save the Children defiende la necesidad de esta educación sexual como parte de la lucha contra estos delitos contra la infancia.

En este sentido, Carmela del Moral, técnica de la ONG, asegura que cuanta más información, mayor protección tendrán niñas y niños frente a cierto tipo de abusos que puedan darse. Además, para ella, reformar la educación afectivo-sexual está en línea con otras reformas legislativas que se han puesto en marcha en los últimos años como la Ley de protección ed la infancia e, incluso, la propia Lomloe.

Para Soraya Calvo, si se quiere hacer las cosas bien en este sentido, habría que hacer cambios en la ley. «La lomloe no incluye exactamente este supuesto, y debería estar explícitamente recogido en la ley de alguna forma concreta, no como una transversalidad» y, de esta manera, «perfilar claramente contenidos, formación inicial y continua de docentes, etc.». En esta línea, del Moral asegura que «sin una educación sexual reglada, los chavales van a buscar información y tomar referentes que pueden ser negativos, como la pornografia«.

A esto se suma el que cuando entre en vigor la ley, si mantiene el texto como hasta ahora, chicos y chicas tendrán acceso, en los institutos, a material anticonceptivo, aunque tampoco se conoce cómo se hará ese reparto; si será cosas de las comunidades autónomas, si lo hará el Ministerio de Igualdad directamente o qué problemas puede dar en comunidades autónomas que no estén de acuerdo con estas políticas. Junto a esto, en palabras de la ministra Montero, se pretende promover la corresponsabilidad en el acceso y uso de métodos anticonceptivos por parte de chicas y chicos.

Además de material anticonceptivo, también estará a disposición de niñas y jóvenes, material de higiene menstrual de manera gratuita para que, de alguna manera, pueda lucharse desde estos espacios educativos contra el concepto de la pobreza menstrual, es decir, para evitar que ninguna niña o mujer joven no tenga acceso a tampones o compresas por cuestiones económicas.

María Capellán sostiene que sería más interesante si compresas y tampones estuvieran presentes ya en los centros de primaria dado que no son pocas las niñas de 5º y 6º a las que ya les ha venido el periodo. Calvo añade que estos productos deberían estar accesibles a toda la población. «Si queremos que así sea debería haber presupuesto específico y formación vinculada para todo el estudiantado: también para quienes no van a tener la regla nunca. Cuestión de salud pública».

Algunos datos

Según el último estudio realizado por la Sociedad Española de Contracepción, sobre datos de 2020 (está pendiente el de este 2022), la edad de inicio en las relaciones sexuales para las jóvenes de entre 15 y 19 años está ya en los 15,82 años. El estudio se realiza con una muestra de jovenes a partir de los 14 años.

La mayor parte de estas chicas utiliza métodos anticonceptivos (el 71,3%), frente al casi 30% que no lo hace. Hay que tener en cuenta que en esta cifra se contemplan también aquellas jóvenes que no mantienen relaciones sexuales.

En la mayor parte de los casos, las jóvene utilizan el preservativo o la píldora (29.2% y 27.6% respectivamente) y lo suelen hacer por iniciativa propua, por consejo del ginecólgo o del médico de familia. Preguntadas por qué o quiénes les han influido más en la decisión, en el primer puesto está la fmailia y los amigos (40.4%, frente al 17,2% en el caso de la media de la muestra total), depués, el peronsl sanitario (36,3%). Muy por debajo está el criterio personal (12,5%) y las redes sociales e Internet (7,8%, frente al 1,9% de la media total de mujeres encuestadas).

Cuando se les pregunta a estas chicas los motivos por los que no utilizan métodos anticonceptivos, si se tiene en cuenta qu de todas ellas, el 35,5% no lo hace porque no mantiene relaciones se4xuales, el 30,4% (1,4% de media total) no lo hace por desconfianza y el 14,4% (2,4% de media) porque les resulta incómodo.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/08/31/educacion-sexual-obligatoria-material-anticonceptivo-y-de-higiene-menstrual-gratuito-ley-del-aborto-y-educacion/

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El nuevo decreto de mínimos para centros deja las ratios como estaban y marca las del 0-3 años

Pablo Gutiérrez del Álamo

Por:

Esta es una de las pocas novedades de un texto legal que viene a actualizar la legislación en cuanto a condiciones, titulación docente y requisitos esperables y exigibles a los centros educativos que imparten enseñanzas desde la educación infantil hasta la formación profesional.

Pocas son las novedades del RD de requisitos mínimos de los centros (espacios, ratios, titulación del personal, etc.) que rige en los centros desde la educación infantil hasta la FP. Uno de los detalles novedosos es la puesta negro sobre blanco de las ratios en el primer ciclo de infantil. Unas ratios que, en la mayor parte de las comunidades autónomas ya estaban finadas.

Ahora, las aulas de 0 a 1 año, podrán tener un máximo de ocho criaturas; las del segundo curso (1 a 2 años), hasta 12, y las de tercero (de 2 a 3 años) no deberán sobrepasar las 18 niñas y niños. En la mayor parte de las autonomías esta era la ratio que ya estaba manejándose. Una cantidad de criaturas por unidad que sobrepasa, con mucho, las recomendaciones de la Unión Europea para estas edades, como señalaba CCOO hace unos días en un informe, precisamente, sobre el primer ciclo de esta etapa: 0-1 años, cuatro criaturas; 1 a 2 años, seis, y, de 2 a 3 años, ocho. Es decir, la ratio en España sería el doble o más alta de lo recomendado.

El resto de las etapas quedan como hasta ahora: 25 estudiantes para primaria; 30 para secundaria y 35 para bachillerato. Sobre estas ratios, el RD estipula que deberan tener «un número acorde con sus necesidades educativas», las de los alumnos, se entiende. Pero no se especifica cuáles son esas necesidades y de qué manera podrían variar la ratio por unidad.

En este sentido, CCOO habla de que el alumnado con necesidades cuente como dos al calcular las ratios. Y en este sentido señala que como necesidades habría que computar las siguientes: «Necesidades educativas especiales, retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje, trastornos de atención, dificultades específicas de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua, situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo y otras condiciones personales o de historia escolar o con necesidades de compensación educativa».

A esto hay que sumar que tampoco se especifican los apoyos, sean humanos o materiales, para hacer una atención correcta a estas chicas y chicos y quedan al albur de las comunidades autónomas.

Sobre la educación infantil, portavoces de la Plataforma en Defensa del 0-6 critican que la etapa siga dividida en dos ciclos diferentes y que se mantengan titulaciones diferenciadas. Desde la entidad llevan años luchando para unificar los estudios universitarios y los de formación profesional, por razones de lo que en cada uno se estudia y, además, por la influencia negativa en las condiciones laborales que han de sostener las y los profesores técnicos de Educación Infantil.

También se estipulan algunas medidas mínimas sobre la oferta de vías de bachillerato que deben cumplir los institutos teniendo en cuenta los cambios establecidos por la Lomloe.

El RD también hace un guiño a los centros que imparten educación a distancia. Son solo un par de artículos que obligan a que el profesorado tenga la misma cualificación que en la modalidad presencial, así como que posean instalaciones adecuadas para que el alumnado pueda realizar las prácticas correspondientes a sus estudios. También señala el nuevo artículo 21 que las autorizaciones autonómicas para centros a distancia solo afectarán a sus territorios. Queda sin legislar, en este sentido, la ratio máxima que un docente, por ejemplo, de algún ciclo de FP a distancia, puede tener al mismo tiempo.

Flexibilidad y autonomía

El texto del RD hace un par de menciones que parecen dar mayor carta de naturaleza a actividades y organizaciones dentro de los centros educativos en los últimos años. Particularmente, a algunas que fomentaba ya la LOE, también la Lomce y, ahora, con mayor peso, la Lomloe y que, comunidades como la Valenciana, han llevado a sus últimos términos.

La organización de las enseñanzas de primer curso de la ESO en ámbitos, que ha generado y genera un debate muy acalorado y enconado en aquel territorio, recibe un nuevo empujón de apoyo desde el Ministerio, al menos, con una nueva disposición adicional, la décima, en la que se hace referencia expresa a agrupaciones de alumnos para cosas como experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas, planes de trabajo, ampliaciones del horario lectivo de ámbitos, áreas y materias, codocencia o grupos flexibles, entre otras posibles organizaciones. Todas ellas son posibles pero, dice la norma, «no pueden superar el máximo ( de ratio de alumnado) establecido por unidad».

Hasta el próximo viernes 15 de julio se pueden enviar las aportaciones o alegaciones necesarias al correo gse.educacion@educacion.gob.es del Ministerio de Educación y FP.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/12/el-nuevo-decreto-de-minimos-para-centros-deja-las-ratios-como-estaban-y-marca-las-del-0-3-anos/

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Tenemos que hablar de la repetición

Pablo Gutiérrez del Álamo

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La repetición, aunque ha descendido en los últimos años, es una herramienta que, sobre todo en la secundaria obligatoria, miles de chicos y chicas «sufren». Al punto de que uno de cada cuatro chavales de 15 años está en, al menos, un curso por debajo del que le correspondería por edad. Intentamos arrojar un poco de luz sobre las causas y posibles soluciones.

España es una rara avis, nos guste o no, en muchos aspectos. El uso de la repetición de curso como un elemento de atención a la diversidad (o como un castigo por falta de compromiso con el propio itinerario educativo) es uno de esos factores que más nos separan de otros países. Se constata desde una gran cantidad de posiciones cada poco tiempo. Ya sea PISA, ya sean las cifras estadísticas europeas. España sigue haciendo repetir a miles de chicos y chicas que no mejoran sustancialmente su rendimiento académico y que, en no pocos casos, acaban en abandono escolar temprano.

«Repetir no ayuda a quien repite. Es innegable». Juan Fernández es profesor de secundaria, de Biología. Además, tiene una pasión personal y profesional: la traducción de estudios relacionados con la educación. La traducción y resumen. Todo lo publica en su blog. A esto se suma que ha publicado un libro en solitario y hace poco, otro junto a Mariana Morales, sobre evaluación formativa.

Juan tiene claro que la repetición no ayuda en nada a quien repite. O no impacta en su aprendizaje o lo hace negativamente (ojo, al aprendizaje), incluso cuando alguien habla del primo de un vecino que repitió y le fue muy bien después. La evidencia está de su parte, la repetición afecta a determinadas personas más que a otras y no relaciona con buenos resultados, sino que es un buen predictor de las trayectorias adacémicas. O mejor dicho, de las no trayectorias, puesto que quien repite tiene muchas más posibilidades de abandonar más pronto que tarde sus estudios.

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Cuestión cultural y normativa

Esta relación con el abandono escolar temprano, aunque ha podido cambiar en los últimos años, está presente. Para Javier Rujas, sociólogo y profesor de la Complutense especializado, entre otros temas, en educación, desigualdades y abandono, sigue habiendo una correlación entre ambas cuestiones. Pero, al mismo tiempo, ve dos elementos importantes que están también presentes. La primera es una vertiente más administrativa, que se refleja en las leyes y normas que regulan la repetición.

«Las leyes tampoco han cambiado tanto los requisitos de repetición. Han sido bastante parecidos» a lo largo del tiempo, comenta. Al menos, hasta noviembre pasado, cuando se cambiaron ciertos criterios sobre el número de suspensos («los efectos no los veremos hasta el año que viene»). El número de suspensos y aprobados para pasar de curso «se ha mantenido bastante constante, creo, desde la Logse hasta ahora».

Lo escabroso aparece en la otra vertiente, la más «cultural, entre comillas», matiza Rujas. Se relaciona con la cultura evaluativa del profesorado. Algo que puede verse cuando se miran las diferencias entre primaria y ESO. En el último curso de primaria hay, de media, un 2,5 % de repetición. El curso siguiente alcanza el 10 %, cuatro veces más.

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«Estoy de acuerdo en que se diga que es cultural, dice Rujas, porque tiene que ver con lo que piensa el profesorado, con las juntas de evaluación en las que se pueden oír (lo he observado haciendo trabajo de campo): ‘Este tiene que repetir porque no ha hecho nada / porque no ha satisfecho los objetivos / porque me parece que su actitud es horrible’».

Una idea con la que está de acuerdo el investigador Lucas Gortázar: «Es bueno para los chavales», es algo que quien más o quien menos ha escuchado alguna vez hablando de repetición. Una cultura que no está solo presente en una parte del profesorado, explica, sino que también se ve en esas familias más preocupadas por las notas que por otra cosa, «pero es que tienen 12 años», lamenta. A lo que se suma el hecho de que no se ha hecho gran cosas desde las políticas públicas para frenar la situación.

El investigador suma a esto el hecho de que, cuando se comparan los datos de rendimiento competencial en PISA y se cruzan los datos con los de repetición puede observarse que el alumnado repetidor español, si hubiera nacido en otro país, no habría repetido. Chicas y chicos en España repiten a pesar de tener el mismo desempeño en la evaluación internacional que sus homólogos de otros países que, cruzando porcentajes, no han tenido que cursar, de nuevo, el mismo año.

Mariana Morales, docente y formadora en temas de evaluación formativa también opina que hay un componente importante de «cultura del profesorado». «Ven la repetición como una solución pero no lo es, sino que agrava el problema», asegura. Para ella sería interesante que el profesorado pudiera observar las calificaciones que las y los repetidores tienen en ambos cursos, el ordinario y el que vuelven a hacer. Así notarían el impacto.

Días atrás, en Twitter hubo cierta discusión a cuenta de las repeticiones y hubo quien defendió que servían como acicate para todo el grupo para esforzarse para no repetir. Una especie de motivación extra. Juan Fernández opina que éticamente tiene problemas con esta manera de entender la repetición, puesto que la coerción no parece una gran herramienta motivacional. Además de esto, el problema radica en que la táctica para evitar esta situación por parte del alumnado no será aprender más, sino «empollar la noche antes. Vale para el desempeño, no para el aprendizaje», asegura Fernández.

El año de la pandemia

La pandemia y el confinamiento empujaron el último trimestre del curso 2020-21. Complejísima temporada en la que todo el profesorado se vio desbordado de muchas maneras y en las que desde el Ministerio se insistió incansablemente en, de alguna manera, «levantar la mano» para salvar el curso. En hacer la media con los dos primeros trimestres del año, en hacer valer, de manera clara, el carácter extraordinario que tiene la repetición históricamente pero que tanto cuesta cuando uno baja a las prácticas del aula.

Tal vez, una de las claves de aquel tiempo es la que ha quedado expresada en las estadísticas de idoneidad a los 15 años en las comunidades autónomas, y en la media de todo el Estado. La tasa de idoneidad se refiere al número de personas de 15 años que están en el curso que les corresponder por edad.

Si se observa el gráfico se puede ver la variación desde una década antes, un lustro antes y qué pasó entre el curso 2019-20 y 2020-2021. La tasa de idoneidad en España mejoró en 4,4 puntos porcentuales, al pasar del 71,1 % al 75,5 %. Ocho comunidades autónomas presentan datos todavía mejores.

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Caso aparte merece Aragón. En la tierra de la actual ministra de Educación y FP la mejoría de los datos fue espectacular, puesto que la tasa de idoneidad era del 59,8 % en 2021-20 y un curso después mejoraron en 14,4 puntos porcentuales, hasta el  74,2 %, igualando virtualmente a la media estatal y mejorando, en un curso, a ocho territorios. Aragón tenía hasta ese curso las peores tasas de idoneidad de todo el país (sin contar Ceuta y Melilla). Este salto es el mismo que ha vivido la tasa media para todo el país entre 2010 y 2020.

Muchas personas, en la esfera pública, se llevaron las manos a la cabeza ante la reducción (o esa fue la interpretación) de la cultura del esfuerzo y el mensaje que mandaría a chicos y chicas a la hora de enfrentar aquel final de curso, pero las mejoras vividas en las tasas de idoneidad, en cualquier caso, dieron en ese curso un mejor recultado que, por ejemplo (de media) entre 2015-16 y 2019-20 (+3,6 puntos frente a 4,4 puntos de 2019-20 a 2020-21).

¿Soluciones?

Como recuerda Morales, en varios países, durante la pandemia, se prohibió que el alumnado repitiese debido a la excepcional situación. En España no se hizo, aunque como hemos visto, las diferentes declaraciones de las administraciones y la situación empujaron a una mejora de los índices aquel curso. Lucas Gortázar cree que en años venideros podremos ver qué efectos tiene la pandemia y las nuevas medidas sobre suspensos, pero no le extraña que hubiese un efecto rebote en el porcentaje de repetición.

En cualquier caso, hay diferentes niveles de posibles soluciones a la repetición. A su disminución. Máxime cuando de lo que se habla es de etapas obligatorias de la educación.Para Morales podrían realizarse acciones de evaluación formativa a lo largo de todo el curso para así aumentar el nivel de aprendizaje del alumnado y evitar la repetición. Desde luego, es consciente del impacto de los recortes en educación y de cómo esto impacta sobre la posibilidad de realizar estos procesos de evaluación formativa y continua.

También señala algunas otras cuestiones como la posibilidad de no concentrar un gran número de chicos y chicas repetidoras en las mismas aula. «Concentrar ‘los problemas’ no es una buena idea», ejemplifica. Sería más interesante evitar las agrupaciones por resultados y separar los grupos de repetidores para así mejorar también los resultados.

En opinión de Morales, la repetición es vivida por el alumnado como un castigo, lo que tiene unas consecuencias en las expectativas que el propio estudiante tiene de su trayectoria académica. El hecho de juntar a varios repetidores en el mismo aula puede suponer temas de desafección, mal comportamiento o desánimo que no ayudan a nadie.

Otra solución posible, dentro de la organización de los centros, sería la de evitar que en los primeros cursos de la ESO las tutorías y los grupos más complejos, aquellos que nadie quiere, recayesen en el personal interino o con menos experiencia.

Juan Fernández tiene claro que si la repetición no funciona, como se ha demostrado, hay que quitarla, pero para ello hacen falta alternativas para atender a la diversidad en las aulas cuando toca. Medidas en dos sentidos, en la actuación política y en la acción de aula. Entre las primeras, toma el ejemplo de Reino Unido, «a las escuelas con peores resultados se les da una mayor inversión para mejorar los datos».

En cualquier caso, Fernández cree que las evidencias deberían guiar, no solo la actuación del profesorado en las aulas y en los centros, sino también a las administraciones a la hora de poner en marcha sus políticas educativas.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/06/tenemos-que-hablar-de-la-repeticion/

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Ministerio y CCAA tienen año y medio para certificar a 560.000 docentes en su competencia digital

Pablo Gutiérrez del Álamo

Por:

España tiene hasta el tercer trimestre de 2024 para acreditar la competencia digital docente dentro del marco publicado el pasado mes de mayo. Hablamos con Julio Albalad, director del Intef, sobre cómo se hará ese proceso de acreditación y formación para que 560.000 docentes de todo el país puedan tener algún tipo de certificado que, a la postre, podría valerles de cara a las oposiciones, los traslados o el acceso a determinados puestos.

La Comisión Europea tiene unos plazos «cortos». Para finales de 2024 España debe poder justificar una buena cantidad de capital que aporta Europa para el Fondo de Recuperación y Resiliencia que está vinculado a la formación del profesorado en competencias digitales.

La pandemia ha sido la gran excusa para que España (aunque no solo) intente un nuevo empujón en la digitalización de las aulas. Después de las enormes dificultades de todo tipo que vivieron docentes y estudiantes para conectarse y seguir las clases con «normalidad» de marzo a junio de 2020, el Ministerio ha puesto sobre la mesa una enorme cantidad de capital para que haya equipos informáticos suficientes (a pesar de los muchos retrasos habidos) y, al mismo tiempo, ha adquirido un compromiso con la Comisión para certificar al 80 % de todo el profesorado (de la pública y la concertada y privada: unos 560.000 docentes) antes de que termine 2024.

Hablamos con Julio Albalad, director del Intef y uno de los máximos responsables del documento que en el mes de mayo se aprobó y en el cuál se define, paso a paso, el Marco de Competencias Digitales Docentes (que Albalad asegura que es pionero en Europa, puesto que España es el primer estado que desarrolla el marco europeo). Un extenso y pormenorizado documento que establece tres niveles (parecidos a los del marco europeo de las lenguas) que servirá, eventualmente, de guía para saber en dónde se encuentra cada quién y hasta dónde puede aspirar en su formación.

Desde un nivel A1 hasta un C2, pasando por las B. Un viaje a lo largo de diferentes grados de formación y dedicación, de evaluación y demostración de unas competencias que deberían llevar a buena parte del profesorado hacia la mejora de sus competencias en el uso de las tecnologías digitales y, por ende, a la enseñanza del estudiantado.

Según explica Albalad, la certificación se llevará a cabo de diferentes maneras, dependiendo del nivel de cada quien, ya que supondrá diferentes perspectivas.

Acreditación

Una de las preguntas clave, si la certificación no es obligatoria, como no lo es tener claro en qué nivel del marco se está, ni estar en el marco siquiera, es cómo se va a conseguir un objetivo tan ambicioso en tan poco tiempo. Albalad tiene parte de la respuesta: «Más allá de que queramos que el docente se forme, también incentivamos a que se acredite esa competencia digital». Es decir, las administraciones están pensando un sistema de incentivos. «No lo hemos desarrollado, pero la idea sería poder utilizarlo en el concurso de traslados, en relación con la interinidad, para acceder a según qué puestos».

A pesar de los incentivos, no será fácil. Esta semana, según cuenta a este periódico, se publicará en el BOE el acuerdo definitivo que supondrá el pistoletazo de salida para que las comunidades autónomas y el propio Ministerio puedan desarrollar los diferentes procesos de acreditación e incentivo. Esa publicación les dará un año para desarrollar esa acreditación, pero el objetivo, confirma Albalad, es que a finales de este año «antes de final de año, tengamos la norma aprobada» («nosotros trabajamos con un borrador y las comunidades autónomas también», asegura).

En cualquier caso, la acreditación dependerá del nivel en que cada cual crea encontrase. Los iniciales (A1 y A2), explica el responsable del Intef, se acreditarán, principalmente, mediante los estudios universitarios conducentes a los títulos de Magisterio o de Secundaria. Se está negociando con Universidades, con la CRUE y la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación, así como con las autonomías, que tienen competencias en estas áreas también. La idea sería que las universidades  pudieran, por ejemplo, certificar que mediante sus grados y másteres se obtiene, por ejemplo, de 80 % de alguna o algunas áreas de las dispuestas en el marco.

Esto forma parte, no tanto del proceso de acreditación hasta 2024, sino de la segunda fase, pensada para hacer de este sistema algo sostenible en el tiempo más allá de los fondos europeos que marcan ahora los esfuerzos.

Además de estos estudios, también se plantea la posibilidad de realizar convocatorias cada cierto tiempo para que las personas interesadas acudan a certificar sus conocimientos de los niveles inferiores. También se está pensando en fórmulas de formación permanente del profesorado, muy modulares y que ofrezcan suficiente flexibilidad para que las curse el profesorado y así vaya certificando.

El paso siguiente, el nivel B (1 y 2) exigiría evaluaciones diferentes. Se podrían mantener las pruebas de acreditación con preguntas aleatorias, pero aquí ya no se podría cumplir solo con los títulos universitarios. Esto es así porque el nivel B ya requiere un uso dentro del aula, autónomo, de las tecnologías digitales. Por eso habría que presentar otro tipo de prueba.  «Tengo que comprobar que el docente lo aplica en el aula; necesito una muestra, una evidencia de que lo ha hecho en el aula», explica Albalad. Sí se mantendría la formación desde el Intef o los centros del profesorado de las comunidades autónomas, «en la que se incluyera esa puesta en práctica».

Por último, el nivel C, correspondiente a quienes tienen un conocimiento mayor (lo que podríamos denominar como coordinadora o coordinador TIC), tendrían otro proceso de acreditación. El proceso podría pasar por la presencia de una tercera persona en el aula para comprobar cómo se trabaja con las tecnologías digitales; se atendería también a las publicaciones que pudiera haber hecho el o la docente, a la formación que haya realizado.

En cualquier caso, aclara el director del Intef, «el marco no está hecho para que el camino del docente sea empiezo en el A1 y acabo en un C1». La lógica, más alla de saber en dónde está cada quién, es conocer los pasos para que la mayor parte esté en el nibel B, el intermedio.

Inventivos

Esta seguramente es una de las partes primordiales para el profesorado. Tanto el Ministerio, vía Intef, como las administraciones autonómicas se están planteando una serie de incentivos para empujar al profesorado a que se acredite dentro del Marco de competencias digitales.

Aunque no afirma con rotundidad cuáles serán esos incentivos, sí da algunas pinceladas de por dónde podrían ir los tiros: para los concursos de traslados y para las oposiciones; para los procesos de estabilización de plantilla o para acceder «a puestos específicos, como un coordinador TIC», comenta o, como el caso de los «asesores técnicos docentes», profesionales de la educación que, como él mismo, trabajan para las administraciones (central o autonómicas). «Podría ser una manera de animar a la gente para que saque la acreditación».

Y es que este proceso se la juega a pocas más cartas, puesto que no es obligatorio para el profesorado y sí para el Estado (por aquello de justificar una parte de los fondos de recuperación y resiliencia).

Usos de la tecnología

La pandemia, y principalmente el confinamiento, han sido, como se decía más arriba, un importante acicate para las industrias de la tecnología y para que las administraciones se pongan las pilas en algunas cuestiones. Una de ellas es precisamente esta de la formación del profesorado. Durante décadas los programas de implementación de las TIC han pasado, principalmente, por la compra de dispositivos a los que, en mayor o menor medida, el profesorado intentaba sacarles partido, con más o menos acierto. Ahora, con el Marco sobre la mesa, al menos, hay unos estándares que todo el mundo conoce y un camino por el que transitar.

Entre las preocupaciones de este documento se encuentran, en buena medida, temas relacionados con la propiedad intelectual pero, también, con el buen uso de las tecnologías. El documento pone el foco en el trabajo del profesorado para conseguir ciertos niveles, pero también apunta a qué se debe trabajar con el alumnado. Y el buen uso está ahí.

La pandemia también nos enseñó a todos, y al profesorado muy particularmente, los problemas que acarrea una conexión prácticamente 24/7 con su alumnado y las familias. El derecho a la desconexión flota por sobre el marco de competencias en algunos puntos, como aquel en el que se habla de la posibilidad de realizar labores de orientación mediante herramientas digitales. Algo que recuerda a ese horario extendido del confinamiento.

Albalad asegura que lo que se pretende con el marco es ese buen uso de las tecnologías. Primero, asumido por el profesorado y, después, transmitido por este, al alumnado. El derecho a la desconexión estaría ahí presente.

También, en lo relativo a la protección de docentes y chicas y chicos; la protección de sus datos personales que, también por mor de la pandemia y el confinamiento, han provocado que cientos de millones hayan sido monitorizados por empresas tecnológicas de toda condición. Al menos, así se desprendía de uno de los últimos informes de Human Rigths Watch de hace algunas semanas.

Protección de datos

Albalad asegura que en aquel tiempo, los esfuerzos del Ministerio fueron en la senda de proteger la intimidad de la comunidad educativa. Que los convenios que se firmaron entonces vigilaban que los datos de las personas fueran opacos, no solo para las empresas suministradoras de servicios, sino para la propia administración también.

«La protección de datos está en el documento del marco y queremos que sea algo que los docentes interioricen», afirma el máximo responsable del Intef. Albalad cree que una acción importante que pueden realizar desde el instituto de tecnología educativa es el de asesorar al profesorado sobre los pros y contras de utilizar determinadas herramientas con el alumnado.

«Hay muchas aplicaciones gratuitas que el docente usa con su buena intención», comenta. Por eso «valoramos la posibilidad de crear un grupo que se dedicase a evaluar esas aplicaciones», de cara a facilitar al profesorado el no leerse las 300 páginas de las normas de confidencialidad y uso de los datos de cada empresa en un intento por saber si se cumple la normativa europea de protección de datos. «No para decirle al docente que no lo use, sino para decirle que los datos en cierta aplicación van a acabar en California para estar a disposición de la empresa tal».

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/ministerio-y-ccaa-tienen-ano-y-medio-para-certificar-a-560-000-docentes-en-su-competencia-digital/

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Millones de menores en todo el mundo han sido vigilados por empresas tecnológicas durante la pandemia

Pablo Gutiérrez del Álamo

Por: Pablo Gutiérrez de Álamo

Un informe de Human Right Watch ha estudiado el comportamiento de 149 aplicaciones que han sido utilizadas en 49 países, con el consentimiento de los gobiernos, en relación a la infancia. La mayor parte de estas soluciones de software han vigilado a millones de menores, recopilando datos personales de todo tipo sin su consentimiento o el de sus familiares.

La de la privacidad fue y es uno de los problemas principales del uso de las tecnologías durante el confinamiento y el cierre de escuelas generalizado desde marzo de 2020 -un cierre que, en muchos lugares del mundo, solo ahora está empezando a revertirse de manera generalizada-. En España, las administraciones autonómicas dieron, desde el primer momento, el aviso de que había que utilizar las plataformas informáticas que ellas mismas tenían y tienen, puesto que estaba en juego la privacidad de los datos personales de millones de escolares.

En al menos 49 países de todo el mundo, desde Argentina a Reino Unido pasando por Turquía, millones de niñas y niños han sido vigilados por cerca de 150 aplicaciones (EdTech) que fueron aprobadas para su uso educativo durante el confinamiento por sus gobierno. Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘¿Cómo se atreven a espiar mi vida privada? Violaciones de los derechos de los niños por parte de los gobiernos que respaldaron el aprendizaje en línea durante la pandemia de Covid-19‘, realizado en abril de 2020 por Human Rights Watch.

La ONG es tajante: «Este informe es una investigación global de la tecnología educativa (EdTech) respaldada por 49 gobiernos para la educación infantil durante la pandemia. Sobre la base del análisis técnico y de políticas de 164 productos EdTech, Human Rights Watch determina que el respaldo de los gobiernos a la mayoría de estas plataformas de aprendizaje en línea pone en riesgo o viola directamente la privacidad de los niños y otros derechos de los niños, con fines no relacionados con su educación».

Human Rights Watch (HRW) asegura que en la carrea que los gobiernos dieron para intentar solucionar las clases desde casa, pocos fueron los que comprobaron que las aplicaciones informáticas que iban a utilizarse fueran respetuosas con los derechos de la infancia. De hecho, de los 164 productos que se han analizado, 146 «parece» que utilizaban prácticas que podrían poner en riesgo a las y los niños, dado que «contribuían a socavarlos o infringían activamente estos derechos».

Al parecer, la mayor parte de estos productos podía monitorizar la actividad de las y los menores, en muchos casos de forma secreta y sin tener el consentimiento de niñas y niños ni de sus progenitores o tutores legales. «La mayoría de las plataformas de aprendizaje online instalaron tecnologías de seguimiento que seguían a los niños fuera de sus aulas virtuales y a través de internet a lo largo del tiempo», aseguran desde HRW.

A esto se suma el hecho de que buena parte de las plataformas, además, compartían estos datos con terceros. En la mayoría de los casos, dice el informe de la ONG, empresas de publicidad digital (AdTech). Con esta información, dichas empresas pueden conocer aproximadamente las características e intereses de niñas y niños; un conocimiento que puede ser vendido, a su vez, para empresas que busquen acercarse a públicos infantiles. «Human Rights Watch -dice el informe- observó que 146 productos EdTech enviaban directamente o otorgaban acceso a datos personales de niños a 196 empresas de terceros, en su gran mayoría AdTech».

Competencia de las CCAA

El informe de HRW habla de 49 países estudiados. Uno de ellos fue España, aunque no en su totalidad, sino que se puso el foco en las dos autonomías más pobladas: Andalucía y Cataluña. Eso sí, también se realizaron entrevistas en otras ciudades para recabar la opinión de alumnado, familias y profesorado.

Una de las declaraciones que transcribe la ONG en el informe es de un docente madrileño de secundaria que comenta textualmente: «Debido a que España estaba en estado de emergencia, el Ministerio de Educación comunicó [a los profesores] que ya no se requería el consentimiento para la privacidad, o la protección de datos… La privacidad y todo eso ha pasado a un segundo plano por completo, pero lo hemos hecho porque el Ministerio así lo ha dicho».

Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que no hubo ninguna comunicación ni directa a cada docente (no está dentro de las atribuciones que entonces tenía el Departamento de Isabel Celaá) ni a la opinión pública. Fueron las comunidades autónomas las que decidieron qué plataformas se utilizaban en cada momento, algo que apunta también el informe al aclarar que en diferentes países (España es uno de ellos), el Gobierno central cedió la competencia en este sentido en las administraciones regionales.

El Ministerio sí desarrolló, defienden fuentes del actual equipo, una web: ‘Aprendo en casa’ que contaba con garantías de seguridad, entre otras cosas, porque no se solicitaba a quien la usara ningún dato. El informe de HRW sostiene que efectivamente cumplía normas de privacidad. Según fuentes de Educación, la web estaba alojada en los servidores del Ministerio y, aunque daba la posibilidad de utilizar las «salas de reuniones» de Google, para hacerlo había que solicitárselo al Intef, entidad que facilitaba una dirección de correo propia para que lo usaran las y los participantes en las reuniones. De esta forma aseguraron la no cesión de datos privados de nadie.

En cualquier caso, las primeras semanas fueron realmente confusas, con comunidades autónomas que prohibieron expresamente el uso de plataformas que no fueran las facilitadas por la propia Administración al tiempo que estas se ponían en tal tensión que hubo serios problemas para utilizarlas. Muchas y muchos acabaron haciendo uso de aplicaciones privadas para poder continuar con las clases.

Pero HRW señala que el problema, en no pocas ocasiones, estaba en que las plataformas de las administraciones públicas también ponían en riesgo la privacidad de quienes las han estado utilizando en este tiempo.

Desde Andalucía aseguran que la plataforma que se puso en marcha, eAndalucia, «no dispone de datos de usuarios: ni datos de alumnado, ni de profesorado, ni de personal de gestión ni de tutores de alumnos/as». Algo similar ocurre en el caso catalán. En su caso utilizaron el portal edu365, del que dicen fuentes de Educación que «es anónimo, público, sin autentificación y con información estática, es decir, sin intercambio de información ni ninguna base de datos, solo muestra información de lectura».

Estas mismas fuentes aseguran haber hecho comprobaciones de las que se confirma que no han recogido datos personales de ningún usuario. Además, insisten, las cuestas de Google Analytics que se utilizan desde edu365 «tienen desactivadas las funciones para anunciantes, es decir, no se recogen datos demográficos, de intereses ni cualquier otro dato sensible» que pudiera venderse a terceros. Aseguran, además, haber intentado tener una reunión con HRW para aclarar la información que se da en el informe pero no ha sido posible.

Publicidad conductual

Este es uno de los riesgos más importantes que denuncia HRW en su informe en relación a los datos que hayan podido ser recopilados por las diferentes compañías tecnológicas. Se trata de publicidad que le aparece al usuario después de haber observado su comportamiento en Internet y haber realizado un perfil de sus intereses y gustos.

Según la ONG, las y los menores son especialmente vulnerables a este tipo de publicidad, especialmente quienes tienen menos de 7 años.

A esto se añade, según denuncia HRW, el hecho de que fueron público cautivo, al menos, durante los cierres de escuelas, y se vieron obligados a utilizar las aplicaciones y plataformas que sus centros educativos (guiados por las administraciones competentes) les obligaron a utilizar para poder seguir las clases a distancia. Elegir entre la privacidad y continuar con las lecciones, determina el informe, es una decisión que chicas y chicos, en realidad, no pudieron tomar.

Según la investigación de la ONG, 199 empresas de terceros recibieron información de las y los usuarios de las plataformas y aplicaciones. Más de los 164 productos tecnológicos que fueron analizados para realizar este informe.

HRW asegura que «estos anuncios están integrados en plataformas digitales personalizadas que desdibujan aún más las distinciones entre contenido orgánico y pago. Al hacerlo, la publicidad conductual aprovecha la incapacidad de los niños para identificar o pensar críticamente sobre la intención persuasiva, manipulándolos potencialmente hacia resultados que pueden no ser lo mejor para ellos».

El informe, en cualquier caso, hace una buena cantidad de recomendaciones a los países, así como a sus administraciones educativas, sean estatales o regionales y a las compañías tecnológicas para que puedan evitar lo máximo posible la recolección de datos de carácter personal de menores, así como de vigilancia del comportamiento que las y los usuarios tienen en la red.

Fuente de la información e imagen: https://www.lamarea.com/2022/06/07/millones-de-menores-en-todo-el-mundo-han-sido-vigilados-por-empresas-tecnologicas-durante-la-pandemia/

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Millones de menores en todo el mundo han sido vigilados por empresas tecnológicas durante la pandemia

Pablo Gutiérrez del Álamo
Por Pablo Gutiérrez de Álamo |
Fuentes: La Marea

Un informe de Human Right Watch ha estudiado el comportamiento de 149 aplicaciones que han sido utilizadas en 49 países, con el consentimiento de los gobiernos, en relación a la infancia. La mayor parte de estas soluciones de software han vigilado a millones de menores, recopilando datos personales de todo tipo sin su consentimiento o el de sus familiares.

La de la privacidad fue y es uno de los problemas principales del uso de las tecnologías durante el confinamiento y el cierre de escuelas generalizado desde marzo de 2020 -un cierre que, en muchos lugares del mundo, solo ahora está empezando a revertirse de manera generalizada-. En España, las administraciones autonómicas dieron, desde el primer momento, el aviso de que había que utilizar las plataformas informáticas que ellas mismas tenían y tienen, puesto que estaba en juego la privacidad de los datos personales de millones de escolares.

En al menos 49 países de todo el mundo, desde Argentina a Reino Unido pasando por Turquía, millones de niñas y niños han sido vigilados por cerca de 150 aplicaciones (EdTech) que fueron aprobadas para su uso educativo durante el confinamiento por sus gobierno. Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘¿Cómo se atreven a espiar mi vida privada? Violaciones de los derechos de los niños por parte de los gobiernos que respaldaron el aprendizaje en línea durante la pandemia de Covid-19‘, realizado en abril de 2020 por Human Rights Watch.

La ONG es tajante: «Este informe es una investigación global de la tecnología educativa (EdTech) respaldada por 49 gobiernos para la educación infantil durante la pandemia. Sobre la base del análisis técnico y de políticas de 164 productos EdTech, Human Rights Watch determina que el respaldo de los gobiernos a la mayoría de estas plataformas de aprendizaje en línea pone en riesgo o viola directamente la privacidad de los niños y otros derechos de los niños, con fines no relacionados con su educación».

Human Rights Watch (HRW) asegura que en la carrea que los gobiernos dieron para intentar solucionar las clases desde casa, pocos fueron los que comprobaron que las aplicaciones informáticas que iban a utilizarse fueran respetuosas con los derechos de la infancia. De hecho, de los 164 productos que se han analizado, 146 «parece» que utilizaban prácticas que podrían poner en riesgo a las y los niños, dado que «contribuían a socavarlos o infringían activamente estos derechos».

Al parecer, la mayor parte de estos productos podía monitorizar la actividad de las y los menores, en muchos casos de forma secreta y sin tener el consentimiento de niñas y niños ni de sus progenitores o tutores legales. «La mayoría de las plataformas de aprendizaje online instalaron tecnologías de seguimiento que seguían a los niños fuera de sus aulas virtuales y a través de internet a lo largo del tiempo», aseguran desde HRW.

A esto se suma el hecho de que buena parte de las plataformas, además, compartían estos datos con terceros. En la mayoría de los casos, dice el informe de la ONG, empresas de publicidad digital (AdTech). Con esta información, dichas empresas pueden conocer aproximadamente las características e intereses de niñas y niños; un conocimiento que puede ser vendido, a su vez, para empresas que busquen acercarse a públicos infantiles. «Human Rights Watch -dice el informe- observó que 146 productos EdTech enviaban directamente o otorgaban acceso a datos personales de niños a 196 empresas de terceros, en su gran mayoría AdTech».

Competencia de las CCAA

El informe de HRW habla de 49 países estudiados. Uno de ellos fue España, aunque no en su totalidad, sino que se puso el foco en las dos autonomías más pobladas: Andalucía y Cataluña. Eso sí, también se realizaron entrevistas en otras ciudades para recabar la opinión de alumnado, familias y profesorado.

Una de las declaraciones que transcribe la ONG en el informe es de un docente madrileño de secundaria que comenta textualmente: «Debido a que España estaba en estado de emergencia, el Ministerio de Educación comunicó [a los profesores] que ya no se requería el consentimiento para la privacidad, o la protección de datos… La privacidad y todo eso ha pasado a un segundo plano por completo, pero lo hemos hecho porque el Ministerio así lo ha dicho».

Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que no hubo ninguna comunicación ni directa a cada docente (no está dentro de las atribuciones que entonces tenía el Departamento de Isabel Celaá) ni a la opinión pública. Fueron las comunidades autónomas las que decidieron qué plataformas se utilizaban en cada momento, algo que apunta también el informe al aclarar que en diferentes países (España es uno de ellos), el Gobierno central cedió la competencia en este sentido en las administraciones regionales.

El Ministerio sí desarrolló, defienden fuentes del actual equipo, una web: ‘Aprendo en casa’ que contaba con garantías de seguridad, entre otras cosas, porque no se solicitaba a quien la usara ningún dato. El informe de HRW sostiene que efectivamente cumplía normas de privacidad. Según fuentes de Educación, la web estaba alojada en los servidores del Ministerio y, aunque daba la posibilidad de utilizar las «salas de reuniones» de Google, para hacerlo había que solicitárselo al Intef, entidad que facilitaba una dirección de correo propia para que lo usaran las y los participantes en las reuniones. De esta forma aseguraron la no cesión de datos privados de nadie.

En cualquier caso, las primeras semanas fueron realmente confusas, con comunidades autónomas que prohibieron expresamente el uso de plataformas que no fueran las facilitadas por la propia Administración al tiempo que estas se ponían en tal tensión que hubo serios problemas para utilizarlas. Muchas y muchos acabaron haciendo uso de aplicaciones privadas para poder continuar con las clases.

Pero HRW señala que el problema, en no pocas ocasiones, estaba en que las plataformas de las administraciones públicas también ponían en riesgo la privacidad de quienes las han estado utilizando en este tiempo.

Desde Andalucía aseguran que la plataforma que se puso en marcha, eAndalucia, «no dispone de datos de usuarios: ni datos de alumnado, ni de profesorado, ni de personal de gestión ni de tutores de alumnos/as». Algo similar ocurre en el caso catalán. En su caso utilizaron el portal edu365, del que dicen fuentes de Educación que «es anónimo, público, sin autentificación y con información estática, es decir, sin intercambio de información ni ninguna base de datos, solo muestra información de lectura».

Estas mismas fuentes aseguran haber hecho comprobaciones de las que se confirma que no han recogido datos personales de ningún usuario. Además, insisten, las cuestas de Google Analytics que se utilizan desde edu365 «tienen desactivadas las funciones para anunciantes, es decir, no se recogen datos demográficos, de intereses ni cualquier otro dato sensible» que pudiera venderse a terceros. Aseguran, además, haber intentado tener una reunión con HRW para aclarar la información que se da en el informe pero no ha sido posible.

Publicidad conductual

Este es uno de los riesgos más importantes que denuncia HRW en su informe en relación a los datos que hayan podido ser recopilados por las diferentes compañías tecnológicas. Se trata de publicidad que le aparece al usuario después de haber observado su comportamiento en Internet y haber realizado un perfil de sus intereses y gustos.

Según la ONG, las y los menores son especialmente vulnerables a este tipo de publicidad, especialmente quienes tienen menos de 7 años.

A esto se añade, según denuncia HRW, el hecho de que fueron público cautivo, al menos, durante los cierres de escuelas, y se vieron obligados a utilizar las aplicaciones y plataformas que sus centros educativos (guiados por las administraciones competentes) les obligaron a utilizar para poder seguir las clases a distancia. Elegir entre la privacidad y continuar con las lecciones, determina el informe, es una decisión que chicas y chicos, en realidad, no pudieron tomar.

Según la investigación de la ONG, 199 empresas de terceros recibieron información de las y los usuarios de las plataformas y aplicaciones. Más de los 164 productos tecnológicos que fueron analizados para realizar este informe.

HRW asegura que «estos anuncios están integrados en plataformas digitales personalizadas que desdibujan aún más las distinciones entre contenido orgánico y pago. Al hacerlo, la publicidad conductual aprovecha la incapacidad de los niños para identificar o pensar críticamente sobre la intención persuasiva, manipulándolos potencialmente hacia resultados que pueden no ser lo mejor para ellos».

El informe, en cualquier caso, hace una buena cantidad de recomendaciones a los países, así como a sus administraciones educativas, sean estatales o regionales y a las compañías tecnológicas para que puedan evitar lo máximo posible la recolección de datos de carácter personal de menores, así como de vigilancia del comportamiento que las y los usuarios tienen en la red.

Fuente: https://www.lamarea.com/2022/06/07/millones-de-menores-en-todo-el-mundo-han-sido-vigilados-por-empresas-tecnologicas-durante-la-pandemia/

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El 25% de las y los jóvenes tomaron psicofármacos en el último año

Pablo Gutiérrez del Álamo

Por:

  • La FAD publica la tercera edición de su Barómetro Juvenil. Salud y Bienestar en el que certifica la «mala salud» de la población entre los 15 y los 29 años; una situación que, en algunos indicadores, ha empeorado de forma alarmante.

Que el 25 % de las y los jóvenes de entre 15 y 29 años haya consumido psicofármacos es un problema, casi se mire como se mire. Bien es cierto, como explica Anna Sanmartín, directora del centro de estudios Reina Sofía, dependiente de la FAD, que del barómetro de 2019 a este ha habido una levísima mejora. Pero ya es un porcentaje elevadísimo.

Para Sanmartín esto tiene mucho que ver con una deficiente atención psicológica desde el sistema de salud en el que falta personal de psicología y psiquiatría y, tal vez con más frecuencia de la necesaria, se recurre a recetar psicofármacos para evitar las largas listas de espera en estos servicios públicos.

La FAD acaba de publicar su Barómetro Juvenil. Salud y Bienestar, el tercero que realiza (2017 y 2019 fueron antes) con una encuesta a 1.501 jóvenes de entre 15 y 29 años. En él ha preguntado sobre salud mental, uso de fármacos, ideación suicida, o cuáles son los temas que les preocupan.

El estudio de FAD deja una foto fija de 2021 poco alentadora que, en algunos momentos, cuando se compara con las de 2019 y 2017, resulta peor. Uno de los datos más llamativos es el obtenido al preguntar a las y los jóvenes por la percepción que tienen de su propia salud. El 54% cree que es buena o muy buena. En 2019 eran algo más del 77 % y en 2017, estsaba por encima del 86 %; 32 puntos porcentuales son una bajada estrepitosa en cuanto a la percepción que tienen las y los jóvenes de su propia salud.

O el dato de que el 56,4 % crea que ha sufrido, en el último año, algún problema de salud mental. Un autodiagnóstico que no consigue una certificación médica porque, de este grupo, el 49 % no pidió ayuda (principalmente porque no tenía cómo pagarla o porque subestimó el tema).

Y como suele pasar, los datos no son iguales para ellas que para ellos. En la práctica totalidad de los indicadores, ellas se encuentran en peor situación que ellos, salvo en el consumo de psicofármacos sin receta, donde ellos están a la cabeza. Para la investigadora Anna Sanmartín la cosa está en que «ellas tienen más presión» que ellos; «están más expuestas, se sienten más vulnerables y tienen más riesgo de sufrir algún tipo de violencia».

En cualquier caso, «no es fácil dar una respuesta sencilla», asegura Sanmartín y, no quiere que parezca un lugar común el hecho de que son cuestiones que están atravesadas por la visión de género. Ellas tienen más presiones en los estudios, en el mundo laboral y en las relaciones afectivas. También han sufrido una mayor cantidad de estrés por la responsabilidad de los cuidados en los últimos dos año. Sanmartín asegura que estos datos, esta tendencia, es conocida en la población general, pero es preopante que ya en edades adolescentes está tan presente.

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Ingesta de medicamentos

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El de la salud mental es, sin duda, uno de los temas «estrella» de los últimos meses. El confinamiento y la pandemia se han limitado a sacar a la luz la situación en la que miles de personas se encuentran a diario: con necesidad de algún tipo de tratamiento y/o terapia y sin posibilidad de acceder a la segunda, aunque sí al primero. Esta es una de als realidades de muestra este barómetro, al revelar que un algo porcentaje de personas, el 25 %, ha hecho uso de psicofármacos  en los últimos 12 meses.

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Los datos globales mejoran unos pocos puntos para las mujeres mientras empeoran de forma muy leve en el caso de los hombres entre la oleada de 2019 y la de 2021.

Al preguntar a estas personas cómo han tomado este tipo de medicación, en el global, el 50,4 % lo hizo sin receta médica. Hablamos de medicamentos como ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos, etc. Los datos aquí son peores para los hombres, que en un 58,9 % no tienen receta frente al 41,8 % de ellas.

Si se atiende a las edades, cuanto mayores son más consumo hacen de este tipo de medicación. El barómetro de la FAD cubre entre los 15 y los 29 años, aunque se divide en tres bloques de edades: 15-19, 20-24 y 25-29. Mientras en este último grupo las cifras se reducen del 32,6 % de 2019 al 26,1 % de 2021, en el grupo de los más jóvenes las cosas han empeorado: de 18 % a 22,3 %. Y, en este caso, todavía es peor el uso sin receta médica: el 58,9 % de las personas entre los 15 y los 19 años lo hacen.

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Ideación suicida y salud mental

Y más allá del uso de medicación o incluso de psicofármacos, la FAD ha querido preguntar por la ideación suicida en los últimos 12 meses. También lo hizo en 2019, año en el que, globalmente, el 5,8 % de las personas encuestadas afirmó tener ideas suicidas continuamente o con mucha frecuencia. En 2021 el porcentaje ha llegado al 8,9 %. Datos que empeoran más en hombres que en mujeres.

Bien es cierto que otros indicadores de menor frecuencia sobre ideación suicida con mejores. La ideación de baja frecuencia pasa de 34,3 % al 35,4 %. En este caso, las cifras de las mujeres mejoran, al mismo tiempo que las de los hombres empeoran. Para el porcentaje de quienes nunca las han tenido, de media pasan del 56,6 % al 52,8 % entre 2019 y 2021.

Estos son los datos globales. En el detalle por edades, la pandemia ha supuesto un golpe más duro entre las personas más jóvenes.

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Como explicita Anna Sanmartín, «la salud mental empeora, en todos los casos. Pese a todo, baja el porcentaje de quienes piden ayuda». Este es uno de los puntos en los que la investigadora pone el foco; al hablar de las dificultades de acceso a ayuda psicológica. En el último año hay un 56,4 % de personas jóvenes que cree haber sufrido algún tipo de problema de salud mental (autodiagnóstico). De estas, el 49 % no pidieron ayuda y, de estas, el 37,3 % no lo hico por el coste. El 34 %, por subestimar el problema.

En la franja de los 15 a los 19 años, la mayor parte de los jóvenes (66,9 %) siente estrés por los estudios/trabajo, su salud física o mental (46,3 %) o su situación económica (44,8 %). Puesto esto, junto con los modos que tienen de intentar lidiar con el estrés, sale a la superficie que es el colectivo que menos herramientas tienen o utiliza para combatir el estrés (como puedan ser realizar actividades deportivas, relajantes o hablar con alguna persona sobre sus problemas).

Del total de las personas que han participado en el estudio, el 37,5 % sí tiene un diagnóstico. El 17 % de depresión y el 16,5 % de ansiedad, pánico o alguna fobia.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/06/02/el-25-de-las-y-los-jovenes-tomaron-psicofarmacos-en-el-ultimo-ano/

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