Page 3 of 657
1 2 3 4 5 657

Argentina. Sin anteponer la sana rebeldía al desastre neoliberal no construiremos humanidad.

“El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza”Arturo Jauretche.

“La rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad”. Arturo Pérez-Reverte.

“Juventud sin rebeldía es servidumbre precoz”. José Ingenieros.

“Cuando se nace pobre, ser estudioso es el mayor acto de rebeldía contra el sistema”. Tomás Bulat.

En  diálogo periodístico reflexivo sobre la situación argentina con un medio comunicacional de Formosa-Argentina-, respondí a la pregunta inicial : ¿ Cómo lee la situación social en Argentina?

“Estamos bajo el régimen de las políticas neoliberales más derechosas jamás imaginada, pues está abocada de lleno  a destruir lo mejor que tenemos en salud y educación pública, estos dos pilares de la sociedad son atacados y delatan su perversidad. Arremete contra la universidad porque odia la inteligencia y la democracia”.

 “Si uno estudia el proceso de llegada de migrantes a la Argentina comprobará que millones de europeos y Latinoamericanos forjaron por medio del esfuerzo y sacrificio de varias generaciones una nación próspera y que el sistema cooperativo es parte indisoluble de esa gesta, hoy todo eso está en ruina”.

 ¿Cómo ejemplificaría su descripción de la situación argentina actual?

Con  real descripción cantada por Cacho Castaña en su “Septiembre del 88”: “Si vieras qué triste que está la Argentina Tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan Se muere de pena por tanta mentira De tanta promesa por nadie cumplida Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas”.

Entonces, ¿a qué conclusión llega?

“Llego al sitio circunstancial que dijo el Papa Francisco, “Hagan líos”, eso significa no resignarse a la mediocridad, a la miseria, al NO se puede, claro que si se puede, y sepamos que, sin anteponer la sana rebeldía ante el desastre neoliberal no podremos construir humanidad”.

“Por eso, y vuelvo a la misma canción Cacho cuando nos afirma que “juntos podremos salir adelante, en cooperación, claro, pues, no resignarnos es cantarle a la vida:”

“Si acaso te encuentras con otro emigrante Decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Que todo fue culpa de cuatro atorrantes Que sólo lograron que el pueblo no cante Volvé cuando quieras que juntos podremos salir adelante”.

 ¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

Comparte este contenido:

Las empleadas de casas particulares quedaron fuera de la «Promoción del trabajo registrado»

La Ley Bases implica muchos ataques al pueblo trabajador. Pero hay un punto en particular que muestra la saña del Gobierno con las trabajadoras más precarias.

 

Las empleadas de casas particulares ya habían sufrido una primera agresión: el DNU 70/23 deroga el artículo 50 de la Ley de empleo doméstico, que estipula la indemnización agravada en caso de registración deficiente o falta de registración. Hoy ese capítulo está suspendido por la justicia. Pero Milei insiste. Ahora quedaron afuera del capítulo “Promoción del trabajo registrado”, que se reglamentó a fines del mes anterior.

 

Según denunciaron desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), el decreto reglamentario “incorpora esa exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad”.

 

El Decreto 847/2024 permite la regularización de “relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas” hasta el 31 de julio de 2024, aunque con un sesgo que favorece a los empleadores, que ven condonadas o reducida las infracciones. El reconocimiento es limitado a solo 60 meses de servicios con aportes, calculados en base al salario mínimo vital y móvil (SMVM), y deja afuera el cálculo para el haber previsional.

 

Pero para las empleadas ni siquiera habrá ese limitado mecanismo. Según el artículo 8 del decreto, quedan excluidas. Y no es porque el gobierno les permite seguir litigando legalmente “sin límites”. Lo que quiere, como adelantó con el DNU, es hundirlas en la informalidad eterna.

 

Se trata de más de 1,7 millones de empleadas y empleados domésticos, pero el 97% son mujeres. Y solo un 30% está registrado.

 

Más allá de las denuncias, los gremios que representan al sector ante las Cámaras patronales no hacen nada para organizar esa fuerza y terminar con tanta precarización.

 

Las trabajadoras de casas particulares perdieron 18% de salario real en la era Milei

 

Se calcula que en el país hay aproximadamente 2 millones de trabajadoras de casas particulares, uno de los tantos empleos feminizados donde la precarización laboral y los bajos sueldos son la ley.

 

A partir de la era Milei, el periodista económico Ismael Bermúdez calcula que este sector perdió un 18% de salario real, contemplando la devaluación de diciembre de 2023. Tras los últimos aumentos que recibieron acumulan en 9 meses una suba salarial de 99,8% contra una inflación estimada para el mismo período de 143.8%.

 

A junio de este año una trabajadora que presta servicio por tareas generales (limpieza, lavado, cocina, entre otros) tuvo un sueldo básico con retiro de $ 284.794. Ese mismo mes la canasta de indigencia calculada por el INDEC para un grupo familiar de tres personas fue de $313.128 y la de pobreza (que no incluye el costo de alquilar) $695.144.

 

Los aumentos salariales se fijan en la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, compuesta por representantes de las trabajadoras, de los empleadores, el ministerio de Economía y del ministerio de Capital Humano. El gobierno lleva adelante la misma postura que respecto a las jubilaciones o los salarios de los estatales donde toma la decisión directamente: que sigan perdiendo contra la inflación. La pérdida de poder adquisitivo del sector no es nueva, viene de arrastre de sucesivos gobiernos que fijaron aumentos llevando el salario a este piso.

 

Una progresión similar se observa al analizar el nivel de trabajo registrado del sector, particularmente desde el gobierno del Frente de Todos cuando comenzó a crecer la informalidad. Según analiza Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma: “Las trabajadoras en casas particulares siguen siendo las más afectadas por el deterioro del mercado formal de fuerza de trabajo. Ya no hay piso para el sector. La caída es ininterrumpida desde principios de 2020. Desde entonces se perdieron 52.743 puestos de trabajo (10,5%)”.

 

Una realidad que muestra un denominador común en aquellas mujeres que trabajan en la salud o la educación, donde son mayoría, o aquellas titulares de planes sociales que cobran montos de miseria que alcanzan para poco y nada. Sobre sus espaldas recae todo el ajuste y la crisis social que profundiza La Libertad Avanza, mientras desde la CGT siguen sin anunciar medidas de fuerza con el peso de la crisis sintiéndose más día a día.

 

“Tenemos que debatir, sacar conclusiones y organizarnos para volver a poner en pie el movimiento feminista sobre nuevas bases” plantea Andrea D’Atri, fundadora de Pan y Rosas y legisladora electa en CABA, a propósito de los debates que se entrecruzan estos días. Con la perspectiva de desarrollar la organización de cara del 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidad Sexual que será en Jujuy. Planteando así la necesidad de construir un movimiento de mujeres independiente políticamente de los Estados y partidos de gobierno, que recupere esa potencialidad que demostró en las calles en la perspectiva de enfrentar el ajuste voraz de Milei y todos sus cómplices, cuestionando el sometimiento al FMI y sacando conclusiones del derrumbe político y moral de un peronismo que busca recomponerse de la mano del Papa.

 

Salarios de niñeras y cuidadores de adultos en septiembre de 2024

 

Martín Martínez

 

Las niñeras y cuidadores de adultos verán reflejado en sus salarios un incremento del 4% a partir de septiembre, según lo establecido en el último acuerdo paritario para los trabajadores de este sector. Este aumento corresponde a la labor realizada en el mes de agosto y se suma al aumento del 8,5% que se aplicó en julio, generando así un efecto acumulativo en sus remuneraciones.

 

Detalles del Acuerdo Paritario

 

El acuerdo fue ratificado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), sindicato que representa a los trabajadores del sector. Aunque el Gobierno aún no ha oficializado el acuerdo, el sitio oficial de la Upacp ya ha actualizado las cifras por categoría y modalidad de trabajo.

 

Impacto en los Salarios de Niñeras y Cuidadores

 

Este ajuste salarial afecta a las personas que se desempeñan como niñeras y cuidadores de adultos, quienes se encuentran en la cuarta categoría de empleados de casas particulares, realizando tareas de asistencia y cuidado no terapéutico. Esto incluye el cuidado de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores.

 

Sueldo por Hora en Septiembre 2024

 

Las personas que trabajan en casas particulares y están contratadas por horas o por jornada recibirán los siguientes montos en concepto de salario por hora, tomando como referencia los valores actualizados hasta agosto:

 

· Por hora con retiro: $2825

 

· Por hora sin retiro: $3159

 

Estos valores son aplicables para quienes laboran menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

 

Sueldo Mensual en Septiembre 2024

 

Para aquellos empleados que operan bajo un esquema mensual, las remuneraciones correspondientes al trabajo realizado en agosto serán:

 

· Mensual con retiro: $357.350

 

· Mensual sin retiro: $398.229

 

Las cantidades mencionadas están destinadas a los trabajadores bajo el régimen establecido por la ley N° 26.844 y son aplicables a quienes laboran 24 o más horas semanales para un mismo empleador, calculándose de forma proporcional según las horas efectivamente trabajadas.

 

Consideraciones Adicionales sobre el Salario

 

Es relevante señalar que los montos mencionados corresponden exclusivamente al salario, por lo que el empleador tiene la obligación de abonar también otros conceptos tales como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

 

Cálculo de la Antigüedad del Servicio Doméstico

 

Para determinar el monto que corresponde a la antigüedad de los empleados, se deberá calcular el 1% por cada año trabajado, considerando la antigüedad desde el 1° de septiembre de 2020, sin efecto retroactivo.

 

Es importante que este pago adicional se estime como un nuevo ítem en los recibos de sueldo, facilitando así su identificación para los trabajadores del servicio doméstico.

 

22 de julio: Día Internacional del Trabajo Doméstico

 

El 22 de julio se conmemora el Día Internacional del Trabajo Doméstico, una fecha proclamada en el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en 1983. Este día tiene como objetivo principal reconocer y visibilizar la labor que millones de mujeres realizan en los hogares.

 

La realidad del trabajo no remunerado

 

El trabajo no remunerado incluye tanto el trabajo doméstico como el trabajo de cuidado a miembros del hogar, apoyo a otros hogares o trabajo voluntario. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2021 del INDEC, el 92,7% de las mujeres realizan estas tareas no remuneradas. En el caso de los hombres, este porcentaje desciende al 75,9%.

 

¿Qué son las tareas de cuidado o trabajo doméstico?

 

Las tareas de cuidado se definen como el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades básicas para la existencia y el desarrollo de las personas (CEPAL, 2012). Esto incluye:

 

Cuidado personal y directo de otras personas.

 

Provisión de precondiciones para que estas tareas se realicen (como la compra de alimentos, insumos de botiquín o útiles escolares).

 

· Gestión y organización de dichas tareas, como cocinar, ayudar en actividades escolares, y administrar el tiempo de las mismas.

 

El trabajo doméstico y las tareas de cuidado son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad. A pesar de su importancia, estas labores a menudo no son reconocidas ni valoradas adecuadamente, lo que genera desigualdad de género y desequilibrios económicos.

 

Celebrar el Día Internacional del Trabajo Doméstico es una oportunidad para reflexionar sobre la equidad y la necesidad de políticas públicas que reconozcan y apoyen a quienes realizan estas tareas esenciales.

 

¿Por qué es clave desde los feminismos abordar el trabajo del hogar remunerado?

 

Por Juliana Díaz Lozano

 

En América Latina y el Caribe, entre 11,5 y 18,6 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres. El trabajo doméstico supone en promedio entre el 10,5% y 14,3% del empleo de las mujeres en la región, lo que significa que una parte importante de la población activa, especialmente feminizada, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a la protección social. Al mismo tiempo, en cuanto al peso de las personas migrantes dentro del sector de trabajo doméstico, las estimaciones de la OIT señalan que un 17,2% de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4% de ellas mujeres (ONU-OIT-CEPAL, 2020).

 

Estas cifras dan cuenta de la importancia cuantitativa del sector dentro del empleo femenino, feminizado y racializado. Si bien, entonces, la relevancia numérica del sector es indudable, esto no se ha traducido en mejoras sustantivas en la adquisición masiva de derechos. Aunque el Convenio 189 de la OIT ha sido un logro en términos del reconocimiento global de derechos para el sector, -jornadas laborales razonables, condiciones de empleo y coberturas sociales básicas-, no todos los países lo han ratificado, y aún en los casos en los que lo han hecho, no siempre eso ha redundado en mejoras concretas para las trabajadoras. Un balance a diez años del Convenio en diversos países puede consultarse aquí. En la práctica, en el mundo, el 90 % de las trabajadoras no tiene prestaciones de seguridad social, el 50 % no llega al salario mínimo, y otro 50 % sin protección contra la extensión de la jornada laboral. En América Latina las TDCR perciben ingresos inferiores a las mujeres ocupadas en otras categorías laborales (Torres, 2023).

 

Por otra parte, y más allá del subregistro que padece la actividad, la OIT reconoce que el aporte de este trabajo al producto bruto de los países de América Latina ronda entre el 15% al 24%. Sin embargo, la importancia del sector para la economía y para el sostén social, no redunda necesariamente en la visibilización de estas trabajadoras en la sociedad, lo que las perjudica a la hora de dar sus luchas. Esto también se verifica dentro de los sindicatos y otros movimientos sociales más amplios, donde padecen una segregación de sus demandas y sus capacidades políticas (Martínez Prado, 2014). Esto se conjuga con la particular naturaleza de este trabajo que ocurre en ámbitos privados y aislados, con diversos empleadores, con regímenes muy variantes y escasa disposición para tiempos propios de las trabajadoras, ya sea para la educación, para ocuparse de la salud y la de sus familiares y para organizarse colectivamente.

 

Además de tener una posición lateral dentro de los sindicatos y movimientos sociales y populares, algo similar ocurre con el movimiento de mujeres y feminista, incluso en los llamados feminismos anticapitalistas. Si bien durante los 70 estas perspectivas dentro de los feminismos pusieron en escena la importancia de los trabajos del hogar remunerados (Pérez, 2015), estos han perdido centralidad en las preocupaciones actuales. En lo que va del siglo, la economía feminista, junto con otras disciplinas y bajo el impulso de los aprendizajes de la lucha cotidiana, logró posicionar conocimientos y demandas en relación a los cuidados, fundamentar la necesidad de las huelgas internacionales de los 8M, redefinir la propia noción de trabajos, ampliándola. Al mismo tiempo, se desplazó la división entre trabajo reproductivo y productivo, cuestionando la noción neoclásica de que la producción de mercancías movía el mundo y posicionando que las labores que sostienen la reproducción social son poco reconocidas, permanentes, no están pagas y están mal repartidas. Se demostró que la gestión, la desigual distribución clasista, racista y patriarcal de los cuidados sostiene otras desigualdades estructurales (Pérez Orozco, 2014).

 

A pesar de este énfasis que ponen los feminismos sobre los cuidados no reconocidos que sostienen el mundo, solo en honrosas excepciones posicionan con la misma centralidad las demandas de las trabajadoras del hogar asalariadas dentro de las demandas generales feministas. Salvo en fechas o casos puntuales, las organizaciones feministas y las de trabajadoras del hogar funcionan como dos sujetos separados, que enfocan el tema cuidados desde ópticas diferentes y fragmentadas. Esta distancia refuerza, a su vez, la debilidad del sector de asalariadas del hogar dentro de las organizaciones sindicales y en general perjudica las posibilidades de imponer demandas hacia el estado y empleadorxs.

 

Ahora bien, ¿a qué se debe este desencuentro bastante generalizado? Según la investigadora Martínez Prado (2014), una de las dificultades en la articulación entre feministas y trabajadoras domésticas deviene de la ambigua relación que el feminismo ha tenido con la “valoración” del “trabajo doméstico”. Esto se debe, según la autora a la contradicción no resuelta entre la valoración del trabajo doméstico en general, y la búsqueda de su abolición. Según la autora, la disyuntiva para las feministas es la siguiente: si se acompaña a las trabajadoras del hogar en la lucha por mejores condiciones laborales, dejando intactas las relaciones de género sobre las que descansa la asignación de este trabajo a las mujeres, no se cuestiona la dominación masculina que dispone la distribución de dicho trabajo entre mujeres. Pero, por otra parte, si se ataca al trabajo doméstico por las relaciones de opresión que origina, se termina atacando la fuente laboral femenina más importante de la región y debilitando la lucha por derechos. Quizás, esta disyuntiva tenga alguna similitud con el debate mucho más visible y encarnizado en torno a la prostitución/trabajo sexual, que no se desarrollará aquí.

 

A su vez, volviendo al trabajo del hogar remunerado, desde algunos sectores de los feminismos se critica a esta labor como la que garantiza privilegios de unas mujeres – quienes pueden pagar los cuidados-, sobre otras, las que cuidan y al decir de Nancy Fraser (en Gimeno, 2019) no tienen quién las cuide. Este dilema es inseparable de la imbricación de las relaciones de género con las de clase y raza. Efectivamente las que cuidan son en su mayoría mujeres y feminidades racializadas, pobres, del sur. Y, en gran medida, lejos de liberar a otras mujeres de sus quehaceres, resuelven los cuidados abandonados por los varones en las familias y comunidades (ídem, 2019), por lo que la división del trabajo se refuerza, descansando sobre mujeres pobres con dobles y triples jornadas laborales. Si bien la disyuntiva aquí planteada parece generalizada, pueden reconocerse algunas experiencias de articulación no sólo de luchas concretas, sino también de elaboraciones conceptuales.

 

Por ejemplo, en muchos países, los procesos de convocatoria a huelgas feministas para el 8 de marzo con el eje central de visibilizar y parar los múltiples trabajos de cuidados, ha tenido el protagonismo de las organizaciones y sindicatos de TdH. En Chile, por ejemplo, los llamados a huelga feminista en el año 2019 incluyeron como protagonistas a las trabajadoras del hogar, quienes, como parte de un comité sindicalista dentro del movimiento feminista, generaron formas creativas de manifestarse, colgando delantales en la puerta de su lugar de trabajo cuando no podían parar (AAVV, 2021). Algo similar ha ocurrido con algunas propuestas feministas para la reorganización social de los cuidados, donde el trabajo del hogar y cuidados remunerado aparece junto al no remunerado como espacios interrelacionados económica y socialmente. Justamente, en juntar las luchas reivindicativas con lo político parece estar un camino fructífero para la unidad.

 

Rafaela Pimentel, referenta de Territorio Doméstico, una organización madrileña de trabajadoras del hogar en su mayoría migrantes latinoamericanas, acerca ambas posiciones. Afirma que la lucha del sector por derechos no puede desvincularse del proyecto de una reorganización general de los cuidados. En sus palabras:

 

“No solamente luchamos por los derechos laborales de las trabajadoras de hogar, sino que queremos una reorganización social de los cuidados. Queremos un sistema comunitario del cuidado. No queremos que a este sistema lo sigamos sosteniendo las trabajadoras de hogar pobres, migrantes y específicamente las mujeres, que somos las que estamos haciendo el cuidado de manera remunerada o gratuita en las casas” (Capire, 2022).

 

Además de ser parte activa en la organización de las huelgas feministas en Madrid, las trabajadoras del hogar lograron, según la referenta, instalar la lucha por la ratificación del convenio 189 de la OIT en España como parte de las demandas centrales feministas y de sectores migrantes latinoamericanos, lo que según ella permitió alcanzar el logro a mediados de 2022. En este caso específico, se enuncia la articulación de demandas de corto plazo vinculadas a derechos y de largo plazo como cambiar la organización y distribución capitalista, patriarcal y racista de los cuidados como estrategia para unificar al sujeto de lucha. En otras experiencias como la ya citada, del Comité Sindicalista 8 de Marzo en Chile, que agrupa trabajadoras del hogar y feministas, y la Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras, también aparece el esfuerzo de hilar demandas a corto y largo plazo1. Esta politización de las luchas por derechos y su articulación con un horizonte de organización de cuidados anticapitalista y feminista se muestra imprescindible para romper la fragmentación.

 

Para retomar la pregunta del título, ¿Por qué es clave desde los feminismos abordar el trabajo del hogar remunerado? Por una parte, porque constituye uno de los empleos mayoritarios para las mujeres y feminidades en el mundo y el más importante en Latinoamérica. Por otra parte, porque luchar por los derechos de las trabajadoras del hogar nos permite cuestionar la desvalorización del trabajo doméstico y de cuidados y visibilizar su aporte económico a las sociedades. Al mismo tiempo, desde los feminismos es importante cuestionar la distribución racista y patriarcal de los cuidados ya sea remunerados o no remunerados, y pensar estrategias para su socialización y reorganización no sólo por género, sino su injusta distribución en el globo. En un marco donde las propuestas en torno al sector se emparentan con el sistema de Vouchers y otras formas de subsidio a empleadorxs, que poco tienen que ver con la mejora en las condiciones de vida de las trabajadoras, una mirada feminista es imprescindible. Propuestas como la de la Municipalización del trabajo del hogar remunerado, o la exigencia de sistemas integrales de cuidados feministas, pueden ser claves para unir la lucha por derechos con la organización de ciudades con la vida en el centro.

 

Por último, un feminismo anticapitalista solo es posible si incorpora en un lugar central la lucha de todas las trabajadoras, y entre ellas de las más precarias. Luchar juntas puede fortalecer también a las trabajadoras del hogar en sus posiciones dentro de sindicatos y movimientos mixtos, al tiempo que se construyen feminismos de izquierda donde todas y todes sean protagonistas.

 

1. Estas experiencias nombradas, junto a otras de Paraguay, Argentina, Alemania confluyen en un proyecto actualmente en curso para el fortalecimiento del sector en vínculo con los activismos feministas, desarrollado por el Programa de Feminismos Internacionalistas de la Fundación Rosa Luxemburgo.

 

Referencias bibliográficas:

 

AAVV (2021) ¡La huelga general feminista Va! Historias de un proceso en curso, Buenos Aires: Tiempo robado editoras. https://www.rosalux.de/en/beyond_c189 Capire (2022) https://capiremov.org/es/entrevista-es/rafaela-pimentel-las-trabajadoras-dehogar-estamos-articuladas-en-una-de-las-luchas-mas-potentes-en-espana/ Municipalización del trabajo del hogar remunerado Gimeno, Beatriz (2019) “¿Es compatible ser feminista y tener empleada doméstica?” en Diario Femenino. Disponible en https://diariofemenino.com.ar/df/es-compatible-ser-feminista-y-tenerempleada-domestica/ John, Maya (2023) “Beyond Private Power of Employers and Precarity. Why municipalizing paid domestic work will benefit everyone”. Policy Paper. Disponible en https://www.rosalux.de/en/publication/id/49798/beyond-private-power-of-employers-and precarity?fbclid=IwAR1wJ63RrXrKGidRCbgwlu4RaOcxGPkS__5mFvO3Xk7Hr5_xhmMFiF5I4i0 Martínez Prado (2014) Discursos Feministas sobre las Trabajadoras del Hogar. (Des) Articulaciones Políticas. publicada en Latin American Policy, Issue 5, n° 2, Pp.303-318. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lamp.12042/abstract ONU-OIT-CEPAL (2020) Trabajadoras remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del Covid-19, disponible en https://oig.cepal.org/sites/default/files/trabajadoras_remuneradas_del_hogar_v11.06.20_1.pdf Pérez, Inés (2015) “Un ´régimen especial´ para el servicio doméstico. Tensiones entre lo laboral y lo familiar en la regulación del servicio doméstico en la Argentina, 1926-1956”, en El trabajo doméstico: entre regulaciones formales e informales. Miradas desde la historia y la sociología. Buenos Aires: Cuadernos del Ides. Disponible en https://static.ides.org.ar/archivo/www/2012/03/Cuadernos-del-IDES-N%C2%BA-30-Octubre 2015.pdf Pérez Orozco, Amaia (2014) Subversión feminista de la economía. Madrid: Traficantes de sueños. Torres, Aylin (2023) “Bordes, movilidades y ciudadanías. Notas sobre trabajo de cuidados y migraciones en América Latina”, en Torres Santana, Martínez y Muggenthaler (comp.) Y aquí estamos. Migraciones populares, trabajo y economías. Quito: Fundación Rosa Luxemburgo.

 

 

Las empleadas de casas particulares quedaron fuera de la «Promoción del trabajo registrado»

 

Comparte este contenido:

Colapsa la educación en toda Argentina

La tensión entre las universidades públicas argentinas y el presidente Javier Milei se disparó el jueves con un paro de profesores y distintos actos de protesta por parte de los estudiantes de decenas de facultades en rechazo a la decisión oficial de vetar un incremento a los salarios docentes y los presupuestos de esas casas de estudio.

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2024/10/11/colapsa-la-educacion-en-toda-argentina/

Comparte este contenido:

Contra el veto de Milei: Preparemos clases públicas, tomas y una gran movilización

Por: Sofía Martínez Naya

Después de la masiva movilización del 2 de octubre, este miércoles se discute en Diputados el rechazo al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario: tenemos una nueva parada, llenemos las calles y copemos la puerta del Congreso Nacional. Sigamos los ejemplos de las asambleas de Filo y Psico de la UBA que votaron toma y movilización. Ninguna confianza en las autoridades y el Congreso, ¡al veto lo frenamos en las calles!

La marcha del 2 de octubre fue inmensa, fuimos cientos de miles en todo el país mostrando una fuerte oposición a las políticas de ajuste del gobierno, y el rechazo de Milei a la Ley que permitiría recomponer el salario docente y el presupuesto universitario. Enormes columnas llenaron las ciudades de CABA, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Tucumán, entre tantos puntos del país.

A pesar de la enorme masividad que tuvo la concentración el gobierno ratificó su política y vetó la Ley. Hace semanas busca deslegitimar las movilizaciones en defensa de la Universidad Pública inventando datos en torno al salario docente (ofreciendo un aumento miserable de un poco más del 6% que no compensa la enorme pérdida de todo el año) y la cantidad de estudiantes, amenaza con arancelar la Universidad, y argumenta que cómo ya otorgó el aumento presupuestario de abril esta marcha es meramente política.

Como venimos planteando, el gobierno eligió a la Universidad como un flanco de ataque. Sin docentes y no docentes no hay Universidad de calidad, la intención del gobierno es precarizar la educación pública para favorecer la educación privada. Nos dicen que “no hay plata” pero se calcula que serían 1500 millones de dólares es lo que habría que pagar a fin de año al FMI. Las prioridades son claras: favorecer a los grandes empresarios y al FMI a costa de la salud, la educación, y las condiciones de vida de las grandes mayorías.

La única forma de frenar los planes del gobierno como mostró la lucha de los trabajadores del Hospital Bonaparte, es organizar la fuerza desde abajo. Sí pasa el veto, el gobierno va a querer avanzar con el arancelamiento y el resto de su plan de ataques. Hay que enfrentarlo con todas las fuerzas, y volver a preparar una movilización de cientos de miles para este miércoles. Con el ejemplo de la asamblea de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que con más de 450 estudiantes ratificaron la toma de la facultad hasta el miércoles para movilizar al congreso, el ejemplo de psicología de la UBA que también se sumó a la toma de la facultad, y del Colegio Nacional Buenos Aires también fue tomado por los estudiantes secundarios.

Plaga de ratas: Ninguna confianza en el Congreso!

El gobierno de Milei viene atacando la educación, las jubilaciones, la salud, a los aeronáuticos y la lista sigue. Sin embargo, ninguno de todos sus ataques podría pasar si no es con ayuda de los cómplices que le hacen la segunda en el Congreso, así como los que desmovilizan. Hay que decirlo claramente: Milei ataca con el apoyo de sus aliados y la pasividad de la oposición.

El gobierno nacional ya anunció que si se voltea el veto en la sesión del miércoles, recurrirá a la justicia para sostenerlo. Ese organismo antidemocrático que ya ha dejado pasar todos los ataques contra la voluntad popular. Nuestro futuro y el derecho al acceso a la educación pública y de calidad no puede quedar en manos ni de las ratas del Congreso ni de la justicia.

Por todo esto, para la votación de este miércoles no podemos tener ninguna confianza en los Diputados. No está garantizado que lo podamos dar vuelta, dependerá de las ausencia y de diputados que aún es incierto que votarán.

Macri salió a atacar el financiamiento universitario afirmando que acompañarán a Milei en el veto a la Ley de Financiamiento Universitario argumentando la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. El ex presidente tiene experiencia en desfinanciar la educación pública y nosotros, que enfrentamos su ajuste en 2018, tenemos experiencia en hacer asambleas masivas, clases públicas con corte de calle y toma de facultades para defenderla.

Tampoco podemos confiar en los diputados peronistas y radicales. El veto al aumento de las jubilaciones por parte del gobierno nacional, que luego fue aprobado en el Congreso Nacional y festejado de forma escandalosa con asado y vinos carísimos, tiene que servir de ejemplo. Cinco radicales y algunos de los diputados que responden al peronismo en varias provincias se vendieron por dos pesos o a lo sumo por un cargo.

Tampoco confiamos en las autoridades que todos estos años votaron presupuestos recortados, son quienes se encargaron de entregar a nuestros docentes y no docentes luego de la marcha de abril, y que recientemente le abrieron las puertas a la Universidad Nacional de La Plata a los liberales para que realicen un acto político en nuestra Universidad. No queremos privatizadores dentro de nuestra Universidad!

Muchísimas pibas de la universidad que defendimos nuestra educación contra el macrismo también fuimos parte de la pelea por el aborto legal y sabemos que cuando nuestros derechos quedan en manos de los diputados, la fuerza tiene que estar en la calle, presionando al Congreso Nacional, porque solo confiamos en nuestra fuerza organizada, no en los diputados que se venden. Como dijimos en aquel momento: ¡diputados los estamos mirando!

Contra el veto: plan de lucha desde abajo

Es por esto que tenemos que apostar a construir un plan de lucha desde abajo, con asambleas en todas las facultades donde se definan medidas de lucha contundentes como las clases públicas con corte de calles e incluso vigilias o tomas como votaron los y las estudiantes de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinaria de la UBA, para preparar una movilización y rodear el Congreso Nacional el miércoles 9/10 cuando se vote el rechazo al veto de Milei.

El ejemplo de estas facultades muestra un camino contra la lamentable política de la gran mayoría de los centros de estudiantes y federaciones, conducidas por distintas variantes del peronismo y radicalismo, que no llaman a asamblea.

La Franja Morada, que conduce la FUA (Federación Universitaria Argentina) y se llena la boca hablando en defensa de la educación pública, pertenece a la Unión Cívica Radical, cuyos diputados un día están en el congreso y al otro en una góndola en precios cuidados para hacerle la segunda a Milei a cambio de unos pesos. No podemos esperar nada de esta agrupación que no movió un pelo en ninguna facultad. Pero también el peronismo brilló por su ausencia luego de la marcha del 2 de octubre. Todas las variantes del peronismo, que conducen la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y la FULP (Federación Universitaria de La Plata), además de varios centros de estudiantes en todo el país quiere dejar nuestra educación en manos de las ratas del Congreso, mientras vacían las calles. Por ejemplo en las Universidades del Conurbano las distintas variantes del peronismo conducen la mayoría de los centros y federaciones, pero en casi ninguna llaman a asambleas. Desde el PJ del MUC (Movimiento universitario del conurbano) que dirigen universidades enormes como UNLZ, UNSAM, UNLAM, UNAJ, UNAHUR, hasta la Mella que dirige la FUNLa. Incluso se llega al colmo que La Cámpora en UNQ convoca una jornada de visibilización el martes, sin convocar al miércoles. En la Universidad de La Plata las asambleas que se van a realizar durante el martes fueron en su mayoría autoconvocadas.

Ahora llaman a realizar una radio abierta en el Congreso el miércoles pero sin convocar a paro en las Universidades. Es una vergüenza ¿Cómo piensan que los estudiantes, docentes y nodocentes participen de esta forma?

Si las conducciones no nos convocan, tenemos que organizarnos desde abajo y de forma independiente. Desarrollando espacios de organización y deliberación como asambleas autoconvocadas, comisiones por carrera, y llevando estos debates a todas las aulas. No podemos esperar a que se resuelva todo por “arriba”, hay una pulseada con el gobierno que busca desprestigiar la Universidad.

La Universidad puede ser la punta de lanza para asestar una gran derrota al gobierno de Milei, lo cual tendría un potencial enorme hacia el resto de las luchas en curso. Los estudiantes, docentes y no docentes, nos tenemos que unir con la fuerza que vienen expresando los trabajadores del Hospital Laura Bonaparte, con los trabajadores aeronáuitcos a quienes amenazan con la privatización de Aerolíneas, y con los jubilados que vienen de enfrentar el veto al mísero aumento en las jubilaciones. Si unimos toda esta fuerza podemos triunfar!

Es urgente que la CGT y las CTAs convoquen un paro nacional ya con movilización, con un plan de lucha votado desde abajo en asambleas en cada lugar de estudio y de laburo.

Por todo esto en todas las asambleas que se realicen queremos movilizar bajo la consigna: “Abajo el veto y todo el plan de Milei. Apoyo y unidad de todas las luchas. Paro nacional y plan de lucha.”

La fuerza está, tenemos que organizarla.

https://www.laizquierdadiario.com/Contra-el-veto-de-Milei-preparemos-clases-publicas-tomas-y-una-gran-movilizacion

Comparte este contenido:

Argentina: Docentes de Buenos Aires reflexionan sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula

Docentes de Buenos Aires reflexionan sobre el uso de la inteligencia artificial en el aula

La actividad propuso abordar de la inteligencia artificial, y la creciente dificultad para poner atención de los estudiantes

En el marco del ciclo de conferencias «Colecciones en Red», organizado por Escuela de Maestros en septiembre, Carolina Duek, doctora en Ciencias Sociales (UBA) e investigadora del CONICET, fue la oradora del ciclo de conferencias. Allí, se reflexionó sobre temáticas como inteligencia artificial, entre otros tópicos que forma parta de la agenda educativa.

En este sentido, la actividad propuso abordar el uso de la tecnología, como la inteligencia artificial, dentro y fuera del aula, y la creciente dificultad para captar la atención de los estudiantes. Con esta premisa, se completó un auditorio mayormente compuesto por docentes de educación media.

«Por qué los chicos que recibimos todos los días, en todos los niveles, van a buscar algo a la escuela: una autoridad, un abrazo, una explicación, un contenido que no tienen en casa. Entonces, en lugar de indignarnos con esa juventud, preguntémonos al revés: ¿cómo puedo entender a esta generación, cómo me puedo acercar?», planteó, Carolina Duek.

El uso de la inteligencia artificial en el aula

Desde una perspectiva interpretativa, Duek se adentró en la problemática de los consumos culturales actuales. En un contexto híper demandante para los adultos, docentes y profesores; en el que niños, niñas y adolescentes se ven expuestos a la sobre-estimulación.

Uno de los focos principales de estos encuentros fue la respuesta mediante una satisfacción inmediata que tiene la Inteligencia Artificial. El diagnóstico que plantea suspende la valoración habitual e invierte la pregunta: ¿por qué asombrarnos de que nuestros estudiantes recurran a la IA para resolver la tarea?

A partir de este interrogante, la especialista invitó a considerar líneas de acción “que nos lleven por un camino más comprensivo, más empático de los estudiantes con los que nos vinculamos cotidianamente”.

Duek es autora de la cápsula de formación continua sobre enseñanza y aprendizaje «Consumos culturales, pantallas y aulas: tensiones y posibilidades del mundo contemporáneo», que comprende los cursos bimestrales «Pantallas, tensiones y aulas: un análisis del contexto del trabajo docente» y «Consumos culturales contemporáneos: claves para su abordaje en el aula».

Estas propuestas de formación, son puntaje docente, para que educadores y directivos puedan organizar de manera programada en el año lectivo su recorrido formativo sobre temas relevantes de la actualidad.

Por último, durante el mes de octubre se estarán realizan nuevos encuentros y las inscripciones se realizan mediante el siguiente link.

Fuente de la Información: https://aptus.com.ar/docentes-de-buenos-aires-reflexionan-sobre-el-uso-de-la-inteligencia-artificial-en-el-aula/

 

Comparte este contenido:

Marcha federal universitaria en Argentina: 5 claves del conflicto por el presupuesto educativo

Por: Alfredo Dillon

La caída de los salarios docentes y el desmantelamiento del sistema científico figuran entre los principales reclamos de la movilización que se realizará hoy. Mientras el presidente se prepara para vetar la ley de financiamiento, se profundiza la confrontación con las casas de estudio

En septiembre, el Congreso aprobó la ley que recompone el financiamiento universitario para 2024. Pero el anuncio del veto por parte del presidente Milei catalizó una nueva movilización, tras la marcha del 23 de abril. (Mario Sar)

 

Pasaron 162 días desde la primera Marcha Federal Universitaria, que el pasado 23 de abril movilizó en todo el país a estudiantes, egresados, docentes y familias en contra de los recortes al presupuesto para la educación superior. Aquella marcha consiguió que, en mayo, el Gobierno nacional aprobara una actualización del 270% en los gastos de funcionamiento, así como un 300% en los fondos para los hospitales universitarios, en línea con la inflación acumulada desde 2023.

 

Pasaron 224 días desde que los rectores de las universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtieron públicamente sobre “la situación crítica en las universidades”. En un documento del 21 de febrero, expresaron su preocupación por cuatro puntos: los gastos de funcionamiento, los salarios de docentes y no docentes, la inversión en infraestructura y becas, y los fondos para las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

 

De esos cuatro puntos, las universidades plantean que solo el primero se resolvió. La situación del segundo –la caída salarial– no encontró solución, pese a que la paritaria universitaria mantuvo reuniones periódicas. En septiembre, el Congreso aprobó la ley que recompone el financiamiento universitario para 2024, con foco en los salarios. Pero el anuncio del veto por parte del presidente Javier Milei fue el catalizador de la nueva movilización que tendrá lugar hoy en todo el país, con epicentro en Plaza del Congreso.

 

¿Cómo se llegó hasta acá? ¿Por qué no pudo resolverse la situación del presupuesto universitario? A continuación, cinco puntos clave para entender la movilización de hoy, en el marco de un conflicto que signó los primeros diez meses del gobierno libertario.

 

1. La caída de los salarios docentes y no docentes

Los salarios de docentes y no docentes tuvieron una pérdida de alrededor del 33% de su poder adquisitivo desde que asumió el nuevo gobierno, según un informe de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y Río Negro (UNRN). Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 los salarios universitarios tuvieron un aumento del 89,5%, pero en ese período la inflación acumulada fue de 153,1%, informó Conadu. Desde el Gobierno reconocen la caída, pero explican que está en línea con el retroceso general del salario real de los asalariados desde fines de 2023. Los salarios representan más del 90% del presupuesto universitario.

El gráfico muestra el aumento de los salarios universitarios desde noviembre de 2023, en contraste con la inflación acumulada (y considerando el impacto del impuesto a las ganancias a partir de julio). Fuente: Conadu

El gráfico muestra el aumento de los salarios universitarios desde noviembre de 2023, en contraste con la inflación acumulada (y considerando el impacto del impuesto a las ganancias a partir de julio). Fuente: Conadu

Uno de los reclamos del Frente Sindical de Universidades Nacionales (integrado por Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fatun y Fagdut) es que en 2024 los salarios universitarios evolucionaron 20 puntos por debajo del promedio de los empleados estatales. Según el Gobierno, esa brecha se resolvía con la propuesta oficial de la última paritaria, cuando las autoridades ofrecieron un 5,8% para octubre (que se sumaba al 1% ya otorgado), cifra que desde el Ministerio de Capital Humano calificaron como un “histórico ofrecimiento”.

Aquel aumento ubicaba los salarios universitarios en “niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)”, informó el ministerio. Pero los gremios lo rechazaron por considerarlo insuficiente; la negociación se retomará el próximo lunes 7 de octubre. El diálogo entre las partes permanece abierto, pese a que las acusaciones cruzadas fueron subiendo de tono, especialmente en los días previos a la marcha.

Según cifras oficiales, en Argentina 7 de cada 10 (69,5%) docentes del sistema universitario público tienen una “dedicación simple”, en torno a las 10 horas semanales. Por eso, desde el Gobierno cuestionan que se consideren esos salarios como referencia para plantear que la mayoría de los profesores están “bajo la línea de pobreza”. Apenas el 10% de los profesores tiene dedicación “exclusiva”: un titular en esas condiciones cobró $1.356.097 en septiembre (sueldo bruto básico), que ascienden a $1.695.122 con 10 años de antigüedad. Para un adjunto con dedicación exclusiva (es decir, 40 horas semanales), el salario bruto inicial es de $1.057.891 (y 1.322.364 con 10 años de antigüedad).

Desde fines de 2023, los salarios universitarios tuvieron una caída aún mayor que la del sector público. Sin embargo, según el Gobierno ambos sectores quedarían equiparados con la última oferta salarial del 6,8% en octubre. Fuente: Ministerio de Capital Humano

Desde fines de 2023, los salarios universitarios tuvieron una caída aún mayor que la del sector público. Sin embargo, según el Gobierno ambos sectores quedarían equiparados con la última oferta salarial del 6,8% en octubre. Fuente: Ministerio de Capital Humano

Al comparar el salario de un profesor titular de dedicación exclusiva en Argentina con respecto a otros países de la región, se observa que los salarios universitarios en Argentina (medidos según el dólar financiero) son 3,7 veces más bajos que los de Brasil y apenas un tercio de los de Uruguay. A su vez, representan la mitad de lo que cobra un profesor con la misma categoría en Chile, Bolivia o Perú, según el informe de la UNSAM y la UNRN.

La Ley de Financiamiento Universitario aprobada en septiembre establece que los fondos para el sistema de educación superior en 2024 deben acompañar la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Tiene un artículo en el que se encomienda al Poder Ejecutivo “recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional” entre diciembre y la sanción de la ley según “la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período”. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

 

2. Un reclamo federal con amplio apoyo social

Esta semana varios funcionarios del Gobierno nacional consideraron que la movilización será una marcha “opositora”. Desde distintos sectores de la oposición expresaron la adhesión a la marcha: legisladores nacionales de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, así como de Unión por la Patria, anticiparon que participarán de la movilización y llamaron a la ciudadanía a sumarse. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respaldó la protesta, así como Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta; a la marcha del pasado 23 de abril asistieron, entre otros líderes políticos, Sergio Massa y Axel Kicillof.

La primera Marcha Federal Universitaria, realizada el 23 de abril, movilizó a cientos de miles de personas en CABA y en las principales ciudades del país. REUTERS/Agustin Marcarian

La primera Marcha Federal Universitaria, realizada el 23 de abril, movilizó a cientos de miles de personas en CABA y en las principales ciudades del país. REUTERS/Agustin Marcarian

Sin embargo, distintos relevamientos han mostrado que la preocupación por la situación de las universidades públicas trasciende ampliamente las banderas partidarias. La última Encuesta nacional de creencias sociales, elaborada en junio por el observatorio Pulsar de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, encontró que el 72% de los argentinos rechazan los recortes en educación (y otro 19% dice estar “poco de acuerdo”: apenas el 8% apoya el ajuste en este rubro). También es mayoritario el rechazo a los recortes en ciencia y tecnología (suma 85% entre quienes están “poco” y “nada” de acuerdo con recortar). En esa misma encuesta, el 88% se mostró a favor de reducir el gasto de la política.

Otro estudio de la consultora Escenarios realizado en agosto mostró que las universidades nacionales son, por lejos, la institución estatal más valorada por los argentinos: más de la mitad de los encuestados (52,7%) tiene una evaluación positiva de las casas de estudio públicas, con una diferencia del +35,4% entre imagen positiva y negativa. En segundo lugar queda la Anses, con un +7,1% de diferencia entre la imagen positiva (34,3%) y la negativa (27,2%). La Presidencia de la Nación tiene en un 36,2% de valoración positiva y un 46,1% de valoración negativa según este relevamiento hecho en agosto: el saldo es una diferencia negativa de -9,9%. Otras instituciones, como el Congreso (13,4%) o la Corte Suprema de Justicia (12,9%), no llegan al 15% de valoración positiva entre los encuestados.

Una encuesta de la consultora Escenarios midió en agosto la valoración social de las instituciones del Estado nacional: las universidades encabezan el ranking. Fuente: @zapatafederico

Una encuesta de la consultora Escenarios midió en agosto la valoración social de las instituciones del Estado nacional: las universidades encabezan el ranking. Fuente: @zapatafederico

El conflicto involucra a las 61 universidades nacionales. La semana pasada, los rectores nucleados en el CIN le pidieron al presidente Milei “que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025″. Argumentaron: “No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos”.

También les solicitaron a los legisladores nacionales que, “de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento”. Además, agradecieron “a la sociedad argentina” por el apoyo y convocaron a la ciudadanía a manifestarse este miércoles.

 

3. Las críticas del Gobierno al sistema universitario

El Gobierno nacional ha ido ampliando el repertorio de críticas al sistema universitario público. Los cuestionamientos, orientados a erosionar la confianza social en el sistema, se agudizaron en los últimos días. El presidente Javier Milei expresó varias veces la idea de que las instituciones educativas estatales (incluidas las escuelas) son lugares de adoctrinamiento. De hecho, una de las primeras medidas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, fue habilitar una cuenta de correo electrónico para que los estudiantes denunciaran a sus profesores (o para denuncias entre colegas). Álvarez aseguró haber recibido muchas denuncias de “persecución ideológica” en las aulas.

Desde el Ministerio de Capital Humano describen al sistema universitario público como “caro, inequitativo e ineficiente”. Durante todo el año han insistido sobre la falta de rendición de cuentas por parte de las universidades; las instituciones responden que son auditadas anualmente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso. La falta de transparencia ha sido uno de los argumentos recurrentes del Gobierno, que acusó a la UBA de adeudar “la rendición del 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022″.

 

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionaron a las universidades públicas en una ronda de prensa previa a la marcha

El Índice de Transparencia de organismos estatales que elabora la Agencia de Acceso a la Información Pública –que no se refiere a la rendición de gastos sino a la accesibilidad de la información– tiene 3 universidades públicas (las de San Martín, Lanús y Quilmes) entre los 6 organismos estatales considerados más transparentes. Esas tres universidades nacionales, con más de 95 puntos en el índice (calculado sobre 100), superan en transparencia al Ministerio de Economía (en el puesto 7) y al Ministerio de Capital Humano (en el puesto 11). La UBA tiene 38,6 puntos en ese índice: una cifra más bien baja, pero superior por ejemplo a la de la Secretaría de Prensa (24,3), según los resultados del 2° trimestre de 2024.

La cuestión de la “ineficiencia” se refiere sobre todo a las bajas tasas de graduación del sistema en comparación con la cantidad de ingresantes. Mientras que el cuestionamiento sobre la inequidad apunta a que en Argentina solo el 12,4% de los jóvenes entre 19 y 25 años pertenecientes al decil más bajo (los más pobres) acceden a estudios superiores, mientras que en el decil de mayores ingresos lo hace el 46%, según un dato del Observatorio de Argentinos por la Educación que el Ministerio de Capital Humano incluyó en un informe difundido esta semana. El informe oficial también señalaba, a partir de un dato del CEDLAS, que el sistema universitario chileno es más equitativo que el argentino: “No solo el sistema educativo de Chile presenta un mayor nivel de acceso a la educación superior en general, sino que incluso la brecha de acceso es significativamente mayor para aquellos alumnos de los sectores más vulnerables de la población”.

 

Porcentaje de asistencia al nivel superior de jóvenes de entre 19 y 25 años, por deciles de nivel socioeconómico. Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación (2022)

 

En los últimos días, a estos cuestionamientos se sumó otro: desde la Secretaría de Educación acusaron a las universidades de “inventar alumnos” para abultar la matrícula y obtener más fondos. La acusación fue desmentida por las universidades, por exfuncionarios del área (como Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias durante el gobierno de Cambiemos) y por especialistas del sector.

“En vez de hablar de alumnos fantasmas, hay que ponerse a trabajar en una mesa y ver qué posibilidades hay de arreglar esto con lo que puede el Gobierno y lo que sostienen los gremios”, afirmó Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN.

“Las universidades nacionales hace más de 10 años entregan la información nominal de estudiantes, con nombre y apellido, DNI, nota, acta, folio y fecha de cada asignatura, lo cual hace casi imposible su alteración y muy fácil su auditoría”, señaló el investigador Juan Ignacio Doberti en su cuenta de la red social X. Según explicó Doberti, desde hace 20 años el modelo de distribución de recursos para las universidades “se basa en indicadores objetivos (alumnos, docentes, investigadores, metros cuadrados)” y “no considera a los alumnos que no aprueban ninguna o solo una materia anual, por lo cual estos no inciden en la designación de cargos docentes”.

 

4. La dilatación de un conflicto anunciado

La crónica del conflicto universitario podría empezar hace poco más de un año, cuando los dos candidatos presidenciales que disputaron el ballotage acordaron postergar el debate del Presupuesto 2024. Ese acuerdo terminó implicando que se “recondujera” el presupuesto 2023 para 2024, tras una inflación récord de 211,4% el año pasado (la más alta desde 1990).

La situación de las universidades empezó a visibilizarse en febrero, cuando los rectores advirtieron por primera vez que peligraba el funcionamiento de las casas de estudio por el congelamiento de los recursos en medio de la espiral inflacionaria. La tensión creciente llevó a la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, impulsada por las autoridades universitarias, los gremios docentes y los estudiantes –representados por la Federación Universitaria Argentina (FUA)–.

La magnitud de la movilización fue reconocida por algunos sectores del Gobierno, que la semana siguiente convocaron al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, a una reunión con Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, y Carlos Torrendell, el secretario de Educación. Las negociaciones llevaron al aumento del presupuesto para gastos de funcionamiento, primero para la UBA y luego –tras un reclamo del CIN– para todas las universidades nacionales.

 

Tras la primera marcha federal, la ministra Sandra Pettovello y el secretario Carlos Torrendell se reunieron con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y acordaron un aumento en los gastos de funcionamiento y en los fondos para hospitales universitarios

Sin embargo, quedaron al menos dos puntos claves sin saldar. Por un lado, la cuestión de los salarios de docentes y no docentes. Por el otro, la situación crítica del sistema de ciencia y tecnología. Esos reclamos motivaron una serie de paros nacionales y otras medidas de fuerza en las universidades. En septiembre, cuando el presidente Milei anunció con un tuit su intención de avanzar con un “veto total” a la Ley de Financiamiento Universitario para preservar el equilibrio fiscal, los principales actores del sistema anunciaron la movilización que se concretará hoy.

 

5. Un panorama incierto a futuro

Si bien las universidades públicas vienen pidiendo “previsibilidad”, el panorama de los próximos meses se perfila incierto. El inminente veto presidencial eliminaría de la escena una eventual recomposición de los salarios en 2024. Sin embargo, los cálculos políticos también sugieren que el Congreso podría tener los números suficientes para rechazar el veto.

De cara al año que viene, las universidades ya denunciaron que el proyecto de Presupuesto 2025 profundiza el ajuste sobre el sector. Desde el propio Ministerio de Capital Humano reconocieron esta semana que el proyecto requerirá “reacomodamientos” en el Congreso. Los fondos proyectados para el año próximo ($3,8 billones) equivalen a la mitad del financiamiento que habían solicitado los rectores ($7,2 billones).

 

Los rectores de las universidades nacionales se reunieron en agosto en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), en Santa Rosa, y pidieron un presupuesto de $7,2 billones para 2025. El Gobierno ofrece la mitad

Las autoridades de la Secretaría de Educación aseguraron que no están pensando en intentar transferir las universidades a las provincias –como circuló en los últimos días– ni con avanzar en propuestas de arancelamiento (aunque el Gobierno sí planea retomar, por ley, la propuesta de habilitar aranceles para los estudiantes extranjeros no residentes).

Desde las universidades advierten por un impacto de los recortes en el sistema científico, donde temen una nueva “fuga de cerebros”. Pero además, la preocupación por el financiamiento educativo alcanza no solo a la enseñanza en las universidades, sino también al sistema de educación obligatoria. Según un informe de CTERA, el Presupuesto 2025 implica que el recorte de los fondos nacionales será aún mayor en la educación básica que en el sistema universitario.

De concretarse ese ajuste, el año que viene se acelerará una tendencia que mostró hace unos días un informe de Argentinos por la Educación: desde 1980, la Nación fue retrayendo su aporte al sistema educativo, que es financiado cada vez en mayor proporción por las provincias. Según varios expertos, esa tendencia conduce a una profundización de las inequidades territoriales que caracterizan a la Argentina: si el Estado nacional continúa su retirada, el cumplimiento del derecho a una educación de calidad dependerá, cada vez más, del lugar de origen de cada estudiante.

https://www.infobae.com/educacion/2024/10/02/marcha-federal-universitaria-5-claves-del-conflicto-por-el-presupuesto-educativo/?outputType=amp-type#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17281500971726&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

 

Comparte este contenido:

Segunda Marcha Nacional Universitaria: “un fantasma recorre Argentina”

Por: Emilia Trabucco*

La segunda Marcha Universitaria -desde el inicio de la gestión de Javier Milei- convocada para este miércoles 2 de octubre en todo el país, se presenta nuevamente como una iniciativa que moviliza a la sociedad argentina en general, especialmente en un contexto de profundización del ajuste.

La crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales no sólo amenaza su funcionamiento, sino que también forma parte de una estrategia más amplia que busca mercantilizar la educación y disciplinar el pensamiento crítico. En este contexto, el papel de la universidad pública como un espacio de inclusión, producción de conocimiento y justicia social es clave para entender la importancia de esta nueva movilización.

El debate sobre el financiamiento de las universidades públicas refleja la tensión entre los intereses populares y las políticas de ataque a las clases trabajadoras del actual gobierno, quien recientemente anunció que vetará la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Esta ley buscaba actualizar las partidas presupuestarias de las universidades nacionales, garantizando su funcionamiento y los salarios de docentes y no docentes en función de la inflación, un problema que ha afectado profundamente a les trabajadores en general.

La oferta salarial del 5,8% que el gobierno recientemente presentó a los gremios en la antesala de la marcha ha sido rechazada por insuficiente, especialmente cuando se contrasta con los índices de pobreza y la inflación, que sitúan al 85% de les docentes y trabajadores universitarios bajo la línea de pobreza (CONADU, 2024). En este sentido, la lucha universitaria se entrelaza con otras luchas del sector laboral, que también enfrentan las consecuencias de la flexibilización y la precarización del trabajo, que se agudizarán con la reglamentación de la Reforma Laboral anunciada por Federio Sturzzenegger.

Ello se suma a la decisión del gobierno de suspender el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente clave del salario docente, y ha paralizado las negociaciones de la Paritaria Nacional Docente.

Además, el gobierno ha impulsado la declaración de la educación como servicio esencial , lo que restringiría el derecho a huelga de los trabajadores del sector, en una clara violación de la Constitución Nacional . Esta medida se inscribe en una política de disciplinamiento social que busca limitar la capacidad de protesta y organización de los sectores que se oponen al ajuste.

El ataque a la educación pública no es un fenómeno aislado. En un contexto global de ofensiva neoliberal y neofascista, la universidad se ha convertido en un campo de disputa ideológica. Desde sectores cercanos al gobierno de Milei, se acusa a las universidades de ser centros de adoctrinamiento ideológico, una narrativa que refuerza la ofensiva contra el sistema educativo público y alienta su privatización.

El gobierno de Javier Milei ha dejado clara su intención de avanzar en este sentido, promoviendo un modelo basado en la demanda mediante la implementación de vales y créditos educativos. Los hijos de la canciller Diana Mondino, Francisco y Simón Pendas, forman parte del directorio del Banco Roela, que ya opera en universidades privadas (y algunas públicas, mediante la plataforma de pago de posgrados) y busca expandirse a las públicas mediante el arancelamiento y el negocio de los préstamos estudiantiles.

Negocio más que apetecible, considerando que el 80% de les estudiantes en Argentina eligen estudiar en universidades públicas.  Este sistema, que beneficia directamente a bancos y aseguradoras, ya ha demostrado sus efectos en Chile, donde el modelo, heredado de la dictadura de Pinochet, ha endeudado masivamente a las familias y generado una profunda desigualdad.

En Argentina, la propuesta de avanzar con créditos plantea un escenario similar: la educación se convertiría en un negocio rentable para unos pocos, mientras millones de estudiantes quedan excluides por no poder afrontar las deudas impuestas para acceder a la universidad. Al igual que en Chile, la retórica oficial justifica esta medida en la crisis presupuestaria creada por el propio gobierno, consolidando la educación como un servicio financiero que subordina el derecho a estudiar a la capacidad de endeudarse.

El accionar del gobierno forma parte de una ofensiva más amplia contra los derechos sociales conquistados en las últimas décadas. El ataque a la universidad pública forma parte de la agenda neoliberal de ajuste y reforma del Estado, que busca la mercantilización de todas las áreas de la vida y el disciplinamiento social (Socolovsky, 30 de julio de 2024).

Este conflicto trasciende lo económico, tocando fibras sensibles de la identidad argentina, como los derechos humanos, la justicia social y la defensa de la soberanía. La universidad pública en Argentina ha sido históricamente un baluarte del conocimiento crítico y del desarrollo científico-tecnológico. Con un presupuesto adecuado, las universidades no solo garantizan una formación de calidad, sino que también son un motor de producción de conocimiento y de avance científico en áreas cruciales para el país.

La marcha del 2 de octubre será la expresión de una resistencia amplia y heterogénea contra el programa de ajuste, empobrecimiento y quita de derechos de la sociedad argentina en general. Al igual que ocurrió con la marcha del 23 de abril[1], que movilizó a miles de personas en todo el país, esta nueva convocatoria reúne a sindicatos, organizaciones estudiantiles, feministas, culturales, científicas,  de jubilades, movimientos sociales y comunidad en general en defensa de la universidad pública​.

En conclusión, la marcha del 2 de octubre no sólo pone de manifiesto la defensa de la universidad pública, sino que representa un reclamo más amplio por la justicia social en un país donde el ajuste y las políticas de recorte económico afectan a las clases trabajadoras de manera directa. La calle volverá a ser escenario de una disputa fundamental por el futuro del pueblo argentino.

[1] Trabucco, E.: La masiva marcha nacional universitaria: un punto de inflexión en el escenario político argentino. Disponible aquí

*Trabucco es psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU

Comparte este contenido:
Page 3 of 657
1 2 3 4 5 657