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Víctor Rodríguez: “El alumnado más vulnerable está mal repartido, esto es rigurosamente cierto”

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Víctor Rodríguez ha sido durante los últimos 12 años el director del área Educativa de la Fuhem. Ha sido una de las cabezas visibles de este proyecto ecosocial que gestiona tres centros concertados en la Comunidad de Madrid, centros laicos, “con vocación de servicio público”, que ha defendido una escuela concertada mejor financiada y que tenga que asumir el reto de escolarizar de manera más equilibrada el alumnado vulnerable, aunque sabiendo que “nunca va a ser igual porque la red de centros concertados no puede cubrir las mismas necesidades que la pública”. Hablamos con él cuando se ha formalizado su jubilación, para hacer repaso de estos años de trabajo intenso.

Víctor Rodríguez ha sido, desde 2011 y hasta el pasado diciembre, el director del área de Educativa de la Fuhem, una fundación con tres colegios concertados laicos en Madrid, que durante años han hecho una importante apuesta por la justicia social y, últimamente, por la educación ecosocial.

Acaba de jubilarse y hemos querido hablar con él sobre el proyecto de Fuhem, sobre la Lomloe, la concertada (cuotas, equiparación de sus profesionales, metodologías…). Es el final de una etapa y, claro, el comienzo de otra. Rodríguez ha sido orientador en la pública durante más de una década, ha trabajado en el Ministerio de Educación en el área curricular y en la UNED. Tiene una experiencia muy dilatada que en los últimos años se ha centrado, además de profundizar en temas de inclusión e impulsar la formación, la innovación y la evaluación de los centros, en asentar el proyecto ecosocial de Fuhem, en cimentar la posibilidad de una escuela concertada “con vocación de servicio público”.

Comenzaste en Fuhem casi en 2011. Algo más de diez años bastante complicados: crisis de 2008 y todo lo que arrastró, pandemia y postpandemia, dos leyes educativas…

Creo que lo más duro ha sido este final. En 2011 yo empezaba con una ilusión importante y la Fundación estaba en un momento de regeneración. Entré casi en paralelo con Yayo Herrero y poco después Luis González. Lo percibí como una cosa ilusionante más allá de la crisis.

Esta tuvo un impacto sobre todo en lo económico y eso, claro, para una concertada con la necesidad de que las familias hagan aportaciones voluntarias fue un freno. Pero no tuvimos una gran crisis económica. Nuestras aportaciones no son muy altas comparadas con otras. Fuimos tirando.

Los primeros años teníamos ilusión por un proyecto nuevo, darle una dimensión más potente a lo ecosocial, hacer cambios… La Lomce no favorecía, pero aunque no hay una gran autonomía teórica, puedes funcionar un poco como quieras. De esa manera pudimos meter la dimensión ecosocial a pesar de la Lomce.

Hubo retos internos importantes por el cierre de un par de centros y la apertura de Hipatia, el traslado del profesorado, con el cierre que era triste…

Pero, sin duda, la de la Covid ha sido peor, al menos en lo que ha tenido que ver conmigo. Los coles son más resilientes una vez que han vuelto los chavales. Entras en otras dinámicas con toda la energía que tiene la juventud. Pero ha habido cosas que se pararon y ha sido difícil retomarlas. Algunos proyectos de innovación que estaban funcionando muy bien y que hubo que parar como nuestras aulas sin muros, en donde todo el mundo se mezclaba; estaba expresamente prohibido por ley.

Ha sido un parón importante, que no ha sido de tres meses. Han sido dos años de no saber por dónde andábamos. El siguiente año eran los barracones, organizar la enseñanza para que los chavales fueran un día sí y uno no…

¿Cómo ha ido la implantación del proyecto ecosocial?

Como todos los proyectos está en proceso. Fuhem ya tenía esa componente, había un departamento ecosocial y otro de educación. El reto era que hubiera más imbricación. El departamento de ecosocial tenía bastante potencia pero no había traslación directa a nuestros centros. Buscamos a alguien que hiciera de engranaje. Esa persona fue Luis González. Desde entonces el proyecto de educación ecosocial ha descansado sobre todo en él, aunque perteneciese a mi área.

Hemos conseguido que los centros sean conscientes de que la educación ecosocial es una de las señas de identidad del proyecto. Lo conseguimos con algunas resistencias entre el profesorado, en algunas familias, sobre todo, en temas como el género entre las más recalcitrantes. Hemos tenido obstáculos, por ejemplo, con la reconversión de los comedores escolares sostenibles. También hemos conseguido que en todos los centros haya alumnado sensibilizado con los temas ecosociales.

La educación ecosocial no puede quedar circunscrita a unos cuantos chavales motivados o a que hagamos el Día de la Paz, o hagamos temas de género o celebremos el 8M. Tiene que estar en las aulas. Por eso otro reto importante fue el de los materiales curriculares.

Estamos muy contentos, pero su proyección no ha sido tan grande como esperábamos. Optamos por hacer unos materiales puramente didácticos, de aula, para los chavales. Hemos visto que muchos docentes los compran para ellos, no tanto para trabajarlos en las aulas.

En este tiempo hemos hecho algunas cosas pero nos queda el gran reto, incorporarlo en el día a día de cada asignatura; no tanto hacer cosas muy chulas para algunas materias sino que se vaya incorporando el currículo. En ese sentido, la Lomloe ha sido una ayuda.

La Lomloe es un marco que nos permite trabajar todo lo que queremos y supone un aval

La Lomloe supone pasos adelante, como dices, pero no sé si son los suficientes. Ha habido cosas que se han quedado fuera.

En nuestro análisis claro que se detectaban carencias. Las leyes no pueden ser a medida de lo que le apetece a cada uno, aunque es un avance.

Nosotros apostábamos a que una de las competencias más básicas fuera una ecosocial. Eso no lo hemos conseguido. Tenemos algunas reticencias también en la apuesta por lo tecnológico, sin ser neolíticos. Pero no queremos exacerbar la idea de que todo tiene que pasar por una transformación tecnológica en los coles.

Las leyes, al final, son un marco. A no ser que seas de los que quieren que se cumplan hasta la última coma. La Lomloe es un marco que nos permite trabajar todo lo que queremos y supone un aval. Y a quienes no se lo habían planteado, se ven obligados de alguna manera porque hay contenidos, criterios de evaluación, competencias específicas donde se recogen muchas de las cosas que nos preocupan. Permite a quienes queremos y obliga a quienes no estaban en esa materia a empezar a dar pasos.

A veces pienso en la Lomloe como en la Logse. Lo que prometía ser una gran revolución educativa no va a más porque no ha calado bien entre el profesorado…

Todavía es pronto para saber el recorrido, pero yo no la equipararía. La Logse fue una revolución del sistema más allá de que tocara los contenidos; también la estructura curricular, la manera de programar; la extensión de la educación obligatoria; reorganizó la FP. La Logse fue una verdadera transformación del sistema como lo fue la LGE de 1970.

Creo que la Lomloe no es tan ambiciosa. Corrige algunos aspectos de la Lomce, sobre todo lo relacionado con la red de centros (públicos y concertados). Toca un poco la FP, le da más entidad a la básica, pero no toca la estructura. Supone un avance grande en cuestiones puntuales como religión, los conciertos, en los contenidos, que no es poca cosa. Pero no es la Logse; la potencia transformadora de la Logse no la va a tener.

Yo estaba en el Ministerio de Educación entonces, en el ámbito de la educación especial, en el Centro de Desarrollo Curricular. Vi una grandísima cantidad de formación. No había transferencia a las autonomías y la planificación era centralizada y, desde los centros de profesores se hizo mucha formación. Diría que más que ahora que depende de las CCAA.

Diría que ahora esa formación más curricular, más relacionada con los núcleos duros de la ley no van a ser tan potentes como con la Logse.

Esa es mi sensación, que no se ha hecho el esfuerzo suficiente.

Sobre todo porque esa formación depende de las CCAA y de hasta qué punto se lo crean.

El currículo es una de mis áreas de conocimiento. Me leí las páginas sobre lo que iba a ser el currículo y para mí no tenía ningún misterio. Hay cierto cambio de terminología, de contenidos a saberes básicos, por ejemplo. Hay cierta sorpresa con que “ahora” hay que trabajar por competencias. Pero ¿cómo ahora? Siempre. Toda la vida. En la Logse se llamaban capacidades y estableció unos objetivos generales de etapa, sin desarrollo curso por curso. El reto fue mucho mayor. Las competencias ya estaban en la LOE y en la Lomce y desde luego en la Logse aunque con otros nombres.

Al menos quienes compartimos concepción, sabemos que educamos para algo; para hacer a los alumnos competentes en algo, no para que se aprendan una lista de cosas. Y no quiero, con esto, entrar en los debates sobre la memoria. Creo que es importante aprenderse listas de cosas pero ¿Para qué? Para desarrollar la memoria; no porque sí o porque sea importante la lista de los escritores realistas europeos del siglo XIX.

Ahora mismo, la estructura del currículo creo que es más clara. Hay unas competencias generales que se traducen en unas específicas de cada área y estas están trasladadas a los criterios de evaluación. La gente pregunta cómo evaluar por competencias: evaluando los criterios. Si lo haces bien, estás evaluando la competencia específica. Y si todas las materias evalúan bien su competencia específica, sé que estoy cartesiano, pero estás evaluando las competencias generales.

Es verdad que ha habido un elemento nuevo que no está claro, el de las situaciones es de aprendizaje.

Te iba a preguntar precisamente…

Una situación de aprendizaje, al menos tal y como yo la concibo, es el diseño de una situación en la que tú pones en juego una serie de contenidos y competencias, unos recursos y actividades que contribuyen a aprender algo.

Podríamos decir que una unidad didáctica es una situación de aprendizaje. ¿Un proyecto de ApS o de otro tipo es una situación de aprendizaje? sí. La clase que voy a dar, teórica, en la que voy a explicar algo podría llamarse situación de aprendizaje, pero diría que no, porque se está hablando de que han de tener un componente más activo.
La situación no es solo una unidad didáctica, pero esta si es aquella. Acotar una parte del proceso de aprendizaje y definirlo bien. Así la entiendo yo. No me parece que sea un gran misterio.

La ley no dice que el currículo de mínimos sea lo único que hay que aprender

¿Y cómo ves la crítica de la bajada de nivel? Tú que eres pedagogo y experto en currículo…

Esta crítica se ha hecho en todas las épocas históricas y, en los dos últimos siglos, cuando los sistemas educativos se han formalizado más.

Se mezclan muchas cosas, pero en el fondo es una crítica que viene desde la Logse, sobre todo, en la secundaria, porque hay algunos alumnos y alumnas en los IES que muchos profesores no quieren tener. Son los que en la EGB estaban fuera, haciendo FP 1, y ahora están en la ESO.

No he percibido que los alumnos aprendan menos, con ninguna de las leyes educativas. La capacidad del profesorado de desarrollar los contenidos es infinita. Nadie te dice que no lean a todos los autores realistas del XIX. Lo que te dicen es que hay algunas cosas imprescindible. Que lo imprescindible, porque de verdad lo es, es que distingas los grandes movimientos literarios. Lo imprescindible es que tengas una noción del tiempo histórico, o de los elementos fundamentales del funcionamiento de la naturaleza más que saber perfectamente el núcleo, los axones, las dendritas… Y no digo que no se sepa, quien lo quiera trabajar lo podrá hacer.

La ley no dice que el currículo de mínimos sea lo único que hay que aprender. El desarrollo de los contenidos tanto por parte de las editoriales de libros como del profesorado va más allá y ahí todo cabe. Dependerá del enfoque.
Lo que pasa es que hay una crítica que está basada en que tengo muchos alumnos malos en clase. Pero es que es lo que hay porque nuestra obligación como docentes es educar a la población. Faltan herramientas metodológicas para que pueda haber varias velocidades en el aula. Comprendo que es muy difícil, pero no imposible. Hay que cambiar la metodología. Si esta es que yo te lo cuente, tú te lo estudies y luego hagas un examen, los 30 de la clase igual, algunos se te van a quedar descolgados. Es necesario intentar trabajar con varios niveles de aprendizaje en el aula. Que no digo que sea fácil… pero es posible, porque lo hacen miles de profes.

Lo importante es esto, la atención a la diversidad. Utilizar herramientas como el DUA que implica que presentes, que evalúes y que motives de maneras distintas. Supone un mayor trabajo previo de planificación. Los profes sabemos que a veces nos tenemos que pegar una panzada para diseñar cosas pero que el rédito que le sacas luego es grande.

Hablando de atención a la diversidad, solemos oír que no es factible por las condiciones de trabajo: recursos, ratios y que en el alumnado cada vez es más complicado, más difícil de gestionar, que tienen menos nivel…

Esta sí que es de libro, que las nuevas generaciones son peores lleva desde el paleolítico. Y no es verdad. Lo que pasa es que los adolescentes son distintos en cada generación. Tienen otras maneras de acceder a la información, de relacionarse y, a veces, nos gustaría que fuera como cuando éramos jóvenes. Pero se trata de una evolución de la sociedad que no depende solo de los adolescentes. Su mamera de comportarse y funcionar tiene que ver con la sociedad que construimos entre todos e imputársela a ellos es una cosa absurda.

Menor nivel, en absoluto. ¿Qué hay que pueda llevar a pensarlo? ¿Que no leen tanto como antes? Seguramente, ¿o que no leen a los clásicos como podíamos leerlos nosotros? Seguramente sí. Habrá que buscar elementos de motivación para que esto vuelva y estrategias más adecuadas a lo que hacen para incorporar algunos saberes. Pero ¿peores? De ninguna manera. No, no lo acepto.

La codocencia mejoraría la gestión del aula y los aprendizajes y creo que la satisfacción del profesorado

Sobre los recursos, para mí hay una reivindicación que tal vez sea equivocada, la bajada de ratios como la panacea. Soy partidario de una ligera bajada de ratios, pero no para crear muchos grupos de pocos niños. Soy partidario de la codocencia, de que haya dos profesores en el aula. Las experiencias que hemos tenido son fantásticas: permiten muchas modalidades: dos profes de la misma materia, atender a chavales con dificultad, intercambiar roles. O de dos materias diferentes lo que te permite interdisciplinariedad, ver una época histórica y su literatura, por ejemplo. Es bajada de ratios, pero no de 30 a 25 con las mismas metodologías. Esto no mejora nada. Otra cosa es que nos tranquilice o permita gestionar el aula un poquito mejor, pero para la mejora de los aprendizajes, una pequeña bajada de ratios no impacta.

Mejoraría la gestión del aula y los aprendizajes y creo que la satisfacción del profesorado. Pero para mí, la inversión debería ir en duplicar los recursos en el aula porque es allí donde pasa todo, donde debe pasar todo. No vale con que puedas sacar a muchos niños fuera.

¿Y bajar las horas lectivas?

Aquí hay dos situaciones distintas: en la pública y en la concertada. En la concertada, el profesorado está a 25 horas lectivas. En nuestros coles, por lo general, está a 23, con alguna guardia. Son muchas. Si digo que 18 o 20 horas no son mucho es políticamente incorrecto. Pero a mí, entorno a 18 horas lectivas me parece asumible.

La jornada de un profesor, y yo he sido funcionario, es de 37 horas y media.:18-20 lectivas; 7,5 no son de presencia. Pero hay entre 10 y 12 horas no lectivas. Tanto en la pública como en la concertada, a veces no sabemos gestionar esas horas no lectivas: hay muchas reuniones poco útiles y pocos momentos de encuentro. Disponer de 10-12 horas para organizar la enseñanza no me parece poco.

En la concertada sí que deberían de bajar para equiparar las condiciones con la pública. Esto es una pelea que tenemos. Debería haber una equiparación completa de salarios y condiciones laborales. No tiene ningún sentido. Y si hay que meter mecanismos de control y regulación, que es de lo que a veces se queja la pública, por la contratación directa y el posible abuso, perfecto. Pero el profesorado de la concertada no puede estar peor, no hay ninguna razón. En centros sostenidos con fondos públicos, que sirven al sistema de la misma manera, al menos teóricamente y en una buena parte de ellos, las condiciones deberían ser iguales.

Debería haber una equiparación completa de salarios y condiciones laborales entre la concertada y la pública

Abramos el melón de los conciertos. Te leía, de alguna entrevista, que tal vez fuera interesante revisar la normativa después de casi 40 años.

El concierto es básicamente la financiación. Sería interesante, más allá de esto, pensar en la propia red de centros. Las administraciones se tiene que poner a hablar en serio de qué papel quieren que juegue la concertada, la privada incluso. Nadie le pone el cascabel al gato. Se suele hablar de la subsidiariedad y la complementariedad. Me inclino más a lo segundo. Otra cosa es que esta complementariedad se entienda como se ha hecho en algunas CCAA como Madrid: “Si la gente quiere concertada, seguimos abriendo centros y eliminando plazas en la pública”. Esto no se puede hacer, como no puedes regalar suelo público para hacer concertados y que luego leamos en prensa que algunos han abierto un gimnasio con ánimo de lucro. Hay situaciones que hay que erradicar.

El concierto no es mucho más que establecer con claridad en qué condiciones se debe potenciar la apertura de centros públicos y concertados, en qué condiciones ampliar y cerrar unidades. Es más la red de centros. Y lo otro es la financiación, como la equiparación de condiciones laborales y salariales.

Hay que establecer con mucha más claridad los mecanismos de supervisión y control de los centros educativos, pero no solo de los concertados. También públicos. Hay que potenciar, seguramente, el papel de la inspección y la rendición de cuentas de los coles. Y en ese sentido hay que exigirle a la concertada algunas cosas sobre lo que se hace con la financiación pública y cómo gestiona esa necesidad de gratuidad de las enseñanzas, una vez que esté suficientemente financiada.

Nos movemos en un terreno de una hipocresía tremenda porque a nadie le interesa abrir este melón. A un movimiento en pro de la pública más militante no, porque quieren suprimir la concertada. Y aunque sepan que es inviable, y si no lo saben están equivocados, buscan fórmulas como pasar concertados a la red pública. No digo que no exista esta vía, aunque es difícil…

En Cataluña se ha hecho…

En Cataluña y en Euskadi con algunas ikastolas. Pero habrá muchos centros que no queramos.

Al sector contrario, más a la derecha, tampoco le interesa debatir porque lo que quiere es seguir teniendo un chiringuito, ampliarlo, potenciando las amistades, su red de centros,… y están cómodos en las CCAA en las que pueden gestionar.

El problema es que, digan lo que digan, la concertada es más barata porque hay un copago. Hay que decirlo, existe el copago en la concertada y se tolera, aunque cada cierto tiempo se diga que la enseñanza tiene que ser gratuita y que no se pueden cobrar cuotas. Da igual. Si el copago se eliminara, cerraríamos los centros o tendría que mejorar la financiación pública.

A nosotros y algunos más nos interesa abrir el debate, cuando se promueven fórmulas mixtas de financiación en función del tipo de alumnado. Se achaca mucho y es verdad que el alumnado más vulnerable está mal repartido. Esto es rigurosamente cierto, pero hay algunos centros donde esta ley no se cumple, mira el Padre Piquer.

Intentemos controlar bien la red, los procesos de escolarización que es en lo que estamos trabajando con cierta gente, y obligar a la concertada a mejorar la ratio allá donde no se produce. Y demos financiación suficiente con mecanismos de control rigurosos y precisos donde se cumpla, que no haya copagos para que nadie pueda enriquecerse (aunque no creo que lo hagan) con la concertada.

Parece complicado saber cuál es la primera pieza que hay que mover para cambiar la situación: escolarización, la equiparación, gastos de funcionamiento…

Lo que hace falta es un debate serio y, seguramente, mover cinco piezas a la vez. Acordar, como en el País Vasco, una mejora de la financiación de la concertada, se han equiparado los salarios. Se ha establecido una reserva de cupos para alumnado vulnerable en la concertada, para evitar diferencias. Intentan equiparar la escolarización del alumnado vulnerable en toda la red sostenida con fondos públicos.

A lo mejor progresivamente, de aquí a cinco años equiparar los salarios del profesorado; poner en marcha lo que pone en la Ley, un equipo de estudio de la financiación de los centros concertados. Hagamos esto y probemos cinco cosas: la red de centros, dónde se escolarizan los chavales vulnerables, la equiparación salarial, un pago de gastos de funcionamiento…

¿Establecer más mecanismos de control sobre las aportaciones voluntarias? Naturalmente. ¿Por qué no se hace? Porque en teoría no existen

Pensaba en una de las cuestiones que señalaban en el último informe de la Bofill sobre segregación y escuela concertada y la necesidad de una mayor transparencia. ¿Es necesario que la administración audite las cuentas de la concertada?

Completamente. Estoy completamente de acuerdo. Hay varias modalidades. En nuestro caso, la administración paga las nóminas y luego hay una serie de gastos que son un porcentaje pequeño. En las cooperativas, por ejemplo, existe lo que se llamó módulo íntegro, aunque desconozco su funcionamiento. El margen de maniobra son los gastos de funcionamiento, pero nosotros tenemos que rendir cuentas cada año a la Comunidad. No te digo cuando llegan subvenciones extraordinarias. O si te han pagado un integrador social extra para un aula TEA, tienes que justificarlo.

Pero está el capítulo de los otros ingresos, de las aportaciones voluntarias, el comedor, etc., que son financiaciones externas, no de la administración y que están reguladas de alguna forma. ¿Establecer más mecanismos de control sobre esta parte?, naturalmente. ¿Por qué no se hace? Porque en teoría no existen. Al menos las aportaciones voluntarias. Es esa paradoja tan absurda en la que nos movemos. Usted no puede cobrar aportaciones, así que no ponemos un sistema de control de cuotas porque no las hay.

Una mayor supervisión de los ingresos de los centros concertados, sean del origen que sean, nosotros lo suscribimos y lo apoyamos.

Potenciar que la concertada acoja a más alumnado vulnerable, por los medios que se determinen, con NEE como con dificultades socioeconómicas, no solo se puede, sino que es un imperativo

Hablando con los investigadores de la Bofill y con Luis Centeno (portavoz de Escuelas Católicas), este comentaba que no le parecía bien que, en el caso de aumentar el módulo de conciertos, se exigiese más responsabilidad a la concertada.

Discrepo. Evidentemente, a un centro concertado que ya escolariza un porcentaje alto de alumnado vulnerable no le vas a meter más. A un público tampoco. Pero al que no escolariza a ninguno ¿por qué no? Es precisamente lo que van a hacer en el País Vasco. Está previsto que se dejen unas plazas de reserva para este alumnado. Las dudas están en qué pasa si esas plazas no se cubren. Ahí es donde pueden empezar las trampas. Pero si te meten al alumnado a dedo en una comisión de escolarización y no pagas nada… Por eso no hay algo que deba ser lo primero, sino que todo ha de ser a la vez.

De todas maneras, el tema de la escolarización es complicado: cómo se hace, con qué criterios, ¿obligas a los chavales? Estas medidas muy políticas, muy macro. Pero potenciar que la concertada acoja a más alumnado vulnerable, por los medios que se determinen, con NEE como con dificultades socioeconómicas, no solo se puede, sino que es un imperativo.

Nosotros, creo, somos homologables a muchos colegios públicos. Seguramente no a todos. Un centro en el Pozo (del Tío Raimundo, en el distrito de Vallecas en Madrid) que, a lo mejor, tiene un 60 % de alumnado de etnia gitana, la diferencia es enorme. Pero ¿un cole de Aluche (también en Madrid) y el Lourdes (el centro en el que nos vemos, en el mismo distrito de la ciudad), seguramente estamos en situaciones muy similares.

Parece una de esas discusiones bizantinas cuando se habla de la concertada. Muchos centros están en zonas en donde la población vulnerable es pequeña, en zonas de las ciudades donde hay poca o ninguna población vulnerable en lo socioeconómico.

Y en el rural no hay escuela concertada. Es una de las críticas de la Marea Verde. Pero es que el porcentaje, quieras o no quieras, nunca va a ser igual porque la red de centros concertados no puede cubrir las mismas necesidades que la pública.

Tú puedes montar una escuela de 10 alumnos en un pueblo de Soria pública y financiarla. Pero nadie va a montar un centro concertado en estas condiciones, no se puede. Siempre habrá una diferencia.

Pero se puede y se debe, y supervisar y rendir cuentas.

El algunas ocasiones te he escuchado hablar de escuela pública desde el proyecto concertado de la Fuhem.

Esto ha sido un intento de reivindicar que nosotros, de alguna manera, prestamos un servicio público, aunque no sé si se puede decir así legalmente, y, por otra, que tenemos un funcionamiento muy próximo a la escuela pública.
Desde el patronato de la Fundación se acuñó ese término de escuela pública de calidad. A mí, la expresión no me gusta mucho y he utilizado más el que nos consideramos un servicio público. Yo vengo de la pública y tengo claras las diferencias. Y hablo de escuela concertada, pero si me preguntas si somos un servicio público te diré que claro. Somos escuela concertada, punto, con vocación de servicio público.

Si ves este centro se parece mucho a uno público, y no solo por lo financiero, sino por lo ideológico, por las formas de funcionar. Hay escuelas en las que la dirección ordena y manda, nosotros no, no te diré que somos una escuela alternativa. Aquí se toman decisiones en los consejos escolares; mantuvimos la capacidad de decisión de los consejos escolares durante todo el tiempo que duró la Lomce. Estos organismos aprueba el presupuesto y el nombramiento de la dirección, aunque lo sugiera la titularidad. Tenemos una vocación pública.

Hay cosas que los coles de Fuhem tenéis como seña de identidad que os diferencian, no solo de la pública, sino de la propia concertada. Os he visto siempre en medio de muchas discusiones. Pienso en el modo de funcionar, de la filosofía de vuestros centros.

Para no resultar petulantes, somos diferentes, pero no los únicos. Solo en Madrid hay 90 cooperativas de enseñanza. Nos parecemos a algunas. Pero es verdad que Fuhem ha configurado un pensamiento educativo, una manera de hacer que tiene que ver con que llevamos 80 años con ciertas señas de identidad. Desde los años 60, con un compromiso social que siempre ha existido. En este compromiso estamos, creo, más cerca del Padre Piquer que de muchos centros públicos; en el tema de la transformación ecológica, podemos estar más cerca de algunos de Euskadi que trabajan con Alboan o Entreculturas. Si algo podemos aportar es que la concertada no es toda igual. No es la concertada y Fuhem. Compartimos con, al menos, 90 coles en Madrid que no somos religiosos. También un compromiso político con otras muchas escuelas.

Es verdad que hay algo que tiene que ver con nuestra historia. Nuestra seña de identidad, después de haber hecho una macroencuesta en nuestros centros, es la relación del profesorado con el alumnado. Esos procesos de identificación con alumnado y familias lo reconocen estas. La gente trae a sus hijos a nuestros centros, y lo diré claramente, porque creen que vamos a tratar bien a sus hijos, no porque tenga el Aula Viva, que también. Y ya no te digo cuando hay una situación de chavales más difíciles o vulnerables, que vienen al Lourdes sabiendo que les vamos a atender bien. Esto nos separa de esa lucha política y creo que eso la gente lo sabe. Quiero pensar que en los coles de la Fundación somos amables con los chavales, hay complicidad, hay buen trato, hay empatía. Y tenemos ambientes de aprendizaje que son ricos. Quiero pensar que esto nos caracteriza mucho. Esto no tiene que ver con la pelea de la pública y la concertada. He trabajado en centros públicos de Leganés (sur de Madrid), y algunos tenían esta impronta.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/02/02/victor-rodriguez-el-alumnado-mas-vulnerable-esta-mal-repartido-esto-es-rigurosamente-cierto/

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ChatGPT o cómo la inteligencia artificial puede empujar a cambios metodológicos de enseñanza

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La IA ya es una realidad, al menos, en cierta medida. Hace unos días El País publicaba un reportaje en el que se había puesto a prueba a ChatGPT, un software de libre acceso. Había conseguido aprobar un examen de acceso a la universidad. ¿Qué implicaciones puede tener?

ChatGPT es un software de libre acceso. En la web puedes lanzar una pregunta que él la responde según unas ciertas características. Tal es el punto que puede llegar a escribir composiciones completas que hoy por hoy ya se están utilizando en el sector educativo. Una nueva vuelta de tuerca al concepto clásico del Rincón del vago.

Linda Castañeda es doctora en Tecnología Educativa y profesora titular en la Universidad de Murcia. Hablamos con ella de las implicaciones que un software de esta clase puede llegar a tener en las universidades. Explica que aunque ahora ChatGPT ha saltado a la palestra el uso de IA no es especialmente nuevo en el sector educativo y que ya hace algún tiempo que se vienen usando herramientas, tal vez no tan sofisticadas como esta.

Ya hace tiempo que se usan programas para detectar cuándo el alumnado ha hecho un trabajo a base de copiar y pegar textos de otros. De ahí se pasó a herramientas que eran capaces de parafrasear, “es difícil que sea detectado”, comenta Castañeda.

Esta doctora tiene claro que el problema no es tanto el uso de este tipo de herramientas informáticas para la elaboración de textos. “Nos hemos empeñado durante todo el desarrollo de la tecnología en cómo vamos a hacer otra tecnología que evite que nos engañen” pero, para ella, “el asunto es qué significa escribir un trabajo académico, algo muy complejo”.

En una conversación informal, una docente universitaria comentaba cómo una de sus alumnas le había entregado un trabajo plagiado de arriba abajo. Solo había cambiado el nombre de la autoría del texto. Una búsqueda rápida le había dado la respuesta a sus dudas. La alumna, suspendida, había pedido revisión con ella. Las normas de la Universidad eran claras, según explicaba. La docente debería haber avisado a los servicios jurídicos de la universidad para que tomaran cartas en el asunto. Así se lo hizo saber a la alumna que, en un alarde de ignorancia o de huida hacia adelante, aseguraba que no sabía que se trataba de un plagio.

“Parece que nuestro objetivo como profes es que no nos engañen, no que los estudiantes aprendan X, sino que no me engañen”, continúa Castañeda. Para esta profesora, la clave pasa porque el alumnado comprenda que la cosa pasa por no engañarse a sí mismo, porque aquello que vaya a hacer en la escuela, la universidad, no sea como hacerse trampas al solitario.

Rafael Porlán es catedrático de la Universidad de Sevilla. Dedica buena parte de sus esfuerzos, desde hace años, a la formación docente del profesorado de la institución en la que trabaja. Cree que cuestiones como las que plantea la IA no son más ni menos que una “crisis del modelo transmisivo tradicional”. Él apuesta por modelos activos, de proyectos de investigación.

Según su opinión, cuando el alumnado utiliza este tipo de trucos no hace mucho más que responder al propio sistema de enseñanza. “Si el modelo me ignora, copio; busco trabajos para evitarme esfuerzos”, asegura.

Desde su punto de vista es necesario que “todo lo que el alumno pueda hacer, lo haga”. De esta manera, “los docentes organizamos el trabajo para que el alumnado agote su capacidad y, después, tirar de ellos y que lleguen más lejos”. Y cita a Vygotsky y su teoría y su teoría del desarrollo próximo. “Si te pongo un reto, te muevo, la gente se crece”, asegura Porlán, quien tiene claro que “lo que producen tiene limitaciones, pero ya se han involucrado y, a partir de ahí, puedes pedirles mucho más”.

Castañeda da clases a quienes serán el futuro de la profesión docente. Es consciente de que su alumnado hoy por hoy ya está hacen uso de ChatGPT para algunas de las cosas que se les piden desde la Universidad. “Sé que están usándolo para resolver tareas sencillas. La idea es cómo hacer que sean conscientes del potencial que tiene y que eso mismo se lo harán sus estudiante”. Por eso insiste en que lo importante es “generar tareas que tengan relevancia y que con ChatGPT le puedan ser de utilidad”.

La misma profesora que hablaba del plagio de una de sus alumnas, también señalaba cómo en algún máster con un gran volumen de alumnado extranjero era más o menos sabido que los trabajos finales que se pedían los compraban a terceras personas. Entre otras cosas, porque no dominaban el castellano como para haberlos elaborado.

“Ser capaz de reproducir la información hace tiempo que no es lo más importante del aprendizaje o de la educación”, afirma Castañeda. Para esta doctora está claro que el contenido, siendo relevante no es lo sustancial de toda esta cuestión. Sobre todo “porque habrá otra herramienta que lo pueda reproducir”.

Para ella, herramientas como ChatGPT, ahora mismo, producen mucha sorpresa pero “no está ni mucho refinado, ni es infalible ni las respuestas son brillantes” y vuelve al inicio: “la pregunta es hasta qué punto estamos dando a nuestros estudiantes algo más que una respuesta ramplona, hasta qué punto hacemos propuestas a los estudiantes que les pidan ir más allá”.

“Si eso pretendemos de los humanos, que trasciendan, tendremos que hacer que la escuela a la que asistan, les enseñe a ser trascendentes y pensar más allá”, asegura Castañeda. “Tenemos que plantearnos cosas serias”, zanja.
Esta doctora también asegura que es importante ver los posibles usos de herramientas de inteligencia artificial. Habla de cómo algunos compañeros las utilizan para, por ejemplo, crear algunos contenidos introductorios: “Los 5 libros clave sobre no sé qué. Para empezar, viene bien. O preguntarle cuáles son las 5 tesis más relevantes” en algún tema concreto para luego comentarlo en la clase.

Todo esto, además de suponer un acicate para cambios metodológicos, también puede suponer la obligación de cambiar los modelos de evaluación, como explica Castañeda, “para que no acabe evaluando a ChatGPT”. “La evaluación debe ver si el alumno aprende. ¿Qué significa esto? Es algo que le pregunto a otros docentes. Qué significa en tu materia que el alumnado aprenda. Habrá que responder a esto en un mundo en el que la IA está al alcance de la mano. Ya no pasa en las películas o la ciencia ficción”.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2023/01/30/chatgpt-o-como-la-inteligencia-artificial-puede-empujar-a-cambios-metodologicos-de-ensenanza/

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Educación sexual obligatoria, material anticonceptivo y de higiene menstrual gratuito: Ley del Aborto y educación

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Estas son algunas de las claves de la Ley del Aborto que aprobó el Consejo de Ministros y que comenzará su andadura en el Parlamento en breves. El objetivo es que entre en vigor antes del final de la legislatura, por lo que se han acelerado todos los trámites.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, presentó ayer en rueda de prensa, el proyecto de Ley del Aborto que ha pasado ya al Congreso de los Diputados. Un proyecto que desmonta algunas cuestiones implantadas por el PP en su reforma de 2015 y quiere dar un paso adelante para ampliar los derechos de las mujeres en diferentes sentidos.

Las jóvenes de 16 y 17 años volverán a tener derecho a decidir si interrumpen su embarazo sin necesidad del respaldo de sus tutores legales (también lo tendrán las mujeres con discapacidad); además, se eliminan los tres días de «reflexión» implantados también por los populares en su momento. La píldora del día después estará disponible en centros de salud y farmacias, el aborto estará garantizado por el sistema de salud público, etc.

En este sentido, María Capellán, presidenta de CEAPA desde el pasado junio, asegura que con una buena educación sexual lo que se lograría sería evitar los embarazos no deseados y, de rebote, disminuir los casos de abortos. Soraya Calvo, doctora en educación y sexóloga, defiende el derecho de las jóvenes a tomar esa decisión libremente. «Si son menores quizás sería interesante un acompañamiento específico para conocer la salud sexual de la menor, su situación familiar, emocional… y siempre desde un punto de vista preventivo y positivo; nunca desde la prohibición». A esto suma que la eliminación de los tres días de «reflexión» impuestos por la normativa del Partido Popular es algo positivo ya que «podrían entenderse como una estrategia de presión emocional y manipulación». Para Calvo era algo «contraproducente, cruel y poco respetuoso» con las decisiones de las chicas.

Qué hay de la educación

Más allá de que la ley pretende dar mayor capacidad y autonomía de decisión a las mujeres a la hora de abortar, además de asegurar que el Estado respetará y velará por todo ello, una de las apuestas importantes de la nueva reforma de la Ley del Aborto tiene que ver con el sistema educativo.

La principal, según anunció Montero, será la oblgiatoriedad de la educación sexual en todas las etapas educativas. Aunque se desconocen los pormenores de esta obligatoriedad, quién impartirá estos conocimientos, cuándo y de qué manera, la polémica estará servida. La educación sexual es uno de esos temas tabúes que levantan siempre ampollas entre quienes creen que el Estado no debe inmiscuirse en según qué cuestiones y quienes creen que es la única manera de asegurarse de que todas las personas tendrán derechos (y deberes) a la hora de poner en práctica su sexualidad.

El de la educación sexual es un tema polémico que muchas entidades defienden como necesario, desde las primeras etapas de la escolarización (teniendo en cuenta las edades y el volcabulario de las etapas) entre otras cosas, para evitar situaciones de abuso sexual infantil, por desgracia, relativamente comunes en los espacios en los que se mueven niños y niñas. Desde hace años, Save the Children defiende la necesidad de esta educación sexual como parte de la lucha contra estos delitos contra la infancia.

En este sentido, Carmela del Moral, técnica de la ONG, asegura que cuanta más información, mayor protección tendrán niñas y niños frente a cierto tipo de abusos que puedan darse. Además, para ella, reformar la educación afectivo-sexual está en línea con otras reformas legislativas que se han puesto en marcha en los últimos años como la Ley de protección ed la infancia e, incluso, la propia Lomloe.

Para Soraya Calvo, si se quiere hacer las cosas bien en este sentido, habría que hacer cambios en la ley. «La lomloe no incluye exactamente este supuesto, y debería estar explícitamente recogido en la ley de alguna forma concreta, no como una transversalidad» y, de esta manera, «perfilar claramente contenidos, formación inicial y continua de docentes, etc.». En esta línea, del Moral asegura que «sin una educación sexual reglada, los chavales van a buscar información y tomar referentes que pueden ser negativos, como la pornografia«.

A esto se suma el que cuando entre en vigor la ley, si mantiene el texto como hasta ahora, chicos y chicas tendrán acceso, en los institutos, a material anticonceptivo, aunque tampoco se conoce cómo se hará ese reparto; si será cosas de las comunidades autónomas, si lo hará el Ministerio de Igualdad directamente o qué problemas puede dar en comunidades autónomas que no estén de acuerdo con estas políticas. Junto a esto, en palabras de la ministra Montero, se pretende promover la corresponsabilidad en el acceso y uso de métodos anticonceptivos por parte de chicas y chicos.

Además de material anticonceptivo, también estará a disposición de niñas y jóvenes, material de higiene menstrual de manera gratuita para que, de alguna manera, pueda lucharse desde estos espacios educativos contra el concepto de la pobreza menstrual, es decir, para evitar que ninguna niña o mujer joven no tenga acceso a tampones o compresas por cuestiones económicas.

María Capellán sostiene que sería más interesante si compresas y tampones estuvieran presentes ya en los centros de primaria dado que no son pocas las niñas de 5º y 6º a las que ya les ha venido el periodo. Calvo añade que estos productos deberían estar accesibles a toda la población. «Si queremos que así sea debería haber presupuesto específico y formación vinculada para todo el estudiantado: también para quienes no van a tener la regla nunca. Cuestión de salud pública».

Algunos datos

Según el último estudio realizado por la Sociedad Española de Contracepción, sobre datos de 2020 (está pendiente el de este 2022), la edad de inicio en las relaciones sexuales para las jóvenes de entre 15 y 19 años está ya en los 15,82 años. El estudio se realiza con una muestra de jovenes a partir de los 14 años.

La mayor parte de estas chicas utiliza métodos anticonceptivos (el 71,3%), frente al casi 30% que no lo hace. Hay que tener en cuenta que en esta cifra se contemplan también aquellas jóvenes que no mantienen relaciones sexuales.

En la mayor parte de los casos, las jóvene utilizan el preservativo o la píldora (29.2% y 27.6% respectivamente) y lo suelen hacer por iniciativa propua, por consejo del ginecólgo o del médico de familia. Preguntadas por qué o quiénes les han influido más en la decisión, en el primer puesto está la fmailia y los amigos (40.4%, frente al 17,2% en el caso de la media de la muestra total), depués, el peronsl sanitario (36,3%). Muy por debajo está el criterio personal (12,5%) y las redes sociales e Internet (7,8%, frente al 1,9% de la media total de mujeres encuestadas).

Cuando se les pregunta a estas chicas los motivos por los que no utilizan métodos anticonceptivos, si se tiene en cuenta qu de todas ellas, el 35,5% no lo hace porque no mantiene relaciones se4xuales, el 30,4% (1,4% de media total) no lo hace por desconfianza y el 14,4% (2,4% de media) porque les resulta incómodo.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/08/31/educacion-sexual-obligatoria-material-anticonceptivo-y-de-higiene-menstrual-gratuito-ley-del-aborto-y-educacion/

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El nuevo decreto de mínimos para centros deja las ratios como estaban y marca las del 0-3 años

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Esta es una de las pocas novedades de un texto legal que viene a actualizar la legislación en cuanto a condiciones, titulación docente y requisitos esperables y exigibles a los centros educativos que imparten enseñanzas desde la educación infantil hasta la formación profesional.

Pocas son las novedades del RD de requisitos mínimos de los centros (espacios, ratios, titulación del personal, etc.) que rige en los centros desde la educación infantil hasta la FP. Uno de los detalles novedosos es la puesta negro sobre blanco de las ratios en el primer ciclo de infantil. Unas ratios que, en la mayor parte de las comunidades autónomas ya estaban finadas.

Ahora, las aulas de 0 a 1 año, podrán tener un máximo de ocho criaturas; las del segundo curso (1 a 2 años), hasta 12, y las de tercero (de 2 a 3 años) no deberán sobrepasar las 18 niñas y niños. En la mayor parte de las autonomías esta era la ratio que ya estaba manejándose. Una cantidad de criaturas por unidad que sobrepasa, con mucho, las recomendaciones de la Unión Europea para estas edades, como señalaba CCOO hace unos días en un informe, precisamente, sobre el primer ciclo de esta etapa: 0-1 años, cuatro criaturas; 1 a 2 años, seis, y, de 2 a 3 años, ocho. Es decir, la ratio en España sería el doble o más alta de lo recomendado.

El resto de las etapas quedan como hasta ahora: 25 estudiantes para primaria; 30 para secundaria y 35 para bachillerato. Sobre estas ratios, el RD estipula que deberan tener «un número acorde con sus necesidades educativas», las de los alumnos, se entiende. Pero no se especifica cuáles son esas necesidades y de qué manera podrían variar la ratio por unidad.

En este sentido, CCOO habla de que el alumnado con necesidades cuente como dos al calcular las ratios. Y en este sentido señala que como necesidades habría que computar las siguientes: «Necesidades educativas especiales, retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje, trastornos de atención, dificultades específicas de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua, situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo y otras condiciones personales o de historia escolar o con necesidades de compensación educativa».

A esto hay que sumar que tampoco se especifican los apoyos, sean humanos o materiales, para hacer una atención correcta a estas chicas y chicos y quedan al albur de las comunidades autónomas.

Sobre la educación infantil, portavoces de la Plataforma en Defensa del 0-6 critican que la etapa siga dividida en dos ciclos diferentes y que se mantengan titulaciones diferenciadas. Desde la entidad llevan años luchando para unificar los estudios universitarios y los de formación profesional, por razones de lo que en cada uno se estudia y, además, por la influencia negativa en las condiciones laborales que han de sostener las y los profesores técnicos de Educación Infantil.

También se estipulan algunas medidas mínimas sobre la oferta de vías de bachillerato que deben cumplir los institutos teniendo en cuenta los cambios establecidos por la Lomloe.

El RD también hace un guiño a los centros que imparten educación a distancia. Son solo un par de artículos que obligan a que el profesorado tenga la misma cualificación que en la modalidad presencial, así como que posean instalaciones adecuadas para que el alumnado pueda realizar las prácticas correspondientes a sus estudios. También señala el nuevo artículo 21 que las autorizaciones autonómicas para centros a distancia solo afectarán a sus territorios. Queda sin legislar, en este sentido, la ratio máxima que un docente, por ejemplo, de algún ciclo de FP a distancia, puede tener al mismo tiempo.

Flexibilidad y autonomía

El texto del RD hace un par de menciones que parecen dar mayor carta de naturaleza a actividades y organizaciones dentro de los centros educativos en los últimos años. Particularmente, a algunas que fomentaba ya la LOE, también la Lomce y, ahora, con mayor peso, la Lomloe y que, comunidades como la Valenciana, han llevado a sus últimos términos.

La organización de las enseñanzas de primer curso de la ESO en ámbitos, que ha generado y genera un debate muy acalorado y enconado en aquel territorio, recibe un nuevo empujón de apoyo desde el Ministerio, al menos, con una nueva disposición adicional, la décima, en la que se hace referencia expresa a agrupaciones de alumnos para cosas como experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas, planes de trabajo, ampliaciones del horario lectivo de ámbitos, áreas y materias, codocencia o grupos flexibles, entre otras posibles organizaciones. Todas ellas son posibles pero, dice la norma, «no pueden superar el máximo ( de ratio de alumnado) establecido por unidad».

Hasta el próximo viernes 15 de julio se pueden enviar las aportaciones o alegaciones necesarias al correo gse.educacion@educacion.gob.es del Ministerio de Educación y FP.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/12/el-nuevo-decreto-de-minimos-para-centros-deja-las-ratios-como-estaban-y-marca-las-del-0-3-anos/

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Tenemos que hablar de la repetición

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La repetición, aunque ha descendido en los últimos años, es una herramienta que, sobre todo en la secundaria obligatoria, miles de chicos y chicas «sufren». Al punto de que uno de cada cuatro chavales de 15 años está en, al menos, un curso por debajo del que le correspondería por edad. Intentamos arrojar un poco de luz sobre las causas y posibles soluciones.

España es una rara avis, nos guste o no, en muchos aspectos. El uso de la repetición de curso como un elemento de atención a la diversidad (o como un castigo por falta de compromiso con el propio itinerario educativo) es uno de esos factores que más nos separan de otros países. Se constata desde una gran cantidad de posiciones cada poco tiempo. Ya sea PISA, ya sean las cifras estadísticas europeas. España sigue haciendo repetir a miles de chicos y chicas que no mejoran sustancialmente su rendimiento académico y que, en no pocos casos, acaban en abandono escolar temprano.

«Repetir no ayuda a quien repite. Es innegable». Juan Fernández es profesor de secundaria, de Biología. Además, tiene una pasión personal y profesional: la traducción de estudios relacionados con la educación. La traducción y resumen. Todo lo publica en su blog. A esto se suma que ha publicado un libro en solitario y hace poco, otro junto a Mariana Morales, sobre evaluación formativa.

Juan tiene claro que la repetición no ayuda en nada a quien repite. O no impacta en su aprendizaje o lo hace negativamente (ojo, al aprendizaje), incluso cuando alguien habla del primo de un vecino que repitió y le fue muy bien después. La evidencia está de su parte, la repetición afecta a determinadas personas más que a otras y no relaciona con buenos resultados, sino que es un buen predictor de las trayectorias adacémicas. O mejor dicho, de las no trayectorias, puesto que quien repite tiene muchas más posibilidades de abandonar más pronto que tarde sus estudios.

Cuestión cultural y normativa

Esta relación con el abandono escolar temprano, aunque ha podido cambiar en los últimos años, está presente. Para Javier Rujas, sociólogo y profesor de la Complutense especializado, entre otros temas, en educación, desigualdades y abandono, sigue habiendo una correlación entre ambas cuestiones. Pero, al mismo tiempo, ve dos elementos importantes que están también presentes. La primera es una vertiente más administrativa, que se refleja en las leyes y normas que regulan la repetición.

«Las leyes tampoco han cambiado tanto los requisitos de repetición. Han sido bastante parecidos» a lo largo del tiempo, comenta. Al menos, hasta noviembre pasado, cuando se cambiaron ciertos criterios sobre el número de suspensos («los efectos no los veremos hasta el año que viene»). El número de suspensos y aprobados para pasar de curso «se ha mantenido bastante constante, creo, desde la Logse hasta ahora».

Lo escabroso aparece en la otra vertiente, la más «cultural, entre comillas», matiza Rujas. Se relaciona con la cultura evaluativa del profesorado. Algo que puede verse cuando se miran las diferencias entre primaria y ESO. En el último curso de primaria hay, de media, un 2,5 % de repetición. El curso siguiente alcanza el 10 %, cuatro veces más.

«Estoy de acuerdo en que se diga que es cultural, dice Rujas, porque tiene que ver con lo que piensa el profesorado, con las juntas de evaluación en las que se pueden oír (lo he observado haciendo trabajo de campo): ‘Este tiene que repetir porque no ha hecho nada / porque no ha satisfecho los objetivos / porque me parece que su actitud es horrible’».

Una idea con la que está de acuerdo el investigador Lucas Gortázar: «Es bueno para los chavales», es algo que quien más o quien menos ha escuchado alguna vez hablando de repetición. Una cultura que no está solo presente en una parte del profesorado, explica, sino que también se ve en esas familias más preocupadas por las notas que por otra cosa, «pero es que tienen 12 años», lamenta. A lo que se suma el hecho de que no se ha hecho gran cosas desde las políticas públicas para frenar la situación.

El investigador suma a esto el hecho de que, cuando se comparan los datos de rendimiento competencial en PISA y se cruzan los datos con los de repetición puede observarse que el alumnado repetidor español, si hubiera nacido en otro país, no habría repetido. Chicas y chicos en España repiten a pesar de tener el mismo desempeño en la evaluación internacional que sus homólogos de otros países que, cruzando porcentajes, no han tenido que cursar, de nuevo, el mismo año.

Mariana Morales, docente y formadora en temas de evaluación formativa también opina que hay un componente importante de «cultura del profesorado». «Ven la repetición como una solución pero no lo es, sino que agrava el problema», asegura. Para ella sería interesante que el profesorado pudiera observar las calificaciones que las y los repetidores tienen en ambos cursos, el ordinario y el que vuelven a hacer. Así notarían el impacto.

Días atrás, en Twitter hubo cierta discusión a cuenta de las repeticiones y hubo quien defendió que servían como acicate para todo el grupo para esforzarse para no repetir. Una especie de motivación extra. Juan Fernández opina que éticamente tiene problemas con esta manera de entender la repetición, puesto que la coerción no parece una gran herramienta motivacional. Además de esto, el problema radica en que la táctica para evitar esta situación por parte del alumnado no será aprender más, sino «empollar la noche antes. Vale para el desempeño, no para el aprendizaje», asegura Fernández.

El año de la pandemia

La pandemia y el confinamiento empujaron el último trimestre del curso 2020-21. Complejísima temporada en la que todo el profesorado se vio desbordado de muchas maneras y en las que desde el Ministerio se insistió incansablemente en, de alguna manera, «levantar la mano» para salvar el curso. En hacer la media con los dos primeros trimestres del año, en hacer valer, de manera clara, el carácter extraordinario que tiene la repetición históricamente pero que tanto cuesta cuando uno baja a las prácticas del aula.

Tal vez, una de las claves de aquel tiempo es la que ha quedado expresada en las estadísticas de idoneidad a los 15 años en las comunidades autónomas, y en la media de todo el Estado. La tasa de idoneidad se refiere al número de personas de 15 años que están en el curso que les corresponder por edad.

Si se observa el gráfico se puede ver la variación desde una década antes, un lustro antes y qué pasó entre el curso 2019-20 y 2020-2021. La tasa de idoneidad en España mejoró en 4,4 puntos porcentuales, al pasar del 71,1 % al 75,5 %. Ocho comunidades autónomas presentan datos todavía mejores.

Caso aparte merece Aragón. En la tierra de la actual ministra de Educación y FP la mejoría de los datos fue espectacular, puesto que la tasa de idoneidad era del 59,8 % en 2021-20 y un curso después mejoraron en 14,4 puntos porcentuales, hasta el  74,2 %, igualando virtualmente a la media estatal y mejorando, en un curso, a ocho territorios. Aragón tenía hasta ese curso las peores tasas de idoneidad de todo el país (sin contar Ceuta y Melilla). Este salto es el mismo que ha vivido la tasa media para todo el país entre 2010 y 2020.

Muchas personas, en la esfera pública, se llevaron las manos a la cabeza ante la reducción (o esa fue la interpretación) de la cultura del esfuerzo y el mensaje que mandaría a chicos y chicas a la hora de enfrentar aquel final de curso, pero las mejoras vividas en las tasas de idoneidad, en cualquier caso, dieron en ese curso un mejor recultado que, por ejemplo (de media) entre 2015-16 y 2019-20 (+3,6 puntos frente a 4,4 puntos de 2019-20 a 2020-21).

¿Soluciones?

Como recuerda Morales, en varios países, durante la pandemia, se prohibió que el alumnado repitiese debido a la excepcional situación. En España no se hizo, aunque como hemos visto, las diferentes declaraciones de las administraciones y la situación empujaron a una mejora de los índices aquel curso. Lucas Gortázar cree que en años venideros podremos ver qué efectos tiene la pandemia y las nuevas medidas sobre suspensos, pero no le extraña que hubiese un efecto rebote en el porcentaje de repetición.

En cualquier caso, hay diferentes niveles de posibles soluciones a la repetición. A su disminución. Máxime cuando de lo que se habla es de etapas obligatorias de la educación.Para Morales podrían realizarse acciones de evaluación formativa a lo largo de todo el curso para así aumentar el nivel de aprendizaje del alumnado y evitar la repetición. Desde luego, es consciente del impacto de los recortes en educación y de cómo esto impacta sobre la posibilidad de realizar estos procesos de evaluación formativa y continua.

También señala algunas otras cuestiones como la posibilidad de no concentrar un gran número de chicos y chicas repetidoras en las mismas aula. «Concentrar ‘los problemas’ no es una buena idea», ejemplifica. Sería más interesante evitar las agrupaciones por resultados y separar los grupos de repetidores para así mejorar también los resultados.

En opinión de Morales, la repetición es vivida por el alumnado como un castigo, lo que tiene unas consecuencias en las expectativas que el propio estudiante tiene de su trayectoria académica. El hecho de juntar a varios repetidores en el mismo aula puede suponer temas de desafección, mal comportamiento o desánimo que no ayudan a nadie.

Otra solución posible, dentro de la organización de los centros, sería la de evitar que en los primeros cursos de la ESO las tutorías y los grupos más complejos, aquellos que nadie quiere, recayesen en el personal interino o con menos experiencia.

Juan Fernández tiene claro que si la repetición no funciona, como se ha demostrado, hay que quitarla, pero para ello hacen falta alternativas para atender a la diversidad en las aulas cuando toca. Medidas en dos sentidos, en la actuación política y en la acción de aula. Entre las primeras, toma el ejemplo de Reino Unido, «a las escuelas con peores resultados se les da una mayor inversión para mejorar los datos».

En cualquier caso, Fernández cree que las evidencias deberían guiar, no solo la actuación del profesorado en las aulas y en los centros, sino también a las administraciones a la hora de poner en marcha sus políticas educativas.

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/06/tenemos-que-hablar-de-la-repeticion/

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Ministerio y CCAA tienen año y medio para certificar a 560.000 docentes en su competencia digital

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España tiene hasta el tercer trimestre de 2024 para acreditar la competencia digital docente dentro del marco publicado el pasado mes de mayo. Hablamos con Julio Albalad, director del Intef, sobre cómo se hará ese proceso de acreditación y formación para que 560.000 docentes de todo el país puedan tener algún tipo de certificado que, a la postre, podría valerles de cara a las oposiciones, los traslados o el acceso a determinados puestos.

La Comisión Europea tiene unos plazos «cortos». Para finales de 2024 España debe poder justificar una buena cantidad de capital que aporta Europa para el Fondo de Recuperación y Resiliencia que está vinculado a la formación del profesorado en competencias digitales.

La pandemia ha sido la gran excusa para que España (aunque no solo) intente un nuevo empujón en la digitalización de las aulas. Después de las enormes dificultades de todo tipo que vivieron docentes y estudiantes para conectarse y seguir las clases con «normalidad» de marzo a junio de 2020, el Ministerio ha puesto sobre la mesa una enorme cantidad de capital para que haya equipos informáticos suficientes (a pesar de los muchos retrasos habidos) y, al mismo tiempo, ha adquirido un compromiso con la Comisión para certificar al 80 % de todo el profesorado (de la pública y la concertada y privada: unos 560.000 docentes) antes de que termine 2024.

Hablamos con Julio Albalad, director del Intef y uno de los máximos responsables del documento que en el mes de mayo se aprobó y en el cuál se define, paso a paso, el Marco de Competencias Digitales Docentes (que Albalad asegura que es pionero en Europa, puesto que España es el primer estado que desarrolla el marco europeo). Un extenso y pormenorizado documento que establece tres niveles (parecidos a los del marco europeo de las lenguas) que servirá, eventualmente, de guía para saber en dónde se encuentra cada quién y hasta dónde puede aspirar en su formación.

Desde un nivel A1 hasta un C2, pasando por las B. Un viaje a lo largo de diferentes grados de formación y dedicación, de evaluación y demostración de unas competencias que deberían llevar a buena parte del profesorado hacia la mejora de sus competencias en el uso de las tecnologías digitales y, por ende, a la enseñanza del estudiantado.

Según explica Albalad, la certificación se llevará a cabo de diferentes maneras, dependiendo del nivel de cada quien, ya que supondrá diferentes perspectivas.

Acreditación

Una de las preguntas clave, si la certificación no es obligatoria, como no lo es tener claro en qué nivel del marco se está, ni estar en el marco siquiera, es cómo se va a conseguir un objetivo tan ambicioso en tan poco tiempo. Albalad tiene parte de la respuesta: «Más allá de que queramos que el docente se forme, también incentivamos a que se acredite esa competencia digital». Es decir, las administraciones están pensando un sistema de incentivos. «No lo hemos desarrollado, pero la idea sería poder utilizarlo en el concurso de traslados, en relación con la interinidad, para acceder a según qué puestos».

A pesar de los incentivos, no será fácil. Esta semana, según cuenta a este periódico, se publicará en el BOE el acuerdo definitivo que supondrá el pistoletazo de salida para que las comunidades autónomas y el propio Ministerio puedan desarrollar los diferentes procesos de acreditación e incentivo. Esa publicación les dará un año para desarrollar esa acreditación, pero el objetivo, confirma Albalad, es que a finales de este año «antes de final de año, tengamos la norma aprobada» («nosotros trabajamos con un borrador y las comunidades autónomas también», asegura).

En cualquier caso, la acreditación dependerá del nivel en que cada cual crea encontrase. Los iniciales (A1 y A2), explica el responsable del Intef, se acreditarán, principalmente, mediante los estudios universitarios conducentes a los títulos de Magisterio o de Secundaria. Se está negociando con Universidades, con la CRUE y la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación, así como con las autonomías, que tienen competencias en estas áreas también. La idea sería que las universidades  pudieran, por ejemplo, certificar que mediante sus grados y másteres se obtiene, por ejemplo, de 80 % de alguna o algunas áreas de las dispuestas en el marco.

Esto forma parte, no tanto del proceso de acreditación hasta 2024, sino de la segunda fase, pensada para hacer de este sistema algo sostenible en el tiempo más allá de los fondos europeos que marcan ahora los esfuerzos.

Además de estos estudios, también se plantea la posibilidad de realizar convocatorias cada cierto tiempo para que las personas interesadas acudan a certificar sus conocimientos de los niveles inferiores. También se está pensando en fórmulas de formación permanente del profesorado, muy modulares y que ofrezcan suficiente flexibilidad para que las curse el profesorado y así vaya certificando.

El paso siguiente, el nivel B (1 y 2) exigiría evaluaciones diferentes. Se podrían mantener las pruebas de acreditación con preguntas aleatorias, pero aquí ya no se podría cumplir solo con los títulos universitarios. Esto es así porque el nivel B ya requiere un uso dentro del aula, autónomo, de las tecnologías digitales. Por eso habría que presentar otro tipo de prueba.  «Tengo que comprobar que el docente lo aplica en el aula; necesito una muestra, una evidencia de que lo ha hecho en el aula», explica Albalad. Sí se mantendría la formación desde el Intef o los centros del profesorado de las comunidades autónomas, «en la que se incluyera esa puesta en práctica».

Por último, el nivel C, correspondiente a quienes tienen un conocimiento mayor (lo que podríamos denominar como coordinadora o coordinador TIC), tendrían otro proceso de acreditación. El proceso podría pasar por la presencia de una tercera persona en el aula para comprobar cómo se trabaja con las tecnologías digitales; se atendería también a las publicaciones que pudiera haber hecho el o la docente, a la formación que haya realizado.

En cualquier caso, aclara el director del Intef, «el marco no está hecho para que el camino del docente sea empiezo en el A1 y acabo en un C1». La lógica, más alla de saber en dónde está cada quién, es conocer los pasos para que la mayor parte esté en el nibel B, el intermedio.

Inventivos

Esta seguramente es una de las partes primordiales para el profesorado. Tanto el Ministerio, vía Intef, como las administraciones autonómicas se están planteando una serie de incentivos para empujar al profesorado a que se acredite dentro del Marco de competencias digitales.

Aunque no afirma con rotundidad cuáles serán esos incentivos, sí da algunas pinceladas de por dónde podrían ir los tiros: para los concursos de traslados y para las oposiciones; para los procesos de estabilización de plantilla o para acceder «a puestos específicos, como un coordinador TIC», comenta o, como el caso de los «asesores técnicos docentes», profesionales de la educación que, como él mismo, trabajan para las administraciones (central o autonómicas). «Podría ser una manera de animar a la gente para que saque la acreditación».

Y es que este proceso se la juega a pocas más cartas, puesto que no es obligatorio para el profesorado y sí para el Estado (por aquello de justificar una parte de los fondos de recuperación y resiliencia).

Usos de la tecnología

La pandemia, y principalmente el confinamiento, han sido, como se decía más arriba, un importante acicate para las industrias de la tecnología y para que las administraciones se pongan las pilas en algunas cuestiones. Una de ellas es precisamente esta de la formación del profesorado. Durante décadas los programas de implementación de las TIC han pasado, principalmente, por la compra de dispositivos a los que, en mayor o menor medida, el profesorado intentaba sacarles partido, con más o menos acierto. Ahora, con el Marco sobre la mesa, al menos, hay unos estándares que todo el mundo conoce y un camino por el que transitar.

Entre las preocupaciones de este documento se encuentran, en buena medida, temas relacionados con la propiedad intelectual pero, también, con el buen uso de las tecnologías. El documento pone el foco en el trabajo del profesorado para conseguir ciertos niveles, pero también apunta a qué se debe trabajar con el alumnado. Y el buen uso está ahí.

La pandemia también nos enseñó a todos, y al profesorado muy particularmente, los problemas que acarrea una conexión prácticamente 24/7 con su alumnado y las familias. El derecho a la desconexión flota por sobre el marco de competencias en algunos puntos, como aquel en el que se habla de la posibilidad de realizar labores de orientación mediante herramientas digitales. Algo que recuerda a ese horario extendido del confinamiento.

Albalad asegura que lo que se pretende con el marco es ese buen uso de las tecnologías. Primero, asumido por el profesorado y, después, transmitido por este, al alumnado. El derecho a la desconexión estaría ahí presente.

También, en lo relativo a la protección de docentes y chicas y chicos; la protección de sus datos personales que, también por mor de la pandemia y el confinamiento, han provocado que cientos de millones hayan sido monitorizados por empresas tecnológicas de toda condición. Al menos, así se desprendía de uno de los últimos informes de Human Rigths Watch de hace algunas semanas.

Protección de datos

Albalad asegura que en aquel tiempo, los esfuerzos del Ministerio fueron en la senda de proteger la intimidad de la comunidad educativa. Que los convenios que se firmaron entonces vigilaban que los datos de las personas fueran opacos, no solo para las empresas suministradoras de servicios, sino para la propia administración también.

«La protección de datos está en el documento del marco y queremos que sea algo que los docentes interioricen», afirma el máximo responsable del Intef. Albalad cree que una acción importante que pueden realizar desde el instituto de tecnología educativa es el de asesorar al profesorado sobre los pros y contras de utilizar determinadas herramientas con el alumnado.

«Hay muchas aplicaciones gratuitas que el docente usa con su buena intención», comenta. Por eso «valoramos la posibilidad de crear un grupo que se dedicase a evaluar esas aplicaciones», de cara a facilitar al profesorado el no leerse las 300 páginas de las normas de confidencialidad y uso de los datos de cada empresa en un intento por saber si se cumple la normativa europea de protección de datos. «No para decirle al docente que no lo use, sino para decirle que los datos en cierta aplicación van a acabar en California para estar a disposición de la empresa tal».

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/ministerio-y-ccaa-tienen-ano-y-medio-para-certificar-a-560-000-docentes-en-su-competencia-digital/

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Millones de menores en todo el mundo han sido vigilados por empresas tecnológicas durante la pandemia

Por: Pablo Gutiérrez de Álamo

Un informe de Human Right Watch ha estudiado el comportamiento de 149 aplicaciones que han sido utilizadas en 49 países, con el consentimiento de los gobiernos, en relación a la infancia. La mayor parte de estas soluciones de software han vigilado a millones de menores, recopilando datos personales de todo tipo sin su consentimiento o el de sus familiares.

La de la privacidad fue y es uno de los problemas principales del uso de las tecnologías durante el confinamiento y el cierre de escuelas generalizado desde marzo de 2020 -un cierre que, en muchos lugares del mundo, solo ahora está empezando a revertirse de manera generalizada-. En España, las administraciones autonómicas dieron, desde el primer momento, el aviso de que había que utilizar las plataformas informáticas que ellas mismas tenían y tienen, puesto que estaba en juego la privacidad de los datos personales de millones de escolares.

En al menos 49 países de todo el mundo, desde Argentina a Reino Unido pasando por Turquía, millones de niñas y niños han sido vigilados por cerca de 150 aplicaciones (EdTech) que fueron aprobadas para su uso educativo durante el confinamiento por sus gobierno. Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘¿Cómo se atreven a espiar mi vida privada? Violaciones de los derechos de los niños por parte de los gobiernos que respaldaron el aprendizaje en línea durante la pandemia de Covid-19‘, realizado en abril de 2020 por Human Rights Watch.

La ONG es tajante: «Este informe es una investigación global de la tecnología educativa (EdTech) respaldada por 49 gobiernos para la educación infantil durante la pandemia. Sobre la base del análisis técnico y de políticas de 164 productos EdTech, Human Rights Watch determina que el respaldo de los gobiernos a la mayoría de estas plataformas de aprendizaje en línea pone en riesgo o viola directamente la privacidad de los niños y otros derechos de los niños, con fines no relacionados con su educación».

Human Rights Watch (HRW) asegura que en la carrea que los gobiernos dieron para intentar solucionar las clases desde casa, pocos fueron los que comprobaron que las aplicaciones informáticas que iban a utilizarse fueran respetuosas con los derechos de la infancia. De hecho, de los 164 productos que se han analizado, 146 «parece» que utilizaban prácticas que podrían poner en riesgo a las y los niños, dado que «contribuían a socavarlos o infringían activamente estos derechos».

Al parecer, la mayor parte de estos productos podía monitorizar la actividad de las y los menores, en muchos casos de forma secreta y sin tener el consentimiento de niñas y niños ni de sus progenitores o tutores legales. «La mayoría de las plataformas de aprendizaje online instalaron tecnologías de seguimiento que seguían a los niños fuera de sus aulas virtuales y a través de internet a lo largo del tiempo», aseguran desde HRW.

A esto se suma el hecho de que buena parte de las plataformas, además, compartían estos datos con terceros. En la mayoría de los casos, dice el informe de la ONG, empresas de publicidad digital (AdTech). Con esta información, dichas empresas pueden conocer aproximadamente las características e intereses de niñas y niños; un conocimiento que puede ser vendido, a su vez, para empresas que busquen acercarse a públicos infantiles. «Human Rights Watch -dice el informe- observó que 146 productos EdTech enviaban directamente o otorgaban acceso a datos personales de niños a 196 empresas de terceros, en su gran mayoría AdTech».

Competencia de las CCAA

El informe de HRW habla de 49 países estudiados. Uno de ellos fue España, aunque no en su totalidad, sino que se puso el foco en las dos autonomías más pobladas: Andalucía y Cataluña. Eso sí, también se realizaron entrevistas en otras ciudades para recabar la opinión de alumnado, familias y profesorado.

Una de las declaraciones que transcribe la ONG en el informe es de un docente madrileño de secundaria que comenta textualmente: «Debido a que España estaba en estado de emergencia, el Ministerio de Educación comunicó [a los profesores] que ya no se requería el consentimiento para la privacidad, o la protección de datos… La privacidad y todo eso ha pasado a un segundo plano por completo, pero lo hemos hecho porque el Ministerio así lo ha dicho».

Fuentes del Ministerio de Educación sostienen que no hubo ninguna comunicación ni directa a cada docente (no está dentro de las atribuciones que entonces tenía el Departamento de Isabel Celaá) ni a la opinión pública. Fueron las comunidades autónomas las que decidieron qué plataformas se utilizaban en cada momento, algo que apunta también el informe al aclarar que en diferentes países (España es uno de ellos), el Gobierno central cedió la competencia en este sentido en las administraciones regionales.

El Ministerio sí desarrolló, defienden fuentes del actual equipo, una web: ‘Aprendo en casa’ que contaba con garantías de seguridad, entre otras cosas, porque no se solicitaba a quien la usara ningún dato. El informe de HRW sostiene que efectivamente cumplía normas de privacidad. Según fuentes de Educación, la web estaba alojada en los servidores del Ministerio y, aunque daba la posibilidad de utilizar las «salas de reuniones» de Google, para hacerlo había que solicitárselo al Intef, entidad que facilitaba una dirección de correo propia para que lo usaran las y los participantes en las reuniones. De esta forma aseguraron la no cesión de datos privados de nadie.

En cualquier caso, las primeras semanas fueron realmente confusas, con comunidades autónomas que prohibieron expresamente el uso de plataformas que no fueran las facilitadas por la propia Administración al tiempo que estas se ponían en tal tensión que hubo serios problemas para utilizarlas. Muchas y muchos acabaron haciendo uso de aplicaciones privadas para poder continuar con las clases.

Pero HRW señala que el problema, en no pocas ocasiones, estaba en que las plataformas de las administraciones públicas también ponían en riesgo la privacidad de quienes las han estado utilizando en este tiempo.

Desde Andalucía aseguran que la plataforma que se puso en marcha, eAndalucia, «no dispone de datos de usuarios: ni datos de alumnado, ni de profesorado, ni de personal de gestión ni de tutores de alumnos/as». Algo similar ocurre en el caso catalán. En su caso utilizaron el portal edu365, del que dicen fuentes de Educación que «es anónimo, público, sin autentificación y con información estática, es decir, sin intercambio de información ni ninguna base de datos, solo muestra información de lectura».

Estas mismas fuentes aseguran haber hecho comprobaciones de las que se confirma que no han recogido datos personales de ningún usuario. Además, insisten, las cuestas de Google Analytics que se utilizan desde edu365 «tienen desactivadas las funciones para anunciantes, es decir, no se recogen datos demográficos, de intereses ni cualquier otro dato sensible» que pudiera venderse a terceros. Aseguran, además, haber intentado tener una reunión con HRW para aclarar la información que se da en el informe pero no ha sido posible.

Publicidad conductual

Este es uno de los riesgos más importantes que denuncia HRW en su informe en relación a los datos que hayan podido ser recopilados por las diferentes compañías tecnológicas. Se trata de publicidad que le aparece al usuario después de haber observado su comportamiento en Internet y haber realizado un perfil de sus intereses y gustos.

Según la ONG, las y los menores son especialmente vulnerables a este tipo de publicidad, especialmente quienes tienen menos de 7 años.

A esto se añade, según denuncia HRW, el hecho de que fueron público cautivo, al menos, durante los cierres de escuelas, y se vieron obligados a utilizar las aplicaciones y plataformas que sus centros educativos (guiados por las administraciones competentes) les obligaron a utilizar para poder seguir las clases a distancia. Elegir entre la privacidad y continuar con las lecciones, determina el informe, es una decisión que chicas y chicos, en realidad, no pudieron tomar.

Según la investigación de la ONG, 199 empresas de terceros recibieron información de las y los usuarios de las plataformas y aplicaciones. Más de los 164 productos tecnológicos que fueron analizados para realizar este informe.

HRW asegura que «estos anuncios están integrados en plataformas digitales personalizadas que desdibujan aún más las distinciones entre contenido orgánico y pago. Al hacerlo, la publicidad conductual aprovecha la incapacidad de los niños para identificar o pensar críticamente sobre la intención persuasiva, manipulándolos potencialmente hacia resultados que pueden no ser lo mejor para ellos».

El informe, en cualquier caso, hace una buena cantidad de recomendaciones a los países, así como a sus administraciones educativas, sean estatales o regionales y a las compañías tecnológicas para que puedan evitar lo máximo posible la recolección de datos de carácter personal de menores, así como de vigilancia del comportamiento que las y los usuarios tienen en la red.

Fuente de la información e imagen: https://www.lamarea.com/2022/06/07/millones-de-menores-en-todo-el-mundo-han-sido-vigilados-por-empresas-tecnologicas-durante-la-pandemia/

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