Durante seis largos años, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), liderado por Alfonso Cepeda, no movió un solo dedo para defender a los trabajadores de la educación que continua y reiteradamente fueron violentados en sus derechos laborales y profesionales a partir de los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y/o cambios de centro de trabajo que “organizaba” la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
No, no hubo poder humano que lo llevara a plantarse frente a este órgano administrativo para exigir un poquito de transparencia en cada proceso. Bueno, qué podría esperarse de un sindicato que tal concepto lo ha ignorado, no de ahorita, sino desde hace varias, pero varias décadas. No, tampoco se plantó frente a esta unidad administrativa para exigir la aplicación de un poquito de la ley que contempla la Constitución de nuestro país, la Ley General de Educación o la misma Ley del SCMM para que dichos procesos fueran justos y/o equitativos, pero, sobre todo, cuidando que dicha ley no trasgrediera los derechos de los trabajadores de la educación. Claro, qué podría esperarse de un sindicato que la ley, no de ahorita, sino desde hace varias décadas, la ignora anteponiendo sus propios intereses y los de sus familiares, compadres y amigos, ya sea en la asignación de plazas y/o puestos al interior del propio sindicado, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal o estatales, o en las diferentes escuelas que conforman el sistema educativo a lo largo y ancho de la República Mexicana; corrupción algunos le llaman. No, no hubo queja magisterial emanada de la base que, por mínima que fuera, lo llevara a movilizar a sus agremiados frente a las oficinas, ya sea de esta unidad, de la Secretaría de Gobierno y/o de Palacio Nacional, para exigir una revisión profunda de un sistema que, como antaño: discrimina y excluye, violenta y agrede, etiqueta y clasifica; en fin, de un sistema que difícilmente puede ser concebido de esta manera, dadas las incontables fallas permanentes que presenta.
¿Por qué de buenas a primeras habría que creerle a este sindicato que hoy sí está preocupado por las y los trabajadores de la educación y, por tal motivo, deba de formular una propuesta “construida” por las maestras y maestros para que se cuente con un sistema que deje de atropellar los derechos laborales y profesionales de dichos trabajadores si durante el sexenio de Peña Nieto y López Obrador no hizo absolutamente nada para revertir todo aquello que hoy finge reconocer y que por ello deba contarse con un nuevo sistema que al fin de cuentas sigue siendo un sistema? Tal idea, la de la consulta que recientemente lanzó esta organización sindical es una falta de respeto a la inteligencia no solo del magisterio, sino a todas aquellas personas que cuenten con eso llamamos intelecto.
Esto es así porque, en primer lugar, resulta increíble que este sindicato este a favor de mantener un sistema que, como he dicho y es conocido, genera una desigualdad laboral y salarial importantísima; desigualdad que comenzó desde el momento en que estuvo de acuerdo en la implementación de un programa (muy neoliberal) de estímulos salariales plasmados en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y que, hasta la fecha continua, pero con otro nombre. En segundo, porque la sola idea de proponer una consulta suena a una farsa mayúscula que falta a la inteligencia humana porque, se sabe, que independientemente de que participen maestras y maestros en dicha consulta, los resultados siempre serán a modo de lo que el líder desea; si esto no fuera así, ¿se imaginan cómo quedaría este líder magisterial ante quien desea rendir cuentas de su propia encuesta? En tercer lugar, considerando el cinismo que ha caracterizado a varios de sus líderes, tomar como bandera de “lucha” y “conquista sindical” la transformación de esta unidad administrativa que, de sobra se sabe, no goza de la simpatía del magisterio ni de la presidencia o futura presidencia de la República, es una intentona para legitimarse y/o posicionarse ante el poder que le sirve o pretende servir indiscriminadamente. En quinto lugar, además de las anteriores, personalmente pienso que el charrismo que caracteriza a muchos de estos líderes sigue tan vigente pues, como es sabido, tal cuestión podría llevarles a ocupar un mejor puesto, por ejemplo, en las Cámaras de Diputados o Senadores.
No, no se trata de hacer circo, maroma y teatro para aparentar ser un paladín defensor de las causas de los trabajadores de la educación. No, no se trata de “entregar” a un gremio cuya nobleza, muchas veces los lleva a actuar en consecuencia. No, no se trata se trata de ser faltarle el respeto al magisterio con consultas “chafas” y a modo cuya finalidad tiende a beneficiar a quien la aplica, pero no a quien la contesta.
Se trata pues, se salir a la calle, de ensuciarse los zapatos y de dialogar con el magisterio, pero con todo el magisterio sin que haya escenarios a modo o intimidadores prestos para callar voces cuyas expresiones no suelen ser de su agrado.
¿A poco alguien cree que la propuesta de la próxima presidenta de nuestro país no saldrá avante en las próximas semanas o meses con el SNTE o sin el SNTE?
¡Consultas, sí cómo no! Ya estamos grandecitos para ello.
La desaparición forzada tiene que erradicarse de nuestra vida social, y desde las ciencias sociales debemos trabajar para entender la complejidad de este problema, garantizar la verdad y la justicia a las familias que lo sufren, así como la reparación del daño y la no repetición.
Así lo afirmó la académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Serena Chew Plascencia, durante el pódcast Construyendo el debate. Desaparición forzada: visibilización y desafíos, en el que expuso que este flagelo tiene actualmente dos dimensiones: la desaparición de personas cometida por el Estado y la que realiza el crimen organizado.
Ambas, dijo, se han incrementado desde 2006, tras el inicio de la guerra contra el crimen organizado y que se mezcla con otros delitos, como la trata de personas, el trabajo forzado y la explotación sexual.
Con ella coincidió el licenciado en Comunicación por la FCPyS y fundador de la organización “Ayúdame a encontrarlos. Haz que regresen”, Yohamin Eduardo Pérez, quien recordó que en nuestra nación suman ya más de 110,000 personas en esta condición, y lamentó que el gobierno no establezca comunicación con los familiares de desaparecidos, quienes viven en un duelo intermitente.
Serena Chew, quien también es maestra en Estudios Políticos y Sociales y antropóloga social, añadió que este problema genera ruptura del tejido social, pues la desaparición forzada es la representación más aguda del abandono social. A la persona desaparecida no se le puede dar por muerta, aunque se tengan indicios de ello, ya que se debe llegar a la verdad.
A veces, señala, las familias son estigmatizadas, puesto que la gente piensa que la desaparición de su pariente es porque “anda metido en algo”.
La académica mencionó que entre los mayores desafíos para enfrentar esta problemática están la corrupción del sistema de justicia y la colusión de autoridades con los grupos criminales, que permiten estos delitos, o bien, pueden obstaculizar su denuncia.
Asimismo, detalló que pareciera haber desaparecidos “de primera” y “de segunda”. Los primeros son los que por suerte o poder económico logran que sus casos tengan una cobertura mediática y las autoridades investigan y buscan resolverlos para bajar la presión hacia las instituciones.
Los “de segunda”, agregó, son los que no tienen la atención de los medios y generalmente se trata de niños, niñas, adolescentes, campesinos, indígenas, personas de las periferias que ya tenían una condición social de vulnerabilidad desde antes de su desaparición.
Poca visibilidad
Yohamin Eduardo Pérez aseveró que se da poca visibilidad a la desaparición forzada porque es un tema incómodo para el gobierno, ya que se sabe que ha fallado en la gestión de este fenómeno.
Subrayó que las redes sociales han posibilitado evidenciar este delito y su complejidad, pero no lo resuelven. A las familias y a las organizaciones sociales les queda usar estos canales cuando ven que las autoridades hacen poco por localizar a sus desaparecidos, cuando no hay el necesario clamor mediático para que las búsquedas continúen”, dijo en el pódcast conducido por Mariel Cabello.
Por: Marcelino Guerra Mendoza, Lucía Rivera Ferreiro y Roberto González Villarreal*
El 27 de mayo del 2019, integrantes de la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE gritaron en palacio nacional: ¡YA CAYÓ, YA CAYÓ! ¡LA REFORMA NEOLIBERAL YA CAYÓ! [1].
Casi seis años después, luego de un período de letargo y aparente desmovilización, la CNTE volvió a agruparse, reactivó consignas, realizó plantones e incluso un paro indefinido como medida de presión para demandar respeto a la vida interna de la organización gremial, una compensación nacional única, aumento salarial, basificación a docentes y la abrogación total de la reforma neoliberal[2] que se supone fue cancelada.
Muy bien, nunca es tarde para reconocer que la reforma neoliberal siempre no cayó; tampoco que AMLO incumplió sus promesas de campaña y que el gobierno de la 4T mantuvo, legitimó y profundizó las bases neoliberales de la reforma 2013.
Así las cosas, nos encontramos frente a una situación contradictoria que conlleva el riesgo de repetir la historia de la falsa cancelación si no se logra plantear con claridad y contundencia, qué se entiende por abrogación de la reforma neoliberal, qué es lo que debe ser eliminado y con qué propuesta será sustituido.
Por ahora, Claudia Sheinbaum lleva la delantera; al recibir la constancia que la acredita como presidenta electa, aprovechó la ocasión para anunciar la desaparición de la USICAMM, enviando al magisterio dentro y fuera de la CNTE un mensaje, una señal de que sus demandas han sido escuchadas y ya están siendo atendidas[3]. Si se considera que sustituir la USICAMM por otro organismo es sinónimo de abrogación, como en su momento ocurrió con la eliminación de la evaluación de desempeño con fines de permanencia, en seis años más estaremos frente al mismo panorama, reeditando la historia de la falsa cancelación o abrogación. Así que más vale desmenuzar el asunto y aclarar algunas cuestiones básicas.
Para empezar, la evaluación docente no es la reforma educativa, tampoco la USICAMM. Ambos forman parte de los medios de acción gubernamental -iniciativas, programas, acciones, proyectos, organismos, cambios institucionales decisiones, etc.- para intervenir en determinados problemas de gobierno. De manera que cuando se demanda abrogar, es decir, desaparecer, eliminar, borrar del mapa una reforma, es necesario mirar tanto las particularidades como el conjunto de elementos y procedimientos que la hacen de corte neoliberal.
Si todo se reduce a quitar o cambiar de nombre a un organismo, pero no se modifican las estrategias, formas y mecanismos que dan forma al control administrativo, pedagógico, profesional y burocrático del magisterio, del trabajo que realizan y las condiciones en que lo hacen, entonces no se estará abrogando nada.
De todos estos elementos, uno de ellos resulta particularmente importante no solo por el peso que tiene en los procesos de evaluación y asignación de plazas vacantes; su influencia se extiende a la organización y funcionamiento de las escuelas, contribuyendo a la super explotación del trabajo docente, que como hemos dicho en otros trabajos, es el fundamento del sistema educativo. Nos referimos a las estructuras ocupacionales vigentes mencionadas en el artículo 93 de la LGSCMM como el elemento regulador del sistema de carrera.
Esto deja en muy claro que el criterio central para la definición de tales estructuras es la demanda del servicio educativo en cada escuela[5], no la oferta. Significa también que es la SEP federal quien determina el tipo de cargos, nombramientos o puestos que conforman la plantilla de personal reconocida en una escuela, en función de la demanda, no de la naturaleza y complejidad del trabajo a realizar. Esto conlleva múltiples implicaciones.
Contar o no con determinado número de docentes o con personal especializado en artes, música, deportes o educación especial pagados por el Estado, depende del número de alumnos que atiende una escuela; esto aplica también para reducir, fusionar o desaparecen grupos y/o turnos.
Los directivos escolares tienen que detectar y justificar las necesidades de personal y enviarlas a la SEP para su revisión y autorización; a su vez, la SEP constantemente les solicita reportar licencias, permisos, incidencias, manteniendo permanentemente actualizada la información sobre la plantilla de personal de cada escuela.
Prestar atención a lo que afecta al magisterio
El canon crítico repitió una y otra vez que la reforma de Peña Nieto no era educativa sino administrativa, que se reducía a la evaluación punitiva y carecía de modelo pedagógico; componentes tanto o más lesivos para los docentes, como la normalidad mínima, quedaron velados, al igual que sus efectos.
Desde la reforma 2013 las estructuras ocupacionales vigentes se adoptaron como el modelo de administración escolar por puestos, como cualquier empresa que busca garantizar la calidad de sus productos. La reforma educativa de la 4T retomó, perfeccionó y extendió este modelo; profundizó las estructuras ocupacionales. Basta revisar las Reglas para la autorización y revisión de las estructuras ocupacionales vigentes, publicadas mediante el Acuerdo 23/11/22[6] para comprobarlo.
Con base en criterios normativos (Ley general de educación, la del sistema para la carrera de maestras y maestros, la de coordinación fiscal, el plan nacional de desarrollo 2019-2024 y el programa sectorial de educación 2020-2024), pedagógicos (fundamentos, principios y objetivos de la nueva escuela mexicana; el marco curricular común de educación media; los planes y programas para preescolar, primaria, secundaria y media superior, etc.) y operativos (necesidades del servicio, matricula, planta docente habilitada, recursos disponibles para cubrir las plantillas de personal de cada escuela, número de aulas y espacios disponibles), se detalla un intrincado y extenso mecanismo de autorización y revisión de estructuras ocupacionales, a cargo de un grupo de trabajo integrado por funcionarios del más alto nivel designados por la Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior.
Este grupo de trabajo revisa, autoriza las estructuras ocupacionales vigentes y puede proponer a las autoridades educativas el proceso de cancelación-creación o conversión de plazas para avanzar en la regularización de las categorías del personal docente, de manera que éstas sean acordes al cargo, función y nivel educativo en que se desempeñan.
En síntesis, las estructuras ocupacionales vigentes determinan:
El tipo de puestos autorizados y la cantidad de maestros en cada escuela
El trabajo y funciones que las maestras y maestros deben desarrollar al interior de la escuela dentro y fuera de su jornada laboral.
El número de alumnos por grupo y por escuela; de no cubrirse un mínimo, el sistema reduce o elimina puestos.
Determinan plazas, perfiles y funciones del magisterio
Supuestamente se definen con base en criterios normativos, pedagógicos y operativos, pero en realidad dichos criterios formales encubren los verdaderos: las “necesidades del servicio”, es decir, hacer cada vez más con menos en función de la demanda.
Eliminar las estructuras ocupacionales es romper la cadena de la super explotación.
Examinar con lupa este tema de las estructuras ocupacionales vigentes, nos parece un punto de atención urgente, un tema ineludible de negociación, una demanda magisterial central si la abrogación de la reforma neoliberal va en serio.
El procedimiento de revisión y autorización de estructuras ocupacionales se estableció desde 2016 por la SEP sin la participación de representación alguna del magisterio. Luego la reforma de la 4T retomó, perfeccionó y extendió el modelo y sus respectivos procedimientos a las escuelas estatales.
Con fines de evaluación docente, queda en manos de las autoridades estatales revisar la plantilla de personal de cada escuela para identificar e informar al nivel federal el número de vacantes.
El Plan de Estudios 2022 no basta para construir una narrativa distinta a la neoliberal, como tampoco es suficiente la eliminación de la USICAMM para abrogar la reforma; desde ahí no vendrá ninguna revolución educativa, mucho menos la cancelación efectiva de la reforma neoliberal. Mientras las condiciones de trabajo no mejoren, los docentes continuarán asumiendo cada vez más responsabilidades, realizando más tareas y actividades, tratando de resolver problemas que se incrementan y los rebasan. Si el llamado de la CNTE a abrogar, ahora sí, la mal llamada cancelación de la reforma neoliberal 2013 que en realidad no cayó -aunque el gobierno de la 4T se empeñó todo el sexenio en convencernos de lo contrario-, es necesario develar el modelo empresarial de administración de recursos, hoy día encarnado en las estructuras ocupacionales vigentes como el mecanismo productor de la super explotación, ésa que escamotea derechos, alimenta la meritocracia individual que tanto cuestiona el nuevo plan de estudios e incrementa las afectaciones laborales, personales, de salud, etc., que desde hace bastante tiempo atrás padece el magisterio.
Más de 83 millones de personas en Latinoamérica sufren inseguridad alimentaria, advirtió este martes la ONU en el X Foro Regional de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, que reunirá a 200 participantes de más de 20 países para fortalecer compromisos regionales en el sector.
«Aún en este momento 83,4 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en la región (Latinoamérica) y 43 millones sufren de desnutrición«, informó el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, Peter Grohmann.
El evento, organizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Gobierno de México como anfitrión del foro, contó en su sesión inaugural con representantes de Gobierno, de instituciones financieras internacionales y de las Naciones Unidas.
Alta tasa de inseguridad alimentaria
El coordinador señaló también la problemática en la región, donde desde el año 2000 hasta la actualidad se ha registrado un gran aumento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, pero todavía el 11,5 % de menores de edad presentan retrasos en el crecimiento por la mala alimentación.
«Tenemos un grave problema de obesidad y de sobrepreso en nuestra región (…) 50 millones de niños y niñas lo sufren actualmente», citó la directora regional del PMA, Lola Castro.
Según explicó Castro, la pandemia por covid-19 aumentó hasta en tres y cuatro veces el número de personas en situación de inseguridad nutricional, algo que cuatro años después todavía es un problema en Latinoamérica, donde el costo de una dieta saludable aumentó hasta en un 10 % desde el pasado año por la inflación.
Pobreza económica y educativa
La oficial para asuntos sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Daniela Trucco, recordó que «en 2022 la pobreza afectaba en Latinoamérica el 29 % de la población, unos 231 millones de personas».
Trucco, además, remarcó que el 11,2 % de la población en la región estaba en pobreza extrema, y resaltó que niños y adolescentes «enfrentan una incidencia de la pobreza mayor, el 48,5 % de la población entre 0 y 17 años lo sufren».
Mientras que el representante de la Unesco en México, Andrés Morales, alertó que «desde la pandemia, alrededor de 9,6 millones de estudiantes siguen fuera de la escuela en Latinoamérica».
El funcionario advirtió de que sin una buena educación es difícil ofrecer herramientas y habilidades para una buena alimentación.
En la misma línea, se mostró la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Laura Ripani, quien declaró que la región tiene «una grave crisis de aprendizaje que afecta a millones de estudiantes».
«Los estudiantes de 15 años tienen cinco años de retraso con relación al promedio de los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)», explicó Ripani.
La representante del BID explicó además que, según los últimos informes PISA, tres de cada cuatro estudiantes tiene bajo desempeño en matemáticas y la mitad no alcanza habilidades básicas en lectura en primaria y secundaria.
¿Paulo Freire en las bibliotecas escolares del país? Todo indica que sí. De acuerdo a El Universal, “La Secretaría de Educación Pública (SEP) desembolsó 87 millones 578 mil 400 pesos para la adquisición de 4 millones 320 mil libros de la colección Paulo Freire, que serán entregados a las bibliotecas de escuelas de educación básica” (Cabadas, María, 25 de agosto, 2024).
Sin embargo, la decisión de la SEP tiene varios ángulos críticos. Primero, un asunto de forma, los recursos públicos destinados a la edición, distribución y compra de libros para la actualización docente y las bibliotecas de las escuelas básicas del país tendrían que ser de escrutinio público sin considerar este acto como un ataque de los conservadores a las acciones del gobierno en turno. El comentario viene a colación por la descalificación del director de la Conaliteg a la colega Irma Villalpando al hacer observaciones y críticas tanto a la compra de la colección Paulo Freire como a la hechura de los libros de texto de inglés de secundaria a cargo de la SEP.
Segundo punto, sobre el contenido de los libros de texto gratuitos (LTG). Hay una preocupación genuina de actores educativos, no solo en cómo se gasta, sino en qué se gasta y si efectivamente los contenidos de los libros contribuyen a mejorar la enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, leer a Freire no le cae mal a la actualización del magisterio y a los estudiantes de casi cualquier nivel educativo. Pero, no todo es Paulo Freire por la sencilla razón que no todos los niveles de complejidad de la vida y de la realidad, y problemas del día a día los alcanzó a ver el pedagogo brasileño.
Los defensores de la compra de libro de la colección de Paulo Freire (la nota de El Universal indica que se adquirieron 18 ejemplares), bien podrían refutar y sostener que esta acción es una apuesta para fortalecer la actualización y formación del docente frente a grupo. El argumento sería que precisamente esto que no alcanzó a ver el pedagogo brasileño, sí lo podría ver el docente e integrarlo en procesos curriculares específicos como el codiseño en las fases de contextualización, lectura de la realidad y elaboración del programa analítico (interesados, ver el Acuerdo, 14/08/22).
Pero, el argumento anterior y la acción de la SEP solo confirma el sesgo que ya han advertido varios académicos. La adquisición de la colección de libros de Paulo Freire se viene a sumar al enfoque de los LTG, particularmente los que se pueden registrar en Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro de las fases 2,3,4,5 y 6, los cuales corresponden a todo el nivel primaria y secundaria.
Un dato extra y contrastante, la SEP, a través de la Dirección General de Materiales Educativos, lanza la Convocatoria para la selección de materiales educativos biblioteca SEP centenaria para la actualización del magisterio 2023, para seleccionar hasta 10 títulos dirigidos a maestras y maestros que contribuyan a mejorar su práctica pedagógica en el marco de la NEM. ¿Cuáles fueron los temas de la convocatoria referida para poder imaginar las próximas colecciones? Una probadita: pedagogía crítica, metodologías socioculturales, Nueva Gestión Escolar, Epistemología Crítica. El lector puede imaginar los títulos que se adquirirán para la actualización del magisterio en este año 2024.
Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/paulo-freire-en-las-bibliotecas-escolares/
Según el Instituto para el Aprendizajea lo largo de la Vida de la UNESCO, este aprendizaje nunca ha tenido más importancia para los individuos, las ciudades, los estados nacionales o la comunidad mundial, así como para los responsables de la formulación de políticas educativas y es fundamental en la agenda para el desarrollo de las Naciones Unidas y constituye un importante objetivo de la labor de la UNESCO, tal como se expresa en la Agenda de Educación 2030.
Lo anterior tiene su fundamento en la integración de aprendizajes en la vida cotidiana, tomando en cuenta actividades, escenarios y experiencias de aprendizaje para todas y todos en la infancia, la adolescencia, la juventud, en la edad adulta y lo que hoy es considerada la edad del adulto mayor. Incluye todos los contextos en los cuales transitamos: la familia, la escuela, la comunidad de origen y el lugar en donde estemos, a través de la educación formal, no formal e informal, es decir, en cualquier escenario y en donde aparezcan diferentes demandas y necesidades de aprender.
Dentro del tema migratorio se encuentran las personas ante múltiples desafíos que no necesariamente se atienden en la educación formal y que generalmente se resuelven por ensayo y por error, a través de las interacciones y experiencias de quienes se encuentran en situación de tránsito, ya sea de manera permanente o transitoria.
Estoy leyendo el libro Por una pedagogía de la Pregunta. Una crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes de Paulo Freire y de Antonio Faundez (2023). En él, ambos sostienen que formular buenas preguntas requieren de un aprendizaje artesanal, de ensayo y error, de trabajo compartido entre estudiantes y maestros, ya que la educación tradicional pone al docente en el lugar del que presenta un repertorio de respuestas y hace a un lado las preguntas molestas y que no tienen relación con ninguno de los dos, donde las respuestas que no están ligadas a la curiosidad genuina, difícilmente llegan a destino porque la curiosidad es el punto de partida tanto para aprender como para enseñar.
Es un libro conversado acerca del conocimiento -y el proceso de creación y recreación -fruto de una sistematización y /o problematización de las experiencias educativas, éticas y políticas vividas por Freire y Faundez, quienes con sus palabras nos aproximan a sus experiencias situadas que son al mismo tiempo, singulares y comunes, y sobre todo, suscitan otros vínculos con los diálogos que los lectores puedan enhebrar en un diálogo presente, actualizándolo y materializándolo en sus prácticas, que muchas veces ( como a mí me pasa) están atravesadas por inquietudes e incertezas.
Toda la lectura sugiere muchas reflexiones. En este espacio comentaré lo que asocio con la vida migrante relacionado con “lo que enseña la diferencia cultural”. Freire realiza la pregunta fundamental, de cómo comprendemos y cómo podemos, funcionar mejor y de forma menos traumática en esa cotidianidad prestada que vive un exiliado, que si bien refleja su propia experiencia, bien puede asociarse a lo que viven los migrantes: “Una de las primeras lecciones que me enseñó el exilio, cuando daba mis primeros pasos en el contexto que me había acogido , en el sentido de vivir y no solo sobrevivir en la cotidianidad diferente, fue que las culturas , las expresiones culturales no son ni mejores ni peores, son diferentes ante sí… esto lo aprendí en Chile, cuando comencé a conocer concretamente las formas diferentes de hasta de llamar al otro. En cada cultura existe una forma especial que no puede ser transgredida, existe un cierto código, ¿no? (Freire y Faundez, 2023, p. 44).
Lo anterior nos puede pasar a cualquiera aun cuando estemos de paso, de ahí la necesidad de observar y comprender hasta el más mínimo detalle de la cotidianeidad de los otros, si no lo comprendemos así, corremos el riesgo en la comparación que hacemos de las expresiones culturales, de aplicar juicios negativos y rígidos hacia la cultura que nos es extraña. Respetar la cultura diferente, respetando también la nuestra, no significa negar nuestra preferencia, inclusive revela un grado de madurez que a veces alcanzamos y a veces no, al exponernos críticamente a las diferencias culturales.
Este pequeño párrafo me permitió reflexionar que reconocer, compartir y convivir con la cotidianidad del otro es una experiencia de aprendizaje permanente en nuestra vida, lo que se magnifica cuando dejamos nuestro contexto de origen y pasamos a otro, donde nuestras experiencias se vuelven más dramáticas porque los desafíos de multiplican y la tensión se instala. Pienso que siendo o no migrantes, es un aprendizaje de vida descubrir a los otros, descubrir otra realidad, a otros cuerpos, otros lenguajes, otros gestos, otras relaciones, un nuevo descubrir, este nuevo relacionarse con el mundo en un largo aprendizaje.
Empieza ya un nuevo ciclo escolar en nuestro país, deseo que quienes estemos involucrados en educación descubramos en los otros en nuestra vida cotidiana, nuevas relaciones que nos permitan seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida.
Los pobladores de la parroquia de Chicomuselo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas fueron librados a su suerte frente a la presencia de cárteles de la droga que se disputan el territorio. La explotación de una mina de barita reavivó el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que se disputan la región. Los habitantes son usados como escudos humanos y, en algunas comunidades, les quitan los teléfonos y no les permiten salir. Tras haber sido un ejemplo emblemático en la lucha por la Tierra y la Naturaleza, los comunarios de Chicomuselo no reciben respuestas del presidente ni de su sucesora.
Desde 2023, pobladores de varias comunidades del Municipio de Chicomuselo han tenido que salir de sus comunidades, abandonando sus casas, tierras, animales, cosechas y pertenencias, con todo el dolor e inmensa tristeza que eso implica. La causa es siempre la misma: la lucha por el territorio entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En la cotidianeidad, los comunarios sufren la presencia de hombres armados y encapuchados, sus amenazas y la violencia armada.
Un acontecimiento muy violento en la comunidad, que hizo que la mayoría de los habitantes salieran, fue el enfrentamiento del 4 de enero de 2024 entre ambos cárteles. El acontecimiento comenzó desde muy temprano, y duró todo el día y toda la noche. Como resultado hubo más de 20 personas asesinadas de ambos grupos. También hubo víctimas civiles de otras comunidades y municipios que habían sido usadas como escudos humanos por los cárteles.
La mina de barita
En 2009, la extracción minera en Chicomuselo se había detenido debido al impacto ambiental. Pero el 18 de marzo de 2023, llegó un grupo armado de uno de los cárteles a saquear el material de barita y amenazaron de muerte a los pobladores que pretendieron oponerse a la explotación del mineral. Desde esa fecha hasta hoy, la mina ha sido explotada ilegalmente dado que la suspensión judicial aún persiste.
La extracción minera es realizada por hombres, en su mayoría de origen guatemalteco (no se descarta que sean kaibiles, los soldados de élite del Ejército de Guatemala), armados y capacitados en el uso de la violencia. Ellos se han apoderado de los bienes y viven en las comunidades, en lugar de ser los ejidatarios dueños de esas tierras. El material extraído de la mina es trasladado fuera de la comunidad, en trailers tipo contenedor, que atraviesan con total impunidad la cabecera municipal de Chicomuselo. La hipótesis es que la barita es vendida en el puerto de Coatzacoalcos, ubicado en Veracruz.
Un dato importante y no menor es que a solamente 26 kilómetros de la mina de barita, se localiza el cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del Batallón 101. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no han impedido la explotación de la mina de barita ni han defendido a la población. Menos aún han intervenido en la confrontación entre los cárteles. Ante este panorama, las sospechas de connivencia son más que justificadas.
Un problema recurrente
Otras comunidades del municipio de Chicomuselo que están abandonadas son Jolentón (200 habitantes), Galicia (500), 20 de noviembre (500), San Antonio del Ocotal (500), La Lucha (300), Las Flores (500), Plan de Ayala (200), Nueva Morelia (600), San Francisco Las Palmas (300), Barrio la Pinta (150), Barrio El Limonal (150), Ejido El Rosarios (100), Ejido Las Brisas (100) y Ejido Nuevo Portal (200).
En cuanto a la cabecera del municipio, sobre una población de unos 7.000 habitantes, estimamos que han salido unos 4.000. La huida de los pobladores se dio por la llegada de hombres armados de ambos cárteles y por sus constantes enfrentamientos, que dejan muertos de ambos grupos y de la población civil, incluidas mujeres, menores de edad y personas de la tercera edad. En las comunidades arriba mencionadas, no se impidió la salida de la población.
Sin embargo, existen otras comunidades del mismo municipio de Chicomuselo que también sufren los enfrentamientos, pero no se les permite salir de la comunidad ya que son usados como “escudos humanos”. Tal es el caso de Vado Ancho (300 habitantes), Unión Buenavista (1650) Miguel Alemán (650) y Monte Sinaí (550). Para evitar que pidan ayuda y se comuniquen con el exterior, los integrantes de los cárteles les quitan sus celulares, cortan la luz por días y no permiten que lleguen alimentos ni medicinas. Los campesinos no pueden sembrar ni cosechar, y mucho menos comerciar sus productos.
Un Estado que no da respuestas
Por todos los medios, se ha dado a conocer esta vulneración de derechos a las distintas instancias federales: la Presidencia de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se ha informado el origen, desarrollo y escalada que ha dejado la extracción minera en Chicomuselo y que ahora se presenta como un problema humanitario que cada día se agrava aún más.
Si las autoridades mexicanas, si el presidente mexicano Andrés Manuel Lópes Obrador (AMLO, quien está por dejar el poder) y si su sucesora, Claudia Sheinbaum, realmente quieren atender las causas del conflicto, negarlo, minimizarlo o mandar paliativos no sirven. Si quieren atacar las raíces del conflicto deben combatir con tadas las herramientas disponibles el trasiego, el mercado negro y la explotación minera.
Contrario a lo anterior, el Presidente mexicano y quien será la primera mujer presidenta del país niegan por todos los medios que el conflicto narrado está sucediendo. De este modo, lejos de solucionar el problema, AMLO y Sheinbaum condenan a los desplazados y a las personas secuestradas en sus propias comunidades a resignarse. O, peor aún, a unirse a la guerra de cárteles para garantizar su vida mientras esperan la muerte.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 126
Total Users : 35453220
Views Today : 155
Total views : 3399414