Zambia / 17 de septiembre de 2017 / Autor: Redacción / Fuente: La Gaceta
La experiencia de un país africano que lucha contra las desigualdades, en el marco del Congreso Internacional de Calidad Educativa.
“Argentina está en un lugar privilegiado. Casi no tiene analfabetos y la educación es gratuita. No por eso debería relajarse. Al contrario, es el momento para mejorar la calidad educativa y enfocarse en la formación de los docentes, que son los encargados de enseñar y de motivar a los alumnos”, observa Lumbiwe Lulu Limbikani, docente de Zambia, un país del sur de África donde el 65% de la población (14 millones de habitantes) son analfabetos, y donde la expectativa de vida de la mujer es de 40 años a causa de las enfermedades, especialmente el virus del HIV, y la poca accesibilidad a la salud y a los medicamentos.
Pese al panorama desfavorable de la educación en Zambia, donde no todos acceden a la escuela, porque no es gratuita ni obligatoria para el nivel medio, el país logró avanzar gracias a la aplicación de la tecnología. En Zambia casi no hay electricidad, las casas se iluminan con paneles solares. Por eso las computadoras casi no se usan. “Aplicamos las tablets, que tienen contenidos educativos de todas las materias”, explica la directora y principal consultora en Educación y tecnología de Cumacatu. Esta última es una organización que Limbikani fundó para apoyar y defender los derechos de los niños a la educación y el empoderamiento de las mujeres y niñas a través de la tutoría y la alfabetización financiera en Zambia.
“Las tablets son entregadas por el Gobierno a las escuelas. En las aulas se da una a cada grupo de alumnos. Y se utilizan otras herramientas pedagógicas en forma simultánea, en la misma aula. El docente está atento a todos los alumnos -explica-; gracias al uso de la tecnología en las escuelas aumentamos un 20% la calidad educativa”.
Zambia es un país con grandes disparidades sociales. El 90% de las personas es joven y de ese total, el 50% tiene menos de 14 años. “La mayoría de los adolescentes no puede ir a la escuela porque debe trabajar. Las escuelas secundarias son pagas, de modo que sólo una minoría accede a ellas”, destaca la docente. Nada más que un grupo de escuelas de nivel primario son subsidiadas por el Estado. El Gobierno destina entre el 7% y el 14% del presupuesto a la educación, según los diferentes Estados.
Lumbiwe tiene 34 años y ella misma tuvo muchas dificultades para estudiar. “Mis padres murieron cuando yo era niña y a los 17 años quedé embarazada”, le cuenta a LA GACETA. Lo mismo siguió estudiando hasta recibirse de profesora, con el apoyo de una tía y del Estado. “Quería una buena educación para mi hija”, confiesa, y ahora la quiere para todos los chicos de su país.
África / 17 de septiembre de 2017 / Autor: Lola Hierro / Fuente: El País
Hay 264 millones de menores sin escolarizar en el mundo y dos tercios viven en países de abundantes recursos naturales. Su explotación genera conflictos que afectan a la educación. Un informe lo analiza
A primeros de septiembre, ciudades y pueblos se llenan desde bien temprano de niños somnolientos y nerviosos que se enfrentan a su primer día de curso. Una imagen tan habitual para algunos no lo es en absoluto para muchos, muchísimos otros. En los últimos años se ha avanzado en la escolarización de los menores —entre 2000 y 2015 el acceso a la escuela primaria llegó al 90% de los niños— pero todavía quedan 264 millones sin escolarizar en todo el mundo. Y dos tercios de ellos viven en países ricos en recursos naturales, pero que paradójicamente ocupan los últimos puestos de desarrollo y tienen presupuestos en educación inferiores al 3% de su PIB.
Para llamar la atención sobre esta realidad tan chirriante, la ONG Entreculturas ha lanzado la campaña Escuelas en peligro de extinción y, con ella, un informe titulado Educación en zona de conflicto que analiza minuciosamente las relaciones entre el derecho a la educación, la explotación de recursos naturales, la paz y el desarrollo sostenible.
«La fuerte presión sobre los recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales, agrícolas o hídricos y la lucha por su control generan, además de degradación ambiental, tensión, conflictos, violencia y desplazamientos forzosos», resume el estudio, que describe cómo los civiles que viven en estas áreas explotadas ven vulnerados sus derechos. Sobre todo, el de la educación. Los datos hablan por sí solos: el 87% de las personas desplazadas en el mundo en la última década proceden de zonas de explotación minera y petrolera.
Y de eso sabe Hombeline Bahati, coordinadora de un proyecto de mejora de medios de vida con el Servicio Jesuita al Refugiado. Trabaja en Masisi, en la castigada región de Kivu norte, en la República Democrática del Congo (RDC). Un país con abundantes recursos minerales que lleva 20 años sumido en un conflicto sin visos de acabar. Oro, el tantalio que hace funcionar los teléfonos móviles… RDC es una mina y todos quieren beneficiarse de ella.
«Existen problemas tribales por el acceso a la tierra, porque con la crisis de los noventa de Ruanda, los hutus se desplazaron a Masisi y siguen ahí, y no hay sitio para todos», explica Bahati, en Madrid para dar visibilidad a su trabajo. Luego, desde que llegaron los blancos a ayudar y descubrieron la riqueza de nuestras montañas; empezaron a explotar la tierra y entonces ya no fue solo para cultivarla, sino para obtener mayores beneficios. Ahí entraron el Gobierno, las milicias, las grandes empresas extractivas… ya fue una lucha de todos contra todos», describe.
Solo en Masisi se aglutinan 11 campos de refugiados y Bahati trabaja en siete. Se estima que en ellos viven —o malviven— unas 36.000 personas. «A través de la formación en diferentes oficios, estas personas pueden ser autónomas. Son familias que tuvieron que irse a otros pueblos o a campos de refugiados para estar más tranquilos porque sufrían los enfrentamientos entre guerrillas o entre estas y el ejército regular».
Es un círculo vicioso: a menor educación, más conflictos, y a más conflictos, menor educación. Y la particularidad de que la contienda tenga que ver directa o indirectamente con la explotación de los recursos de un país solo empeora las cosas. Según el informe, es un agravante para los niños y niñas en edad escolar: «Diez de los países con indicadores educativos más bajos son ricos en recursos naturales. Ocho de ellos están siendo o han sido asolados por conflictos. De los 40 conflictos que se han producido entre el año 1999 y el año 2013 han conllevado ataques recurrentes a la educación, más de la mitad han estado vinculados directa o indirectamente con los recursos naturales», enumera. Y además, durante los últimos 60 años, entre cuatro y seis de cada 10 conflictos armados tuvieron un vínculo con la explotación de recursos naturales. La mayoría fueron en África subsahariana, pero también en América Latina y Asia.
La razón fundamental es que estas contiendas se prolongan más tiempo, llevan asociados mayores niveles de violencia, especialmente contra las mujeres, y son más difíciles de superar. El riesgo de resurgimiento es mucho más alto, en parte porque los procesos de paz y reconciliación no suelen abordar la gobernanza y gestión de los recursos naturales.
El 87% de las personas desplazadas en el mundo en la última década proceden de zonas de explotación minera y petrolera
En Masisi, Bahati es testigo a diario de cómo esto afecta a la educación de los niños: «Cuando hay un conflicto no funciona nada, y tampoco los colegios. Llegan familias desplazadas con sus hijos a una nueva comunidad y las escuelas de la zona no tienen plazas para todos, se desbordan, así que los menores no pueden acceder a la educación o acceden a una de muy mala calidad», describe.
Otras guerras menos visibles
Hay conflictos armados más violentos a primera vista, como por ejemplo el de RD Congo. En ellos se atacan escuelas, se asesina, se producen desplazamientos forzados de comunidades enteras y una importante degradación medioambiental. Pero existen otros de menor escala que afectan a millones de personas de pequeñas comunidades locales y tienen su origen en el acaparamiento de tierras que luego explotarán grandes empresas (cultivos intensivos de soja, por ejemplo, en América Latina) o en la lucha por recursos decrecientes (agua, tierras, pastos, pesca…).
Se calcula que hay activos más de 2.000 conflictos medioambientales, una cifra que ha aumentado en los últimos años en paralelo a los asesinatos de ecologistas, que a menudo ejercen también el liderazgo educativo en sus comunidades. Uno de los más sonados fue el de Berta Cáceres, pero no el único. Estos crímenes aumentaron un 59% entre 2004 y 2015, con 185 asesinatos en 16 países, según el último informe de Global Witness.
En los conflictos armados relacionados con los recursos naturales son frecuentes los ataques a la educación. Desde los ataques a escuelas y a profesores, la destrucción de aulas, el reclutamiento de niñas y niñas como soldados, hasta la violencia contra mujeres y niñas, estudiantes y docentes. En el caso de la República Democrática del Congo, por ejemplo, desde 2013 han sido destruidas más de 500 escuelas y más de 200.000 escolares se han visto afectados.
En los conflictos medioambientales, los impactos no son tan visibles, en parte porque los ataques directos a escuelas, profesores y estudiantes son menos frecuentes, pero también son muy dañinos y vulneran el derecho a la educación de milones de menores. La apropiación de tierras por parte de empresas desplaza a la población que las habitaba o trabajaba, con la consiguiente pérdida de oportunidades educativas para los afectados. En Kenia hay 30.000 escuelas en riesgo de desaparición por este fenómeno. El 83% no cuenta con un título jurídico de propiedad, por lo que sus efectivos propietarios no pueden defenderse.
Una cuestión de género
De entre todos los perjudicados por este tipo de contiendas, las mujeres y niñas tienen un problema añadido. La educación las empodera para enfrentarse a diversas discriminaciones. Pero si no tienen la oportunidad de formarse, serán más proclives a sufrir otros abusos. Es el caso del matrimonio infantil o el acceso a la salud o al empleo. Sin olvidar a que en los lugares donde existen conflictos por los recursos naturales se producen a menudo violaciones masivas de mujeres como arma de guerra. Además de las secuelas físicas y psicológicas, estas quedan estigmatizadas de por vida y marginadas, por lo que acaban por destruir el tejido social de las comunidades.
Bahati lo describe desde su experiencia. Explica que los desplazados pierden el acceso a la tierra, ya no tienen donde cultivar y por tanto dejan de ganar dinero. «Como mucho pueden realizar alguna actividad económica informal, y si les sobra algo del poco dinero que ganan para destinarlo a la educación, van a privilegiar a los niños varones», cuenta Bahati. «El que las niñas estén en los campos sin hacer nada las lleva a la esclavitud sexual: en mis campos sucede mucho», asegura la congoleña. «Por menos de medio dólar, los padres las prostituyen».
En República Democrática del Congo, desde 2013 han sido destruidas más de 500 escuelas y se han visto afectados más de 200.000 escolares
Más guerra, peor alimentación y peor educación
Como se mencionaba antes, una buena parte de las personas más pobres del mundo vive en países ricos en recursos naturales. Y también de los hambrientos. Esa combinación de pobreza y hambre dificulta el acceso a la educación y al aprendizaje efectivo: un niño con hambre o con carencias nutricionales no va a rendir adecuadamente en el colegio. Y, sin embargo, la educación es fundamental para salir del círculo de la pobreza.
Igual ocurre con los problemas de salud: afectan al derecho a la educación porque favorecen el absentismo, el abandono o las dificultades de aprendizaje. Otras consecuencias sobre la salud son la contaminación generada por las industrias mineras o de hidrocarburos, la destrucción de infraestructuras sanitarias y la propagación de enfermedades.
Medidas realistas
Dos niñas hacen los deberes en el campo, en Etiopía.
Con esta campaña, Entreculturas hace un llamamiento a los Gobiernos de países donde existen conflictos relacionados con los recursos naturales. Les exhortan a que recaben el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones locales y que respeten sus derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida, a la alimentación adecuada, a la salud y a la educación. Sobre esta última, el informe recalca que es imprescindible que se refuercen los medios y la financiación actuales para paliar los déficits existentes. Un ejemplo positivo, en opinión de los investigadores, es el de Etiopía, donde la pobreza se ha reducido a la mitad desde 1995, cuando empezó a aplicar programas educativos más eficaces.
En el caso de las comunidades indígenas, se hace especial hincapié en la inversión en una educación bilingüe, en un refuerzo del enfoque multicultural y de la orientación de la educación hacia el empoderamiento para la defensa de los derechos referidos a su estilo de vida, a la propiedad de la tierra y a la gestión de sus recursos.
Por otra parte, los autores consideran necesario incorporar la cuestión de la gobernanza de los recursos naturales en los procesos de paz y reconciliación por parte de los Gobiernos en los países en conflicto, de los actores que desempeñan un papel de mediación y de las organizaciones sociales que contribuyen a la restauración de la paz.
Pese a todo, Hombeline Bahati sabe que ni Masisi ni Kivu serán una tierra pacífica a corto plazo. Por eso pide adoptar medidas realistas para conseguir que la población sobreviva de la manera más digna posible y con acceso a los mejores recursos, también dentro de las circunstancias. No se puede acabar la guerra de un día para otro, pero sí se puede sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia de la educación. Ella, nacida en esa tierra indómita, va notando cambios. «La sensibilización es muy importante, cada vez más padres entienden que es fundamental que sus hijos e hijas se formen. El aumento de la demanda se observa en que también hay cada vez más universidades y centros de formación profesional. Antes eran para unos pocos privilegiados, pero en los últimos años se ha normalizado el acceso», asegura.
África, 16 de septiembre de 2017. Fuente: Internacional de la Educación.
Si bien los sindicatos de docentes de Níger no se oponen a una evaluación docente, sí critican que el Ministro haya hecho caso omiso a sus consejos sobre la forma en que deberían haberse desarrollado las pruebas y las consecuencias que podrían tener para la carrera profesional del personal docente.
El Ministro de Educación Primaria, Alfabetización, Promoción de los Idiomas Nacionales y Educación para la Ciudadanía, Daouda Mamadou Marthé, anunció el pasado 8 de febrero que tanto los docentes fijos como los interinos serían evaluados como parte de un plan para restablecer la educación de calidad en Níger.
Esta decisión llegaba poco después de los resultados del plan nacional conocido como «Formación a distancia para la iniciativa docente» –según el cual el nivel de capacidades del personal docente del país es muy bajo– y de los resultados del Programa de Análisis de los Sistemas Educativos (PASEC) de la Conferencia de Ministros de Educación de los Países Francófonos (CONFEMEN) de 2014, que señaló que los estudiantes nigerianos tenían los resultados más bajos de los 10 países francófonos evaluados.
Los docentes interinos de primaria fueron los primeros en ser evaluados en dos materias: matemáticas y francés. Alrededor de 60 000 docentes del total de 80 000 docentes nigerianos son interinos, a saber, tres docentes de cada cuatro.
El gobierno ha hecho caso omiso a los sindicatos
La evaluación se basó en un estudio documental y no en una situación real en el aula, como solicitaron los sindicatos. Según el Ministro, fue así por una falta de personal (inspectores y asesores escolares) que impidió que pudiesen evaluar a todo el personal docente interino del país durante el curso escolar. Por otro lado, el Ministerio de Educación Primaria determinó todo el contenido de las pruebas sin consultar a ningún sindicato.
La mayor parte de sindicatos del país reivindicó que se boicoteara la evaluación y pidió a sus miembros que no la realizaran porque ello ayudaría a que se considerase ilegal. Sin embargo, el llamamiento de boicot fue ampliamente ignorado, principalmente porque los docentes temían que el gobierno los sancionase.
De los 56 000 docentes interinos evaluados, 18 737 (un 33,5 %) consiguieron o superaron la puntuación media de la prueba. Otro 47,3 % obtuvo una puntuación de entre 5 y 10 sobre 20, y un 19,2 % obtuvo menos de un 5 sobre 20.
Después de la evaluación, el Ministro decidió que se rescindiría el contrato de todos aquellos docentes que hubiesen obtenido una puntuación de tres o menos sobre 20, aunque podrían formarse para otros puestos, como ebanista o sastre, a través del Ministerio de Formación Profesional. Estos docentes ya han empezado a recibir la notificación de la rescisión de sus contratos. Aquellos que obtuvieron una puntuación entre 3 y 10, deberán asistir a un curso de formación para mejorar sus aptitudes, tras el cual volverán a ser evaluados.
Formación o cambio de carrera profesional para los docentes
La Internacional de la Educación (IE) defendió a sus afiliadas de Níger –SYNAFEN, SNEB, SNEN, SYNTEN y SYNATREB– durante una reunión con el Ministro el pasado 18 de agosto, e insistió en que ningún docente interino, independientemente de su nivel, debería ser despedido.
Los representantes de la IE lamentaron que el Ministro no hubiese tenido suficientemente en cuenta los consejos de los sindicatos e insistieron en que la evaluación docente debía servir como herramienta para establecer planes de formación orientados a mejorar la calidad de la educación, no como medios de exclusión acelerada y cruel.
Los sindicatos seguirán de cerca la situación para garantizar que realmente se ofrece una formación a los docentes interinos y que, en caso de ser necesarios, se facilitan los cambios de carrera previstos.
Fuente de la noticia: https://www.ei-ie.org/spa/detail/15347/n%C3%ADger-los-sindicatos-cuestionan-la-evaluaci%C3%B3n-docente-del-gobierno
África, 16 de septiembre de 2017. Fuente: Internacional de la Educación.
Los dirigentes de los principales sindicatos africanos de la educación reafirman su compromiso con la unidad sindical en el continente, para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
El Comité Regional Africano de la Internacional de la Educación (IE), en su reunión anual estatutaria celebrada del 11 al 12 de septiembre en Adís Abeba (Etiopía), reiteró su compromiso con la educación de calidad para todos y para todas, enlazando el lema de la próxima Conferencia Regional Africana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el número 4: “Educación de calidad inclusiva y equitativa en África: el lugar de los sindicatos en el cumpliento de la Agenda 2030”.
El Comité Regional destacó la necesidad de que los sindicatos de la educación africanos acometan esfuerzos conjuntos para hacer realidad el ODS 4. Según revelan los reportes de las seis zonas africanas de la IE, el debilitamiento de los sindicatos es un problema recurrente en varios países y se debe principalmente a la proliferación de sindicatos debido a escisiones. Esta pluralidad sindical ha llevado, por ejemplo, a que existan hasta 159 sindicatos docentes en Benin, 55 en Costa de Marfil y 39 en Senegal. Se constata una tendencia similar en el resto de los países africanos.
Por esta razón, el Comité reiteró como prioridad regional la “unidad” sindical, así como la necesidad de elaborar una estrategia clara que garantice el fortalecimiento de los sindicatos.
“La unidad es un elemento fundamental para fortalecer el movimiento sindical en África. Es una de las mayores herramientas para la educación sindical, aunque no deberíamos mostrarnos inflexibles y dejar fuera a algunos de los grupos progresistas emergentes”, afirmó el Presidente del Comité Regional Africano, Wilson Sossion, en su discurso ante los dirigentes de la educación de África.
Debemos ser capaces de justificar nuestros argumentos, por eso es una satisfacción el establecimiento de la Red de Investigación de la IE en África, añadió.
También coincidió con otros dirigentes sindicales de la educación en que “la democracia no es un regalo de la naturaleza, debemos ganárnosla” y en que “los sindicatos son instituciones democráticas con la posibilidad de influir en el mundo”.
Hay una enorme necesidad de elevar los niveles de profesionalidad, para que resulte más difícil a los Gobiernos ignorar a los docentes. Asimismo, destacó la imperiosidad de frenar la privatización y comercialización de la educación.
Sossion subrayó que hay siete señales de la profesionalización docente, otro de los principales obstáculos de los sindicatos africanos de docentes, a saber: la entrada de docentes sin capacitación, la precarización de la docencia, la brecha salarial, la reducción de la autonomía profesional, la estandarización de los exámenes, el aumento de la evaluación de los docentes y la importación de sistemas de gestión privada al sector público.
Fuente de la noticia: https://www.ei-ie.org/spa/detail/15351/l%C3%ADderes-africanos-del-sector-educativo-trabajan-por-la-unidad-sindical
Education at a Glance: OECD Indicators is the authoritative source for information on the state of education around the world. With more than 125 charts and 145 tables included in the publication and much more data available on the educational database, Education at a Glance 2017 provides key information on the output of educational institutions; the impact of learning across countries; the financial and human resources invested in education; access, participation and progression in education; and the learning environment and organisation of schools.
The 2017 edition presents a new focus on fields of study, investigating both trends in enrolment at upper secondary and tertiary level, student mobility, and labour market outcomes of the qualifications obtained in these fields. The publication also introduces for the first time a full chapter dedicated to the Sustainable Development Goals, providing an assessment of where OECD and partner countries stand on their way to meeting the SDG targets. Finally, two new indicators are developed and analysed in the context of participation and progress in education: an indicator on the completion rate of upper secondary students and an indicator on admission processes to higher education.
The report covers all 35 OECD countries and a number of partner countries (Argentina, Brazil, China, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Lithuania, the Russian Federation, Saudi Arabia and South Africa).
África/Ghana/16 Septiembre 2017/Fuente: Prensa Latina
La Unión Africana (UA) elogió a Ghana por introducir en su sistema de enseñanza la educación secundaria obligatoria gratuita, programa que para la organización es una forma segura de potenciar hoy el crecimiento del país.
Reportes de medios locales de prensa afirman que la aplicación de esta política educativa en la nación de África occidental dará también un mayor impulso a la agenda de la UA de que cada niño del continente asista a la escuela para 2020.
Nos gustaría tener un África alfabetizada. Queremos un África donde el analfabetismo sea una cosa del pasado, subrayó el embajador Thomas Kwesi Quartey, vicepresidente de la Comisión de la UA.
Quartey habló en un panel de alto nivel celebrado en Ginebra, Suiza, organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, al que asistió el vicepresidente ghanés, Mahamadu Bawumia, indicó el despacho.
Un continente instruido estaría listo ahora para absorber tecnología, aplicar la ciencia y encontrar soluciones, acotó el funcionario de la UA.
Con una población estimada en más de 28 millones 200 mil habitantes (datos de 2016), Ghana se une así a países como Ruanda, Uganda y Namibia que ya instituyeron ese sistema.
Según referencias históricas, Ghana instituyó en 1996 la educación primaria libre y obligatoria.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este viernes de la amenaza que supone para la educación de los niños la violencia que sacude la región congoleña de Kasai (suroeste), resaltando que 850.000 niños se han quedado sin acceso a servicios como la educación y la atención sanitaria.
El organismo ha resaltado que los combates registrados en los últimos meses en esta provincia de República Democrática del Congo (RDC) han provocado el desplazamiento de miles de familias, anunciando una campaña para apoyar el regreso a la escuela de 150.000 niños.
En su comunicado, ha afirmado que 440.000 niños no pudieron terminar el año escolar anterior en las cinco provincias más afectadas por la crisis –Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Lomami y Sankuru–, denunciando que más de 400 escuelas han sido atadas desde el inicio de la crisis.
«Es crucial que los niños regresen a la escuela para recuperar un sentido de normalidad en sus vidas después de meses de temor e incertidumbre», ha dicho Tajudeen Oyewale, representante interino de UNICEF en RDC.
La campaña lanzada por UNICEF y sus socios incluye actividades de comunicación que animan a los padres a inscribir a sus hijos, distribución de material escolar para los niños más vulnerables y capacitación de 2.750 maestros en educación para la paz y apoyo psicosocial.
Asimismo, lleva a cabo actividades de sensibilización en las comunidades sobre los riesgos relacionados con las minas antipersona y resto de municiones sin explotar en el entorno escolar.
«Todos los niños que han vuelto a casa después de esconderse (de los combates) durante meses, hablan de su afán por regresar a la escuela», ha manifestado Oyewale.
«Lo mismo ocurre con todos los niños que han sido obligados a participar en las hostilidades de una manera u otra. Están mirando hacia el futuro, y saben que la educación es un camino hacia adelante», ha remachado.
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