Otras Miradas, Desinformémonos, Gato Encerrado, Nicaragua Investiga
Trabajadoras domésticas, trabajadoras de empresas maquiladoras, trabajadoras sexuales, cuidadoras del hogar, trabajadoras todas, con poca o ninguna remuneración, con pocos o con ningún derecho. Una inmensa mayoría de mujeres trabaja y vive esta injusticia en Centroamérica.
Debido a la pandemia, en Ciudad de México, por ejemplo, ha habido un incremento de las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Algunas incluso han vuelto a la calle después de haberlo dejado hace tiempo. Pero sus ingresos, ahora, se han reducido en un 90%. No sólo se enfrentan a la estigmatización sino a la falta de protección y reconocimiento como trabajadoras, como veremos de la mano de las periodistas que hacen posible este especial.
En Guatemala, muchas trabajadoras domésticas quedaron encerradas en las casas donde trabajan, otras han sido despedidas sin derecho a ningún tipo de indemnización pues la gran mayoría carece de prestación social. Cuando empezó la pandemia, tuvieron que volver a sus casas y aún esperan que las llamen de nuevo. En Guatemala, sólo un 0,2% de las trabajadoras domésticas tiene algún tipo de protección social.
En algunas maquilas de Nicaragua, saben perfectamente cuándo deben despedir a las mujeres: justo antes de que las tengan que indemnizar por enfermedades causadas por las largas jornadas y el esfuerzo constante. Sin indemnización laboral, ni las empresas ni el gobierno atienden sus necesidades. Un día se levantan, van a la maquila, y no les dejan entrar. Así, se han visto en la calle miles de ellas durante los meses de pandemia. Algunas de ellas nos cuentan su historia.
Nadie cuida a las que cuidan. En El Salvador, hubo una iniciativa de ley para apoyar a las cuidadoras del hogar y reconocer su trabajo. Miles de mujeres que, desde la infancia cuidan hermanos menores, luego se dedican a la crianza de sus hijos y finalmente terminan criando nietos. Un trabajo que se ejerce sin reconocimiento, ni derechos y cuya regulación es aún un gran pendiente en la región. El actual gobierno salvadoreño tumbó la iniciativa y la ley está en suspensión.
En este especial periodístico realizado por medios que son parte de la alianza Otras Miradas, las periodistas se adentran en las vidas y testimonios de mujeres que están trabajando sin derechos, en medio de una pandemia que ha agudizado las problemáticas ya endémicas en Centroamérica y México.
Tras las represiones policíacas en Cali que han causado al menos 19 muertes, se realizó una manifestación en solidaridad con Colombia en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.
Foto: Aracelia Rodríguez
Con pancartas que leen «Juntos luchando por un mejor país», «No queremos ni un muerto más por pensar diferente» y «SOS Colombia», manifestantes denuncian desde la Ciudad de México que «en Colombia están matando» en el marco del Paro nacional durante el que se ha visto una fuerte represión policíaca.
El tema del personal académico contratado exclusivamente para impartir clases en la educación superior mexicana, ha salido a la luz a partir de la inconformidad y las movilizaciones que ocurren en la UNAM por la falta de pago a secas (o a destiempo e incompleto) de su salario y prestaciones durante la pandemia.
En números redondos, de las 400 mil personas que integran la planta académica en el país, 80% (320 mil) mantienen vínculos laborales de tiempo parcial con las instituciones. El resto cuenta con modalidades contractuales de tiempo completo o equivalentes.
Es un error considerar a este enorme universo de docentes un todo homogéneo. Los unifica, sí, un tipo de vínculo centrado en la coordinación de cursos, pero es crucial entender que la lógica de su participación en la enseñanza es variada.
Consideremos, a guisa de ejemplo, dos grupos: uno obtiene en los espacios del ejercicio profesional su fuente principal de experiencia e ingresos. Aportan, en las asignaturas que imparten, elementos que derivan de su práctica cotidiana. Una abogada litigante, especializada en derechos humanos; un arquitecto que en el despacho donde trabaja diseña viviendas y supervisa su realización, o un ingeniero mecánico electricista ocupado en una empresa que produce transformadores, cuentan con el saber teórico de su campo, sin duda, al que añaden las circunstancias específicas que se presentan en el espacio laboral donde los egresados aplicarán su saber. El contacto docente con este tipo de profesionistas enriquece la formación de quienes aprenden y no suelen dedicar muchas horas a esta actividad.
Sostengo, como conjetura, que son una cantidad muy grande dado que la mayor parte de nuestras licenciaturas son profesionalizantes y, por ende, el grueso de la matrícula ahí se concentra. En los cursos dedicados a los conocimientos básicos, el personal de tiempo completo sería adecuado, no así en los que la práctica de la profesión es imprescindible.
Otro sector, tampoco menor a mi juicio, está conformado por maestras y maestros que, merced a la cantidad de horas-clase que acumulan, tienen su eje de trabajo fundamental, o único, en las instituciones de educación superior, y deriva de ello la totalidad o la parte más significativa de sus ingresos. No tienen contrato de tiempo completo, mas se dedican, por completo, a las tareas de la enseñanza. Para distinguirlos del grupo de profesionistas con labores parciales de docencia, así como de los tiempos completos, se les puede denominar de “tiempo repleto”.
Estas dos formas de vinculación no son las únicas. Son polares y, quizá, mayoritarias. Pero hay más subconjuntos que clasificar (incluyendo la perspectiva de género en todos) con el fin de distinguir sus condiciones laborales y pedagógicas actuales, y las que serían necesarias para el adecuado desempeño de sus tareas en instituciones que requieren, ya, pensar y reorganizar su función docente tan abandonada a la inercia. Por supuesto, todas y todos han de contar con condiciones dignas, necesarias y legales para desempeñar su labor.
En el debate actual, no se ha tomado en cuenta la investigación realizada desde el siglo pasado sobre la diversidad de la actividad académica en México. Tal vez por eso, la simplificación burda derivada de la ignorancia, predomina.
No contribuye ni a la comprensión del problema ni a la diferenciación de sus demandas agruparlos en el mismo saco. Intelectual, y políticamente, es imprescindible hacernos cargo de la diversidad. Urge hacerlo ya.
En las elecciones presidenciales de 2018 el magisterio fue una pieza clave para el triunfo de AMLO. MORENA impulsó diversas estrategias para lograr los votos de las cúpulas del SNTE, la CNTE y el CEND-SNTE. Se prometió tirar la reforma del Pacto por México y se asignaron varios “puestos” a personajes vinculados a las cúpulas magisteriales.
En las elecciones federales del 2021, las cosas son distintas, MORENA da por sentado que cuenta con los votos del magisterio, por ello, ya no plantea ningún compromiso en materia de educación pública o de mejora de las condiciones laborales de las maestras y maestros.
MORENA llama al magisterio a un VOTO MASIVO sin asumir ningún compromiso con el desmantelamiento del NEOLIBERALISMO, lo cual no se ha concretado.
Los invitamos a revisar la Plataforma Electoral que MORENA registró ante el INE y así conocer los compromisos que asumen ante los ciudadanos que voten por los Candidatas(os) que postulan. Por ejemplo, en materia educativa la plataforma dedica un apartado a la educación denominada: DERECHO A LA EDUCACIÓN. Éste se compone de 5 párrafos, en los dos primeros MORENA culpa a los gobiernos anteriores de la devastación de la educación pública y en los dos últimos hacen un reporte cuantitativo de las Universidades para el Bienestar.
Transcribimos textualmente el tercer párrafo, que es lo que más se acerca a lo que podríamos denominar COMPROMISOS:
“Ante esta circunstancia, nos hemos comprometido desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa. La Secretaría de Educación Pública tiene la tarea de dignificar los centros escolares y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y el magisterio nacional se encuentran en un proceso de diálogo para construir un nuevo marco legal para la enseñanza.”
El primer enunciado alude a un compromiso del año 2018, el cual no se ha cumplido y en el segundo se informa de una atribución de la SEP y de un supuesto proceso de diálogo, el cual es inexistente. No existe ni un compromiso puntual de MORENA con la educación pública, ni con la mejora de las condiciones laborales del magisterio.
El gasoducto ya era cosa consumada, o eso consideraban la empresa, la filial y el gobierno de Sonora. Se equivocaron. Las mujeres yaquis narran cómo frenaron este proyecto.
Un tubo gigante de metal cortado se ve en el fondo de un boquete de tierra. La familia de Carmen García se asoma al orificio que hizo el pueblo de Loma de Bácum para quitar un gasoducto.
Los pobladores usaron una excavadora que decomisaron a la empresa IENova, filial de la transnacional estadounidense Sempra Energy. La empresa construía el gasoducto sin el aval de quienes aquí habitan. Nunca se realizó consulta alguna. Así que, después de una asamblea, el pueblo entero se desplazó al monte, excavó y cortó casi 10 kilómetros de tubo con soplete y lo llevaron a Ciudad Obregón para venderlo como fierro viejo.
“La empresa se quejó, pataleó y demandó. ‘Síguele’, le dijimos, ‘nosotros lo vamos a seguir vendiendo como fierro viejo’”, asegura Guadalupe Maldonado Flores, yaqui que ha acompañado la defensa del territorio de la guardia tradicional de Loma de Bácum.
En agosto del 2017 comenzaron a retirar el tubo. Pero el megaproyecto energético comenzó desde 2012 con la firma del contrato entre Enrique Peña, entonces presidente, y la empresa; las obras de construcción comenzaron en 2013. Pasaron por alto hacer una consulta de pueblos indígenas, sabían que el trazo atravesaba el territorio yaqui.
El propósito era hacer el Gasoducto Sonora para la importación de gas rumbo a Agua Prieta. En 2016, la empresa entró a los ocho pueblos a promover la aceptación por medio de dinero, potabilizadoras de agua, hasta camionetas del año. IEnova tuvo el aval de siete de los ocho pueblos. En Loma de Bácum, fue imposible.
Francisca Vázquez, madre de Carmen, tuvo un sueño estando en territorio sagrado del Bakatete. Después de ese sueño, las mujeres se organizaron. Aún estaba Casilda, una reconocida cantora que se dedicó a convocar y organizar a las mujeres para detener lo que esta trasnacional estaba haciendo. Fueron ellas quienes encabezaron la defensa de la tierra.
“A nosotras desde chiquitas nuestros ancestros, abuelos, que nunca estudiaron, que hablaban nuestra lengua, nos decían cómo nos iban a quitar nuestras tierras. ‘El gobierno dice: todos van a estudiar. No se pongan del lado de ellos, desde hoy ustedes defienden su territorio, nosotros ya no vamos a estar, y el día que el gobierno quiera, los va a tener en la mira’”, cuenta Francisca.
La reacción de la comunidad cuando les dijeron sobre un gasoducto fue preguntarse qué pasaría si eso explota estando tan cerca de los habitantes.
“Nos acordamos de las palabras que dijeron nuestros ancestros, nuestros abuelos, que íbamos a perder nuestros territorios porque los mismos hermanos yoemes no iban a denunciarlo”. Así las mujeres de por lo menos cuatro de los ocho pueblos yaquis se comenzaron a organizar con la convocatoria de la gran amiga de Francisca, que falleció en 2020 por covid. Casilda era una mujer consagrada a ser cantora de la iglesia de Loma de Bácum.
Gracias al trabajo del grupo de mujeres de Bácum, lograron un amparo y un juez suspendió la obra en junio de 2017, también ordenó retirar los tubos. Pero la empresa siguió construyendo hasta que el mismo pueblo de loma de Bácum los detuvo.
Por eso desde entonces, cada 21 de octubre celebran la más reciente defensa del territorio. Hacen comida para todo el pueblo y también realizan danzas del venado con música tradicional, y el horizonte es que quede en la memoria de los jóvenes, de los niños.
También por conservar en la memoria esta defensa, el pueblo dejó en la explanada de la plaza central, frente a la iglesia y a la guardia tradicional, los autos quemados que le pertenecían a la empresa.
Habitantes de este y de los otros siete pueblos yaquis denuncian ahora la entrada de empresas mineras para exploración en su territorio. La Guardia de Loma de Bácum detectó por lo menos siete incursiones en la sierra del Bakatete para echar a andar proyectos mineros.
“Siempre hemos estado alerta, ahora con más razón”, asegura Guadalupe.
La libertad de un preso político
Una semana después de que el pueblo Yaqui de Loma de Bácum detuviera la maquinaria, un grupo de yaquis armados, la mayoría provenientes de Loma de Guamúchil, entraron a realizar disturbios. Varios testimonios dan cuenta de que la empresa les pagó. El objetivo de este grupo era irrumpir en el pueblo y reemplazar a la autoridad tradicional que se negó al gasoducto, y de este modo imponer una autoridad que aceptara el megaproyecto.
Ese día que llegaron los agitadores había mucha gente en el pueblo, más de 600. Dijeron que venían a dialogar, a una junta, describe Francisca, una mujer de tono recio, de rebozo morado y falda tradicional yaqui que cuida a su esposo con diabetes. Aparenta menos años de los que tiene, es una mujer consagrada a ser cantora de la iglesia de su pueblo.
La familia de Carmen reconoce que otros pueblos aceptaron el trazo del gasoducto, sin embargo las autoridades tradicionales no consultaron con sus respectivas tropas lo que correspondía. Solo pactaron.
En Loma de Bácum, en cambio, el acuerdo de la tropa y la guardia tradicional es defender el territorio tanto de la minería como del gasoducto, y por ello trabajan en el fortalecimiento de sus tradiciones, lengua y actividades productivas.
Pero ese 21 de octubre de 2016 hubo disparos. Fueron dos ataques en un mismo día, en el primero murió Cruz Buitimea, originario de Loma de Guamúchil.
“Había mujeres, mi hermana estaba ahí”, dice Carmen. “Mi tía dice que como sea, acarreó los palos de la leña y se los llevó a los hombres para que se defendieran con esos palos y piedras que juntó en su blusa porque no tenían nada con que defenderse”. Los agitadores venían armados, por eso el pueblo se defendió, explica Carmen mientras toma café con su familia en el solar de su casa, donde sus dos hijos juegan y cantan canciones en lengua jiaki.
Cuenta que cuando llegaron a hacer el segundo ataque, ese 21, fue que culparon a Fidencio. “Él con toda seguridad les dijo: ‘si creen que yo lo maté lo veremos legalmente’”. Carmen acentúa: “y ya ves como es de corrupto este sistema, esta ley y este gobierno”. En ese momento, orillan a Fidencio en un árbol. Lo golpean. Corre. Lo persiguen. Logra escapar al meterse al monte.
Fidencio tiene 32 años. Es originario de loma de Guamúchil aunque vive con su familia en Loma de Bácum. Ha tenido varios cargos. Hacía abiertamente comunicación contra el gasoducto.
Cuando algunos de sus parientes recibieron dinero de la empresa IEnova, Fidencio les dijo: “¿Para qué agarran dinero si ese dinero se les va a ir?, en cambio el territorio ahí va a estar y se supone que el territorio es de nosotros. Pero si ustedes lo están vendiendo ya ustedes no van a tener para sus familias”.
“Dicen que fue mi esposo”. Las dos personas que lo acusan presentaron un video donde él trae un arma como las que usan quienes se dedican vigilancia o policía comunitaria del pueblo de Loma de Bácum, como en aquel entonces era el encargo de Fidencio. Esas armas de la guardia tradicional son calibre 45. Diferente al calibre de la bala que le encontraron al difunto Cruz, que fue calibre 22. Esto no lo consideran en el expediente.
De acuerdo con testigos, ese día fueron los mismos yaquis de otros pueblos que entraron como agitadores del pueblo de Loma de Guamúchil quienes asesinaron a Cruz, quien también venía con ellos. “La idea era que hubiera muertos para justificar la entrada de la justicia de ellos para que entrara la policía”, cuenta Guadalupe Flores cuando hacemos un recorrido por la huerta agroecológico de este pueblo yaqui.
“AMLO dice que en la Cuarta. Transformación no hay presos políticos. Pues yo digo: ¿Cómo va a decir que no hay presos políticos si está mi esposo? ¿Entonces qué es mi esposo?”, reclama Carmen con mucho enojo en su mirada. Luego se levanta a preparar tortillas para seguir platicando en el solar de su casa.
El secuestro de Fidencio
Seis días después llegó la Fiscalía de Sonora a entrevistar a las personas en la Guardia Tradicional del pueblo por el asesinato. Era tarde noche. Se suponía que eran entrevistas a todas las personas el pueblo. Les interrogaban de a uno. Cuando Fidencio se presentó lo amarraron, iba a declarar pero apagaron todo y se lo llevaron. Con él se llevaron a la traductora y abogada, Anabela Carlón, a quien bajaron antes de llegar a la procuraduría.
Carmen no se dio cuenta cuando se llevaron a Fidencio.
No había orden de aprehensión ni le dieron las razones por las cuales se lo llevaban. Desde entonces está preso con una serie de irregularidades.
Pie de Página cuenta con el expediente.
Anabela levantó un acta con las faltas cometidas, la cual tampoco no consideran en el el archivo. Cuando iba a declarar en el pueblo antes de que se lo llevaran, lo amarraron por completo. Cuando llegaron a Obregón la carpeta ya estaba armada un día antes y ya tenían la credencial de elector de Fidencio Aldama. Pero el juez desechó las pruebas. En suma, han amagado de manera velada que su libertad sería a cambio del paso del gasoducto. Fidencio ha dicho en todo momento que no.
Para Carmen y su familia, lo que hicieron no es una detención, es un secuestro. A Fidencio le presentaron orden de aprehensión hasta que llegó a la entonces procuraduría de Justicia del Estado en su sede de Ciudad Obregón. Sin presencia de abogados o traductores, lo procesaron.
“¿Por qué no me la presentaron en frente de mi familia [la orden de aprehensión], enfrente de la autoridad, enfrente de la tropa? ¿Por qué aquí, o sea, donde está el Yori?”, pensó Fidencio. Y lo obligaron a firmar la orden de aprehensión.
Fidencio Aldama lleva cuatro años preso. Su hijo mayor, Ian, realiza danza del venado en las fiestas del pueblo en exigencia de su liberación.
David Guadalupe Valenzuela, el último abogado que tuvo, murió de covid.
En la intimidad que apenas logran en las visitas al penal de Obregón, Fidencio le platicó a Carmen “si yo le hubiera disparado a Cruz, le hubiera dado a alguien más, no nada más a él, porque yo tengo una 45”, en esa plática le recordó que tienen prohibido disparar hacia la gente, solo hacia el cielo para asustar.
Desde el encierro, la familia de Carmen ha hecho campañas de apoyo, ha cambiado cuatro veces de abogado, ha realizado colectas, impulsado reuniones y visitando más pueblos en resistencia para denunciar el caso de su esposo. Fidencio ha hecho de todo desde adentro, buscando su liberación, desde campañas con reos, mandar cartas a la gobernadora, al presidente, hasta huelgas de hambre.
“El gasoducto no debe pasar por aquí, ni en ningún pedacito de los ocho pueblos, ya, porque las tierras son comunales, son de todos. Así como Lomas de Bácum defendió su pedacito, defendió a todo el territorio Yaqui, y así debe ser, y así está reconocido históricamente”, exclama Carmen frente su madre y sus hijos.
Para Carmen y su familia, la justicia que informa el INPI o el gobierno federal no es verdadera, pues en su agenda no tienen contemplada la cancelación del gasoducto.
Carmen recuerda que en los diálogos con las instituciones para construir un plan de justicia para su pueblo, quienes asisten son las autoridades duales y no las legítimas de Loma de Bacum, por lo que su pueblo no está siendo contemplado. “Les da igual nuestra autoridad, nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra tropa”. Esto implica ignorar a todo un pueblo, asegura Carmen.
Para ella, sacar los tubos de su territorio, no solo de Loma de Bácum sino de toda la extensión Yaqui, es hacerles justicia. Al mismo tiempo justicia es liberar a Fidencio Aldama.
“Al Estado le ganamos, ese tubo se lo tumbamos por la vía legal, por la vía social y por la vía física porque sabemos que el Estado aplica su licencia con su mano. Al Estado le valen las leyes, las aplica a su conveniencia. Aquí nos amparamos contra ese tubo y aun en contra de ese amparo entraron, y el gobierno no le hizo nada a la empresa, al contrario la protegió”, denuncia Guadalupe Flores mientras camina en el terreno de la huerta.
“Ahora [la empresa] quiere negociar otra vez… pero ya no. Aquí ya entraron con el pie izquierdo y se van a ir igual, y ya no entraron”, denuncia. Y afirma que ni esta empresa, ni ninguna empresa minera entrarán en territorio Yaqui.
“Que hay que pagar a la empresa porque no se activa el gasoducto. Pues páguenlo ustedes, nosotros no, ¿Quién les manda? Ahora, ya sabían a lo que se iban a enfrentar; amárrense los pantalones y páguenle. ¿Quién te obliga a pagar? Que hay tratado internacional, mándenlos por un tubo. Porque si empezamos con esos tratos internacionales, dígale a los gringos que devuelvan el territorio que quitaron, a ver sí es cierto. Ah verdad, lo aplican a su conveniencia pues. Y nosotros no estamos sometidos a ustedes”.
La siembra agroecológica
Guadalupe Flores tiene una sonrisa pícara pero todo el porte yaqui que se muestra imponente. Disfruta pasear por el huerto agroecológico que realizaron en Loma de Bácum, pocos metros de donde está el tubo del gasoducto. A lo lejos se ve pasar el tren de Ferromex. Guadalupe explica que en el Porfiriato también hubo represión por oponerse al tren. Después lo utilizaron para deportarlos a Yucatán y ser esclavos de haciendas henequeneras.
“Aquí nacimos y aquí crecimos; estas tierras no nos dieron ni los mexicanos, ni el gobierno mexicano, ni nadie. Nos lo dio nuestro creer divino de ser de aquí, y es la diferencia, que estamos defendiendo”.
Actualmente Guadalupe Flores organiza los trabajos de siembra agroecológica, donde participan jóvenes, mujeres, hombres, y también mayores.
“Primero empezamos la siembra allá arriba [señala la sierra sagrada del Bakatete] en unas 500 hectáreas. Es totalmente orgánico, no está contaminado, es buen terreno. Y aquí, estamos iniciando porque está cerquita del pueblo, para que los jóvenes que están aquí se acerquen también”
La siembra agroecológica también ha servido para involucrar a las infancias yaquis, los llevan a conocer los límites territoriales, donde están los puntos naturales que toda la nación yaqui reconoce como su territorio, les llaman linderos. De acuerdo con Guadalupe, esto también ha servido para fortalecer la identidad propia.
“De nada nos vale tener mucho si no sabemos qué hacer con lo que tenemos. Si esto nos lo dieron, nos lo dejaron como herencia sagrada es para que de ahí vivamos y nos mantengamos bien”, explica Guadalupe.
Esta tierra que nos muestran, apenas con las higueras naciendo, los magueyes con los que destilan Bacanora que recién brotaron, las pitayas, con un trazo para cultivar hortalizas en la temporada de menos calor, se abastece de una fuga de agua.
La tierra es tan fértil, dice Guadalupe, que solo de echar la semilla crece. Ahora se aliaron con más personas originarias del pueblo yaqui, pero que viven en Arizona desde que sus familias fueron obligadas al exilio durante la Guerra del Yaqui.
Para Guadalupe, la siembra agroecológica no es un proyecto temporal o sexenal, sino que su sentido es “transgeneracional”:
“Estamos pensando en aquellos que aún no han nacido todavía ¿Qué les vamos a dejar a esos? Y esos no se pueden defender porque no están, pero van a estar, así como a nosotros nos dejaron esto aquellos que ni siquiera nos conocían, hace cien años o más de cien años, y lucharon por ello y aquí estamos”.
La mujer yaqui es muy importante por la transmisión de la lengua y tradiciones ancestrales, la etnia las ve como reservas de saberes, desde históricos a medicinales, y de fortaleza. En entrevista en 2017, anterior a su asesinato, la antropóloga y etnohistoriadora Raquel Padilla Ramos aseguró que la pérdida de las tradiciones y la lengua jiaki está relacionado con que las mujeres ya no realizan su vida comunitaria pues también salen a trabajar a las maquiladoras y esto ha afectado la vida familiar y social adentro de los pueblos.
Guadalupe narra cómo su abuela, mujer yaqui, le enseñó la lengua, a defenderse e incluso a disparar un arma cuando era niño.
En el huerto agroecológico de Loma de Bácum hay higos, estafiate, barciata, guacamote, chicura, citavaro, agave bacanora, sahuaros. La mayoría de plantas medicinales han sido sembradas por mujeres. Consiguieron celdas solares para realizar un riego por aspersor. Siembran por temporada las hortalizas como repollo, lechuga, y la base de todo es el frijol, maíz, calabaza.
“Así dice el Juramento Yaqui, y eso es para todos los yoremes, todos los yoremes que han nacido aquí. Nosotros nacimos aquí, de aquí somos y en base a eso nos regimos, eso lo llevamos a la práctica porque es un deber sagrado de todo yoreme defender su territorio y hacer hasta la última consecuencia, y hasta la última defensa por su vida porque esa prácticamente es nuestra vida, nos quitan la tierra y nos quitan esto”.
En el marco de las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, es necesario que las diferentes plataformas y opciones políticas incluyan en la agenda de discusión los temas de mejora educativa y propuestas para enfrentar la crisis que se enfrenta, pues lamentablemente, aún no vemos propuestas claras al respecto.
Esto lo señaló Sylvia Schmelkes, Vicerrectora Académica de la Universidad Iberoamericana, durante el Foro plural y abierto “Elecciones intermedias 2021. La agenda pendiente en materia educativa”, organizado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), donde agregó que el exceso de centralismo de la agenda educativa por parte del Gobierno Federal ha cerrado las puertas a iniciativas de los gobiernos locales.
Explicó que la actual pandemia exige políticas educativas claras, ya que las actuales no están a la altura de las circunstancias y se está perdiendo la oportunidad de transformar la realidad de nuestro sistema educativo.
“Los pendientes son muchos. Tenemos una nueva reforma al artículo 3 de la Constitución y un marco legislativo que, en primer momento resultó esperanzador. Sin embargo, no hay una política educativa capaz de enfrentar los rezagos y problemas pendientes. La pandemia podría ser una oportunidad para modificar de fondo la política en la materia”, señaló.
En este sentido, puntualizó que nuestro sistema educativo no se está preparando para el regreso a clases cuando las condiciones lo permitan, pues aún hay muchas condiciones como la inequidad, desigualdad, retos en la mejora del aprendizaje, una verdadera profesionalización y autonomía en la práctica docente. “No se están dando los recursos para todo ello y eso es preocupante”, externó.
Finalmente, invitó a seguir creando foros de discusión y confrontación de ideas, pues considera que solo entre la comunidad educativa y magisterial pueden surgir las mejores iniciativas para mejorar la actual situación.
Línea de metro que se desplomó en México con una veintena de muertos era la más nueva, pero también la más controversial
El Gobierno de la Ciudad de México solicitará un peritaje internacional para averiguar las causas del trágico accidente en el metro de la capital mexicana que ha dejado 24 muertos tras desplomarse un puente de la línea 12. La identificación de fallecidos avanza lentamente y el miedo se apodera de los usuarios del servicio tras el accidente.
Sin embargo, la línea 12 ha estado rodeada de polémica desde su inicio. Se finalizó el 30 de octubre de 2012, cuando el actual canciller mexicano, Marcelo Ebrard, era alcalde de la capital, entonces el Distrito Federal. Pero se clausuró en marzo de 2014 por fallas y se reabrió de octubre a noviembre (en varios tramos) en 2015.
Preguntado este martes por la prensa, Ebrard calificó el incidente del más “terrible” padecido en el metro y se solidarizó con las víctimas.
“Yo comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la jefa de Gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió y segundo cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay, de quiénes tengan responsabilidad y que se actué en consecuencia, no importa quién sea”, subrayó.
Recordó que la obra fue “entregada” definitivamente en julio de 2013, tras una “revisión” de siete meses.
“Más allá de esos y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe temer a nada, el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades”, concluyó.
“Dicen que le dan mantenimiento, pero a mí se me hace que no, se me hace que los cinco pesos [24 centavos de dólar] que pagamos [por viaje] se los roban”, dice una indignada mujer en la estación Candelaria, cerca del centro histórico.
La línea dorada del Metro
El diario El Informador de Guadalajara recuerda que la línea 12 del metro fue inaugurada con bombos y platillos el 30 de octubre de 2012, cuando Marcelo Ebrard, actual canciller del país, ocupaba el cargo de gobernador de Ciudad de México y Felipe Calderón la presidencia del país.
Se presentó como la “línea dorada”, la línea del bicentenario que ampliaría la cobertura de uno de los metros más transitados del mundo con alrededor de seis millones de pasajeros diarios.
La construcción de esta línea comprende 23 kilómetros en la zona sur de la capital donde cada día transporta a alrededor de 400.000 personas.
Originalmente, el costo de inversión iba a ser de 17.500 millones de pesos (US$1.750 millones según la tasa de cambio entonces), pero acabó costando $2.600 millones de dólares.
Apenas año y medio después de inauguración, la línea tuvo que cerrar 11 de 20 estaciones para corregir múltiples fallos de fabricación, porque había kilómetros donde se habían detectado “desgastes ondulatorios en la vía”, así como “fallas sistémicas que va en demérito de la prestación del servicio y que obliga a hacer una disminución progresiva de la velocidad”.
En 2017, el fuerte terremoto que remeció la capital mexicana también fracturó parte de la estructura del sistema de transporte mexicano, que aunque se repararon hoy demostraron que se requería arreglos constantes.
Desplome del metro
El accidente ocurrió sobre las 22.20 horas locales (03.20 GMT del martes) entre las estaciones de Olivos y Tezonco.
En un video de las cámaras del sistema de vigilancia del Gobierno de la Ciudad de México se observa cómo la estructura elevada se rompe al paso del tren, que se desploma desde una altura de unos 20 metros, y dos vagones del convoy quedan en “V” e impactados con el piso.
“Informamos también que la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició en la noche de ayer, pero además estamos buscando una empresa internacional con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico externo y poder llegar a las causas de este lamentable incidente”, declaró la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum.
En la conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que hasta el momento la cifra es de 23 muertos y 79 hospitalizados, el mismo dato que se dio a conocer hace unas horas.
De los 23 fallecidos, dos perdieron la vida en hospitales.
Cuatro de los fallecidos todavía siguen dentro del tren desplomado por las dificultades de rescatar los cadáveres.
De entre los hospitalizados, hay 19 mujeres y 60 hombres. Tres son menores de edad y tres adultos mayores. (I)
Fuente de la Información: https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/linea-de-metro-que-se-desplomo-en-mexico-con-una-veintena-de-muertos-era-la-mas-nueva-pero-tambien-la-mas-controversial-nota/
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Foto: Aracelia Rodríguez
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