Enseñar con autonomía empodera a los docentes”. Con este lema, se celebra este jueves el Día Mundial del Docente, reclamando formación de calidad y salarios justos para los profesores de todo el mundo.
En muchos países, la libertad académica de los maestros se encuentra bajo presión, por ejemplo por la existencia de estrictos programas de evaluación. Los profesores que trabajan en países y comunidades afectados por conflictos e inestabilidad suelen afrontar intolerancia, discriminación y las limitaciones que de ello se derivan para la investigación y la docencia.
En un comunicado conjunto, los directores de la UNESCO, la OIT, UNICEF y el PNUDrecuerdan que la función de los profesores “es fundamental para asentar la fortaleza de toda sociedad, puesto que brindan a los niños, jóvenes y adultos los conocimientos y las competencias que necesitan para hacer realidad su potencial”.
En el texto, piden a los gobiernos y el sector privado que se comprometan a lograr que los profesionales de la educación estén sumamente capacitados, valorados y empoderados. Ese es el camino para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, en el que se concibe un mundo en el que cada niña, niño, mujer y hombre tenga acceso a una educación de calidad y a oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Para ello hay que garantizar unas condiciones de trabajo dignas y unos salarios justos a todos los docentes, incluidos los del nivel terciario; proporcionarles formación y desarrollo profesional; aumentar el número de docentes capacitados; eliminar las restricciones innecesarias para la investigación y la docencia y defender la libertad académica en todos los niveles educativos.
UNICEF/ 19 de septiembre de 2017/Fuente: Europa Press.
Unos 850.000 niños quedaron sin acceso a la educación y la sanidad por el conflicto en Kasai (RDC), según UNICEF
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este viernes de la amenaza que supone para la educación de los niños la violencia que sacude la región congoleña de Kasai (suroeste), resaltando que 850.000 niños se han quedado sin acceso a servicios como la educación y la atención sanitaria.
El organismo ha resaltado que los combates registrados en los últimos meses en esta provincia de República Democrática del Congo (RDC) han provocado el desplazamiento de miles de familias, anunciando una campaña para apoyar el regreso a la escuela de 150.000 niños.
En su comunicado, ha afirmado que 440.000 niños no pudieron terminar el año escolar anterior en las cinco provincias más afectadas por la crisis –Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Lomami y Sankuru–, denunciando que más de 400 escuelas han sido atadas desde el inicio de la crisis.
«Es crucial que los niños regresen a la escuela para recuperar un sentido de normalidad en sus vidas después de meses de temor e incertidumbre», ha dicho Tajudeen Oyewale, representante interino de UNICEF en RDC.
La campaña lanzada por UNICEF y sus socios incluye actividades de comunicación que animan a los padres a inscribir a sus hijos, distribución de material escolar para los niños más vulnerables y capacitación de 2.750 maestros en educación para la paz y apoyo psicosocial.
Asimismo, lleva a cabo actividades de sensibilización en las comunidades sobre los riesgos relacionados con las minas antipersona y resto de municiones sin explotar en el entorno escolar.
«Todos los niños que han vuelto a casa después de esconderse (de los combates) durante meses, hablan de su afán por regresar a la escuela», ha manifestado Oyewale.
«Lo mismo ocurre con todos los niños que han sido obligados a participar de las hostilidades de una manera u otra. Están mirando hacia el futuro y saben que la educación es un camino hacia adelante», ha remachado.
África / 17 de septiembre de 2017 / Autor: Lola Hierro / Fuente: El País
Hay 264 millones de menores sin escolarizar en el mundo y dos tercios viven en países de abundantes recursos naturales. Su explotación genera conflictos que afectan a la educación. Un informe lo analiza
A primeros de septiembre, ciudades y pueblos se llenan desde bien temprano de niños somnolientos y nerviosos que se enfrentan a su primer día de curso. Una imagen tan habitual para algunos no lo es en absoluto para muchos, muchísimos otros. En los últimos años se ha avanzado en la escolarización de los menores —entre 2000 y 2015 el acceso a la escuela primaria llegó al 90% de los niños— pero todavía quedan 264 millones sin escolarizar en todo el mundo. Y dos tercios de ellos viven en países ricos en recursos naturales, pero que paradójicamente ocupan los últimos puestos de desarrollo y tienen presupuestos en educación inferiores al 3% de su PIB.
Para llamar la atención sobre esta realidad tan chirriante, la ONG Entreculturas ha lanzado la campaña Escuelas en peligro de extinción y, con ella, un informe titulado Educación en zona de conflicto que analiza minuciosamente las relaciones entre el derecho a la educación, la explotación de recursos naturales, la paz y el desarrollo sostenible.
«La fuerte presión sobre los recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales, agrícolas o hídricos y la lucha por su control generan, además de degradación ambiental, tensión, conflictos, violencia y desplazamientos forzosos», resume el estudio, que describe cómo los civiles que viven en estas áreas explotadas ven vulnerados sus derechos. Sobre todo, el de la educación. Los datos hablan por sí solos: el 87% de las personas desplazadas en el mundo en la última década proceden de zonas de explotación minera y petrolera.
Y de eso sabe Hombeline Bahati, coordinadora de un proyecto de mejora de medios de vida con el Servicio Jesuita al Refugiado. Trabaja en Masisi, en la castigada región de Kivu norte, en la República Democrática del Congo (RDC). Un país con abundantes recursos minerales que lleva 20 años sumido en un conflicto sin visos de acabar. Oro, el tantalio que hace funcionar los teléfonos móviles… RDC es una mina y todos quieren beneficiarse de ella.
«Existen problemas tribales por el acceso a la tierra, porque con la crisis de los noventa de Ruanda, los hutus se desplazaron a Masisi y siguen ahí, y no hay sitio para todos», explica Bahati, en Madrid para dar visibilidad a su trabajo. Luego, desde que llegaron los blancos a ayudar y descubrieron la riqueza de nuestras montañas; empezaron a explotar la tierra y entonces ya no fue solo para cultivarla, sino para obtener mayores beneficios. Ahí entraron el Gobierno, las milicias, las grandes empresas extractivas… ya fue una lucha de todos contra todos», describe.
Solo en Masisi se aglutinan 11 campos de refugiados y Bahati trabaja en siete. Se estima que en ellos viven —o malviven— unas 36.000 personas. «A través de la formación en diferentes oficios, estas personas pueden ser autónomas. Son familias que tuvieron que irse a otros pueblos o a campos de refugiados para estar más tranquilos porque sufrían los enfrentamientos entre guerrillas o entre estas y el ejército regular».
Es un círculo vicioso: a menor educación, más conflictos, y a más conflictos, menor educación. Y la particularidad de que la contienda tenga que ver directa o indirectamente con la explotación de los recursos de un país solo empeora las cosas. Según el informe, es un agravante para los niños y niñas en edad escolar: «Diez de los países con indicadores educativos más bajos son ricos en recursos naturales. Ocho de ellos están siendo o han sido asolados por conflictos. De los 40 conflictos que se han producido entre el año 1999 y el año 2013 han conllevado ataques recurrentes a la educación, más de la mitad han estado vinculados directa o indirectamente con los recursos naturales», enumera. Y además, durante los últimos 60 años, entre cuatro y seis de cada 10 conflictos armados tuvieron un vínculo con la explotación de recursos naturales. La mayoría fueron en África subsahariana, pero también en América Latina y Asia.
La razón fundamental es que estas contiendas se prolongan más tiempo, llevan asociados mayores niveles de violencia, especialmente contra las mujeres, y son más difíciles de superar. El riesgo de resurgimiento es mucho más alto, en parte porque los procesos de paz y reconciliación no suelen abordar la gobernanza y gestión de los recursos naturales.
El 87% de las personas desplazadas en el mundo en la última década proceden de zonas de explotación minera y petrolera
En Masisi, Bahati es testigo a diario de cómo esto afecta a la educación de los niños: «Cuando hay un conflicto no funciona nada, y tampoco los colegios. Llegan familias desplazadas con sus hijos a una nueva comunidad y las escuelas de la zona no tienen plazas para todos, se desbordan, así que los menores no pueden acceder a la educación o acceden a una de muy mala calidad», describe.
Otras guerras menos visibles
Hay conflictos armados más violentos a primera vista, como por ejemplo el de RD Congo. En ellos se atacan escuelas, se asesina, se producen desplazamientos forzados de comunidades enteras y una importante degradación medioambiental. Pero existen otros de menor escala que afectan a millones de personas de pequeñas comunidades locales y tienen su origen en el acaparamiento de tierras que luego explotarán grandes empresas (cultivos intensivos de soja, por ejemplo, en América Latina) o en la lucha por recursos decrecientes (agua, tierras, pastos, pesca…).
Se calcula que hay activos más de 2.000 conflictos medioambientales, una cifra que ha aumentado en los últimos años en paralelo a los asesinatos de ecologistas, que a menudo ejercen también el liderazgo educativo en sus comunidades. Uno de los más sonados fue el de Berta Cáceres, pero no el único. Estos crímenes aumentaron un 59% entre 2004 y 2015, con 185 asesinatos en 16 países, según el último informe de Global Witness.
En los conflictos armados relacionados con los recursos naturales son frecuentes los ataques a la educación. Desde los ataques a escuelas y a profesores, la destrucción de aulas, el reclutamiento de niñas y niñas como soldados, hasta la violencia contra mujeres y niñas, estudiantes y docentes. En el caso de la República Democrática del Congo, por ejemplo, desde 2013 han sido destruidas más de 500 escuelas y más de 200.000 escolares se han visto afectados.
En los conflictos medioambientales, los impactos no son tan visibles, en parte porque los ataques directos a escuelas, profesores y estudiantes son menos frecuentes, pero también son muy dañinos y vulneran el derecho a la educación de milones de menores. La apropiación de tierras por parte de empresas desplaza a la población que las habitaba o trabajaba, con la consiguiente pérdida de oportunidades educativas para los afectados. En Kenia hay 30.000 escuelas en riesgo de desaparición por este fenómeno. El 83% no cuenta con un título jurídico de propiedad, por lo que sus efectivos propietarios no pueden defenderse.
Una cuestión de género
De entre todos los perjudicados por este tipo de contiendas, las mujeres y niñas tienen un problema añadido. La educación las empodera para enfrentarse a diversas discriminaciones. Pero si no tienen la oportunidad de formarse, serán más proclives a sufrir otros abusos. Es el caso del matrimonio infantil o el acceso a la salud o al empleo. Sin olvidar a que en los lugares donde existen conflictos por los recursos naturales se producen a menudo violaciones masivas de mujeres como arma de guerra. Además de las secuelas físicas y psicológicas, estas quedan estigmatizadas de por vida y marginadas, por lo que acaban por destruir el tejido social de las comunidades.
Bahati lo describe desde su experiencia. Explica que los desplazados pierden el acceso a la tierra, ya no tienen donde cultivar y por tanto dejan de ganar dinero. «Como mucho pueden realizar alguna actividad económica informal, y si les sobra algo del poco dinero que ganan para destinarlo a la educación, van a privilegiar a los niños varones», cuenta Bahati. «El que las niñas estén en los campos sin hacer nada las lleva a la esclavitud sexual: en mis campos sucede mucho», asegura la congoleña. «Por menos de medio dólar, los padres las prostituyen».
En República Democrática del Congo, desde 2013 han sido destruidas más de 500 escuelas y se han visto afectados más de 200.000 escolares
Más guerra, peor alimentación y peor educación
Como se mencionaba antes, una buena parte de las personas más pobres del mundo vive en países ricos en recursos naturales. Y también de los hambrientos. Esa combinación de pobreza y hambre dificulta el acceso a la educación y al aprendizaje efectivo: un niño con hambre o con carencias nutricionales no va a rendir adecuadamente en el colegio. Y, sin embargo, la educación es fundamental para salir del círculo de la pobreza.
Igual ocurre con los problemas de salud: afectan al derecho a la educación porque favorecen el absentismo, el abandono o las dificultades de aprendizaje. Otras consecuencias sobre la salud son la contaminación generada por las industrias mineras o de hidrocarburos, la destrucción de infraestructuras sanitarias y la propagación de enfermedades.
Medidas realistas
Dos niñas hacen los deberes en el campo, en Etiopía.
Con esta campaña, Entreculturas hace un llamamiento a los Gobiernos de países donde existen conflictos relacionados con los recursos naturales. Les exhortan a que recaben el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones locales y que respeten sus derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida, a la alimentación adecuada, a la salud y a la educación. Sobre esta última, el informe recalca que es imprescindible que se refuercen los medios y la financiación actuales para paliar los déficits existentes. Un ejemplo positivo, en opinión de los investigadores, es el de Etiopía, donde la pobreza se ha reducido a la mitad desde 1995, cuando empezó a aplicar programas educativos más eficaces.
En el caso de las comunidades indígenas, se hace especial hincapié en la inversión en una educación bilingüe, en un refuerzo del enfoque multicultural y de la orientación de la educación hacia el empoderamiento para la defensa de los derechos referidos a su estilo de vida, a la propiedad de la tierra y a la gestión de sus recursos.
Por otra parte, los autores consideran necesario incorporar la cuestión de la gobernanza de los recursos naturales en los procesos de paz y reconciliación por parte de los Gobiernos en los países en conflicto, de los actores que desempeñan un papel de mediación y de las organizaciones sociales que contribuyen a la restauración de la paz.
Pese a todo, Hombeline Bahati sabe que ni Masisi ni Kivu serán una tierra pacífica a corto plazo. Por eso pide adoptar medidas realistas para conseguir que la población sobreviva de la manera más digna posible y con acceso a los mejores recursos, también dentro de las circunstancias. No se puede acabar la guerra de un día para otro, pero sí se puede sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia de la educación. Ella, nacida en esa tierra indómita, va notando cambios. «La sensibilización es muy importante, cada vez más padres entienden que es fundamental que sus hijos e hijas se formen. El aumento de la demanda se observa en que también hay cada vez más universidades y centros de formación profesional. Antes eran para unos pocos privilegiados, pero en los últimos años se ha normalizado el acceso», asegura.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este viernes de la amenaza que supone para la educación de los niños la violencia que sacude la región congoleña de Kasai (suroeste), resaltando que 850.000 niños se han quedado sin acceso a servicios como la educación y la atención sanitaria.
El organismo ha resaltado que los combates registrados en los últimos meses en esta provincia de República Democrática del Congo (RDC) han provocado el desplazamiento de miles de familias, anunciando una campaña para apoyar el regreso a la escuela de 150.000 niños.
En su comunicado, ha afirmado que 440.000 niños no pudieron terminar el año escolar anterior en las cinco provincias más afectadas por la crisis –Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Lomami y Sankuru–, denunciando que más de 400 escuelas han sido atadas desde el inicio de la crisis.
«Es crucial que los niños regresen a la escuela para recuperar un sentido de normalidad en sus vidas después de meses de temor e incertidumbre», ha dicho Tajudeen Oyewale, representante interino de UNICEF en RDC.
La campaña lanzada por UNICEF y sus socios incluye actividades de comunicación que animan a los padres a inscribir a sus hijos, distribución de material escolar para los niños más vulnerables y capacitación de 2.750 maestros en educación para la paz y apoyo psicosocial.
Asimismo, lleva a cabo actividades de sensibilización en las comunidades sobre los riesgos relacionados con las minas antipersona y resto de municiones sin explotar en el entorno escolar.
«Todos los niños que han vuelto a casa después de esconderse (de los combates) durante meses, hablan de su afán por regresar a la escuela», ha manifestado Oyewale.
«Lo mismo ocurre con todos los niños que han sido obligados a participar en las hostilidades de una manera u otra. Están mirando hacia el futuro, y saben que la educación es un camino hacia adelante», ha remachado.
“Los niños y las mujeres de la región de Kasai nos hablan de terribles abusos. Muchos niños han sido reclutados por las fuerzas armadas, drogados y atrapados en la violencia. Nada puede justificar estas acciones”, expresó Marie-Pierre Poirier, directora de Unicef para África Occidental y Central.
Cientos de miles de mujeres y niños han sufrido “actos terribles de abuso” en la región de Kasai, envuelta en el conflicto que se desarrolla en la República Democrática del Congo, alertó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
En un comunicado, Unicef indicó que la violencia en la región de Kasai en los últimos 12 meses ha forzado el desplazamiento de más de 1.4 millones de personas, incluidos 850,000 menores de edad, cuyas vidas han sido trastornadas por “los extendidos actos de violencia extrema”.
“Los niños y las mujeres de la región de Kasai nos hablan de terribles abusos. Muchos niños han sido reclutados por las fuerzas armadas, drogados y atrapados en la violencia. Nada puede justificar estas acciones”, expresó Marie-Pierre Poirier, directora de Unicef para África Occidental y Central.
Poirier destacó que la situación de los niños en la región de Kasai empeora, y que las familias desplazadas por el conflicto no pueden acceder a los servicios más básicos.
Más de 200 centros de salud han sido destruidos y uno de cada cuatro centros de salud ya no funciona normalmente. Asimismo, un estimado de 400,000 niños están en riesgo de desnutrición aguda severa.
“Los niños han perdido un año de educación, ya que cientos de escuelas han sido víctimas de ataques y saqueos, los maestros han muerto o huido por razones de seguridad”, señaló la representante.
Añadió que el miedo a la violencia significa que los maestros no pueden ir a trabajar, mientras que los padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela.
Poirier llamó por ello a las partes en el conflicto a proteger a los menores, poner fin a graves violaciones en su contra y preservar las escuelas y los servicios de salud. Pidió también acceso irrestricto de la ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas.
Unos 400.000 niños están en riesgo de padecer desnutrición aguda y muchos de ellos están reclutados por fuerzas armadas en la República Democrática del Congo.
La directora regional del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés) en la República Democrática del Congo, expresó este lunes que “El mundo no puede obviar la urgente situación a la que se enfrentan los niños y sus familias en la región de Kasai”.
En un comunicado, Marie-Pierre Poirier recordó que en lo que va de 2017, al menos un millón y medio de personas, entre ellas 850.000 niños, se vieron obligados a huir de sus hogares por la violencia que genera el conflicto que vive ese país.
La representante del organismo internacional señaló que unos 400.000 niños están en riesgo de padecer desnutrición aguda y muchos de ellos están reclutados por fuerzas armadas.
Más de 200 hospitales han sido destruidos y uno de cada cuatro no funciona completamente. Además, centenares de escuelas han sido atacadas o saqueadas, mientras que muchos maestros huyeron del lugar o fueron asesinados, precisó Poirer.
«Los niños y las mujeres nos hablan de terribles abusos. Muchos niños han sido reclutados por las Fuerzas Armadas, drogados y atrapados en la violencia. Nada puede justificar estas acciones», informó el director ejecutivo adjunto de Unicef, Justin Forsyth.
En julio pasado Zeid Ra’ad Al Hussein, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nombró a tres expertos encargados de investigar las violaciones y abusos cometidos en la región de Kasai, en la República Democrática del Congo (RDC).
El conflicto en la provincia de Kasai, al noreste de RDC, inició en 2016. La milicia local Kamuina Nsapu se enfrenta con tropas gubernamentales y más de un millón de personas han sido desplazadas desde entonces.
¿Quién es Kamuina Nsapu?
Se le conoce como un grupo tribal y su nombre derivó del jefe tradicional, Kamuina Nsapu, quien fue asesinado por la Policía en agosto de 2016.
El grupo se rebeló luego de que el gobierno de Kinshasa, la mayor ciudad de RDC, no reconoció a Jean-Pierre Mpandi como nuevo Kamuina Nsapu, nombre que se le da a la jefatura tradicional del clan de los Bajila Kasanja.
El gobierno de Kinshasa acusó al aspirante a la jefatura tribal de mantener afinidad con la oposición. La respuesta de la Policía fue organizar una redada en la casa de Mpandi y como este no se hallaba en ella, los agentes reprimieron a sus familiares.
Kamuina Nsapu en respuesta al ataque se movilizó y el gobierno desplegó más fuerzas de seguridad. Desde entonces se mantiene el conflicto
República del Congo/07 agosto 2017/Fuente: Eco Diario
El director ejecutivo adjunto del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Justin Forsyth, ha subrayado este lunes que «nada puede justificar los terribles abusos contra mujeres y niños» que se han registrado en la región de Kasai, en República Democrática del Congo, al tiempo que ha reclamado a las partes en conflicto que protejan a los niños y las instituciones educativas.
«El mundo no puede cerrar los ojos ante la situación que están viviendo los niños y las familias en la región del Gran Kasai», ha asegurado el responsable de UNICEF, en un comunicado. Forsyth ha asegurado que, en los últimos doce meses, más de 1,4 millones de personas –incluidos 850.000 niños– se han visto «obligadas a abandonar sus hogares y sus vidas, marcadas por actos generalizados de violencia extrema».
«Los niños y las mujeres nos hablan de terribles abusos. Muchos niños han sido reclutados por las Fuerzas Armadas, drogados y atrapados en la violencia. Nada puede justificar estas acciones», ha afirmado el director ejecutivo adjunto de UNICEF.
Tras denunciar que la situación de los niños sigue empeorando y las familias desplazadas por el conflicto «no pueden acceder a los servicios más básicos», la agencia de Naciones Unidas ha señalado que «más de 200 centros de salud han sido destruidos y uno de cada cuatro centros sanitarios no funciona con normalidad». «Se estima que cerca de 400.000 niños están en riesgo de sufrir desnutrición aguda grave», ha alertado.
Forsyth ha explicado que los niños en Kasai han perdido un año de educación porque hay «cientos de escuelas» que han sido objetivo de «ataques y saqueos». «Los maestros han sido asesinados o se han visto forzados a huir por razones de seguridad. El miedo a la violencia se traduce en que el personal docente no puede ir a trabajar y los padres temen enviar a sus hijos a la escuela», ha señalado.
El director ejecutivo adjunto de UNICEF ha dejado claro que todas las partes enfrentadas deben proteger a la infancia. «Todas las partes en conflicto deben proteger a los niños, poner fin a estas graves violaciones contra la infancia y preservar las escuelas y los servicios de salud. Los actores humanitarios deben tener acceso ilimitado a las poblaciones afectadas para que podamos llegar a todos aquellos que lo necesitan», ha asegurado.
Por último, ha indicado que UNICEF y una extensa red de aliados locales están respondiendo a las «crecientes necesidades humanitarias, «llegando a más de 150.000 personas afectadas por la crisis con nutrición, salud, educación, agua y saneamiento, donaciones directas en efectivo e intervenciones de protección infantil». «Pero a menos que esta violencia se detenga, nuestro trabajo nunca será suficiente. Las vidas de muchos miles de niños están en riesgo», ha concluido.
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