Author: Raúl Zibechi

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Hasta aquí llegó mi amor

Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi

TENSIÓN ENTRE BOLSONARO Y LOS GENERALES

La semana comenzó con una rotunda derrota del presidente brasileño tras la renuncia de su canciller, el más ultra de sus ministros. Pero el epicentro de la crisis se trasladó enseguida al campo militar.

«El cerco del Congreso, los tribunales superiores, los diplomáticos, los médicos, los enfermeros, los ambientalistas, los economistas, los abogados, los banqueros y los grandes empresarios, generó un grito unánime en Brasilia: ¡Basta! Basta de desgobierno, basta de delirios ideológicos y amenazas golpistas, basta de hundir a Brasil en el escenario internacional», escribió este martes la columnista especializada en asuntos castrenses Eliane Cantanhêde en el diario más conservador del país (O Estado de São Paulo, 30-III-21). Todos los analistas coinciden en que el presidente Jair Bolsonaro intentó subordinar a las Fuerzas Armadas a una iniciativa propia en contra del orden constitucional. Incluso el general Sérgio Etchegoyen, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional en el gobierno de Michel Temer, fue enfático en distanciarse del oficialismo en una entrevista a Radio Gaúcha, este martes, en la que declaró que «las Fuerzas Armadas están maduras y no serán un factor de inestabilidad».

Según la columnista Thais Oyama, «lo que hizo al presidente Bolsonaro pedir la cabeza del comandante del Ejército, Edson Pujol, fue la negativa del general a manifestarse contra la decisión judicial que anuló las condenas del expresidente Lula a principios de mes» (UOL, 30-III-21). El excapitán y actual mandatario exigía, de ese modo, una iniciativa militar similar a la que tuvo el comandante del Ejército Eduardo Villas Boas en 2018, cuando, en vísperas del pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal sobre un habeas corpus que podía haber habilitado a Lula a presentarse a las elecciones, tuiteó que el Ejército «repudiaba la impunidad», en una presión castrense a la Justicia para que vetara al dirigente del Partido de los Trabajadores.

En la ocasión actual, el general Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa hasta este lunes, se negó a seguir el libreto de Bolsonaro y alinear a sus pares, incluido Pujol, detrás de los designios del presidente. El problema, como señala Cantanhêde, es «la manía de Bolsonaro de exigir sometimiento incondicional» a sus ministros y cargos de gobierno, que ahora parece haber encontrado un límite preciso.

RECHAZO MILITAR

Azevedo insiste en su carta de despedida: «Durante este período [al frente de la cartera de Defensa] preservé a las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado». Es un mensaje indirecto a lo que no habría hecho el presidente al querer usarlas para su proyecto político personal. De hecho, en la mañana del martes 30, los tres jefes de las Fuerzas Armadas entregaron su dimisión al nuevo ministro de Defensa, el general Walter Braga Netto. Según afirma O Globo, con base en fuentes castrenses, se trata de un mensaje del alto mando militar de que «no cederá al golpismo» (O Globo, 30-III-21). Para la columnista Cantanhêde, Braga Netto «encuentra el ambiente militar contaminado por la política, dividido y polarizado». Pero la duda mayor, estima, radica en saber si el general (que se desempeñaba hasta ahora como jefe de gabinete de Bolsonaro) asume el cargo «para hacer el juego sucio que su predecesor tuvo la dignidad de rechazar».

Lo cierto es que al presidente la soledad lo llevó a buscar apoyos donde no debía hacerlo. No ha tenido otro camino que aceptar la reforma ministerial que abre aún más las puertas de su gobierno al centrão (formalmente, el centro político del Parlamento, pero, realmente, lo que los brasileños llaman «diputados de alquiler», que se prestan a cualquier alianza con tal de asegurar sus cargos). Dos de los nuevos ministros vienen directamente de ese sector, pero al menos cinco de los seis recambios ministeriales de esta semana forman parte de una necesaria conciliación de un presidente que asumió cargando contra la vieja política, pero que a mitad de su mandato debió rendirse a ella. «La reforma ministerial refleja el debilitamiento político del presidente Bolsonaro, que aumenta la dependencia del centrão y pierde el apoyo militar», estima el analista Kennedy Alencar (Folha de São Paulo, 30-III-21).

Algunos estiman que esta crisis representa el fin del gobierno de Bolsonaro, ya que no podría lidiar con tantos adversarios al mismo tiempo, en particular con los militares. La renuncia simultánea de los tres comandantes no tiene precedentes en Brasil, lo que refleja la profundidad de los desacuerdos. Divergencias que, en rigor, se arrastran desde noviembre, cuando una reunión de los ministros militares con el vicepresidente Hamilton Mourão provocó la ira del presidente.

Enemigo de las cuarentenas generales, Bolsonaro afirmó el 19 de marzo: «Mi Ejército no va a cumplir el lockdown ni por orden del papa». Fue cuando se lo consultó sobre la posibilidad de que la tropa auxiliara a los gobernadores y alcaldes para reforzar las medidas sanitarias de restricción de la movilidad (El País, 30-III-21). Ahora, los uniformados decidieron bajarle el pulgar.

CHINA, EMPRESARIOS Y SOCIEDAD

«A los chinos no les interesa que los países mantengan su libertad, ya que no la tienen allí», espetó hace dos años el canciller Ernesto Araújo en una entrevista para la revista Piauí. Durante su gestión al frente de Itamaraty, mantendría esa retórica anti-Beijing. Pero el ministro más ideológico del gabinete de Bolsonaro debió renunciar el lunes 29 ante la presión del Parlamento y, sobre todo, de representantes del poder económico, lo que muestra los nuevos vientos que soplan en Brasil y en todo el mundo.

Según la edición brasileña de El País de Madrid, Araújo es un «fervoroso anticomunista y trumpista, considerado el mayor responsable de que el país no haya conseguido comprar dosis suficientes para una vacunación en masa que permita vislumbrar un horizonte para una recuperación económica» (El País, 29-III-21). A la crisis causada por el desborde de los hospitales y las salas de urgencia se sumó la pasada semana que diez senadores pidieron su renuncia y que el fin de semana circuló una carta apoyada por 300 diplomáticos de carrera que pedían su dimisión.

Araújo no actuaba como canciller, sino como propagandista, como estiman buena parte de los analistas brasileños. Su rechazo a China llegó al extremo de denominar el coronavirus como «comunavirus», en la misma sintonía con que Donald Trump lo llamaba «virus chino». Dado que China es el principal mercado de las exportaciones de Brasil y su principal socio comercial desde 2013, la ideología de Araújo se convirtió en un obstáculo para la economía brasileña. La presión empresarial resultó ser la más pesada para su sobrevivencia. El 21 de marzo se difundió una carta firmada por más de 1.500 economistas, líderes empresariales y banqueros que señala que es ilusorio imaginar una economía en auge con la pandemia fuera de control. La misiva fue decisiva para la renuncia de Araújo.

La carta exige respeto por la ciencia y una adecuada gestión gubernamental, sugiere un cierre de la actividad no esencial y el paso a una toma de decisiones coordinada «para poner fin al deterioro que está experimentando la nación» (El País, 21-III-21). El punto central del documento es el rechazo al dilema entre el cierre y el mantenimiento de la actividad económica: «De hecho, los datos preliminares sobre muertes y desempeño económico sugieren que los países con el peor desempeño económico tuvieron más muertes por covid-19. La experiencia ha demostrado que incluso los países que inicialmente optaron por evitar el bloqueo terminaron adoptándolo, de diversas formas, ante el agravamiento de la pandemia», señalan –citando el caso de Reino Unido– los líderes empresariales y economistas afines.

Fuente e imagen: https://brecha.com.uy/hasta-aqui-llego-mi-amor/

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La militarización, fase superior del extractivismo

Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi 

La militarización creciente de nuestras sociedades es claro signo otoñal del sistema capitalista patriarcal. El sistema renunció a integrar a las clases populares, ya no aspira siquiera a dialogar con ellas, sino que se limita a vigilarlas y controlarlas. Antes de este periodo militarista, se encerraba a los “descarriados” para corregirlos. Ahora se trata de vigilar a cielo abierto a camadas enteras y mayoritarias de la ­población.

Cuando un sistema necesita militarizar la vida cotidiana para controlar a las mayorías, se puede decir que tiene los días contados. Aunque en realidad esos días habría que medirlos en años o décadas.

Un buen ejemplo es la herencia del régimen de Pinochet en Chile, respecto del papel central de los militares y de la policía militarizada, Carabineros, en el control social. Una de esas herencias es el control de las fuerzas armadas de los excedentes de la empresa estatal de cobre, principal exportación de Chile.

La Ley Reservada del Cobre fue aprobada en la década de 1950, cuando arreciaban las movilizaciones de trabajadores y pobres de la ciudad y del campo. Durante la dictadura militar, esa ley secreta, como su nombre lo indica, fue modificada en siete oportunidades. Recién en 2016, gracias a una filtración del diario digital El Mostrador, se supo que 10 por ciento de las utilidades de la empresa estatal de cobre se traspasan directamente a las fuerzas armadas (https://bit.ly/3tNDa0S).

Recién en 2019 la ley secreta fue derogada (https://bit.ly/2OUAiAJ), cuando las calles de Chile empezaban a arder con una seguidilla de protestas y levantamientos que arrancaron en 2011, con las resistencias estudiantil y del pueblo mapuche, y luego por las feministas.

El daño que el régimen militar infligió a la sociedad puede verse en que más de la mitad de los chilenos no votan, cuando antes votaba la inmensa mayoría; en la tremenda deslegitimación de los partidos políticos y de las instituciones estatales.

No es el único caso, por supuesto. Los militares brasileños jugaron un papel destacado en la prisión de Lula, la destitución de Dilma Rousseff y la elección de Bolsonaro.

En todos los casos, la militarización vulnera el llamado “estado de derecho”, las normas legales que la sociedad ha adoptado, muchas veces sin ser debidamente consultada.

En todos los casos, la militarización contribuye a destruir naciones y sociedades, porque supone entregarle porciones significativas del poder y la gestión a una institución no democrática que, de este modo, queda fuera de cualquier control.

La militarización viene de la mano de la imposición de un modelo de sociedad que hemos llamado extractivismo, un modo de acumulación de capital por el 1% con base en el robo y el despojo de los pueblos, que implica una verdadera dictadura militar en las áreas y regiones donde opera.

El militarismo se subordina a esta lógica de acumulación mediante la violencia, por la sencilla razón de que no se le pueden robar los bienes a los pueblos sin apuntarles con armas.

Militarismo se conjuga con violencia, desapariciones forzadas, feminicidios y violaciones. Por lo demás, siempre propicia el nacimiento de grupos paramilitares, que siempre acompañan las grandes obras extractivas y que si bien se los considera ilegales, como lo demuestran Colombia y México, son entrenados y armados por las fuerzas armadas.

Ahora sabemos que el gran beneficiario del Tren Maya serán las fuerzas armadas, a las que el gobierno de López Obrador le ha concedido todos los tramos, añadiendo que se trata de “un premio” a esa institución (https://bit.ly/39aURjh).

Hay más de una similitud con el caso del cobre en Chile.

La primera es la entrega directa de los beneficios, con lo que cualquier gobierno consigue fidelidad de los uniformados a los que, en realidad, se subordina.

La segunda es el argumento de la “seguridad nacional” que esgrimen los gobiernos. En Chile era la lucha contra el comunismo. En México la frontera sur, con el argumento de la migración y el tráfico.

La tercera es que la militarización es tanto un proyecto como un modo de gobernar. Le siguen los aeropuertos, el orden interno y los más variados aspectos de la vida. Por la fuerza, consiguen trastocar la legalidad a su antojo, como las normativas presupuestales.

Observamos procesos de militarización desde Estados Unidos, Rusia y China, hasta en el conjunto de los países latinoamericanos. Consiste en el control de geografías rurales y urbanas por hombres armados al servicio del capital, para controlar a los pueblos que resisten el despojo.

No se trata de la maldad de un presidente o de un gobierno. Ese extremo no lo pongo en duda, pero no es lo central. Estamos ante un sistema que para estirar su agonía necesita implementar figuras nacidas en el siglo XX, que son los temas de Giorgio Agamben: el estado de excepción como forma de gobierno, la guerra civil legal contra los “no integrables” y el campo de concentración a cielo abierto vigilado por paramilitares.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/26/politica/la-militarizacion-fase-superior-del-extractivismo/

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La gran política y la revolución digital

Raúl Zibechi
Por: Raúl Zibechi
Fuentes: La Jornada

En los «Cuadernos de la cárcel» Antonio Gramsci diferenciaba entre la gran política y la pequeña política. La primera se concentra en las funciones que desempeñan los Estados y en las estructuras económico-sociales. La segunda aborda la política del día, parlamentaria, de corredores, de intriga.

La gran política es necesariamente creativa. La pequeña es conservadora y apenas busca mantener los equilibrios prexistentes. En el mundo actual, la alta política la definen las grandes multinacionales, las fuerzas armadas y sus think tanks estratégicos, y grupos de presión y de poder como el deep State en Estados Unidos.

De la pequeña política se ocupan los gobiernos, en particular los progresistas que no tienen posibilidades de influir en la gran política, ya que no se proponen cambios estructurales y, por tanto, se limitan a cuestiones de maquillaje y estética políticas, sobre todo utilizando los medios de comunicación de masas.

Lo más común es que propongan como gran política cuestiones que no pasan de ser políticas de lo cotidiano, a menudo rescatadas de fracasos anteriores. La represa Belo Monte que promovió el gobierno de Lula en Brasil fracasó casi medio siglo antes por la oposición de los pueblos amazónicos a la obra faraónica que propuso la dictadura militar. El Tren Maya entra en la misma categoría de la política de intriga, que se quiere hacer pasar como obra estratégica.

El desarrollo digital forma parte de la gran política que los gobiernos, en general, tratan con los modos de la pequeña política. Se limitan a bendecirla como si fuera un proceso inevitable en la vida humana, como el nacimiento y la muerte, como el amanecer y el crepúsculo.

Sin embargo, la digitalización es considerada como la tercera revolución antropológica, luego de la creación del lenguaje articulado y la invención de la escritura, como estima el sicoanalista y epistemólogo franco-argentino Miguel Benasayag en La tiranía del algoritmo, aún inédito en castellano.

Miguel es un compañero cuyos análisis son agudos y penetrantes. Pertenece a la generación de 1968, estuvo tres años en las cárceles de la dictadura por pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo y ahora participa en el colectivo francés Malgré tout (A pesar de todo). Sigue comprometido con causas colectivas y se ha focalizado en estudiar las consecuencias de las nuevas tecnologías en la sociedad.

Su libro anterior, El cerebro aumentado, el hombre disminuido (Paidós, 2015), señala que, a diferencia de los inventos anteriores, desde la rueda a los antibióticos, la digitalización no termina de producir un nuevo modo de ser en el mundo para el hombre, sino que aleja al hombre del mundo y su poder de actuar, a pesar de que desencadene un poder muy fuerte en lo tecnológico (p. 116).

Sostiene que la revolución de la digitalización ha llevado a que 95 por ciento del conocimiento que tenemos sobre el mundo sea indirecto. Pero ese conocimiento indirecto no se suma al conocimiento que nace de la experiencia corporal, sino que lo remplaza y lo cancela. Por eso considera la digitalización como violencia, porque niega y suprime la diferencia (y a los diferentes) y las identidades singulares.

La rapidez y la omnipresencia caracterizan la revolución digital, estima Benasayag. En el mundo del algoritmo no existe la alteridad, pero la delegación de las decisiones políticas en los algoritmos suspende el conflicto, lo bloquea y lo inhibe. La negación del conflicto puede producir la barbarie, sostiene en Elogio del conflicto, escrito con su compañera Angélique del Rey (Brueghel, 2018).

La tiranía del algoritmo coloniza la vida, al eliminar la singularidad de los seres y, en consecuencia, suprimir el conflicto. De ese modo nos deja inermes, nos desmaterializa y descorporiza, convertidos apenas en datos binarios inscritos en chips, lo que nos inmoviliza al enrejarnos en lo individual.

Para evadir esta tiranía, sostiene Benasayag, debemos resistir la supresión de la diferencia y del conflicto, algo que parecen estar deseando los gobiernos, en general, y los progresistas en particular. Por eso se engalanan con las prendas de los pueblos originarios y esgrimen sus bastones de mando haciendo creer que todo es lo mismo, que es igual arriba que abajo. Las diferencias y los diferentes son sentidos como amenazas por un sistema incapaz de procesar los conflictos, como hizo la humanidad en su historia.

La pequeña política gubernamental se muestra impotente ante la gran política de las grandes empresas de la información, esas que pueden hasta bloquear y cancelar las cuentas de los presidentes del imperio. Lo peor que podemos hacer es ignorar la potencia de esta tiranía, su capacidad de anular a los seres humanos.

Aún no hemos encontrado los modos de actuar capaces de enfrentar la revolución digital, no para negarla, sino para evitar que destruya la vida. Lo que vamos aprendiendo es que nada puede cambiar si nos limitamos a la pequeña política de palacio.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/03/12/opinion/016a1pol

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Estallidos o levantamientos

Raúl Zibechi

Estallidos o levantamientos

Por Raúl Zibechi

Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que las clases dominantes, a las que el organismo sirve, esperan estallidos sociales en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.

El trabajo Repercusiones sociales de la pandemia, publicado en enero, considera que la historia es una guía que le permite esperar estallidos que ponen de manifiesto fracturas ya existentes en la sociedad: la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencia o corrupción de los gobiernos.

Gracias a sus amplios recursos, el FMI elaboró un índice de malestar social con base en un análisis de millones de artículos de prensa publicados desde 1985 en 130 países, que reflejan 11 mil acontecimientos susceptibles de causar estallidos sociales. Lo que le permite adelantar que sobre mediados de 2022 comenzará una oleada de protestas que se busca prevenir y controlar.

Lo importante es que el organismo dice a los gobiernos y al gran capital que el periodo que se abre en los 14 meses posteriores al inicio de la pandemia, puede ser peligroso para sus intereses y que deben estar preparados, pero agrega que cinco años después los efectos de los estallidos serán residuales y ya no afectarán a la economía.

La ecuación parece clara: las clases dominantes esperan estallidos, se preparan para encararlos y neutralizarlos, porque por un tiempo pueden desestabilizar la dominación.

Un detalle: el estudio ni siquiera menciona los resultados de eventuales elecciones como riesgos para el capital, quizá porque más allá de quien gane, saben que los gobiernos surgidos de las urnas nunca han conseguido mellar el poder del capital.

Los movimientos anticapitalistas debemos tomar buena nota de las previsiones del sistema, para no repetir errores y prevenirnos de acciones que, a la larga, nos desgastan sin producir cambios. Propongo diferenciar estallidos de levantamientos, para mostrar que aquéllos no son convenientes, pero éstos pueden serlo si son fruto de una sólida organización colectiva.

Los estallidos son reacciones casi inmediatas a los agravios, como los crímenes policiales; generan una enorme y furiosa energía social que se desvanece en pocos días. Entre los estallidos, está el sucedido durante tres días de septiembre en Bogotá, ante el asesinato por la policía de un joven abogado con nueve fracturas de cráneo.

La represión causó la muerte de más de 10 manifestantes y 500 heridos, alrededor de 70 por bala. La justa rabia se ubicó en los Centros de Atención Inmediata, sedes policiales en las periferias, 50 de las cuales fueron destruidas o incendiadas. Luego de tres días, la protesta se desvaneció y no quedaron colectivos organizados en los barrios más afectados por la violencia estatal.

Ejemplos de éstos hay muchos, pero me interesa destacar que los estados aprendieron a lidiar con ellos. Sobrexponen la violencia en los medios, crean grupos de estudio sobre las injusticias sociales, mesas de negociación para simular interés y hasta pueden separar a algunos uniformados de sus tareas, enviándolos a otros sitios.

Lo más común es que los gobiernos acepten que hay injusticias, en general, y que atribuyan la violencia de los estallidos a la precariedad del empleo juvenil y otras consecuencias del sistema, sin abordar las causas de fondo.

Levantamiento es algo diferente. Un cuerpo organizado decide su comienzo, traza los objetivos y los modos, los puntos de concentración y de repliegue, y en diálogo colectivo decide el momento en que el levantamiento finaliza. El mejor ejemplo es el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019 en Ecuador. Duró 11 días, fue decidido por las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y se plegaron sindicatos y jóvenes de las periferias urbanas.

La violencia fue acotada por las guardias de las organizaciones, que impidieron saqueos inducidos por policías infiltrados. Se decidió finalizarlo en enormes asambleas en Quito, luego de que el gobierno de Lenín Moreno anuló el paquete de medidas neoliberales que generó la movilización. El parlamento indígena y de los movimientos sociales creado días después, fue el encargado de darle continuidad al movimiento.

Un levantamiento puede reforzar la organización popular. En Chile, donde prefieren decir revuelta y no estallido, se crearon más de 200 asambleas territoriales durante las protestas en casi todos los barrios populares.

La acción colectiva masiva y contundente debe reforzar la organización, porque es lo único que puede darle continuidad en el tiempo largo. Las clases dominantes aprendieron hace ya tiempo a capear los estallidos, porque saben que son efímeros. Si nos organizamos, las cosas pueden cambiar, pero nada lograremos si creemos que el sistema caerá con una sola trompada.

* Periodista, escritor y pensador-activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2021/03/estallidos-o-levantamientos-por-raul-zibechi/

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Las insurrecciones populares no caben en las urnas

Raúl Zibechi

Por: Raúl Zibechi

Aunque los movimientos anti-patriarcales y anti-coloniales han desplegado sus alas en las últimas décadas, los resultados en la cultura política hegemónica aún son muy débiles. Los medios de comunicación no hegemónicos y las izquierdas siguen reflejando, en sus coberturas y discursos, la enorme dificultad para trascender las formas más tradicionales de dominación.

Las recientes elecciones en Ecuador son una prueba de ello. La atención desplegada ante la posibilidad de que Yaku Pérez alcance la presidencia por Pachakutik no se compara con la que obtuvo el levantamiento indígena y popular de octubre de 2019.

Por más que este levantamiento sea un parteaguas en la historia reciente del país andino, las miradas vuelven una y otra vez hacia las urnas, aunque éstas nunca modifican la relación de fuerzas. La votación de Yaku roza el 20%, siendo la más alta en la historia del movimiento indígena, claro reflejo de la potencia del levantamiento de octubre.

La candidatura de Yaku arrasó en la selva, obteniendo el 50% de los votos en Morona Santiago. En la sierra superó el 40% en Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Bolívar y Azuay, algo que no pudo repetir en Pichincha, Imbabura y Carchi, en la región andina al norte del país. En la costa se impuso Andrés Arauz, el candidato del progresismo, corriente que se volvió hegemónica durante la década de gobierno de Rafael Correa, desplazando la tradicional hegemonía de la vieja derecha.

Una división geográfico-política del país que merece explicación

Yaku Pérez encarna la resistencia de las comunidades rurales, y cada vez más de las ciudades medianas, al extractivismo minero que se viene desplegando en la sierra andina y en la selva, pero también a la expansión de la frontera petrolera. También es alternativa al progresismo que se empeñó en un “desarrollismo” anclado en la minería, que judicializó y criminalizó la protesta indígena y popular atacando a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), a los sindicatos y agrupaciones estudiantiles.

Yaku fue uno de los cientos de dirigentes acosados y encarcelados por el gobierno de Correa. Proviene de la resistencia anti minera en la provincia de Azuay, donde las comunidades se vienen movilizando contra la minería aurífera que contamina las nacientes de los ríos y los páramos productores de agua. En 2019 fue elegido prefecto de Azuay y en las recientes elecciones el 81% de los habitantes de Cuenca, capital de la provincia y tercera ciudad del país, se pronunció a favor de detener la actividad minera.

El apoyo de los ecuatorianos a Yaku Pérez no es un cheque en blanco a su persona, sino la forma de canalizar el levantamiento de octubre. Ese mes, durante diez días decenas de miles coparon el centro de Quito para revertir el paquete de medidas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno. Ganaron y esa victoria es lo que permite decir que hubo un quiebre en Ecuador.

Como ya había sucedido en los levantamientos anteriores, desde el primero en 1990, la región costeña se mantuvo al margen y la movilización se concentró en las regiones de mayorías indígenas. Mientras en éstas predomina la economía agrícola, sostenida por miles de comunidades rurales, en la costa predomina la producción agroexportadora en la cual el banano juega un papel destacado.

Las ciudades son un tema aparte: en Quito, con 3,5 millones y amplia población indígena y mestiza (sólo un 6% se definen blancos), el peso del sector terciario y financiero, con su corolario de masiva economía informal, se está convirtiendo en un bastión de la derecha vinculada al capital financiero.

Por mucho que nos pese, un gobierno de Yaku Pérez, que estuvo al borde de pasar a la segunda vuelta, no habría conseguido sus principales objetivos como frenar la mega minería y dejar atrás el neoliberalismo. Con apenas el 20% de los escaños, está obligado a pactar con las demás fuerzas que apoyan fervientemente el extractivismo.

El levantamiento de octubre alcanzó para revertir el paquete neoliberal, pero fue insuficiente para deslegitimar el neoliberalismo. La continuidad de aquel movimiento no puede buscarse en las elecciones, ni en las pasadas, ni en las futuras. El propio levantamiento marcó el rumbo: su principal creación fue el Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, donde convergieron más de 180 organizaciones.

“Una Minga por la Vida” fue el programa elaborado por el Parlamento, que en la campaña electoral fue retomado por Yaku Pérez como su plataforma de gobierno.

Aquel Parlamento de abajo no se extinguió. Recorrió parte del país promoviendo el programa alternativo que elaboraron sus integrantes, agrupando movimientos locales y generando debates. Comenzó a recorrer un camino, lento y trabajoso, necesario para organizar a las y los de abajo hasta que la campaña mediático-electoral desplazó los problemas centrales del Ecuador.

El futuro no va a emerger de las urnas sino de la capacidad de los movimientos y de los pueblos de seguir transitando por las brechas abiertas por el levantamiento, profundizarlas hasta neutralizar un modelo de muerte, de expropiación del agua y la tierra.

Fuente: https://desinformemonos.org/las-insurrecciones-populares-no-caben-en-las-urnas/

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Mundo: Gira por la vida y la esperanza

Raúl Zibechi

Gira por la vida y la esperanza

Raúl Zibechi

En todos los rincones del mundo los de arriba están perpetrando un genocidio silencioso de pueblos originarios y negros, de campesinos y pobres, de la ciudad y del campo.

El ejército de Turquía invade el norte de Siria, arrasando aldeas y ciudades kurdas. El gobierno de Israel no vacuna a la población palestina. En Manaus (Amazonia de Brasil) mueren miles en hospitales colapsados. En apenas tres semanas de 2021, se produjeron ya seis masacres en Colombia, con un saldo de más de 15 muertos (https://bbc.in/36fznA2).

Los feminicidios se multiplicaron durante la pandemia, como parte inseparable del genocidio contra las y los de abajo.

En Chiapas las bandas paramilitares atacan con armas de fuego a las comunidades en MoisésGandhi. El guion es siempre el mismo: los paramilitares como la Orcao, con asesoramiento de las fuerzas armadas, atacan bases de apoyo zapatista; el gobierno federal y el del estado callan, o sea, consienten. Los medios y los partidos callan, o sea, consienten.

En las periferias urbanas latinoamericanas y en las remotas áreas rurales no sólo no se habla de vacunas, sino que tampoco tenemos infraestructuras hospitalarias en condiciones, ni médicos ni enfermeras suficientes.

Una característica de la tormenta contra los de abajo es que a nadie le importa. Nadie reacciona, ni se conmueve. La indiferencia es la política de los estados y de buena parte de la opinión pública. Ayot-zinapa sucede todos los días, no sólo en México.

Es una política consolidada arriba y aceptada con entusiasmo por el sistema político. Es un cerco militar y mediático contra los pueblos, para inmovilizarlos, mientras el capital (liberado de controles) profundiza su extenso e intenso proceso de concentración y centralización en cada vez menos manos.

La gira zapatista por tierras europeas es una oportunidad para romper el cerco, para volvernos a juntar en espacios comunes, hacernos escuchar y tejernos como pueblos en resistencia. La propuesta zapatista anunciada en octubre y actualizada el primero de enero en la declaración Por la vida es un enorme esfuerzo de las comunidades para romper el cerco de la muerte.

La respuesta desde Europa vino de la mano de más de mil colectivos en más de 20 países que declaran su voluntad de sumarse y organizar una gira que llevará a más de 100 zapatistas, en su mayoría mujeres, por muchos rincones del continente.

No será nada sencillo organizar una gira tan amplia en un momento en el que la pandemia no halla límites, brindando una ocasión a los gobiernos y las policías para acotar la acción colectiva. En Europa se limitaron los derechos de reunión y de manifestación, lo cual en estos momentos arroja muchas dudas sobre cómo será la celebración del 8 de marzo.

También será muy difícil que miles de activistas consigan ponerse de acuerdo, ya que provienen de diferentes historias, ideologías y modos de hacer. Estas diversas culturas políticas encontrarán dificultades para superar el egocentrismo individual y colectivo, la inevitable búsqueda de focos mediáticos para algunos, siempre pocos, pero con gran poder disgregador.

A las dificultades propias de la situación deben sumarse las que provienen de tantos años de fragmentación y, sobre todo, de la continuidad de una cultura política centrada en los estados, en los varones caudillos y en los discursos que no van acompañados de prácticas coherentes.

La expedición zapatista brinda la ocasión para encarar otras dos tareas necesarias, además de la mentada ruptura del cerco.

La primera es que permitirá enlazar y coordinar colectivos que habitualmente están distantes o que ni siquiera se conocían. No se trata de crear nuevos aparatos o estructuras, sino de abrir un amplio abanico de vínculos horizontales e igualitarios, algo mucho más difícil aún que establecer una coordinadora que a menudo repite los vicios de los aparatos.

La segunda es que conocer más a fondo los modos zapatistas de hacer puede permitir a muchas personas y colectivos adentrarse en culturas políticas que hasta ahora sólo algunos grupos feministas y juveniles han puesto en práctica.

Una de las constataciones más deprimentes en los ambientes militantes es comprobar cómo década tras década se tienden a repetir los mismos vicios que, ingenuamente, creíamos superados. No hay modo de superarlos sino haciendo, errando y volviendo a hacer, hasta encontrar modos de trabajar que no lastimen, ni excluyan, ni humillen.

La gira zapatista será una fuente enorme de aprendizaje para los más diversos colectivos anticapitalistas. Primero, constatar que se puede, que los de arriba no son tan poderosos como parecen. Segundo, que podemos sumar más y más personas sin reproducir el sistema, buscando confluencias entre quienes sufrimos similares opresiones. Desafío y esperanza a la vez.

Si todo marcha bien, en el sur del continente reproduciremos la expedición. Estos días estamos dando los primeros pasos, tímidos por ahora, para desplegar las energías que nos permitan seguir rompiendo cercos.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/01/29/opinion/013a2pol

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/gira-por-la-vida-y-la-esperanza/

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Pensamiento crítico. 2020: el año más difícil para los movimientos anticapitalistas

Raúl Zibechi

Pese a la pandemia y la represión estatal, los movimientos sociales, campesinos e indígenas de América Latina continuaron su larga marcha hacia la liberación.

Fue un año en el que se acumularon dificultades: desde el crecimiento de la militarización y los diversos controles estatales (materiales y digitales) hasta la imposición de confinamientos que impidieron la movilidad y acentuaron el aislamiento y el individualismo. Un cóctel opresivo y represivo como no veíamos desde hacía mucho tiempo.

Las limitaciones impuestas a la población en general, y a la movilización en particular, sumadas al abandono de los Estados, llevaron a los movimientos a replegarse, primero, para estar en condiciones de volver a relanzar la protesta y la movilización más adelante.

El momento del repliegue fue importante para salvaguardar la salud colectiva y comunitaria, evitar contagios masivos en los territorios de los pueblos y fortalecer las autoridades propias. Las guardias de autodefensa comunitaria jugaron un papel decisivo, ya sea en áreas rurales como urbanas, destacando entre estas los controles realizados en ciudades como Cherán y en espacios como la Comunidad Acapatzingo, en Iztapalapa, en Ciudad de México.

En vastas regiones rurales, el EZLN, el Consejo Regional Indígena del Cauca, los gobiernos autónomos de pueblos amazónicos, comunidades mapuche, palenques y quilombos, además de comunidades campesinas, decidieron impedir o restringir el ingreso de personas que provenían de las ciudades como forma de regular la pandemia.

 

Imagen: Cuatroscuro

Si no lo hubieran hecho así, sobreponiéndose a la violencia estatal y paraestatal, especialmente mortífera en regiones de Chiapas y del Cauca colombiano, hubieran sufrido una severa desestabilización interna. Esa fue la condición para acotar daños y el paso previo a retomar la iniciativa hacia afuera.

Hacia mediados de año, los pueblos comenzaron un nuevo activismo que, en varios casos, los llevó a romper el cerco militar y mediático.

En el mes de julio, la huelga de hambre de 27 presos mapuche sacudió a las comunidades del sur de Chile, que comenzaron una oleada de movilizaciones en apoyo a los detenidos en las cárceles de Temuco, Lebu y Angol. Los huelguistas demandaban el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que les permite cumplir la condena en sus comunidades, que se revise la prisión preventiva y para denunciar las condiciones inhumanas en las cárceles.

A pesar de las dificultades generadas por la militarización y la pandemia, se registraron manifestaciones y concentraciones en el norte, centro y sur de Chile. Las huelgas de hambre denunciaron, además, la represión que están sufriendo los mapuche en todo el país, como la persecución contra las vendedoras de hortalizas y de cochayuyo, un alga marina altamente nutritiva.

En los primeros días de agosto, se produjeron masivos bloqueos de carreteras en Bolivia en, al menos, 70 puntos, por grupos de campesinos e indígenas contra la postergación de las elecciones por el gobierno golpista de Jeanine Áñez. Los bloqueos fueron levantados cuando el gobierno aceptó celebrar elecciones el 18 de octubre, que ganó ampliamente el MAS con más del 55 por ciento de los votos, superando con holgura el cuestionado resultado de un año atrás.

El 30 de setiembre, comenzaron manifestaciones en Costa Rica contra un acuerdo con el FMI, que implica aumento de impuestos y una mayor austeridad en el gasto público. Ante la oleada de protestas, el 4 de octubre, el gobierno anunció la suspensión de la negociación para abrir un ámbito de diálogo y rever la postura.

El 5 de octubre, el EZLN emitió el primer comunicado desde que cerró los Caracoles por la pandemia, el 16 marzo de 2020. Informaron que, en ese lapso, fallecieron 12 personas por coronavirus y asumieron la responsabilidad, a diferencia de lo que hacen los gobiernos, y que decidieron “enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual”. Apostaron a la movilización global contra el capital e informaron que, en abril de 2021, comenzarán una primera gira por Europa, que luego extenderán a otros continentes, con una amplia delegación integrada mayoritariamente por mujeres, porque “es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación”.

 

Imagen: Revista Semana

A fines de octubre de 2020, en Colombia, se realizó la Minga Indígena, Negra y Campesina, que arrancó en el suroccidente, en el Cauca y continuó en Cali, recorrió varias ciudades y pueblos para llegar, ocho días después, a Bogotá. En todo su recorrido, la minga (trabajo comunitario o tequio) dialogó con poblaciones que comparten sus mismos dolores, en un país que se desangra por la violencia narco-militar-paramilitar, con cientos de líderes sociales asesinados.

La Minga hacia Bogotá, en la que participaron 8.000 personas, fue escoltada por la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona y la Guardia Campesina, con especial protagonismo de las mujeres y los jóvenes. Fue recibida y acompañada por miles de personas que vienen luchando contra la represión de cuerpos militarizados, contra los que se levantaron en las jornadas memorables del 9 al 11 de setiembre, en las que ardieron o fueron vandalizadas decenas de dependencias policiales.

El 18 de octubre, a un año del inicio de la revuelta social de 2019, miles de chilenos volvieron a salir a las calles de Chile en conmemoración de aquella protesta. Ese día, hubo 580 detenidos y un fallecido tras la represión de Carabineros.

El 25 de octubre, el pueblo chileno desbordó las urnas en el referendo para redactar una nueva Constitución que sustituya a la heredada por la dictadura militar de Augusto Pinochet. El 80 por ciento de los votantes aprobó el inicio de un proceso constituyente, cuando se esperaba un resultado de un 60 por ciento a favor de la iniciativa. La movilización popular por el referendo fue la continuación de la revuelta iniciada en octubre de 2019, que le cambió la cara al país, deslegitimando la política oficialista neoliberal y represiva.

En Perú, se produjo una notable movilización popular a raíz de la destitución ilegítima del presidente Martín Vizcarra, instalando en su lugar un gobierno corrupto, considerado golpista por la población, ya que la mayoría absoluta de los parlamentarios tienen acusaciones de corrupción. En una semana de gigantescas manifestaciones, el golpista Manuel Merino debió abandonar la presidencia abriendo una coyuntura inédita en el país.

El 21 de noviembre, en Ciudad de Guatemala, miles se concentraron para protestar contra el proyecto de ley de presupuesto que había sido aprobado en el Congreso y que reducía los fondos destinados a la educación, el combate a la desnutrición, defensa de derechos humanos y la respuesta a la pandemia. Los manifestantes ingresaron a la sede del legislativo e incendiaron parte de las instalaciones.

Habría mucho más para relatar. Por todo lo anterior, parece evidente que los pueblos en movimiento, los movimientos sociales y anticapitalistas están lejos de haber sido derrotados por la mayor ofensiva lanzada por el sistema en décadas.

 

Imagen: Johan Ordoñez / AFP

Fuente: http://rcci.net/globalizacion/nt.php?id=100705

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