“(…) Creo, de todos modos, que la principal causa por la que hoy se combate a los maestros con sueldos magros y tareas quiméricas es otra más miserable y por eso inconfesa. Un maestro es alguien que decidió pasar su vida encendiendo en otros el fuego que encendieron en él de niño. Para los poderosos de este mundo, que de niños lo recibieron todo y ahora lo arrebatan todo, la lógica de esa decisión es obscena, un espejo en que no quieren mirarse y por eso lo rompen, huyendo del escándalo”.
Marcelo Figueras, Kamchatka. 2002
Quizás nos toque celebrar uno de los días del maestro -o de la maestra, como se propuso con muy buen criterio desde este espacio de reflexión- más difíciles para la profesión desde el retorno de la democracia. O al menos para la generación en la que me inscribo, nacida en democracia y en ejercicio de la docencia durante los últimos diez o doce años.
El contexto es, como poco, complejo. A la dificultad que generan las actuales condiciones materiales de trabajo, se suma el particular encono que el gobierno nacional tiene para con las y los docentes. La decisión es clara: dar la “batalla cultural” contra el “adoctrinamiento” en las aulas de la escuela pública. En el discurso de cierre del Foro Económico Internacional de las Américas, el presidente afirmó: “La educación pública ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente”. Esto sería responsabilidad de las y los docentes, formados en Institutos Superiores de Formación con “currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalista y antiliberales, en un país en el cual lo que más se necesita es más capitalismo y más libertad”. Así lo expuso Milei, esa vez en la apertura de las sesiones legislativas.
Decíamos, por otro lado, que tampoco el contexto es sencillo respecto a las condiciones materiales. Sabemos que la profesión docente enfrenta dificultades vinculadas a la sobrecarga laboral. Se necesitan 8 horas en la escuela para vivir, pero el trabajo no empieza ni termina ahí. En los escritorios de maestras y profesores conviven la pila de trabajos a corregir, las planillas a completar y materiales variopintos que rápidamente saben convertir en un recurso didáctico. Docente: alguien que puede ver una película en su tiempo libre y enseguida pensar cómo trabajarla en el aula.
La sobrecarga de tareas administrativas, la falta de reconocimiento y remuneración de las horas destinadas a la planificación y evaluación y de espacio para el trabajo colectivo entre docentes son algunas cuestiones que requieren ser visibilizadas y repensadas. A esta situación se adiciona la traducción que el actual contexto socioeconómico genera en emergentes y demandas en cada aula de cada escuela del país, que también son abordados por las y los docentes y que tornan aún más agobiante su tarea cotidiana.
Además, a esto se suma la caída del poder de compra del salario. En la actualidad, el salario de un docente con 10 años de antigüedad le permite comprar 27 kilos de carne menos por mes que lo que le permitía a ese mismo docente 10 años atrás. Esto es así para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero se replica más o menos proporcionalmente también en otras jurisdicciones.
Teniendo en cuenta lo dicho hasta acá, sería sencillo -y hasta diría lógico- asumir una posición defensiva, que implique fundamentalmente no “seguir perdiendo”, a sabiendas que en los últimos meses el conjunto de las y los trabajadores han visto empeorar sus condiciones de vida. En particular, los y las trabajadoras de la educación han dejado de percibir el Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte del Estado nacional, por definición del presidente Milei. Este monto ha sido cubierto solamente en algunas jurisdicciones por parte de los gobiernos provinciales.
Sin embargo, creo que es imperioso que podamos reflexionar -y también trabajar- en una agenda que permita hacernos cargo de los desafíos que enfrenta nuestro sistema educativo, tanto en la formación docente como en la actual carrera docente. Aún estando exactamente en la vereda de enfrente de todo lo que el presidente Javier Milei pueda pensar, decir y hacer en materia educativa, tenemos que poder reconocer los niveles de insatisfacción que tiene una parte de nuestra sociedad.
Por supuesto que mucho de ese estado de situación es generado por quienes trabajan para deslegitimar -y se encargaron de desfinanciar- a la escuela. Pero creo que tenemos que poder reconocer la porción de verdad que hay en aquellos sectores a quienes la “defensa de la escuela pública” no les resuena lo que quisiéramos y creemos que debe poder resonarle. Y además, creo que no hay nadie que cuente con más herramientas para dar esta discusión que quienes habitan todos los días las aulas de nuestro país. De otra forma, corremos el riesgo que el debate se muestre simplificado, que se dedique a buscar culpables y acote la agenda de transformaciones necesarias a un conjunto de medidas de corto alcance pero con fuerte impacto político y comunicacional, tal y como sucede actualmente en el Congreso Nacional con el debate sobre la educación como un servicio esencial.
Alejandro Finocchiaro, quien fuera ministro de Educación de Mauricio Macri en un gobierno que redujo el porcentaje del PBI destinado a la educación, defendió el proyecto de ley que restringe el derecho a huelga docente refiriéndose a una “curva de la decadencia de la educación”. Otros diputados votaron afirmativamente en nombre de la “calidad de la educación”, aún cuando lo votado supone una guardia mínima en las escuelas los días de paro docente que, en todo caso, resolvería el problema de cuidados.
Cabe aclarar, además, que salvo en casos de conflictos prolongados -en provincias con serias dificultades para hacerle frente al pago de salarios docente-, los paros representan un porcentaje muy bajo de los días que se pierden clases. ¿Cómo se resuelve esto? Con la aplicación de la “Ley de los 180 días de clase” -N° 25.864-, que prevé la intervención del gobierno nacional, como aquella primera acción de Néstor Kirchner en Entre Ríos que todavía persiste en la memoria colectiva.
La pérdida de días de clase no se explica por los paros docentes, es necesario buscar otras causas nada abordadas en la ley de esencialidad de la educación. Por un lado, se pierde una enorme cantidad de días de clase en el nivel primario y de horas de clase en secundario por falta de docentes para la cobertura de cargos. Por otro lado, el problema de ausentismo docente convive con números cada vez más elevados de ausentismo de las y los estudiantes. En esta última discusión está también, quizás, uno de los fundamentos de la expansión de la matrícula en escuelas de gestión privada.
Ambos fenómenos -cargos sin cubrir y ausentismo- son multicausales y requieren abordajes complejos. La creación de cargos de maestros itinerantes que logren cubrir en tiempo y forma las suplencias cortas, el armado de reglamentos intraescuelas para garantizar la continuidad pedagógica, la evitación de sobrecarga de las tareas no pedagógicas de las y los docentes, la mejora del clima escolar, el acompañamiento a la labor de docentes noveles, el fomento del trabajo colaborativo y la promoción de la pareja pedagógica son algunas acciones que las jurisdicciones pueden desarrollar para mejorar el innegable problema de la pérdida de días de clases. Se trata de muchas y muy variadas medidas que seguramente requieren revisar, también, cómo funcionan los regímenes de licencia, el acceso a cargos docentes y los controles de los sistemas de salud laboral.
¿Cuáles son los recursos materiales y simbólicos que se requieren para garantizar las condiciones para que nuestros docentes enseñen y los niños, niñas y adolescentes aprendan mucho y todos los días? Esta tiene que ser la pregunta que oriente la acción, la reflexión y el debate de quienes creen en la potencia de nuestra querida escuela pública y en el lugar irremplazable que tienen los que asumen la tarea de encender en otros el fuego que encendieron en ellos de niños. Tenemos que poder discutir todo, tener un debate sincero sabiendo que la discusión debe estar siempre acompañada de una lucha interminable por el financiamiento de nuestro sistema educativo. Que los tiempos complejos de resistencia se acompañen, entonces, de discusiones que nos permitan pensar qué es aquello irrenunciable y cuáles son los puntos que deben ser profundamente transformados.
Los equipos de conducción escolar son los grandes orquestadores de la identidad de una institución. La mayoría están integrados por mujeres: entre un 90 y un 99 por ciento en el nivel inicial y primario y dos tercios en el nivel secundario. Hacen de pivote entre las necesidades de los estudiantes, las familias, les docentes y las bajadas educativas de los gobiernos. Sin embargo, están lejos de obtener un reconocimiento a la altura de sus responsabilidades: garantizar el funcionamiento diario de las escuelas, cada una un mundo, y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Son las dos de la mañana y suena el teléfono. Agustina se despierta sobresaltada y atiende. Habla en voz baja porque su pareja todavía duerme. También sus hijos de 3 y 7 años en el cuarto de al lado. Se levanta, se cepilla el pelo rubio y ondulado y comienza a vestirse sigilosamente para salir. Todavía no está acostumbrada a estas interrupciones del sueño. Pero desde marzo, a sus 40 años, es vicedirectora de una escuela de nivel inicial de gestión estatal en la costa bonaerense. Y apaga incendios las 24 horas. Esta vez sonó la alarma del jardín y tiene que ir a corroborar que no haya entrado nadie a robar.
—Imaginaba que en un cargo directivo iba a estar más tranquila al no tener que estar en la sala con los niños todo el día, ni planificar cuando llego a mi casa, pero ahora tengo más cansancio mental que físico —dice.
El sujeto docente que está frente a un grupo ocupa gran parte de los debates en torno a la educación: qué contenidos enseña, cómo puede hacerlo mejor, qué pasa con su autoridad hoy. Sin embargo, los equipos de conducción de las escuelas definen gran parte de la identidad de una institución y su funcionamiento. En línea con la feminización de la docencia, la mayoría son mujeres. En el nivel inicial, un 99 por ciento.
Las directoras son las titiriteras de climas, rutinas y proyectos escolares que implican a las docentes de las aulas y a su vez lxs trascienden. Son determinantes en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Tienen a su cargo a decenas de maestras y profesores/as, el vínculo con las carteras educativas jurisdiccionales, con las familias y les estudiantes. Los desafíos de la gestión son enormes, pero en muchas oportunidades quedan postergados por la necesidad diaria de resolver emergencias.
Cuando Agustina se inscribió para ser maestra en el “Sara Eccleston”, un reconocido profesorado de CABA, lo hizo porque creía en la educación como “motor de cambio”. Y eligió el nivel inicial por su potencia artística, lúdica y multidisciplinar “con las infancias como protagonistas”. No se formó pensando en muchas de las tareas que realiza hoy, 16 años después, a 350 kilómetros: completar planillas diarias con la nómina de docentes y auxiliares, hacer rendiciones de los alimentos consumidos en el comedor escolar, gestionar con la municipalidad el corte del pasto del jardín, organizar ferias al plato para comprar cartulinas, plasticolas y goma espuma.
Accedió al cargo como muchas docentes de ciudades pequeñas: porque se liberó el puesto y alguien tenía que hacerlo. Ella trabajaba en la institución hacía 14 años y tenía el mejor puntaje. “Lo hice por amor al jardín”, cuenta. El primer “shock” fue cuando la sumaron a 20 grupos de WhatsApp al mismo tiempo, una dinámica de comunicación que muchas escuelas arrastran desde la pandemia. Agustina funciona como intermediaria. Si una mamá ve que su hijo volvió con el cuaderno roto a su casa, pregunta en el grupo qué pasó y la vice chequea la respuesta con la maestra.
“En otro momento se usaba el cuaderno de comunicaciones. Hoy pasa todo por WhatsApp. También con las maestras. Si una docente te avisa que está enferma el domingo a la noche tenés que ponerte a pensar cómo la reemplazás mañana. La clave es adelantarse a los problemas. A veces me quedo respondiendo mensajes hasta las once de la noche, cuando también quiero estar con mis hijos. Al principio pensé: ‘¿cómo voy a hacer todo esto?’. Después empecé a diferenciar lo urgente de lo que puede esperar”, reflexiona en diálogo con Feminacida.
En el jardín de dos turnos y 150 niñes no hay secretaria a cargo del trabajo administrativo. La sobrecarga de las tareas burocráticas y la falta de personal es uno de los principales problemas que enfrentan. En la escuela hay 13 proyectos de inclusión producto de distintos diagnósticos como el Trastorno del Espectro Autista, pero no la suficiente cantidad de acompañantes terapéuticos ni de fonoaudiólogas o psicopedagogas. Ya sea por hospital público o por obra social, conseguirlos es una odisea. El trabajo recae solo en el cuerpo de las maestras.
Agustina dice que en su escuela no hay tanto ausentismo docente, pero sí un gran desgaste: “La mayoría de las maestras trabajan doble turno porque no llegan con el sueldo, entonces terminan agotadas. Esa exigencia lleva a que le bajen las defensas y se enfermen. Tenemos una preceptora que puede cubrir salas, pero a veces no alcanza y vamos la directora o yo”. Y si la auxiliar de limpieza no asiste, las propias docentes y directoras limpian las salas y los baños. También plantean una reducción horaria de la jornada. Cada tanto, esto genera malestar en las familias.
A “la vice” le encanta la sala. Aunque no es lo mismo “entrar y salir un rato” que ver de cerca cada día cómo los niños y niñas se afianzan como grupo, enriquecen su vocabulario o expresión corporal. Por momentos, la extraña “un montón”, pero entiende que su desafío es acompañar a otras docentes. Si antes iba a exposiciones de artes visuales pensando qué recurso llevar para sus actividades como maestra, ahora se la pasa recolectando libros de cuentos, canciones y títeres para las 17 docentes del jardín que les permitan trabajar la ESI o la interculturalidad.
“Le insistimos mucho a las familias para que vengan a las actividades de cierre de proyectos a compartir lo que aprendieron sus hijos/as a través del juego. Somos claras: esto no es una guardería, es una institución educativa”, afirma Agustina. Hace poco simularon un cuartel de bomberos con un autobomba de cartón. Los niños y niñas, vestidos de traje y con cascos, debían seguir las medidas de seguridad y recrear una serie de pasos para “apagar el incendio” una vez que sonaba la sirena.
En esas exposiciones, se ve gran parte del sentido del trabajo, aunque en la rutina de este jardín cercano al mar también abunda la belleza. Algunos niños y niñas suelen llegar dormidos. Los más valientes entran corriendo. Otrxs, a upa de sus madres y padres. A veces caminan con fastidio. En ocasiones, con ganas de jugar. Pero al final de la jornada casi todos y todas se van contentos, listos para contarles a sus familias cómo se divirtieron en el jardín.
—Una se queda tranquila de que cumplimos. Las familias trajeron lo más preciado que tienen, sus hijos, terminó el día y ellos aprendieron, jugaron. Pasaron cosas acá adentro.
Por esas “cosas que pasan” en una jornada de 4 horas –que terminan siendo 5 o 6 para el equipo directivo sin contar el trabajo en el hogar–, Agustina percibe un sueldo cercano a 700 mil pesos.
Escuela de puertas abiertas
Llueve en Madariaga, provincia de Buenos Aires, ciudad de 18 mil habitantes. Es invierno, los árboles que pueblan las principales avenidas están deshojados y las ramas se mueven con el viento. El pronóstico marca 5 grados de temperatura. Así no dan ganas de ir a la escuela. Pero esta vez, el equipo docente decidió proyectar Intensamente, una película de dibujos animados sobre las emociones, para todo el nivel secundario. Los adolescentes celebran que hay pochoclos. Martín, estudiante de Sexto año, llegó temprano. Se acerca a Sheila, la directora.
—Shei, tengo dos primos de mi edad que me dijeron: “Qué bueno que van a ver Intensamente, yo no la vi”.
—Deciles que vengan.
—¿En serio?
—Sí, que venga ahora que ya empieza. ¿Dónde están?
—Enfrente de mi casa. Ahí les digo.
Martín abre WhatsApp y les escribe.
—No me creen que pueden venir —jura el chico.
—¿Cómo se llaman?
—Víctor y Javier.
Sheila le pide un momento el celular y les manda un audio. La voz es aguda y alegre.
—Hola, Víctor y Javier… Chicos, los estamos esperando, salgan ya antes de que arranque la película.
“Ahí los tenías, pibes de 17 y 18 años muertos de risa con una película de Pixar. Jóvenes a los que tal vez nunca llevaron al cine, al teatro o a un concierto. A los que quizás no les leyeron jamás un cuento. Otros directores no dejarían entrar a nadie de afuera. Pero Víctor, que había dejado otra escuela hacía tres meses, se acercó y pidió la vacante. La película fue una puerta de entrada”, describe Sheila a Feminacida.
Además de dirigir la Escuela Secundaria Nº1 de gestión estatal en Madariaga hace casi dos décadas, Sheila Acosta Anzalone, de 55 años, es militante feminista, comunicadora social y escritora. En 2021 publicó La escuela y la alegría, una compilación de cuentos inspirados en la realidad de muchxs docentes que, durante la pandemia, redoblaron sus esfuerzos por hacer llegar la escuela a casa y evitar la deserción escolar.
Para Sheila, uno de sus mayores desafíos como directora es reducir la estigmatización que recae sobre el estudiantado de su escuela, que hasta 2006 fue un bachillerato para adultos. Hoy acuden adolescentes, la mayoría de barrios populares, hijos de trabajadores de la economía informal o de trabajadoras de casas particulares, que en su mayoría perciben ingresos de algún plan estatal, como la Asignación Universal por Hijo.
—Me interesa que la escuela sea el lugar donde los estudiantes puedan encontrar palabras para decir y comprender. Y si no las tenemos, las buscamos.
Sheila vive a 40 kilómetros de la escuela. Viaja en auto todos los días. Si llueve mucho, la ruta “es complicada”. Algunos días empieza a las seis de la mañana porque también da clases. A la mañana o al mediodía, dependiendo del día, inicia su trabajo de ocho horas como directora. Las puertas de la dirección siempre están abiertas a los estudiantes, que van con sus reclamos e inquietudes. “Acá no somos Tronchatoro”, comenta Sheila entre risas. Sus anteojos rojos le hacen juego con el color de pelo y el labial.
Hoy, la jornada inició con un conflicto de convivencia escolar: hubo reunión con los estudiantes para conversar porque ayer rayaron varios bancos. En otras ocasiones, las peleas estallan en las redes sociales y se abren paso en el aula: “¡Andá, pelo duro, que si no venías a mi casa a lavarte con shampoo te lo lavabas con jabón blanco!”.
—Con la crisis se dan cada vez más estas agresiones por dificultades en el acceso a productos básicos. De hecho estamos pidiendo mercadería para todos. Y ahí hay que remarla otra vez, conversar que es muy feo burlarse de eso.
Después, el equipo de conducción se encerró a leer. Falta poco para la reunión del ciclo “Conversaciones pedagógicas” entre directores de la jurisdicción que propone el gobierno provincial. Van a discutir el nuevo régimen académico. “Hablamos de cómo se puede incluir a pibes que quedan afuera del sistema si se flexibiliza la norma”, repone Sheila. Ella ya empezó a insistirle a los estudiantes que tienen varias “materias previas” para que las rindan.
Trescientos estudiantes. Cien docentes. Tres turnos. Hablar. Insistir. Recordar. Acompañar. Uno por uno.
En el recreo, con micrófono en mano, Sheila contó la historia de Fausto Maldonado, un joven de 20 años que cayó de un quinto piso al vacío mientras trabajaba en un edificio en construcción en Pinamar. No fue solo un accidente: la obra no cumplía con los protocolos necesarios de seguridad. Sheila no deja de pensar en sus alumnos. Muchos están a punto de egresar y aplicar a empleos similares como el de Fausto en la costa bonaerense. “Buscamos poner en conversación con la comunidad cómo no se cuida a nuestros pibes en el trabajo”, explica.
A la tarde tocó preparar la merienda porque faltó la auxiliar de cocina: leche chocolatada, pan con dulce de leche o mermelada.
―¿Y la hiciste vos?
―¡Pero claro! A las directoras no se nos caen los anillos por nada.
Sheila es orquestadora de iniciativas de todo tipo. Hace poco inauguraron un “salón de mujeres argentinas” con músicas, artistas visuales y activistas travestis. “Me fui a Mar del Sur a buscar un cuadro de una galería en homenaje a Eva Perón que nos donó una artista plástica”, cuenta.
Frente a la preocupación por la salud mental en los jóvenes, invitó a un jefe de los equipos de salud del hospital de Tandil para conversar sobre los cortes en la adolescencia. También, a una joven sobreviviente de suicidio que empezó a escribir poemas. “Me parecía interesante que contara la experiencia de tramitar ese dolor a través del arte”, explica.
En la pandemia, hasta se le ocurrió armar una radio. Sheila le pidió a los docentes que relataran sus historias personales. Ella contó la suya: fue mamá adolescente, como varias estudiantes de la escuela. Rindió quinto año libre, se anotó en Derecho, dejó de estudiar y tuvo que pensar en una carrera en el distrito en el que vivía. “El objetivo era que los chicos entendieran que las trayectorias no son lineales”.
La Sheila que no deja de contar proyectos escolares con entusiasmo no parece ser la misma que ya presentó su trámite jubilatorio. Pero lo es.
―Son muchas horas y fueron muchos años. Quiero descansar, mirar una serie, tal vez estudiar Psicología. Aunque la escuela va a ser siempre mi otra casa.
Una rectora que escucha reguetón
Cuando era chica, a Analía no le gustaba “jugar a la mamá”. Agarraba sus muñecas, les ponía una lapicera en la mano y un papel enfrente y jugaba a darles clase. Para su cumpleaños, pedía como regalo un pizarrón y borradores. El destino docente era claro. Lo que no supo hasta sus 47 años es que también sería rectora de la escuela a la que fue toda la vida como estudiante. Una secundaria privada y laica en el barrio porteño de Villa Urquiza a la que acuden sectores medios.
―Nunca me interesó la gestión educativa ni hice un solo curso sobre eso en Escuela de Maestros ―jura.
Analía, profesora de Ciencias naturales, se había perfilado como especialista en Educación Sexual Integral. El impulso se lo dieron sus propios estudiantes en 2018, cuando la alentaron a abrirse, junto a una psicopedagoga, la cuenta de Instagram @consultorioesi que hoy tiene 67 mil seguidores. “Ana” también participó en el ciclo audiovisual “Seguimos educando” del Ministerio de Educación de la Nación en la pandemia dirigido a estudiantes de todo el país. Pelo corto marrón oscuro y carré, cara angulosa, tatuaje de flores en el hombro izquierdo, voz didáctica y asertiva. “La profe de ESI”.
En la escuela, Ana muchas veces recibía críticas de otros docentes por su militancia política y feminista. “Tenía un perfil muy combativo”, señala. En los últimos años, por momentos, no la pasaba bien. Hasta que gran parte del equipo directivo renunció o inició su jubilación y las autoridades de la institución le pidieron que fuera la próxima rectora. El desafío era “dar vuelta la secundaria”. Llenarla de chicos. Dotarla de sentido.
Analía empezó en 2022 la transición como directora de estudio y desde junio de este año es rectora. En el nivel medio, dos tercios de estos roles son ocupados por mujeres. Una cifra inferior a la del nivel primario e inicial. A su vez, Ana integra el 5,4 por ciento de directoras noveles de escuelas privadas de todo el país, según el Observatorio Argentinos por Educación. De acuerdo al sindicato Ademys, las rectoras de CABA que no tienen antigüedad en el cargo cobran un piso de $1.392.113 por la jornada completa. En cambio, quienes llevan más de 20 años en ese rol pueden llegar a los $2.206.940.
Para Ana, el trabajo colectivo junto a su equipo de conducción es fundamental en la gestión de la escuela. Otro mandamiento: “Antes del primer mate, nada”, dice entre risas. El primero que llega a la dirección carga agua en el termo. Después, ponen un meme en el vidrio de la oficina para que los estudiantes lo vean mientras van subiendo la escalera. Cada día, uno distinto. También, música en los parlantes: Charly García, Los Redondos, reguetón, ¿por qué no? “De golpe los pibes no pueden creer que suena Bad Bunny en la oficina de la rectora a las 7:30 de la mañana”.
Analía aprovecha cualquier información importante a comunicar para entrar a las aulas. La mayoría de los estudiantes de los últimos años la conocen porque la tuvieron como docente. Las chicas le piden toallitas en el recreo. A Ana le gusta esa complicidad. “Nosotros trabajamos principalmente para los pibes”, asegura. También habla de la necesidad de límites desde lo que llama la “pedagogía del cuidado”. Casos como la toma de fotos a los docentes en clase para burlarlos en las redes sociales –hechos frecuentes en las escuelas– requieren sanciones claras.
El cuidado hacia los 50 profes de la institución es parte nodal de la tarea. Para Ana, un desafío es la recuperación de su motivación, muy horadada después de la pandemia. “La semana pasada lloraron tres docentes con mayor o menor antigüedad por el comportamiento de los pibes. No nos puede pasar que profes que entran al aula con unas ganas bárbaras de enseñar el Teorema de Thales salgan queriendo bajar los brazos. Ahí hay que acompañar al docente y hablar inmediatamente con el curso”, insiste.
¿Y las familias? “Un mundo”. Desde mapadres que se acercan a pedir un cambio de curso de su hijo porque “es el único varón del grupo”, a pesar de que eligió esa orientación, hasta otres que no quieren mandar a sus hijos de 17 años solos a las prácticas de aproximación al mundo del trabajo –obligatorias por resolución– porque nunca tomaron un colectivo. “No quiero ser injusta, estos planteos no son mayoritarios. Pero suceden. Y a veces salen con cada cosa que no lo podés creer. Yo a veces les digo que tal vez se equivocaron de institución. Es imposible hacer una escuela a imagen y semejanza de los deseos e intereses de cada uno”, advierte Ana.
Pero eso no es todo. A esa combinatoria hay que sumarle las modificaciones ministeriales del formato escolar, el régimen académico o los contenidos curriculares. “La burocracia muchas veces termina llevándose puesto el trabajo pedagógico. Después está la corrección política del lenguaje. ‘No es recuperatorio, es intensificación de aprendizajes’. ¡¿Me estás jodiendo? No hay manera. Para los pibes es recuperatorio”.
La palabra de los estudiantes aparece todo el tiempo en la voz de Ana: “Es mentira que no les interesa nada. Vino la Cruz Roja a dar un taller de RCP y les encantó. Otro día hubo un taller de matemagia y no podían creer los cálculos mentales que hacía el matemático, hasta sacaban la calculadora para contrastarlos. Estaban chochos. Pronto haremos murales. De lo que se trata es de salir de la típica feria de universidades y ofrecerles otra cosa”.
Al igual que Sheila y Agustina, Ana se siente más cansada que antes. “Es mucha energía. Subo y bajo escaleras todo el día. Puedo tener al mismo tiempo un piquete de quinto año porque quieren que los dejemos tomar mate en el aula, a una docente que pide que llamemos al médico porque un chico se lastimó, al preceptor pidiéndome urgente una reunión”, ilustra.
Ana podría jubilarse en 9 años. Pero en su cálculo contempla, más que nada, una variable.
—El día que no me entienda más con los chicos. Cuando eso ocurra, tarde o temprano, me voy.
El dato se dio a conocer en el marco de un nuevo paro universitario en contra del Gobierno. El ajuste aplicado este año sobre el sistema educativo es casi el doble que la reducción del gasto público con respecto a 2023.
En los 40 años de democracia, solo hubo una reducción interanual similar del presupuesto educativo nacional en 1992 (-41%), como consecuencia de la Ley 24.049 de 1991, que transfirió las escuelas secundarias y los institutos terciarios de la órbita nacional a las provincias.
La inversión nacional en educación cayó un 40% este año en comparación con 2023. La caída fue de 40,2% si se analizan los fondos vigentes para la función “Educación y Cultura” dentro del presupuesto nacional. Si, en cambio, se miran solo los fondos de la Secretaría (ex Ministerio) de Educación de la Nación, la caída este año fue del 43% medida en términos reales, según el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación.
La magnitud del recorte aplicado sobre el sistema educativo es casi del doble del ajuste general del gasto público nacional (21,1%), según surge de comparar la ejecución de 2023 con el crédito vigente de 2024. En otras palabras, la educación recibió un ajuste mayor que el resto del Estado. Y esa caída no llegará a revertirse en 2025, según lo proyectado en el presupuesto, de acuerdo con el documento, titulado “Presupuesto educativo nacional 2025″ y elaborado por Javier Curcio (economista de la UBA y Conicet), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (investigadoras del Observatorio de Argentinos por la Educación). A contramano del discurso del presidente Javier Milei, la “motosierra” nacional afectó más fuertemente a la educación básica (las escuelas) que a la educación superior (las universidades).
El gráfico muestra las variaciones reales del crédito ejecutado 2023 respecto del ejecutado 2022, el crédito vigente 2024 respecto del crédito ejecutado 2023 y las esperadas según el proyecto de Ley del Presupuesto 2025 respecto de las proyecciones de cierre para 2024 según el crédito vigente. Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación.
Entre 2023 y 2024 (con datos al 22 de septiembre), el recorte de fondos para las universidades fue del 30%. En ese mismo lapso, las caídas fueron del 71% para Conectar Igualdad, 64% para infraestructura y equipamiento, 57% para acciones de formación docente, 57% para formación tecnológica, 55% para fortalecimiento edilicio de jardines de infantes y 54% para becas a estudiantes: esos programas se dirigían a los niveles educativos obligatorios (inicial, primaria y secundaria). A estos recortes hay que sumarles la eliminación, en enero, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que suponía un aporte de la Nación a los salarios docentes (con una caída del 93%).
El ajuste de la inversión educativa nacional aplicado este año no tiene antecedentes comparables en los 40 años de democracia. Solo hubo una reducción interanual similar en 1992 (con una caída del 41%), como consecuencia de la Ley 24.049 de 1991, que estableció la transferencia de las escuelas secundarias y los institutos terciarios de la órbita nacional a las provincias, en el marco de una reforma estructural del Estado. En los años posteriores del menemismo, la inversión educativa volvió a crecer de la mano de la creación de las universidades nacionales de San Martín (UNSAM) y General Sarmiento (UNGS) en 1992, La Rioja (UNLaR) y Patagonia Austral (UNPA) en 1994, Lanús (UNLa), Tres de Febrero (UNTREF) y Villa María (UNVM) en 1995.
El ajuste educativo nacional de 2024 es mayor al efectuado durante las peores crisis económicas de las últimas décadas, como la de 1989 (con un ajuste educativo nacional del 24%) o la de 2002 (con un ajuste del 15%). Así surge de los datos de gasto público educativo del Ministerio de Economía tomados de un informe previo del Observatorio de Argentinos por la Educación elaborado por los economistas Alejandro Morduchowicz, Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman. Si se observan los últimos 20 años, las mayores caídas interanuales de la inversión educativa nacional (en pesos constantes) se habían dado en 2018 (-11%) y 2019 (-14%).
Entre 2023 y 2024, solo aumentaron de manera significativa los recursos públicos para Trabajo (+115,8%) e Inteligencia (+32,2%). De las 29 “funciones” que contempla el presupuesto nacional, “Educación y Cultura” (-40,2%) figura entre las 11 que recibieron los mayores ajustes. Si se mira el presupuesto por áreas de gobierno (y no funciones), el recorte para la Secretaría de Educación (-43%) fue mayor que el aplicado en el Poder Legislativo (-24,8%) y en el Poder Judicial (-21%). También supera los recortes en los ministerios de Seguridad (-17,7%), Defensa (-17,8%) y Economía (-26,7%), entre otros.
El Ministerio de Educación había recibido el 6,4% del presupuesto nacional en 2023, mientras que en 2024 la participación de la Secretaría de Educación se redujo al 4,6% del presupuesto. En el mismo lapso, la participación de la función “Educación y Cultura” en el presupuesto nacional se redujo del 7,3% en 2023 al 5,5% en 2024.
Variación porcentual en términos reales (precios constantes de 2024), por función. Para 2024 se considera el crédito Vigente y para 2023 el crédito ejecutado. Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación.
Las proyecciones del presupuesto 2025
Además de comparar la inversión educativa nacional de 2023 y 2024, el informe de Argentinos por la Educación analiza el presupuesto educativo nacional para 2025, teniendo en cuenta los gastos destinados a la función “Educación y Cultura” y los de la Secretaría de Educación del Ministerio del Capital Humano (que representa alrededor del 80% de la función “Educación y Cultura”, mientras que el restante 20% corresponde a otros ministerios como Defensa e Infraestructura). Los autores usaron los datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía sobre el crédito ejecutado en 2023 y sobre el crédito vigente (al 22 de septiembre) para 2024. Para 2025, analizaron el proyecto de Ley de Presupuesto que se está debatiendo actualmente en el Congreso.
“El debate presupuestario permite consensuar las prioridades y énfasis de los programas de gobierno planificados para el próximo período. Este año es crucial para el sector público nacional argentino para organizar la recuperación imprescindible, especialmente en el sector educativo. Se requiere un gran acuerdo nacional para identificar los problemas a resolver, organizar las respuestas y dotar de financiamiento adecuado a las intervenciones que cada nivel de gobierno debe ejercer para avanzar en el camino de superar la tragedia educativa que atravesamos”, afirmó Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA Conicet y coautor del informe.
Si bien el proyecto de presupuesto para el año próximo prevé un aumento interanual de los recursos para educación con respecto a 2024, la caída de este año fue tan significativa que en 2025 no llegará a haber una recuperación a los niveles de 2023, según lo muestra el informe de Argentinos por la Educación, como también un análisis del especialista Alejandro Morduchowicz y un informe de CTERA, entre otros estudios que hicieron foco en la dimensión educativa del nuevo presupuesto.
Luego de la caída del 40% en 2024, para 2025 se prevé que el presupuesto de la Secretaría de Educación varíe un 6,87%, mientras que para la función “Educación y Cultura” se espera una mejora del 0,65%, según la inflación estipulada en el proyecto de ley (18,3% en 2025). En cambio, si se considera la inflación del Relevamiento de Expectativas del Mercado (38,4%), en 2025 habrá una nueva caída de la inversión en términos reales, tanto de la Secretaría de Educación (-1,18%) como de la función “Educación y Cultura” (-6,93%).
De acuerdo con las proyecciones oficiales, la Secretaría de Educación será una de las cinco áreas del Estado con mayor incremento de fondos en 2025 (+6,87%), superada por el Ministerio de Salud (146,75%), Obligaciones a cargo del Tesoro (27,64%), Presidencia de la Nación (13,58%) y el Poder Judicial (6,97%). En tanto, la función “Educación y Cultura” queda en el puesto 14 en el ranking de aumentos presupuestarios con respecto a 2024 (+0,65%).
Si se la mide como porcentaje del PBI, la inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%). Si se la mide como porcentaje del presupuesto nacional, la Secretaría de Educación recibirá el 5,1% en 2025, por debajo del 6,4% recibido en 2023. En tanto, la inversión en la función “Educación y Cultura” será de 5,8% en 2025, por debajo del 7,3% de 2023. Como en años anteriores, la Seguridad Social (52,5%) y el Servicio de la Deuda Pública (8,7%) serán los principales rubros del presupuesto nacional en 2025.
Al analizar los programas presupuestarios de la Secretaría de Educación, surge que los fondos para universidades (“Desarrollo de la educación superior”) tendrán una recuperación del 2% en 2025: la cifra queda muy lejos de compensar la caída del -30% en 2024, que motivó el conflicto expresado en dos marchas federales –en abril y octubre– y, actualmente, la toma de universidades públicas y el plan de lucha anunciado por los sindicatos en todo el país.
Solo un programa de la Secretaría de Educación –”Gestión educativa y políticas socioeducativas” – tuvo incrementos en 2024 (15%) y 2025 (14%). Destinado a la educación obligatoria, este programa apunta a “acciones que atiendan la cobertura, la actualización curricular y el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza”, entre otras cuestiones, según la descripción oficial. El resto de los programas experimentaron recortes en 2024 y volverán a caer en 2025; varios –entre ellos, Conectar Igualdad– directamente se eliminan.
Variación porcentual en términos reales (pesos constantes 2024), por programa de la Secretaría de Educación, entre 2023 y 2024 (los programas sombreados se discontinuaron este año). Fuente: Argentinos por la Educación
Más allá de los recortes y eliminaciones, la gran novedad de 2025 es la aparición en el presupuesto del Plan Nacional de Alfabetización, al que se reasignarán fondos que antes correspondían a otras partidas (como jornada extendida o distribución de libros) y también financiamiento nuevo. La política de alfabetización, impulsada este año por la Secretaría en conjunto con el Consejo Federal de Educación, recibirá el 11,6% del presupuesto educativo nacional según el proyecto de presupuesto. Es el principal programa del Gobierno nacional para la educación obligatoria. En 2025, 2 de cada 3 pesos (66,5%) del presupuesto educativo nacional serán para las universidades, y el restante irá a las escuelas, jardines e institutos superiores (que, a diferencia de las universidades, dependen de las provincias).
Variación porcentual en términos reales (pesos constantes 2024) por programa de la Secretaría de Educación, entre 2024 y lo proyectado para 2025.
“Un mecanismo primordial para dar cuenta de la prioridad asignada por parte de los distintos gobiernos a la educación es el análisis de la asignación presupuestaria”, plantea el documento del Acuerdo por la Educación, la iniciativa de Argentinos por la Educación, que buscó identificar 10 prioridades de política pública para la mejora del sistema educativo a partir de la consulta a más de 200 personas de diversos perfiles, incluyendo referentes educativos, funcionarios, dirigentes sociales, sindicales, políticos, religiosos y empresariales.
De las 10 prioridades identificadas, la número 5 es lograr una inversión suficiente y de calidad. Como parte de esa propuesta, se pide a la Nación y a las provincias “asegurar el piso de inversión del 6% del PIB en educación obligatoria incrementando la participación nacional”. Allí se sugiere aumentar el porcentaje de participación nacional en la inversión educativa hasta el 40% de la inversión consolidada (hasta ahora, el aporte nacional rondaba el 25%). La presentación del Acuerdo, en la previa del Día del Maestro, convocó este año a figuras de todo el arco político. Pero los datos muestran que ciertas prioridades que parecen gozar de amplio consenso discursivo están cada vez más lejos de volverse realidad.
Estudiantes y docentes protestan a lo largo de toda Argentina con encierros pacíficos, huelgas, asambleas y clases públicas para reclamar más fondos y mejores salarios. El Gobierno ultra redobla sus acusaciones sobre supuestos delincuentes en las casas de estudios.
Son dos profesores y dictan una clase de historia argentina a una veintena de alumnos. Ambos tienen carteles colgando del cuello: “docente bajo la línea de pobreza”, dice el de él; “docente hija de trabajadores”, dice el de ella. Los estudiantes se esfuerzan por escucharlos y seguir el hilo de sus explicaciones al sol del mediodía, mientras a unos pocos metros pasan autos y ómnibus, más cerca otros profesores enseñan otras materias. Son todas clases públicas, dictadas a la intemperie, sobre la calle que permanece cortada al tránsito, los pupitres desperdigados sobre el asfalto frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Escenas parecidas se reprodujeron este lunes y este martes en decenas de sedes universitarias de la Argentina, donde estudiantes y docentes protagonizan protestas para exigirle al Gobierno de Javier Milei mayores recursos para la educación superior pública y mejores salarios para profesores y empleados. “No voy a ceder”, dijo el presidente ultraderechista y reiteró sus ataques contra los supuestos “delincuentes” de las casas de estudios. Su ministra de Seguridad fue más allá este miércoles: acusó a los universitarios de “generar una revuelta y tratar de desestabilizar” al Gobierno. Incluso pronosticó que “van a ir con molotovs”.
En un país en el que la universidad pública es símbolo de prestigio y movilidad social, la comunidad académica ha emergido como uno de los principales focos de resistencia al ajuste y desguace del Estado que está aplicando Milei. Ya en abril una masiva protesta había logrado revertir parcialmente el recorte de los fondos y esta semana el conflicto resurgió después de que el presidente vetara la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma, que había sido aprobada con un amplio acuerdo de la oposición en el Congreso, garantizaba una actualización de recursos para el sector. En rechazo al veto presidencial, a lo largo de todo el país se desarrollan tomas pacíficas de edificios, huelgas, asambleas y clases públicas, entre otras medidas que, salvo casos aislados, no han incluido hechos de violencia.
“Sin salarios dignos, la UBA no funciona”, reza una enorme pancarta que pende sobre la fachada neogótica de la Facultad de Ingeniería. Mientras hace seis meses los reclamos universitarios denunciaban la escasez presupuestaria para sostener los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, ahora la exigencia central apunta a los sueldos. Según datos del Consejo Interuniversitario Nacional, el 70% de los salarios de los profesores corre debajo de la línea de pobreza. Los sindicatos de profesores convocan para este jueves a una huelga nacional y la semana que viene harán otra, de 48 horas. Antes, los gremios docentes, las federaciones estudiantiles y las autoridades académicas llaman a realizar este miércoles a una “marcha de antorchas” al Palacio Sarmiento, donde tiene sede la Secretaría de Educación.
“Estamos defendiendo a una universidad con excelencia académica que hoy se sostiene gracias al esfuerzo de nuestros profesores”, dice Alejandra Cornejo, alumna del primer año de Medicina e integrante del centro de estudiantes por Nuevo Espacio. En el hall de ingreso a esa facultad de la UBA, se desarrollan dos clases en simultáneo, con un pizarrón improvisado sobre un pedestal y los alumnos sentados sobre los escalones. “Votamos un plan de acción y medidas de visibilización del conflicto, pero sin cortar las clases, los estudiantes y los docentes queremos seguir cursando.”
Sillas apiladas en un pasillo de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Sillas apiladas en un pasillo de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Cristina Sille (Getty Images)
En la Facultad de Derecho, el clima es similar. Un profesor enseña sobre las escalinatas del edificio y otros dan clases normalmente, en las aulas. “Queremos que se vuelva atrás con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, hacen falta sueldos dignos para nuestros docentes y no docentes. Eso no afecta al equilibrio fiscal”, afirma Noelia Díaz, de la agrupación socialista Nuevo Derecho. “Anoche hicimos una vigilia en defensa de la universidad y vamos a apoyar el paro de los docentes. Queremos seguir estudiando, dando exámenes y recibirnos”, agrega.
En Buenos Aires, las protestas estudiantiles y docentes incluyeron este martes cortes de calles frente a las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Psicología. “Milei eligió a las universidades y a los estudiantes como enemigos. Cada día nos ataca con una nueva mentira”, dice Lucas Grimson, alumno de Ciencia Política y militante de la agrupación La Mella. Las protestas universitarias se registraron también en las universidades nacionales de La Plata, Rosario, Córdoba, Quilmes, La Matanza, Moreno, Mar del Plata, La Pampa, Salta, San Luis, Jujuy, Salta y Tucumán, entre otras.
En ese contexto, el Gobierno ultra optó por redoblar la confrontación. El presidente declaró este martes que no cederá en su defensa del superávit fiscal —una decisión que incluye la reducción de impuestos a los sectores sociales más acomodados, como el tributo a los bienes personales—. Y atacó a los manifestantes universitarios: “Todos estos que están haciendo las tomas, ¿están a favor que se utilicen las universidades políticamente para robar?”, dijo en una entrevista con el canal La Nación +. Su argumento es que las protestas buscan defender “los curros de los delincuentes” que estarían en las casas de estudios. Aunque planteó que “no está en discusión que la universidad sea pública y no arancelada”, insistió en que es financiada por “los que no van”. Pese a que los datos oficiales lo desmienten, el mandatario repite que “la universidad pública es un subsidio de los pobres hacia los ricos”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a la avanzada y acusó a los universitarios de querer encabezar una rebelión similar a la ocurrida en Chile en 2006. Para la funcionaria que viene liderando la represión a las protestas en el espacio público, “lo que están haciendo [estudiantes y docentes] es una provocación que la quieren llevar al límite” y “el objetivo es generar una revuelta y tratar de desestabilizar”. Aseguró que “atrás de esto van a ir con molotovs” y desafió: “No vamos a permitirlo porque no somos tontos”.
Como parte de las acusaciones sobre supuestas malversaciones de recursos, el Gobierno buscó avanzar con mayores controles administrativos sobre las universidades. La Procuración del Tesoro dictaminó el martes que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo dependiente del Ejecutivo, puede auditar a las universidades, una función delegada por ley en la Auditoria General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso. Como la medida entra en tensión con la autonomía universitaria, es probable que su aplicación se dirima en la Justicia. De todos modos, Milei celebró: “Los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro”.
El movimiento estudiantil puntano dió un enorme ejemplo de lucha: 18 días de toma de edificios en defensa de la Educación Pública. En el lapso de este tiempo se vivieron situaciones de diferente carácter político y social tanto en la sede capitalina, como en las de Villa Mercedes, y Merlo. Las medidas de fuerza se acompañan tanto desde del estudiantado como de los trabajadores docentes y no docentes, cosechando simpatías con diferentes sectores que llevaron su solidaridad en defensa de la lucha por la Educación Pública. Como consecuencia del profundo ajuste que lleva adelante el Ejecutivo Nacional el costo político se hace notar: Milei vetó el presupuesto, pero despertó al movimiento estudiantil. ¿Cómo podemos seguir organizando la lucha?
Lejos de dar fin al conflicto con el veto al financiamiento universitario el gobierno nacional dio pie a que el movimiento estudiantil se organizará con la medida de toma de facultades como acción principal de lucha. Pero también con clases públicas, movilizaciones y diferentes medidas de lucha que se desarrollan aún a lo largo y ancho del país, haciendo que este hecho se desarrolle en un momento bisagra en la historia reciente.
Otro factor importante que nos ayuda a comprender la realidad política son algunos datos de la vida cotidiana de la educación superior con la cual el gobierno parece no conectar:
El 48% de los estudiantes de universidades públicas son pobres. Esto se transcribe en el fenómeno de primera generación de estudiantes universitarios con familias trabajadoras. Un nuevo sujeto dentro del estudiantado, formado por estudiantes que trabajan o que provienen de familias trabajadoras, que tiene un lazo más directo con la clase obrera y sus organizaciones tradicionales es decir, con sus sindicatos, movimientos sociales, etc.
¡Viva la lucha de la comunidad educativa de la UNSL!
En la Universidad Nacional de San Luis sede de la Ciudad de San Luis, se mantuvo la toma de edificios por 18 días y extendiéndose a otras sedes de la misma, con asambleas de docentes, estudiantes y no docentes de hasta casi 300 personas. Lo cierto, es que el estudiantado de la la UNSL fue una de las primeras instituciones en adoptar la toma como acción de lucha en defensa de la Educación Pública, que luego se masificó en todo el territorio nacional. Como así también, se convirtió en la toma más largas de este conflicto. En este contexto, el rector y actual presidente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), Victor Moriñigo, en más de una ocasión se manifestó en contra de la toma de edificios, y declaró que “… Lamentablemente este año los salarios no se van a poder recomponer”. Esta postura fue ampliamente repudiada por toda la comunidad educativa, en ese sentido, nos gustaría saber si el actual Presidente del CIN podría vivir con un salario de $250.000 mensuales como el de un auxiliar con una canasta básica que ronda los $950.000 para una familia tipo.
Otro sector que pareció no presentar mayor relevancia fueron los Centros de Estudiantes, en el caso puntual de la UNSL la conducción de San Luis Independiente, no participó de la toma de edificios en ninguna oportunidad. Se limitaron a alguna participación efímera en las asambleas interclaustros donde incluso propusieron que la toma debía desarrollarse con clases, lo cual lo convertiría en una acción “simbólica” a la toma del Rectorado en aquel momento. En ese sentido, y a pesar de la constante presión de la asamblea que exigía un pronunciamiento por parte del centro que jamás concretaron, la medida se sostuvo gracias a la fuerza de lxs estudiantes, docentes, no docentes, y trabajadores en general que se solidarizaron con el enorme esfuerzo y ejemplo de lucha que se desarrolla puertas adentro de los edificios tomados.
En la Villa de Merlo, se tomó la facultad de Turismo y Urbanismo por un tiempo determinado del lapso de un día, pasado ese tiempo, la toma se levantó y se espera que el movimiento estudiantil vuelva a encontrarse en Asamblea Interclaustro para determinar nuevas medidas de lucha.
Por su parte, en la Ciudad de Villa Mercedes, la toma del edificio de Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, y la Facultad de Ciencias Economicas Juridicas y Sociales se vió afectada por un ataque de corte patoteril por parte de un sector «anti-toma», con el aval y participación de Franja Morada y sectores afines al espacio político de La Libertad Avanza. Dicho ataque que incluyó piedrazos, empujones y amedrentamiento, donde se destaca la participación de Matias Funes quien fue recientemente apartado de su cargo como Subsecretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar luego de la viralización de imágenes con su presencia en dicho ataque.
Mientras tanto la libertad no avanza (atrasa)…
Como era de esperarse, la derecha salió a despotricar contra el movimiento estudiantil respecto del conflicto universitario. Este fue el caso del Diputado Nacional por la Provincia de San Luis de La Libertad Avanza, Carlos D’Alessandro, que en una publicación en redes sociales motivó a estudiantes a que denunciaran a docentes que según su propio criterio “Impusieran Ideología zurda” o formulen críticas al gobierno nacional. Fomentando de esta manera, la creación de “listas negras” que recuerdan a las épocas más oscuras de nuestra historia reciente. Tomando a Kohan, que hace un tiempo atrás refutó duramente contra la idea de adoctrinamiento en las universidades, mencionando: “Para que funcione, hacen falta dos elementos: uno, la palabra autoritaria del docente. De ninguna manera justifica una caracterización general del estado de cosas de la educación argentina presuponer que todos los docentes son autoritarios. Lo segundo es que la cabeza del estudiante esté lo suficientemente hueca como para recepcionar pasivamente lo que dice el docente. Ninguna de esas dos cosas ocurre”. En pedagogía, suponer que existe un sujeto a “adoctrinar” y otro sujeto que “adoctrina” no es una postura neutral. Es una concepción de la educación en la que los sujetos no son tales, en que se aprende lo que nos dan sin proceso, sin historia. Entonces, ¿Quién intenta adoctrinar y disciplinar a quien con el agravante de realizarlo directamente desde el Estado?
Tenemos que derrotar todo el plan de ajuste de Milei y el FMI
En este momento somos testigos de una nueva oleada de lucha del movimiento estudiantil que se levanta, se organiza y desarrolla toda su fuerza en asambleas, en coordinación con otras facultades, y en las calles. Es imprescindible en ese sentido para llevar la lucha política hasta el final unificar todas las luchas para dar una respuesta contundente al ajuste de conjunto que sufre la clase trabajadora. En ese sentido, la comunidad educativa propone organizar una nueva Marcha Federal Universitaria para el día 12 de noviembre, y seguir profundizando la organización asamblearia buscando que otras instituciones, incluidos secundarios puedan organizarse y sumarse a este enorme movimiento de lucha que nació desde abajo. El próximo 30 de octubre el movimiento estudiantil sale a las calles nuevamente a exigirle a las centrales sindicales PARO NACIONAL y un verdadero plan de lucha en unidad con otros sectores de la clase trabajadora que también sufre las consecuencias del ajuste que imponen desde arriba.
El déficit cero es violento. Porque lo consiguen matando a los que no tienen nada. Ni siquiera tienen su vida. Nada más violento que colocar a todas las violencias en el mismo plano. El torturador y el torturado. El hambreador y el hambreado. El abusador y el abusado. No todas las violencias son iguales: la violencia de arriba es crueldad.
(APe).- La batalla cultural. Un bastión de las izquierdas. El arte al servicio de la lucha revolucionaria. En la Argentina, ejemplos para no olvidar. Teatro abierto, uno de ellos. En esa época, teníamos claro que la violencia de arriba ocasionaba la violencia de abajo. El tabú a la violencia no existía. Por varias razones. Gracias al trabajo de muchos luchadores, intelectuales orgánicos, trabajadores, la violencia del sistema se puso en la superficie. Y fue el Cordobazo. Que no tuvo el anatema de violencia, porque ponía en evidencia la violencia de la autollamada Revolución Argentina.
El tabú de la violencia ha sido una de los triunfos de la batalla por una cultura represora. Si no hay violencia, entonces no hay paz. Hay crueldad. Paz sin justicia no es paz. Apenas es tregua, y eso en el mejor de los casos. No podemos proclamar la paz, la no violencia, si queremos conmover los cimientos de la injusticia. Más diria de lo justo, porque la justicia ha sido capturada por uno de los poderes del Estado.
Cuando el Movimiento Chicos del Pueblo acuñó que el hambre es un crimen, dejó evidenciado que el hambre es violento. ¿Alguien quiere, desea, disfruta del hambre? Las clases medias no siquiera disfrutan del apetito. El sentido común deplora el hambre, pero no asocia que el hambre es la violencia del sistema hambreador. Los héroes son agasajados con asados o milanesas. Los pobres e indigentes ni siquiera tienen las sobras del banquete.
A ver si lo digo claramente: el cacareado déficit 0 es violento. Porque lo consiguen matando a los que nada tienen. Ni siquiera tienen su vida. Nada más violento que colocar a las violencias todas en el mismo plano. El torturador y el torturado. El hambreador y el hambreado. El abusador y el abusado. La violencia sufre el efecto “cambalache”. Todas las violencias son iguales. Pero claro: cantan nuestro himno castrado. ¿Castrado de qué? De la letra que menciona explícitamente la violencia del imperio español y de la decidida violencia independentista de los ejércitos patriotas.
Solamente para las derechas todas las violencias son iguales. Las masacres, los genocidios son planificados. De espontáneos, nada. Pocas veces la violencia defensiva logra impedir la violencia planificada. Hiroshima y Nagasaki no fueron products del delirio de un aviador sanguinario. Ni fueron para terminar la guerra. Fueron para prolongarla en tiempos de paz. Se llamó “guerra fría”. Ni siquiera el “fin de la historia” apagó la violencia.
Al menos, la historia de la violencia siguió prendida. Ver a la policía pertrechada para combate en cada marcha de jubilados, o para el presupuesto universitario, es violencia. La valla que impide circular, es violencia. Los insultos, los gestos obscenos, la pornografía del poder, es violencia. Todas esas violencias son silenciadas como tales. La única violencia es cuando se reacciona a esa violencia. La violencia de arriba es condenada en el mejor de los casos, pero no es considera violencia, y menos violencia que justifica sobradamente la reacción violenta. El Estado mantiene nuevas formas del derecho de pernada, donde ningún señor feudal era violador, sino que violaba por derecho. No muy distinto de esto que algunos ya llaman tecno feudalismo.
Condenar todo tipo de violencia es la coartada para no implicarse en la diferencia fundante entre crueldad y violencia. La violencia de arriba es cruel porque implica la planificación sistemática del sufrimiento. La violencia de abajo es reactiva, porque intenta impedir tanta crueldad. Algunas veces en la historia tronó el escarmiento. Pocas veces. Así estamos. El estado no tiene sólo el monopolio de la violencia, sino que tiene el monopolio de la crueldad.
Las necesidades básicas insatisfechas, brutalmente insatisfechas, son evidencia de la crueldad del Estado. Aun el más mínimo Estado, se reserva el derecho de causar un daño máximo. El estado fascista es un arma de destrucción masiva. Condenar todo tipo de violencia es un ejercicio de absoluta hipocresía. Cada condena a todo tipo de violencia en realidad es una coartada para la violencia/crueldad del Poder. Poder cuya naturaleza es concentrarse. Y lo que se concentra absolutamente, nunca más podrá distribuirse. La fórmula “capitalista para la producción, justicialista para la distribución”, es una de las tantas disociaciones no operativas para seguir maquillando la injusta ecuación entre capital y trabajo. El tecno feudalismo ya arrasó con cualquier armonía, incluso la más precaria.
Como dije siempre, Milei es un efecto, no una causa. Milei es el nombre registrado de un diseño de la vida donde importa más una planilla de Excel que el sufrimiento de millones. Los que luchamos porque la vida fuera otra cosa, los que luchamos por el hombre y la mujer nuevos, fuimos derrotados. Pero no fracasaremos, si mantenemos nuestras convicciones de que lo importante es que haya vida antes de la muerte.
Y que más importante que honrar la deuda, sea honrar la vida.
En el marco de un plan de lucha convocado por las federaciones sindicales universitarias, se inició ayer una nueva semana con medidas de fuerza en las universidades nacionales del país. En Corrientes y Chaco adhirieron los gremios de base de docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, un proyecto de presupuesto que profundizará los rectores en la educación superior y paritarias que no se abren, el Frente Sindical de Asociaciones de Base acordó un paro nacional los días lunes 21 y martes 22 de octubre; como así, clases públicas los miércoles frente al Congreso con réplica en todas las universidades nacionales y plenario conjunto de secretarios generales de sindicatos docentes de CONADU-FAB y CONADU Histórica.
En la Universidad Nacional del Nordeste, CODIUNNE, ADIUNNE y ATUN se plegaron a la medida de fuerza y programaron clases públicas frente al Rectorado de la UNNE en plaza 25 de Mayo en la ciudad de Corrientes. Se realizará hoy, a las 9, y participarán representantes de los tres gremios. El tema consiste en la defensa de lo público, situación de la universidad y la ciencia.
Desde CODIUNNE, sindicato que nuclea a docentes e investigadores de la UNNE, informaron que se mantienen en estado de alerta ante la escasez de fondos que garanticen el funcionamiento de las universidades nacionales.
Por otra parte, hoy también se realizará un festival en Defensa de la Universidad Pública organizado por la FUNE y centros de estudiantes de la UNNE, en horas de la tarde, en el Campus Deodoro Roca de la ciudad de Corrientes.
En tanto, los gremios docentes manifestaron su apoyo a los estudiantes que realizaron una toma simbólica en el Campus Resistencia de la UNNE donde se realizan clases públicas. El acceso no se restringe a los estudiantes que deben asistir a clases.
«Con docentes y no docentes bajo la línea de pobreza, no hay universidad posible», indica la convocatoria al paro de las federaciones gremiales docentes que convocaron a la medida de fuerza de 48 horas y cuya primera medida fue ayer. El acatamiento es dispar, con profundización en algunas unidades académicas.
Según un informe de docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, el presupuesto universitario anual ejecutado en 2024 será del 30%, inferior al de 2023 en términos reales (ajustado por inflación). El proyecto de presupuesto 2025 es de 40%, inferior al de 2023. «Inevitablemente, las actividades de enseñanza, investigación y extensión se verán afectadas, reducidas o eliminadas, comprometiendo la calidad educativa», alertan desde las casas de altos estudios.
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