Hugo Aboites
En un país donde las percepciones con las que viven y crecen niños, jóvenes y familias son de asesinatos reiterados, creciente pobreza, falta de empleo, debilidad de la economía y desesperanza política, increíblemente las políticas gubernamentales insisten en exacerbar aún más los ánimos y juegan a provocar casi hasta el límite de lo tolerable. Es el caso de la evaluación masiva de maestros y de aspirantes a la educación superior que añade, de manera desproporcionada e innecesaria, una carga enorme de hostilidad y violencia institucional.
En el caso del magisterio, si, como mostrábamos en la entrega anterior, es perfectamente posible e incluso legal desplegar una iniciativa de evaluación distinta, orientada directa y específicamente a mejorar las escuelas, ¿Qué sentido tiene ir construyendo con el discurso y los hechos la evaluación como amenaza de desempleo o reubicación para cerca de un millón (la mitad del total) de los maestros? Estimamos esa cifra porque en las recientes evaluaciones de aspirantes a docentes de educación media y candidatos a promoción (que bien pueden considerarse pruebas piloto) seis o siete de cada 10 han sido descalificados como no idóneos
. La insistencia en evaluar para excluir sin duda agregará una carga enorme de conflicto y crispación social, alentada por un discurso agresivo en el que ya ni siquiera queda muy claro cuándo habla Mexicanos Primero o el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Por eso, la preocupación y creciente indignación que recorre al magisterio del país. Igual que la que se provocaría entre el empresariado cuando una campaña de proporciones y profundidad semejantes fuera organizada por el gobierno y clases populares, con base en un cambio constitucional y argumentando el bien nacional, para suprimir o desplazar a otras actividades a un contingente igualmente importante de empresarios.
Del lado de los estudiantes que aspiran a llegar a la educación media o superior las tasas son todavía más altas: hasta ocho o nueve jóvenes de cada 10 –en instituciones de la ciudad de México– no ingresan a la educación superior. Y a escala de país esto significa que más de siete millones quedan sin educación superior. Por otra parte, en el caso de la educación media superior, a partir del inicio de la evaluación masiva del Ceneval en la ciudad de México (1996) y hasta la fecha, más de un millón de jóvenes interesados en estudiar el bachillerato no llegó a inscribirse en un plantel. Estas proporciones tan altas de exclusión se explican en el fondo no por razones académicas, sino de fuerza política. En el conflicto de clases sociales en que se ha convertido el acceso (estudiantes) y permanencia (maestros) en la educación, las tasas de exclusión han estado directamente relacionadas con la fuerza política del sector correspondiente. Si para los estudiantes –carentes de una organización nacional y larga historia de resistencia– tasas aún más altas de exclusión han sido una constante desde hace más de una década, es sólo en 2012-2013 que se intenta imponer tasas similares y esto ha generado una muy importante resistencia.
Pese a estas diferencias, lo que es evidente es que la situación –agudizada por sucesos como el de Ayotzinapa– está colocando a ambos sectores poco a poco en un piso común de resistencia. Los estudiantes observan y analizan la resistencia magisterial, y en momentos y lugares específicos puede ocurrir que estas luchas no sólo coexistan, sino incluso se vinculen de manera directa. Entre esos lugares destaca, sin duda, la ciudad de México, lugar de arribo de múltiples conflictos magisteriales y estudiantiles. El hecho de que incluso los maestros de educación media superior de las preparatorias del Gobierno del Distrito Federal, junto con los del Colegio de Bachilleres, Conalep y otros, estén en la mira de la evaluación punitiva plantea un contexto nuevo y mucho más tenso, pero también uno donde si se da la oportunidad, los diversos actores pueden pensar y generar propuestas nuevas e importantes, tanto en el terreno de las demandas estudiantiles como de los docentes. En esa ruta, el primer gran paso indispensable para unos y otros y para en general distender el clima en la educación es abrir las puertas a un diálogo serio respecto de sus demandas. La decisión que ha dado a conocer el Gobierno del Distrito Federal de intervenir de manera expresa en la temática de los rechazados (aunque habrá que valorar las iniciativas concretas) envía un mensaje de reconocimiento de un problema y con ello contribuye a la discusión sobre el tema.
De todo esto se deriva la importancia de que se lleve a cabo la mesa de discusión entre la Secretaría de Educación Pública e instituciones públicas con los estudiantes rechazados, y entre Gobernación y el movimiento magisterial. Sin diálogo real no habrá conducción política del conflicto, sólo la política de contención y de represión, generada ahora por la locura de la evaluación. Y en un país donde parece que pronto también siete de cada 10 mexicanos estarán en la pobreza, esa es una opción cada vez menos aconsejable.
A Carmen Pineda, fallecida prematuramente, mujer excepcional, leal a la Universidad y a sus amigos.
*Rector de la UACM
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