Argentina

América/Argentina/06/05/2020/Autor y fuente: anred.org

¿Realmente la sociedad se da el debate de pensar quiénes deben acceder al arresto domiciliario y quienes no? ¿Por qué causa más indignación este planteo que los beneficios y tratos especiales a criminales de lesa humanidad? ¿Se está cuestionando tras la pandemia la función de las cárceles, la criminalidad penitenciaria y policial, y la inoperancia del poder judicial? Las pantallas y las redes estallan de indignación por la supuesta “liberación masiva de presos” que en realidad, hilando fino, resulta ser muy selectiva. En general, las cárceles no están ni en la agenda ni en los discursos políticamente correctos porque, como bien decimos las feministas, lo que no se nombra no existe, y dentro de la (súper)población carcelaria, las mujeres y disidencias también son invisibilizadas como en todos los aspectos sociales. ¿Alguien está hablando de las mujeres con hijos, las embarazadas y las personas con enfermedades inmunosupresoras en contexto de encierro?. Por Natalia Tangona para ANRed.

Siempre ha sucedido que ciertas noticias recién demandan atención cuando explotan “del lado de adentro de la Gral. Paz”. En los últimos días la situación del penal de Devoto acaparó las pantallas, siendo que las cárceles del interior comenzaron sus demandas, sus comunicados, sus huelgas de hambre, desde hace casi un mes. Los internos advirtieron de la presencia de agentes penitenciarios infectados mucho antes de la confirmación de casos positivos en Bariloche, Olmos, Campana y Devoto. Advirtieron de los traslados de internos desde cárceles ubicadas en zonas de riesgo hacia penales del interior en pueblos donde no se registraban casos, como Junín. De hecho, el 16 de marzo las mujeres privadas de la libertad en la cárcel de Batán fueron las primeras en tomar la iniciativa de solicitar que se suspendieran las visitas por prevención y cuidado teniendo en cuenta que sus familias viajan horas en transportes masivos para verlas.

En general, las cárceles no están ni en la agenda ni en los discursos políticamente correctos porque, como bien decimos las feministas, lo que no se nombra no existe. Y si los muros ya hacen su parte evitándonos poder ver y los medios tergiversan las voces para no escuchar lo que realmente deberíamos escuchar, el silencio es el remate final para legitimar la barbarie en los sótanos del Estado. Barbarie es la palabra que resume a la concepción del sistema carcelario como centros de hacinamiento, de tortura, violaciones, infecciones y asesinatos declarados por la versión oficial como “suicidios” o “enfrentamientos” entre reclusxs, y archivados como “muertes dudosas”.

El punitivismo es una de las cuestiones más teorizadas y debatidas por los feminismos, en este último tiempo, a partir de la práctica del escrache a abusadores, golpeadores y femicidas. La delgada línea del punitivismo serpentea entre los justificativos, los discursos éticos y el dolor. Lo cierto es que los feminismos no buscamos generar el mismo dolor al escrachado ni venganza, sino advertir, exigir, gritar, no olvidar, cuidar y aplicar la condena social en tanto no haya políticas efectivas de prevención y contención ni justicia. Porque ellos, los pedófilos, los violadores, los femicidas, en su mayoría, no están presos (la mayor parte de los internos en las penitenciarias federales cumplen condenas por robo y narcotráfico, sólo el 5% corresponde a delitos sexuales y el 6% a homicidios). Y por eso, en tanto no haya justicia efectiva, habrá escrache. Muy diferente es entender a la justicia como el ejercicio de la tortura y el asesinato sistemáticos.

Lo irrefutable es que para los genocidas y para estos hijos sanos del patriarcado el único lugar posible es la cárcel. Entre éstos hay un conjunto en común de crímenes cometidos contra mujeres, adolescentes y niñas. Aún así, muchos criminales de la dictadura cumplen la preventiva en cárceles vip como la de Campo de Mayo o gozan de prisión domiciliaria. ¿Acaso hablamos de que deben tener todos los mismos beneficios por igual?, no. Se deben regularizar las condiciones sanitarias básicas de las cárceles comunes y allí deben permanecer todos ellos cumplimentando sus penas y los protocolos de prevención ante la pandemia, tal como debe asegurarlo un Estado de derecho que respeta las garantías constitucionales incluso de los que representan las violencias que combatimos quienes luchamos por los derechos humanos. El beneficio del arresto domiciliario frente a los riegos de contagio del coronavirus se aplica a personas con condenas menores o pertenecientes a la población de riesgo, sin embargo quienes deberían acceder a ello aún se encuentran hacinados en las cárceles mientras que genocidas, violadores y femicidas ya están en sus domicilios y, en varios casos, sin previa notificación a las víctimas o sus familiares. Mientras tanto, presxs políticos, presxs por causas armadas, presxs por cultivar cannabis para uso medicinal, o por portación de cantidades insignificantes, por robos menores, con prisiones preventivas por doquier, están en penitenciarías y comisarías colapsadas frente un inminente contagio masivo y devastador que, además, puede extenderse más allá de los muros y calabozos.

Dentro de la (súper)población carcelaria, las mujeres y disidencias también son invisibilizadas como en todos los aspectos sociales. ¿Alguien está hablando de las mujeres con hijos, las embarazadas y las personas con enfermedades inmunosupresoras en contexto de encierro?

En el caso de las mujeres privadas de la libertad la primera causa de detención es el menudeo y transporte de estupefacientes. El 70% se encuentra en prisión preventiva a la espera del inicio de un juicio. Capítulo aparte, o un libro entero, merecerían las causas armadas por el aparato policial y los periplos del horror que padecen quienes no han hecho absolutamente nada y están presxs.

En Argentina no hay un registro sistematizado ni actualizado de datos sobre presas por aborto. El Código Penal establece una pena de 1 a 4 años pero la libre interpretación de jueces y juezas hace que muchos casos se caratulen como “Homicidio agravado por el vínculo”. Ésto, sumado a la falta de relevamientos completos, contribuye a la total invisibilización de las mujeres condenadas por abortar. ¿Cuántas están en prisión a la espera de un juicio caratulado vaya a saber de qué forma?.

El 8 de abril, el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini , dispuso mediante una resolución el beneficio del arresto domiciliario a detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario. Según él mismo declaró no lo permite a quienes están presxs por delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Sin embargo, la realidad siempre es bien distinta cuando el poder judicial es deshumanizado y patriarcal.

En un artículo publicado por Página 12, el 18 de marzo, Adriana Meyer resumió claramente estas desigualdades: “La ley 24.660 indica en el artículo 32 que los jueces pueden disponer la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas y a las que tienen hijes pequeñes a su cargo. Pero el cumplimiento queda a la arbitrariedad de jueces y juezas. La selectividad del sistema penal se ve con claridad en estos casos, cuando en gran medida se le concede con facilidad la domiciliaria a los genocidas, pero a las mujeres pobres y con hijxs, no. También se pidió que se revisen las causas por homicidios agravados o intentos de homicidio en los que las mujeres están detenidas por defenderse de sus parejas.”

La feminización de la pobreza, la criminalización de las mujeres y disidencias y la justicia patriarcal se complementan y retroalimentan calando tan hondo que ni en los discursos ni las agendas de los feminismos más representativos las presas y les preses están presentes. En la última reunión informativa por videoconferencia de la Comisión de Mujeres y Diversidad con del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ninguna de las asistentes, ni la ministra siquiera, dijeron una sola palabra sobre la situación de las encarceladas ante la pandemia de Covid 19, siendo que ya el 20 de abril, las internas de la Unidad Penitenciaria n°33 de Los Hornos habían emitido un comunicado donde expresaron “un penal que no sólo aloja mujeres sino también a sus hijos hasta los cuatro años de edad; a adultas mayores; con VIH; con enfermedades respiratorias (…) Pedimos ser contempladas en el Plan de Emergencia Sanitaria y que las malas condiciones en nuestra situación de encierro sean tenidas en cuenta en el contexto actual de pandemia por COVID 19. La cárcel no está preparada para atendernos si nos enfermamos y los efectos serían devastadores (..) Vinimos a pagar una condena, no a morir en una cárcel.” Además, el pasado 24 de abril, las mujeres privadas de la libertad en la Unidad Penitenciaria n°3 del Borbollón, en Mendoza, fueron reprimidas por el grupo masculino de choque del Complejo Boulogne Sur Mer con golpizas y disparos, tras iniciar un reclamo sonoro ante una nueva negativa de parte de las autoridades a sus notas solicitando garantías de higiene y celulares para comunicarse con sus hijes (beneficios que sí se habían otorgado en el Complejo de varones).

Imágen que pertenece a la muestra “Iluminaciones” realizada en la Unidad 31 del penal de Ezeiza por mujeres privadas de la libertad en el marco del taller de fotografía estenopeica “Luz en la piel.”

Por su parte, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos elaboró recomendaciones irrisorias al Servicio Penitenciario Federal, como si el actual estado de las prisiones cumpliera con los mínimos requisitos de sanidad y como si la idiosincrasia del personal carcelario guardara algo de respeto por la dignidad humana cuando se trata de presxs comunes y pobres. A nadie se le ocurre considerar la formación de género.

En las últimas horas, cinco de los seis módulos del Complejo IV de Mujeres de Ezeiza comenzaron una protesta pacífica exigiendo el cumplimiento del protocolo de salud y que se tomen medidas para descomprimir la superpoblación. Las internas del Centro de Rehabilitación de Drogadependientes (CRD) denuncian que se relizan requisas excesivas (30 requisas para 11 mujeres, obligándolas a quitarse la ropa y tocándolas a todas con los mismos guantes) y el recrudecimiento de la falta de insumos sanitarios como guantes, barbijos y botas para las encargadas de la limpieza de los pabellones.

En lo que va de la cuarentena se contabilizan oficialmente los asesinatos de José Candía, en Corrientes, y Federico Rey, en Florencio Varela, ambos a balazos, por parte del SPF. Se sospecha de otras dos posibles muertes más en Devoto. Y en la Unidad 40 de Lomas de Zamora, Magalí Saraco, de 27 años, fue hallada ahorcada en una celda de castigo, estando a días de recuperar la libertad y reencontrarse con sus hijes. También hubo “suicidios” en San Luis: Florencia Magalí Morales, de 39 años, en la comisaría 25ª de Santa Rosa de Conlara y un chico de 16 años en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia, de Villa Mercedes.

¿Realmente la sociedad se da el debate de pensar quiénes deben acceder al arresto domiciliario y quienes no? ¿Por qué causa más indignación este planteo que los beneficios y tratos especiales a criminales de lesa humanidad? ¿Se está cuestionando tras la pandemia la función de las cárceles, la criminalidad penitenciaria y policial, y la inoperancia del poder judicial?

Mientras las pantallas y las redes estallan de indignación por la supuesta “liberación masiva de presos” que en realidad, hilando fino, resulta ser muy selectiva, Miguel Ángel Pierri es designado como colaborador de Sergio Berni, en el Ministerio de Seguridad Bonaerense. Pierri fue el abogado defensor del femicida de Ángeles Rawson, Jorge Mangieri; participó de la defensa del padre Julio Grassi e incluso estuvo detenido por encubrimiento en esta causa. Al parecer, el Estado está muy lejos aún de discusiones y acciones estructurales en torno a las cárceles y la perspectiva de género, demasiado distante de las representaciones no sesgadas y por demás enviciado con la misma doble vara de la justicia patriarcal, de la cual no se eximen legisladores y mandatarixs escudadxs en el discurso de la división de poderes.

“Del otro lado de la reja está la realidad, de este lado de la reja también está la realidad”, pero lo que no puede ni quiere verse, ni escucharse, ni pensarse, no puede ser puesto en palabras. En nuestros feminismos tan llenos de voces desapresadas y no olvidadas habrá que escuchar con los ojos y observar las voces a través de los muros donde “la libertad es real aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia” Después de todo, si hay algo que nosotres sabemos muy bien es que “la única irreal es la reja.”*

*Fragmentos de Paco Urondo

Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/05/01/las-carceles-el-feminismo-y-la-delgada-linea-del-punitivismo/