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¿Unidad en torno a qué?

Por: Blanca Heredia

Los desplantes y el tono hostil de Trump hacia nuestro país han suscitado en México numerosos reflejos, actos y discursos a favor de la unidad nacional. No es nuevo ni extraño el que ataques o amenazas externos produzcan reacciones nacionalistas. De hecho, el apelar a la “unidad nacional” es y ha sido históricamente la respuesta más inmediata y más socorrida frente a las agresiones del exterior en muchísimos países y comunidades a lo largo de la historia.

Dos preguntas obligadas en relación a este asunto en México hoy, con todo, son ¿cuánta unidad? y ¿unidad en torno a qué?

En relación a la primera pregunta, suscribo lo argumentado por Jesús Silva Herzog Márquez en su columna del periódico Reforma la semana pasada. En suma, unidad sí, pero con límites claros. Dicho en otras palabras: bienvenida la unidad, siempre que respete y no ahogue la diversidad y la crítica.

En lo que se refiere a la segunda pregunta –¿unidad en torno a qué, a cuáles valores, a cuáles prácticas y objetivos comunes?–, me temo que, en el mejor de los casos, la discusión apenas comienza. Limitada y balbuceante aún, esa conversación resulta fundamental y tendríamos que darle máxima prioridad.

Como bien recordaba Rolando Cordera en un foro reciente sobre México frente a Trump, al fin de la guerra de 1847 vs los Estados Unidos, Mariano Otero señalaba que la derrota era el resultado de la falta de unidad entre los mexicanos y que esa misma derrota obligaba al país, si acaso quería ser un proyecto viable a futuro, preguntarse sobre los valores fundamentales que vinculaban a los mexicanos.

A casi siglo y medio de distancia, nos toca volver a identificar, discutir y acordar cuáles valores, prácticas y objetivos compartidos en concreto nos vinculan y pudiesen darle sustento a México como comunidad política independiente de cara al futuro. ¿La libertad sin responsabilidad? ¿Máximas y guías para la acción tales como “obedézcase, pero no se cumpla”? ¿Privilegios sin fin para unos cuantos y falta de los derechos y las oportunidades más elementales para los más? ¿Usufructo privado de los bienes y recursos públicos?
¿Desdén y falta de cuidado por lo que es de todos? ¿Discriminación sistemática por género, por color de piel y por condición socioeconómica?

Todo lo anterior abunda en México como práctica regular y cotidiana. Estos patrones de comportamiento y los valores que los orientan no ofrecen, evidentemente, un catálogo de rasgos distintivos de México que sea defendible o siquiera pronunciable en público. Tampoco dan, desde luego, para cimentar una comunidad de propósitos que nos permita sobrevivir y, sobre todo, prosperar en conjunto como integrantes de una misma colectividad nacional, digna de autogobernarse.

Diversos políticos han expresado en días recientes que valores tales como la igualdad y la justicia, contenidos en la Constitución mexicana, son los que nos unen y fundamentan nuestra existencia como nación.

¿De veras? Si así es, ¿cómo explicar el que nuestro sistema de justicia sea tan extremadamente precario y fragmentario, y el que México siga siendo, a pesar de la Revolución Mexicana y a un siglo de promulgada la Constitución de 1917, uno de los países más desiguales del mundo?

Si la igualdad y la justicia son los valores que más nos vinculan, ¿cómo explicar que de toda la infinidad de reformas “estructurales” que han impulsado diversos gobiernos y coaliciones en las últimas décadas, la de acceso a la justicia, sobre la que ha escrito tan insistente y lúcidamente Ana Laura Magaloni, no haya siquiera entrado en la agenda? Si tanto nos une y nos importa a todos la igualdad, por qué causó tanta oposición y tanto conflicto la propuesta de elevar el salario mínimo, mismo que, como sabemos todos, hace rato no da para acceder a ningún mínimo de nada?

Irnos, como venimos haciéndole, en particular desde la época de la Reforma, por lo puro aspiracional al momento de definir los valores que supuestamente nos unen, ha terminado, una y otra vez, reproduciendo la brecha entre el país ideal (legal) y el país real. Esa brecha ha dado para medio gobernar el país a base de excepciones, discrecionalidad y corrupción. Mantener hoy esa distancia entre aspiración y realidad como argamasa fundamental para mantenernos juntos no dará para mucho más y ni siquiera queda claro que nos alcance para enfrentar con mediano éxito las amenazas y desafíos que tenemos delante.

Sería hora de invertir tiempo en pensar, colectivamente y en serio, qué nos une efectivamente y qué de eso que nos une valdría la pena mantener.

A reserva de ir construyendo alguna narrativa que pudiera ayudar a pegarnos, considero que, la coyuntura crítica que enfrentamos, tendría que llevarnos a enfocarnos en tres tareas centralísimas: construir las vías para darle a todos los mexicanos acceso a la justicia; reconocer que el sistema educativo está roto y comenzar, en los hechos, a refundarlo; y diseñar nuevos mecanismos institucionales efectivamente capaces de procesar nuestros conflictos y diferencias. En suma: empezar a armar en la realidad el piso mínimo indispensable que pudiera unirnos para poder imaginar, desde ahí y entre todos, una unidad nacional distinta a la de unos cuantos lucrando con ella a expensas del resto.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/unidad-en-torno-a-que/

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México: Al menos 14 millones de niños en AL, fuera de la escuela

México/Febrero de 2017/Autora: Laura Poy Solano/Fuente: La Jornada

En América Latina y el Caribe al menos 14 millones de niños y adolescentes de 7 a 18 años de edad están fuera de la escuela o de cualquier servicio educativo, de los cuales 10 millones son adolescentes, afirmó Francisco Benavides, asesor regional de educación para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

Durante los trabajos del Seminario Internacional sobre buenas prácticas educativas ante el riesgo de exclusión de Niñas, Niños y Adolescentes, Christian Skoog, representante de Unicef en México, destacó que en nuestro país, 4.1 millones de menores están fuera de la escuelas, mientras que 600 mil más están en riesgo de abandonar las aulas.

En entrevista, destacó que pese a los avances alcanzando por México en la cobertura universal de educación primaria, aún se tienen desafíos en secundaria, pero principalmente en la atención del primer grado de preescolar y en el acceso al bachillerato, donde se concentra el mayor porcentaje de jóvenes que logra continuar su formación.

Agregó que ante el contexto que enfrenta México con la nueva administración de Estados Unidos, y ante la posible llegada de connacionales de deportados del país vecino o que decidan regresar a territorio nacional, Unicef colabora con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con el gobierno federal para garantizar que «todo niño migrante y quienes regresen al país tenga derecho a ingresar a las aulas, incluso si no cuenta con documentos que acrediten su identidad, como el acta de nacimiento».

Cuestionado sobre los desafíos que enfrenta nuestra nación para frenar la exclusión de menores del sistema educativo destacó que «se sigue concentrando entre la población más pobre, los indígenas y con la población discapacitada», por lo que urgió a fortalecer mecanismos de acción que garanticen su acceso a la formación escolar.

En el encuentro, convocado por Unicef y la SEP participan especialistas del organismo multinacional, así como representantes de los Ministerios de Educación de Ecuador, Argentina, Colombia y Costa Rica, así como de diversas entidades, quienes presentarán sus programas de detección temprana de abandono escolar.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/08/al-menos-14-millones-de-ninos-en-al-estan-fuera-de-la-escuela

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México: Minas generan 2 millones de empleos… pero depredan el ambiente

México/Febrero de 2017/Autora: Blanca Estela Botello/Fuente: Crónica

En el país operan 1,134 mineras nacionales y extranjeras que, pese a las modernas tecnologías, ocasionan pérdida de vegetación, contaminación del suelo y del agua, modificación de la topografía, abatimiento de aguas subterráneas, alteración de la calidad del aire y fragmentación del hábitat.

Con un inversión anual promedio de 5 mil millones de dólares y la generación de 344 mil 448 empleos directos y 1.6 millones indirectos, la industria minera en México es una de las actividades económicas más relevantes que, sin embargo, tiene una gran afectación sobre el medio ambiente.

En el país operan 1,134 instalaciones mineras y la principal causa por la que se presentan denuncias en contra de esta industria es el daño a los recursos naturales.

Pérdida de vegetación, contaminación del suelo y del agua, modificación de la topografía y del paisaje, abatimiento de aguas subterráneas, alteración de la calidad del aire y fragmentación del hábitat son algunos de los impactos.

EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO O SUBTERRÁNEA. Las empresas mineras de capital extranjero establecidas en México son, en su mayoría, de origen canadiense, seguidas de las norteamericanas, aunque también las hay de Reino Unido, Australia, Japón, China, Corea, India, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Bélgica, Italia, España y Luxemburgo.

Se trata de 293 empresas registradas por la Secretaría de Economía que exploran o explotan minas de manera superficial o subterránea.

La extracción puede ser de metales preciosos como oro y plata; metales base como plomo, zinc, cobre; no metálicos, como carbón, mármol, piedra caliza, yeso, fluorita; rocas dimensionables como travertino, onix, dacita (con alto contenido de hierro) y basalto, y de materiales industriales como yeso y toba.

Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), señaló que las minas impactan el medio ambiente, ya sea por las sustancias químicas que usan o por los métodos de extracción.

En las minas de metales preciosos, que son subterráneas, se utilizan sustancias químicas, “y ésas son las que a nosotros nos preocupan más, porque en las dos primeras (oro y plata) se utilizan sustancias químicas peligrosas, soluciones con cianuro; en la de cobre es ácido sulfúrico. Ambas son de alta preocupación, tanto para la salud humana como para los ecosistemas”, refirió el funcionario.

En estos casos se generan lixiviados (soluciones residuales que, de no ser adecuadamente manejados, se pueden filtrar al subsuelo) y jales (residuos sólidos). Los lixiviados, expresó Rodríguez Abitia, al tener altas concentración de metales, son corrosivos y tóxicos.

En cuanto a los métodos de extracción, abundó, las minas a cielo abierto impactan el paisaje, pues afectan la geomorfología del sitio, además de que acaban con la cobertura forestal, erosionan el suelo, alteran los flujos del agua y usan gran cantidad de agua, que generalmente se obtiene de los acuíferos.

Francisco Martín Romero, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, expresó que la mina a cielo abierto, por ser amplia, genera grandes cantidades de residuos, a diferencia de la subterránea.

“En ese sentido, podemos decir que la minería a cielo abierto puede tener mayores retos para controlarla con los problemas de contaminación”, refirió.

DAÑOS. De enero de 2013 a diciembre de 2016, la Profepa impuso 91 clausuras por incumplimiento de la normatividad ambiental, con multas equivalentes a 94.4 millones de pesos. A estas cifras, la Secretaría de Economía agrega el año pasado, 53 instalaciones inspeccionadas, 20 fueron clausuradas.

Las irregularidades más frecuentes son: no contar con autorización en materia de impacto ambiental; incumplir con términos y condiciones establecidos en las autorizaciones; incumplir con las normas oficiales mexicanas (NOM); realizar mal manejo de residuos peligrosos  o no cumplir con las obligaciones en materia atmosférica en los patios de trituración.

En su Informe Anual 2016, la Cámara Minera de México (Camimex) señaló que 91 empresas mineras participan en el Programa de Industria Limpia que impulsa la Profepa, además de que 3 grupos mineros forman parte del Índice Verde de la Bolsa Mexicana de Valores.

Mencionó que en 2015 la industria minera invirtió 3 mil 807 millones de pesos en comunidades y en medio ambiente.

Pero resaltó que, en el caso de las áreas naturales protegidas (ANP), insistirá en que las zonas que contienen concesiones mineras vigentes y en trámite se excluyan de la poligonal del ANP que se proponga, ya que “para el sector es importante que se construya una fórmula que dé certeza legal a las inversiones en minería en cualquier área natural protegida”.

EXPLOTACIÓN. La Ley Minera establece que las concesiones tendrán una duración de cincuenta años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería, y se prorrogarán por igual término si sus titulares no incurrieron en causales de cancelación previstas en la ley y lo solicitan dentro de los cinco años previos al término de su vigencia.

Sin embargo, no toda la explotación minera está sometida a la ley.

El subprocurador Rodríguez Abitia refirió que hay minería clandestina, sobre todo en zonas remotas, de difícil acceso, que trabajan con falta de seguridad personal, con afectaciones al medio ambiente, al operar de manera rudimentaria.

“Sí existe una actividad minera ilegal, nosotros creemos que es de menores proporciones, son gambusinos (buscadores de minerales) o minerías un poquito de mayor escala, pero definitivamente ninguna a cielo abierto.

“Pero estas pequeñas operaciones que trabajan en la sierra de Sinaloa o en la zona caliente de Michoacán son difíciles de detectar, porque también para nosotros es difícil entrar y no solemos arriesgar a los inspectores tampoco”, expresó Rodríguez Abitia.

Refirió que para supervisar las operaciones mineras, además de otros sectores, la Profepa cuenta con 300 inspectores en materia industrial y unos 400 en materia de recursos naturales, cifra baja si se considera la cantidad de instalaciones en operación.

EVOLUCIÓN. El académico Martín Romero señaló que desde el 2005 existen normas que evitan mayores afectaciones ambientales.

“El problema es que de estas normas oficiales mexicanas, la más antigua que hay, es de 2005; antes de esa fecha no había NOM relativas a la minería. Hay un pasivo ambiental (residuos mineros que están inactivos) por el país que es lo que impresiona, pero a partir de la publicación de las normas se trabaja en la prevención”, expresó.

Actualmente, enfatizó, ninguna actividad minera es permitida si no hay una autorización para proteger al ambiente y a la salud humana.

Destacó que anteriormente los residuos mineros se depositaban sin ningún control ambiental, quedando expuestos a la intemperie.

El geólogo ambiental, quien lleva a cabo la remediación de una zona minera en Taxco, Guerrero, indicó que recuperar o remediar una mina en desuso es muy costoso, pero permite rescatar el área para reintegrarla al paisaje.

“Estamos remediando unas 30 hectáreas, son de las más grandes. No sé cuánto cueste la remediación, los estudios no son costosos, es la operación, la maquinaria, lo que tiene un costo elevado, son millones de pesos”, dijo.

Destacó que las nuevas tecnologías permiten remediar a la vez que se explota la mina.

“El problema son todos los proyectos que existen antes de las NOM, ahí no se puede ir a la prevención. Es importante el antes y el después de la aparición de las NOM”, remarcó.

Respecto al tiempo que se requiere para remediar una zona minera, dijo que depende del tipo de mina, y a manera de ejemplo refirió que en Taxco todo el proyecto llevará cinco años, en tanto que en San Luis Potosí la remediación de una mina tardó diez años.

Tras la remediación de la mina, dijo, la utilización del terreno dependerá de las especificaciones que tengan las NOM y puede ser utilizado para vivienda, parque o servicios.

En tanto, el subprocurador Rodríguez Abitia refirió que las nuevas tecnologías permiten explotar al máximo las minas, pero no necesariamente un mejor manejo ambiental.

“Hay casos donde la tecnología no ayuda para mejorar el medio ambiente, pero en términos generales la tecnología busca ser más eficiente, y al ser más eficiente favorece el medio ambiente, de manera indirecta, no porque lo persiga, persigue otro fin, pero sin querer, genera efecto (en el medio ambiente)”, señaló.

Fuente: http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1009017.html

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México: El municipio debe participar en la educación

México/09 febrero 2017/Fuente: Alcaldes de Mexico

La educación es un tema que cada día toma mayor relevancia en las proyecciones de crecimiento, evolución y desarrollo de los países. El reto es mejorar los procesos y adecuar las políticas y programas educativos a cada sociedad, dependiendo de sus necesidades y realidad, con el fin de lograr los objetivos y metas planteados por los organismos internacionales para abatir, mediante una mejor preparación de profesionistas y trabajadores, los grandes rezagos y desequilibrios que se presentan en el mundo, como la pobreza, violencia y el hambre.

Un ejemplo de lo anterior se puede ver en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Competencias en Iberoamérica: Análisis de PISA 2012, en el que se recomienda que los países iberoamericanos redoblen esfuerzos para mejorar la calidad y la igualdad de sus sistemas educativos.

“La educación y las competencias son la base del crecimiento incluyente en Iberoamérica y la clave para superar desafíos económicos y sociales compartidos, como la baja productividad, la falta de inclusión social y la elevada tasa de desempleo juvenil”, afirma Gabriela Ramos, directora de Gabinete del Secretario General de la OCDE, al dar a conocer dicho informe.

GOBIERNOS LOCALES ACTIVOS

Como parte de los esfuerzos para mejorar, está el planteamiento de profesionales, estudiosos e investigadores en esta materia, en el que proponen la democratización de la educación, partiendo de la participación directa y activa del municipio, orden de gobierno al que se le tiene prácticamente marginado en la estructuración de políticas y programas educativos, y sólo es operativo de las disposiciones federales o estatales en este sector.

Cecilia Perasa Sanginés, doctora en Sociología y profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM), afirma que democratizar la educación dependerá de las capacidades que les otorguen a los municipios en este rubro, porque la realidad educativa del país está marcada por el Estado de manera vertical, “viene desde arriba, sin la participación de este orden de gobierno que es el que está en contacto más directo y cercano con los gobernados”.

El municipio es la instancia de gobierno que puede detectar las necesidades reales de la población en general, y en particular las educativas locales. “Y esto es lo que más falta hace en estos momentos en el proceso educativo, precisamente por la diversidad que existe en el país”, con casi 2,450 municipios que tienen características propias.

El reto es que debe haber congruencia entre el marco legal, el marco presupuestal y las capacidades verdaderas de cada localidad. La democratización de la educación implica necesariamente la participación de las mayorías. Entonces hablar de este tema es escuchar cuáles son las necesidades a nivel de aula, de escuela, para que el proceso no pase por la imposición burocrática desde arriba, sino construir las políticas educativas desde abajo, en un proceso participativo, explica.

Considera que una de las barreras más importantes para que los municipios puedan participar en la educación, es el periodo de gobierno que tienen, que es de tres años, y en algunos casos cuatro: “Es poco tiempo para atender los programas y políticas en la materia, y sí, los tiempos políticos no corresponden a nivel municipal, estatal y federal, sabemos que en la real politic, las decisiones se toman por el partido que gobierna y cada gobernante, sea federal, estatal o municipal, llega con sus propuestas independientemente de las necesidades o lo que haya dejado su antecesor”.

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Cecilia Perasa Sanginés.
FOTO: ROSALÍA MORALES

Cecilia Perasa afirma que ahora que se habla de una mayor autonomía de gestión, de una mayor autonomía incluso curricular en la educación (con la Reforma Educativa), los municipios deben tener un papel relevante para atender las necesidades particulares de las localidades, hablando en términos de diversidad: no son las mismas condiciones educativas las de la Sierra Zongolica, Veracruz, que las de Santa Fe, en la Ciudad de México; es aquí donde debe jugar un papel decisivo la detección de necesidades y debería tener congruencia con la gestión de los presupuestos.

Al respecto, en el documento que contiene la Reforma Educativa, se precisa: “Es impostergable fortalecer las políticas de Estado ya existentes e impulsar las que sean necesarias para hacer posibles los cambios que la educación requiere. Es con este propósito que se estima necesario elevar a rango constitucional las disposiciones que permitirán dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y aseguren la superación de los obstáculos que lo limitan.

“El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.”

Quedan excluidos los municipios como instancias de gobierno y esto es contrario a lo que plantean los investigadores para democratizar la educación. Cecilia Perasa precisa: “Veo más barreras y una voluntad discursiva que tiene que librar una cantidad de obstáculos de la real politic, que difícilmente, en nuestro país, se podrá dar a corto o mediano plazos”.

José Luís Muñoz Moreno, del Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, en un estudio sobre las formas de participación de los municipios en educación, explica que ésta “se presenta como uno de los retos principales de la democratización de una sociedad”.

“Actualmente, en el contexto de la mejora por la calidad de vida de la ciudadanía, es necesario producir oportunidades verdaderas de participación ciudadana en el ámbito educativo. Potenciar la participación de los municipios y de la ciudadanía en educación es una responsabilidad, especialmente, de los ayuntamientos y de las instituciones educativas que debe reflejarse en planes e iniciativas concretas.”

Fuente:http://www.alcaldesdemexico.com/expediente-abierto/el-municipio-debe-participar-en-la-educacion/

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Cuando las armas van a la escuela: un reflejo de la violencia en México

México/09 febrero 2017/Fuente: Univision

Pistolas, revólveres, armas de diábolos, navajas, tasers eléctricos. Todo eso ha encontrado la policía en las escuelas mexicanas desde que se retomó el programa Mochila Segura, como consecuencia del ataque ocurrido el 19 de enero en Nuevo León.

El pasado 19 de enero, un joven de 15 años disparó contra su profesora y compañeros de clase en un colegio en el estado fronterizo de Nuevo León. A partir de entonces y tras una serie de operativos policiales en las escuelas, las autoridades han encontrado más armas ocultas en manos de jóvenes: la evidencia de que el peligro en los centros escolares de México sigue latente.

Tras el ataque en Nuevo León, los cuerpos de seguridad retomaron el programa Mochila Segura, que consiste en revisar las mochilas de los alumnos antes de entrar a los centros escolares. Y desde el primer día comenzaron los hallazgos: pistolas, revólveres, armas de diábolos, navajas, tasers eléctricos.

Estos operativos de búsqueda y prevención forman parte del Programa Nacional Escuela Segura, en marcha en 2007, pero con el paso de los años fueron perdiendo intensidad y para 2017, pocas escuelas lo llevaban a cabo con constancia.

De acuerdo con autoridades locales, los hallazgos recientes de armas se han registrado en los estados de Nuevo León, el Estado de México, Guerrero y en la Ciudad de México. En otros casos, varias escuelas ha sido puestas bajo alerta tras recibir amenazas de un posible tiroteo, como ocurrió hace dos semanas en Saltillo.

Pero los casos donde un menor de edad murió por un arma de fuego en planteles escolares no son novedad en México: de 2000 a 2015 murieron 38 menores en el país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con Javier Oliva, experto en seguridad Nacional por la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los factores que contribuyen al incremento del decomiso de armas en escuelas a manos de menores es el clima de violencia que se vive en el país desde 2007, a consecuencia de la llamada guerra contra el crimen organizado, que dejó, según cifras oficiales, al menos 106,378 personas asesinadas.

“El ambiente de violencia que se vive en el país desde hace varios años, más el descontrol que hay por parte de las autoridades mexicanas en lo que se refiere a la transmisión de contenidos de violencia que se convierte en una parte cotidiana de la vida de los jóvenes, influye en buena parte a conocer las causas de que los jóvenes se vuelvan violentos”, señaló.

De acuerdo con el gobierno federal, las ciudades en las que se hallaron armas en las escuelas se encuentran entre los 50 municipios del país donde en 2016 se registraron más homicidios, según datos de la Secretaría de Gobernación. Territorios de Monterrey, la Ciudad de México y Guerrero se encuentran en la lista.

Algo que muestra, según Oliva, que el nivel de violencia entre los menores se encuentra estrechamente relacionado con el crimen en México.

Según detalla la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) hay alrededor de 5,000 jóvenes presos por la comisión de delitos graves, de los cuales el 22% son por homicidio. Muchos de los cuales caen en las redes del crimen organizado por problemas familiares, pobreza o desescolarización.

El resto de menores presos cometió robo con violencia, o portaba arma prohibida, robó algún vehículo, participó en un secuestro, o cometió delitos contra la salud y el resto cometió delincuencia organizada.

Por esta razón, para Erubiel Tirado, coordinador del programa de Seguridad y Democracia de la Universidad Iberoamericana, lo sucedido en Monterrey y el decomiso de armas en escuelas a manos de menores es un síntoma de violencia social.

“Se trata de una situación estructural no solo de las escuelas si no de los entornos escolares y sociales. Sin embargo, las acciones gubernamentales que se han realizado en los tres niveles de gobierno, no van enfocadas a las causas. Hay factores que se han descuidado a lo largo de década en los planteles escolares, como la vigilancia, la iluminación e incluso la accesibilidad física y los distractores que pudieran distorsionar la convivencia en el entorno”, señaló.

Oliva señaló que las políticas de prevención se han dejado de lado por parte del gobierno, uno de ellos fue el Programa Nacional de Prevención del Delito que desapareció del presupuesto oficial de 2017. Otros programas destinados a reconstruir el tejido social como el de combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos recibieron considerables recortes.

Operativos, ¿sinónimo de seguridad?

Los operativos del programa Mochila Segura comenzaron desde 2007, sin embargo, con el paso del tiempo, como sucedió con otros programas, su periodicidad fue disminuyendo. Incluso el año pasado casi desapareció del presupuesto destinado por el gobierno.

Una de las razones que impulsaron para retirarle presupuestos fue que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que este tipo de acciones no tenían visibilidad en términos de que aumentaran la seguridad en las escuelas o la sensación de seguridad entre los jóvenes y los niños.

“En su mejor momento, Mochila Segura llegó a tener una cobertura de 60,000 escuelas, pero fue disminuyendo a 14,000. No obstante, ni con 60,000 escuelas se cubre la mitad del total de centros que existen en el país. Cuando se hizo el censo de planteles a nivel educación básica se estableció la cifra de 207,682 escuelas; entonces, si vemos el impacto, en cuanto a cobertura es del 25%”, detalló Tirado.

Sin embargo, tras el incidente en Nuevo León, las revisiones volvieron a tomar fuerza, y los hallazgos demostraron que el peligro latente en los centros escolares de México nunca desapareció.

Fuente: http://www.univision.com/noticias/violencia/cuando-las-armas-van-a-la-escuela-un-reflejo-de-la-violencia-en-mexico

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Insuficientes los avances en igualdad de género; educación, esencial contra la violencia hacia niñas y mujeres: CNDH

México/09 febrero 2017/Fuente: m-x.com

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que los avances en materia de igualdad de género registrados en México son insuficientes, y resaltó que la educación es el eje fundamental para erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres.

No basta con tener buenas leyes, advirtió el organismo, ya que éstas deben cumplirse y hacerse efectivas, para lo cual la educación y capacitación, en especial las dirigidas a los hombres, ocupan un lugar preponderante para erradicar estas prácticas contra las mujeres.

En el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, la CNDH señaló que esta mutilación, que  comprende todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones ajenas a las decisiones médicas, es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Aunque la mutilación genital femenina se concentra principalmente en 29 países de África y de Oriente Medio, la CNDH indicó que éste es un problema que se practica también en algunos países de Asia y América Latina, y persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.

Se calcula que actualmente en el mundo hay 40 millones de mujeres y niñas que sufren las consecuencias de la mutilación genital.

Fuente:http://www.m-x.com.mx/2017-02-06/insuficientes-los-avances-en-igualdad-de-genero-educacion-esencial-contra-la-violencia-hacia-ninas-y-mujeres-cndh/

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El trabajo docente bajo el actual clima de turbulencia social

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El trabajo docente es como decía Witrock “una actividad profesional que se desarrolla en el aislamiento, la soledad y la inmediatez”, estas condiciones forman parte del presente y cada vez se hacen más agudas. La crisis por la que estamos pasando ya dejó de ser lugar común, ahora mantiene nuevos rasgos, nuevas agresiones: por primera vez en la historia nuestra existe una aguda desacreditación del trabajo docente, tal vez con el fin maniqueo de dar lugar a nuevas formas (privatizadoras) de establecer la atención educativa.

Los docentes son sujetos que casi siempre han remado contra-corriente en su desempeño profesional, la lucha por crear condiciones favorables en ambientes que no lo son tanto para que alumnos y alumnas aprendan y se motiven por aprender, la lucha para que padres y madres de familia entiendan la importancia de asistir a la escuela por parte de sus hijos, como el mejor espacio para socializar, aprender y formarse para ser persona, ciudadano y profesionista, la lucha en contra de los medios de comunicación que de manera oportunista están al acecho de noticias amarrillas para vender descreditando la figura y la imagen (antes intocable) de los y las educadores.

Los tiempos actuales son tiempos difíciles, pero también son tiempos para construir las mejores condiciones para el cambio. La educación en nuestro país, como tema de política pública y como elemento básico para el desarrollo ha pasado a segundo plano. La toma de posesión de Donald Trump en los Estados Unidos, el gasolinazo,  e incluso el atentado del adolescente en Monterrey han sustituido los temas de política pública en educación, por noticias escandalosas. La reforma educativa y el protagonismo de Aurelio Nuño se han visto rebasados por la izquierda y por la derecha por otros temas emergentes.

La turbulencia social, está asociada a la indignación ciudadana y a que cada vez se torna más grande la brecha que divide a la clase política (la clase gobernante) de la sociedad civil. Sin embargo habría que preguntarse todo esto ¿Cómo llega a las escuelas y qué conclusiones se sacan desde su interior?

Parece que hay consenso al reconocer que son los docentes, los y las educadores quienes recienten en mayor medida las condiciones de turbulencia social. La inestabilidad social propiciada por un clima cada vez más fuertemente cargado de vulnerabilidad social.

Hoy miles de docentes comprueban para sí mismos, que la propuesta gubernamental de reforma educativa no formaba parte de la lista de sus prioridades, sin embrago, el clima de turbulencia persiste y va en ascenso, pareciera que hemos ingresado de manera colectiva a un laberinto que tiene muchas entradas pero al que no se le encuentra la salida.  El clima de turbulencia es el laberinto, y los caminos y las señales son las imágenes publicitarias, las noticias, el manejo mediático en la coyuntura actual, que confunde, distorsiona o engaña.

Los y las docentes tienen el espacio privilegiado que es el aula de clase y el compromiso vía reflexión de la práctica por encontrarle sentido a lo que aparenta no tenerlo. La mejor respuesta a la inestabilidad y a la turbulencia social es la profesionalidad docente, es decir la tarea educativa, en colectivo encontrar salidas y formas inéditas por pensarse educadores y desde ahí resistir primer y contra atacar después.

Es necesario plantear que hoy más que nunca otra educación es posible como otra sociedad es posible, pero dicha consigna debe objetivarse debemos de pasar de los clichés a las acciones. Y poder contrarrestar a las turbulencias sociales en certezas pedagógicas desde lo más profundo de nuestras raciones educativas que es la herencia educativa y cultural de los grandes educadores mexicanos.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-trabajo-docente-bajo-el-actual-clima-de-turbulencia-social/

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