México

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El caso Ayotzinapa: verdad y justicia a cuenta gotas

Tlachinollan

América/México/Fuente: Tlachinollan

 

El Titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa de la PGR, Omar Gómez Trejo, en una conferencia de prensa, anunció que entre los restos llevados a Innsbruck, uno corresponde Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa; la identificación fue verificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Los días 21 y 29 de noviembre de 2019 se realizaron acciones de búsquedas en un punto conocido como Barranca de la Carnicería, Ejido de Cocula; este lugar no es el basurero de Cocula ya que la Barranca se encuentra a más de 800 metros de distancia donde se crea la narrativa de la “verdad histórica”, afirmó Omar Gómez.

Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres, consideró que hoy se ha recibido una noticia con mucho dolor, pero es un paso en la dirección correcta en la búsqueda de la verdad y la justicia. Sin embargo, queremos decirle a la familia que estamos a su lado, con el compromiso de seguir abrazados, que sentimos su dolor en la distancia y que sin duda no es nada comparado porque la esperanza de que llegara Christian era más inmensa, incluso que la verdad. Nos solidarizamos.

Omar Gómez Trejo dijo que el 19 de junio de 2020, la Universidad de Innsbruck comunicó a la Unidad Especial del caso Ayotzinapa y al Equipo Argentino, que después de realizar los análisis respectivos de los restos óseos enviadas a Innsbruck, una de ellas corresponde al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos. Para mayor certeza de los resultados de Innsbruck también fueron analizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, terminando su revisión el 4 de julio. Las conclusiones fueron deforma coincidente que una de las piezas óseas enviadas al laboratorio de Innsbruck pertenece efectivamente al estudiante normalista Christian de forma indubitable. El titular de la Unidad Especializada del caso Ayotzinapa, en sus aseveraciones finales, consideró que con estos hallazgos se rompe el pacto de la impunidad y del silencio, así como se acaba la “verdad histórica”, parafraseando al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Por su parte, Vidulfo Rosales, confía que el hallazgo de los restos pueda revelar una verdad que se ha ocultado a la opinión pública de México y que se ha convertido en una de las promesas de la actual administración, asumida desde la presidencia desde diciembre de 2018. Los primeros indicios de esa verdad llegan con el trago amargo de la muerte de Christian Alfonso Rodríguez que fue víctima de desaparición forzada cuando apenas tenía 19 años.

Aún sigue siendo un tema pendiente. Esta noticia no es más que el símbolo de un país de los desaparecidos, de los rostros ausentes, de la ignominia; un aparato de Estado que quiere exterminar a la voz rebelde, que desaparece a los cuerpos incómodos.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/nota-informativa-el-caso-ayotzinapa-verdad-y-justicia-a-cuenta-gotas/

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El futuro de la educación, ¿desde dónde pensarlo?

Blanca Heredia

Por: Blanca Heredia

 

“Pensar” el futuro suele consistir en proyectar hacia adelante lo conocido. Dicho de otra manera: prolongar los patrones que observamos en el pasado, ponerles algunos adornos y llamarle a eso “futuro”. En educación, en tiempos recientes por ejemplo, lo usual, ha sido pensar que el futuro será uno en el que la tecnología cobre más y más importancia.

La mayor parte del tiempo operar de esta manera, funciona. Funciona, pues el grueso de la realidad y los lentes con los que la percibimos permanece más o menos constante. Las continuidades de fondo hacen que imaginar el futuro como una simple proyección de lo que ya conocemos o podemos anticipar resulte bastante sensato.

Desde que llegó a nuestras vidas el COVID-19, sin embargo, han cambiado tantísimas cosas y podrían cambiar tantas otras, que pensar el futuro como mera prolongación del pasado ya no me parece tan sensato. No me lo parece, pues cuando tantas piezas se mueven en la realidad objetiva y, al mismo tiempo, en las coordenadas de sentido desde las cuales miramos la realidad objetiva, es muy posible que los patrones conocidos nos resulten insuficientes para atisbar los contornos de nuestros futuros posibles.

En un contexto como el actual, considero que pensar en serio sobre el futuro requiere empezar por preguntarnos desde dónde abordamos tal empresa en un doble sentido. Primero, a partir de cuáles variables clave y, segundo, desde cuáles supuestos. En ambos casos, se trata de explicitar nuestras premisas y, con ello, abrir la posibilidad de problematizarlas a fin de estar en condiciones de poder nombrar y aprehender lo nuevo y lo desconocido.

Para el caso del futuro de la educación (como de tantas otras cosas), lo primero es identificar cuáles factores son los más importantes para imaginar futuros posibles. Al respecto, el primer elemento a tomar cuenta, en el contexto presente, es la duración de la pandemia. Es decir, la extensión del periodo de tiempo entre el inicio de la pandemia y la fabricación/disponibilidad masiva de la vacuna y/o el tratamiento. Si hay vacuna, digamos para octubre de 2020, no es previsible que el cambio provocado o acelerado por la pandemia en educación o en cualquier otro ámbito sea sistémico y profundo. Si hay vacuna en tres o cinco meses, las cosas volverán –con pequeñas variaciones y grandes costos acumulados– al estado en el que se encontraban y a la trayectoria por la que iban antes del estallido de la pandemia. Por otra parte, si la vacuna y/o el tratamiento contra el COVID-19 toma dos años o más, es muy posible que las transformaciones y rupturas con el pasado conocido pudieran ser mucho más profundas e irreversibles.

En términos de las variables a considerar para pensar el futuro de la educación escolarizada, la duración de la pandemia es claramente lo más importante. Pero, hay otros factores a tomar en cuenta (incluso si apareciera la vacuna mañana). Uno de ellos, es la prioridad que previsiblemente tendrá la educación para el gobierno en la post-pandemia, tanto en términos de atención política como de recursos públicos destinados a esta. En ambos casos, lo más probable es que sean menores que en el pasado. Ello, traerá conflictos importantes sobre cómo asignar esa atención y esos recursos mermados. El conflicto en cuestión abrirá oportunidades para replantear prioridades. En ausencia de potencia imaginativa y capacidad para organizar grandes números de voluntades en torno a esta, sin embargo, lo más probable es que prevalezcan en ese conflicto los actores e intereses más vocales y mejor organizados de siempre.

Además de identificar las variables clave a considerar para pensar productivamente las formas posibles del futuro, la tarea de imaginar el futuro pasa por preguntarnos desde cuáles supuestos analíticos, conceptuales y valorativos abordamos esa tarea. ¿Inquirimos sobre el futuro de la educación asumiendo que los sistemas educativos nacionales son algo inmutable, o comenzamos por historizar “la escuela” y por contemplar la posibilidad de que (más pronto que tarde) esa forma particular de organizar socialmente la tarea de “educar” sea sustituida por otra distinta? ¿Pensamos el futuro de la educación desde la idea de que las maestras/os son los únicos encargados de impartirla o desde una visión en la cual la “función docente” se descompone en tareas diferenciadas (enseñar a leer, proteger, acompañar en la vida) a cargo de una variedad de actores individuales y colectivos? ¿Analizamos el futuro de la educación partiendo de que lo único importante son los aprendizajes cognitivos individuales (como llevamos varias décadas haciendo) o partimos de una visión más colectiva en la que lo prioritario en educación es la capacidad de una sociedad para transmitirle a las siguientes generaciones el acervo de conocimientos, habilidades y valores compartidos que requiere esa sociedad para sobrevivir en el tiempo?

Nos toca a los que nos dedicamos profesionalmente a “pensar”, hacernos todas estas y otras muchas preguntas. Especialmente ahora, en estos tiempos de pandemia tan corrosivos de las certezas de antes, tan desafiantes, y tan abridores de nuevas posibilidades.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/el-futuro-de-la-educacion-desde-donde-pensarlo  –

Imagen: https://pixabay.com/

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La masacre de San Mateo del Mar

Luis Hernández Navarro

Por: Luis Hernández Navarro

Ofensiva de los poderes fácticos regionales

San Mateo del Mar está de luto. El pasado domingo 21 de junio, un grupo criminal segó la vida de 17 habitantes, incluidas dos mujeres, reunidos en la agencia municipal de Huazantlán del Río para efectuar una asamblea. Los matones encapuchados los emboscaron a la altura de la colonia Reforma, usando machetes, gasolina, palos, piedras y armas de fuego. No contentos con la agresión, calcinaron a varias de sus víctimas. Pese a que la gente llamó a la Guardia Nacional y ésta llegó, se retiró cuando comenzó el ataque.

No es la primera arremetida violenta que los defensores de la asamblea sufren. Apenas el 3 de mayo fue asesinado Filemón Villalobos, agente municipal suplente de Huazantlán, sin que el crimen fuera esclarecido ni se haya hecho justicia.

San Mateo del Mar es un municipio ikoot (huave) de alta marginación, en que viven 15 mil habitantes (6 mil de ellos en la cabecera municipal), rodeado de lagunas y mares. Está ubicado en una estrecha barra que separa la Laguna Inferior del Golfo de Tehuantepec, con un solo camino de terracería como vía de comunicación. Entre octubre y marzo fuertes vientos azotan la región en todo el municipio. La mayoría de su población se dedica a la pesca (https://bit.ly/31oPLfW).

El municipio ha sufrido conflictos agrarios desde hace más de 60 años. A lo largo de la década anterior se acentuaron. Grandes compañías eólicas pretenden adueñarse de ese territorio. A diferencia de otras comunidades, en 2008 San Mateo rechazó la instalación de aerogeneradores, que individualizan la posesión de la tierra. Se opuso a la entrada del megaproyecto eólico Preneal. Y, junto a San Dionisio, impulsó la expulsión de Mareña Renovables, que pretendía instalar más de 100 molinos eólicos en la ecológicamente frágil Barra de Santa Teresa, territorio sagrado ikoot (https://bit.ly/31o1yva.

Desde 2017 San Mateo padece un conflicto político electoral que amenaza su sistema normativo interno. El núcleo de pobladores que encabeza la resistencia caracteriza la agresión que sufren como una guerra contra el pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones, la asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas.

Hasta ese año, se elegía a las autoridades municipales por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias. Sin embargo, a partir de entonces, como resultado de la presión de un ciudadano que demandó su derecho a ser elegido autoridad a pesar de no haber servido en el sistema de cargos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) ordenó realizar comicios por planillas. Con apoyo empresarial se impuso un candidato por medio de un enorme fraude electoral contra la asamblea, comprando votos. Sin embargo, el presidente municipal espurio no pudo portar el bastón de mando, ni despachar en la alcaldía, aunque dispuso de las partidas presupuestales.

En 2019, los poderes fácticos encabezados por el empresario Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, repitieron el fraude. Ya en la administración se despacharon en grande con los contratos de obra pública y la administración de fondos municipales. Al igual que su antecesor, Bernardino Ponce, el nuevo alcalde, tampoco puede atender las responsabilidades de su cargo en el palacio municipal.

Según denuncian víctimas de la agresión, entre otros, forman parte del grupo de poder embarcado en la guerra contra la asamblea, el constructor Camerino Dávalos, Sofía Castro Ríos. Anabel Sánchez Hernández, Emanuel Bustillo (comandante del Frente Único de Agencias) y Roberto Rueda Velázquez.

Adicionalmente, la delincuencia organizada ha sentado sus reales en algunas agencias municipales. Comenzaron sus actividades con el robo de cable de cobre del tendido de alta tensión, en Santa Cruz. Los malosos locales son una isla de un archipiélago criminal más amplio, que se estableció y expandió en Juchitán y Salina Cruz con la llegada de Gabino Cué a la gubernatura de Oaxaca. Drogas, secuestros, piratería, tráfico de migrantes, extorsión son algunos de los negocios a los que se dedican.

El 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un diagnóstico sobre el origen de la masacre. “Es –dijo– una confrontación por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades. Suele pasar que en los ayuntamientos cuando hay elecciones y queda de presidente municipal alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o presupuesto sólo se aplica en la cabecera y no se distribuye en las agencias.”

Sin embargo, en este caso la naturaleza del conflicto es diferente. Los agredidos, además de pertenecer a la cabecera municipal, representan también a otras agencias. La matanza es parte de la ofensiva de los poderes fácticos regionales, funcionales a la industria eólica, para desmantelar o debilitar a los núcleos organizados que se oponen a los megaproyectos y articulan la defensa de su territorio, sus recursos naturales y su cosmovisión, y que han avanzado en una alianza con su vecina Santa María. El asunto se agrava por la construcción del corredor interoceánico.

La masacre de San Mateo del Mar no debe quedar impune. Urge brindar medidas cautelares a la comunidad. El duelo mareño debe encontrar verdad, justicia y reparación del daño.

Fuente: https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/la-masacre-de-san-mateo

Imagen: https://pixabay.com/

 

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Atender sin entender el enfoque inclusivo de la discapacidad: la evaluación como reto en tiempos de pandemia

Pluma Invitada

Por:  *Alfonso Fermín García Millán/Colectivo Educación Especial Hoy

La Nueva Escuela Mexicana supone la construcción de terrenos cada vez más incluyentes, en los cuales la sociedad juega un papel fundamental; nos toca desaprender la visión reduccionista de una cultura donde la diferencia solo se reconoce por su derecho a recibir educación, lo que conlleva a dar cumplimiento parcial de nuestro Artículo 3° Constitucional.

En este sentido la NEM pretende transitar de un ideal de escuela que abre las puertas a la diversidad, a una en la que a pesar de la falta de capacitación institucional se atiende a los alumnos desde las posibilidades y capacidades de cada maestra y maestro; siendo esta la “estrategia” para garantizar la educación de excelencia a la que aspira el Sistema Educativo Nacional. Para ello se estableció un aparato normativo que supone blindar derechos adquiridos por la población vulnerable, quedando establecido en la Ley General de Educación:

Capítulo VIII

De la educación inclusiva.

 Artículo 61. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.

La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. 

Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, para lo cual buscará:

  1. Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana;
  2. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos;

III. Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria;

  1. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Nacional por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras, y
  2. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación.

 Artículo 64. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación.

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para atender a los educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, realizarán lo siguiente:

  1. Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, procurando en la medida de lo posible su incorporación a todos los servicios educativos, sin que esto cancele su posibilidad de acceder al servicio escolarizado;

III. Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación obligatoria;

  1. Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos con alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma inclusión a la vida social y productiva, y

VII. Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras del aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación. 

Artículo 65. Para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas:

  1. Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario;
  2. Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la Lengua de Señas dependiendo de las capacidades del educando y la enseñanza del español para las personas sordas;
  • Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social;
  1. Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad, y
  2. Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades.

Es importante reconocer que, con anterioridad a estos planteamientos, en las escuelas ya se estaba trabajando en la mejora de la evaluación que se lleva a cabo a las niñas y niños; dejando de privilegiar la evaluación sumativa y transitando poco a poco hacía una evaluación formativa que contemple los procesos de avance de cada estudiante, con el fin de asegurar el aprendizaje de todos los alumnos, principalmente de los que se encuentra en mayor desventaja como los alumnos con discapacidad.

Por lo que, desde esta mirada, es importante reconocer que para llevar a cabo la evaluación formativa se requiere estar juntos para observar, acompañar y nutrir el aprendizaje en cada uno de los alumnos. Pedro Ravela, Beatriz Picaroni y Graciela Loureiro (2017) consideran la evaluación como parte de la cotidianidad en el sistema educativo, ésta tiene varias implicaciones:

  • Comprobar constantemente los aprendizajes que los alumnos van logrando. (Shepard, 2006).
  • Valorar si el desarrollo de la planeación es congruente con lo planeado (SEP, 2012).
  • “Permite una acción reguladora entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje” (Casanova, 2007).
  • Observar en diferentes momentos el proceso de avance de los aprendizajes del alumno (Ravela, 2017).
  • La participación activa entre evaluadores y evaluados en un proceso de diálogo en el proceso de diseño, desarrollo y resultados en la evaluación (Santos, 2014).
  • La retroalimentación como elemento para la mejora de los estudiantes y se puede dar entre docente-alumno, alumno-alumno durante el proceso de aprendizaje (Shepard, 2006).

Con base en estas premisas, es importante reconocer que, pese a los esfuerzos por mejorar los aprendizajes, los resultados educativos reflejan que aún falta mucho por hacer; se requiere una verdadera capacitación al magisterio sobre atención a la diversidad, así la contratación de más personal de educación especial para que contribuya al logro de las metas planteadas desde el papel (Capítulo I, Artículo 7, inciso c y d) y como apoyo de los alumnos que lo requieren.

“La inclusión es una política sólo de afirmación, afirma la presencia del otro allí donde no estaba, pero no hay nada de su existencia, nadie pregunta cómo la está pasando, porque creen que lo que interesa es simplemente que esté allí”, palabras que Carlos Skliar ocupa para describir la existencia en el sistema educativo de los alumnos con discapacidad por mandato, pero que en lo real no han sido visibilizados en su totalidad desde el Sistema Educativo Nacional para garantizar la atención desde la individualidad, las características y habilidades de cada estudiante, así como se refiere en lo siguiente:  artículo 7, fracción II,  a); Capítulo III, fracción VII;  Capítulo VIII, artículos 61, 62 (fracción II,IV,V), 64 (fracción II, III, VI, VII) y el Artículo 65 en todas sus fracciones.

De acuerdo con cifras del INEGI 2018 existe en el país una población aproximada de 7. 7 millones de personas con alguna discapacidad de acuerdo a la encuesta nacional de la Dinámica Demográfica y la esta población existente de acuerdo a cifras del ciclo escolar 2018 – 2019 se atendió en educación básica a 624,371 NNA con alguna discapacidad en CAM, USAER y UDEEI, lo que representa la atención de 4,527 escuelas de prescolar, primaria y secundaria; 1,665 CAM, de 198,731 escuelas de educación básica, 3,200 inicial,  73,779  preescolar, 87,260 primaria, 34,492 secundaria logrando una cobertura del  3. 11%  en atención a las escuelas por parte de educación especial lo que configura un gran reto lo establecido en el la Ley general de Educación, Capítulo VIII de la educación inclusiva, Artículo 64, Fracción III que hace referencia a “la prestación de educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación obligatoria”.

En 2014 los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica indican que el nivel de escolaridad promedio de la población de 15 años y más es de 9 años, mientras que para la población con discapacidad es de 5 años lo que indica 4 años de menos permanencia en la escuela.

Desde mi experiencia como docente, director y evaluador certificado en la antigua ley del Servicio Profesional Docente en el campo de educación especial, he observado que cuando se habla de evaluación, los maestros se enfrentan a la dificultad no solo de asignar una calificación, sino al qué y cómo evaluar a la población que por su condición o situación de vulnerabilidad requiere de oportunidades equivalentes para acceder al aprendizaje.

Hoy en el marco de la Pandemia generada por el COVID – 19 se ha invisibilizado la inclusión, quedando al descubierto todas las inequidades existentes, incluso los grupos vulnerables hoy se demuestra que siguen siendo los  más perjudicados pese a las leyes de papel que poco han servido para garantizar los derechos fundamentales, las comunidades indígenas han sido excluidas por la conectividad, la tecnología y más aún por la pobreza en la que están inmersos, los migrantes que no reciben apoyo por el gobierno que los ha relegado del sistema de salud y trabajo, pero también las personas con discapacidad que han sido excluidas en lo económico , seguridad social y también en lo educativo

La pandemia exhibió las inequidades del Sistema Educativo Nacional y las problemáticas para atender a la Jornada Nacional de Sana Distancia; en la Guía de la sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, para el cierre de ciclo escolar se reconoce “que el acceso a la oferta educativa en este periodo fue desigual, ya sea por la carencia de recursos tecnológicos o por falta de condiciones en los hogares”. Aun con los grandes esfuerzos de “priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación” (Título Primero; del derecho a la educación; Capítulo I; Artículo 2.), no se alcanzó la meta de cumplir el eslogan “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”.

El COVID-19 es una problemática de salud pública, las decisiones en materia educativa han puesto en peligro el bienestar de la población al insistir en compromisos adquiridos con organismos internacionales.

Resulta evidente que la equidad no se puede “medir” con libros de texto, televisión, radio e internet; además de que no todos tienen acceso a ellos, el tenerlos no garantiza el cumplimiento de lo siguiente:

“VI. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos;

VII. Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables”.

Hoy, tenemos que ser honestos y claros reflexionando y admitiendo que la inclusión aún sigue siendo un ideal lejos de realizarse en un sistema que asume la política como una forma de ahorrar recursos económicos, la verdadera inclusión de las personas con discapacidad, representa una gran inversión en personal especializado, además de los gastos de electricidad, computadoras, Internet, infraestructura accesible, materiales adaptados, agua potable, sanitarios, material de consumo, limpieza,  personal de apoyo y asistencia a la educación, administrativos y personal docente.

Con estas políticas de austeridad se está desmantelando la educación especial; a la par de que la crisis educativa demuestra la necesidad de nuestro personal, no únicamente para las escuelas, si no para la atención y acompañamiento a toda la población que enfrenta barreas para el aprendizaje y la participación; porque la homogeneización del trabajo y la población han excluido a la mayoría de esta población, se intentó trasladar la escuela a la casa y se olvidaron las necesidades particulares de cada niña, niño y adolescente al no “tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables” (Articulo 16, fracción VII y artículo; Artículo 62, fracción V y el artículo 65).

Es importante reflexionar que en el marco del modelo social de la discapacidad se visualiza a la discapacidad (y yo agrego la vulnerabilidad) como un supuesto en el que la sociedad anula las capacidades de esta población imponiendo barreras actitudinales, políticas y culturales; en este sentido los entornos en que se insertan estos grupos vulnerables y las actitudes negativas hacia ellos son los que discapacitan y/o anulan sus potencialidades.

Es importante señalar que la escuela en muchos de los casos no actúa con dolo ante lo descrito en el párrafo anterior, sin embargo, como parte de una cultura interiorizada de la mirada hacia el otro y principalmente a del otro que se encuentra en desventaja, se tiene que reconocer que existen actitudes que atentan contra su desarrollo integral.

Pero hoy el tema es otro, a medida que avanzan los días existe más incertidumbre por el regreso a la escuela y habiendo concluido el ciclo escolar 2019-2020, dependerá de la sociedad que la curva de contagios empiece a bajar o se extienda.

Más allá de las estrategias implementadas por los docentes para hacer llegar actividades a sus alumnos o de las propuestas gubernamentales tecnología (las cuales no consideraron la economía de las familias para solventar los gastos), existe otro elemento que preocupa sobre manera a los maestros:  la evaluación.

Pero… ¿cómo reconocer el avance de los alumnos en estos tiempos de no estar juntos en la escuela? ¿Es posible evaluar?

Será esta experiencia el pretexto para quienes no han logrado modificar su práctica en la evaluación de procesos o solamente un alto para otros que permita ajustar lo que están haciendo para acompañar el aprendizaje de sus alumnos.

La propuesta de la autoridad educativa es clara para esta etapa complementaria a la contingencia, retoma una evaluación sumativa, promediar los dos periodos de evaluación cursados en la escuela, una carpeta de experiencias en las que se incluyen las actividades a distancia propuestas por los docentes y respuestas a preguntas que se integran al final de la programación educativa para salvar un ciclo escolar que además de ser inusual atraviesa por otra transformación hacia la Nueva Escuela Mexicana.

Hoy la evaluación formativa tendrá que esperar al regreso y no solo por no estar juntos docentes y alumnos, sino también por no tener la certeza del aprendizaje logrado por aquellos que recibieron apoyo, de los que les hicieron la tarea, de los que por diversas razonas no trabajaron o por aquellos que por su condición de discapacidad o vulnerabilidad no cumplieron con el programa Aprende en Casa.

¿Cómo podemos contribuir a este tiempo?

  • Sí a la evaluación que contemple los aprendizajes de este periodo, pero no para calificar, sino para reconocer qué se logró aprender y focalizar qué tendría que retomarse para el siguiente ciclo escolar.
  • Como parte de lo justo en la evaluación (Frade, 2006), considerar lo realizado por los alumnos con una carga menor en los criterios de evaluación, que no afecte la calificación final de los alumnos que no realizaron las actividades; tomando en cuenta que esta situación no es culpa de nadie, entendiendo además que muchos de nuestros alumnos, incluyendo a los que por su condición de discapacidad o vulnerabilidad solo adquieren aprendizajes o trabajan cuando están en el salón de clases.
  • Por otro lado, exigir el que se garanticen los preceptos enunciados en la Ley General de Educación, principalmente lograr la cobertura el 96.88% del personal faltante de educación especial en las escuelas.

Las demás reflexiones de esta realidad se las dejo ustedes, porque hay mucho que analizar.

Referencias bibliográficas

  • Dirección de Educación Especial. (2011). Modelo de Atención de los servicios de Educación Especial. Distrito Federal: Dirección de Educación Especial.
  • Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. (2019). Consejo Técnico Escolar. Primera sesión ordinaria. Educación preescolar, primaria y secundaria. SEP.
  • Diario Oficial de la Federación. (2019). DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Recuperado el 15 de Octubre de 2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019
  • Diario Oficial de la Federación. (2019). DECRETO por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Recuperado el 30 de Septiembre de 2019. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858&fecha=30/09/2019
  • Skliar, Carlos. (2000). Pedagogías de las diferencias. Argentina. Flacso.
  • (2018). Manual para el evaluador etapa 2. Proyecto de Enseñanza para la Evaluación del Desempeño del Personal Docente y Técnico Docente, primaria. México. SEP.
  • Casanova, Antonia. (2007). Manual de evaluación educativa. Madrid. La Muralla.
  • Ravela, Pedro. (2017). ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?. México. SEP.
  • Miguel Angel. (2014). La Evaluación como Aprendizaje. España. Narcea.
  • (2012). El enfoque formativo de la evaluación. Serie: Herramientas para la evaluación en educación básica. México. SEP.
  • Shepard, Lorrie. (2006). La evaluación en el aula. Traducción México. INEE.
  • (2019). Principales cifras del sistema educativo nacional 2018 – 2019. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. México. SEP.
  • (2018). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. INEGI. México.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/atender-sin-entender-el-enfoque-inclusivo-de-la-discapacidad-la-evaluacion-como-reto-en-tiempos-de-pandemia/

Imagen: https://pixabay.com/

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Coronavirus, crisis sanitaria y esclerosis del sistema político mexicano

Isaac Enríquez Pérez 1 comentario
Por: Isaac Enríquez Pérez

La crisis epidemiológica global se presenta –ante nuestro azoro e incertidumbre– como un hecho social total (concepto introducido desde la antropología y la sociología por Marcel Mauss) que cimbra los cimientos del conjunto de las relaciones, instituciones, sistemas y estructuras sociales. Las respuestas que sea posible brindar ante los alcances de la exacerbación de la crisis civilizatoria son apenas atisbos que no nos reconfortan de cara a la magnitud de los acontecimientos contemporáneos que desbordan, aceleradamente, toda capacidad de entendimiento, interpretación y de análisis prospectivo.

Los enigmas que emergen ante hechos sociales sistémicos, globales e inciertos, generan perplejidad y eclipsan toda posibilidad de pensar; y si ello ocurre, entonces entra en escena el miedo y el pánico colectivos. Instalado el miedo, el ser humano tiende a buscar protección en la religión, en la ciencia y –sobre todo– en el Estado. Pero éste no ofrece orientación, ni cuidados, y se torna postrado y rebasado ante el avance mundial de la peste. Solo le resta el recurso de la represión y de los dispositivos de control consentidos por el ciudadano. El argumento político de que la pandemia nos tomó por sorpresa imprevisible no solo es insostenible, sino que nos llama al autoengaño como humanidad.

Ni el coronavirus SARS-CoV-2 es fruto de un complot impulsado por fuerzas ocultas que manejan a la humanidad como títere; ni el ser humano es totalmente ajeno a la construcción social que subyace en la génesis y diseminación de virus y bacterias que son potenciados con la alta densidad poblacional y la contradictoria y destructiva relación sociedad/naturaleza. Relación regida por comportamientos ecocidas, ecodepredadores y de despojo que alimentan un patrón de producción, mercantilización y consumo compulsivo y regido por el supuesto del crecimiento ilimitado, capaces –dichos comportamientos– de alterar el clima y los equilibrios ecológicos y de devastar los hábitats naturales de animales habituados a convivir con agentes patógenos. Todo ello se magnifica con la intensificación de los flujos globales y de la movilidad humana transcontinental.

Frente a ello, cabe argumentar que las capacidades científicas, tecnológicas y materiales para enfrentar una pandemia, están al alcance de la humanidad. No así la voluntad política, las decisiones y la cooperación internacional para que ello ocurra. No es un asunto de escasez, sino de relaciones de poder signadas por la desigualdad. En este escenario, la enfermedad es expresión de la misma concentración de la riqueza, de las asimetrías de poder y de desigualdad social.

En múltiples sociedades nacionales, la magnificación de los efectos negativos derivados de la pandemia instalada por el coronavirus SARS-CoV-2, no solo agravó las ausencias del Estado, sino que recrudecieron las desigualdades sociales y evidenciaron el rostro de la exclusión de vastos sectores. En este maremágnum, las disputas entre las distintas facciones de las élites políticas y empresariales toman nuevos bríos y se trasladan al ámbito sanitario; evidenciando con ello una descomposición y esclerosis sin precedentes en el escenario de la praxis política. Lo que subyace a todo ello es la generalizada postración del Estado que se muestra incapaz de prevenir y enfrentar favorablemente la pandemia en distintas latitudes del mundo.

México no es la excepción a ello. Se trata de una sociedad subdesarrollada que lastra desigualdades ancestrales que le laceran y que se agravan con las ausencias del Estado; la violencia criminal; la «grieta» social que combina odio, racismo y clasismo; y la creciente exclusión social. Justo la desigualdad es el fenómeno que mayor incidencia tiene en los efectos de la actual crisis epidemiológica. Ante ello, es pertinente analizar varias aristas.

En principio, el sistema sanitario mexicano está rebasado en su cobertura, capacidades y calidad, desde tiempo atrás. Fruto de la ideología del fundamentalismo de mercado adoptada desde la década de los ochenta, el sistema de salud experimenta debilidades y fallos estructurales y una privatización de facto, que induce a los ciudadanos a usar servicios privados ante la negligencia, el burocratismo y la insuficiencia de medicamentos en buena parte de las clínicas y hospitales públicos. La corrupción en la adquisición de medicamentos y equipo; los desfalcos protagonizados por directivos y personal sanitario regidos por la deshonestidad; y la falta de inversión pública y la consecuente decadencia del servicio, son expresiones de un sistema sanitario colapsado de antemano. Aunado ello a la incapacidad y la falta de voluntad política para garantizar la cobertura y atención a la salud como un derecho universal y gratuito.

Para ilustrar esto último, cabe anotar algunos datos: en el año 2000, se contabilizaron –tanto en hospitales públicos como en los privados– 1.8 camas por cada mil habitantes; para el año 2017, el indicador cayó a 1.4 camas por cada mil, y para el año 2019 se precipitó a 1.0 camas por cada mil habitantes. Muy lejos de las 4.7 camas por cada mil habitantes que promedian los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En tanto que, hacia el 2019, mientras los países miembros de la OCDE promediaron 3.5 médicos por cada mil habitantes, México solo cuenta con 2.6. Por no mencionar el déficit de especialistas médicos capaces de enfrentar y atender el padecimiento del Covid-19. De más está ahondar que con esas insuficiencias, el sistema sanitario mexicano colapsaría ante el aumento de personas infectadas y en situación crítica.

Por su parte, el proceso económico acarrea en México, desde antes de la crisis sanitaria, tendencias negativas. Si la economía nacional no crece a niveles sostenidos, se debe a las disputas entre las élites empresariales y la élite política encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y a las reticencias y negación de las primeras para invertir en el aparato productivo, en una especie de sabotaje y boicot a los proyectos de gobierno de la segunda. La fuga de capitales hacia bancos de los Estados Unidos, emprendida por parte de esta élite empresarial antinacionalista asciende a 76 mil 166 millones de dólares. Ello explica, en buena medida, los riesgos de recesión que se ciernen sobre la economía mexicana desde hace 17 meses. Lo demás se relaciona con la obstinación del actual gobierno por preservar los supuestos de la política económica ultra-liberal regida a través del imperativo de la disciplina fiscal.

Las proyecciones más halagadoras señalan que la economía mexicana, de cara a los efectos de la pandemia, tendrá un retroceso del 6.6%. Se calcula también una transición de 53 millones de pobres a 68 millones de personas que no podrán satisfacer sus necesidades básicas y, en especial, la alimentación. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se sumaron 347 mil desempleados, y se pronostica la pérdida de entre 700 mil y 1.2 millones de empleos hacia el final de la contingencia. Así como un freno en los flujos de las remesas enviadas por los migrantes desde los Estados Unidos ante el parón de las actividades productivas en esa nación. Todo ello sin contar la desprotección y la pauperización que se ciernen sobre la población empleada en la economía informal (alrededor de 31.3 millones de habitantes; algo así como el 60% de la población económicamente activa).

Estos escenarios, el sanitario y el económico, tienden a complicarse con la polarización sociopolítica y la “grieta” que se pronuncia en la sociedad mexicana. Instalado un discurso clasista y racista de odio y división, y de intenso ataque al proyecto de gobierno de la actual administración pública federal, se ahondan las contradicciones y la debilidad de las instituciones. Muestra de ello es el llamado a la desobediencia civil proclamado por Tv Azteca –la segunda televisora con mayor audiencia en el país– tras incitar a la población a desacatar las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias. La irradiación del virus desinformativo es un síntoma de esta “grieta” social.

Este llamado –aunado al de otros periodistas y de gobiernos locales que endurecen sus medidas represivas y coartan libertades ciudadanas fundamentales bajo el argumento de contener la epidemia–, no solo evidencia las disputas entre las distintas facciones de las élites y, particularmente, el resentimiento de una clase empresarial que se acostumbró a succionar del sector público, sino que también es muestra de una esclerosis del sistema político mexicano y, especialmente, de aquellos grupos de presión que apuestan a que le vaya mal al país para endilgarle la factura a un gobierno federal que carece de operadores políticos para contener los ataques que padece. La crisis epidemiológica solo es el pretexto para ahondar esa fragmentación social y para abonar a la crisis de Estado que experimenta el país en los últimos lustros.

No menos importante es la cantidad de problemas públicos que son encubiertos o silenciados con la instalación monotemática de la contingencia sanitaria en los medios. Además de múltiples problemas de salud pública, el agravamiento de la violencia criminal –que alcanzó niveles históricos en los últimos días al registrarse 114 homicidios el pasado 20 de abril–, es uno de esos problemas públicos obviados en México y que es parte de esa cruenta disputa que despliegan las distintas facciones de las élites por controlar el territorio y la economía clandestina de la muerte. A esta violencia e inseguridad, no escapa el personal del sistema de salud que es discriminado y agredido en la vía pública, bajo la consigna desinformada de que son portadores del virus.

Enfrentar los efectos de la crisis epidemiológica en una nación subdesarrollada como México, supone fortalecer las instituciones estatales como mecanismo de defensa de la sociedad. Y para ello será fundamental el robustecimiento de la cultura ciudadana, la dotación de información fidedigna y la regeneración del tejido social. Postergar la confrontación que ahonda la “grieta” en la sociedad mexicana, también es un imperativo que bien puede contribuir a calmar las ansias de imponer los intereses creados y facciosos. De otra forma, los escenarios que se plantean para México rayarán en lo catastrófico.

Académico en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fuente: https://www.tercerainformacion.es/opinion/opinion/2020/07/03/coronavirus-crisis-sanitaria-y-esclerosis-del-sistema-politico-mexicano

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“No ignoren lo que dicen los números”, pide OMS a gobiernos para acabar con la pandemia

Noticias

América/México/08/07/2020/Fuente: https://desinformemonos.org

 

“Ya es hora de que los países miren las cifras. Por favor, no ignoren lo que les dicen los números”, pidió a los gobiernos el jefe de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

En una conferencia de prensa, luego de ser interrogado sobre la situación de la pandemia en México, Ryan respondió que “la gente debe despertar”. No obstante, especificó que su mensaje iba dirigido a “muchos países”.

“La OMS comprende perfectamente que hay buenas razones para que los países quieran relanzar sus economías, pero no se puede ignorar tampoco el problema, no va a desaparecer como por acto de magia”, destacó Ryan.

Recordó que “las cifras no mienten y la situación en el terreno no miente”, por lo que los gobiernos deben adoptar las medidas necesarias para detener la propagación del virus, incluidas las de confinamiento “si no hay alternativa”.

“Los países enfrentan decisiones difíciles», pero «deben absolutamente romper las cadenas de transmisión”, dijo el representante de la OMS.

Por primera vez desde que inició la pandemia en China, el pasado viernes América Latina superó a Europa en el número de casos positivos de coronavirus, con más de 2.7 millones de enfermos. En cuanto a las muertes, Europa continúa como el continente con mayor número de decesos (cerca de 200 mil muertos), seguida por Estados Unidos y Canadá (137 mil 421) y América Latina (121 mil 662).

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/no-ignoren-lo-que-dicen-los-numeros-pide-oms-a-gobiernos-para-acabar-con-la-pandemia/

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Zapatistas: lecciones de auto-organización comunitaria

Anya Briy

Por: Anya Briy

 

A medida que la pandemia de la Covid-19 socava los sistemas de salud y las economías incluso en las naciones más avanzadas, las redes mutuas y los esfuerzos de autoorganización han surgido en todo el mundo como muestra de solidaridad pandémica.

Con el asesinato policial de George Floyd, EE. UU. ha visto una mayor expansión de la autoorganización: desde bonos y fondos de ayuda mutua para manifestantes hasta patrullas ciudadanas en Minneapolis y una zona autónoma libre de policía en Seattle.

A raíz del caso Floyd, el primer intento de abolir la policía y reemplazarla con justicia transformadora basada en la comunidad está en marcha en los EE. UU., pero hay comunidades que han estado experimentando con la autoorganización sin recurrir a los estados que las oprimen o desposeen, como Rojava en el noreste de Siria, Cooperación Jackson en Mississippi y Zapatistas en Chiapas.

Los zapatistas, en particular, han pasado los últimos 26 años organizando sus comunidades de manera autónoma del Estado en todas las esferas de la vida, desde la policía y el sistema de justicia hasta la atención médica, la economía y la educación. A medida que somos testigos de los límites de lo que se puede cambiar radicalmente, la experiencia zapatista es más relevante que nunca.

Siendo estudiante de nuevas formas de democracia directa y autogobierno apátrida, viajé a Chiapas en diciembre pasado para asistir a un programa de un mes, llamado «Celebración de la Vida», que culminó con la celebración del 26 aniversario del levantamiento Zapatista de 1994, cuando campesinos indígenas de Chiapas se levantaron para defender sus derechos y tierras contra el Estado y los grandes terratenientes.

Basándome en la investigación etnográfica existente, así como en mis propias entrevistas y conversaciones durante el viaje, exploro en esta pieza las características más instructivas de la organización social de los zapatistas: toma de decisiones de abajo hacia arriba, justicia autónoma, educación, sistemas de salud y economía cooperativa, con la esperanza de que podamos beneficiarnos de ellos al construir nuestro propio «otro mundo».

Las personas son las que deciden

En los 26 años posteriores al levantamiento inicial, los zapatistas se convirtieron en una voz destacada de los pueblos indígenas de México y construyeron un sistema autónomo de facto de autogobierno en territorios no contiguos al estado de Chiapas, habitados por los partidarios del movimiento.

Un principio clave que subyace en el proyecto zapatista, que asegura que las instituciones autónomas sirvan a la gente, es «mandar obedeciendo», lo que significa liderar obedeciendo. Implica que los líderes políticos no toman decisiones en nombre de su comunidad como sus representantes, sino que actúan como delegados de la comunidad, implementando las decisiones tomadas en las asambleas locales, un mecanismo tradicional de toma de decisiones.

Estos existen a nivel de aldea y, en contraste con las asambleas tradicionales de México, incluyen mujeres, cuyo empoderamiento ha estado en el centro de la revolución zapatista. Las asambleas eligen delegados para un consejo municipal, el siguiente nivel en la estructura administrativa zapatista.

Luego, a nivel regional, varios municipios autónomos están representados a través de delegados en Juntas del Buen Gobierno (JBG), o Consejos de Buen Gobierno, llamados así en contraste con el gobierno mexicano «malo». Los miembros de JBG sirven durante 3 años de forma rotativa en turnos de tan solo unas pocas semanas. Dicha rotación frecuente está destinada a prevenir la aparición de redes clientelerales.

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El mapa es cortesía de Maël Lhopital, voluntario de DESMI.

Cualquier idea propuesta en un nivel administrativo superior pasa por el proceso de consulta con cada comunidad, después de lo cual los delegados llevan la opinión de sus comunidades a una reunión municipal. Hay un fuerte énfasis en la toma de decisiones por consenso, aunque eso a menudo significa asistir a reuniones de un día en las que todos deben ser escuchados, y la decisión no se toma hasta que se llega a un compromiso.

Los líderes se eligen de acuerdo con la tradición indígena de carga, una obligación de servir a la comunidad, y se comprometen a puestos de responsabilidad no remunerados. Las comunidades tienen derecho a revocar el mandato de aquellos funcionarios que no cumplan con su deber de servir a la gente.

La formación político-militar EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), que se había organizado clandestinamente desde 1983 y que culminó en el levantamiento de 1994 y las ocupaciones de tierras, existe paralelamente a los tres niveles de administración autónoma y da dirección política al movimiento. Si bien está organizado jerárquicamente, su cuerpo más alto está formado por civiles elegidos por asambleas comunitarias. Además, su presencia en los asuntos comunales es limitada para garantizar un verdadero autogobierno democrático de las comunidades zapatistas.

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El subcomandante Moisés está haciendo una declaración en la celebración del aniversario, rodeado por el resto del CCRI-CG, el cuerpo más alto del EZLN (Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comando General). | Foto: Anya Briy

Tras adoptar una posición de rechazo a cualquier ayuda del llamado gobierno «malo», los zapatistas asumieron la función estatal de prestación de servicios en las comunidades afiliadas al movimiento. Eso significaba construir sus propios sistemas comunitarios de justicia, educación, salud y producción.

Sistema de justicia

El sistema de justicia zapatista ha ganado confianza y legitimidad incluso más allá de los partidarios del movimiento. Es gratuito, se lleva a cabo en lenguas indígenas y se comprueba que es menos corrupto o parcial en comparación con las instituciones gubernamentales de justicia. Pero lo que es más importante: adopta un enfoque restaurador en lugar de punitivo y pone énfasis en la necesidad de encontrar un compromiso que satisfaga a todas las partes.

Arraigado en la comunidad, el sistema consta de tres niveles: el primer nivel se refiere a cuestiones entre los partidarios zapatistas, como chismes, robos, borracheras o disputas domésticas. Dichos casos son resueltos por las autoridades electas o, si es necesario, por la asamblea comunal, según la práctica habitual. Al resolver conflictos, las autoridades funcionan en gran medida como mediadores, proponiendo soluciones a las partes involucradas. Si no se resuelven, los casos pasan al siguiente nivel municipal, donde son tratados por una Comisión de Honor y Justicia elegida.

La mayoría de las veces, las sentencias involucran servicio comunitario o una multa; las penas de cárcel normalmente no exceden varios días. Como Melissa Forbis explica, la cárcel comunitaria generalmente es solo una habitación cerrada con una puerta parcialmente abierta para que las personas puedan pasar a conversar y pasar comida. Dado que el o la infractora a menudo tiene que pedir prestado dinero a los miembros de su familia para pagar una sanción, estos también están involucrados y su presión ayuda a prevenir una mayor transgresión. Las cuestiones domésticas relacionadas con la mujer son abordadas por las mujeres en la Comisión.

Mariana Mora ofrece una ilustración reveladora del enfoque del movimiento hacia el castigo, documentando un caso en el que los zapatistas emitieron una sentencia de servicio comunitario de un año por un robo. A los declarados culpables se les permitió alternar el servicio con el trabajo en sus propios campos de maíz para que sus familias no tuvieran que compartir el castigo. La Comisión explicó su decisión de la siguiente manera:

«Pensamos que si simplemente los encarcelamos, los que realmente sufren son los miembros de la familia. Los culpables simplemente descansan todo el día en la cárcel y aumentan de peso, pero sus familias son las que tienen que trabajar en el maizal y descubrir cómo sobrevivir.»

El nivel más alto del sistema de justicia, el de JBG, se ocupa de casos que involucran principalmente a no zapatistas u otras organizaciones políticas locales, generalmente en disputas sobre tierras, así como a las autoridades gubernamentales locales. Los no zapatistas buscan el sistema de justicia autónomo no solo cuando tienen disputas con miembros de las comunidades zapatistas, sino también cuando experimentan un trato injusto por parte de los funcionarios del gobierno, en cuyo caso los zapatistas pueden decidir acompañar a los demandantes a la oficina pública y discutir en su nombre.

Si bien los zapatistas todavía tienen policía, es bastante diferente de cómo estamos acostumbrados a pensar en ello. Como documenta Paulina Fernández Christlieb, no son armados, ni uniformados, ni profesionales. Al igual que otras autoridades, la policía es elegida por su comunidad; no son remunerados y no sirven en esta función de forma permanente. Cada comunidad tiene su propia policía, mientras que los niveles administrativos más altos, los del municipio y la región, no la tienen. Descentralizados y desprofesionalizados, los policías sirven y están bajo el control de la comunidad que los elige.

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Dance festival as part of the month-long program, called “Celebration of Life”: members of a Zapatista community are enacting life after 1994. Signs say “Education,” “Health,” and “Collective Work.” | Photo: Anya Briy

Educación

El sistema educativo zapatista está igualmente arraigado en la comunidad. Las escuelas autónomas son administradas por los llamados «promotores de la educación», principalmente jóvenes locales que enseñan en sus propias comunidades bajo la supervisión de un comité de educación elegido por una asamblea local.

Desde el lanzamiento del sistema educativo autónomo, los zapatistas han llevado a cabo programas de capacitación para preparar a los promotores educativos y desarrollar un plan de estudios en colaboración con grupos solidarios, ONG y voluntarios de afuera, así como en consulta con la población local. Hoy las comunidades tienen sus propios profesionales que capacitan a nuevos promotores. Al igual que otros puestos de autoridad y responsabilidad, los promotores no reciben salarios y la comunidad a menudo los ayuda a cultivar sus campos de maíz.

El plan de estudios está integrado en la vida de la comunidad y está diseñado para preparar a una nueva generación para tareas de gobernanza y autosuficiencia, que incluyen temas como autonomía, historia, agroecología y medicina veterinaria. Las clases se imparten tanto en español como enlenguas indígenas, con énfasis en la preservación de las tradiciones y conocimientos locales. La comunidad participa activamente en la determinación de la metodología y el plan de estudios, como lo ilustra el comentario de un promotor de educación de una de las comunidades,citado por Bruno Baronnet:

«Consultamos a nuestro comité de educación y nuestra asamblea sobre los verdaderos conocimientos que son importantes para nuestra gente. Son las personas las que deciden y respetamos su opinión, incluso si a veces no estoy de acuerdo, como el otro día durante la asamblea, cuando me ordenaron que ya no jugara con niños durante las horas de escuela porque algunos padres piensan que uno no puede aprender mientras se divierte. No sabía cómo decirles que no es del todo cierto, pero los convenceré la próxima vez. (Traducción de la autora, del francés).»

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Los jóvenes zapatistas están representando su vida antes de 1994, pretendiendo beber cerveza y sosteniendo un cartel con el nombre de un reciente programa de ayuda gubernamental, Sembrando Vida. | Foto: Anya Briy

Cuidado de la salud

Los zapatistas también han desarrollado su propio sistema de salud, aunque todavía se utiliza la ayuda de especialistas no zapatistas. La mayoría de las comunidades tienen un voluntario local, un promotor de salud, que recibe capacitación en medicina tradicional y moderna en los centros de salud regionales organizados por los zapatistas. Estos voluntarios brindan servicios básicos en una casa de salud local.

El tratamiento más avanzado está disponible en clínicas ubicadas en cruces de caminos y en algunos de los centros municipales. La clínica en Oventic, por ejemplo, es una de las más sofisticadas: ofrece cirugía básica regular, clínicas dentales, ginecológicas y oftalmológicas; alberga un laboratorio, un taller de hierbas, una docena de camas para admisiones y está equipado con ambulancias. Los comités de coordinación de salud, al igual que los de educación, existen en cada nivel administrativo, lo que garantiza la participación de las comunidades en la administración del sistema de salud autónomo.

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Mujeres zapatistas que salían de una clínica ubicada en el caracol Morelia, donde se realizó el encuentro internacional de mujeres, que también forma parte del programa de un mes y el aniversario. | Foto: Anya Briy

En las comunidades mixtas, donde los zapatistas coexisten con los no zapatistas, los servicios autónomos están abiertos a todos. Me dijeron, por ejemplo, que los padres no zapatistas enviaron a sus hijos a escuelas autónomas porque saben que son de mejor calidad. Lo mismo se aplica a las clínicas zapatistas, ya que la falta de médicos en las comunidades indígenas es común.

Producción: Para Todos Todo, Para Nosotros Nada

El funcionamiento del gobierno autónomo, las escuelas y clínicas, así como otros proyectos colectivos, se financia con los ingresos de las cooperativas y los colectivos de tierras. Estos están en el centro de la aspiración de los zapatistas de alcanzar la autosuficiencia económica del Estado y construir una economía basada en la distribución equitativa de los recursos.

Si bien las cooperativas y los colectivos coexisten con los terrenos familiares y el emprendimiento individual, la participación en el trabajo colectivo de forma rotatoria es obligatoria. También hay bancos populares en forma de fondos rotativos que otorgan préstamos a bajo interés a los miembros de las comunidades como base de apoyo. Estos bancos generan fondos que se invierten en nuevos proyectos colectivos. Algunos proyectos colectivos son solo para mujeres y tienen la intención de brindar una oportunidad para que las mujeres ganen confianza y participen en la vida social de sus comunidades.

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María, miembro de una comunidad zapatista, compartió su experiencia y comprensión de muchos aspectos de la lucha zapatista, incluido el compromiso con el trabajo colectivo. | Foto: Anya Briy

Otro mundo es posible

Los desafíos que enfrenta el movimiento zapatista son muchos. Van desde deserciones como resultado de la campaña de cooptación del gobierno a través de subsidios y programas de mejora, hasta la dependencia del financiamiento por parte de ONG solidarias y la persistencia de tendencias patriarcales y desigualdades internas.

Sin embargo, a pesar de los desafíos, en 26 años de lucha por la autonomía, los zapatistas han construido acuerdos sociales funcionales basados ​​en la democracia de abajo hacia arriba, la cooperación y la justicia comunitaria, que colocan el bienestar de la comunidad por encima del beneficio individual.

A través de estos acuerdos, las comunidades zapatistas han asegurado los derechos, la protección y las necesidades básicas que el Estado mexicano les ha negado o no ha podido proporcionarles. Como señaló recientemente Dora Roblero de Frayba, una organización que ha estado acompañando a los zapatistas desde el principio, los zapatistas pueden ser la única comunidad en México más preparada para resistir la pandemia, gracias a su autoorganización de servicios básicos durante años.

Dado que los Estados no protegen ni brindan servicios a tantos ciudadanos en todo el mundo, la experiencia zapatista ofrece una alternativa inspiradora centrada en la comunidad.

Fuente e imagen: https://www.opendemocracy.net/es/zapatistas-lecciones-de-auto-organizacion-comunitaria/?fbclid=IwAR3RkUmt5ai-u8YNgQdTJWOFJHnM_P5kIgPgly7FTgBfqOAJiUqvo818uHM

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