Page 16 of 28
1 14 15 16 17 18 28

La huelga nacional en Colombia: perspectiva sindical

Por: Daniel Hawkins

Traducido del inglés para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Durante el pasado mes y medio Colombia ha vivido presa de una agitación social y política sin parangón en el último medio siglo. El 28 de abril comenzó una huelga nacional que ha ocupado las calles y avenidas de más de 600 ciudades de todo el país, una agradable aunque inesperada sorpresa para los dirigentes del comité de huelga y que ha pillado totalmente desprevenido al gobierno nacional, que no esperaba el alcance de la misma y su enorme apoyo popular.

Aunque en sus inicios la huelga estaba relacionada con el descontento popular producido por el proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno, también supuso el resurgir de las grandes manifestaciones que inundaron Colombia desde noviembre de 2019 hasta febrero de 2020. Pero más que un reflejo espontáneo de la amplia crisis social instalada en Colombia desde hace décadas, el contexto actual presagia una explosión social mucho más profunda, general y trascendental.

Contexto nacional previo a la huelga

La aparición de la pandemia de covid-19 en Colombia al comienzo de marzo de 2020 fue una bendición para el gobierno. Tras cuatro meses de revuelta popular y las mayores manifestaciones de protesta desde la huelga nacional de 1977, la oportunidad de centrar la atención en un “enemigo común” permitió al presidente Iván Duque reforzar su menguante popularidad y fabricar la imagen de un dirigente fuerte y asertivo.

La pandemia y las políticas puestas en marcha para limitar la actividad social y económica sirvieron para que las protestas ya debilitadas perdieran fuelle sin alcanzar victorias políticas concretas, y para que el presidente y su gobierno se sintieran relativamente a salvo. En realidad, el cierre institucional del país abrió la puerta a un golpe de estilo ejecutivo a la democracia, permitiendo gobernar por decreto durante la mayor parte de 2020 sin que el sistema judicial mostrara disconformidad al respecto, y menos aún un Congreso plagado de parlamentarios procedentes de familias dinásticas envueltos en escándalos de corrupción y otros delitos (Reyes Ramírez, 2017).

A medida que el covid-19 acababa con el ya mermado sistema de salud privatizado, dejando a su paso casi 96.000 muertes a 14 de junio de 2021, las iniciativas del gobierno para mitigar el impacto socioeconómico de un año de políticas destinadas a contener la difusión del covid-19 fueron poco entusiastas, por decir algo. Mientras en gran parte del mundo se ponían en marcha paquetes de ayuda a los ciudadanos afectados por las políticas destinadas a contener la pandemia, en Colombia se decidió la estrategia fracasada de antemano de ofrecer ayuda a un pequeño porcentaje de los hogares más afectados mientras se pretendía proteger a las empresas mediante préstamos controlados y diluidos por el sistema bancario. Mientras los niveles de pobreza se disparaban en todo el país, hasta afectar a 21 millones de personas a inicios de 2021, el sistema de mitigación de la pobreza del gobierno, el Fondo de Solidaridad –con una ayuda de apenas 43 dólares al mes– llegaba solo a 2,6 millones de personas.

Cambio de horizonte para la acción política

A inicios de 2021, según los datos del Departamento Nacional de Estadística, el desempleo general llegó al 15%, estando el juvenil mucho más alto, al 23,9% y el desempleo femenino juvenil por encima del 31% –todo ello en un país en el que el trabajo informal supera el 63%, donde solo el 15% de la mano de obra alcanza el salario mensual mínimo legal, y donde el 48% gana incluso menos (Ortiz-Quevedo, 2021: 45). Al final de 2020, la pobreza monetaria había llegado a afectar al 42% de la población y, según un sondeo a escala nacional, cerca del 66% de los encuestados tuvo dificultades para cubrir los gastos de la familia en junio de ese año, mientras el 74% afirmaba que para mejorar la economía era necesario aumentar los impuestos a los ricos.

La respuesta del gobierno fue dar prioridad a la prudencia fiscal y anteponer los intereses de los acreedores internacionales y las agencias de calificación. Como consecuencia de la reforma fiscal aprobada por el Congreso por vía rápida en el auge de las protestas de 2019, así como de la reforma de 2016, que incrementó el impuesto de valor añadido (IVA) del 16% al 19%, el gobierno apoyó en 2019un proyecto de reforma fiscal que mantenía las exenciones y los beneficios a las grandes empresas y a los ciudadanos más ricos. Al mismo tiempo intentó financiar el coste de la respuesta a la pandemia mediante impuestos indirectos, que recaen desproporcionalmente sobre las clases media y trabajadora.

Pero en esta ocasión los colombianos, tan acostumbrados a soportar las adversidades, dijeron no. El presidente, que confiaba en que dicho proyecto de ley fuera aprobado con relativa facilidad por el Congreso, prometió no ceder frente a la presión pública. Pero desde el acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC Colombia es una sociedad muy diferente y, a pesar de las reticencias gubernamentales a aplicar  dichos acuerdos, la gente ha salido a las calles en masa para mostrar su oposición a las políticas impopulares, con una energía no vista en decenios. Como último recurso para silenciar la resistencia popular, Duque apareció en la televisión nacional la víspera de las protestas, para pedir a los ciudadanos que se quedaran en casa durante la tercera ola de covid-19. Hubo incluso un tribunal que se atrevió a prohibir las manifestaciones debido al daño que pudieran causar a la salud pública, todo ello en vano.

La primera semana de la huelga nacional superó a cualquiera cosa que el país hubiera visto anteriormente: las calles de todas las ciudades estaban animadas con marchas, bailes, conciertos improvisados y expresiones artísticas de masas como gigantescos murales. También surgieron actos esporádicos de saqueo y vandalismo ante la decisión del gobierno de militarizar todas las ciudades grandes y pequeñas en las que las marchas y actividades de protesta habían mostrado fuerza y persistencia. Esta estrategia de contención seguía pautas bien conocidas: excesiva violencia del Estado frente a manifestantes desarmados, y una aparente colusión de la policía con grupos de civiles armados. Según diversos informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo murieron 45 personas relacionadas con las protestas y otros 187 civiles fueron heridos, entre un total de 1.248 víctimas de violencia física, incluyendo agresiones sexuales contra mujeres por parte de miembros de las fuerzas armadas, así como 409 desapariciones forzosas (de las cuales 328 han sido “encontradas”).

Frente a tan severa represión, los manifestantes se atrincheraron y ampliaron sus esferas de influencia, levantando cientos de bloqueos por todo el país que lograron ralentizar el comercio y el transporte. Y a pesar de las tácticas violentas del gobierno, a comienzos de junio más de un 74% de la población seguía apoyando la huelga nacional.

Énfasis en la crisis institucional y política

No solo ha fracasado la respuesta del gobierno en forma de militarización del conflicto sino también sus iniciativas para sofocar el descontento mediante vagas promesas. Las actuales protestas han puesto de manifiesto la futilidad del poder político del presidente y de su gobierno, y la respuesta violenta del Estado es el mejor ejemplo de su debilidad y su crisis de legitimidad (Valencia, 2021: 37). A los pocos días del inicio de las protestas se hizo evidente la magnitud de su fuerza. Las manifestaciones obligaron al presidente a retirar del Congreso la propuesta de reforma fiscal y a aceptar la dimisión del tremendamente impopular ministro de finanzas. También sirvieron para abortar la propuesta de reforma sanitaria en el Congreso y, posteriormente, para forzar la dimisión de la canciller de Colombia, coincidiendo con el aumento de la condena internacional al modo en que el gobierno estaba gestionando la huelga.

La lucha en las calles continuó hasta el 11 de junio, encabezada por la juventud del país y por miles de comunidades marginadas y discriminadas, unidas en su oposición a la clase política y gobernante, pero también aparentemente desconectadas de la gestión institucional del movimiento de protesta de manos del Comité Nacional de Huelga. Este comité está compuesto por 20 miembros, principalmente sindicalistas, y una minoría de representantes de diversas asociaciones de transportistas, estudiantes y de la comunidad LGTBI. No obstante, aunque la preparación y lanzamiento de la huelga nacional del 28 de abril tuvo un tremendo éxito, la heterogeneidad, descentralización territorial y liderazgo de la juventud de los subsecuentes movimientos y actos de protesta han demostrado que la huelga ya no está bajo el control de dicho comité. Además, tras el progreso inicial, las negociaciones con el gobierno se atascaron cuando, justo después de la aprobación de un borrador de acuerdo sobre las garantías para las protestas sociales el 26 de mayo, el gobierno se retractó de dicho acuerdo, exigió el levantamiento inmediato de todos los bloqueos y comunicó que no firmaría ningún acuerdo hasta que hubiera un acuerdo global.

El 8 de junio, ante la intransigencia del gobierno, el comité de huelga abandonó formalmente la mesa de negociación, al encontrarse en una posición insostenible, en la tesitura de aceptar el farol de un gobierno carente de capital político y sin autoridad suficiente para poder convencer a los manifestantes discrepantes de todo el país de que pusieran fin a los bloqueos. Las iniciativas del comité para ampliar su base invitando a nuevas voces a unirse a su asamblea han sido notables pero insuficientes, y activistas de vanguardia en diversas ciudades han declarado que este comité no les representa. Según parece, el problema no son tanto las demandas como quiénes son las personas que les representan y cómo lo hacen. Lo que se ha puesto de manifiesto es la brecha generacional entre los manifestantes, principalmente jóvenes que se enfrentan al desempleo, el trabajo informal y la exclusión, y los líderes sindicales de mayor edad que, aunque se oponen con vehemencia a las políticas estatales regresivas y represivas, forman parte del tejido institucional existente, que ha demostrado ser anacrónico en el momento actual de revuelta social.

Tras casi 45 días de protestas y bloqueos la huelga parece haber llegado a su fin, pero el año que tenemos por delante promete estar pleno de agitación política y social. El gobierno, que había intentado aprovechar la pandemia para impulsar más leyes impopulares, especialmente la reforma de las pensiones y la reforma laboral, ha cambiado de planes. No obstante, el presidente Duque está buscando inútilmente recuperar cierta legitimidad al presentar proyectos tomados directamente de la lista de demandas del comité de huelga, especialmente un subsidio de renta básica para familias golpeadas por la pobreza.

El país está expectante, cada vez más dividido por la polarización política fomentada por la necesidad de crear miedo para vender programas de seguridad. Pero las protestas de 2019 y la huelga más reciente han mostrado claramente que en Colombia, tras los acuerdos de paz de 2016, cuando aumentaron la desigualdad extrema y las deficiencias estructurales, sembrar el miedo no basta para sofocar el deseo y la demanda de políticas más concertadas y cambio institucional.

Bibliografía:

  • Ortiz-Quevedo, CH (2021) ‘Another twist: the greed of the elites in the pandemic’ [en español], Pensar la Resistencia: Mayo del 2021 en Cali y Colombia, Documentos Especiales CIDSE 6.
  • Reyes Ramírez, E. (2017) ‘Corruption and the Colombian state’, [en español], Dictamen Libre, 21.
  • Valencia, AG (2021)¿Qué está pasando en Colombia? Power, legitimacy and the social crisis’ [en español], Pensar la Resistencia. Mayo del 2021 en Cali y Colombia. Documentos Especiales CIDSE 6.

Daniel Hawkins es coordinador regional para la construcción sindical de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) en América Latina y el Caribe.

Fuente: https://rebelion.org/la-huelga-nacional-en-colombia-perspectiva-sindical/

Fuente original: https://socialistproject.ca/2021/07/national-strike-in-colombia-trade-union-perspective/#more

Comparte este contenido:

Las rebeliones espontáneas contra el nuevo orden mundial

Por: Rubén Alexis Hernández

La actual pandemia por COVID-19 y sus terribles consecuencias sociales y económicas en el mundo entero, han acelerado la construcción del nuevo orden planetario corporocrático-totalitario-excluyente, y, como era de esperarse, impulsaron masivas protestas callejeras en diversos rincones del orbe. Estas protestas, que ocurrieron o están ocurriendo en naciones como Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador, México, España, Francia, Alemania, Bélgica, Líbano e Israel, se han caracterizado en la mayoría de los casos, por su espontaneidad, en el sentido que han sido estallidos populares o insurrecciones en busca de cambios profundos-estructurales, sin la presencia de vanguardias y por tanto sin la participación directa ni indirecta de los partidos políticos, por ejemplo.

Dicha espontaneidad explica en buena medida como numerosas rebeliones en curso mantienen su fuerza, contundencia y carácter masivos, suficientes para al menos asustar a los poderosos de momento. En cambio la intervención o infiltración de los partidos políticos y de otros grupos u organizaciones que de una u otra manera forman parte del Statu Quo, sería negativa y liquidaría las insurrecciones o las transformaría en movimientos inofensivos para los Gobiernos y las élites. Y es que las fulanas vanguardias a lo largo de la historia no han jugado nunca para el equipo de los de abajo, y solo han aparentado estar interesadas por las necesidades de las masas, para obtener beneficios particulares y para evitar que el malestar social se salga de control (muro de contención) y ponga en peligro la estabilidad de los Estados y del orden institucional proelitesco.

Respecto a los partidos políticos, se evidencia una mayor pérdida de prestigio social en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, en parte por los manejos gubernamentales erróneos y perversos de esta crisis; los mensajes de sus dirigentes, aún de los de “izquierda”, apenas son bien recibidos por un puñado de la población de cada país, mientras que todas aquellas personas involucradas en las protestas antisistema, aborrecen a más no poder la típica demagogia y el populismo de individuos a los que ha importado un comino el bienestar de la mayoría, cada vez más empobrecida y hundida en la desesperanza. En realidad los miembros de los partidos no son más que “intermediarios” entre la ciudadanía común y los Estados, y han desempeñado un claro papel en favor de los intereses estatales y de las élites. En consecuencia está claro que las actuales rebeliones contra el nuevo orden mundial en ciernes, serán genuinas y útiles en contra de la opresión del neoliberalismo global, siempre que no intervengan elementos contrarios a las necesidades de los de abajo, como las organizaciones políticas.

Sólo los ciudadanos de a pie de todo el orbe, los más perjudicados por las consecuencias derivadas de la pandemia y de la crisis económica prolongada, podrían revertir el nuevo orden mundial criminal, luchando de forma espontánea, pero organizada y contundente, contra los poderes económico, político, militar y religioso, y así generar las condiciones para el surgimiento de un mundo justo, solidario, incluyente, equilibrado, armónico y verdaderamente humano.

Fuente: https://rebelion.org/las-rebeliones-espontaneas-contra-el-nuevo-orden-mundial/

Comparte este contenido:

¿La pandemia de hoy o el capitalismo de siempre?

Por: Laura Álvarez Huwiler 

Nuevo libro: «Geografías del conflicto». Compilado por Daiana Melón y Mariana Relli Ugartamendía, aborda desde la pandemia al modelo agropecuario, de los humedales a la crisis habitacional, la crisis civilizatoria y las construcciones de alternativas populares. Material de libre descarga, compartimos uno de los quince capítulos.

“En esta confluencia de crisis sociales y ecológicas, ya no podemos permitirnos ser poco imaginativos; no podemos permitirnos soslayar el pensamiento utópico. Estas crisis son demasiado serias y las posibilidades demasiado avasallantes como para ser resueltas con las formas tradicionales de pensamiento, que son justamente las productoras de estas crisis”, escribía Murray Bookchin en 1972, sin haber vivido la actual crisis sanitaria desatada por el virus Covid-19. Quizás no imaginó específicamente esta pandemia, pero sí previó, como otras y otros ecologistas, las brutales consecuencias de un accionar cada vez más avasallante y destructor que como sociedad estamos teniendo sobre la naturaleza.

El 2020 ha sido, hasta ahora, aunque con diferencias dependiendo el lugar, un año trágico para la humanidad entera: colapsos de los sistemas de salud, muertes, encierro y la consecuente pérdida de socialización para personas adultas y jóvenes, una crisis económica mundial sólo comparable con la crisis del treinta, con sus correlatos de mayor desigualdad, desocupación y pobreza, por mencionar sólo algunas de las consecuencias más inmediatas de esta pandemia.

Según la propia Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, “entre 70 y 100 millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza extrema; 265 millones de personas más podrían enfrentar una grave escasez de alimentos a fines de este año, y se estima que se han perdido 400 millones de puestos de trabajo, por supuesto, afectando de manera desproporcionada a las mujeres” [1].

A pesar de los diferentes análisis que pueden encontrarse sobre el origen y desarrollo de la pandemia del coronavirus, gran parte de los científicos y las científicas, incluso los de la “ciencia hegemónica”, coinciden en que es innegable la relación causal entre esta pandemia y los problemas causados por la destrucción de la biodiversidad [2]. Y esta destrucción de la biodiversidad existe gracias a una forma particular que cobra la escisión entre la sociedad y la naturaleza en el sistema capitalista. La sociedad capitalista no solo reproduce una objetivación de la naturaleza previa a este sistema, sino que además la mercantiliza, es decir, la convierte en recurso económico, elegantemente denominado como “recurso natural”.

Hoy más que nunca, debido a las visibles consecuencias de la actual pandemia, debemos cuestionar esta conversión de la naturaleza en recurso económico, como lo viene haciendo el movimiento socioambiental en las luchas en defensa de los bienes comunes. Pero esta mercantilización de la naturaleza, sin embargo, no es un hecho aislado, sino que es parte de la maquinaria irracional de producir, vender y consumir que en este sistema tiene como fin principal la generación de la rentabilidad capitalista.

Como parte de esta maquinaria irracional, por un lado, los gobiernos, los grandes laboratorios y las universidades vienen persiguiendo, desesperadamente, la vacuna contra esta enfermedad. Aunque, “si este tipo de pandemias echa raíces en las tramas de la producción capitalista, ¿cómo puede una vacuna ser la solución que todos esperamos?”, se pregunta Rob Wallace, investigador en la Universidad de Minnesotta [3].

Por otro lado, en simultáneo, los gobiernos buscan una solución inmediata que revierta la crisis económica que estamos atravesando, como la desesperada búsqueda de inversiones por las cuales los Estados capitalistas compiten, promocionando actividades rentables para las grandes empresas del mundo. Entre estas actividades se encuentran las causantes de un cambio ambiental global, es decir, las responsables de estas pandemias. Y, además, son causantes del cambio climático que ya está generando tantos o más desastres que el propio coronavirus, con sequías, deforestación e inundaciones, por mencionar sólo algunos de sus efectos.

Por lo tanto, cualquier salida que busquemos para terminar con las pandemias, deberá generar cambios profundos en la forma de producción, y, a su vez, debemos discutir quién decide qué y para qué producimos como sociedad. Tendremos que cuestionar si lo define la rentabilidad capitalista o las necesidades de las poblaciones. Pero, además, deberemos reflexionar sobre cuáles son las necesidades de la población, porque en el capitalismo no solo las cosas se fetichizan, sino también nuestras necesidades. Éstas, digamos, adquieren vida propia. Así, por ejemplo, se naturaliza la necesidad de producir por producir y consumir por consumir, transformando a “crecer o morir” o a “comprar o morir” en máximas de la sociedad actual, tal como decía Bookchin (1972).

Para terminar con este mundo de pandemias, entonces, no basta pensar cómo haremos para abastecer todas nuestras necesidades, sino que también debemos cuestionarnos acerca de nuestras propias necesidades.

Sin embargo, sólo podrán impulsar un cuestionamiento de este tipo sujetos libres para elegir sus necesidades, no para elegir ofertas en tiendas de supermercado; sujetos libres para modificar una forma de producción generadora de pandemias y, antes que nada, para modificar la finalidad de esa producción.

Pero lejos de una búsqueda de soluciones profundas, se nos presentan cotidianamente propuestas de salidas falsas a este problema, sean mágicas o simplemente superficiales, como lo son las que impulsan bonos verdes, energías limpias, explotación de la naturaleza en manos de empresas estatales, entre otras.

Una solución profunda no puede reducirse a una discusión de quiénes y cuánto tienen que pagar por destruir la naturaleza, desforestar, verter líquidos contaminantes o agrotóxicos en ríos. Es decir, esta solución no puede limitarse a impulsar políticas que busquen que los precios incorporen el costo de las “externalidades”.

En otras palabras, no se trata de plantear impuestos, propuesta histórica neoliberal, aunque ahora se vista con camisas progresistas. Su ya vieja y conocida proclama de “el que contamina paga” significa determinar un precio para la destrucción de la naturaleza y de nuestros cuerpos. De todos modos, incluso introduciéndonos en la lógica de los profetas de los impuestos verdes y sus amigos desarrollistas, surge el interrogante de cómo calcularían, a la luz de la situación actual, es decir, de una crisis económica y social sin precedentes, los “costos” en cuestión.

Tampoco puede restringirse la solución a una propuesta de “energías más limpias” llevadas adelante por una sociedad irracional, que las transformará en nuevos mercados para el capital. Las propuestas mágicas de un “capitalismo verde” no pueden ser la consigna de quienes busquen una solución real a este mundo de pandemias. Porque aquella irracionalidad, así como la objetivación de la naturaleza y del trabajo humano en tanto recursos para la rentabilidad, son inseparables de la esencia del sistema capitalista en el que vivimos.

Mucho menos puede reducirse a una discusión sobre si la explotación y destrucción de la naturaleza debería hacerse de forma privada –sea ésta con capitales nacionales o extranjeros–, estatal o mixta. Es decir, no importa quién destruye la biodiversidad, sino la destrucción misma. Así como no importa si quien explota a las trabajadoras es un capitalista bueno o malo, si nació en la Patagonia o en Alemania. La destrucción de la naturaleza y la explotación del trabajo humano no saben de banderas.

Por último, sobre todo no encontraremos la solución cuestionando el mal -o sub-desarrollo- que padecemos, ilusionándonos con un mejor o mayor desarrollo. Una ecología crítica no puede someterse a la promoción de un desarrollo sin más, sino que debe desnaturalizar la necesidad de ser una sociedad más y más productiva, es decir, desfetichizar la necesidad de producir de forma eficiente como objetivo en sí mismo, porque la “productividad” así como las “necesidades humanas” no pueden desprenderse del contexto social en el que surgen.

La productividad -o eficiencia- en el capitalismo se nos impone como imperativo, como meta para alcanzar un desarrollo que la sociedad ya no se cuestiona. Y la productividad en el sistema actual implica, en un país como Argentina, la necesidad de producir más commodities para exportar o para atraer inversiones extranjeras. Y, entonces, por ejemplo, para que la minería tenga una producción eficiente, sea más productiva y, por lo tanto, genere más divisas, tendrá que dinamitar montañas y utilizar grandes cantidades de agua y energía, contaminar ríos, es decir, generar “externalidades”, o sea, destruir la naturaleza [4].

Tampoco la agroindustria podría ser más productiva en este mundo dominado por la competencia y la rentabilidad capitalista dejando de utilizar agrotóxicos que generan, entre otras consecuencias, contaminación en los suelos y en los cuerpos de las personas, es decir, otras “externalidades” [5]. Por lo tanto, la búsqueda de una mayor productividad en este mundo gobernado por la rentabilidad capitalista, solo puede traducirse en más despojo y destrucción de la naturaleza. Pero no necesariamente porque todos los empresarios o los gobiernos estén ansiosos por contaminarnos, sino porque esta es la manera de hacerlo en un mundo irracional gobernado por la rentabilidad.

Por lo tanto, en lugar de ilusionarnos con regresar a esa “normalidad” que causó esta pandemia mundial, deberíamos detenernos a observar que cuando la máquina de producir, comprar y consumir se frenó como resultado de la cuarentena, se produjo una caída sin precedentes de la emisión de dióxido de carbono (CO2), una de las principales causantes del cambio climático. Por un momento, la naturaleza respiró, vimos más pájaros y más estrellas. Pero solo por un momento. Porque nuestros gobiernos no están frenando la maquinaria para pensar si podemos como humanidad producir de otra manera, para repensar nuestras necesidades reales y para que pensemos en cómo usar esa capacidad de enfrentar, dominar y destruir a la naturaleza, en reconstruir creativamente una nueva forma de reconciliarnos con ella.

Pero no hay tiempo para estas reflexiones, porque tenemos que pagar la deuda, salir de la crisis, buscar inversores, exportar, destruir montañas, contaminar aguas, incendiar bosques, destruir humedales para producir soja, impulsar proyectos de criaderos industriales de cerdos a gran escala, aunque puedan generar nuevas zoonosis y más. Eso nos dicen los gobiernos y eso es lo que están haciendo para buscar una “reactivación económica”. Es decir, volver a una, y quizás más fuerte, “normalidad” a la cual, como decía una pared de Hong Kong, no podemos retornar porque la normalidad era precisamente el problema.

Pero mientras empresarios y gobiernos buscan nuevos negocios pandémicos, en nuestra contradictoria sociedad se generan voces críticas, etiquetadas por los de arriba como “antidesarrollistas” o incluso “ecoterroristas”. Voces algunas sueltas y otras organizadas en asambleas, que se atreven a cuestionar los “bellos” discursos desarrollistas; que comenzaron a defender lo que quizás aún no identificaban como “bien común”, porque éstos eran sólo “el bosque”, “el cielo”, “el río”, “el agua”; y hubieran seguido existiendo como tales si una empresa o el Estado no hubieran dicho “¡esto es mío, lo voy a destruir para hacer dinero!”.

Sólo a partir de ese momento, aquello que era parte de un “entorno natural”, esas montañas, esos ríos, esos bosques, ese cielo y esa agua, empiezan a transformarse en un proceso de defender lo común.

La idea de “bienes comunes” se opone entonces a la de “recursos naturales”, en tanto representación de la mercantilización de la naturaleza.

Pero no debe enfrentarse para generar una nueva objetivación de la naturaleza, es decir, en tanto lista de “objetos naturales, pero ahora comunes” como algo preexistente a las luchas socioambientales, sino, justamente, para desfetichizar esa objetivación de la relación de dominación, para ir destruyendo aquella relación de dominación como modo predominante de relacionarnos con la naturaleza.

En sus proclamas “contra el saqueo y la contaminación”, esas voces que se multiplican buscan discutir la necesidad de más desarrollo capitalista y defender su derecho a la autodeterminación, porque para solucionar los problemas de raíz, esas voces saben que debemos construir relaciones diferentes, tanto entre seres humanos como con la naturaleza.

Cuestionar la relación de dominación de la humanidad sobre la naturaleza se va aunando así con una lucha contra la propia dominación de una parte de la humanidad por otra. Dominación que, como la maquinaria de necesitar, producir, consumir y comprar, no nos es impuesta desde afuera, sino que la hacemos funcionar a diario como sociedad.

Por ello, no es casualidad que estas voces busquen el modo asambleario como otra forma de hacer política no jerárquica, como otro modo de tomar decisiones, aunque no sin contradicciones, no sin frustraciones, no sin tropiezos, no sin vicios propios “heredados” de una sociedad capitalista, por lo tanto, irracional, patriarcal y jerárquica. Ninguna forma asamblearia, ni defensa ecologista en este mundo puede desprenderse del todo, como las necesidades sociales, del mundo en el que nacen. Pero, ahora, la búsqueda de una sociedad verdaderamente libre, no jerárquica y racional, que pueda definir sus necesidades, se hace sumamente imprescindible. Porque sabemos las y los ecologistas críticos que, si la sociedad actual continúa con este proceso de destrucción de la biodiversidad, es muy probable que, lejos de dominar completamente a la naturaleza como pretendería la soberbia humana, ésta sea incapaz de sustentarnos como especie.

**Link para descargar el libro.

Referencias bibliográficas

Álvarez Huwiler, L. (2017). Minería, dinamismo y despojo. RELACSO, 10.

Bookchin, M. [1999, (1972)]. La ecología de la libertad. Madrid: Nossa y Jara Editores.

Schmidt, M. y Toledo López, V. (2018). Agronegocio, impactos ambientales y conflictos por el uso de agroquímicos en el norte argentino. Revista Kavilando, 10 (1), 162-179.

Notas

[1] Noticias ONU, “La recuperación de la crisis económica debida al Covid-19, a debate en la ONU”, 8/9/2020.

[2] Puede leerse en el informe elaborado por 22 especialistas en el tema, convocados por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. https://ipbes.net/pandemics, 2020.

[3] El Salto, “Rob Wallace: Las vacunas pueden ayudar, pero hay que intervenir para que la Covid-19 no sea seguida de la Covid-20, Covid-21, etc.”, 16/11/2020.

[4] Para más información sobre las características que asumió la nueva forma de

producción minera a gran escala, puede leerse Álvarez Huwiler (2017).

[5] Para más información sobre las características del agronegocio y sus consecuencias ambientales y en la salud de la población, véase Schmidt, M., y Toledo López, V. (2018).

Laura Álvarez Huwiler. Investigadora del Centro de Investigación en Economía y Sociedad de la Argentina Contemporánea (UNQ) y Profesora en la UNAJ. Correo electrónico: lauralvhu@gmail.com

Fuente: https://rebelion.org/la-pandemia-de-hoy-o-el-capitalismo-de-siempre/

Fuente original: https://agenciatierraviva.com.ar/la-pandemia-de-hoy-o-el-capitalismo-de-siempre/

Comparte este contenido:

Acceso abierto excluye a científicos del mundo en desarrollo

Autora: Luisa Massarani

La publicación en acceso abierto está excluyendo a muchos investigadores del mundo en desarrollo debido a que los complejos sistemas de exención de tasas (pago para publicar artículos) no cumplen su cometido.

El modelo de pago por publicar artículos, que permite que los lectores puedan leer gratuitamente las investigaciones cobrando a los autores por publicar su trabajo, ha sido promovido por los financiadores como una manera de dar acceso a más personas a las investigaciones científicas.

El Plan S de la Unión Europea exige que los resultados de una investigación financiada con fondos públicos se publiquen en revistas de acceso abierto o repositorios abiertos. La prestigiosa editorial científica Nature anunció recientemente que se unía al movimiento.

Sin embargo, para muchos investigadores del mundo en desarrollo, que no tienen una subvención o una institución que cubra las tasas, el sistema de acceso abierto puede dejarlos fuera de las revistas académicas de primer nivel.

Bonaventure Tetanye Ekoe, decano honorario de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Yaoundé I en Camerún, dice que el modelo de acceso abierto significa una doble penalidad para los investigadores africanos.

“La primera vez se les penaliza porque no hay dinero para financiar su investigación. La segunda, porque incluso cuando consiguen hacer su investigación, se les pide que paguen para publicar un artículo”, precisa a SciDev.Net.

“Eso significa que, como no publican, perecerán”, añade.

El costo por publicar un artículo puede ser varias veces superior al salario de un investigador. Por ejemplo, el costo inicial de presentar un artículo a Nature para su evaluación editorial bajo el Modelo de Acceso Abierto Guiado es de  2690 dólares mientras que el salario de un investigador asistente de doctorado en Camerún se estima en poco más de 350.

En las revistas PLoS, las tarifas comienzan en  800 sólares aproximadamente y pueden alcanzar los 4000, mientras que de The Lancet cobra 5000 dólares para procesar un artículo.

Agrandar la brecha

Mohamed Hashem, director del Centro Nacional de Investigación de Egipto, cree que la imposición de tasas a los investigadores para publicar sus trabajos aumentará la búsqueda de otras revistas menos prestigiosas en las cuales publicar, en especial por parte de los investigadores de países de ingresos bajos y medianos, “y aumentará el tamaño de la brecha en publicación científica entre los países desarrollados y en desarrollo”.

Señala que aunque las instituciones de investigación de la región de Oriente Medio y Norte de África suelen ofrecer recompensas por la publicación científica, que compensa la mayor parte de las tasas de publicación.

“En Egipto tenemos en cuenta varios criterios para determinar el valor de la recompensa, entre ellos el valor de la revista, la importancia de la investigación y el valor de los resultados concluidos en la investigación”, indica.

Halima Benbouza, directora del Centro Nacional de Investigación en Biotecnología de Argelia, también cree que las tasas de publicación afectarán en gran medida a los investigadores de la región, especialmente por la escasa financiación asignada para cubrir costos de publicación.

“En Argelia, la Dirección General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico financia los costos de publicación en las revistas científicas, incluyendo Nature, y lo fomenta, pero si no se dispone de fondos suficientes, ello inevitablemente afectará la presencia del trabajo de los investigadores de nuestra región en las revistas científicas de alta indexación”, dice Benbouza.

Y añade: “Los investigadores de nuestros países en desarrollo suelen tener dificultades cuando deben decidir entre publicar en revistas de prestigio que cobran tasas exorbitantes, o publicar en buenas revistas con pocas o ningún costo, pero con una larga espera para obtener respuestas, que retrasan la publicación”.

Debilidad en las exenciones

Aunque muchas revistas tienen un sistema de exenciones para investigadores de los países en desarrollo, a menudo se subutiliza porque no se le conoce bien, señalan los investigadores.

En 2020, 36 por ciento de autores que publicaron en Science Advances —publicada por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, en inglés)— recibieron exenciones totales o parciales en las tasas para procesamiento de artículos (TPA), según Bill Moran, editor de la familia de revistas Science.

La cartera de Nature, que incluye la revista Nature, también tiene un sistema de exención.

“Springer Nature publica casi 600 revistas que están en acceso abierto completamente y tienen políticas de excepción y descuento TPA para autores con necesidad financiera”, indica Jessica Monaghan, directora de política y desempeño del equipo de acceso abierto de la empresa.

“Solo el año pasado renunciamos a más de 13,5 millones de euros (US$ 16,3 millones) por concepto de TPA”, asegura Monaghan.

Sin embargo, los científicos del mundo en desarrollo no siempre logran conseguir la exención.

Pedro Lagerblad, investigador de la enfermedad de Chagas en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, por ejemplo, tuvo dos artículos aceptados por la revista Frontiers of Physiology y recibió una factura de 2950 dólares por cada artículo. Solicitó la exención pero solo obtuvo 50 por ciento.

“En bioquímica, la mayoría de revistas cobran tasas, pero en Brasil los fondos para la ciencia se redujeron sustancialmente”, comenta a SciDev.Net.

Andrea Powell, directora de divulgación y coordinadora de publicaciones de la ONG Research4Life, dice que el sistema de exención se ve obstaculizado por la burocracia interna y la falta de apoyo a los investigadores por parte de sus instituciones.

“No es que las editoriales deliberadamente hagan que el proceso de solicitud sea difícil de entender, pero no siempre aprecian cómo funciona el sistema desde el punto de vista del usuario final”, señaló a SciDev.Net.

Según Powell, otro problema es la falta de claridad acerca de cómo trabajar el sistema de exención.

“La mayoría de las editoriales tienen buenas políticas de exención, pero no siempre están claramente explicadas o son coherentes, por lo que los investigadores muchas veces terminan pagando las TPA de su propio bolsillo”, subraya.

“En última instancia, el resultado es que los académicos en muchos países de ingresos bajos y medios no presentan sus trabajos a las revistas de acceso abierto porque [al no hacerlo] se pueden evitar la cuestión de tener que pagar una tarifa para publicar”, complementa.

Necesidad de repensar un modelo de negocio

Según Germana Barata, experta en acceso abierto de la Universidad Estatal de Campinas y secretaria de la Asociación Brasileña de Editores Científicos, algunas editoriales ganan por partida doble: primero, cobrando a los autores por la publicación y después nuevamente cuando las bibliotecas y universidades pagan la suscripción completa en modelos híbridos.

“Además, los autores pierden su propiedad sobre el contenido que se produce en el proceso”, dice a SciDev.Net.

Seguramente, las editoriales pagan a sus editores y editores asociados, pero, aun así es un negocio lucrativo”, agrega.

“Todos esperábamos que los costos de publicación bajaran cuando las publicaciones de investigación se pusieran en línea, pues los costos de impresión son realmente altos, pero eso no ha ocurrido», explica Barata.

Detalla que que «aparecieron otros costos, como el formateo y los DOI (identificadores de objetos digitales), y también se suman los costos de traducción y revisión”.

Y, en el caso de las editoriales comerciales, todavía hay que dejar un margen de ganancias.

Según un informe de 2018 de la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos, el mercado de las publicaciones científicas tiene ingresos por más de US$ 25.000 millones. Algunas de las editoriales más importantes tienen una importante participación en este mercado.

Barata recuerda que la comunidad internacional de investigación ha impulsado el debate por décadas, pero el verdadero cambio solo comenzará a ocurrir cuando los financistas e instituciones se unan al mismo.

Fuente: https://rebelion.org/acceso-abierto-excluye-a-cientificos-del-mundo-en-desarrollo/

Comparte este contenido:

Los pilares del capitalismo (1ª parte)

Por: Manuel Nb


Menos mal que los tenemos. Son los defensores de la libertad de expresión y sin ellos no tendríamos democracia. Nos lo han repetido tantas veces que hoy esta idea forma parte de nuestra cultura y nuestras creencias modernas. Los de la pequeña pantalla lo llenan todo. Y están tan instalados en la infinita autocomplacencia que se les llena la boca, sacan pecho y levitan en su asiento cada vez que nos recuerdan su papel. Pero si alguien se atreve a ponerlos en cuestión, es posible que se corte el micro y se ponga punto final a la entrevista para que solo podamos oír el sermón pontificio del periodista sobre su «profesionalidad e independencia».

La cámara se les sube a la cabeza y sufren fantasías. Se creen los buscadores de la verdad, los destinados a mantenernos bien informados. Sin embargo, su principal logro consiste en que todo aquello que nos gustaría conocer sobre la trama de intereses que hay a sus espaldas ―alrededor de los cuatro individuos que tienen la propiedad de las cadenas y alrededor de los fondos de inversión, la banca y las grandes empresas que son accionistas, financian o sostienen las cadenas con pagos por publicidad― se desvanezca como el humo y permanezca ausente, invisible. Aquí hay más arte que en un gremio de trileros. ¿Acaso no existen esos intereses? ¿Nada tras las cortinas que desvirtúe la democracia y que debería conocer el gran público? Algunos ejercen de primeros espadas en favor del capital. Otros disimulan y ponen carita de progresista o se especializan en programas chistosos sobre la corrupción, la ineptitud o el tufo franquista de algunos políticos a los que eligen como objeto de chanza. Pero todos son intolerantes a hablar de la mano que les da de comer: ninguno se atreve con el tabú nº 1, la propiedad de los medios, porque perdería su puesto de trabajo de manera fulminante.

No tenemos la soberanía sobre los grandes medios de comunicación. No nos representan. No están a nuestro servicio. La cadena pública debería ser de todos, pero sus relatores se quitan y ponen según el partido de turno que alcanza el poder. El resto de los grandes medios pertenece a un puñado de individuos que, a pesar de ser pocos y caber en el reservado de un restaurante, acumulan un enorme capital, lo que les otorga legitimidad para erigirse como amos y señores de los medios. Y con ello compran el derecho a contratar y pagar el sueldo a cientos de periodistas y tertulianos que ―por muy independientes que estos se crean en sus fantasías― serán despedidos si se portan mal o estarán bien alimentados y colocados en horario de máxima audiencia si se portan bien: son los elegidos por el capital, los destinados a tener los rostros más conocidos y las voces más escuchadas, los sumos sacerdotes de nuestro tiempo. Bonito reparto. Fijémonos en la belleza y en la profundidad de las palabras con las que ellos mismos se refieren a este asunto: lo llaman libertad y pluralidad, ¡el pilar de la democracia! ¿No es para caer de rodillas y llorar de emoción? Pero yo no veo pluralidad ni democracia ni libertad. Lo que veo en este reparto es cómo se establece el primer fundamento del capitalismo: un puñado de individuos adquiere ―gracias a su dinero― una enorme ventaja sobre el resto de la población para difundir sus propias ideas, la ideología de la élite.

Defendemos la libertad de expresión y queremos que ellos, aunque sean pocos, puedan decir lo que quieran, sean cuales sean los intereses que tengan detrás. Ellos también defienden la libertad de expresión a capa y espada: la suya, no la nuestra. Se han apropiado del altavoz más grande y no lo quieren soltar. Es una desigualdad que no debemos tolerar y que debemos corregir de inmediato. Los propietarios de las grandes cadenas y sus periodistas a sueldo, gracias a un poder comprado con dinero, tienen capacidad infinita para montar noticiarios y tertulias ―todos los días, mañana, tarde y noche, y todo cosido a su medida― para hacerse oír ante medio país, pero el pueblo soberano no tiene esa capacidad: es algo que queda fuera del alcance de sindicatos, partidos políticos nuevos, asociaciones de consumidores, pensionistas u otras asociaciones ciudadanas, aunque representen a millones de personas. Con esa ventaja han conseguido que una buena parte de la población confíe en ellos, los crean y vean en la televisión el referente a seguir (“Si lo han dicho en la tele, es cierto”). No ha sido difícil. Está en nuestra naturaleza. Los humanos tendemos a compartir la corriente principal, a asumirla y a mimetizarnos con el grupo para no sentirnos excluidos. Así damos forma a las culturas que nos diferencian por naciones y épocas, aunque esas culturas estén basadas en creencias o grandes falacias: si nos hemos pasado miles de años creyendo que la élite antigua y sus hijos eran los elegidos por los dioses para poseer la tierra y gobernarnos a todos, no es de extrañar que hoy creamos que los miembros de la élite actual y sus herederos, los que acumulan el capital en nuestra cultura moderna, tengan el derecho inviolable a quedarse los grandes medios de comunicación y a eso lo llamemos libertad. En consecuencia, los periodistas elegidos por el capital se creen tan sagrados e intocables que se comportan como los niños pijos y mimados de la tele. Se muestran intolerantes a recibir críticas. Cuando hablas mal de ellos, patalean, se quejan, cogen su altavoz y le dicen a todo el país que esto es un ataque contra la libertad de expresión. Cuando dices que esto no es democracia, se ofenden y te exhiben ante la audiencia como a un bicho raro.

La televisión es su club privado: a ellos siempre se les ve, pero tú no puedes entrar si no es con invitación; y si te invitan, solo estarás en antena los segundos que ellos determinen. Los que no comulgan con el ideario de la élite ―los que protestan, los indeseables para el capital, los que molestan― son apartados del debate; y así, tras una presencia fugaz o ausentes del todo, quedan indefensos y fácilmente son destrozados, linchados por periodistas que siempre están ahí y que actúan al unísono ante la atenta mirada de millones de votantes que creen lo que ven y oyen en el templo sagrado de la televisión. ¿Y tú quieres acabar con la especulación, con los privilegios de la banca, con el oligopolio de los grandes medios de comunicación y con los movimientos de dinero opacos que van y vienen a través de los paraísos fiscales? Prepárate para el patíbulo: son pocos, pero la televisión es suya. Te van a mostrar ante las cámaras y ante todo el país como un indeseable que quiere destruir las libertades de la élite; estás muerto y enterrado.

¿Qué tal si ponemos también el Parlamento a la venta? Vivimos en un «mundo libre» porque el capital goza de libertad para comprar los grandes medios de comunicación.

Ha sido todo un avance: con Franco había un solo amo de la televisión y ahora hay tres o cuatro. Agitamos banderitas y celebramos la fiesta democrática cada vez que hay elecciones y gana uno de los partidos que nos trajeron este regalito. Yo ardo en deseos de favorecer al capital y no quiero dejarlo a medias: propongo ampliar sus libertades para que también pueda comprar la Cámara legislativa. Así, al igual que elige a los periodistas del templo, también podrá elegir a nuestros representantes políticos y tenerlos en nómina. Como los otros, también rebosarán de «profesionalidad e independencia». Pero no nos hace falta llegar a tal extremo porque esta propuesta es un sueño liberal casi cumplido: el capital y los propietarios de los grandes medios ya influyen de manera decisiva, más que ningún otro grupo social, en el resultado de las campañas electorales y en la composición de nuestra Cámara legislativa.

HOMO SAPIENS CREDULUS Así somos Sociedad, pautas de conducta, élites,  política y origen del dinero: Amazon.es: Manuel Nb: Libros

Artículo basado en el libro Homo sapiens credulus, de Manuel Nb.

Fuente e imagen: rebelion.org

Comparte este contenido:

Ángela González: Las lesbianas existimos, aunque no nos quieran ver

Mucha gente no sabe que la lucha por los derechos civiles de las personas LGTB fue iniciada por una lesbiana.


Nueva York, Stonewall Inn, 28 de junio de 1969, Storme DeLarverie, según los testigos y ella misma, dio el primer puñetazo a la policía durante la revuelta de Stonewall. También fue ella quien gritó “¿Por qué no hacéis nada?” mientras se la llevaban esposada y la metían a empujones en un furgón policial. Su grito desencadenó las protestas que hicieron historia.

Sin embargo, apenas se la recuerda o se reconoce su figura dentro del imaginario colectivo LGTB. Recientemente, durante la conmemoración del 50 aniversario de Stonewall, seguía costando encontrar testimonios, documentales o libros que destacaran su papel.

Este “olvido” de una de las pioneras de la lucha por los derechos LGTB no debería extrañarnos, teniendo en cuenta la larga tradición del borrado de las mujeres a lo largo de la historia. Si las mujeres no hemos existido en el arte, en la literatura, en la ciencia, en la historia, las lesbianas todavía menos.

Por ello es importante reconocer la labor que realizan numerosos colectivos, historiadoras, periodistas, editoras, escritoras para recuperar la memoria de las mujeres lesbianas en el pasado. Porque recuperando nuestros referentes, haciéndolas visibles a ellas, nos hacemos visibles nosotras en el momento presente y marcamos el camino para las que vengan. 

Precisamente el libro de Cristina Domenech, “Mujeres que se empotraron hace mucho”, y que pretende recuperar la memoria de las lesbianas en la historia, comienza con una cita de Safo que dice “Alguien, en el futuro, nos recordará”.

Y eso hacemos hoy, 26 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica; las recordamos y las visibilizamos.

A lo largo de la historia las lesbianas hemos sido invisibles y en la actualidad somos invisibilizadas. Las lesbianas existimos, tenemos agenda propia y exigimos nuestro espacio dentro del movimiento LGTB y del movimiento feminista ya que hemos formado parte de ambos durante mucho tiempo. En este sentido, cabe recordar el papel del feminismo lésbico a finales de los años 70, una corriente teórica dentro del feminismo radical, que nace precisamente de la insatisfacción de las lesbianas con la segunda ola feminista y con el movimiento de liberación homosexual.

En España, las lesbianas estuvieron presentes en la lucha por la democracia desde la clandestinidad, en el movimiento de liberación homosexual, en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos en los años 80, con la ley de despenalización del aborto de 1985, en la erradicación de la violencia contra las mujeres en 2004 y en la conquista del matrimonio igualitario en 2005 y en el proyecto de Ley de Igualdad de trato y no discriminación que no llegó a ver la luz.

Siempre ha existido la doble militancia con el movimiento feminista, como mujeres que sufren opresión, y con el movimiento LGTB por la conquista de los derechos civiles. 

No obstante, en la última década dentro del movimiento LGTB, se ha hecho más latente que las agendas se bifurcan debido a varios motivos: en primer lugar, por la consecución de los principales logros de la agenda común (matrimonio igualitario, derecho a adoptar, entre otros), en segundo lugar, por las posibles contradicciones en determinadas demandas de las agendas de ambos movimientos y, en tercer lugar, por el auge del movimiento feminista en los últimos años a nivel internacional, que ha vuelto a  resituar el foco de muchas de sus prioridades.

Lo que sí es necesario dejar claro en un día como hoy es que las mujeres lesbianas tenemos nuestra propia agenda. Siempre la hemos tenido, y muchas de nuestras reivindicaciones siguen ahí: Las lesbianas seguimos sin tener acceso a los tratamientos de reproducción asistida en la Sanidad Pública en todas las Comunidades Autónomas, y cuando lo tenemos hay una lista de espera tan larga que la mayoría opta por ir a clínicas privadas. Por ejemplo, el método ROPA (cada vez más demandado entre parejas de mujeres) solo es accesible a través de la sanidad privada. Por otro lado, cuando decidimos formar una familia, las lesbianas tenemos que adoptar a los hijos e hijas nacidos de la relación de pareja si no estamos casadas. No ocurre lo mismo con las parejas formadas por personas de distinto sexo.

Además, como minoría entre las mujeres y en el movimiento LGTB, carecemos en gran medida de protocolos ginecológicos y de prevención de las ETS adaptados a la realidad de las relaciones lésbicas. También es necesario que la realidad sexual de las mujeres lesbianas tenga un mayor espacio en la educación afectivo-sexual.

Las lesbianas hemos practicado la doble militancia debido a nuestra doble discriminación; por pertenecer al sexo femenino y por nuestra orientación sexual.

Esta doble discriminación se debe a que las lesbianas no cumplimos el mandato que el patriarcado nos exige, por lo que la misoginia hacia nosotras es feroz. Sufrimos lesbofobia de diversas formas; cuando se nos acusa de ser “marimachos” negando nuestra identidad como mujeres o asegurando que somos menos mujeres por romper los estereotipos de género e incumplir los cánones de feminidad construidos por el heteropatriarcado. Somos víctimas de acoso sexual por parte de hombres cuando vamos de la mano por la calle con nuestras parejas y también son víctimas de lesbofobia los hijos e hijas de parejas lesbianas cuando dicen que tienen dos mamás.

Además, la invisibilidad de las lesbianas y el hecho de que les cueste más salir del armario, tal y como afirma el “Informe de delitos de odio e incidentes discriminatorios al colectivo LGTBI” de 2018 elaborado por la FELGTB, dificulta que éstas interpongan denuncias o pidan información ante delitos de odio. De ahí que sean necesarios estudios específicos sobre la realidad de las lesbianas dentro del movimiento LGTB y campañas de visibilización.

Hasta hace poco también éramos prácticamente invisibilizadas en los medios de comunicación y en la cultura de masas. Cada vez es más frecuente encontrarse lesbianas en el cine y en la televisión, especialmente en series para todos los públicos. Por desgracia las lesbi-tragedias o bollo-dramas siguen estando presentes en un alto porcentaje de los guiones. (Acuérdense de Los Hombres de Paco) Y no, tampoco somos como The L Word, ni pretendemos serlo. 

En un día como hoy, tampoco podemos olvidar que ser lesbiana está perseguido en muchos lugares del mundo. En 68 de los 193 estados miembros de la ONU existen leyes que criminalizan los actos sexuales entre personas del mismo sexo; en muchos de ellos las lesbianas son sometidas a violaciones correctivas. Muchas de ellas acaban siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Sí, las lesbianas somos minoría en ambos movimientos, pero no queremos ser una minoría mediática, política y social. Por esta razón, desde el año 2008, el 26 de abril se conmemora el día de la visibilidad lésbica, para vindicar una sociedad igualitaria en derechos y oportunidades para las lesbianas, condenar el machismo que sustenta la lesbofobia y potenciar nuestra visibilidad. 

Pero, además de todo ello, en este momento, nuestros derechos, como mujeres y como lesbianas corren grave peligro ante el auge de la ultraderecha: las mujeres lesbianas somos el blanco perfecto para el discurso del odio, porque somos mujeres y porque amamos a otras mujeres. Somos lo más transgresor y opuesto a su modelo de sociedad tradicional y conservadora.

Este año, nuestra visibilidad tiene que hacerse ver en las calles, en las redes, en los medios, en nuestro entorno familiar y social pero, sobre todo, en las urnas. Para combatir todo contra lo que hemos luchado: el machismo y la LGTBfobia, más concretamente la lesbofobia.

Porque las lesbianas existimos. Y estamos aquí para que nadie nos arrebate nuestra libertad a amar y para seguir vindicando nuestros derechos. Para que nadie nos devuelva a la clandestinidad de Stonewall.

Fuente: https://rebelion.org/las-lesbianas-existimos-aunque-no-nos-quieran-ver/

Comparte este contenido:

La era del control mental

Por: Raúl Allain*

Las tecnologías de la información y comunicación están llevando a la sociedad humana a un nuevo paradigma de convivencia, donde lo virtual cada día gana terreno en todas las actividades cotidianas, pasando por la ciencia, la política, el comercio electrónico, la teleeducación y todos los sistemas de persuasión de masas nunca antes vistos.

Tal como lo he venido sosteniendo en mis artículos, hoy en día es de carácter público que las investigaciones científicas predominantemente se encuentran enfocadas en el estudio del cerebro y de la mente humana –y, por ende, del comportamiento de los individuos.

Pero hay secretas intenciones. Los medios han informado que la multinacional IBM viene realizando experimentos en neurociencia (bastantes cuestionados, por cierto) usando nuevas tecnologías como la implantación de nanobots cerebrales en pacientes.

En el ensayo: “Proyecto Cerebro Humano: ¿Existen experimentos secretos con humanos en Latinoamérica?” (https://tinyurl.com/y8tby3vd), David Salinas  Flores – catedrático invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos– alerta sobre este problema, dando la voz de alarma acerca de la experimentación humana forzada e ilícita existente.

El investigador señala que existen evidencias de que existiría una red de experimentación ilegal con personas que el Proyecto Cerebro Humano (HBP) ha organizado en asociación con algunos gobiernos corruptos de Latinoamérica y con la participación y encubrimiento de cierta prensa.

Esta red estaría desarrollando una forzada y secreta experimentación humana neurocientífica con implantes y nanobots cerebrales, con los que se estaría obteniendo la fuente real de información del mapa del cerebro humano, a costa de la salud y violando la intimidad de los latinoamericanos.

“La larga lista de experimentos médicos ilícitos y gobiernos corruptos en Latinoamérica que los han permitido oficialmente, obliga a los médicos a estar alerta, investigar y denunciar posibles experimentos neurocientíficos inhumanos que se estén realizando en el Proyecto Cerebro Humano”, señala Salinas.

El Proyecto Cerebro Humano (HBP por sus siglas en inglés) es un proyecto médico-científico y tecnológico financiado por la Unión Europea y dirigido por Henry Makram, cuyo objetivo es reproducir artificialmente las características del cerebro humano, supuestamente con fines médicos.

Esto no es ciencia ficción. Es un hecho que estas corporaciones, presuntamente aliadas con gobiernos corruptos de Latinoamérica, están realizando experimentos ilícitos con humanos para desarrollar el chip neuromórfico True North en hospitales infantiles de México, con miras a crear el primer cerebro artificial, todo ello financiado con más de mil millones de dólares.

En este escenario, el Perú –país donde reina la corrupción e incluso ya se sabe que existen mafias de traficantes de órganos–, tengo razones de fuerza mayor para sospechar que nuestro país en un futuro cercano podría convertirse en una “granja humana” para ensayos tecnológicos de alto riesgo.

Muy cerca de nuestro territorio, en el vecino país de Ecuador, existe otro Silicon Valley denominado “Yachay”, donde IBM estaría haciendo experimentación con comunidades rurales, utilizando como término de fachada las “TIC” (iniciales de tecnología de informática y comunicación), con la finalidad de lograr la interconectividad humana electrónica, y posiblemente implantar la esclavitud digital.

Como ya lo he afirmado en mis ensayos sobre las tentativas de control mental y corporal, podemos afirmar que el Proyecto Cerebro Humano es un nuevo rostro del Proyecto MK Ultra iniciado en la década del cincuenta, y que ahora se está sofisticando mediante neurotecnología invasiva como implantes cerebrales o nanorobots en países pobres.

Es de suma importancia para la humanidad analizar las consecuencias jurídicas, éticas, políticas, ecológicas y económicas del control mental-corporal mediante uso de ondas hertzianas, lo cual significa el mayor crimen en la historia contra las poblaciones del planeta y debe ser detenida.

La principal consecuencia derivada de la conducción y manipulación de frecuencias electromagnéticas es el calentamiento global. Pero además, las ondas hertzianas están invadiendo nuestro subconsciente y repercuten en nuestro modo de vida.

La operación “antenaje” (así la denominé) doblega al hombre y la superficie terrestre también se pervierte, originando un incremento acelerado de la temperatura media global, que muchos llaman “efecto invernadero”. Esta siniestra conjunción corrompe al individuo y a su ecosistema, trastorna la realidad y su desarrollo sociohistórico, generándose la disminución de la esperanza de vida.

Ante esta situación, cabe preguntarnos sobre cómo pueden ejercer su derecho a denunciar este acoso las personas que se sienten amenazadas o vulneradas. ¿En qué instancias podrían efectuarlo? ¿Con qué medios probatorios? ¿Bajo qué legislación o norma del Código Penal?

Existe una falencia de gran dimensión histórica de un Derecho Humano Público en relación con el control mental-corporal, pero que indefectiblemente se torna cada vez más necesario conceptualizar. En España, ante casos de persecución mental, las víctimas de acoso electrónico citan mi artículo “Maquinaciones electromagnéticas: violación de los derechos humanos y la esfera privada” como un documento sustentatorio y referencial (www.viatec.es).

Esperemos que pronto en nuestro país y en el mundo se debata y promulgue la legislación para salvaguardar el derecho de las personas a no convertirse en víctimas de la doblegación electromagnética.

Raúl Allain. Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y director de Editorial Río Negro.

Fuente e imagen: rebelion

Comparte este contenido:
Page 16 of 28
1 14 15 16 17 18 28