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EEUU: Los reclamos de la juventud

EEUU/ 27 de febrero de 2018/Por Eduardo A. Lugo Hernández/Fuente: https://www.elnuevodia.com

Araíz del incidente de violencia ocurrido el 14 de febrero en una escuela en Estados Unidos, jóvenes en este país han tomado las calles para exigir al gobierno legislación que reforme el acceso a las armas de fuego, entre otras cosas.

La movilización de la juventud ha causado diversas reacciones que eran de esperarse. Mientras algunos sectores admiran a estos jóvenes por su capacidad de organización y sus acciones ciudadanas, otro sector los critica e intenta restar legitimidad a sus esfuerzos.

Para aquellos que hemos trabajado con jóvenes, intentando fomentar su involucramiento ciudadano, esta última reacción no nos sorprende. Esto es porque nosotros los adultos tenemos creencias basadas en nuestra cultura y en nuestra experiencia que son contradictorias y a veces hasta opresivas en relación a la juventud.

Por un lado, durante la niñez y gran parte de la adolescencia los adultos pensamos que el ámbito político no es un espacio apropiado para esta población. Las razones ofrecidas varían. Algunos apuntan a la inexperiencia de los jóvenes para lidiar con temas tan complejos como la pobreza, la desigualdad, las reformas educativas y la violencia. Otros exponen que la niñez y la adolescencia deberían ser etapas libres de estas preocupaciones. El énfasis, según algunos, debe ser en estudiar y pasarla bien. Para preocuparse está la adultez.

La ironía de esto es que cuando estos jóvenes llegan a los dieciocho años, son estos mismos adultos los que los critican por no estar activos a nivel político. Los discursos de que la juventud está perdida, de que el día de las elecciones prefieren ir a la playa que ir a votar y que no están informados acerca de las situaciones del país son la orden del día. Aparentemente los adultos pensamos que a los dieciocho años se activa un interruptor en el cerebro de nuestros jóvenes para que de sopetón les interese algo que toda la vida la hemos dicho no les compete.

Ahora bien, si se activan, si participan también los juzgamos. Los llamamos irresponsables y vagos. Insinuamos que los manipulan, porque imagínese, los jóvenes no tienen criterio propio para poder analizar las cosas que los afectan ni para generar acciones ciudadanas para exigir sus derechos. Insinuamos que son muy susceptibles a las opiniones de otros. Claro, porque los adultos no nos dejamos influir por la opinión de los candidatos de nuestros partidos de preferencia o por nuestros líderes religiosos, sin evaluar sus posturas de manera crítica. Puerto Rico no es la excepción. Estudie las acciones ciudadanas de jóvenes en nuestro país y verá un cúmulo de reacciones en la prensa dirigidas a deslegitimizar sus movimientos.

Es hora de entender que esta visión es una costosa, no solo para los jóvenes, sino para la sociedad en general. Una democracia fortalecida y participativa necesita de ciudadanos activos que analicen posturas, que se involucren en acciones políticas y que exijan a sus líderes legislación e iniciativas dirigidas al bien común. La participación ciudadana de jóvenes tiene además un impacto positivo en la autoestima de los jóvenes, su sentido de autoeficacia y empoderamiento, sus destrezas de análisis crítico y su desempeño académico. La política pública también se ve afectada de manera positiva, ya que el integrar la perspectiva de los jóvenes, las iniciativas son más completas y tienen el apoyo de este sector.

Para lograr esto, las organizaciones y agencias que trabajan con niños/as y jóvenes deben generar procesos de mentoría y acompañamiento con estas poblaciones para modelar conductas de participación ciudadana. Por ejemplo, la estructura de nuestras escuelas debe fomentar procesos participativos dónde los jóvenes tengan voz y voto en asuntos medulares del funcionamiento de la escuela. Los padres pueden envolver a sus hijos/as en iniciativas para atender las necesidades de personas sin hogar y otras comunidades desventajadas. Este involucramiento debe venir acompañado de conversaciones que brinden información a los jóvenes acerca de problemas sociales como la pobreza y que fomenten el pensamiento crítico de la juventud; no la conformidad a nuestras visiones de adultos. No se usted, pero yo no quiero un clon de mí mismo, sino un ser pensante que sepa tomar decisiones basadas en la mejor evidencia.

El envolvimiento de nuestros jóvenes no debe ser recibido con resistencia. Si le incomoda su participación pregúntese por qué; no sea que usted esté reproduciendo las dinámicas sociales que perpetúan la opresión de este sector. Fomentar la acción ciudadana de nuestros jóvenes es un ejercicio de quebrar dinámicas de poder entre adultos y ellos/as. El país necesita esta nueva mirada. La necesita ahora. No, Puerto Rico no tiene un Parkland o un Sandy Hook, pero tiene altos niveles de otros tipos de violencia. Además, Puerto Rico tiene una Junta de Control Fiscal y una legislatura, que discuten medidas que afectarán el presente y futuro de nuestras niñez y juventud. En todo este proceso los jóvenes necesitan adultos aliados, pero también requieren tener voz y espacios de acción ciudadana para abogar por su bienestar.

Fuente de la Noticia:

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/losreclamosdelajuventud-columna-2401519/

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México: Franquicias educativas de mercado infantil registran crecimientos de doble dígito

México/ 27 de febrero de 2018/Por: Notimex/ Fuente: https://www.eleconomista.com.mx

Las franquicias especializadas en temas de educación y emprendimiento prevén expansión de sus unidades de negocio este año, derivadas del mayor interés de padres de familia en la preparación de sus hijos.

Las franquicias Kumon y Businesskids, especializadas en temas de educación y emprendimiento dirigidas principalmente al mercado infantil, prevén crecimientos de doble dígito en la expansión de sus unidades de negocio este año, derivadas del mayor interés de padres de familia en la preparación de sus hijos.

Alejandro Pérez Granados, gerente Académico de Kumon, franquicia ubicada en el lugar 16 de las mas exitosas a nivel mundial de acuerdo con el ranking Franchise Direct, anunció que esperan crecer en mas de 30 nuevas franquicias en todo el territorio nacional.

Y es que, cada vez son más los padres de familia interesados en la preparación de sus hijos y también en la adquisición de esta marca que cumple 60 años de vida, destacó el directivo en entrevista.

Dijo que Kumon no solo es una de las marcas más exitosas a nivel mundial, sino que el modelo de negocio es exitoso y  en México se están registrando crecimientos de doble dígito.

Por su parte, Businesskids espera abrir este año 20 centros de emprendimiento infantil  en el país, y seis más en el extranjero, adelantó María del Carmen Cabrera, directora y fundadora de la compañía.

Resaltó que dichas sucursales se suman a los 71 centros de emprendimiento que tiene la marca en México, Estados Unidos, España, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia y Panamá. Aunado a ello, tiene más de 35 solicitudes de franquicia en Asia, Latinoamérica y Estados Unidos.

México es líder mundial en emprendimiento infantil, pues se trata de una franquicia pionera a nivel internacional en su ramo, que surgió en 2009 en México, en 2013 se convirtió en franquicia y actualmente tiene operaciones en ocho países, destacó Cabrera.

“El objetivo de la compañía es descubrir la vocación de los niños y la idea de emprender un negocio con valores, a fin de formar líderes que influyan positivamente en los cambios que el país necesita” explicó.

Aprendizaje de negocios, desarrollo personal, educación financiera y consciencia social son los cuatro pilares con los que trabaja la empresa y que le han permitido que más de 60 mil niños tengan un emprendimiento a corta edad, resaltó.

Kumon y Businesskids participarán en la Feria Internacional de Franquicias (FIF 2018) que se celebrará en la Ciudad de México, del 1 al 3 de marzo próximos.

Fuente de la Noticia:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Franquicias-educativas-de-mercado-infantil-registran-crecimientos-de-doble-digito-20180225-0036.html

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El reglamento a normales: ¿más es menos?

Por: Abelardo Carro Nava

En días pasados, quienes nos encontramos insertos en el subsistema normalista y nos preocupamos y ocupamos por lo que ocurre en este y en otros espacios, nos enteramos que en el Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, el Dr. Tuirán, Inauguró el I Taller Regional correspondiente a la Zona Centro, sobre la elaboración de normas para el Ingreso, Promoción y Otorgamiento de Estímulos (RIPE) del personal académico en las escuelas normales.

A dicho evento fueron convocadas, autoridades de las escuelas normales de la CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, con el fin – a decir del propio Subsecretario – de fortalecer a esas instituciones y transformarlas para que éstas sean capaces de encarar los desafíos del siglo XXI. Interesante cuestión fue ésta – pensé por un momento –, porque si mi memoria no me falla tal reglamento, se ha venido trabajando de unos meses para acá en diversas sedes, con “representantes” de las instituciones formadoras de docentes de “todo” el país pero, también, en un “grupo especial” (Notimex 13/07/2017) conformado por integrantes del SNTE, y otros actores o agentes “educativos” que bien a bien no sé qué hicieron en ese embrollo pero de que participaron, participaron en la encomienda que en ese entonces les confirió Nuño.

Lo anterior ¿qué significa? Es decir, el que ya se haya venido trabajando el reglamento que refiero; sencillo, que no hay mucho de nuevo en la noticia ni en los foros que el Subsecretario ha comenzado a trabajar en todo el país. ¿Qué beneficio o aportación pueden traer estas “reuniones” si ya existe un “esquema normativo” en el que se observan, entre otras cuestiones, una modificación reglamentaria que bien a bien no se entiende, sobre todo, porque en tales reglas, las formas de ingreso, promoción y estímulos, se contemplan a partir de la integración de ciertas comisiones dictaminadoras que, también, bien a bien no se entienden por su “disparidad” e incongruencia con lo que sucede en las normales?. Pongo un ejemplo para el ingreso: ¿cómo y a partir de qué criterios se evaluará la “vocación” del aspirante que desee concursar por una plaza dentro del subsistema de educación normal?, ¿será a través de un examen?… ¿la vocación se valora a través de un examen?

Ahora bien, a partir de estas reuniones y/o talleres, ¿se podrán hacer modificaciones al reglamento que ya ha sido construido, con propuestas que surjan, no de las autoridades educativas y de los diálogos de éstos con ciertos “representantes” de la normales, sino de los docentes adscritos a todo el subsistema que, al fin y al cabo, son los que padecen los procesos de ingreso, promoción y estímulo referidos? En este sentido, les invito a leer mi postura sobre los estímulos que existen en las normales y que publiqué en este mismo espacio hace unas semanas, y cuyo título les dará una idea de lo que éste refiere: la manzana de la discordia en normales.

Pero volviendo al tema que me ocupa, pregunto nuevamente, ¿se podrán hacer modificaciones al reglamento que se ha construido y que ya ha sido ventilado en los foros que ha encabezado el Subsecretario. Y es que mire usted, la conformación de una Comisión Dictaminadora por dos académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, la Academia Mexicana de Ciencia u otros organismos de prestigio equivalente, nombrados por la DGESPE; dos académicos adscritos a la EN en donde se genere la vacante, designados por el sindicato titular; un miembro del IPES a invitación de la SES; entre otros más, hace pensar muchas cosas, por ejemplo: ¿qué es lo que se pretende con este reglamento y con la Comisión Dictaminadora que refiero? ¿qué los SNI avalen la preparación y/o trayectoria académica de los aspirantes y candidatos a promoción y los del sindicato velen por los derechos laborales de los trabajadores? Menuda situación sería ésta que ya quiero ver en acción; pero aún hay más: ¿por qué la DGESPE es la única instancia que designará a los SNI?, ¿y los estados qué papel juegan en todo ello?, ¿qué autonomía e imparcialidad podrán tener las comisiones dictaminadores si habrá de “dulce, chile y mantequilla” en su conformación?, ¿en verdad los integrantes del SNTE avalarán imparcialmente las evaluaciones realizadas a los aspirantes y candidatos a promociones?, ¿de qué manera se asegurará que haya transparencia en los procesos si en muchas Secretarías de Educación o, en el propio SNTE, se encuentra adscrito personal que debería estar laborando en las escuelas normales pero realiza un trabajo administrativo y/o político? Habría que recomendarle a alguien, el documento que hace unos días Verónica Medrano difundió, “La educación normal en México. Elementos para su análisis”, o bien, lo que Graciela Cordero ha venido investigando desde hace un tiempo; esto, con el propósito de que tenga un panorama más amplio de lo que ocurre en las normales, consecuencia de los que han dejado de hacer o hicieron incorrectamente ciertos agentes educativos. Pongo un ejemplo: ¿por qué cuando Marcela Santillán (ex directora de la DGESPE) propuso la modificación del reglamento de normales no se avanzó como debió avanzarse?, ¿quién o quiénes fueron los responsables de que se detuviera tal hecho?

Ahora bien, habría que recordar que ese “intento” por realizar una modificación al reglamento normalista se dio durante la gestión del mismo Subsecretario Tuirán. ¿No habría que cuestionarle al Subsecretario, hoy que regresó a la Subsecretaría de Educación Superior, qué fue lo que pasó en ese entonces para que esa propuesta no prosperara? En fin.

Ojalá que el mismo taller se inauguré con todos los maestros normalistas. Sería muy interesante conocer su punto de vista y los procesos que se viven en un medio tan heterogéneo como lo es el normalismo mexicano.

Bien se dice que la forma es el fondo y, en este caso, el fondo no parece ser muy claro, y la forma, mucho menos.

Tiempo al tiempo.

Fuente del Artículo:

El reglamento a normales: ¿más es menos?

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México: Reforma Educativa, un fracaso; ni mejor educación, ni mejores escuelas, tampoco mejora docente: ASF

México/ 27 de febrero de 2018/Por: Animal Político/Fuente: http://www.nvinoticias.com

Así lo concluye la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las revisiones de desempeño incluidas en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 presentada este lunes 20 de febrero. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió este jueves un comunicado donde recibe los señalamientos, recomendaciones y observaciones de la ASF y plantea su compromiso para mejorar “aquellas gestiones, procesos o definiciones destacados por el órgano superior de fiscalización”.

Cinco años de trabajo y pocos resultados

El exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, fue el encargado de operar la Reforma Educativa, luego de su aprobación en 2013, pero abandonó el cargo en 2017 sin haber concretado las promesas de elevar la calidad de la educación en el país.

En diversos discursos reiteraba que la reforma permitiría que los estudiantes mexicanos recibieran una educación de calidad, que tendrían infraestructura digna y que los maestros serían profesionalizados. Incluso, como coordinador de campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, ha descalificado la intención del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, de echar atrás la reforma.

Sin embargo, la Auditoría concluye que la Reforma Educativa no ha tenido resultados que mejoren la calidad educativa, ya que la mayoría de los estudiantes de nivel básico se encuentra en el nivel más bajo de logro educativo (56.7% en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura), según las evaluaciones más recientes.

Otra promesa fue mejorar la infraestructura de las escuelas de educación básica, pero ni siquiera se realizó un diagnóstico nacional sobre su estado físico y funcional y tampoco hubo planeación financiera estratégica de corto y mediano plazos, que permitiera garantizar la suficiencia y oportunidad de los recursos.

 

Por ello, la Auditoría recomienda que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) se consolide como la figura rectora de la política, para “articular y coordinar, interinstitucional e intergubernamentalmente, las estrategias de regulación, planeación, supervisión y evaluación”.

Aunque se calculó una inversión de 54 mil millones de pesos para las escuelas, “la política de infraestructura y equipamiento no ha logrado asegurar que las escuelas cumplan con las condiciones físicas adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos”, concluye la auditoría.

Respecto a la formación docente en los niveles básico y medio superior, en 2016 únicamente se capacitó al 4.8% del universo de un millón 45 figuras educativas del nivel básico y al 13.5% de las 417 mil figuras del medio superior, como parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

Además, “la oferta académica no tomó en cuenta las necesidades de formación del personal educativo”, advierte la ASF en la auditoría de desempeño al Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica. http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2016_0153_a.pdf

Aunque en 2016, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación elaboró la versión preliminar del Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020, “no se dispuso de una metodología para articular y analizar, de forma integral, las evaluaciones de los componentes del Sistema Educativo Nacional”.

Desde la discusión de la reforma, la disidencia magisterial –en medio de protestas por parte del magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)– acusó que se trataba de una reforma laboral y no educativa, toda vez que el cambio fundamental se concentraba en las medidas “punitivas” contra los profesores. Por primera vez los maestros que no aprobaran las evaluaciones perderían su plaza y quien faltara en tres ocasiones consecutivas sin justificación podría ser despedido.

 

El discurso oficial, en cambio, afirmaba que dichas medidas repercutirían en mejorar la calidad educativa. Pero sobre la currícula, los cambios ni siquiera fueron inmediatos. Hasta 2017 se concretó la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en la que se establecieron las directrices para elaborar los programas de estudio del nivel básico, pero entraron en vigor en el ciclo escolar 2017-2018 y su efecto aún no se podría medir.

SEP plantea postura

Respecto a los hallazgos sobre el desempeño de la Reforma Educativa, la SEP desglosa una serie de argumentos que explican el por qué de la falta de objetivos.

A continuación parte de los planteamientos que presentaron en el documento.

En materia de calidad de la educación: En relación con la medición del impacto que la reforma educativa está teniendo con respecto a sus objetivos, la SEP destaca que el debate académico internacional sobre cómo se define y cómo debe medirse la calidad educativa, continúa abierto. La SEP coincide con aproximaciones recientes a la discusión sobre la calidad educativa en las que la misma se concentra en dos grupos de factores:

a) los resultados educativos, usualmente con exámenes estandarizados, y

b) la disponibilidad de insumos, usualmente entre las escuelas y alumnos.

Sin embargo, la SEP se apega a la definición de calidad emitida por el INEE en 2014, en la cual se considera que el concepto calidad es relativo y dinámico, el cual no es un estado al que se arriba sino una tendencia en marcha, es decir, “un sistema que se mejora siempre respecto a sí mismo”.

Por esta razón es que la medición de la calidad resulta compleja.

Sobre los períodos de tiempo para evaluar resultados: Existen pocos estudios y por lo tanto hay un conocimiento limitado sobre la economía política de las reformas educativas. No es posible concluir un término preciso para esperar resultados de una reforma. Lo que sí puede afirmarse sin embargo es que los resultados dependen normalmente del tipo de reforma a implementar.

Los resultados de las reformas sistémicas o de segunda generación, como la que se realiza en México, que aspiran a mejorar la calidad (expresada en el desempeño académico de los alumnos, usualmente medido con pruebas estandarizadas) serán variables, dependiendo del conjunto y tipo de intervenciones que se incluyan.

De hecho, el propio informe de la ASF reconoce que los avances de la reforma educativa solo podrán medirse a partir del inicio del nuevo modelo educativo, que entrará en vigor en los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020.

A pesar de estas dificultades, la SEP considera que ya se pueden medir algunos componentes de la reforma como el desarrollo del Servicio Profesional Docente, particularmente en materia de evaluación y de formación continua. Argumenta que entre el segundo semestre de 2014 y diciembre de 2017 han participado, en las evaluaciones, un millón 241 mil docentes, con una proyección de un millón 789 mil a finales de este año.

En el aspecto de formación continua, en 2017, la SEP capacitó a 626 mil 637 docentes en la educación básica, en las tres líneas de intervención del Nuevo Modelo Educativo, cifra que supera las estimaciones. Respecto a los docentes de educación media superior, se capacitaron a otros 56,573 maestros.

 

También resaltan el nuevo mecanismo de asignación de plazas derivado de los concursos de ingreso y promoción públicos y abiertos, que ha permitido que los docentes ingresen con base en transparencia y esfuerzo. De esta forma, se han asignado 187 mil 198 plazas y ascensos por concurso.

En tanto al Nuevo Modelo Educativo, el primero de sus 5 ejes, relacionado con los Aprendizajes Clave para la Educación Integral, entrará en vigor en su primera fase con la puesta en marcha del nuevo plan y programas de estudio y de los nuevos libros de texto en el ciclo escolar 2018-2019 para todos los grados de preescolar; 1º y 2º de primaria, y 1º de secundaria. Mientras que en el ciclo escolar 2019-2020 corresponderá del 3º a 6º de primaria y 2º y 3º de secundaria.

Finalmente, la SEP reitera que la reforma educativa debe tener trascendencia y continuidad, y seguirse instrumentando con más eficacia, con más consistencia, con más disciplina y con más tenacidad, porque únicamente va en beneficio de los niños, de los maestros, y en ese sentido de todos los bienes públicos que una buena educación arroja para el bienestar integral de un país.

Fuente de la Noticia:

http://www.nvinoticias.com/nota/85627/reforma-educativa-un-fracaso-ni-mejor-educacion-ni-mejores-escuelas-tampoco-mejora

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Can Virtual Reality Open STEM Education And Jobs To More People?

By: Sasha Banks-Louie Oracle

Employers need to fill 1.6 million jobs in the US that require backgrounds in science, technology, engineering, and math by 2021, according to a 2016 study by the US Department of Education. That demand is spurring new approaches to STEM education that are designed to appeal to more, and a greater diversity, of students.

“Science educators know we need to stop teaching facts and figures from textbooks and start showing students how to apply the fundamental concepts of scientific methods to real-world problems,” says Dr. Becky Sage, CEO of Interactive Scientific, a UK-based education technology firm.

Interactive Scientific, part of the Oracle Startup Cloud Accelerator program in Bristol, has developed scientific simulation software, called Nano Simbox, which students are using to observe how atoms and molecules interact. Researchers are also using this technology to explore new theories, product designs, and drugs.

Employing tablets, virtual reality headsets and controllers, students can visualize atoms, observe how they behave in different combinations, and manipulate them for testing.

Dominique Skinner, a chemistry student at Queen Mary University of London studying biochemistry, used Nano Simbox technology and research to combine atoms and create digital models of the molecules for a plant-based line of cosmetics.

“I wanted to put science next to veganism, and veganism next to cosmetics,” Skinner says. “Nano Simbox allowed me to see how skin would react to molecules from animal proteins and synthetic chemicals that were harsh on the skin versus plant-based molecules that benefited the skin.”

New Approach to Learning

Interactive Scientific has begun experimenting with artificial intelligence to understand how students learn, and how applying machine-learning algorithms could guide their progress.

“Whilst our machine learning work is in its infancy we have already designed the software to help students understand complex, scientific concepts in a way that’s unique to their individual learning styles and encourages them to challenge their own thinking by exploring alternative ideas,” says Sage.

Traditional teaching approaches using textbooks and standardized testing tend to be less flexible, both in the pace at which students progress and how their understanding is tracked and measured.

Nano Simbox’s simulation software runs on Oracle Infrastructure as a Service, making it possible “to scale this really complex science,” says Interactive Scientific founder Dr. David Glowacki.

“We needed a system to help us monitor, log, and report on scalability in real-time,” says Glowacki, who’s also a Royal Society research fellow at the University of Bristol and visiting scholar with Stanford University’s chemistry and mechanical engineering departments.

Creating Opportunities

Traditional methods of teaching STEM can be a deterrent to some students. Females, minorities, and students from lower-income families are underrepresented in STEM education and related professions. According to the Department of Education study, that makes it harder to narrow education and poverty gaps, meet the demands of a tech-driven economy, and maintain US leadership in scientific research and innovation.

“Our goal is to open up lifelong science learning to everybody, whether you’re in grades K-12, studying at a university, or in a non-traditional learning environment,” says Sage. “And our hope for the future workforce is that inclusivity will be valued so anyone will be able to thrive in their working environment.”

Source:

https://www.forbes.com/sites/oracle/2018/02/20/can-virtual-reality-open-stem-education-and-jobs-to-more-people/#78f87b508874

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EEUU: A group of Texas lawmakers wants to fix higher education funding — but it won’t be easy

EEUU/February 27, 2018/By: Shannon Najmabadi/ Source: http://www.oaoa.com

After lawmakers last year failed to overhaul how the state funds its public colleges and universities, a special committee on Wednesday will begin a new attempt to review the complicated higher education finance system in Texas.

Complaints have crescendoed about eroding government support for higher education. But at stake in the coming months is not how much money Texas pumps into its colleges and universities. It’s whether the state’s method of disbursing nearly $3 billion per year to those schools through formulas and direct appropriations is due for a comprehensive makeover.

«The way we fund higher education in Texas is overdue for a close, detailed look and consideration of substantial changes,» said state Sen. Kelly Hancock, R-North Richland Hills, one of the committee’s co-chairs.

The Joint Committee on Higher Education Formula Funding was convened out of a compromise at the end of the 2017 legislative session, following an unsuccessful bid by Senate leadership to overhaul the higher education finance system entirely. The Senate’s efforts panicked college leaders and were rejected by powerful members of the House, who have generally called for modifications to be made in lieu of wholesale changes.

Stymied, lawmakers agreed to preserve the current system for the next biennium but directed an interim committee to study it and issue recommendations by April 2018.

The committee is made up of five representatives tapped by Republican House Speaker Joe Straus and five senators appointed by Republican Lt. Gov. Dan Patrick – none of whom serve on the upper chamber’s higher education committee. Though the panel has leeway to reshape the system, they’d have to overcome numerous political hurdles — and inertia — to do so. It’s unknown who will take the helm of the House in 2019 — Straus is not running for re-election — and the competing interests of legislators and schools make consensus difficult.

“I’m not sure that overhauling higher education finance is something that can be done with two meetings in February and a report due in April,” said state Rep. Donna Howard, D-Austin, one of the committee members. “However, I am hopeful that a focused discussion of how higher education financing methods have impacted institutional behavior will reveal some insights before next session.”

Special items

There are two main components to the state’s current method of funding higher-education: “special items” earmarked for specific projects and a per-credit allocation disbursed using a formula.

The “special items” are funds allocated outside the normal formulas to give schools cash infusions to start up new programs or pay for initiatives not always within their academic mission. But state Rep. Trent Ashby, R-Lufkin, one of the committee’s co-chairs, said they’d caused “some heartburn for members,” and they’re set to be the focus of a separate hearing later this month.

In the previous biennium, the 362 special items ranged in cost from a $31,500 research initiative at Sul Ross State University to a $61,397,900 allocation for the University of Texas Rio Grande Valley’s School of Medicine. Some schools receive what amounts to a supplement through the “special items” allocation process that they use to hire more professors and staff.

But the “special items” funding stream has drawn ire from lawmakers who say it’s grown too large and is duplicative of the per-student allotment. Critics have also argued that the items are distributed unevenly among universities and that state budget writers usually don’t go back and evaluate whether they should be kept in subsequent budgets.

“Special items were intended to support research, startup costs and other initiatives, not to remain as never-ending line items in the state budget,” Sen. Jane Nelson, R-Flower Mound, the Senate’s lead budget writer, said last year.

Last session, some senators tried to zero out the $1.1 billion in funding meant for “special items” — offering to mitigate the effects of the cut with a $700 million infusion to the per-credit pot. The move agitated university leaders, who protested that “special items” frequently pay for entire programs or medical schools. “The sky really is going to fall if you pass this bill,” Texas A&M University System Chancellor John Sharp said at the time.

Some universities argue that money removed from the «special items» stream could not be easily replaced. Even if the items were eliminated and the money were reallocated, it would be diffused into the per-credit stream, critics say. That might mean some important projects designated to receive specific money — like the McDonald Observatory in the University of Texas at Austin budget — might be harmed financially.

Formula funding

The per-credit funding mechanism has critics, too, but is less frequently in lawmakers’ crosshairs. Much of it is calculated using a formula that largely hinges on how many students an institution has and what discipline those students are studying. Data from the Texas Higher Education Coordinating Board shows engineering students cost more to educate than their liberal arts peers — and so the formula gives a greater weight to engineering when calculating how much money universities should be paid.

(Schools also receive funding for infrastructure costs through this stream, but using a different formula based on square feet and utility rates.)

Detractors argue the formulas aren’t a good proxy for what universities’ costs are and don’t accurately account for part-time or other nontraditional students. Colleges with rapidly swelling student populations also complain of budgetary shortfalls, since the per-student funding is based on past years’ enrollment data.

Ashby said that “in most cases, our formulas are in place for good reason.” But he added he was “hopeful that we can agree on some concepts to promote efficiency and equity at all of our institutions.”

Outcomes-based funding

Though it may prove politically impossible, the committee has license to recommend an overhaul of how higher education in the state is financed. Its charge says lawmakers can consider realigning or eliminating “special items” and improving the per-credit allocation.

Rather than basing it on the number of students in each discipline, lawmakers could tie a school’s funding to how well their students perform. Hancock said the committee should «absolutely see what lessons can be learned from states that successfully implemented outcomes-based funding at four-year institutions,» and the possibility is slated to be discussed during at least one panel Wednesday.

The state’s community and technical colleges already receive their funding through a formula that factors in students’ performance. At Texas State Technical College System — appropriations for which have been tied to graduates’ earnings for the past few years — the switch has “worked in a big way,” said Chancellor Mike Reeser.

What happened, Reeser said, is administrators’ “obsession” with maximizing class-time was «replaced with an obsession with making sure kids got jobs and making sure they got the training they needed to get good salaries.” Graduation rates there increased 42 percent over a six-year period, and graduates’ salaries went up 83 percent.

“Our mission is to create a skilled workforce, so using student employment outcomes was a very natural thing to do,” Reeser said — but he added that institutions with broader goals, like four-year universities, would need to be evaluated using different metrics.

Ashby similarly said the outcomes-oriented model has been “critical to driving completion and promoting skilled degrees” there but that the “mission of a larger flagship university or a four-year regional institution is much different.”

As an alternative to replacing the formula based on headcount with one based on students’ performance, some university officials say lawmakers could add a sort of outcomes-based supplement — a bonus for schools where students perform well.

«Having some type of performance funding tied to each institution’s mission, in addition to a consistent and stable model for funding would benefit Texas students and our economy,» said UT-Arlington President Vistasp Karbhari.

Source:

http://www.oaoa.com/news/education/article_07feb4fb-56c2-5212-b21d-5a8e846b05bc.html

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Schools as Punishing Factories: The Handcuffing of Public Education

By: Dr. Henry Giroux

The Nobel Prize-winning author Ngugi wa Thiong’o has insisted rightfully that «Children are the future of any society,» adding, «If you want to maim the future of any society, you simply maim the children.» (1)

As we move into the second Gilded Age, young people are viewed more as a threat than as a social investment.

If one important measure of a democracy is how a society treats its children – especially children of color, poor and working-class youth, and those with disabilities – there can be little doubt that the United States is failing. Half of all public school children live in near poverty, 16 million children receive food stamps and 90 percent of Black children will be on food stamps at some point during childhood. (2) Moreover, too many children are either incarcerated or homeless.

The National Center on Family Homelessness reports that «One in 45 children experience homelessness in America each year. That’s over 1.6 million children. [Moreover] while homeless, they experience high rates of acute and chronic health problems. The constant barrage of stressful and traumatic experience also has profound effects on their development and ability to learn.» (3) Sadly, these statistics rarely scratch the surface of the dire and deep-seated problems facing many young people in the richest country in the world, a state of affairs that provokes too little public outrage.

Teachable Moment or Criminal Offense?

Every age has its approach to identifying and handling problems. As we move into the second Gilded Age, young people are viewed more as a threat than as a social investment. Instead of being viewed as at-risk in a society that has defaulted on its obligations to young people, youth today are viewed as the risk itself. Instead of recognizing the social problems and troubles they face – ranging from poverty to punishing schools – our society sees youth as spoiled or threatening. (4) One consequence is that their behaviors are increasingly criminalized in the streets, malls, schools and many other places once considered safe spaces for them. As compassion and social responsibility give way to punishment and fear as the most important modalities mediating the relationship of youth to the larger social order, schools resort more and more to zero-tolerance policies and other punitive practices. Such practices often result in the handing over of disciplinary problems to the police rather than to educational personnel.

Children are being punished instead of educated in US schools.

With the growing presence of police, surveillance technologies and security guards in schools, more and more of what kids do, how they act, how they dress and what they say are defined as a criminal offense, regardless of how trivial the offense may be – in some cases just doodling on a desk or violating a dress code. Such behaviors, which teachers and administrators use to regulate through everyday means, are now treated as infractions within the purview of the police. Consequently, suspensions, expulsions, arrests and jail time have become routine for poor youth of color. Even more shocking is the rise of zero-tolerance policies to punish Black students and students with disabilities. (5) Instead of recognizing the need to provide services for students with special needs, there is a dangerous trend on the part of school systems to adopt policies «that end in seclusion, restraint, expulsion, and – too often – law enforcement intervention for the disabled children involved.» (6) Sadly, this is but a small sampling of the ways in which children are being punished instead of educated in US schools, especially inner-city schools. Rather than treating school infractions as part of the professional responsibilities of teachers and administrators, schools are criminalizing such behaviors and calling the police. What might have become a teachable moment becomes a criminal offense. (7)

Since the 1990s, the US public has been swamped by the fear of an alleged rise in teenage crime and what was called a superpredator crisis. This crisis was largely popularized by John J. DiIulio Jr., then a political scientist at Princeton University, who argued without irony «that hordes of depraved teenagers [were about to resort] to unspeakable brutality, not tethered by conscience.» (8) Politicians, intellectuals and news organizations were convinced that young people posed a dire threat to the US public and not only reveled «on these sensational predictions [but also] ran with them like a punt returner finding daylight.» (9) While such chaos proved to be nonsense, the theses spawned a plethora of disciplinary practices in schools, such as zero-tolerance policies, which have turned them into institutions that resemble prisons with students being subjected to harsh disciplinary practices, particularly poor black children and children suffering from mental health problems, such as ADHD.

Policing Students in Classrooms and on Playgrounds

These harsh practices have been inflicted disproportionately on poor Black children and children suffering from mental health problems such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). This was on full display as social media lit up with a video that disclosed an 8-year-old boy in the third grade in an elementary school classroom in Covington, Kentucky, screaming in pain because he was being handcuffed with his arms placed behind his back. (10) Standing beside the child is police officer, Deputy Sheriff Kevin Sumner, who issues the chilling message, «You either behave the way you are supposed to or you suffer the consequences.» The child, it was later revealed, suffers from a learning disability. According to the Guardian’s Ed Pilkington, «Charles Korzenborn, the sheriff in Covington, Kentucky … defended the officer … claiming that the police officer, Kevin Sumner, had done absolutely nothing wrong. The sheriff said his deputy had done ‘what he is sworn to do and in conformity with all constitutional and law enforcement standards…. I steadfastly stand behind Deputy Sumner who responded to the school’s request for help. Deputy Sumner is a highly respected and skilled law enforcement deputy, and is an asset to the community and those he serves.'» (11) Allegedly, Sumner was responding to the school’s call to diffuse «a threat.» It is hard to imagine what kind of threat a 3.5-foot tall 8-year-old elementary school child posed to either the school or to the police. At work here is not only a kind of bizarre rationality in which one becomes an asset to the community by handcuffing and arresting an 8-year-old boy but also the scourge of a willful ignorance which is the refusal to know or to recognize when an act of violence is being committed against a child.

Schools are considered dangerous because they are public, not because they are failing.

The sheriff’s unhinged defense of Sumner becomes even more apparent in light of the fact that it has been revealed that Sumner had engaged in similar behavior earlier in 2014. At that time, he participated in the handcuffing at John C. Carlisle Elementary School of a 9-year-old girl living with ADHD. At one level, this case reveals why police should not be in public schools in the first place and that the targeting of children by criminalizing their behavior represents the antithesis of how a school should treat its children. It also suggests something about the low regard the public has for public schools and the lives of our nation’s youth, especially poor children of color.

While the image of an 8-year-old boy handcuffed in an elementary school classroom in Covington, Kentucky, has rightfully drawn a great deal of attention on social media and in the mainstream news, it is far from unique. In 2013, a diabetic student in an Alabama high school was arrested and beaten for falling asleep in a classroom. (12) In 2013, Bronx police falsely accused a 7-year-old boy and «put him in handcuffs and held him in custody for ten hours after a playground fight» in which he was falsely accused of stealing $5 from another student. (13) It gets worse. The US Department of Justice filed a lawsuit in November 2012 charging that the Meridian, Mississippi, school district functioned largely as a school-to-prison pipeline, disproportionally focusing on Black youth. According to the Justice Department’s 37-page complaint, the Meridian school district engaged in «years of systemic abuse [which punished] youth ‘so arbitrarily and severely as to shock the conscience.'» (14)

As Julianne Hing reports,

In Meridian, when schools want to discipline children, they do much more than just send them to the principal’s office. They call the police, who show up to arrest children who are as young as 10 years old. Arrests, the Department of Justice says, happen automatically, regardless of whether the police officer knows exactly what kind of offense the child has committed or whether that offense is even worthy of an arrest. The police department’s policy is to arrest all children referred to the agency. Once those children are in the juvenile justice system, they are denied basic constitutional rights. They are handcuffed and incarcerated for days without any hearing and subsequently warehoused without understanding their alleged probation violations. (15)

The Meridian case makes clear what numerous reports have indicated for years: not only that zero-tolerance measures have failed, but also that they have made schools less secure, resulted in criminalizing student behavior and contributed to what has been called the school-to-prison pipeline, especially for poor youth of color. As the American Civil Liberties Union (ACLU) points out, the school-to-prison pipeline is a «disturbing national trend wherein children are funneled out of public schools and into the juvenile and criminal justice systems. Many of these children have learning disabilities or histories of poverty, abuse, or neglect, and would benefit from additional educational and counseling services. Instead, they are isolated, punished, and pushed out.» (16) Putting the police in schools has little to do with improving the learning environment for children and a great deal to do with criminalizing students «for behavior that should be handled inside the school. Students of color are especially vulnerable to push-out trends and the discriminatory application of discipline.» (17)

The war on youth and public schools is part of the larger assault on democracy itself.

The increasing criminalization of students of color, poor students and students with disabilities is taking place in the context of a broader attack on public schools as a whole. Like many institutions that represent the public good, public schools are under attack by market, religious and educational fundamentalists. Schools are considered dangerous because they are public, not because they are failing. State and corporate leaders are seeking to take power out of the hands of public school teachers and administrators because public schools harbor teachers with the potential to engage in pedagogies that are imaginative, empowering, critical and capable of connecting learning with the practice of freedom and the search for justice. The pedagogies of oppression – whether in the form of high-stakes testing, teaching for the test, imposing punitive disciplinary measures or the construction of relations that disempower teachers and empower security guards – are part of a broader attempt to destroy the social state and the institutions that produce the formative culture necessary for a democracy.

Students Are Not Criminals

There are no safe spaces left in the United States. As almost every aspect of society becomes militarized, the imposing apparatuses of the police state become more and more obvious, reckless and dangerous, and include more than the arming of local police forces.

As Chase Mader observes:

Even as simple a matter as getting yourself from point A to point B can quickly become a law enforcement matter as travel and public space are ever more aggressively policed. Waiting for a bus? Such loitering just got three Rochester youths arrested. Driving without a seat belt can easily escalate into an arrest, even if the driver is a state judge. (Notably, all four of these men were black.) If the police think you might be carrying drugs, warrantless body cavity searches at the nearest hospital may be in the offing – you will be sent the bill later. Air travel entails increasingly intimate pat-downs and arbitrary rules that many experts see as nothing more than ‘security theater.’ As for staying at home, it carries its own risks as Harvard professor Henry Louis Gates found out when a Cambridge police officer mistook him for a burglar and hauled him away – a case that is hardly unique. (18)

The rise of the punishing and police state depends on conformity, the squelching of dissent and the closing down of any institution capable of educating the young and old to hold authority accountable. More specifically, pedagogies of oppression are a central tool for dismantling critical learning and dissent and for increasing the power of the punishing state. Under the reign of neoliberalism, all things public are under attack, from schools to health care to public servants. The war on youth and public schools is part of the larger assault on democracy itself. The controlling elite view schools as dangerous to their interests. For the financial elite, right-wing ideologues and billionaires such as the Walton family, the Koch brothers and Bill Gates, public education must be defunded, broken and privatized because it contains the potential to educate young people to question authority and hold it accountable, and produce civically literate and socially engaged students and critically engaged citizens.

Schools are not prisons, teachers are not a security detail and students are not criminals. Schools should model the United States’ investment in children and to do so they need to view young people as a resource rather than as a threat. If public schools are going to improve they have to be appropriately funded. That means, raising corporate taxes, cutting the defense budget, and allocating funds that contribute to the public good. It also means closing down and defunding those financial and military institutions that produce misery and destroy human lives, especially the lives of children. Educators should be given the power, autonomy and resources to be able to work closely with children in order to provide them with the conditions for meaningful learning while providing safe spaces for them to be nourished ethically, intellectually and spiritually. Schools are a public good and should be defined as such. How the United States invests in schools will shape an entire generation of young people. The lesson these youth should not be learning is that they can’t be trusted and should be treated as criminals. That view of schooling is one we associate with totalitarian states, not with a genuine democratic society.

Footnotes:

1. Ngugi wa Thiong’o, Moving the Centre: The Struggle for Cultural Freedom(London: James Currey, 1993), p. 76.

2. Lindsey Tanner, «Half of US Kids Will Get Food Stamps, Study Says,» The Associated Press (November 2, 2009). Online: http://www.huffingtonpost.com/2009/11/02/food-stamps-will-feed-hal_n_342834.html

3. Cited from the website of The National Center on Family Homelessness. Online: http://www.familyhomelessness.org/children.php?p=ts

4. I have taken this issue up in great detail in Henry A. Giroux, Youth in a Suspect Society: Democracy or Disposability (New York: Palgrave, 2009). See also Kenneth Saltman, ed. Kenneth J. Saltman, David A. Gabbard, eds. Education as Enforcement: The Militarization and Corporatization of Schools (New York: Routledge, 2010).

5. Joy Resmovits, «American Schools Are STILL Racist, Government Report Finds,» The Huffington Post (March 21, 2015). Online: http://www.huffingtonpost.com/2014/03/21/schools-discrimination_n_5002954.html

6. s.e. smith, «Police Handcuffing 7-Year-Olds? The Brutality Unleashed on Kids With Disabilities in Our School Systems,» AlterNet (May 22, 2012). Online: http://www.alternet.org/story/155526/police_handcuffing_7-year-olds_the_brutality_unleashed_on_kids_with_disabilities_in_our_school_systems?page=entire

7. Staff, Rethinking Schools, «Stop the School-to-Prison Pipeline» Truthout, (Jan. 15, 2012).

8. Clyde Haberman, «When Youth Violence Spurred ‘Superpredator’ Fear,» The New York Times (April 6, 2014). Online: http://www.nytimes.com/2014/04/07/us/politics/killing-on-bus-recalls-superpredator-threat-of-90s.html?_r=0

9. Ibid., Haberman.

10. The video can be seen here: Ed Pilkington, «Kentucky sheriff ‘steadfastly’ defends officer who handcuffed 8-year-old,» The Guardian (August 4, 2015). Online: http://www.theguardian.com/us-news/2015/aug/04/kentucky-sheriff-defends-officer-handcuffed-child

11. Ibid., Pilkington.

12. Alex Kane, «Diabetic High School Girl Beaten by Police Officer and Arrested – For Falling Asleep in Class,» AlterNet, (May 7, 2013).

13. Natasha Lennard, «NYPD Handcuff, Interrogate 7-Year-Old Over $5,» AlterNet, (January 30, 2013). Online: http://www.alternet.org/news-amp-politics/nypd-handcuff-interrogate-7-year-old-over-5

14. Julianne Hing, «The Shocking Details of a Mississippi School-to-Prison Pipeline,» Truthout, (December 3, 2012). Online: http://truth-out.org/news/item/13121-the-shocking-details-of-a-mississippi-school-to-prison-pipeline

15. Ibid., Hing.

16. American Civil Liberties Union, «School-to-prison-pipeline,» ACLU Issues (August 5, 2015). Online: https://www.aclu.org/issues/racial-justice/race-and-inequality-education/school-prison-pipeline

17. Ibid.

18. Chase Madar, «Everyone Is a Criminal: On the Over-Policing of America», The Huffington Post. (December 13, 2013). Online: http://www.huffingtonpost.com/chase-madar/over-policing-of-america_b_4412187.html

 

Source:

http://www.truth-out.org/news/item/32238-schools-as-punishing-factories-the-handcuffing-of-public-education

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