América del Norte

Por: Bonifacio Barba

La Constitución de la República y los derechos humanos que ella reconoce son entidades socialmente dinámicas, están vinculadas de modo esencial a la vida de la comunidad política en la que son construidas y promulgadas. En tal dinámica, no todo está garantizado; quienes detentan el poder público tienen la obligación de cumplir la Constitución, de hacerla cumplir, lo que implica proteger los derechos humanos y castigar sus violaciones, pues tanto al interior del aparato de gobierno como de la sociedad existen intereses contrarios a ellos.

El derecho a la educación (DEd) es uno de los que requieren cuidado específico ya que representa y resguarda la formación de los ciudadanos y, por ello, es una entrada al conocimiento, aprecio y vivencia del conjunto de los derechos. La protección y realización del DEd es, entonces, una expresión de lo que les ocurre a los otros, de ahí que sea muy importante conocer el estado en que se encuentran la educación y sus instituciones.

Del 20 al 24 de noviembre pasado se llevó a cabo el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa en la ciudad de San Luis Potosí. En la conferencia inaugural, el Dr. Pablo Gentili ofreció una perspectiva fructífera de análisis de la educación en América Latina que ayuda a comprender las amenazas que vive el DEd. El punto de partida de su visión es el señalamiento de que existe una paradoja entre el desarrollo y la expansión de la educación pública orientada a lograr la educación universal, a realizar el DEd, por un lado, y por el otro, la presencia de una amenaza a la escuela pública y al mencionado derecho por parte del conservadurismo social. La amenaza se expresa en cinco tensiones u ofensivas que son enunciadas brevemente a continuación.

La primera de ellas es que la expansión y la diferenciación institucional de la educación se han realizado con un tipo de crecimiento que no fortalece en su totalidad a los sistemas nacionales de educación sino que los segmenta beneficiando desigualmente a las clases sociales. La segunda ofensiva conservadora consiste en que la escuela pública no es vista o valorada como un bien común, como institución emancipadora, ya que la derecha pone resistencias a ese rol emancipador; lucha contra la escuela social, contra la república democrática.

La tercera ofensiva, en realidad una consecuencia de las anteriores, consiste en la despolitización de la escuela, en una lucha contra su sentido liberador para reducirla a una mera función de escolarización, con lo cual no se cubre todo el DEd, reduciéndolo a que sea sólo derecho al aprendizaje, lo cual cosifica los saberes despojándolos de su potencial humanista y liberador y estandarizándolos como si todos los seres humanos necesitaran los mismos saberes; se ataca la diversidad de sociedades y culturas.

La cuarta ofensiva consiste en que el esfuerzo político y social por llevar la escuela a todo el territorio nacional, no estuvo acompañado de lo que Gentili llama la territorialidad de la escuela, es decir, de su aprecio y respeto como institución social en cada lugar donde está asentada; la escuela ha ido perdiendo la confianza de la sociedad. Finalmente, la quinta amenaza se da en la tensión entre escuela y futuro: la escuela, en el proyecto de universalización, se vinculó a un futuro –y hoy estamos en ese futuro previsto-, justo, libre, democrático, pero no se logró. Hoy es necesario sostener la lucha por la igualdad de derechos. Hasta aquí las tensiones o amenazas.

Desde luego, en cada sociedad nacional de la América Latina las cosas se presentan de manera específica, con mayor o menor énfasis en la fuerza y efecto de cada una de las amenazas.

En México estamos viviendo un proceso de reforma de la educación que no ocurre en un solo escenario: en uno de ellos, algunos grupos sociales se opusieron y se oponen a la reforma porque consideran que es la continuidad de la amenaza a la educación pública que viene de decenios atrás, de las políticas calificadas de neoliberales. En otro escenario, existen grupos que consideran necesaria la reforma al tiempo que señalan sus limitaciones de concepción y de operación. En un tercer escenario –que no es el último de los que se han formado-, el gobierno federal defiende la reforma y la ha hecho avanzar con los medios de que dispone, pero sin cuidar de manera suficiente todas las garantías necesarias para realizar el DEd, entre las que se encuentran la reforma oportuna de las escuelas Normales y el apoyo suficiente y eficaz para que se desarrolle en todo su potencial la profesionalidad de los docentes. Esto implica salir del círculo de la culpabilización de éstos y fortalecer su imagen social y laboral y los apoyos para la realización de su tarea, exigiéndose simultáneamente el gobierno a sí mismo todo lo que a él corresponde en diversos ámbitos para atender el DEd.

Es preciso recordar que la reforma de la educación surgió de los compromisos del Pacto por México. Ahí se puso el énfasis en la recuperación de la rectoría del Estado sobre el sistema educativo. La situación de México exige que tal rectoría se manifieste en la capacidad gubernamental de contrarrestar las amenazas u ofensivas contra la educación pública que identificó Gentili. Ese es el mayor compromiso, la mayor exigencia que hace la sociedad para progresar en la vida democrática.

El DEd reconocido en el artículo tercero de la Constitución es muy claro en los principios y valores que deben guiar el trabajo de la escuela: respeto a los derechos humanos, justicia, democracia, “aprecio y respeto por la diversidad cultural”, dignidad de la persona, integridad de la familia, entre otros. Es momento de hacer una nueva lectura del artículo y acompañarla de otros artículos constitucionales, iniciando por el primero y sin olvidar el 25, que establece lo siguiente respecto al desarrollo nacional: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución” (cursivas del autor).

Es tiempo también, desde luego, de estar observando a los partidos políticos, pues se preparan para competir por la conducción del gobierno. Es fundamental saber qué conocimiento y aprecio tienen de la Constitución, pues el derecho a la educación, como todos los derechos, deben ser cuidados.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-cuidado-del-derecho-a-la-educacion/