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Mali: La inestabilidad está diezmando el patrimonio cultural de Malí

La inestabilidad está diezmando el patrimonio cultural de Malí

El comercio ilegal de piezas de arte está causando una pérdida catastrófica para Malí sin que se haya producido un solo enjuiciamiento por esta causa.

Malí es un país rico en patrimonio y piezas de arte culturales. Estatuillas de terracota y bronce, cuentas antiguas, manuscritos medievales y otros objetos arqueológicos de Djenné, Mopti y las áreas circundantes en el centro de Malí testimonian esta rica historia.

Sin embargo, según estiman los arqueólogos, el 90 % de lugares en Malí han sido saqueados y el comercio ilegal de piezas está muy extendido. «El valor subjetivo del arte hace que sea difícil decir cuánto vale todo«, informa Julia Stanyard, analista en la Global Initiave Against Transnational Organized Crime.

En julio de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advirtió a los amantes del arte en países de mercado sobre una estafa de falsa certificación que involucra el comercio ilegal de antigüedades africanas. El fraude, valorado en un millón de euros, implicó la venta de piezas, incluidas las terracotas de Djenné, con falsos certificados que parecían estar autorizados por la UNESCO.

Esta estafa indica una organizada manera de saqueo y comercio de bienes culturales. Pero a pesar de la constante y catastrófica pérdida del patrimonio cultural colectivo del pueblo de Malí, existe poca información sobre este comercio ilícito.

El crimen organizado, el terrorismo y el crimen internacional son una impía trinidad de delitos que tienen lugar en Malí. El comercio ilegal de piezas de arte se lleva a cabo en un contexto de grave inseguridad en la región y en el propio Malí. Desde el estallido del conflicto en el país en 2012, las rutas de contrabando favorecen sus espacios no gobernados, con bienes, incluidas obras de arte culturales saqueadas, que transitan a través de Marruecos y Argelia hacia Europa y más allá.

Existe una cada vez mayor colaboración entre las redes del crimen organizado y los grupos extremistas violentos en Malí. Ambos se aprovechan de las tácticas y operaciones del otro así como del conflicto aumentando la inseguridad y oportunidades para la actividad delictiva en la región.

Investigar este robo generalizado es complejo. Cada tipo de artefacto tiene una ruta de tráfico y un mercado diferente, lo que requiere una estrategia diferente para identificar al perpetrador y abordar la cadena criminal involucrada en el contrabando y el comercio de esa pieza de arte. El Museo Nacional de Malí, la Diréction Nationale du Patrimoine Culturel (Dirección Nacional de Patrimonio Cultural) y los organismos encargados de hacer cumplir la ley son los más indicados para hacerlo. Estas organizaciones tienen el mandato legal de proteger los lugares arqueológicos, pero la inseguridad y su limitada capacidad han paralizado su trabajo. Es casi imposible que los funcionarios accedan a los sitios y la falta de financiación para crear conciencia en las comunidades locales obstaculiza sus mandatos de protección. Sería también casi imposible arrestar a los comerciantes ilegales de obras de arte culturales en Malí sin tener en cuenta otros delitos complejos.

La colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionada por los socios para el desarrollo, incluida la Organización Mundial de Aduanas y la UNESCO, han sido de gran ayuda. También se han establecido redes informales de autoridades culturales en África Occidental para identificar piezas de arte y distinguir antigüedades genuinas de baratijas en países de tránsito.

Una mayor presión del sistema judicial debería estar en el centro de una respuesta más amplia y completa. Sin embargo, si bien cualquier sistema de justicia penal que se enfrente a las complejidades de Malí tendría dificultades para investigar y enjuiciar esos casos, no ha habido en Malí un solo enjuiciamiento relacionado con el comercio ilegal de bienes culturales. Para los delincuentes involucrados en este negocio ilícito, esto significa un nivel de riesgo muy bajo y unas recompensas muy altas.

Cuatro problemas principales impiden que Malí ponga freno al comercio ilegal de piezas de arte culturales. En primer lugar, en una industria multimillonaria hay pocos elementos disuasorios para posibles delincuentes. La legislación nacionaliza los artefactos arqueológicos excavados, prohíbe las excavaciones realizadas por particulares y tipifica como delito el robo o la apropiación indebida de bienes culturales. Y aunque Malí ha incorporado la Convención sobre el Tráfico Ilícito de 1970 en su legislación nacional, los delitos solo conllevan sanciones administrativas.

En segundo lugar, hay poca claridad sobre lo que se considera patrimonio y piezas de arte culturales. Esto se aplica no solo a Malí, sino a toda la región de África Occidental. Las bases de datos, como la Base de Datos de Obras de Arte Robadas de INTERPOL, ayudan a identificar antigüedades, pero los conjuntos de datos de artefactos de África occidental están incompletos.

Una información completa y accesible permitiría a las autoridades, como los funcionarios de seguridad fronteriza, identificar piezas genuinas de arte. Este es un primer paso esencial para detener el flujo de antigüedades robadas del país. Sin embargo, la dificultad del acceso a los datos y su intercambio hacen complicada la información entre las diferentes agencias en el contexto actual.

El tercer problema es que el marco legislativo de Malí está aislado. Delincuencia organizada, delincuencia internacional y leyes contra el terrorismo rara vez se comunican entre sí. Como resultado, las respuestas de la justicia penal no logran desde el principio establecer vínculos entre los actores y su modus operandi.

Cuarto, el sistema judicial de Malí es relativamente débil. Pocas investigaciones efectivas dan como resultado exitosos enjuiciamientos por complejos delitos. Un indicador clave es que el gobierno de Malí remitió su propia situación a la Corte Penal Internacional en 2012. Esto condujo a la condena de Ahmad Al Faqi Al Mahdi por el crimen de guerra de la destrucción de lugares culturales y religiosos en Malí.

Para detener el tráfico ilícito del patrimonio cultural en Malí deben abordarse los problemas anteriormente mencionados. Dado que la atención de los medios se centra en las piezas de arte robadas del país, es el momento adecuado para crear conciencia sobre el problema en los países de destino y ejercer presión pública. Si se pierde esta oportunidad, se perderá también el resto del patrimonio único de Malí, una pérdida irrecuperable que puede ser imposible de restaurar.

Allan Ngari

Fuente: Institute for security Studies (ISS)

* Este artículo fue publicado por primera vez por el proyecto ENACT. ENACT está financiado por la Unión Europea (UE). El contenido de este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y en ningún caso puede considerarse que refleja la posición de la UE.

[Fundación Sur]

Fuente de la Información: https://www.africafundacion.org/la-inestabilidad-esta-diezmando-el-patrimonio-cultural-de-mali

 

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Malawi lleva a África más cerca del uso completo de drones

Redacción: Allafrica

la apertura de la primera academia de este tipo en África, que comenzó a operar en Malawi, es un paso importante hacia el uso de drones en programas y servicios que impactarán las vidas de niños y jóvenes.

La histórica Academia Africana de Drones y Datos (ADDA) abrió en la capital, Lilongwe, esta semana.

Se basa en el trabajo del primer corredor humanitario de África lanzado en el país del sur de África en 2017.

La academia desarrollará experiencia en el uso de drones con fines humanitarios, de desarrollo y comerciales en todo el continente a través de un curso de 12 semanas.

Planea capacitar a unos 150 estudiantes para construir y pilotar aviones no tripulados para 2021. La financiación de los socios de UNICEF proporcionará matrícula gratuita a la primera cohorte de 26 estudiantes de toda África.

Henrietta Fore, directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dijo que ADDA sería fundamental para equipar a los jóvenes con las habilidades que necesitaban para utilizar la tecnología en beneficio de los niños y sus comunidades.

«La ejecución de programas humanitarios y de desarrollo en África y más allá puede beneficiarse significativamente de la aplicación de la tecnología de drones», agregó.

El plan de estudios de ADDA se ha desarrollado en colaboración con el Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Estatal (Virginia Tech).

Esto sigue a su exitosa entrega de talleres de capacitación en Malawi desde 2017.

El curso combinará metodologías teóricas y prácticas en la fabricación, prueba y vuelo de drones.

Kevin Kochersberger, profesor asociado de Virginia Tech, quien dirigirá el proyecto, dijo que ADDA reflejó el compromiso continuo de Virginia Tech con la aplicación innovadora de tecnología y educación de drones en Malawi y la región africana.

«La academia brindará a los graduados las habilidades necesarias para trabajos que utilizan aplicaciones de drones que van desde la agricultura y la salud hasta el monitoreo de recursos naturales», dijo Kochersberger.

ADDA está programada para 2022 para ejecutar un programa de maestría de dos años sin costo de matrícula en tecnología de drones.

Esto se realizará en conjunto con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Malawi (DEBE).

Se anticipa que esto también ofrecería un plan de estudios que desarrollará la capacidad local y un ecosistema favorable para el surgimiento de modelos comerciales sostenibles para el uso de drones para misiones humanitarias y de desarrollo.

James Chakwera, Director del Departamento de Aviación Civil de Malawi, dijo que el gobierno creía firmemente que la adopción de tecnologías modernas como drones y técnicas avanzadas de análisis y gestión de datos ayudaría a servir mejor a los niños del país.

«Estamos orgullosos de asociarnos con UNICEF en un esfuerzo tan emocionante», dijo Chakwera.

Fuente: https://allafrica.com/stories/202001210468.html

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Cuando la guerra te saca del aula

Reseñas/África/Mali/30 Enero 2020/elpais.com

Malí ha pasado en tres años de 300 a casi mil colegios cerrados. Todo por culpa de un conflicto que arrebata a los pequeños su derecho a la educación

Dos millones de niños malienses, más de la mitad, están fuera del sistema escolar. Todo por culpa de un conflicto que dura ya ocho años y que va de mal en peor, así que las perspectivas son pesimistas.
1 Dos millones de niños malienses, más de la mitad, están fuera del sistema escolar. Todo por culpa de un conflicto que dura ya ocho años y que va de mal en peor, así que las perspectivas son pesimistas.
El profesor Omar Cissé corrige la escritura de un niño en una escuela montada por Unicef en Mopti para los desplazados del conflicto que vive Malí desde hace ocho años.
2 El profesor Omar Cissé corrige la escritura de un niño en una escuela montada por Unicef en Mopti para los desplazados del conflicto que vive Malí desde hace ocho años.
Columpios sobre un trozo de red en el campo de desplazados. Medio centenar de familias viven en este lugar en casetas improvisadas.
3 Columpios sobre un trozo de red en el campo de desplazados. Medio centenar de familias viven en este lugar en casetas improvisadas.
Una escuela improvisada en el campo de desplazados de Banguetabá, a las afueras de Mopti. En esta tienda reciben nociones básicas para leer y escribir unos 134 niños y niñas.
4 Una escuela improvisada en el campo de desplazados de Banguetabá, a las afueras de Mopti. En esta tienda reciben nociones básicas para leer y escribir unos 134 niños y niñas.Tal y como hacen en sus comunidades, un niño da de comer a las vacas en el campo de desplazados de Banguetabá.5 Tal y como hacen en sus comunidades, un niño da de comer a las vacas en el campo de desplazados de Banguetabá.Una niña aprende a leer en árabe en un aula para desplazados montada por Unicef en el terreno de fútbol de Mopti.6 Una niña aprende a leer en árabe en un aula para desplazados montada por Unicef en el terreno de fútbol de Mopti.Los alumnos practican con juegos en la escuela del campo de desplazados de Banguetabá. Jugar es parte esencial del proceso de socialización de los huidos por el conflicto.7 Los alumnos practican con juegos en la escuela del campo de desplazados de Banguetabá. Jugar es parte esencial del proceso de socialización de los huidos por el conflicto.Mahamadou Hassaye Maïga, director de la escuela Banguetabá B, sujeta una tablet y muestra a cuatro profesores del centro el método pedagógico para trabajar con grandes grupos.8 Mahamadou Hassaye Maïga, director de la escuela Banguetabá B, sujeta una tablet y muestra a cuatro profesores del centro el método pedagógico para trabajar con grandes grupos.Un pequeño se asoma a la puerta de la tienda convertida en escuela para desplazados en este descampado.9 Un pequeño se asoma a la puerta de la tienda convertida en escuela para desplazados en este descampado.Un profesor reclutado entre los propios desplazados enseña nociones básicas a los más pequeños en una escuela improvisada en el terreno de fútbol de Mopti.10 Un profesor reclutado entre los propios desplazados enseña nociones básicas a los más pequeños en una escuela improvisada en el terreno de fútbol de Mopti.

Fuente e imagen: https://elpais.com/elpais/2020/01/22/album/1579696500_585444.html#foto_gal_10

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Retrato de la educación en Malí, uno de los países más pobres del mundo

Reseñas/África/Mali/09 enero 2020/Autor: Albert González/El país

La mejora del sistema educativo es uno de los retos más importantes que enfrenta el país africano, con una tasa de alfabetización del 33,07%, según la Unesco. El conflicto armado que vive la región desde 2012 ha interrumpido el acceso a la escuela de unos 700.000 niños, según Unicef

La tasa de escolarización en Educación Primaria en Malí es baja debido a los pocos recursos de los que disponen las familias para conseguir libros y material escolar. Se estima que entre el 27% y el 47% de la población es analfabeta, a pesar de que la enseñanza es gratuita y obligatoria entre los 7 y los 16 años. La situación es especialmente crítica en zonas como Gao, Tombuctú y Kidal.1 Alta tasa de población analfabeta. La tasa de escolarización en Educación Primaria en Malí es baja debido a los pocos recursos de los que disponen las familias para conseguir libros y material escolar. Se estima que entre el 27% y el 47% de la población es analfabeta, a pesar de que la enseñanza es gratuita y obligatoria entre los 7 y los 16 años. La situación es especialmente crítica en zonas como Gao, Tombuctú y Kidal.

El 56% de los niños en edad de escolarización, tanto de Primaria como de Secundaria, son excluidos del sistema escolar, según cifras de Unicef. La situación es especialmente grave en las zonas rurales del país, que han sufrido el éxodo de población hacia la ciudad debido al conflicto armado que se mantiene vivo desde 2012. Los factores que explican esta situación de exclusión social suelen ser los ingresos, la localización, el género y la situación familiar de los más pequeños.2 Exclusión del sistema social. El 56% de los niños en edad de escolarización, tanto de Primaria como de Secundaria, son excluidos del sistema escolar, según cifras de Unicef. La situación es especialmente grave en las zonas rurales del país, que han sufrido el éxodo de población hacia la ciudad debido al conflicto armado que se mantiene vivo desde 2012. Los factores que explican esta situación de exclusión social suelen ser los ingresos, la localización, el género y la situación familiar de los más pequeños.

La discriminación y la marginalización afecta a las familias de niños que viven en situación de pobreza: aquellas que habitan en pueblos remotos o son nómadas, menores de edad con discapacidad o aquellos que son captados por las escuelas coránicas. Solo el 5% de las personas con discapacidad han sido escolarizadas, según Hándicap Internacional. Además, son víctimas de prejuicios y discriminación ya que son estigmatizadas en las comunidades y se les esconde.3 La discapacidad, otra forma de discriminación. La discriminación y la marginalización afecta a las familias de niños que viven en situación de pobreza: aquellas que habitan en pueblos remotos o son nómadas, menores de edad con discapacidad o aquellos que son captados por las escuelas coránicas. Solo el 5% de las personas con discapacidad han sido escolarizadas, según Hándicap Internacional. Además, son víctimas de prejuicios y discriminación ya que son estigmatizadas en las comunidades y se les esconde.

La desigualdad entre niñas y niños en Malí aumenta en Secundaria y en el ciclo superior. Para muchos padres, la escolarización no es una prioridad en las niñas, que deben quedarse en casa para realizar tareas domésticas. Este fenómeno se acentúa especialmente en zonas rurales, según un informe sobre la situación de los derechos del niño de Educo Malí, ya que o bien migran a la ciudad o son víctimas del matrimonio infantil. Uno de cada dos adolescentes se casan antes de los 18 años, según Unicef.4 Las niñas, más vulnerables. La desigualdad entre niñas y niños en Malí aumenta en Secundaria y en el ciclo superior. Para muchos padres, la escolarización no es una prioridad en las niñas, que deben quedarse en casa para realizar tareas domésticas. Este fenómeno se acentúa especialmente en zonas rurales, según un informe sobre la situación de los derechos del niño de Educo Malí, ya que o bien migran a la ciudad o son víctimas del matrimonio infantil. Uno de cada dos adolescentes se casan antes de los 18 años, según Unicef.

En Malí, una media del 7% de la población escolarizada debe recorrer más de cinco kilómetros para ir a clase, según el Informe de evaluación diagnóstica del sistema educativo del país realizado por Oxfam. Lo recomendable, según esta organización internacional, es que los alumnos no tengan que recorrer más de tres kilómetros para ir a la escuela. En la región de Gao son más del 11,3% de la población quienes hacen este largo recorrido y en Segou llega hasta el 12%.5 Largas distancias de clase a casa. En Malí, una media del 7% de la población escolarizada debe recorrer más de cinco kilómetros para ir a clase, según el Informe de evaluación diagnóstica del sistema educativo del país realizado por Oxfam. Lo recomendable, según esta organización internacional, es que los alumnos no tengan que recorrer más de tres kilómetros para ir a la escuela. En la región de Gao son más del 11,3% de la población quienes hacen este largo recorrido y en Segou llega hasta el 12%.

El 10% de los alumnos en el primer ciclo de educación básica en Malí están escolarizados en escuelas coránicas, según un informe de Oxfam. Muchos niños de ellas quedan excluidos del sistema clásico ya que muchas veces la comunidad no encuentra que la educación pública refleje su cultura e incluso que pone en peligro sus tradiciones. Desde hace unos años se ha impulsado una estrategia del Ministerio de Educación del país para integrarlos a estos alumnos en el sistema educativo oficial.6 Las escuelas coránicas. El 10% de los alumnos en el primer ciclo de educación básica en Malí están escolarizados en escuelas coránicas, según un informe de Oxfam. Muchos niños de ellas quedan excluidos del sistema clásico ya que muchas veces la comunidad no encuentra que la educación pública refleje su cultura e incluso que pone en peligro sus tradiciones. Desde hace unos años se ha impulsado una estrategia del Ministerio de Educación del país para integrarlos a estos alumnos en el sistema educativo oficial.

Los gastos de escolarización son otro de los frenos con los que se encuentran las familias en situación de mayor pobreza. En la mayoría de países de la región las dificultades económicas son la principal justificación de los padres y madres para explicar la no escolarización, según el informe 'Garantizar una educación para todos en Malí', de Oxfam. En el país, la educación es oficialmente gratuita aunque realmente supone un coste importante, pues se deben pagar los gastos de matriculación a la escuela y también el material escolar.7 La economía como freno a la escolarización. Los gastos de escolarización son otro de los frenos con los que se encuentran las familias en situación de mayor pobreza. En la mayoría de países de la región las dificultades económicas son la principal justificación de los padres y madres para explicar la no escolarización, según el informe ‘Garantizar una educación para todos en Malí’, de Oxfam. En el país, la educación es oficialmente gratuita aunque realmente supone un coste importante, pues se deben pagar los gastos de matriculación a la escuela y también el material escolar.

El 51,7% de los niños malienses deja la escuela antes de entrar en segundo ciclo, según un informe de Unicef. Al abandono escolar hay que sumarle la falta o ausencia de formación del profesorado y los métodos arcaicos de educación utilizados.8 Abandono de la escuela. El 51,7% de los niños malienses deja la escuela antes de entrar en segundo ciclo, según un informe de Unicef. Al abandono escolar hay que sumarle la falta o ausencia de formación del profesorado y los métodos arcaicos de educación utilizados.

En cada aula en Malí conviven entre 60 y 80 niños, lo que provoca situaciones de violencia en un país inmerso en un conflicto armado desde 2012. Las condiciones familiares también favorecen al abandono escolar ya que la mayoría de los menores de edad trabajan en casa o en el campo además de ir a la escuela: dos de cada tres, de entre cinco a 17 años, tiene un trabajo agrícola o doméstico a pesar de que trabajar está prohibido antes de los 14 años, según datos de la Coordinadora Internacional del Trabajo en Malí.9 Aulas masificadas y trabajo infantil. En cada aula en Malí conviven entre 60 y 80 niños, lo que provoca situaciones de violencia en un país inmerso en un conflicto armado desde 2012. Las condiciones familiares también favorecen al abandono escolar ya que la mayoría de los menores de edad trabajan en casa o en el campo además de ir a la escuela: dos de cada tres, de entre cinco a 17 años, tiene un trabajo agrícola o doméstico a pesar de que trabajar está prohibido antes de los 14 años, según datos de la Coordinadora Internacional del Trabajo en Malí.

El 71% de las niñas en Malí han sufrido violencia sexual por parte del profesorado o de sus compañeros de aula, según el informe 'La violencia hacia la infancia en entornos escolares en Malí', realizado por Plan y Save The Children. En la escuela, las reglas, los látigos y los palos son frecuentemente utilizados por parte de los profesores para administrar castigos por lo que el colegio y las infraestructuras escolares no suelen ser entornos seguros y protectores.10 Acoso sexual en las aulas. El 71% de las niñas en Malí han sufrido violencia sexual por parte del profesorado o de sus compañeros de aula, según el informe ‘La violencia hacia la infancia en entornos escolares en Malí’, realizado por Plan y Save The Children. En la escuela, las reglas, los látigos y los palos son frecuentemente utilizados por parte de los profesores para administrar castigos por lo que el colegio y las infraestructuras escolares no suelen ser entornos seguros y protectores.

El acoso sexual y la violencia en las aulas por parte de los profesores se debe a la inexistencia de sanciones disciplinarias y a una falta de control por parte de las autoridades, según el mismo informe de Plan y Save The Children. Este hecho demuestra la poca importancia que se le da a la escolarización por parte de algunas familias y la poca implicación de las autoridades jurídicas en las actividades de protección de las escuelas.11 Ausencia de sanciones disciplinarias. El acoso sexual y la violencia en las aulas por parte de los profesores se debe a la inexistencia de sanciones disciplinarias y a una falta de control por parte de las autoridades, según el mismo informe de Plan y Save The Children. Este hecho demuestra la poca importancia que se le da a la escolarización por parte de algunas familias y la poca implicación de las autoridades jurídicas en las actividades de protección de las escuelas.

El conflicto armado en el cual se encuentra inmerso Malí desde 2012 ha empeorado una ya de por si frágil situación. La crisis armada ha interrumpido el acceso a la educación de unos 700.000 niños, según Unicef y las autoridades educativas del país. Más de 200 escuelas del norte han cerrado o han sido destruidas y saqueadas. El conflicto ha provocado un éxodo hacia el sur y la mayoría de maestros no han podido regresar al norte. Los masificados colegios no tienen suficiente capacidad de absorción de alumnos ante la masiva llegada de estudiantes desplazados.12 Educación interrumpida por el conflicto. El conflicto armado en el cual se encuentra inmerso Malí desde 2012 ha empeorado una ya de por si frágil situación. La crisis armada ha interrumpido el acceso a la educación de unos 700.000 niños, según Unicef y las autoridades educativas del país. Más de 200 escuelas del norte han cerrado o han sido destruidas y saqueadas. El conflicto ha provocado un éxodo hacia el sur y la mayoría de maestros no han podido regresar al norte. Los masificados colegios no tienen suficiente capacidad de absorción de alumnos ante la masiva llegada de estudiantes desplazados.

En Kidal, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Malí, el 79% de los centros educativos han desaparecido, según Unicef. A final del año escolar de 2019, más de 900 escuelas en todo el país permanecían cerradas.13El futuro de la educación En Kidal, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Malí, el 79% de los centros educativos han desaparecido, según Unicef. A final del año escolar de 2019, más de 900 escuelas en todo el país permanecían cerradas.

Fuente e imagen: https://elpais.com/elpais/2019/12/30/album/1577715129_051572.html#foto_gal_13

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Mali: Mujeres que plantan árboles para evitar que los hombres les arrebaten la tierra

Redacción: Mundo

A nivel mundial, las mujeres representan el 43 % de la fuerza de trabajo agrícola, pero su rendimiento es inferior por el acceso a las semillas.

El mero hecho de plantar árboles está ayudando a las agricultoras africanas a reclamar el acceso a unas tierras que les son negadas por costumbre y que, en el Día internacional de las mujeres rurales, ven como el primer paso para su desarrollo.

Fatoumata Diallo, representante de la Federación de mujeres rurales de Malí, lo dijo alto y claro este martes durante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU que se celebra en Roma: “Necesitamos ver a la mujer rural como solución a la inseguridad alimentaria y tener acceso a medios de producción como la tierra, el agua y el crédito agrícola”.

A su lado, la vicepresidenta del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Cornelia Richter, le daba la razón tras afirmar que en África subsahariana cerrar la brecha de género supondría un aumento del 7 al 19 % en la productividad de los cultivos.

Las subsaharianas, responsables de hasta un 80 % de los alimentos básicos que se producen en sus países, están excluidas por lo general del derecho de propiedad de la tierra, pues esta recae en los hombres, explicó a Efe Cécile Ndjebet, fundadora de la Red de mujeres africanas para la gestión comunitaria de los bosques (Refacof).

Las normas sociales les autorizan a emplear las tierras de sus maridos o hijos varones, pero sin poseerlas. Durante décadas, esta camerunesa ha intentado influir en los procesos para reformar la tierra, a menudo lentos y opacos, y ha fomentado la gestión comunitaria de los bosques, de propiedad estatal, como una puerta por la que las mujeres puedan acceder a esos terrenos.

“Algunas han empezado a plantar frutales, lo que supone una garantía a largo plazo. Por tradición, una vez que se plantan árboles en esas tierras, los hombres no pueden reclamarlas”, detalló. Así se ha abierto una rendija por la que las africanas pueden ejercer nuevos derechos de tenencia, claves para “alimentar a sus familias y comunidades”, subrayó la activista.

Otras veces su organización les ayuda a revitalizar las tierras degradadas con técnicas agroforestales para asegurarse el acceso y la cosecha, con permiso de las autoridades. Ndjebet también negocia con los líderes tradicionales y les hace firmar contratos escritos para que en el futuro no se despoje de las tierras a las mujeres, que siempre las gestionan en grupo, nunca a título individual, conscientes de que no pueden venderlas o cederlas.

La fundación Cadasta trabaja con los más vulnerables, en su mayoría mujeres, para apoyarles con la documentación de sus tierras. “La tenencia de la tierra puede verse como una barrera o un facilitador del desarrollo”, apuntó la responsable de esa ONG Amy Coughenour, quien explicó que en ocasiones tienen que rellenar los formularios en papel y digitalizar después la información cuando los beneficiarios encuentran dificultades al usar la tecnología.

A nivel mundial, las mujeres representan el 43 % de la fuerza de trabajo agrícola, si bien sus rendimientos son hasta un 30 % inferiores a los de los hombres, ya que ellos suelen contar con mayor acceso a semillas, fertilizantes, equipamiento, crédito, tecnologías, educación, mercados y espacios políticos.

A las tareas intensivas en el campo, centradas en la pura subsistencia, se unen las del hogar en condiciones penosas. Todavía las subsaharianas dedican 40.000 millones de horas al año solo para recoger agua. Aletheia Donald, experta en género del Banco Mundial, sostiene a raíz de su experiencia en el subcontinente que los proyectos deben diseñarse con perspectiva de género porque, si no, las desigualdades crecen.

Y recalca que esas mujeres también necesitan formación para emprender negocios, afrontar los obstáculos y manejar los recursos. “En Togo hemos visto un incremento de sus beneficios en un 30 % con esa clase de entrenamiento”, argumenta.

Fuente: https://www.lainformacion.com/mundo/mujeres-agricultura-feminismo-tierra-arrebaten-hombres-exito-rural/6515319/

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Los dirigentes sindicales mundiales del ámbito educativo manifiestan su solidaridad con los docentes africanos que viven en países azotados por la violencia

Por: Internacional de Educación 

En su 52ª reunión, celebrada del 2 al 4 de abril, en Bruselas, Bélgica, el Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación expresó su solidaridad con las organizaciones miembros al enterarse de los actos de violencia política y terrorista, que se han cobrado la vida de docentes y estudiantes en Burkina Faso, MaliNíger y Nigeria en los últimos meses. 

La IE se comunicará con las autoridades de estos cuatro países africanos con el fin de insistir en que se gestionen los riesgos de seguridad para docentes y maestros. Asimismo, exigirá que se consulte a sus organizaciones miembros para la elaboración de planes de acción coherentes que respondan a las necesidades inmediatas y a más largo plazo de las comunidades locales. 

Por otra parte, la federación sindical mundial de docentes insta a las autoridades públicas de Burkina Faso, Mali, Níger y Nigeria a: 

  • Mejorar la investigación y la respuesta a la violencia política en el entorno educativo, así como a tomarlas medidas necesarias para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, examinartodos los casos denunciados y garantizar que todos los presuntos culpables sean llevados ante la justicia; 
  • Acelerar la acción para restaurar el derecho a la educación en todo el país garantizando escuelas protegidas y seguras para la enseñanza y el aprendizaje, tal como se estipulaen los instrumentos internacionales que estos países han ratificado; y 
  • Garantizar la libertad de asociación y la aplicación efectiva del derecho a la negociación colectiva con el propósito decrear un entorno favorablepara entablar negociaciones sobre gestión laboral que mejoren la situación y las condiciones laborales de los docentes y los trabajadores de apoyo a la educación. 

Los cuatro países han ratificado la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político intergubernamental destinado a proteger a los estudiantes, los docenteslas escuelas y las universidades de ataques perpetrados por las fuerzas y los grupos armados, así como a restringir el uso militar de la infraestructura educativa. La Declaración comprende una serie de compromisos relacionados con medidas específicas y concretas que pueden reducir el riesgo de ataques y atenuar su impacto. Si sus organizaciones afiliadas lo solicitan, la Internacional de la Educación puede contactar con la Coalición Mundial para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA, por sus siglas en inglés) para estudiar de qué manera se puede incluir a los sindicatos de docentes en actividades destinadas a implementar la Declaración con el fin de defender el derecho a la educación y proteger la vida de los docentes y los estudiantes. 

Fuente de la información: https://ei-ie.org/spa/detail/16230/los-dirigentes-sindicales-mundiales-del-%C3%A1mbito-educativo-manifiestan-su-solidaridad-con-los-docentes-africanos-que-viven-en-pa%C3%ADses-azotados-por-la-violencia

Fuente de la imagen: https://ei-ie.org/spa/detail/16230/los-dirigentes-sindicales-mundiales-del-%C3%A1mbito-educativo-manifiestan-su-solidaridad-con-los-docentes-africanos-que-viven-en-pa%C3%ADses-azotados-por-la-violencia

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La batalla total de Malí contra la desnutrición infantil

África/Malí/28 Febrero 2019/Fuente: El país

Un estudio en el país africano de la ONG Acción contra el Hambre demuestra que el uso de agentes de salud comunitarios para dispensar el tratamiento es más eficaz que darlo en las clínicas

La ONG Acción Contra el Hambre lo califica como «una de mayores victorias en la lucha contra la desnutrición de las últimas décadas». Malí ha incluido el Plumpy’Nut, un alimento terapéutico a base de cacahuetes, en su Lista de Medicamentos Esenciales de 2019. Esto supone que se compromete a adquirirlo —de su propio presupuesto o con ayuda— para proporcionar el tratamiento en el sistema público de salud. Paralelamente, la organización ha concluido un estudio en el país con el que ha demostrado que diagnosticar este mal y tratarlo a través de agentes de salud en las comunidades es más eficaz que hacerlo en las clínicas. Una mayor eficiencia muy necesaria en un país en el que la situación nutricional de la población es crítica, con un 10% de desnutrición aguda y donde 160.000 niños están en riesgo, según las previsiones de Unicef, de sufrirla en su forma más grave en 2019, lo que incrementa nueve veces sus probabilidades de morir respecto a los pequeños bien nutridos.

«Hasta ahora, Malí dependía de la ayuda exterior para tratar la desnutrición aguda grave», explica Pilar Charle, coordinadora del estudio de campo de Acción Contra el Hambre (ACH) para el aprovechamiento de los agentes comunitarios de salud en la lucha contra este mortal mal. Las ONG eran, por tanto, las encargadas de proporcionar el tratamiento a las familias con niños afectados en una especie de «sistema paralelo» al público, detalla. Hasta ahora. «Junto con Unicef y Save the Children, hemos luchado para que se incluyera el alimento terapéutico en la lista de medicamentos porque así, aunque no haya ninguna organización en el país, en cualquier centro de salud lo tienen que tener», agrega la experta. Se trata, de momento, de un éxito de la llamada labor de incidencia política. El resultado que se obtenga en la reducción de las tasas de desnutrición aguda grave y las muertes a ella debida, se conocerá en los siguientes estudios de situación.

Hay una medida de la que sí se ha demostrado su eficacia: que sean agentes comunitarios de salud quienes provean el tratamiento a sus vecinos, y que no solo se dispense en los centros de salud. En 2014, Acción Contra el Hambre comenzó una investigación en la que 20 personas, referentes en su zona para temas médicos y que ya trataban dolencias como la diarrea, la neumonía o la malaria en las comunidades donde no hay instalaciones sanitarias, empezarían a diagnosticar también la desnutrición aguda grave y dar el alimento terapéutico a los niños afectados. Tras recibir formación para ello, durante un año atendieron a 500. Los resultados se compararon con los de otro grupo de críos a los que se había tratado en los centros médicos.

La conclusión fue que con el modelo de agentes comunitarios se pudo atender a más niños, menos dejaban el tratamiento antes de tiempo y más porcentaje de ellos se curó; un 95% frente al 88% de los que acudieron a las clínicas. «El tratamiento se prolonga hasta ocho semanas consecutivas para que un niño esté curado. Y para llevar a sus hijos con desnutrición aguda a los centros médicos, las mujeres tienen que caminar durante horas», explica Charle. El coste en tiempo y también dinero de estos desplazamientos provoca que las familias desistan de completar la terapia de sus pequeños. La probabilidad de que esto suceda cuando reciben atención en su comunidad es la mitad pues les supone la mitad de tiempo y un tercio del dinero de lo que les costaría tratar a sus pequeños en los centros de salud.

«Este modelo tiene, además, un componente de empoderamiento femenino», defiende Charles. Además del ya citado ahorro de tiempo y dinero que conlleva para las madres, los agentes comunitarios son, principalmente, mujeres. «El 80% de los que trabajan con ACH en Malí lo son», apunta la responsable del proyecto.  Una de ellas es Hawa Coulibaly, de 30 años y madre de tres hijos. Vive en Kourougue, una aldea remota del Malí rural, donde está al cargo de una clínica en la que diagnostica y trata a niños desnutridos.

Un día, Coulibaly estaba caminando por su pueblo cuando detectó que Fatumata, de dos años, tenía bajo peso y apenas se tenía en pie. Según el relato que le hizo a Lucy Shaverin, del equipo de comunicación de ACH, al ver tales señales, le pidió a la madre de la pequeña que la llevara a su centro de atención. Tras el examen, le diagnosticó desnutrición aguda grave y le recetó un ciclo de alimento terapéutico de tres semanas que la progenitora le pudo dar en casa. «Antes de Hawa, vivíamos en la oscuridad», le dijo Many Coulibaly, la madre de Fatumata, a Shaverin. «Desde que vino aquí, los niños están más sanos y las madres más felices». Ella sabe bien de lo que habla, su hijo mayor también padeció el mismo mal antes de la llegada de Coulibaly, y el tratamiento en la clínica —a 10 kilómetros de su vivienda— fue más costoso para la familia y su recuperación más lenta.

En una segunda fase de este estudio, entre 2017 y 2019, 160 agentes formados por la ONG trataron a 2.500 niños. «Con ello, demostramos al Ministerio de Salud cómo se podía poner en marcha este sistema a mayor escala. En realidad, en todo el país», especifica Charle. Lo que ha llevado al Gobierno a modificar tanto su política de atención primaria en 2016 como la de manejo de casos de la desnutrición en 2018 para incluir esta enfermedad entre las que pueden tratar estas figuras comunitarias. Ahora queda aplicar estas normas. «El año pasado el Gobierno, y nosotros estábamos de acuerdo, no autorizó a que otras ONG empezaran a usar este sistema, hasta que ACH no tuviera mayor evidencia de cómo hacer la intervención en todo el país», detalla la responsable del programa. Es decir, la investigación dijo que sí es posible, pero en la práctica les queda definir cuántos recursos humanos harían falta, cuál sería la formación más adecuada, quién supervisaría el trabajo, cómo llegaría el Plumpy’Nut hasta los pueblos…

A falta de esa etapa final en Malí, los planes de ACH pasan por hacer esta misma demostración en otros países donde la desnutrición aguda grave es un problema de primer orden —el 45% de las muertes de los niños antes de los cinco años se producen por desnutrición—, principalmente en África subsahariana y sudeste asiático. Ya lo han conseguido en Pakistán y están en proceso en Senegal, Nigeria, Mauritania, Bangladés…

La misión de estos dos logros, que se incluya el tratamiento en la lista de medicamentos esenciales y el modelo de agentes comunitarios, es conseguir que llegue el tratamiento a todas las personas que lo necesiten. «Aunque nosotros no estemos ahí, ahora estamos seguros de que van a tenerlo», zanja Charle.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/02/12/planeta_futuro/1549976741_004882.html

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