Author: Raúl Zibechi

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Romper el cerco, navegando el mundo

Raúl Zibechi

Los llamados gobiernos progresistas en nuestra región siguen teniendo múltiples impactos negativos contra los movimientos populares y los pueblos en movimiento. Así como salimos de las dictaduras más fuertes y mejor organizados, de los períodos progresistas salimos divididos y debilitados, por una doble pinza de aislamiento y represión.

Nos aíslan desplegando políticas sociales miserables y nos siguen reprimiendo con la misma o mayor saña que antes. El aspecto clave, el núcleo que permite tanto el aislamiento como la represión, es la legitimidad que tienen estos gobiernos, y con ellos el aparato estatal, que les permite hacer casi cualquier disparate sin sufrir costos políticos serios.

Se presentan como anti-neoliberales aunque siguen adelante con el extractivismo, la minería y las grandes obras de infraestructura. Enarbolan un discurso contra la derecha pero gobiernan con los mismos modos y objetivos, o sea la acumulación desenfrenada de capital. En gran medida, su legitimidad se debe a ciertos caudillos que abrevan en la cultura patriarcal-colonial que formateó nuestras repúblicas.

Adquirieron semejante legitimidad porque, luego de décadas de dolor y sangre, la gente necesita creer, con la misma devoción de quien va misa, con actitudes que no admiten discusión porque son verdades que los caudillos bajan del cielo para consumo de masas.

Tienen algo a favor los progresismos, que nunca tuvieron las derechas: incorporaron funcionarios en puestos de mando que provienen de los movimientos o de sus periferias, que conocen muy bien la cultura de la contestación, los modos de las y los militantes y, por lo tanto, nuestros puntos débiles. El poder los utiliza para destruirnos y luego los bota en el basurero de la historia, como diría Marx.

Quienes vendieron su conciencia por un puñado de dólares y un cuarto de hora de poder y brillo mediático, deberían mirar el destino de los cuadros del PT de Brasil, quienes terminaron en el anonimato y purgan condenas, despreciados tanto por los de arriba como por los de abajo. La operación se repite, una y otra vez, en Argentina y en Ecuador, donde buena parte de esos cuadros terminaron siendo olvidados incluso por quienes los subieron a la grupa.

Para quienes persistimos en el anticapitalismo, estos gobiernos son una pesadilla. Pero, sobre todo, son el mayor peligro que se cierne sobre las clases populares, los pueblos originarios y negros. En el Cono Sur, no hemos encontrado salidas a esta situación, y el retorno de las derechas al gobierno nos ha encontrado enormemente debilitados y, sobre todo, sin proyecto propio.

Por todo lo anterior, creo que la iniciativa del EZLN delineada en el comunicado del 5 de octubre “Una montaña en alta mar”, marca un rumbo importante: el hermanamiento de resistencias y rebeldías más allá de las fronteras nacionales, de montañas y de mares.

El camino trazado consiste en caminar/navegar para “encontrar lo que nos hace iguales”, las resistencias de cualquier geografía que son “pistas de una humanidad que se niega a seguir al sistema en su apresurado paso al colapso”, como dice el comunicado.

“Rebeldías y resistencias que entienden, cada quien con su modo, su tiempo y su geografía, que las soluciones no están en la fe en los gobiernos nacionales, que no se gestan protegidas por fronteras ni visten banderas y lenguas distintas”. Reconocernos, mirarnos, acercarnos y seguir caminando juntos, un ejercicio que en plena pandemia es más necesario que nunca.

Fieles a su trayectoria y a su modo de ver el mundo, los zapatistas buscan abrir espacios de encuentro entre las y los que luchan, en vez de construir aparatos burocráticos que enarbolan la “unidad” como núcleo del proceso emancipatorio que, en la realidad, se convierte en nuevos modos de dominación al imponer al conjunto del mundo anti-capitalista una dirección única y centralizada, que manda sin obedecer a las bases.

Ese tipo de aparatos, como los partidos y las iglesias, encarnan los modos patriarcales y coloniales de hacer política, que se limitan a cambiar al que está arriba pero deja intacto el modelo, sus formas de hacer y hasta sus objetivos.

Abrir nuevos espacios y lugares de encuentro entre quienes resistimos, busca superar el aislamiento y el confinamiento a que nos quieren someter los poderosos para mejor continuar con sus negocios. Sabemos que con eso no alcanza, pero es un paso ineludible para romper el cerco político, militar e informático del progresismo mexicano y regional.

Como en el poema “Viaje a Itaca” de Konstantino Kavafis, deseamos que “el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias”. Porque lo importante no es dónde lleguemos sino el camino mismo, los encuentros y los hermanamientos entre abajos en lucha.

Fuente: https://desinformemonos.org/romper-el-cerco-navegando-el-mundo/

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Argentina: Cuatro décadas de tomas de tierras

Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi

Las tomas organizadas de tierras urbanas o periurbanas comenzaron bajo la dictadura militar, como respuesta a la ofensiva para expulsar a las familias villeras de Buenas Aires, para abrir amplios terrenos céntricos a la especulación. El sacerdote Raúl Berardo, impulsor de las primeras tomas, me relató al calor del levantamiento de diciembre de 2001, cómo fue aquel proceso.

Las primeras tomas de tierras se produjeron en Quilmes y Almirante Brown, entre setiembre y noviembre de 1981, dando origen a la formación de seis barrios: La Paz, Santa Rosa de Lima, Santa Lucía, El Tala, San Martín y Monte de los Curas. En esas tomas participaron unas 4.500 familias y 20.000 personas, ocupando un espacio de 211 hectáreas. «En ese momento le llamamos ‘asentamientos’, como recuerdo del pueblo judío que saliendo de la esclavitud del faraón, se ‘asentaron’ en el desierto al cruzar el Mar Rojo, para luego marchar a la Tierra Prometida», sostuvo el padre Berardo en una larga conversación en su casa en el invierno de 2002.

A diferencia de lo que sucedía en las villas, estas ocupaciones son masivas, organizadas y planificadas, se buscan terrenos fiscales y se suele ocupar de noche para disminuir la intensidad del conflicto y resistir mejor la presión y la represión. Cada familia se asienta en un lote, se realiza el trazado de las calles (dándole continuidad al trazado urbano) y se dejan libres los espacios para el equipamiento comunitario.

Esta forma de lucha pudo consolidarse no sólo por el trabajo previo, sino también por el momento en que se lanzaron las ocupaciones. En 1981 el régimen militar estaba en retirada y debilitado, cuestionado internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos y contestado también en el país por las Madres de Plaza de Mayo, que contaban cada vez con mayor apoyo popular. La represión ya no se manifestaba con la brutalidad de años atrás, los espacios para la acción colectiva eran mayores.

Antes de llegar a la ocupación, se realizaban talleres de debate y formación, se hablaba de la “tierra prometida”, en el mismo sentido que lo hacían en ese momento las comunidades de base en Brasil (donde se realizaban las primeras ocupaciones de lo que más tarde sería el movimiento sin tierra, impulsadas por la Pastoral de la Tierra), en las que participó Berardo meses antes de llegar al conurbano.

En el invierno de 1981 el régimen prohibió la Marcha del Hambre convocada por las comunidades de base y la CGT de Quilmes (donde sectores críticos eran mayoritarios), registró un dramático empeoramiento de las condiciones de vida de los más pobres. El obispo Novak expresó que toda la zona era “una verdadera ciudad sitiada por el hambre”, como recoge el libro Las tomas de tierras en el sur del Gran Buenos Aires, de Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal.

El cerco policial, el hostigamiento, las enfermedades, en suma, los enormes sufrimientos, los convierten por un tiempo en una “comunidad de destino”, fuertemente cohesionada en un momento en el que no había ningún dispositivo de cooptación por parte del Estado ni de los partidos políticos, perseguidos por la dictadura.

Los vecinos estuvieron sitiados por militares y policías unos seis meses. Vivían en carpas y no se les permitía acarrear agua, comida. El cerco policial se levantó cuando terminó la guerra de Malvinas y eso llevó a que el barrio se bautizara como 2 de abril, día en que se convocó una asamblea de las quinientas familias para definir el nombre.

Ese primer asentamiento de miles de personas, en plena dictadura militar, tuvo un profundo impacto en los sectores populares. Esta acción masiva fue pronto imitada y se extendió en forma explosiva. Militantes sociales de La Matanza, por ejemplo, llevaron a los ocupantes de Quilmes para que relataran sus experiencias y facilitaran la organización.

Ya en 1990, menos de una década después, había en todo el conurbano 109 asentamientos, habitados por unas 173.000 personas, de los cuales el 71% estaban en el conurbano Sur.

A partir de esta apretada síntesis, quisiera hacer algunas consideraciones vinculando aquellas tomas iniciales con la oleada actual.

1.- La dictadura había expulsado violentamente a los habitantes de las villas de la Capital Federal hacia el conurbano, para facilitar el control estratégico de los sectores populares, dispersarlos y romper sus redes de sobrevivencia. Los sectores dominantes intentaron modificar una relación de fuerzas que les resultaba desfavorable, como quedó demostrado en las luchas sociales desde el 17 de octubre de 1945.

En la actualidad, esa acción de dispersión y control la hacen, a dos manos, el mercado y el Estado. El primero encareciendo el precio del suelo, acaparando espacios para barrios privados y especulando con la tierra. El Estado tiene dos manos: con una reprime, amenaza, desparece, viola y violenta. Con la otra ofrece planes sociales que “ablandan” a los más pobres, los disuaden de organizarse para otra cosa que no sea depender de esos planes (y de los punteros que los gestionan) y busca cooptar todo lo organizado que no controla. Con respecto a la dictadura, la “democracia“ está mostrando mucha más eficiencia y la misma indiferencia respecto a la vida.

2.- Por lo menos en la diócesis de Quilmes, desde 1976 los sectores populares encontraron posibilidades de organizarse. La forma fue la comunidad eclesial de base (CEB). La primera comunidad la creó el sacerdote Berardo, de la parroquia de San Juan Bautista, en San Francisco Solano, en octubre de 1976; en menos de un año ya eran 20 las comunidades y en 1980 llegaban a 60. Eran pequeños grupos de entre 10 y 30 personas, tenían un coordinador elegido por la asamblea, se reunían semanalmente en la parroquia o en casas particulares.

Las organizaciones actualmente existentes, me refiero a la inmensa mayoría de las territoriales, son mucho menos democráticas que las CEBs (aunque quien esto escribe no comulga, ni va a misa). Me refiero a que lazos como la confianza mutua y la camaradería, han descendido varios peldaños en el mundo de las organizaciones populares.

3.- La necesidad es la misma que en la década de 1980. Un informe del Registro Nacional de Barrios Populares, asegura que existen 4.416 “barrios populares” en los que viven cuatro millones de personas, casi el 10% de la población, que han sido mapeados hasta diciembre de 2016. La mitad están en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo el epicentro de las tomas, pero la modalidad se ha extendido a todo el país.

Lo que ha cambiado, aunque no nos guste reconocerlo, es la cultura política y la experiencia vivida por los sectores populares. En cuatro décadas pasaron por la dictadura y la democracia, por gobiernos peronistas, progresistas, radicales y de la derecha. Siguen en el mismo lugar, aunque cada vez más lejos del centro de la ciudad, como lo demuestra la toma de Guernica. En el primer cinturón se agotó la tierra disponible, por el aumento de la población y de los barrios privados.

Cada vez hay más planes sociales, que llegan a más gente, como el IFE. Cada vez hay más pobreza estructural. Cada vez hay más extractivismo y más neoliberalismo, más monocultivos y más minería. Por este camino, no hay arreglo.

Las clases medias altas y altas, la derecha y afines, son cada vez más reaccionarias, más antipopulares y están dispuestas a matar para seguir disfrutando la enorme desigualdad que han generado. Ellos saben lo que quieren.

No es un panorama agradable. Pero es necesario mirar la realidad de frente para saber por dónde caminar. Y con quienes.

Fuente: https://zur.uy/cuatro-decadas-de-tomas-de-tierras/

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Nos están matando

Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi

El grito resuena en todo el continente. Se mezcla con el torrente de los ríos, vuela encima de las cordilleras, se interna en los vericuetos de las metrópolis y sigue andando más allá de los poblados. “Nos están matando”, se escucha una y otra vez en la inmensa geografía que va de las calles resistentes de Portland a la villas de Buenos Aires, de las ardientes de Bogotá a las favelas de Rio de Janeiro, pasando por las comunidades de Tila (Chiapas) y del Cauca colombiano. “Nos están matando”.

El brutal asesinato de un abogado en Bogotá, por el delito de violar la cuarentena para comprar alcohol, disparó la rabia contenida de las 55 masacres durante lo que va de 2020, sumadas a la desesperación de semanas de cuarentena, desocupación y hambre. En apenas tres días de revuelta, hubo 11 muertos reconocidos, 72 con heridas de bala y un reguero de balazos disparados por uniformados impunes para contener lo inevitable.

La rabia de jóvenes y jóvenas se llevó alrededor de 70 Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, 47 de ellos quemados y el resto destruidos. No es justicia, que no la habrá, sino rabia, bronca, enojo multiplicado por millones. No la habrá porque los crímenes de los policías pasan a la justicia militar, como sucedió con Dilan Cruz, asesinado en una manifestación pacífica de estudiantes en noviembre pasado.

Qué decir del Cauca, donde este año hubo ya cinco masacres y los paramilitares operan a sus anchas. El 11 de setiembre, Oliverio Conejo Sánchez, coordinador del Programa de Salud del Cabildo Indígena de Totoró, y su hija Emily de 22 años, fueron interceptados en la carretera y asesinados por pertenecer al Consejo Regional Indígena del Cauca, que enarbola el lema “Cuenten con nosotros para la Paz, nunca para la guerra” (https://bit.ly/3kdRI58).

En Chile el Ministerio del Interior informó que entre el 18 de marzo y el 7 de julio Carabineros y la Policía de Investigaciones detuvieron a 51.439 personas, a lo que debe sumarse las detenciones por toque de queda que son otras 43.157. Es casi el doble de todas las detenciones practicadas durante el periodo anterior, comprendido entre el 18 de octubre y el 18 de marzo, que afectaron a 27.432 personas y 2.431 por toque de queda, en plena revuelta con millones de personas en las calles.

Esto indica que aprovechan la pandemia para descerrajar una represión feroz sobre los sectores populares que resisten el modelo neoliberal. La “nueva normalidad” es más represión y violencia que, según los datos de la propia Fiscalía, se verifican mayoritariamente en las zona sur de Santiago, foco de concentración de pobreza, y en la zona centro, escenario de las movilizaciones.

En Argentina la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) viene denunciando una escalada represiva que se ha cobrado alrededor de cien víctimas durante la pandemia, bajo las modalidades de “gatillo fácil”, muertes bajo custodia policial y otras modalidades. Son 6.000 asesinados en “democracia”.

Luego de la asonada policial del 9 de setiembre, cuando los uniformados se manifestaron armas en mano frente a la quinta presidencial y la vivienda del gobernador de Buenos Aires, en una supuesta demanda de aumentos salariales que fue atendida por el gobierno de Alberto Fernández, la represión siguió creciendo en los barrios populares.

El relato de Miguela, pobladora de la villa Ciudad Oculta, que la Policía le mató a su hijo Damián en diciembre de 2019, lo dice todo: “La cosa está muy picante en el barrio, no dejan a la gente ni ir a comprar. El otro día agarraron a unos niños que iban al kiosko, los pararon, los tocaron por todo el cuerpo y les pusieron el arma en la cabeza. Uno de los chicos tenía tres años” (https://bit.ly/35yTr0N).

Un artículo aparecido esta semana en Le Monde Dilomatique, sobre la asonada policial, revela para qué está la policía: “De los 90.000 policías, alrededor de un 75% son suboficiales. Muchos de estos subordinados entienden que el trabajo de sus jefes es “recaudar”; así lo dicen: “un comisario es un recaudador” (https://bit.ly/3ivjSbg). Dicen que la violencia policial se incrementó porque ya no cuentan con los ingresos de la “caja negra”, porque sus negocios los frenó la pandemia. Bronca policial que pagan los pobres.

En Tila el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno denuncian el asesinato de un compañero, “cuando el grupo paramilitar Paz y Justicia junto con personas allegadas al Ayuntamiento municipal, atacaron con armas de grueso calibre a la población de Tila que, por acuerdo de la asamblea general, se dirigía a liberar los bloqueos que estos grupos habían instalado en los accesos a la cabecera del ejido para cercar a nuestro pueblo” (https://bit.ly/2ZDRxIC).

Como señala el periodista Hermann Bellinghausen: “Pueden cambiar los gobiernos, pero la guerra de contrainsurgencia en Chiapas contra los pueblos no termina, y a juzgar por los acontecimientos de los últimos meses en las montañas de los territorios mayas, en 2020 empeoró a una escala hace años no vista” (https://bit.ly/33sAVEM).

Mientras con una mano envían paramilitares contra los pueblos, con la otra, la Cuarta Transformación amenaza centros de derechos humanos, medios de comunicación y organismos civiles que se oponen al Tren Maya y a otros mega proyectos. Sus nombres quedarán grabados a fuego en la memoria popular, al igual que los asesinos de Emiliano Zapata. Los gobiernos duran menos, mucho menos que la memoria de abajo.

“Nos están matando”. Un genocidio recorre todos los rincones de nuestra América. Los pueblos resisten, resistimos. Como sucede en Bogotá, donde el CAI del barrio Suba-La Gaitana fue incendiado y sobre sus ruinas los vecinos crearon una biblioteca popular que bautizaron como “Nuevo Centro Cultural Julieth Ramírez”, el nombre de una joven de 18 años asesinada con disparos de arma de fuego el 9 de septiembre. Luego la policía tapó el rostro de la joven, empezando por sus ojos, todo un símbolo. Más tarde, los vecinos retornaron al lugar y reconstruyeron los daños (https://bit.ly/3hqWquF).

Fuente: https://desinformemonos.org/nos-estan-matando-2/

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Guerra contra el pueblo mapuche

Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi

En los últimos días la ofensiva militarista del Estado de Chile contra el pueblo nación mapuche se ha intensificado con ataques racistas y fascistas a comuneros y comuneras que mantienen una resistencia pacífica en apoyo de las huelgas de hambre, desencadenada por la grave situación del machi Celestino Córdova que se acerca a los 100 días de ayuno.

Los hechos recientes muestran una inflexión profunda que puede resumirse en una escalada de guerra contra el pueblo mapuche. En la noche del 1 al 2 de agosto, civiles armados atacaron a mapuche que ocupaban las municipalidades de Curacautín, Ercilla, Victoria y Traiguén. Se trata de “militantes de la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), organización supremacista blanca de ultraderecha, integrada por latifundistas y empresarios transnacionales, “usurpadores de las tierras mapuche en Wallmapu”, como denuncian 21 organizaciones en un comunicado (https://bit.ly/31Ap1aL).

Las organizaciones denuncian, además, que el cuerpo de Carabineros dejó actuar impunemente a los civiles violentos que golpearon a los mapuche, quemaron sus vehículos y entonaron gritos de odio y racismo, llegando a colaborara con los agresores racistas.

Recordemos que la crisis actual se desencadena con la huelga de hambre de Celestino que reclama se aplique el artículo 169 de la OIT, que permite que cumpla la pena de prisión dictada por la justicia chilena en su comunidad. A la huelga de hambre del machi Celestino se fueron sumando más de 20 presos de las cárceles de Temuco, Angol y Lebu (https://bit.ly/2DAp5zq).

A medida que la salud de los huelguistas se fue deteriorando por más de tres meses de ayuno, varios lof (comunidades) comenzaron a movilizarse, en particular en el triángulo Tirúa-Temuco-Ercilla.

Hacia fines de noviembre el gobierno de Sebastián Piñera decidió dar un giro a la derecha, por su profundo desgaste luego de la revuelta iniciada en octubre de 2019  que continúa activa, sumada al fracaso de la contención de la pandemia de coronavirus y luego de una derrota parlamentaria que permite retirar el 10% de los ahorros en los fondos previsionales. Esto fue posible por la división en su base de apoyo parlamentario.

Este viraje se concretó en el nombramiento de un pinochetista al frente del Ministerio de Interior, Víctor Pérez. Su primera actividad pública consistió en un viaje a Wallmapu, donde hizo un discurso de orden y seguridad y no dejó el menor margen para la negociación. No es ninguna casualidad que luego del viaje del ministro se hayan activado los grupos racistas de ultraderecha. El gobierno de Piñera es muy débil, acosado por la calle y por la derecha, y finalmente dejó de lado cualquier tentación dialoguista para recomponer su base de apoyo incorporando al pinochetismo al gabinete.

El Centro de Investigación Periodística (CIPER) difundió días atrás un informe de Inteligencia de Carabineros, de 2015, que individualiza agricultores que estaban formando grupos de carácter paramilitar, pero no se tomó ninguna medida para detenerlos y frenar el desarrollo de esos agrupamientos (https://bit.ly/2PDy4SG).

Pese a la brutalidad de la represión y a una escalada de terrorismo de Estado, las principales organizaciones reafirmaron su camino histórico: “Estos ataques, más que amedrentarnos, nos reafirman en nuestra lucha por la restitución de nuestros derechos territoriales y políticos, por la autonomía y la autodeterminación para el País Mapuche” (https://bit.ly/31Ap1aL).

El domingo 9, hubo una masiva concentración de diversas comunidades mapuche en la plaza de Curacautín, donde se leyó un documento que reafirma la solidaridad con los presos en huelga de hambre y denuncia a las empresas forestales y multinacionales demandando que “las 3 millones de hectáreas de las forestales sean repartidas para recuperar el territorio mapuche”.

Finalmente, hace un llamado a la organización de los mapuche de la ciudad y el campo para que recuperen la lengua (mapuzugun), la cosmovisión y la forma de ser tradicionales, “porque lo mapuche no es una raza sino una forma de entender la vida de todos los seres y las cosas” (https://bit.ly/2PHpbYA).

Los próximos meses serán muy duros para el pueblo mapuche movilizado, por lo menos hasta las elecciones de congresistas de abril, pasando por el plebiscito del 25 de octubre. La derecha se está aglutinando en torno a la defensa de la Constitución de 1980, de la era de Pinochet. Sin embargo, el pueblo nación mapuche, mucho más allá de la actual ofensiva militarista, va a persistir en sus demandas como lo viene haciendo en los últimos cuatro siglos.

Fuente: https://desinformemonos.org/guerra-contra-el-pueblo-mapuche/

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Mercado Popular de Subsistencia, gambeta a los monopolios

Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi

Una larga hilera de brazos se agitan en el pasillo del Sindicato de Artes Gráficas (SAG), cargando cajas, bolsas y paquetes hacia el camión que las llevará hasta el primer destino, a media mañana del tercer sábado de junio. La velocidad del trasiego contrasta con la serenidad de las sesenta personas que se trabajan trajinando. La primera sorpresa, para quien desconoce este espacio, es el promedio de edad, debajo de los 30 años.

Los alimentos fluyen de mano en mano, desde bolsas de harina de 25 kilos hasta botellas de desinfectantes, paquetones de fideos o frascos con mermeladas caseras. La diversidad de productos es una característica del Mercado Popular de Subsistencia (MPS), que abarca las necesidades del millar de familias que decidieron caminar por fuera de las grandes superficies, atraídas por precios muchísimo más baratos(entre el 30 y el 50 por ciento) y por tomar el control de los productos que consumen.

“Hasta el año pasado eran alrededor de 500 familias pero con la crisis multiplicamos por cuatro el volumen de pedidos”, explica Sebastián Vázquez, uno de los iniciadores de esta experiencia.


Autogestión y solidaridad

El MPS (mps.org.uy) ofrece una “canasta combativa” de alrededor de 300 productos, incluyendo alimento veganos y para celíacos, productos de limpieza e higiene personal, textiles y artículos escolares. La canasta se va ampliando según la demanda de las familias, que al integrar el mercado popular se organizan en un núcleo barrial para realizar sus pedidos.

“El núcleo de Nuevo París somos cinco familias”, desgrana Clara. “Cada familia hace un pedido que se traslada a una planilla del barrio que enviamos a una comisión encargada de las compras”. Después del 10 de cada mes, cada familia deposita el importe de su pedido una cuenta del mercado, que gestiona otra comisión. Los productos llegan los viernes por la tarde y los sábados por la mañana a dos puntos de almacenamiento: el SAG y el Polo Tecnológico e Industrial (PTI) del Cerro.

Cada uno de los 60 núcleos envía una persona a los centros de acopio para separar los productos que corresponden a cada barrio y de allí salen en camiones hasta su destino. Hay núcleos que bordean las cien familias, sobre todo en las zonas centrales de Montevideo, pero ya empiezan a organizarse familias en la Costa de Oro y hasta en Parque del Plata.

“Cada grupo de compra tiene autonomía para decidir cómo hacen el reparto”, explica Clara. En el Club Dryco, en San Martín casi Bulevar Artigas, las familias de la zona de Jacinto Vera, Atahualpa y Goes, esperan el camión que salió minutos antes del SAG. Aquí la mayoría son mujeres jóvenes que apilan mercaderías para 80 familias, en el salón engalanado por un cantina que sería el sueño de coleccionistas de antigüedades.

Lucía lleva tres años en el núcleo de Jacinto Vera, donde se agrupaban unas 20 familias: “Desde que empezó la crisis de coronavirus, crecemos todos los meses y ya llegamos a las 80 familias, por lo que tendremos que dividirnos en dos o tres núcleos para poder manejar tantos productos”.

En el Dryco hacen el recuento para asegurarse que no hay faltantes y luego arman los pedidos de las familias, que pasan por el lugar a recoger lo que han encargado. En total, tres o cuatro horas de trabajo cada mes. El trabajo es siempre voluntario, nadie cobra nada, salvo los fleteros. Por cada 500 pesos de compra, cada familia agrega 15 pesos para el transporte y las bolsas.

El Mercado Popular funciona de modo descentralizado en los barrios y con comisiones federales en las que participan una o dos personas de cada núcleo, en lo posible de forma rotativa: logística, compras, finanzas, comunicación y propaganda, formación e ingresos. La última se encarga de la creación de nuevos núcleos, mientras la de formación organiza charlas y talleres para reflexionar sobre el consumo y, como apunta Clara, “hacernos soberanos sobre qué consumimos y a quienes le compramos”.

Fruto de esas reflexiones, más de la mitad de los productos que integran la canasta proceden de empresas recuperadas por sus trabajadores, cooperativas y emprendimientos autogestionados, colectivos y familiares.

En las etiquetas puede leerse: Cooperativa La Minga (ex trabajadores de BAO) y El Resistente de Malvín Norte, ambas de productos de limpieza; Caorsi, Molinos Santa Rosa, Mi Piace (extrabajadores de La Spezia) y Unidad Cooperaria (ex Cololó) entre las alimenticias. Llama la atención la marca Gigor, que provee buena parte del pan de molde del mercado popular, que funciona en la cárcel de Punta de Rieles gestionada por ex presos en la que trabajan los actuales reclusos.

El vínculo con las pequeñas empresas autogestionadas es una opción política y una seña de identidad del mercado popular. Siempre eligen “trabajo uruguayo” aunque una parte de los productos deban comprarlos a grandes empresas. Casi todas las prendas proceden de la textil Conacotex, una cooperativa que comenzó a funcionar en febrero 2018, integrada por ocho extrabajadoras de la empresa Everfit, en el PTI del Cerro.

Un largo camino

La propuesta del MPS surgió de la Brigada José Artigas, un colectivo de militantes frenteamplistas de base que se formó en 2009 en la zona de la Curva de Maroñas y Bella Italia, “cuando Mujica era candidato y lanzó un llamado para hacer trabajo voluntario”, rememora Sebastián. Empezaron con brigadas los fines de semana en Cabañitas, un asentamiento de la zona.

El desengaño llegó pronto. “Al ritmo que se caminaba, calculamos que se necesitarían 500 años para eliminar la pobreza y tomamos un camino propio en base a los ideales artiguistas, en el sentido de que nada podemos esperar sino de nosotros mismos”. En 2014 instalaron una “bloquera popular” para apoyar a los vecinos que estaban levantando sus viviendas, que podían utilizarla pagando sólo el costo de los materiales.

Con la decadencia de la construcción, tomaron otros rumbos. “Hicimos una encuesta en los barrios donde estaba la Brigada y decidimos armar una canasta básica con los cuatro productos principales: yerba, aceite, harina y fideos”. El MPS se estrenó en enero de 2016 con apenas 60 pedidos. Primer problema: “Como se paga por adelantado tiene que haber un mínimo de confianza. Ese mes nos dimos cuenta que no todos quieren dos kilos de la misma yerba o el mismo aceite y ya en febrero ampliamos la lista”, sigue Sebastián.

En la experiencia de Clara, la cuestión del dinero no resulta problemática porque las familias saben que el pedido les llega una semana después de haber pagado y si surge algún problema el colectivo lo va a resolver. “La cuestión participativa es la más compleja, que la gente se vaya rotando y que no sea una cooperativa de consumo, porque somos una organización social y política que trasciende las compras”.

La estructura del MPS funciona“de abajo hacia arriba”. Cada grupo envía una persona a la reunión federal una vez por mes, donde cada barrio tiene un voto. Además los núcleos se agrupan en cuatro regiones: noreste, sur, oeste y este. “En las regionales discuten la logística de cada sector, los problemas de cada núcleo, o sea los temas territoriales, mientras el federal decide las compras, pero primero se discute en los barrios”.

Uno de los debates en curso gira en torno a la necesidad de trascender a los distribuidores, de yerba o aceite, por ejemplo, ya que las grandes empresas les venden a través de sus distribuidores. “Queremos pelear para que nos vendan directamente, ya que los distribuidores no pueden ya cubrir nuestra demanda”, razona Sebastián.

En los talleres de formación explican cómo se conforman los precios y las vecinas terminan descubriendo que el intermediario se lleva la mayor parte del precio final. Prueba de ellos, es que “entre las diez mayores fortunas del Uruguay hay cuatro vinculadas a la industria y la intermediación de alimentos y que por algo las casas matrices de las grandes superficies son extranjeras”, sigue Sebastián.

 

Más allá de esta crisis

Aunque el nombre del mercado haga hincapié en lo “popular”, la realidad es más compleja. En los hechos, explican Sebastián y Clara, “la gran mayoría de las familias proceden de barrios de clase media, donde predominan profesionales y trabajadores con salario fijo, que pueden planificar la compra mensual y han reflexionado sobre su consumo”.

Reconocen que se trata de un desafío mayor. Para superarlo, se proponen “reconstruir el papel del almacén de barrio, que pueda comprarnos al MPS y le gane no más de un 15 por ciento a los alimentos. Sería una forma de reconstruir las relaciones que estaban tejidas en torno al almacén”.

En este punto, vale recordar el análisis de Immanuel Wallerstein quien, inspirado en el historiador Fernand Braudel, sostenía que lo que define al capitalismo no es el mercado sino los monopolios. “Los monopolios dominan negando la libertad e igualdad en el escenario económico”, apunta.

El verdadero mercado, o la economía de mercado, es un mundo de realidades claras y “transparentes” donde predominan “procesos fáciles de captar”. Los monopolios capitalistas son opacos, porque sus actores se introducen en circuitos y cálculos “que el común de los mortales ignora”.

En los mercados (pensemos en las ferias vecinales o en los mercados campesinos) los beneficios son exiguos y las relaciones consisten en “comunicaciones horizontales” entre productores y compradores. Por el contrario, “los monopolios son asunto de fuerza, de astucia, de inteligencia (…) pero más que nada de poder”*.

El crecimiento del MPS es alentador, tanto en la cantidad de personas involucradas como en la apertura de nuevos frentes, como la cuestión de género. Meses atrás crearon grupo de mujeres y de disidencias sexuales que participaron en la marcha del 8M. Clara ensaya una explicación: “Las encargadas del consumo de los hogares y de organizar la alimentación son las mujeres, y al entrar al Mercado se les impone el desafío de organizarse de otro modo”.

Empiezan a trabajar junto a vecinas que no conocían, descubren la cuestión de los precios y “hacen un clic”. “En los barrios populares está pasando algo interesante: una vecina compra un paquete de 25 kilos, lo fraccionan entre las vecinas y los intercambian por otros productos con las demás familias”. De ese modo, al comprar al por mayor, la diferencia de precios se estira.

Sebastián es más enfático: “El desafío principal es que el Mercado se llene de los más pobres, que se lo apropien, porque son los que más lo necesitan ya que para ellos la crisis es permanente”.

 

* “Braudel y el capitalismo o todo al revés”, en Impensar las ciencias sociales, Siglo XXI, 1998, pp. 227-237.

Fuente e imagen:  https://zur.uy/mercado-popular-de-subsistencia-gambeta-a-los-monopolios/

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En movimiento: La improbable renovación de las izquierdas institucionales

Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi

La oleada de manifestaciones de los últimos domingos en Brasil, exigiendo la salida del presidente Jair Bolsonaro, marcan una nueva etapa para los sectores populares organizados, que están saliendo de un extenso período de defensiva. La configuración social y política de estas movilizaciones muetra cambios profundos en la realidad del país.

Según todos los análisis y descripciones disponibles, las recientes manifestaciones contra el presidente son más numerosas que las de sus defensores, algo realmente inédito ya que Bolsonaro consigue movilizar grupos relativamente pequeños pero muy activos y agresivos. En algunas ciudades como Sao Paulo, el domingo 14 los bolsonaristas apenas consiguieron un centenar de personas en su convocatoria.

La segunda cuestión es que la mayoría de los movilizados en el campo popular contra el racismo  y el fascismo, son jóvenes negros y, como señala un interesante análisis del sociólogo Rudá Ricci, en ciudades como Belo Horizonte asistieron además trabajadores de la limpieza urbana, de pequeños comercios como farmacias y panaderías, y habitantes de la periferia.

“Son jóvenes, salieron a la calle porque salen todos los días. Y continuarán saliendo. Enfrentan a la Policía Militar desde hace tiempo, en sus barrios, en las favelas, en los partidos de fútbol. Conocen esta violencia institucional desde niños”, destaca el sociólogo (https://bit.ly/2C9VI60). Debería agregarse que están saliendo muchas mujeres jóvenes, a la par de los varones.

La tercera cuestión es que las consignas son más radicales, muchas se esbozan por primera vez en las calles, visibilizando la cultura negra y popular de las periferias. La crítica radical al racismo va de la mano de la denuncia al autoritarismo del gobierno Bolsonaro. Atacan lo que consideran como “racismo estructural”, que arranca en la esclavitud y se perpetúa desde hace cinco siglos, y no se resuelve con “cuotas de color” para el ingreso a las universidades.

Enarbolan un antirracismo que es a la vez anticapitalista y, cuando aparecen las mujeres negras, anti-patriarcal. A mi modo de ver, este es un punto central de lo que viene sucediendo en Brasil, que representa un quiebre con el pasado inmediato, cuando el sector activo de la población negra se identificaba con el proyecto de Lula y del Partido de los Trabajadores (PT).

La cuarta cuestión es la decisiva. El sociólogo Ricci, que no es ni radical ni autonomista sino que fue activo militante del PT e investigador en el movimiento sindical, señala: “¿Qué pasa con la izquierda tradicional? ¿Cómo viene actuando?”. Se responde: “Con cobardía extrema. Se trata de una izquierda desconectada del mundo real, enfocada en los valores de la época del lulismo”.

En efecto, en las manifestaciones participaron de forma destacada las hinchadas organizadas de los equipos de fútbol agrupadas en la asociación ANATORG (https://anatorg.com.br) y el grupo Somos Democracia, además del Frente Povo Sem Medo, el MTST (Movimiento de Trabajadores sin Hogar) y el CMP (Central de Movimientos Populares), todos identificables como izquierda radical.

Están irrumpiendo también nuevas organizaciones de abajo, como el Frente de Movilización de la Maré, el mayor complejo de favelas de Rio de Janeiro con 120 mil habitantes en 16 barrios, creado por comunicadores populares jóvenes al comienzo de la pandemia (https://bit.ly/3d5xFC2).

La izquierda institucional desertó de las calles por pequeños cálculos electorales, a la que la población negra organizada denomina “izquierda blanca de clase media”, llegando en algunas ciudades como Belém a llamar a no acompañar las manifestaciones. Una izquierda que se limita a hacer “un juego estético” de peticiones online por whatsap, con poca o ninguna práctica incisiva en el mundo real.

Las dos conclusiones más importantes del breve análisis de Ricci, quien participó en las decisivas jornadas de Junio 2013, abordan tanto el repliegue de esa izquierda como la renovación en marcha. Los cinco partidos de izquierda (PT, PCdoB, PSB, PSOL y PDT), cuentan con una quinta parte de los concejales y alcaldes de Brasil, lo que define como “un ejército político”. De ahí procede su temor y su cobardía, como atestigua la historia mundial de la izquierda, cuando se la traga el juego institucional.

Por eso, la renovación de las izquierda vendrá de abajo y, aunque no hay nada seguro, serán personas y colectivas“más curtidas por la vida, menos clase media, menos blancas y menos masculinas”.

Fuente: https://desinformemonos.org/la-improbable-renovacion-de-las-izquierdas-institucionales/

Imagen: https://pixabay.com/

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Argentina: el milagro de la vida en las periferias urbanas

Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi

 

Lo que aprendimos durante años en la escuelita de educación popular trashumante nos ha nutrido para enfrentar esta situación”, asegura Mari, del barrio 12 de Julio en la periferia de Córdoba. Un barrio ocupado en el que viven 300 familias, que abrieron calles y colocaron la luz y el agua trabajando en colectivo. Funcionan en asamblea, están instalando ollas comunitarias y huertas familiares con apoyo de las vecinas más comprometidas.

La Trashumante, formalmente Universidad Trashumante, surgió en la década de 1990, “en un contexto en el que la gente estaba descreída de los gobiernos y de la política”, explica Mariana. “Salimos a trashumar con el Quirquincho —el autobús con el que hicieron extensas giras— en busca de ese otro país para encontrarnos con el abajo profundo, para aprender otras formas de hacer política”.

Durante años la Trashumante recorrió los pequeños pueblos que apenas figuran en los mapas y son invisibles para la política mediática. “Le llamamos pedagogía intimista, que consiste en escuchar a los grupos locales. Nos encontramos con mucho fatalismo y mucha quietud y ahí nos dimos cuenta de la persistencia del virus de la dictadura militar a través del miedo”.

“La pandemia nos ha mostrado lo que somos capaces de hacer, todo lo que aprendimos durante años de formación lo estamos poniendo en práctica y nos hizo mucho más fuertes”

Piter sostiene que “la primer trashumancia fue salir de un proyecto de extensión en la Universidad de San Luis, migrar de lo institucional a la intemperie, porque dentro de las instituciones estaba todo podrido y el pensamiento critico era muy conformista”.

Agrega algunas palabras a ese concepto de pedagogía intimista: “No salimos a buscar una nueva teoría política racional que explique lo que estaba pasando, sino cómo la gente estaba sintiendo la coyuntura y cómo la estaba resistiendo”.

Mariana explica que durante años se dedicaron a “cavar y rodar abajo”, pero en 2008 dieron un vuelco: militaban en organizaciones integradas por personas de clase media, en general universitarias que ponían sus esperanzas en las instituciones que la Trashumante rechazaba. “Ahí nos decidimos a trabajar en los territorios de los sectores populares, para que ellos mismos dirigieran sus propias organizaciones”.

Crearon un nuevo proyecto: la Escuela de Formación de Educadores de los Territorios Populares o, simplemente, escuelita. Las razones las pone Piter: “La pedagogía de las y los oprimidos estaba siendo capturada por la clase media y la creación de la escuelita tiene que ver con salir del lugar de enseñarle a la gente y empezar a compartir con las compas de los barrios sobre las formas de organización y de educación”. La red tiene tres principios: autonomía, autogestión y horizontalidad que, dice Mariana, “están llenos de contradicciones”.

Varias vecinas del barrio 12 de Julio participan en la escuelita, como Ana que se dedica al área de salud y autocuidado. “Trabajamos con hierbas medicinales y nos articulamos con el dispensario”, se escucha la voz entrecortada por la pésima conexión que tienen con internet.

“Las ollas las hacemos con lo que tiene cada vecino en su casa. Uno aporta una zanahoria, otra un paquete de fideos y la otra una o dos cebollas»

Gabi participa en el área de educación. “Tres veces por semana trabajamos con niños y niñas para ayudarlos en la tarea escolar y también apoyamos en conseguir semillas para las huertas”. Cultivan alimentos como zapallos para las ollas comunitarias y plantas medicinales para tratar las enfermedades crónicas, que se multiplican en la pobreza.

A Mari la conocí hace varios años en la escuelita: “Las ollas las hacemos con lo que tiene cada vecino en su casa. Uno aporta una zanahoria, otra un paquete de fideos y la otra una o dos cebollas. Tenemos algunas donaciones de la iglesia y de amigos profesionales de la Trashumante. Le decimos a la gente que abran más ollas, una por cuadra si se puede, porque del Estado no llega nada”.

El Encuentro de Organizaciones, una corriente inspirada en el movimiento piquetero (desocupados) luego de la insurrección de diciembre de 2001, aporta alimentos fruto de sus movilizaciones para presionar al Estado. “No queremos donaciones de gente que nos pone condiciones, como algunas iglesias que nos traen comida pero quieren que pongamos las banderas de la iglesia”.

En el espacio La Soñada, en el barrio Autódromo, Yaqui que se formó también en la escuelita sostiene que en estos días el principal objetivo de la organización del barrio es estar junto a los niños y las niñas. También formaron una olla comunitaria para alimentar a los abuelos y embazadas. En la escuelita debatieron sobre la centralidad del autocuidado.

“La pandemia nos ha mostrado lo que somos capaces de hacer, todo lo que aprendimos durante años de formación lo estamos poniendo en práctica y nos hizo mucho más fuertes”, siente Mari. Yaqui agrega que en los barrios hay más organización y más capacidad de hacer que antes de la cuarentena: “Aparecen manos solidarias de gente que no conocemos, hay un olorcito a solidaridad”.

Imposible no mencionar la violencia de género. “En el barrio hubo incendios y mujeres lastimadas, pero todo el barrio se unió para darle una mano a esas familias”, cierra Ana. No esperan nada del Estado, ni alimentos ni justicia. “Se nota la necesidad de la gente de estar junta”.

En apretada síntesis, esta es la historia de dignidad de un colectivo de educadores populares que dejaron las aulas para compartir con recicladores de basura y changarines, para hacer posible que los de más abajo dirijan sus organizaciones, sin “jefes” provenientes de las clases medias ilustradas.

*  *  *

“Una niña o un niño pueden pasar toda su vida, hasta que sean ancianos, en espacios autogestionados por las vecinas y los vecinos que son los que llevan adelante estas tareas”, relata con parsimonia el padre Carlos Olivero, de la Villa 21-24 de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires.

En la mayor “villa miseria” de la ciudad, el padre Charly, como lo conocen los vecinos, vive y trabaja en la Parroquia de Caacupé desde 2002. La iglesia fue construida por los vecinos en minga: mientras ellos hacían la mezcla y colocaban los ladrillos, ellas preparaban el almuerzo y sostenían el trabajo comunitario. El nombre se lo pusieron los migrantes paraguayos, por la virgen la más emblemática de su país.

En la villa funciona una red impresionante de hogares, relata Charly: para abuelos, embarazadas y recién nacidos, jardines de infantes, para personas trans, para pacientes de diversas enfermedades como HIV y tuberculosis, para consumidores de drogas y para acompañar a personas privadas de libertad cuando salen de prisión.

Cuentan además con una escuela de oficios donde los jóvenes estudian, unos mil cada cuatrimestre, una escuela primaria y una secundaria. A la hora de enumerar los trabajos en la villa, es imposible no perderse. Charly va sumando espacios y tareas. “El Hogar de Cristo está centrado en el cuidado de los más vulnerables, personas en calle, en consumo, liberados. Tenemos una granja para mujeres con sus hijos y cooperativas para cuando los ex consumidores se reinsertan”.

Visitan a más de 300 personas sometidas al sistema penitenciario, pero con una cualidad que los diferencia otros proyectos: “Los que van a visitarlos son compañeros que estuvieron privados de libertad y por lo tanto saben de qué se trata. Los acompañan para que tengan la seguridad de que cuando salgan en libertad tendrán quién los apoye”.

En contra de la estigmatización de los medios —que no dejan de mentar violencia, drogas y delincuencia— sostiene que “la villa 21 es el mejor barrio de Buenos Aires, por la solidaridad, por el nivel de organización”

Seguimos sumandos: los exploradores son alrededor de 2.500, por el Hogar de Cristo pasan unas mil personas y atienden nueve comedores donde acuden un promedio de 200 personas cada día. “Imposible cuantificar”, se queja Charly con una sonrisa, ante la insistencia.

“Lo importante es que las vecinas y los vecinos son los que llevan adelante todos los espacios. Por eso te digo que una niña o un niño puede pasar toda su vida en espacios autogestionados, desde antes de nacer hasta que son abuelas. La idea es que haya propuestas sólidas para cada grupo del barrio, pero es el barrio el que los cuida”.

El padre Charly asegura que están construyendo algo “diferente del sistema”. Pertenece al movimiento de “curas villeros”, inspirado en el compromiso con los pobres que llevó al padre Carlos Mugica a comprometerse con los habitantes villa 31 (en Retiro, muy cerca del puerto), lo que le costó la vida al ser asesinado por la Triple A en 1974. Los curas villeros sostienen que vienen a las villas a aprender. Por eso Charly asegura que “más que a construir un mundo distinto venimos a conectarnos con lo que ya está, porque nuestro barrio es de inmigrantes, de gente que vino porque no tenía acceso a la salud y al trabajo”

En contra de la estigmatización de los medios —que no dejan de mentar violencia, drogas y delincuencia— sostiene que “la villa 21 es el mejor barrio de Buenos Aires, por la solidaridad, por el nivel de organización”. Durante la pandemia comprobaron la escasa noción que tienen los gobiernos, incluso los progresistas, de lo que sucede en las villas.

“Lo que hace la pandemia es hacer emerger todo lo que no estaba resuelto, la precariedad del trabajo, la falta de agua, la imposibilidad de ahorrar… y ahora emergen todos los problemas juntos”. En la villa no sólo había pobreza y trabajo informal, estaban la tuberculosis, el dengue, el HIV, las personas que viven en la calle y las privadas de libertad.

Cuando aterrizó la pandemia, multiplicaron los comedores, la entrega de alimentos a las familias y pusieron todos sus espacios al servicio del barrio. “Porque los gobiernos quieren ahorrar con la comida y los trámites burocráticos son un desastre al punto que ya nadie quiere venderles”, se indigna Charly.

Trabaja junto a los movimientos sociales del barrio, a los que considera imprescindibles. Con los militantes sociales hicieron un censo de personas vulnerables y de enfermeras e instalaron puestos de vacunación, distribuidos en las 63 hectáreas de la villa 21-24. “Aquí las personas no pueden aislarse porque viven hacinadas, hasta siete duermen en una misma cama”.

Nos recuerda que en el barrio no entran las ambulancias, por “seguridad”. Los protocolos oficiales, por lo tanto, no tienen la menor utilidad en la extrema pobreza. Por eso las organizaciones sociales superaron las diferencias para cuidar al barrio, dice Charly.

“Veo un escenario bastante difícil. En tiempos de guerra aceptamos economía de guerra, pero cuando no haya guerra las necesidades van a explotar. Queremos responder a la urgencia, pero que esa respuesta deje una capacidad instalada en el barrio”. En suma, organización.

El padre Carlos Olivero se despide con una frase casi bíblica, fruto de su experiencia vital: “Con el Estado no alcanza, porque no conoce la realidad de los barrios. Lo que venga tiene que ser con la organización popular. Esto significa que las compañeras y compañeros no ocupen cargos, para que no bajemos los brazos”.

 

Fuente e imagen: https://www.elsaltodiario.com/america-latina/villas-coronavirus-argentina-milagro-vida-periferias-urbanas

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