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ONU reporta 83 millones de personas con inseguridad alimentaria en Latinoamérica

Más de 83 millones de personas en Latinoamérica sufren inseguridad alimentaria, advirtió este martes la ONU en el X Foro Regional de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, que reunirá a 200 participantes de más de 20 países para fortalecer compromisos regionales en el sector.

«Aún en este momento 83,4 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en la región (Latinoamérica) y 43 millones sufren de desnutrición«, informó el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Peter Grohmann.

El evento, organizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Gobierno de México como anfitrión del foro, contó en su sesión inaugural con representantes de Gobierno, de instituciones financieras internacionales y de las Naciones Unidas. 

Alta tasa de inseguridad alimentaria

El coordinador señaló también la problemática en la región, donde desde el año 2000 hasta la actualidad se ha registrado un gran aumento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, pero todavía el 11,5 % de menores de edad presentan retrasos en el crecimiento por la mala alimentación.

«Tenemos un grave problema de obesidad y de sobrepreso en nuestra región (…) 50 millones de niños y niñas lo sufren actualmente», citó la directora regional del PMA, Lola Castro.

Según explicó Castro, la pandemia por covid-19 aumentó hasta en tres y cuatro veces el número de personas en situación de inseguridad nutricional, algo que cuatro años después todavía es un problema en Latinoamérica, donde el costo de una dieta saludable aumentó hasta en un 10 % desde el pasado año por la inflación.

Pobreza económica y educativa

La oficial para asuntos sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Daniela Trucco, recordó que «en 2022 la pobreza afectaba en Latinoamérica el 29 % de la población, unos 231 millones de personas».

Trucco, además, remarcó que el 11,2 % de la población en la región estaba en pobreza extrema, y resaltó que niños y adolescentes «enfrentan una incidencia de la pobreza mayor, el 48,5 % de la población entre 0 y 17 años lo sufren».

Mientras que el representante de la Unesco en México, Andrés Morales, alertó que «desde la pandemia, alrededor de 9,6 millones de estudiantes siguen fuera de la escuela en Latinoamérica».

El funcionario advirtió de que sin una buena educación es difícil ofrecer herramientas y habilidades para una buena alimentación.

En la misma línea, se mostró la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Laura Ripani, quien declaró que la región tiene «una grave crisis de aprendizaje que afecta a millones de estudiantes».

«Los estudiantes de 15 años tienen cinco años de retraso con relación al promedio de los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)», explicó Ripani.

La representante del BID explicó además que, según los últimos informes PISA, tres de cada cuatro estudiantes tiene bajo desempeño en matemáticas y la mitad no alcanza habilidades básicas en lectura en primaria y secundaria.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/internacionales/onu-reporta-83-millones-de-personas-con-inseguridad-alimentaria-en-latinoamerica/

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México: ¿Paulo Freire en las bibliotecas escolares?

¿Paulo Freire en las bibliotecas escolares?

Pluma Invitada

¿Paulo Freire en las bibliotecas escolares del país? Todo indica que sí. De acuerdo a El Universal, “La Secretaría de Educación Pública (SEP) desembolsó 87 millones 578 mil 400 pesos para la adquisición de 4 millones 320 mil libros de la colección Paulo Freire, que serán entregados a las bibliotecas de escuelas de educación básica” (Cabadas, María, 25 de agosto, 2024).

Sin embargo, la decisión de la SEP tiene varios ángulos críticos. Primero, un asunto de forma, los recursos públicos destinados a la edición, distribución y compra de libros para la actualización docente y las bibliotecas de las escuelas básicas del país tendrían que ser de escrutinio público sin considerar este acto como un ataque de los conservadores a las acciones del gobierno en turno. El comentario viene a colación por la descalificación del director de la Conaliteg a la colega Irma Villalpando al hacer observaciones y críticas tanto a la compra de la colección Paulo Freire como a la hechura de los libros de texto de inglés de secundaria a cargo de la SEP.

Segundo punto, sobre el contenido de los libros de texto gratuitos (LTG). Hay una preocupación genuina de actores educativos, no solo en cómo se gasta, sino en qué se gasta y si efectivamente los contenidos de los libros contribuyen a mejorar la enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, leer a Freire no le cae mal a la actualización del magisterio y a los estudiantes de casi cualquier nivel educativo. Pero, no todo es Paulo Freire por la sencilla razón que no todos los niveles de complejidad de la vida y de la realidad, y problemas del día a día los alcanzó a ver el pedagogo brasileño.

Los defensores de la compra de libro de la colección de Paulo Freire (la nota de El Universal indica que se adquirieron 18 ejemplares), bien podrían refutar y sostener que esta acción es una apuesta para fortalecer la actualización y formación del docente frente a grupo. El argumento sería que precisamente esto que no alcanzó a ver el pedagogo brasileño, sí lo podría ver el docente e integrarlo en procesos curriculares específicos como el codiseño en las fases de contextualización, lectura de la realidad y elaboración del programa analítico (interesados, ver el Acuerdo, 14/08/22).

Pero, el argumento anterior y la acción de la SEP solo confirma el sesgo que ya han advertido varios académicos. La adquisición de la colección de libros de Paulo Freire se viene a sumar al enfoque de los LTG, particularmente los que se pueden registrar en Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro de las fases 2,3,4,5 y 6, los cuales corresponden a todo el nivel primaria y secundaria.

Un dato extra y contrastante, la SEP, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, lanza la Convocatoria para la selección de materiales educativos biblioteca SEP centenaria para la actualización del magisterio 2023, para seleccionar hasta 10 títulos dirigidos a maestras y maestros que contribuyan a mejorar su práctica pedagógica en el marco de la NEM. ¿Cuáles fueron los temas de la convocatoria referida para poder imaginar las próximas colecciones? Una probadita: pedagogía crítica, metodologías socioculturales, Nueva Gestión Escolar, Epistemología Crítica. El lector puede imaginar los títulos que se adquirirán para la actualización del magisterio en este año 2024.

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/paulo-freire-en-las-bibliotecas-escolares/

 

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México: Aprendizaje a lo largo de la vida

Aprendizaje a lo largo de la vida

Según el Instituto para el Aprendizaje a lo largo de la Vida de la UNESCO, este aprendizaje nunca ha tenido más importancia para los individuos, las ciudades, los estados nacionales o la comunidad mundial, así como para los responsables de la formulación de políticas educativas y es fundamental en la agenda para el desarrollo de las Naciones Unidas y constituye un importante objetivo de la labor de la UNESCO, tal como se expresa en la Agenda de Educación 2030.

Lo anterior tiene su fundamento en la integración de aprendizajes en la vida cotidiana, tomando en cuenta actividades, escenarios y experiencias de aprendizaje para todas y todos en la infancia, la adolescencia, la juventud, en la edad adulta y lo que hoy es considerada la edad del adulto mayor. Incluye todos los contextos en los cuales transitamos: la familia, la escuela, la comunidad de origen y el lugar en donde estemos, a través de la educación formal, no formal e informal, es decir, en cualquier escenario y en donde aparezcan diferentes demandas y necesidades de aprender.

Dentro del tema migratorio se encuentran las personas ante múltiples desafíos que no necesariamente se atienden en la educación formal y que generalmente se resuelven por ensayo y por error, a través de las interacciones y experiencias de quienes se encuentran en situación de tránsito, ya sea de manera permanente o transitoria.

Estoy leyendo el libro Por una pedagogía de la Pregunta. Una crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes de Paulo Freire y de Antonio Faundez (2023). En él, ambos sostienen que formular buenas preguntas  requieren de  un aprendizaje artesanal, de ensayo y error, de trabajo compartido entre estudiantes y maestros, ya que la educación tradicional  pone al docente  en el lugar del que presenta un repertorio de respuestas  y hace a un lado las preguntas molestas  y que no tienen relación con ninguno de los dos,   donde  las respuestas  que no están ligadas a la curiosidad genuina,  difícilmente llegan a destino  porque la curiosidad es el punto de partida tanto para aprender como para enseñar.

Es un libro conversado acerca del conocimiento -y el proceso de creación y recreación -fruto de una sistematización  y /o problematización de las experiencias educativaséticas y políticas vividas por Freire y Faundez, quienes con sus palabras nos aproximan a sus experiencias situadas que son al mismo tiempo, singulares y comunes, y sobre todo, suscitan otros vínculos  con los diálogos que los lectores  puedan enhebrar en un diálogo presente, actualizándolo y materializándolo  en sus prácticas, que muchas veces ( como a mí me pasa) están atravesadas por inquietudes e incertezas.

Toda la lectura sugiere muchas reflexiones. En este espacio comentaré lo que asocio con la vida migrante relacionado con “lo que enseña la diferencia cultural”. Freire realiza  la pregunta fundamental,  de cómo comprendemos  y cómo podemos, funcionar mejor y de forma menos traumática en esa cotidianidad prestada que vive un exiliado, que si bien refleja su propia experiencia, bien puede asociarse a lo que viven los migrantes: “Una de las primeras lecciones que   me enseñó el exilio, cuando daba mis primeros pasos  en el contexto que me había acogido , en el sentido de vivir y no solo sobrevivir en la cotidianidad diferente, fue que las culturas , las expresiones culturales no son ni mejores ni peores, son diferentes ante sí… esto lo aprendí en Chile, cuando comencé a conocer concretamente  las formas diferentes de  hasta de llamar al otro. En cada cultura existe una forma especial que no puede ser transgredida, existe un cierto código, ¿no? (Freire y Faundez, 2023, p. 44).

Lo anterior nos puede pasar a cualquiera aun cuando estemos de paso, de ahí la necesidad de observar y comprender hasta el más mínimo detalle de la cotidianeidad de los otros, si no lo comprendemos así, corremos el riesgo en la comparación que hacemos de las expresiones culturales, de aplicar juicios negativos y rígidos hacia la cultura que nos es extraña. Respetar la cultura diferente, respetando también la nuestra, no significa negar nuestra preferencia, inclusive revela un grado de madurez que a veces alcanzamos y a veces no, al exponernos críticamente a las diferencias culturales.

Este pequeño párrafo me permitió reflexionar que reconocer, compartir y convivir con la cotidianidad del otro es una experiencia de aprendizaje permanente en nuestra vida, lo que se magnifica cuando dejamos nuestro contexto de origen y pasamos a otro, donde nuestras experiencias se vuelven más dramáticas porque los desafíos de multiplican y la tensión se instala. Pienso que siendo o no migrantes, es un aprendizaje de vida descubrir a los otros, descubrir otra realidad, a otros cuerpos, otros lenguajes, otros gestos, otras relaciones, un nuevo descubrir, este nuevo relacionarse con el mundo en un largo aprendizaje.

Empieza ya un nuevo ciclo escolar en nuestro país, deseo que quienes estemos involucrados en educación descubramos en los otros en nuestra vida cotidiana, nuevas relaciones que nos permitan seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida.

Referencias
Freire, P. y Faundez, A. (2023) Por una pedagogía de la pregunta. Siglo XXI editores
UNESCO
https://www.uil.unesco.org/es/unesco-instituto/mandato/aprendizaje-largo-de-vida

 

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/aprendizaje-a-lo-largo-de-la-vida/

 

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México: Emergencia humanitaria en Chiapas

Los pobladores de la parroquia de Chicomuselo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas fueron librados a su suerte frente a la presencia de cárteles de la droga que se disputan el territorio. La explotación de una mina de barita reavivó el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que se disputan la región. Los habitantes son usados como escudos humanos y, en algunas comunidades, les quitan los teléfonos y no les permiten salir. Tras haber sido un ejemplo emblemático en la lucha por la Tierra y la Naturaleza, los comunarios de Chicomuselo no reciben respuestas del presidente ni de su sucesora.

Desde 2023, pobladores de varias comunidades del Municipio de Chicomuselo han tenido que salir de sus comunidades, abandonando sus casas, tierras, animales, cosechas y pertenencias, con todo el dolor e inmensa tristeza que eso implica. La causa es siempre la misma: la lucha por el territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En la cotidianeidad, los comunarios sufren la presencia de hombres armados y encapuchados, sus amenazas y la violencia armada.

Una de esas comunidades (omitimos su nombre por seguridad) es un ejemplo muy claro. Antes de noviembre de 2023, tenía una población total de 587 habitantes. Sin embargo, por la violencia en la región, varias familias empezaron a abandonar la comunidad. El enfrentamiento entre cárteles por el control de la mina de barita de Chicomuselo aumentó el éxodo forzado y, para marzo de 2024, solo quedaban ocho familias. Esto significa que más de 500 personas hoy viven en condición de desplazamiento forzado interno.

Un acontecimiento muy violento en la comunidad, que hizo que la mayoría de los habitantes salieran, fue el enfrentamiento del 4 de enero de 2024 entre ambos cárteles. El acontecimiento comenzó desde muy temprano, y duró todo el día y toda la noche. Como resultado hubo más de 20 personas asesinadas de ambos grupos. También hubo víctimas civiles de otras comunidades y municipios que habían sido usadas como escudos humanos por los cárteles.

La mina de barita

En 2009, la extracción minera en Chicomuselo se había detenido debido al impacto ambiental. Pero el 18 de marzo de 2023, llegó un grupo armado de uno de los cárteles a saquear el material de barita y amenazaron de muerte a los pobladores que pretendieron oponerse a la explotación del mineral. Desde esa fecha hasta hoy, la mina ha sido explotada ilegalmente dado que la suspensión judicial aún persiste.

La extracción minera es realizada por hombres, en su mayoría de origen guatemalteco (no se descarta que sean kaibiles, los soldados de élite del Ejército de Guatemala), armados y capacitados en el uso de la violencia. Ellos se han apoderado de los bienes y viven en las comunidades, en lugar de ser los ejidatarios dueños de esas tierras. El material extraído de la mina es trasladado fuera de la comunidad, en trailers tipo contenedor, que atraviesan con total impunidad la cabecera municipal de Chicomuselo. La hipótesis es que la barita es vendida en el puerto de Coatzacoalcos, ubicado en Veracruz.

Un dato importante y no menor es que a solamente 26 kilómetros de la mina de barita, se localiza el cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del Batallón 101. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no han impedido la explotación de la mina de barita ni han defendido a la población. Menos aún han intervenido en la confrontación entre los cárteles. Ante este panorama, las sospechas de connivencia son más que justificadas.

Un problema recurrente

Otras comunidades del municipio de Chicomuselo que están abandonadas son Jolentón (200 habitantes), Galicia (500), 20 de noviembre (500), San Antonio del Ocotal (500), La Lucha (300), Las Flores (500), Plan de Ayala (200), Nueva Morelia (600), San Francisco Las Palmas (300), Barrio la Pinta (150), Barrio El Limonal (150), Ejido El Rosarios (100), Ejido Las Brisas (100) y Ejido Nuevo Portal (200).

En cuanto a la cabecera del municipio, sobre una población de unos 7.000 habitantes, estimamos que han salido unos 4.000. La huida de los pobladores se dio por la llegada de hombres armados de ambos cárteles y por sus constantes enfrentamientos, que dejan muertos de ambos grupos y de la población civil, incluidas mujeres, menores de edad y personas de la tercera edad. En las comunidades arriba mencionadas, no se impidió la salida de la población.

Sin embargo, existen otras comunidades del mismo municipio de Chicomuselo que también sufren los enfrentamientos, pero no se les permite salir de la comunidad ya que son usados como “escudos humanos”. Tal es el caso de Vado Ancho (300 habitantes), Unión Buenavista (1650) Miguel Alemán (650) y Monte Sinaí (550). Para evitar que pidan ayuda y se comuniquen con el exterior, los integrantes de los cárteles les quitan sus celulares, cortan la luz por días y no permiten que lleguen alimentos ni medicinas. Los campesinos no pueden sembrar ni cosechar, y mucho menos comerciar sus productos.

Un Estado que no da respuestas

Por todos los medios, se ha dado a conocer esta vulneración de derechos a las distintas instancias federales: la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se ha informado el origen, desarrollo y escalada que ha dejado la extracción minera en Chicomuselo y que ahora se presenta como un problema humanitario que cada día se agrava aún más.

Si las autoridades mexicanas, si el presidente mexicano Andrés Manuel Lópes Obrador (AMLO, quien está por dejar el poder) y si su sucesora, Claudia Sheinbaum, realmente quieren atender las causas del conflicto, negarlo, minimizarlo o mandar paliativos no sirven. Si quieren atacar las raíces del conflicto deben combatir con tadas las herramientas disponibles el trasiego, el mercado negro y la explotación minera.

Contrario a lo anterior, el Presidente mexicano y quien será la primera mujer presidenta del país niegan por todos los medios que el conflicto narrado está sucediendo. De este modo, lejos de solucionar el problema, AMLO y Sheinbaum condenan a los desplazados y a las personas secuestradas en sus propias comunidades a resignarse. O, peor aún, a unirse a la guerra de cárteles para garantizar su vida mientras esperan la muerte.

Fuente de la información e imagen:  https://www.iwgia.org/es

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Ayotzinapa: conspirar contra el ejército

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa nunca imaginaron que llegarían al final del sexenio sin saber el paradero de sus hijos. Desde el encuentro que tuvieron en Iguala, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato presidencial, aguardaron con mucha paciencia el momento en que les develaría lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre. El reciente informe que envió a las mamás y papás, y que no llegó a todos, pudo marcar la diferencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, todo quedó en descalificaciones y conjeturas.

Las mamás y papás hojearon las 29 páginas para dar con los avances y novedades de las nuevas investigaciones. Les desconcertó que desde la primera hoja el presidente iniciara con el descrédito a los “supuestos defensores de derechos humanos y organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno de Estados Unidos.” Reclamó que se sostuviera sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia fueran los soldados de la Sedena. Catalogó como un afán de venganza de personas o instancias del extranjero, para debilitar al ejército. Lo inaudito fue que la hipótesis central del presidente no giró en torno al paradero de los 43 sino en la conspiración internacional que se urdió contra el ejército.

Los resultados alcanzados con la llegada del nuevo fiscal se redujeron a 42 entrevistas de 15 detenidos; 45 recursos jurídicos contra resoluciones de jueces federales; 280 excavaciones en búsquedas y una ley de amnistía. La enumeración de acciones no presenta resultados plausibles. Nadie duda que son arduos los trabajos de excavación, pero los restos que se han encontrado no corresponden a los estudiantes. Los recursos interpuestos, en realidad, son los reveses judiciales que ha tenido el fiscal especial sobre el caso Ayotzinapa.

El informe contiene imprecisiones y en algunos casos falta a la verdad. En los primeros días de la desaparición de los 43 jóvenes, como organismos de derechos humanos acompañamos a las madres y padres en las búsquedas de sus hijos en Iguala. Nuestro mayor interés fue salvaguardar la vida de los estudiantes desaparecidos y nunca confabularnos con un gobierno extranjero. Realizamos denuncias penales por desaparición de personas, interpusimos juicios de amparo, presentamos una queja en la CNDH y solicitamos medidas cautelares ante la CIDH. El resultado fue la firma de un acuerdo de asistencia técnica.

En el 2014 no se tenían elementos sólidos de las implicaciones del ejército en la desaparición de los 43, por eso no se hizo algún señalamiento de su participación. Sin embargo, las madres y padres, desde el primer día que iniciaron las búsquedas en Iguala tenían datos de que el ejército patrulló las calles y detuvo a estudiantes. Las investigaciones del GIEI también lo confirmaron: los militares dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta su desaparición en Iguala; patrullaron las calles en las horas críticas de la agresión e hicieron contacto con los jóvenes; intervinieron llamadas de perpetradores claves y pudieron escuchar qué pasaba con los estudiantes y a dónde los llevaban; altos mandos militares de Iguala estaban coludidos con guerreros unidos. Además, un testigo afirmó que 25 estudiantes ingresaron al 27 batallón de infantería, donde fueron torturados y entregados a guerreros unidos. Con relación al militar infiltrado como estudiante de la normal, Julio César López Patolzin, existe un oficio urgente de la 35 zona militar que confirma las actividades de búsqueda de información que realiza utilizando la fachada de alumno. No se trata de un soldado que tenía el deseo genuino de superarse y convertirse en maestro rural, como lo justificó el presidente en el informe.

Estos elementos son claves para que la fiscalía impulse una investigación exhaustiva, pronta e imparcial contra miembros del ejército. No se puede pedir pruebas a las madres, ni a sus abogados sobre su involucramiento, porque es invertir la carga de la investigación a las víctimas. Corresponde al estado profundizar en estas líneas de investigación y determinar la responsabilidad de los militares.

Desde las más altas esferas del poder se trató de silenciar lo que sucedió y se encubrió a los responsables. Durante más de 8 años el ejército ocultó información de que 17 jóvenes pudieron ser trasladados de la comisaría de barandillas de Iguala a Loma de Coyotes. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 26 de septiembre el ejército escuchó cómo hablaban los cabecillas de guerreros unidos y los policías de Iguala sobre la suerte de los estudiantes.

Conforme avanzó la investigación, el entonces subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, concluyó en su segundo informe que la desaparición de los 43 estudiantes constituyó un crimen de estado, en el que participaron integrantes del grupo delictivo guerreros unidos y agentes de diversas instituciones del estado mexicano. Los militares son una pieza clave dentro del tablero de los perpetradores; presenciaron la desaparición de los 43 normalistas, sin embargo, no lo evitaron y peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI).    Afirmar que no hay pruebas de su involucramiento y encarar a las víctimas y sus representantes para que las presenten es colocarse al lado de los responsables.

El informe del presidente no tiene avances sustanciales del caso. Se limita a defender y encubrir al ejército. Los mayores logros se obtuvieron cuando estuvo al frente de las investigaciones Alejandro Encinas y el fiscal especial Omar Gómez que contó con la coadyuvancia del GIEI. En ese tiempo se identificó a dos estudiantes y se obtuvo la declaración de varios testigos que permitieron trazar nuevas líneas de investigación. También se logró consignar a 20 militares. Con el nuevo fiscal la investigación se cayó. Desde entonces el presidente tomó en sus manos la investigación. Lejos quedó su compromiso de campaña, que Ayotzinapa sería el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático.

Publicado originalmente en el periodico La Jornada

Fuente de la información:  https://www.tlachinollan.org

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México: SEP se resiste a la transformación, advierte Marx Arriaga

El funcionario afirmó que en la SEP aún se viven las prácticas burocráticas de los sexenios anteriores.

El director general de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, afirmó que uno de los principales retos de la próxima administración federal en el marco de la implementación de la Nueva Escuela Mexica, es la refundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con el objetivo de que deje de ser una institución de trámites burocráticos.

“Creo que como reto de la Nueva Escuela Mexicana para el siguiente sexenio será la refundación de la institución, cambiar a la Secretaría de Educación Pública de esta cuestión de verticalidad hacia un espacio horizontal donde la institución cumpla un servicio social y no solamente es el legitime con trámites burocráticos y con laberintos, que hay en toda la institución para el ejercicio de poder”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Arriaga Navarro destacó avances en la implementación del nuevo Plan de Estudios 2022, principalmente los libros de texto, lo cuales al inicio del ciclo escolar 2023-2024, estuvieron en el centro del debate público y fueron objeto de rechazo en varias entidades del País, así como de campañas negras como la que encabezó Tv Azteca.

Y es que afirmó que si bien en un futuro estos materiales educativos pueden ser revisados, esto será para que se mejoren.

Advirtió además que “todavía docentes que no han transitado de la educación tradicional que teníamos y en donde las pruebas estandarizadas, los horarios cerrados, las aulas cerradas, la cuestión de verticalidad, todavía no se rompe, todavía son aulas donde al maestro le cuesta trabajo este el involucrar a la sociedad en lo que está sucediendo, involucrar a los tutores, él involucrar al mismo estudiante en la toma de decisiones.”

Del mismo modo celebró que exista continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación tras el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum.

“Sí, sin duda. Estamos muy contentos (de que exista continuidad), porque fueron muchos años desde el 2018 se empezó a teorizar con la campaña de qué lugar iba a tener la educación en la transformación que se esperaba, en el terminar un régimen, iniciar una nueva manera de ejercicio del poder.”

Respecto a la llegada de Mario Delgado a la SEP, el director de Materiales Educativos se dijo confiado de que el aún Presidente de Morena le dé un aire fresco a la dependencia educativa, pues confió en la capacidad que tiene como funcionario público.

“Por eso creo que la gestión del compañero Mario Delgado puede ser aire fresco para esta institución, una institución que se resiste a la transformación, que sigue viviendo con las prácticas burocráticas de los sexenios anteriores. Creo que el tener a un funcionario público como lo ha demostrado el compañero que es capaz de hacer posible lo imposible, como fue el plan C, creo que puede ser un aire fresco a esta institución que parece imposible la refundación de ella.”

Por último reveló que desconoce si continuará con el encargo de la Dirección de Materiales Educativos, sin embargó destacó las aportaciones que realizó durante su gestión.

“No, no lo sabemos. Creo que era básico y aquí también tomar como modelo la educación de algunos sectores, como la educación indígena que se da en ciertos estados como en Michoacán, es que haya un cambio generacional, que no se perpetúen los puestos. Nosotros llegamos aquí con la intención de aportar en la transformación, ahí está nuestro trabajo en esos 109 libros que hoy forman parte de la familia los libros de texto, aquí está el plan de estudios, ahí están las asambleas. Ahí está el trabajo generando comunidades en las aulas y ya es decisión del relevo. Debemos de tomar como ejemplo a nuestro Presidente, que nunca tuvo la intención de perpetuarse en el poder, sino que de generar nuevos cuadros que tomaran ese relevo de lo que se había hecho y que haciendo la lectura de la realidad vieran cosas que nosotros por nuestro hecho cotidiano, pues ya pasaron de nuestra vista.”

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

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México: en la UNAM, fabrican denuncias de Violencia de Género para despedir a profesores que exigen derechos laborales

La reinstalación de dos profesores en la Facultad de Ciencias de la UNAM por mandato de un juez federal, luego de dos años de litigio laboral, revela que durante la rectoría de Enrique Graue de manera sistemática autoridades universitarias y directores de facultades armaron casos de supuesta violencia de género para despedir a docentes que exigieron derechos laborales como pagos a tiempo, aumento salarial, asignación de grupos y estabilidad laboral, y a los que exhiben actos de corrupción como el desvío millonario de recursos, altos salarios de funcionarios y nepotismo en la máxima casa de estudios.

La reinstalación de los profesores Efraín Vega Landa y Juan Manuel Buchanan Espíndola en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM el pasado martes, después de enfrentar un proceso jurídico durante dos años, destapó la manera en que el director de dicha facultad, Víctor Manuel Velázquez, y el director jurídico, Abraham Rubio, despiden injustamente a los docentes de asignatura que les son incómodos, utilizando supuestas denuncias de violencia de género, en este caso, en redes sociales, y su negativa a acatar la resolución puntual de un juzgador federal, valiéndose de la autonomía universitaria.

Al no haber pruebas contundentes que acreditaran la culpabilidad de los docentes en actos de violencia de género contra mujeres de la comunidad universitaria, a mediados del pasado mes de junio de 2024, un juez federal ordenó al director de la Facultad de Ciencias la reinstalación de los profesores, sin embargo, no la acató; dando una muestra más de su abuso de poder contra los profesores.

Tendrían que haberles dado un grupo semestral, pero solo les dieron un grupo intersemestral y una actividad de doce horas de trabajo. Impartirían seis horas seguidas de clases a 50 alumnos, lo cual es antipedagógico para cualquier profesor.

Y si querían seguir dando clases, debían entrar al concurso de oposición, donde los rechazarían por no “estar aptos para ello” y, de ahí, ya despedirlos definitivamente. Además de que le otorgaron un cheque sin fondos al profesor Juan Manuel Buchanan Espíndola que no pudo cobrar después de 21 meses de salarios caídos.

Este martes, en la segunda diligencia, el director de la Facultad de Ciencias acató puntualmente la resolución del juez federal y los profesores darán clases frente a grupo, no obstante, no se les ha asignado salón ni se les permite entrar a la plataforma digital para dar los materiales a los alumnos.

El sueldo que percibían los profesores de matemáticas Efraín Vega, con 19 años de antigüedad, era de 5 mil 480 pesos al mes, y el de Juan Manuel Buchanan, de mil 896.20 pesos y por “antigüedad”, de seis años, 227.54 pesos mensuales, mientras que el de Víctor Manuel Velázquez, el director de la Facultad de Ciencias, es de 168 mil pesos al mes, puntual y sin falta.

En la primera diligencia, el 14 de junio de 2024, se armó una campaña de desprestigio contra Vega y Buchanan en redes sociales y se enviaron correos electrónicos a las cuentas de los universitarios, tapizaron la Facultad de Ciencias con pancartas donde los acusaban de agredir a alumnas y profesoras en redes sociales y, que por la ineptitud del director jurídico, los profesores serían reinstalados.

Aunque corría el rumor de que este martes colectivos feministas y de la diversidad sexual cerrarían la Facultad de Ciencias en rechazo a la reinstalación de los profesores, no ocurrió así, sin embargo, se percibía un clima tenso, incómodo, entre los maestros de otras facultades y representantes de sindicatos universitarios que los fueron a respaldar, como atestiguó Cenzontle400.Mx.

Esa percepción de los docentes no es infundada, pues en una ocasión, el mismo director de la Facultad de Ciencias amenazó a los profesores que exigían su pago a tiempo, mejoras salariales y estabilidad laboral que les “iba a echar a las feministas” si seguían protestando.

Movimiento “#UNAM No Paga” desató la persecución y despido de profesores

El acoso y despido injustificado hacia dichos profesores comenzó en febrero de 2021 por haber participado en el Movimiento #UNAM No Paga durante la pandemia del COVID-19. Si la situación de los más de 30 mil profesores de asignatura es precaria, se agravó más con el cierre de planteles y la impartición de clases a distancia.

Los primeros en denunciar públicamente que llevaban un semestre sin cobrar fueron 600 profesores de la Facultad de Ciencias y cuando por fin recibieron un cheque, el sueldo era una tercera parte de lo que les correspondía. A las protestas se sumaron 20 facultades y se fue fortaleciendo la organización magisterial universitaria hasta llegar a exigir no sólo el pago completo y a tiempo de su salario, sino la basificación de toda la planta docente y la promoción de los adjuntos para obtener un trabajo estable en la UNAM.

Un profesor de la Facultad de Ciencias respecto a ello nos comentó que en la UNAM “se pueden tardar hasta 6 meses o un año sin pagarnos, se puede terminar el semestre y todavía no sale el cheque. En la UAM, en el Politécnico, no sucede eso”.

Por otra parte, “el que los profesores no tengan estabilidad laboral, afecta la calidad académica de la universidad, que es uno de los tres ejes importantes que debe de promover la UNAM, cuyo escudo de la autonomía lo utilizan para manejar los recursos como quieran y tratar al personal como quieran, hasta reprimir a los disidentes y a las voces críticas”.

Violencia de género, para erradicar a profesores críticos en la UNAM

Mientras transcurría la reunión que duró dos horas entre las autoridades de la Facultad de Ciencias y los profesores Efraín Vega y Juan Manuel Buchanan para su reinstalación en el Departamento de Matemáticas, una decena de profesoras y profesores de asignatura de diversas facultades en entrevista para Cenzontle400.Mx coincidieron que en la UNAM se vive un ambiente represivo.

Sienten miedo de vivir el desprestigio tanto en los salones de clase como en redes sociales “si les arman un caso”, refieren, de violencia de género contra cualquier integrante de la comunidad universitaria.

“La calumnia es como el carbón, si no mancha, tizna”, expresó un docente que lleva trece años en la Facultad de Ciencias. A partir de que Enrique Graue estuvo al frente de rectoría es que “se ha utilizado la violencia de género para acusar falsamente a personas que critican a la universidad en este sentido, esto nos parece grave porque supuestamente la UNAM es un lugar en donde se debe de aceptar la crítica y la disidencia y las diferentes formas de pensar”.

El profesor resalta que por supuesto que sí existe la violencia hacia las mujeres en la UNAM y se debe prevenir y sancionar, sin embargo, se utiliza para rescindir los contratos de docentes que les resultan “incómodos” a las autoridades por exigir sus derechos laborales o por no querer participar en actos de corrupción en el desvío de parte del presupuesto de 54 mil millones anuales que se le otorga a la máxima casa de estudios.

“Hay un caso muy específico de una exdirectora del Instituto de Matemáticas, Hortensia Galeana Sánchez, que no se prestó para firmar la construcción de una rampa para personas con capacidades diferentes, cuyo costo era de 800 mil pesos, y la compra de un cristal en 300 mil pesos. La acosaron, la amenazaron y la despidieron con la anuencia de Graue”, explica el docente. Lo que exhibe el desvío de recursos de la UNAM desde rectoría a través de otras dependencias de la misma institución.

Las 10 profesoras y profesores de las facultades de Medicina, de Derecho, de Filosofía y Letras, de la FES Cuautitlán, de Ciencias Política y Sociales, de Ciencias que entrevistamos para este artículo (que no dieron su nombre por temor a represalias) coincidieron en que la “supuesta violencia de género que las autoridades defienden es una mentira, es una falacia, y lo más grave es que existan alumnas, alumnos, profesoras, trabajadoras que se presten para esto con tal de que quedar bien con la autoridad” o que aspiran a algún puesto político cercano a la casta dorada que gobierna la UNAM o en algún partido político como el PAN, PRI o Morena.

A la UNAM no le interesa atender la Violencia de Género

Explicaron que hay muchos casos de alumnas profesoras y trabajadoras de casos de violencia de género que han sido indiferentes para las autoridades universitarias, donde se ha documentado que “no se les ha hecho nada a los acosadores, porque muchos de ellos pertenecen al mismo sector de las autoridades. Este elemento, la violencia de género, que utiliza la autoridad para defender supuestamente a las mujeres, lo utiliza para reprimir políticamente.

“Es peligroso criticar a la autoridad porque lo pueden rescindir a uno o lo pueden acusar de violencia de género por cualquier cosa porque en la universidad en cada una de las escuelas o facultades hay oficinas jurídicas que son anticonstitucionales, pero como se engrandecen por la autonomía universitaria, pueden hacer lo que quieren, pueden rescindir nuestro contrato como quieren”, aseguró un profesor.

A la autoridad “realmente no le interesa la violencia de género porque ha habido profesoras y trabajadoras que han sido violentadas por las mismas autoridades, entonces, es una manera para empezar a erradicar las voces disidentes”, expresó una profesora.

Refirieron un caso de una profesora de psicología que la congelaron de su puesto porque un secretario administrativo la acosaba.

“La violencia de género en la universidad está al por mayor y hay muchísimos casos que no se han resuelto y que no se van a resolver porque en algunos casos la autoridad es responsable de ella, es decir, estamos hablando de jefes departamentos, subdirectores, directores y directores generales que acosan a profesoras, que acosan alumnas, a trabajadoras, es decir, pero en el caso de nosotros, la violencia de género es un parapeto para poder callar las voces críticas”, subrayó.

En 2018, la doctora Perla Gómez Gallardo, expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) y académica de la UAM-Cuajimalpa, en entrevista conmigo para El Sol de México señaló que el Protocolo de Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM, que en esos años tenía dos años de creación, era percibido por académicos y personal administrativo “como persecutorio y por las probables víctimas como una simulación”.

Y que para su plena implementación era necesaria una discusión previa en foros con toda la comunidad universitaria “para precisar lo que se entiende por cada conducta y los alcances y limitaciones del propio protocolo”.

Así, para octubre de 2020, en la UNAM habían crecido las denuncias por violencia de género mil 300% a raíz de la implementación del protocolo, pasando de 400 denuncias a mil 486.

Captura de pantallas, objetadas por un juez federal

Para los profesores entrevistados, la reinstalación de Efraín Vega y Juan Manuel Buchanan en sus puestos de trabajo en la Facultad de Ciencias es un gran triunfo con dignidad y siembra un precedente para los docentes que están librando batallas parecidas en tribunales fuera de la UNAM, gastando su vida, su tiempo y su dinero para no ir a la cárcel por acusaciones fabricadas; “desenmascara la perversidad del director Víctor Manuel Velázquez”, subrayó una profesora.

De acuerdo con diversos testimonios de la comunidad universitaria, la violencia de género ejercida por los profesores Vega y Buchanan fue a través de un chat de una red social donde aparecía el perfil de la supuesta víctima. Tan solo eso bastó para que a los profesores se les reincidiera su contrato laboral en la Facultad de Ciencias la misma semana que interpusieron la denuncia en su contra en la Dirección Jurídica de la misma, cuyo titular, Abraham Federico Rubio Gómez, es exprocurador de Justicia del estado de Michoacán en el sexenio de Felipe Calderón.

Y como el juez del Tribunal Laboral donde los profesores presentaron su denuncia por despido injustificado fue desechando las “evidencias” de violencia de género, la supuesta víctima y otras “agredidas” acudieron al Reclusorio Sur para pedir medidas precautorias contra los imputados con el objetivo de que no volvieran a pisar de nuevo la Facultad de Ciencias.

Según los mismos testimonios, la persona agredida estaba en una trayectoria política, se le ubica en los grupos de ultraderecha de la UNAM, de la “burocracia dorada”, y estaba participando en la campaña del candidato al Gobierno de la Ciudad de México por la coalición del PRI-PAN-PRD, Santiago TaboadaLena Alejandra Brena Ríos, quien encabezaría los temas de derechos humanos y de género en la capital del país de ganar la alianza partidista.

A Brena Ríos, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de CPyS y articulista en diversos medios periodísticos, se le reconoce dentro de la comunidad universitaria por su cercanía con el secretario administrativo la UNAM, Luis Álvarez Icaza Longoria, y a su vez con la esposa de éste, María Isabel Belausteguigoitia Rius, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG).

Las otras mujeres que acusaron a los profesores de Ciencias son trabajadoras de rectoría e incluso presentaron a los aspirantes a la Rectoría General de la UNAM ante el Consejo General en noviembre de 2023.

Los grupos de activistas contra la violencia de género encabezados por estudiantes, para alumnos y profesores que entrevistamos en la Facultad de Ciencias, son “supuestos grupos feministas evidentemente apoyados por las autoridades, porque les dan cubículos, les dan recursos, les dan material para manifestarse, les dejan hacer pintas que nunca borran; yo no digo que no existan grupos que sean legítimos.

“Hay muchos grupos que son prefabricados por las autoridades y esto hay que decirlo y son prefabricados para controlar políticamente bajo la violencia de género, a mí me parece muy grave que están utilizando a las compañeras y porque están callando voces de profesores oprimidos”, de acuerdo con un estudiante.

Al término de la segunda diligencia para la reinstalación de los profesores Efraín Vega y Juan Carlos Buchanan solicitamos una entrevista con el director de la Facultad de Ciencias, Víctor Manuel Velázquez, para conocer su postura sobre este asunto, sin embargo, hasta el momento, su asistente no nos han devuelto la llamada.

Fuente de la información:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: Cortesía de Elizabeth Sauno

Fuente original:  https://www.cenzontle400.mx

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