América del Norte

Por:Zósimo Camacho

La Constitución mexicana pasó de ser la primera carta magna social en el mundo, a un “gran código mercantil”. Las contrarreformas desprotegieron a la economía y la población. México, sin fortaleza jurídica ante la complicación de las relaciones con Estados Unidos y un escenario internacional que cuestiona el libre comercio.

Consta de 136 Artículos; pero de su promulgación –el 5 de febrero de 1917– a la fecha, cuenta casi 700 reformas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tutela más los derechos de los campesinos, los trabajadores o los indígenas. Tampoco garantiza para la población los derechos a la salud, la educación, el trabajo; ni protege las propiedades nacionales, colectivas y comunales. Por el contrario, ahora privilegia los intereses del capital. Allana el camino a los grandes negocios sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los mexicanos.

Abogados y analistas consultados por Contralínea coinciden en que la mayoría de las reformas a la norma fundamental de México nada tienen que ver con el proyecto de país que los constituyentes de 1917 plasmaron luego de la lucha armada revolucionaria.

Los sucesivos gobiernos, de Álvaro Obregón a Enrique Peña Nieto, han emitido 229 decretos para reformar los Artículos constitucionales 686 veces. La reforma más reciente entró en vigor hace menos de 1 semana: el 27 de enero pasado. Hoy, con un escenario internacional que cuestiona el libre mercado y la complicación de las relaciones con Estados Unidos, México no cuenta con una carta magna fuerte que proteja a sus familias.

No es la cifra de 686 enmiendas lo que preocupa a abogados y analistas, sino el tipo de reformas que se han llevado a cabo.

El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz señala que “la conformación que ha tenido la Constitución ha sido de retrocesos”.

Reconoce apenas algunos cambios que sí han sido para proteger los derechos de las personas. Precisamente el 11 de junio de 2011 se otorgó el reconocimiento en la Constitución de los derechos humanos. El problema es que son letra muerta.

“Las principales contrarreformas a los derechos humanos se han dado después de que se reconocieran los derechos humanos, contradictoriamente. Finalmente al Estado le han importado poco. Y ha planteado leyes regresivas, en donde la preminencia es estar protegiendo los intereses de los particulares, de las empresas, sobre todo extranjeras. En conclusión, nos encontramos con una Constitución en donde se ha girado a una situación totalmente contraria al espíritu de lo que estableció el Constituyente, que en 1917 creó por primera vez las garantías sociales y que ahora están hechas añicos.”

Los tres Poderes de la Unión han organizado una sesión solemne para el próximo 5 de febrero en conmemoración de los 100 años de la promulgación de la carta magna mexicana. A principios de la semana pasada anunciaron que, “por austeridad”, la ceremonia ya no se llevaría a cabo en el Teatro de la República, de la ciudad de Querétaro, lugar en donde los constituyentes de 1917 realizaron sus trabajos y promulgaron el documento. Ahora tendrá lugar en el recinto del Senado de la República, en la capital del país.

“Es una efeméride que sólo podemos verla con mucha tristeza y con mucha añoranza”, dice el jurista Juan de Dios Hernández Monge. El integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas y catedrático de historia y de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México explica que “lo que se logró en 1917 hoy está destruido”.

De acuerdo con información del Congreso de la Unión, la mayor parte de las transformaciones a los Artículos constitucionales han ocurrido durante el periodo de los gobiernos neoliberales: en apenas 34 años –de diciembre de 1982 a febrero de 2017– se ha reformado la Constitución 486 veces.  Mientras, las otras 200 reformas tuvieron lugar entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1982, es decir, un periodo de 62 años.

Para desmontar el entramado constitucional de derechos económicos, sociales y culturales, los neoliberales tuvieron que actuar rápidamente. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se realizaron 66 reformas a la Constitución; para el de Carlos Salinas de Gortari, 55; en el de Ernesto Zedillo, 77; en el de Vicente Fox Quesada, 31; en el de Felipe Calderón Hinojosa, 110; y en lo que va del de Enrique Peña Nieto, 147.

Las contrarreformas –en opinión de Juan de Dios Hernández Monge– han permitido que se generen hoy las mismas condiciones que dieron origen a la revolución y a la Constitución de 1917. “Las volvemos a encontrar de manera generalizada en toda la República”, señala.

Los atentados contra la Constitución no han sido errores involuntarios o esporádicos. “Los triunfos del movimiento social plasmados en la Constitución han venido siendo destruidos de manera sistemática y consistente”, lamenta Hernández Monge.

La contrarrevolución

De la primera constitución social del mundo, hoy queda casi nada, coinciden los especialistas. A las “reformas estructurales” se les ha presentado como una modernización de la norma fundamental de México. Se trata de enmiendas a los Artículos torales de la carta magna, pero en un sentido que, a decir de Juan de Dios Hernández Monge, han significado “un golpe de Estado constitucional”. Se refiere a los cambios en los Artículos Segundo, Tercero, 27, 28 y 123 de la Constitución.

El historiador Lev Moujahid Velázquez Barriga considera, que luego de la Revolución, los constituyentes buscaron que la Constitución fuera un proyecto de nación: que permitiera la construcción de un país soberano, independiente y socialmente justo. Hoy la carta magna no garantiza ninguna de esas aspiraciones porque ya no responde a intereses nacionales.

“El Constituyente de 1917 estaba pensado en un proyecto nacional, en un proyecto de desarrollo propio, endógeno. Y las últimas reformas que hemos tenido en el país tienen como objetivo potenciar el sistema económico global que hoy está dominado por los grandes empresarios y se aleja de los intereses de la nación y del pueblo mexicano.”

Estos cambios, paulatinos algunos, en tropel otros, no siempre hubieran sido posibles. Antes, se realizó una reforma Constitucional previa: al Artículo 35 para que pudiera ser susceptible de cambio prácticamente todo.

Juan de Dios Hernández Monge explica: “En la teoría constitucional hay que distinguir el Congreso Constituyente originario y lo que llaman aquí el Congreso Constituyente Permanente.”

Abunda en que a partir de la reforma al Artículo 35 constitucional se estableció un procedimiento especial para poder modificar la Carta Magna. En teoría no podrían haber tocado varios puntos fundamentales, como la propiedad originaria de los campesinos, de los pueblos indígenas en relación con la tierra, por ejemplo.

El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz señal que el actual modelo de Constitución no corresponde con los intereses nacionales. “Es un modelo en donde se ha sustituido el tema de país por el de empresa. Es la empresa y las inversiones lo que ahora se protege. Esto tiene que ver con la usura y con la ganancia particular. Tenemos ahora un Estado pequeño pero torpe. Tenemos un código mercantil más que un código social”, plantea.

Fin de la educación nacional

El Artículo Tercero de la Constitución ha sido reformado en 10 ocasiones, siete durante el periodo neoliberal. Las más recientes han sido las más profundas y las que han provocado intensas movilizaciones de maestros y organizaciones sociales. Las modificaciones a ese Artículo y a sus leyes reglamentarias han contado con el impulso de los sectores más encumbrados del empresariado mexicano.

“Lo que hicieron con esta reforma fue romper el espíritu originario del Artículo Tercero constitucional: esa educación laica, gratuita, obligatoria, nacional, democrática”, señala Hernández Monge.

El historiador y maestro en didáctica en ciencias sociales Lev Moujahid Velázquez Barriga señala que, en efecto, el contexto de 1917 en materia educativa era muy distinto al actual. No porque se hayan superado las carencias que entonces se observaban, sino porque los gobiernos recién emanados de la Revolución, con todo y sus traiciones y limitantes, pretendían garantizar el acceso a la educación a toda la población.

“La Constitución de 1917 planteó un proyecto nacional. Y en ese proyecto estaba la democratización de la educación, que ésta llegara a toda lo población, que se masificara, incluso.”

Señala que entonces se echaron andar programas de alfabetización, se crearon las centrales agrícolas con un sentido educativo, las misiones culturales y, años más tarde, las primeras escuelas normales rurales. El impulso fue tal que estos proyectos fueron adoptados por otros países y, hasta la fecha, constituyen las principales aportaciones mexicanas a la pedagogía del mundo.

“Lo plasmado en la Constitución en 1917 y el posterior programa educativo del cardenismo son los únicos dos proyectos nacionales de educación que México ha tenido en los últimos 100 años.”

Velázquez Barriga considera que el embate contra el derecho a la educación consagrado en el Artículo Tercero constitucional y sus leyes reglamentarias inició en 1992. Como siempre, el discurso gubernamental lo presenta como una “modernización”. Las modificaciones se aplicaron en 1993 bajo el nombre de Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, con lo que se dejó de considerar a la educación como un asunto nacional.

Según el historiador, docente e investigador en pedagogía, estos años marcan la entrada de los intereses del sector empresarial a la educación y el abandono en los planes oficiales de los valores nacionalistas, de desarrollo nacional, de fortalecimiento de la identidad cultural del país. La nueva visión de la educación buscó preparar el terreno para la nueva realidad neoliberal de México: al año siguiente entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Fue solamente el principio. “A partir de ahí se dispuso  el sistema educativo ya no para el desarrollo endógeno de nuestro país sino para favorecer los intereses de las grandes corporaciones mundiales”.

Hoy el examen del Programme for International Student Assessment (PISA), sin embargo, ha demostrado que México empeoró. A pesar de haber hecho todas las reformas “recomendadas” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han fracasado en sus  propios objetivos.

“Los niveles de analfabetismo han permanecido e, incluso, por momentos han crecido; los niveles de desempleo han crecido también. El sistema educativo no ha respondido ni a sus mismas expectativas”, expone Velázquez Barriga.

Además, la cobertura educativa se ha reducido. En su informe más reciente, el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés) reportó que cerca de 4 millones de menores de edad mexicanos están fuera del sistema educativo.

Sin embargo, el actual secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció la intención del gobierno federal de cerrar 100 mil planteles de educación básica en el país. La justificación de tal medida, ofrecida en noviembre pasado, es la “reconcentración de escuelas”. Es decir, que los alumnos de varias comunidades vayan a una sola que se crearía en la localidad más populosa.

“Es un golpe contra las comunidades rurales y urbanas. Y los estragos serán mayores si no se reconceptualizan esos términos empresariales con que se ha llenado a la educación pública”, considera Lev Velázquez.

Para el historiador y pedagogo, alcanzar la “calidad” puede ser la aspiración de una empresa productora de autos o de telefonía, pero no puede ser el fin histórico de todo un pueblo. “Habría que pensar para el ámbito educativo conceptos como el de dignidad humana: el ser humano debe ser el centro del sistema educativo y no el mercado”.

Vender trozos de país con sus riquezas

Luego del movimiento armado de 1910, la revolución campesina –la de Emiliano Zapata y Francisco Villa– no ganó. De hecho, sufrió una profunda derrota por parte de otra facción revolucionaria: la de Carranza y Obregón. Pero los constituyentes de 1917 lograron plasmar algunas de las demandas campesinas para acabar con los latifundios y entregar las tierras a sus legítimos propietarios: las comunidades indígenas y mestizas.

La tenencia de la tierra plasmada en la Constitución también alcanzó para establecer que la nación era dueña los recursos del suelo y el subsuelo.

A la fecha, el Artículo 27 ha sido reformado en 20 ocasiones, mientras que el 28 en 10. Con respecto del Artículo 27, ocho de las reformas –las más profundas– han ocurrido durante el periodo neoliberal. Por su parte, las reformas al 28 han ocurrido, en su totalidad, desde que el neoliberalismo gobierna México.

Los cambios en estos Artículos demuestran que “del espíritu original del Constituyente de 1917 hoy no queda prácticamente nada”, señala el abogado Juan de Dios Hernández Monge. “Con claridad la norma fundamental de México señalaba que la tierra, las aguas, los bosques, los hidrocarburos, las gemas preciosas, los metales preciosos son propiedad de la nación mexicana.

“Y eran derechos imprescriptibles, inembargables, intransmisibles e inalienables”, destaca.

La primera y más profunda “contrarreforma” al Artículo 27 tuvo lugar en 1992, bajo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Con ella se permitió la privatización del ejido y de la comunidad agraria.

“La consecuencia inmediata, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue el desmantelamiento del campo. Las comunidades originarias fueron destruidas.”

En esos años, sabedoras de lo que se avecinaba para México, grandes agroindustrias como Monsanto compraron a ejidatarios e indígenas, a precios de ganga, millones de hectáreas en México. “Hoy significan la privatización del ejido y de la comunidad con la consecuente pérdida de la soberanía alimentaria que ya había logrado con muchísimos esfuerzos el pueblo de México”, señala Hernández Monge.

Pero las modificaciones a los Artículo 27 y 28 no sólo desprotegieron a los campesinos. También a las industrias de interés nacional. “La Constitución decía que era propiedad exclusiva del Estado y que solamente los mexicanos por nacimiento podían obtener concesiones para la producción, explotación de la energía eléctrica”, recuerda Hernández Monge.

Asimismo, el petróleo era propiedad originaria de la nación mexicana. La Expropiación Petrolera de 1938 significaba el regreso de la soberanía nacional respecto de la propiedad de los hidrocarburos.

“Y ahora en las reformas secundarias de la reforma al Artículo 27 pusieron una frase que, si no fuera tan dramática, debería dar risa. Se atrevieron a poner que el petróleo y el gas que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la nación mexicana; pero únicamente cuando estén en el subsuelo. Y también dice que está prohibido que capitales extranjeros puedan explorar o explotar el petróleo. Pero luego en el mismo artículo ponen una salvedad: que el gobierno federal podrá celebrar contratos con capitales privados para la exploración y explotación.”

Con respecto de la minería, “la contrarreforma permitió que, en los últimos 25 años, se hayan llevado de México más oro y más plata que toda la que se habían llevado acumulada desde 1521 a estas fechas”, señala Hernández Monge.

Explotación y trabajo precario

El Artículo 123 ha sido reformado en 26 ocasiones. De ellas, 10 han ocurrido desde que los neoliberales gobiernan México.

Juan de Dios Hernández Monge recuerda que la reforma laboral de 2012 fue el último acto de gobierno de Felipe Calderón, “haciéndole el trabajo sucio a Enrique Peña Nieto”.

Hoy esta reforma del Artículo 123 ya ha sido convalidada por la mayoría de los Congresos de los estados y se convierte en norma suprema de gobierno en México. “Y con esto dan un golpe mortal al tripartismo: esa forma de organización donde las juntas de conciliación y arbitraje tenían un representante del capital, uno del gobierno y uno de los trabajadores, y que las decisiones se tomaban por mayoría de votos con base en las constancias de expedientes respectivos. Hoy, de un plumazo, desaparecen el tripartismo para proponer que sean jueces de lo laboral y darle el mismo tratamiento procesal como si fuera un juicio civil. Es decir, la primera instancia, la apelación y el amparo. Pero ahora con jueces unitarios en lugar de las juntas tripartitas. Esos 100 años de historia han sido borrados”.

Por su parte, el abogado Manuel Fuentes Muñiz, catedrático de derecho laboral y seguridad social en la Universidad Autónoma Metropolitana, señala que esta reforma “ha traído como consecuencia la creación de un aparato monopolizador de los registros sindicales en todo el país. Hay una modificación trascendental en donde el gobierno federal, a través de un organismo público descentralizado, va a ser el único que va a otorgar o cancelar todo lo que tenga que ver con los registros sindicales y los contratos colectivos de trabajo; incluso les retira esas facultades a los gobiernos de los estados”.

En efecto, de acuerdo con la reforma, la designación del titular del nuevo órgano será prerrogativa del presidente de la República en turno, previo a una terna ante el Senado. El nombramiento será transexenal pues, en principio, el titular durará 6 años en el cargo; pero se puede relegir por otros 6 años.

“Lo que significa que el siguiente gobierno, de la línea o corriente que sea, no se va a poder meter en los temas laborales colectivos”, explica Manuel Fuentes Muñiz.

“Se avizora la consolidación de un derecho privado sin el sentido social. En las próximas semanas se estarán registrando más reformas y se le estarán dando más espacios a la parte patronal”, advierte el abogado Fuentes Muñiz.

Los resultados de las contrarreformas laborales están a la vista. Fuentes destaca que hoy “la clase obrera, en su mayor parte, está empobrecida. El hecho de que el 60 por ciento de los trabajadores reciba un promedio de dos salarios mínimos, estamos hablando de 160 pesos diarios, nos puede dar una idea de que la situación económica de pobreza, la mayoría son trabajadores informales”.

Pero no es todo. Precisamente en materia laboral, la Constitución mexicana se preciaba de ser de avanzada. “Hoy se ha destruido, por ejemplo, el principio universal de la progresividad, ese mejoramiento constante al que tiene derechos el trabajador”.

Hernández Monge explica: “Cuando un sindicato cumple su función histórica de obtener mejores condiciones de trabajo y de vida para sus agremiados, hoy es visto como un enemigo del Estado. Y hay un contubernio de los tres Poderes de la Unión. En un concierto pleno van destruyendo todas las instituciones laborales. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo establece que en la revisión del contrato colectivo de trabajo no se podrán pactar condiciones inferiores a las ya existentes, obviamente atendiendo al principio de progresividad. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia para señalar, ¡sorpresa!: sí se pueden pactar condiciones inferiores a las ya existentes, y que esa disminución tiene un tope y que son las mismos que establece la ley”.

Otro ejemplo es el del derecho a la estabilidad en el empleo, que era uno de los elementos centrales del Artículo 123. “Con la reforma a la Ley del Trabajo de 2011 se introdujo la figura de la terciarización, llamada outsourcing. Con ello destruyeron ese principio de estabilidad en el empleo. Cuando crean o reactivan las figuras de trabajo a prueba, de aprendizaje, por tiempo determinado, por temporada, lo que están haciendo realmente es terminar con el principio de estabilidad en el empleo”.

Por su parte, Fuentes Muñiz señala que en el mundo laboral mexicano existe hoy un ejército de trabajadores eventuales; de quienes laboran más allá de su jornada de trabajo; de quienes sufren riesgos y no tienen una respuesta válida.

“De los más de 360 mil conflictos que hay en la Junta federal, el 51 por ciento tiene que ver con temas de seguridad social. Y no hay una salida. Es una especie de guerra contra los propios trabajadores. Ahora no se les da salarios, las empresas evaden el seguro social, los contratan por honorarios”.

Por una nueva Constitución

Este 5 de febrero “no tenemos nada que festejar” señala Juan de Dios Hernández Monge. Integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas señala que sí se debe recordar la fecha, pero para tomarla como un aliciente para lo que viene el día de mañana.

Se refiere a la iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) de proponer a una mujer indígena como candidata a la Presidencia de la República en 2018 y organizar un Concejo Nacional de Gobierno integrado por hombres y mujeres indígenas de todo el país.

Juan de Dios Hernández Monge señala que, como se lee en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona emitida por el EZLN, se buscará que los mexicanos “construyamos de un nuevo pacto social, una nueva Constitución mexicana que abra el espacio, que cree un mundo nuevo en donde quepan todos los demás mundos. Quizá esta sea la última oportunidad del pueblo de México para tomar el destino en sus propias manos”.

Fuente: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/01/29/a-100-la-constitucion-privilegia-intereses-del-capital/