Fuente Banco Mundial / 10 de junio de 2016
América del Norte
No “One Size Fits All” Solution to Sustainable School Feeding Programs
Fuente: Banco Mundial / 10 de junio de 2016
National school feeding programs have contributed to higher primary school enrollment and retention in Sub-Saharan African countries, and created jobs within the communities they serve, according to newly-released analysis of global school feeding programs.
Produced in response to demand from governments and development partners, The Global School Feeding Sourcebook: Lessons from 14 Countries, analyzes a range of government-led school feeding programs to provide decision-makers and practitioners worldwide with the knowledge, evidence and good practices needed to bolster their national school feeding efforts. With case studies from countries including Botswana, Cabo Verde, Cote d’Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Namibia, Nigeria and South Africa, the Sourcebook highlights the tradeoffs associated with alternative school feeding models, and analyzes overarching themes, trends and challenges across them.
According to the analysis, the strongest and most sustainable programs are those that respond to a community need, are locally-owned and incorporate some form of parental or community involvement. In Namibia, communities are expected to provide fuel, cooking utensils and storerooms. In Mali, school feeding programs have put schools at the heart of local development by promoting locally-owned meal programs. In Ghana, the government uses a digital school meals planner to develop nutritionally balanced school meals using local ingredients.
With school feeding’s proven ability to improve the health and education of children while supporting local and national economies and food security, school feeding programs exist in almost every country in the world for which there is data, for a total annual global investment of $75 billion. This provides an estimated 368 million children worldwide with a meal at school daily. However, too often, such programs are weakest in countries where there is the most need.
In a joint foreword, World Bank Group President Dr. Jim Yong Kim and World Food Programme Executive Director Ertharin Cousin said the research showed how school meals programs help to get children into the classroom and keep them there, “contributing to their learning by avoiding hunger and advancing cognitive abilities.”
“Today, national school feeding programmes are increasingly embedded in national policy on poverty elimination, social protection, education and nutrition,” they added.
Lesley Drake, Imperial College London’s Partnership for Child Development’s executive director and lead editor of the report said, “The overall message from this research is that there is no ‘one size fits all’ for school feeding and there are many routes to success. Context is key. This sourcebook will act as valuable tool for governments to enable them to make evidenced-based decisions that will improve the effectiveness of their school feeding programs.”
The Sourcebook follows Rethinking School Feeding (WB, 2009) and The State of School Feeding Worldwide (WFP, 2013) as the third in a trilogy of agenda defining analyses produced by the World Bank, World Food Programme and Imperial College London’s Partnership for Child Development (PCD) global partnership, which have shaped the way in which governments and donors alike approach school feeding.
“Helping countries to apply this knowledge [in this Sourcebook] to strengthen national school feeding programs will contribute to reducing the vulnerability of the poorest, giving all children a chance for an education and a bright future and eliminating poverty,” saidKim and Cousin.
The Sourcebook is free to download at the World Bank’s Open Knowledge Repository.
Más sobre el blindaje de la reforma educativa
Por: Blanca Heredia
En mi artículo de la semana pasada me preguntaba sobre si sería importante blindar la reforma educativa y, tras señalar que la idea de defenderla y buscar mecanismos para sostenerla sólo interesa si pensamos que esa reforma tiene elementos que vale la pena sostener, me concentré en las (muy importantes) amenazas externas que dicha reforma enfrenta de cara a las elecciones y el cambio de gobierno del 2018.
Para discutir en serio este asunto, conviene, sin embargo, reparar en el hecho de que la perdurabilidad de la reforma no sólo depende de amenazas externas, sino también de qué tan fuerte o débil es la reforma internamente para enfrentarlas. Dicho de otra manera, el grado de amenaza al que se ve sometida la sustentabilidad la reforma educativa depende tanto de factores externos (presencia y fuerza de factores o actores interesados en echarla abajo o de no prestarle la atención suficiente para que persista) como de factores internos (diseño e implementación) a la propia reforma.
Me explico:
Frente a una tormenta, por ejemplo, no da igual para la capacidad de respuesta y del nivel de daño, la calidad de la construcción del inmueble afectado. Tampoco da lo mismo si existen o no sistemas de alerta temprana, o la naturaleza y operatividad efectiva de los arreglos (formales o informales) que definen responsabilidades y formas de coordinación de los agentes a cargo de la gestión del inmueble o de la respuesta colectiva en caso de emergencias. En suma, un inmueble mal construido y una comunidad poco organizada serán más vulnerables frente a una disrupción exógena (no controlable) que una edificación más sólida y un grupo de personas mejor organizadas para lidiar con la ocurrencia de un desastre.
En el caso de la reforma educativa, detecto dos debilidades críticas de carácter interno que pudieran dificultar su perdurabilidad en el tiempo.
Ello, básicamente, pues exacerban su vulnerabilidad frente a posibles amenazas externas. Primero, el asunto relativo a la gobernanza y conducción tanto del propio proceso de reforma como del nuevo sistema educativo que busca producir esta. Segundo, los problemas y fallas en la implementación de las transformaciones concretas que, en conjunto, integran la reforma.
En materia de gobernanza, tanto sobre la transformación mandatada por la reforma como sobre el nuevo sistema que aspira a construir esta, identifico dos áreas de vulnerabilidad principales: la tensión y falta de claridad suficiente en lo tocante a la distribución de responsabilidades entre la SEP y el INEE, por un lado, y, por otro: confusión, falta de precisión, déficits en exigibilidad (enforcement) y jaloneos en lo que se refiere a los ámbitos de responsabilidad y capacidades concretas, respectivamente, del gobierno federal y los gobiernos subnacionales.
El gran demonio de cualquier cambio o iniciativa de política pública es la instrumentación. En el caso mexicano, ese demonio ha sido, una y otra vez, el enterrador más frecuente de muchos intentos –más o menos certeros– de impulsar transformaciones en muy diversos ámbitos de la vida nacional a través de nuevas acciones de gobierno y/o de modificaciones a normas o instituciones.
Los retos planteados para la instrumentación de una reforma educativa como la iniciada en 2013 son de sí enormes. Ello, por la multitud y diversidad de actores involucrados en hacerla realidad, por los importantes márgenes de discrecionalidad de los que disponen y requieren para ello dichos actores, así como por el tiempo (considerable) y el esfuerzo sostenido requeridos para hacer realidad los cambios propuestos.
A esa complejidad mayúscula de base, sin embargo, hay que sumarle ingredientes adicionales sobre cuya presencia o magnitud han tenido mayor control sus arquitectos. Entre otros: las fallas o lagunas en algunos aspectos de su diseño, mismas que dificultan su aplicación en términos técnicos; la sobrecarga burocrática producida por el alud acumulativo de iniciativas y programas en un muy breve espacio de tiempo; las tensiones e inconsistencias en el tiempo entre su aplicación strictu sensu y la necesidad de hacer pausas o excepciones para administrar presiones políticas; y la incapacidad de la reforma para generar ganadores claros y suficientes como para contrapesar a sus muchos perdedores.
De todo ello, lo que resulta es una reforma educativa que se asemeja a un edificio frágil. Frágil, no sólo por el largo trecho por recorrer para terminar su construcción, sino frágil, también, por los diversos huecos y vulnerabilidades (evitables y, quizá, todavía, remediables) frente a los posibles vendavales del 2018.
Tomado de:
Foro educación y migrantes: El olvido
EducaciónFutura/10 de junio de 2016/Por: Verónica Garduño
En nuestro país no hay una política pública —integral, coherente, articulada y sostenida—que oriente su actuar hacia el cumplimiento del derecho a la educación de estos niños, concluyó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en su informe 2016.
Para abordar el tema y discutir las alternativas y las medidas que deben tomarse, Educación Futura y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, de la Universidad Iberoamericana, realizarán, el próximo martes 14 de junio, a las 11:00 horas, el Video Foro Educación y migrantes: el olvido.
Según cifras del INEE, entre el 83 y 86% de niños, niñas y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes son excluidos del sistema educativo, por lo que no logran ejercer su derecho a recibir educación “debido a las condiciones de pobreza de sus familias y a la prevalencia del trabajo infantil, así como a la ausencia o insuficiencia de la oferta de servicios educativos en las zonas de recepción”.
La y los especialistas Sylvia Schmelkes, Presidenta del INEE; David Fernández, Rector de la Universidad Iberoamericana; Rodolfo Ramírez, del Instituto Belisario Domínguez del Senado; y Carlos Rodríguez, del INIDE, moderados por Rubén Álvarez, tomaran parte del foro que será transmitido a través de Educación Futura.
El problema para las y los hijos de los jornaleros no solo es la exclusión, quienes asisten a la escuela enfrentan dificultades “por las condiciones en las que se ofrecen los servicios educativos, ya que la educación que reciben no responde a sus necesidades y particularidades socioculturales”.
Las tres dimensiones que conforman el derecho a la educación, no se han cumplido por parte del estado mexicano: el acceso a la escuela, una permanencia sin rezago y el logro de aprendizajes relevantes para la vida.
Sobre estos rezagos hablarán los especialistas el próximo 14 de junio, a las 11:00 horas, no te pierdas la transmisión por Educación Futura.
Tomado de: http://www.educacionfutura.org/foro-educacion-y-migrantes-el-olvido/
Educación y Política: notas para pensar más allá de las dicotomías
Por: Margarita Pacheco
¿PUEDE LA EDUCACIÓN SEPARARSE VERDADERAMENTE DE LA POLÍTICA? CONTRARIO A LO QUE AFIRMAN Y DIFUNDEN CIERTOS DISCURSOS PÚBLICOS, EMPEÑADOS EN SEGMENTAR LA REALIDAD EN DICOTOMÍAS FALSAMENTE OPUESTAS ENTRE SÍ, EN EL CASO DE EDUCACIÓN Y POLÍTICA EL VÍNCULO ES, QUIZÁ POR FORTUNA, MÁS INDISOLUBLE DE LO QUE A VECES SE NOS QUIERE HACER VER.
En el modelo de producción social que vivimos en estos tiempos, se dan fenómenos sospechosos todos los días, la mayoría relacionados con la forzada separación de cosas que no están separadas en realidad; a estas les podemos llamar dicotomías (división en dos partes de algo que es complementario). Aquellos que buscan mantener y reproducir el orden de cosas tal y como está en la sociedad capitalista, en su versión neoliberal, constantemente tratan de explicarnos el mundo a partir de dicotomías, de separar las cosas que están relacionadas. Este afán de diseccionar tiene como finalidad dificultar la comprensión de la realidad misma y facilitar la legitimación de lo no-legitimable; es decir, además de los efectos en la construcción del pensamiento –aunque de la mano con esto-, pensar en términos dicotómicos la realidad, tiene implicaciones profundamente políticas.
Estas escisiones, que sólo pueden sostenerse recurriendo a discursos retóricos, son inexistentes en los hechos, no obstante cumplen un propósito específico: crear la ficción de que los intereses económicos de ciertos grupos no inciden en la organización del poder y, al mismo tiempo, que estos no pautan las líneas que han de seguir las instituciones sociales de acuerdo a proyectos de sociedad encaminados a beneficiar a determinadas élites.
Es usual que cuando escuchamos hablar del, por demás complejo, asunto de la educación sea común que se dicotomice economía–política, educación–política, educación-economía, sin reconocer que todas estas dimensiones de lo social se encuentran relacionadas. Para los ideólogos que pretenden preservar el poder tal y como está, resulta conveniente presentar a la educación como un terreno “neutral”, más allá de los intereses de los grupos que controlan el poder o los que manejan la economía ―que casi siempre son los mismos. Es corriente escuchar en las declaraciones de los secretarios de educación frases como “la educación debe estar por encima de intereses partidistas”, “la formación de nuestros niños es la prioridad de este gobierno” y más del estilo. Mientras de manera discursiva se sostiene que los programas de las instituciones educativas deben ser ajenos a los intereses de los grupos políticos, en los hechos, estos programas atienden a las necesidades e intereses concretos de éstos.
Debemos tener claro que procesos educativos nunca son neutros, encarnan en todo momento un proyecto político, es decir, en última instancia, da cuenta de un proyecto de sociedad específico. Cuando hablo de proyecto político quiero referirme a una forma específica de organizar el poder para la producción y reproducción de una sociedad. En este sentido, cada sociedad demanda sujetos ―personas, hombres y mujeres― que hayan sido formados de acuerdo a los valores, creencias, costumbres, formas de producir y consumir, con una manera de entender el mundo y su movimiento de acuerdo a la historia que les ha tocado encarnar.
Siendo así, es necesario reconocer en todo momento que la educación, la manera y los contenidos con los que se forma a los sujetos de una sociedad, es un terreno que se encuentra en permanente disputa; que se halla en tensión entre los intereses de los diferentes grupos de poder (políticos, empresarios, organismos internacionales…) y las necesidades profundas de las sociedades en las que se insertan. Depende de la fuerza de una sociedad para organizarse y su capacidad de reconocer y defender sus necesidades, que se trasluzcan sus demandas educativas en el sistema de educación, en cualquiera de sus niveles. Una sociedad poco reflexiva en torno a la formación que requiere para transformar sus condiciones de existencia, se encuentra a expensas de la imposición de programas educativos que buscarán, primordialmente, generar ganancias a partir de la explotación del trabajo de una población que difícilmente se beneficiará de ellas.
En la sociedad capitalista contemporánea, en la que las pautas sobre las que se organizan mujeres y hombres dimana de la organización del mercado, y ésta a su vez de las necesidades de acumulación de un grupo muy, pero muy reducido de personas, la educación lógicamente está encauzada a alimentar la acumulación de los dineros en las manos de este grupo. No solamente en términos de la preparación de cuadros aptos para realizar tal o cual trabajo en la cadena productiva; el diseño del sistema escolar también busca establecer los contenidos y mecanismos que susciten la legitimación del modelo de sociedad en el que emerge, es decir, su aceptación en el imaginario social. El trabajo de formación y aceptación ideológica en una sociedad como la nuestra se construye de manera cotidiana a través de los medios de información masiva y los sistemas educativos, de allí que sea indispensable analizarlos con lupa crítica.
Si estamos de acuerdo en que cada proyecto educativo está vinculado a un proyecto político específico, hay que poner atención entonces a cuáles son los intereses a los que éste responde. En el caso del sistema educativo mexicano (como en la mayoría de los casos del mundo), es posible ubicar históricamente a qué propósitos ha servido el aparato educativo institucional de acuerdo a las necesidades sociales, económicas y políticas de los grupos de y en el poder en cada momento. Tristemente, tras un recuento de las transformaciones que ha sufrido la educación institucional en este país, es posible reconocer que, salvo honrosas excepciones (las Casas del Pueblo en los años 20, el proyecto Cardenista de educación socialista –con sus limitantes-, la creación de las Normales Rurales, y mucho más recientemente, la fundación de los Colegios de Ciencias y Humanidades por Pablo González Casanova), los movimientos que se operan en el sistema educativo mexicano han estado encaminados a reacomodarlo en función de las necesidades de los grupos políticos en el poder y, a últimas décadas, cada vez más de las necesidades de los empresarios (verbigracia la Educación por competencias, que traspasa la evaluación en las organizaciones empresariales, a los sistemas escolares).
En estos tiempos en los que el debate en torno a lo educativo en México cobra nueva actualidad, es importante trascender los discursos popularizados que pretenden desconocerla como real terreno que es disputado por los diferentes proyectos de sociedad, para estar atentos a cuáles son los intereses profundos que guían las transformaciones del sistema educativo en el país. A fin de ir deshebrando la enredada madeja de lo educativo, es necesario profundizar en un análisis que asuma la educación como elemento central en la organización y legitimación del orden social, que sea capaz de ubicar la relación que la dimensión educativa mantiene con lo político, lo económico, lo cultural; es imprescindible reconocer cómo es que se tejen estas relaciones, de qué manera se condicionan o determinan y cómo impactan en la vida cotidiana de mujeres y hombres, niñas y niños.
Quedan un puño de aristas que considerar para ir avanzando en la comprensión del tema educativo; en siguientes entregas trataré de ir planteando algunos elementos que considero centrales para elaborar una crítica reflexiva y concienzuda sobre la educación. Nos quedan pendientes temas como la diferenciación entre educación y escolarización, la transformación de los modelos en los últimos años en beneficio del mercado, la pauperización de la enseñanza, pero también, nos resta hablar de las experiencias de educación que, a veces desde el terreno institucional y otras fuera de él, proponen formas educativas desde el diálogo, la equidad y el reconocimiento del otro, para la construcción de sociedades que trabajen para la libertad.
Tomado de:
http://pijamasurf.com/2013/03/educacion-y-politica-notas-para-pensar-mas-alla-de-las-dicotomias/
https://www.google.com/search?q=Educaci%C3%B3n+y+Pol%C3%ADtica&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN4JK2jJzNAhVMmx4KHXlmB3cQ_AUIBigB#imgrc=G0LrPDUKKcrtvM%3A
La Universidad Trump, acusaciones de fraude que ponen en apuros al magnate
MundoHispanico/10 de junio de 2016
La publicación de cientos de documentos sobre las técnicas agresivas y sin escrúpulos usadas en la Universidad Trump pone en apuros al virtual nominado republicano Donald Trump, que podría tener que testificar por fraude el 28 de noviembre, poco después de las elecciones presidenciales.
El juez Gonzalo Curiel ordenó el viernes la publicación, antes del 2 de junio, de más de mil páginas de escritos judiciales sobre la Universidad Trump debido al interés público que puede tener el caso, abierto en 2010 en la corte del distrito Sur de California, con sede en San Diego.
El polémico proyecto educativo podría cruzarse en el camino hacia la Casa Blanca del magnate, que ha construido su campaña presidencial sobre su reputación como exitoso hombre de negocios.
“Donald Trump en sí mismo es un fraude”, consideró hoy en un acto en Nueva Jersey la demócrata Hillary Clinton, posible contrincante de Trump para la Presidencia y al que acusó de tratar de “estafar” a Estados Unidos de la misma forma que engañó supuestamente a los alumnos de su proyecto educativo.
Los centenares de documentos publicados hasta ahora, en respuesta a una petición del diario The Washington Post, retratan a la Universidad Trump como un negocio sin escrúpulos que presionaba a sus estudiantes para que adquirieran cursos sobre negocios inmobiliarios y finanzas con matrículas de casi 35.000 dólares.
“En la Universidad Trump enseñamos el éxito, de eso se trata todo, del éxito y eso puede ocurrirte a ti”, asegura el magnate en uno de los anuncios del centro, que abrió en 2005 y en 2010 tuvo que cambiar su nombre a “Trump Entrepreneur Initiative” dado que no contaba con una licencia para ser universidad.
Hasta 80.000 personas acudieron a los cursos gratis de iniciación de la Universidad Trump en los que los profesores presionaban a los estudiantes a inscribirse por 9.995 dólares en el curso “bronce”, por 19.495 dólares en el curso “plata” y por 34.995 dólares en el curso “oro”, según los escritos judiciales.
“La Universidad Trump prometía a sus alumnos que les ayudaría a hacer dinero, pero en realidad la Universidad Trump solo estaba interesada en vender a cada persona el curso más caro que podía”, afirma Ronald Schnackenberg, que trabajó para el centro entre octubre de 2006 y mayo de 2007.
En una declaración jurada, Schnackenberg asegura que la Universidad de Trump era “fraudulenta” y “se aprovechó de las personas mayores y sin educación para despojarlos de su dinero”.
Las acusaciones contra la Universidad Trump salieron a relucir el pasado mes de febrero cuando el senador Marco Rubio acusó a Trump de comenzar una “universidad falsa” durante un debate del proceso de primarias republicanas en Houston (Texas).
Entre los escritos publicados recientemente destacan testimonios como el de Schnackenberg y una serie de “manuales de estrategias” que servían de guía a los profesores para hacer publicidad.
Uno de esos “manuales de estrategias” recomienda clasificar a los estudiantes por su liquidez financiera, pero insta al personal a no dejar de vender cursos a los alumnos con menos ingresos.
“El dinero nunca debe ser una razón para no inscribirse en la Universidad Trump”, dice uno de los manuales, en el que se da instrucciones al personal para vender las clases, incluso a individuos escépticos y reacios, apelando directamente a sus necesidades psicológicas.
De esta forma, el centro da instrucciones sobre cómo guiar al comprador a través de una “montaña rusa de emociones” para que adquiera los cursos.
El magnate, que llegó a ser propietario del 93 % de la compañía, se ha defendido de las acusaciones, ha asegurado varias veces que muchos de sus alumnos están satisfechos y ha acusado al juez Gonzalo Curiel de estar en su contra por “ser de origen mexicano”.
En realidad, Curiel nació en el estado de Indiana (medio oeste de EEUU), según el registro de jueces federales del Gobierno.
Además del caso de Curiel en California, el magnate se enfrenta a otra investigación iniciada en 2013 por el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, que afirma que la Universidad Trump defraudó 40 millones de dólares a más de 5.000 personas.
El juicio en California está fijado para el 28 de noviembre y el juez Curiel ha reclamado la presencia del magnate, mientras que en Nueva York una corte de apelaciones a finales de abril determinó que el proceso contra Trump debe seguir adelante, aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio.
Los registros de las cortes federales muestran que, desde principios de la década de 1980, Trump ha sido demandado al menos 150 veces y la mayoría acabaron con final feliz para el magnate.
Esta vez las demandas de fraude, publicidad engañosa y falsas promesas podrían agriarle la fiesta al candidato, no solo por las consecuencias judiciales sino por las repercusiones políticas que podría tener un juicio tan cerca de las elecciones presidenciales.
Luis Videgaray: «Invertiremos 1,200 millones de dólares en infraestructuras en el sur de México»
EconomiaHoy/10 de junio de 2016
La transformación económica de México ha marcado la agenda del Gobierno de Enrique Peña Nieto desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2012. Los tres primeros años del sexenio han dado a luz once grandes reformas estructurales, entre las que destacan la energética, la fiscal y la de telecomunicaciones, que han permitido al país azteca sortear la crisis económica mucho mejor que otros países de su entorno, como Brasil o Venezuela, que registran fuertes caídas.
En concreto, la reforma fiscal, capitaneada por Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, ha ayudado al país a compensar el desplome de los ingresos petroleros (cayeron un 33% en 2015), otrora su principal fuente de ingresos.
Así, mientras la venta de crudo ha pasado de equivaler al 10% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2006 al 3.5% en 2015, los ingresos tributarios no petroleros han pasado de ser el 8.4% en 2012 a más del 13% del PIB en 2015, logrando su mayor recaudación en 25 años. A su vez, en el primer semestre del año pasado, los ingresos del petróleo representaron el 18.6% del Presupuesto nacional, frente al 44% de 2008.
«La reforma hacendaria, que entró en vigor en 2014, llegó en el momento oportuno. Sin el aumento observado en la recaudación, no tendríamos la capacidad de enfrentar con éxito, preservando la estabilidad, los retos de la economía global», aseguró Luis Videgaray en una entrevista celebrada la semana pasada en Ciudad de México.
Pero, pese a las reformas y los ajustes al gasto público de 2015 y 2016 (se espera un nuevo recorte en 2017), la economía de México todavía se enfrenta a una serie de incertidumbres y desequilibrios internos que han llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a bajar la proyección de crecimiento para México en 2016 hasta el 2.6% (3.1% previo). Para 2017, se ha quedado en el 3.3%, lo que sería el mayor ritmo registrado en tres años, pero todavía está por debajo de los objetivos del 4% marcados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto cuando tomó el poder.
La OCDE asegura que los mayores retos que enfrenta la economía de México vienen de fuera. ¿Cuáles son estos peligros?
Desde el punto de vista interno, la economía mexicana tiene indicadores muy alentadores y se muestra robusta. Los principales riesgos para la estabilidad económica del país tienen que ver con riesgos externos.
El primero, que es algo que afecta prácticamente a todo el mundo, es la política monetaria de Estados Unidos, la normalización de las tasas de interés. El alza de los tipos presenta una expectativa de movimientos de capitales hacia activos en dólares y, por lo tanto, puede debilitar los mercados financieros de los países emergentes, y México no es la excepción. El segundo es el precio del petróleo. Ha supuesto un impacto relevante para la economía mexicana y las finanzas públicas, que si bien hemos podido compensar gracias a los ingresos provocados por la reforma hacendaria (fiscal), tenemos ahí un riesgo latente e importante. El tercero es el bajo crecimiento en el mundo y, particularmente, el escaso crecimiento del volumen de comercio.
México es un país muy abierto a la economía global y el volumen de comercio en los últimos tres años ha ido cayendo. Además de los económicos, existen ciertos riesgos de carácter político en el mundo que pueden tener un impacto sobre la estabilidad de los mercados financieros. En este conjunto de riesgos, cada uno en sí mismo es relevante, pero cuando se presentan todos de manera simultánea, representan un entorno complejo para México; y por eso hemos sido tan enfáticos en mantener la política macroeconómica.
¿Cuáles son los riesgos políticos?
Entre los riesgos políticos que pueden generar inquietud en los mercados financieros globales, destaca el referéndum sobre la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea (proceso conocido como Brexit). Creo que es un evento que está siendo ya muy observado por los mercados internacionales y, en el caso de que el pueblo británico decida salir de la UE, puede generar incertidumbre. El proceso electoral en Estados Unidos también es un riesgo y, por supuesto, determinados temas en la región de América Latina, donde se han generado eventos que contaminan de alguna manera los flujos de capital.
¿El Gobierno de México está preocupado por un posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos?
Primero que nada, el Gobierno de México respeta el proceso electoral de los Estados Unidos. No le toca, y creo que a ningún otro país, opinar o involucrarse en un proceso democrático en otra nación. Será el pueblo estadounidense el que decida quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Dicho esto, creo que las elecciones de EU están siendo influenciadas en gran medida por una insatisfacción real de muchos norteamericanos, la situación económica y el mercado laboral.
Esto ha generado que haya candidatos o precandidatos que han enarbolado banderas que van en contra de la apertura comercial o el libre flujo financiero en el mundo; y esto, naturalmente, representa un escenario de riesgo para México y para el resto del mundo. Pero creo que, al final del día, EU es un país con una democracia madura y con mercados financieros y de bienes y servicios muy profundos y, al final de cuentas, eso es lo que va a prevalecer. El Estado mexicano va a trabajar con apertura y con un ánimo constructivo con quien sea el nuevo presidente o presidenta de EU.
En los últimos meses, el peso se ha seguido depreciando ante el dólar y el euro hasta rozar los 19 pesos por cada ‘billete verde’ y superar los 20 en el caso de la moneda única. El Gobierno de México y el Banco Central de México (Banxico) ya intervinieron en el mercado en febrero para blindar a la divisa… ¿Se esperan más medidas?
En febrero anunciamos tres medidas: cambios en la política monetaria, materia fiscal y una nueva manera de intervenir en el mercado cambiario. Ese día anunciamos que desde el Banco de México y la Secretaría de Hacienda actuaríamos de manera coordinada cada vez que observemos circunstancias excepcionales de especulación que hagan que el valor del peso mexicano se desvíe de manera significativa con respecto a los fundamentos de mercado.
Hasta ahora, los movimientos que hemos observado en el peso tienen que ver con variables como la expectativa de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en EU y ciertos eventos como la reunión de la OPEP, pero no hemos observado una especulación relativa al peso mexicano. En caso de presentarse situaciones excepcionales estamos dispuestos a intervenir con el ánimo de evitar que un evento especulativo altere las expectativas inflacionarias en México (el objetivo es que se mantenga por debajo del 3%).
Si la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decide finalmente volver a subir las tasas, ¿el Banco de México seguirá sus pasos?
Eso es una decisión del Banco de México. Tiene una enorme credibilidad, ejerce plenamente su autonomía y ha sido bastante claro en sus comunicaciones. El Banco ha sido enfático en que la posición monetaria relativa entre México y EU tiene un papel importante en todas sus decisiones.
¿Cómo va a ayudar la renovación y ampliación de crédito flexible del FMI a blindar la economía mexicana de los riesgos internacionales?
La extensión de dos años del crédito que ha pasado de los 65,000 millones a los 88,000 millones de dólares nos dota de un instrumento muy importante para proteger a nuestro país ante eventos de falta de liquidez en los mercados internacionales.
El martes pasado, usted resaltó que para lograr un crecimiento a tasas superiores al 4% se requiere sintonizar a todas las regiones. La semana pasada el Gobierno promulgó la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que persigue impulsar el desarrollo de los Estados más pobres de México, que son los del sur, donde, pese al alto endeudamiento, el PIB crece por debajo de la media, el paro está alto y dos de cada tres personas viven en situación de pobreza extrema…
Efectivamente, si se analiza a México desde punto de vista regional, a partir de la firma del tratado de libre comercio con América del Norte queda muy claro que en México estamos viviendo al mismo tiempo dos historias distintas. En la zona de Bajío y de la frontera norte, el producto interno bruto por habitante ha crecido en las últimas tres décadas por encima del 50%. Sin embargo, en la zona del sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero) en esas mismas tres décadas el PIB per cápita creció un 9%.
Esto muestra que el país está creciendo a dos velocidades y que las políticas públicas que ha ejercido el Estado mexicano para desarrollar al sur del país no han sido suficientes. Se ha tenido una política de corte eminentemente asistencial donde ha habido programas de reducción de la pobreza que han tenido éxitos muy importantes, pero que, sin duda, no han sido suficientes para generar empleo, actividad industrial, inversión, etc., que es lo que puede transformar la economía de una región. Esto es algo que está ampliamente diagnosticado y desde el principio de la administración nos dimos a la tarea de estudiar qué políticas de desarrollo industrial han funcionado en otros países como la delimitación de zonas económicas.
¿Qué medidas se van a tomar para impulsar el crecimiento económico de las regiones del sur?
Una vez promulgada la Ley, empezamos con el establecimiento de todas las zonas económicas especiales. Estas demarcaciones tendrán un tratamiento fiscal distinto, incentivos fiscales importantes a largo plazo, como dar una tasa reducida del impuesto sobre la renta, ventajas para el comercio exterior y también infraestructura, conectividad, acceso a la banda ancha y, por supuesto, esfuerzos de creación de comunidad. No puede haber solamente fábricas, tiene que haber escuelas, hospitales… tienen que ser lugares donde las familias quieran vivir. Es una gran apuesta por desarrollar el sur y también es una gran apuesta por hacer algo diferente porque, si queremos resultados distintos, no podemos seguir apostando por hacer lo mismo que en los últimos 20 años.
¿Cuál es el objetivo a corto plazo?
El objetivo es que tengamos en cada una de las tres zonas para 2018 una empresa ancla, las primeras empresas tractoras. Es mucho el trabajo que tiene que hacerse de aquí para entonces y se tiene que establecer el marco normativo y, sobre todo, dar mucha certeza a la inversión. Generar certidumbre para que las inversiones lleguen con la confianza de que el marco normativo es lo que tiene que ser.
¿Qué inversión inicial hay prevista para desarrollar las infraestructuras necesarias?
Tenemos detectados alrededor de 80 proyectos de infraestructuras de diferentes tipos, como la construcción de líneas de gas natural, autopistas, puertos… Se estima que la inversión en infraestructuras, que será pública y privada, andará por los 1,200 millones de dólares (unos 22,429 millones de pesos y 1,057 millones de euros al cambio actual).
La Ley contempla la creación de un órgano desconcentrado de Hacienda para gestionar los proyectos y el nombramiento de administradores integrales de las zonas antes del año que viene. ¿Qué competencias tendrán estos administradores? ¿Cuál es su objetivo?
La figura se ha creado para blindar en el largo plazo y dotar de transparencia a los incentivos fiscales que se van a implantar en las zonas. La ley establece que los incentivos tienen que tener una duración mínima de ocho años, aunque le queremos dar diez años. El objetivo es dar una gran estabilidad a las inversiones, continuidad y, sobre todo, transparencia en los procesos.
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