La privatización educativa en Argentina de Feldfeber, M., Puiggrós, A., Robertson, S. y Duhalde, M. (2018) plantea las posibles implicaciones y desafíos políticos que se desprenden del estudio, a fin de contribuir y promover un debate público informado. Este cambio en la forma en que la educación se concibe en muchas de nuestras sociedades es una consecuencia de intereses políticos, ideológicos y comerciales que involucran instituciones como el Banco Mundial, junto con las corporaciones, como Pearson o la Fundación Gates. Como resultado, los Estados comienzan a depender de una serie de actores gubernamentales y no gubernamentales que influyen en la toma de decisiones en la esfera pública (Ball, 2008).
Este proceso se expande cada vez con mayor fuerza a escala mundial, regional y nacional. En el caso de Argentina, estas tendencias han estado presentes durante varias décadas. Sin embargo, más recientemente están siendo reforzadas a partir de cambio de gobierno en diciembre de 2015 y el giro conservador en la orientación de las políticas públicas. El proceso de privatización en el país ocurre en dos formas diferentes: lo que puede ser descrito como privatización ‘en’ y privatización ‘de’ la educación.
Desde el nivel preescolar hasta la universidad, todos los estudiantes de Argentina deberán acceder a educación ambiental. Lo establece una ley sancionada en mayo por el Congreso Nacional y celebrada por organizaciones de la sociedad civil como lo que es: la concreción de un logro largamente anhelado.
“Hubo muchísimos proyectos sobre educación ambiental a lo largo de los últimos 20 años. Incluso hubo un par que tuvieron media sanción de una de las Cámaras pero no completaron el recorrido por falta de consenso político”, dijo Juan Cruz Zorzoli, director de Amartya, una organización que promueve la educación ambiental.
“La sanción de la ley es un síntoma de un cambio de época, debido fundamentalmente al activismo ambiental y la visibilidad de los jóvenes, que cuestionan el modelo de desarrollo y la relación de la sociedad con la naturaleza y toman como ejemplo a (la activista ambiental sueca) Greta Thurnberg”, agregó en diálogo con IPS.
Con su Ley de Educación Ambiental Integral, Argentina se convierte en el segundo país de América Latina en contar con una norma específica sobre la materia, por detrás de Brasil, aunque en su caso se limita a establecer y reglamentar un Programa Nacional de Educación Ambiental. Otros países latinoamericanos han incluido el tema dentro de sus últimas leyes de educación.
La ley , también conocida por su número, 27.621, fue impulsada por los ministerios de Educación y Ambiente y promulgada este jueves 3 de junio por el presidente Alberto Fernández. Y si bien contó con el apoyo de todos los espacios políticos en el parlamento, no faltaron puntos de controversia relacionados con la tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.
El senador Alfredo de Angeli se quejó durante el debate de que el proyecto se haya sido discutido en las comisiones de Educación, de Ambiente y de Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados, pero no en las de Agricultura.
“Tenemos mucho para aportar”, dijo De Angeli, productor agropecuario de la provincia de Entre Ríos que saltó a la política en 2008, cuando se hizo conocido como uno de los líderes de una larga protesta del empresariado rural contra un aumento de los impuestos a las exportaciones de soja.
El extendido cultivo de soja, que ocupa más de la mitad del área sembrada desde que a fines de los años 90 se aprobó la primera variedad transgénica, es cuestionado por organizaciones ambientales, por su impacto en el uso de agroquímicos y en la deforestación.
En tono de reproche, De Angeli recordó que tampoco pasó por las comisiones parlamentarias de Agricultura la llamada ley de manejo del fuego, aprobada el año pasado, que prohíbe por hasta 60 años la venta de tierras donde se hayan registrado incendios forestales, para evitar conductas especulativas que destruyan los bosques. Esa norma fue rechazada por todas las entidades agropecuarias.
Además, en la discusión de la ley de educación ambiental no faltaron legisladores que cuestionaran la ausencia del sector empresarial en el Consejo Consultivo que asesorará a las autoridades en el diseño de los contenidos educativos, integrado por organizaciones indígenas, estudiantiles, gremiales docentes, científicas, de guardaparques, de recicladores y de la sociedad civil.
“Lo más importante de esta ley es que obliga a trazar una estrategia de educación ambiental para los ámbitos formales de educación y también para los no formales, que alcance a todos las edades”: Laura Castillo Díaz.
La ley define a la educación ambiental como “un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural”.
Una de las cuestiones que establece la norma para su implementación es que se deberá realizar un estudio de percepción ambiental, explicó Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Una movilización de jóvenes en Buenos Aires, en reclamo de mejores políticas ambientales, con el fondo del Congreso Nacional, que en mayo sancionó la ley que incorpora la educación ambiental en todos los niveles de la educación argentina. Foto: Eco House Global
“Así podremos tener información que nos permita orientar los planes, programas, proyectos y mensajes de acuerdo a los diferentes destinatarias y destinatarios de manera efectiva”, destacó a IPS la funcionaria y especialista en políticas públicas.
Ruiz del Ferrier comentó que el proyecto recogió las demandas de las 23 provincias, que buscaban así fortalecer e institucionalizar la labor de esas regiones federales, porque de hecho ya vienen trabajando en educación ambiental, en varios casos con el respaldo de leyes locales en la materia.
“Se necesitaba que el tema tuviera un poco de visibilización y empuje para que lo aprobara el Congreso, después de tantos años de estar en la agenda parlamentaria, y eso fue lo que aportamos desde la sociedad civil”, dijo María Aguilar, coordinadora de los Departamentos de Educación Socioambiental y de Investigación y Política Socioambiental de Eco House Global, una organización que trabaja en temas de sostenibilidad a través del voluntariado.
“También realizamos un trabajo de incidencia con el que servimos de puente para que los distintos sectores políticos limaran sus diferencias y tuviéramos ley”, contó Aguilar a IPS.
“De modo tal que el rol y participación de las y los jóvenes en la educación ambiental y en esta ley en particular es de suma importancia”, añadió.
Laura Castillo Díaz, coordinadora en el área de Política Ambiental en la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destacó a IPS que la ley viene a pagar una deuda que estaba pendiente desde hacía décadas.
Apuntó, en ese sentido, a la Conferencia de Estocolmo de 1972, la primera gran cumbre mundial sobre temas ambientales convocada por Naciones Unidas, que en su Declaración Final señaló la importancia de la educación ambiental.
También señaló a la Constitución Nacional argentina, que desde su última reforma, en 1994, reconoce el derecho de los habitantes del país a vivir en un ambiente sano y fija la obligación de las autoridades de proveer educación e información ambientales.
“Lo más importante de esta ley es que obliga a trazar una estrategia de educación ambiental para los ámbitos formales de educación y también para los no formales, que alcance a todos las edades”, explicó Castillo Díaz.
Una concentración de jóvenes que buscan concientizar del impacto del cambio climático en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia de Argentina. Foto: Eco House Global
“En el caso de las universidades públicas y privadas se prevé que además tendrán que diseñar y poner en práctica un programa de gestión ambiental, que se aplique al manejo de sus propias problemáticas, como el manejo de los residuos o el consumo de energía”, añadió.
En las universidades argentinas las cuestiones ambientales están atrayendo cada vez más interés no sólo en carreras vinculadas a las ciencias duras, sino también en el terreno humanístico.
En la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA), estudiantes impulsaron la creación de un seminario de socioambientalismo, con clases durante todo el año que incluyen tema como cambio climático, eco-feminismo y el modelo de desarrollo que pone a los países latinoamericanos en el rol de proveedor de materias primas para el mercado internacional.
“En nuestra carrera no existía la perspectiva ambiental y entonces organizamos el seminario con algunos compañeros. Abrimos la inscripción y pensamos que podíamos tener 30 inscriptos, pero en una semana teníamos más de 300”, dijo Federico Pellegrino, estudiante de Ciencia Política de 21 años.
De alguna manera, reconoció a IPS, “Greta nos puso el tema en agenda. Hoy veo claramente un vínculo entre lo ambiental y lo social. Ocuparse de lo ambiental significa ocuparse de cómo mejorarle la vida a la gente”.
Según se estableció en la ley, los ministerios y representantes de las provincias deberán diseñar una Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (Eneai), que a su vez dará lugar a estrategias jurisdiccionales, que deberán ajustarse “a la realidad de los territorios”.
Eso entusiasma a Pellegrino, que imagina contenidos vinculados a las distintas problemáticas que enfrenta un país tan diverso como Argentina, cuyo extenso territorio tiene desde la gran llanura agrícola en el centro del país hasta los bosques chaqueños y las mesetas de altura de la Puna en el norte, pasando por la estepa patagónica en el sur, la Cordillera de los Andes en el oeste y la selva paranaense en el noreste.
“Queremos que en el Chaco se hable de la deforestación, en la Patagonia se hable del impacto de las represas y en la Puna se hable de por qué Argentina, Bolivia y Chile tienen que pagar el costo de proveer el litio para los autos eléctricos de Europa y Estados Unidos”, explicó este universitario, que comenzó como activista ambiental y hoy trabaja en la organización Eco House.
América del Sur/Argentina/04-06-2021/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
El ministro de Educación confirmó lo dicho el sábado por Gattoni y aseguró que en los próximos días se definirá la vuelta a las aulas.
El ministro de Educación Felipe de los Ríos confirmó en la mañana de este lunes lo dicho por el vicegobernador Roberto Gattoni el último sábado: la posibilidad de que las clases presenciales se retomen desde el próximo lunes.
El funcionario dijo en Radio Sarmiento que se evalúan dos modalidades: la primera es que sólo regresen presencialmente los chicos de los primeros y últimos años de los dos niveles. Es decir, 1er y 6 to grado de primaria y 1 y 6 año de la secundaria. Además, se incluiría a los nenes de salas de 5 del Nivel Inicial.
La otra alternativa es la vuelta a la presencialidad cuidada, tal como venía funcionando previo al confinamiento total. Así las cosas todos los niveles podrían volver con el sistema de alternancia y burbujas.
La reunión entre las autoridades de Educación, Salud y los gremios docentes se volverán a reunir este viernes desde las 10 para definir la situación.
Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/De-los-Rios-dijo-que-la-presencialidad-podia-volver-el-proximo-lunes-para-quienes-y-como-20210531-0005.html
Universidades nacionales incorporan al cannabis medicinal en sus proyectos curriculares
Academia de cannabis
La marihuana, la planta más popular del planeta, también está en las aulas universitarias. Por iniciativa de las universidades nacionales de La Plata (UNLP), Córdoba (UNC) y del Sur (UNS), que incorporaron al cannabis medicinal como materia optativa dentro de carreras de grado del área de la Salud, los estudiantes avanzados de Medicina, Farmacia, Biología Molecular y licenciatura en Biotecnología y Biología Molecular ya pueden capacitarse sobre los múltiples abordajes clínicos que poseen los compuestos orgánicos del cannabis sativa. Un paso histórico que busca superar los tabúes prohibicionistas en el área de la medicina para avanzar educativa y culturalmente sobre una necesidad concreta de la comunidad.
A través de un abordaje interdisciplinario que incluye a la Medicina, la Biología, la Bioquímica, la Farmacología, la Psicología, la Sociología y el Derecho, los docentes de las universidades nacionales se animaron a desafiar los prejuicios asociados a la marihuana y crearon desde materias de grado y diplomaturas de posgrado hasta cátedras libres abiertas a la comunidad para capacitar a profesionales, pacientes y usuarios de cannabis sobre todas las aristas que rodean a la planta. Tanto las clases de las materias optativas como las jornadas de capacitación de las cátedras libres se dividen en temáticas específicas para abarcar desde la normativa legal vigente, hasta los tratamientos médicos clínicos, pasando por el cultivo y la extracción del aceite y sus derivados.
“Si vos querés que un farmacéutico dispense en la farmacia un aceite, si querés que un médico prescriba un medicamento a base de cannabis o que indique el uso terapéutico de cannabis, vos necesitás formar a los profesionales en el área”, explicó Patricio De Urraza, docente de la cátedra “Cannabis y Salud” de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, en sintonía con la reglamentación promulgada el año pasado (Ley N° 27350/2020) que se compromete, entre otras cosas, a “contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud en todo lo referente al cuidado integral de las personas que presentan las patologías involucradas, a la mejora de su calidad de vida y al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”.
La incorporación de materias sobre cannabis medicinal a la esfera de las universidades públicas significa, además, el primer acceso gratuito a este tipo de información, al cual solo se podía llegar mediante el pago de cursos de posgrado. “Era una demanda muy frecuente que nos planteaban los alumnos en las clases de Farmacología. Ahí había una necesidad particular de un nicho de conocimiento que no estaba siendo abordado por nadie dentro de la Facultad”, explicó Federico Racca, director del módulo optativo “Cannabis medicinal: cannabinoides y salud desde la terapéutica razonada”, que se dicta dentro de la materia Farmacología Aplicada de la carrera de Medicina de la UNC.
A pesar de tratarse de una materia optativa, en la Universidad Nacional del Sur (UNS) la respuesta del alumnado ha sido “más que positiva”, destacó Nicolás Di Biase, coordinador de la materia “Cannabis Medicinal” del 3° año de Medicina. “El año pasado teníamos una tasa de presencia en las clases virtuales de 120 personas conectadas tres veces por semana”, precisó Di Biase y consideró que “el próximo paso” sería tener “consultorios de asesoría sobre cannabis en los hospitales públicos”.
Avances legislativos
En cuanto al temor que refieren los usuarios de cannabis medicinal sobre los peligros con los que pueden encontrarse a la hora de cultivar marihuana, afirmó que “está cambiando el paradigma, pero todavía hay mucha persecución”. Uno de los temas que se abordan en las clases de la Universidad de Bahía Blanca, además de la posibilidad de enfrentarse a un allanamiento policial, tiene que ver con los peligros del “cogolleo”, término utilizado para referirse al robo de las plantas. “Hoy la gente que tiene permiso para cultivar de manera medicinal puede hacer la denuncia, pero el 99 por ciento, que no lo tiene, se tiene que quedar con la boca callada y las plantas afanadas”, advirtió Di Biase.
De acuerdo a la nueva reglamentación del Gobierno Nacional, los usuarios de cannabis medicinal pueden cultivar en sus hogares siempre y cuando aparezcan en el Registro del Programa de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación (REPROCANN). En sintonía con esta política pública, la administración de Alberto Fernández dio un paso más en la reglamentación del cannabis terapéutico. En un trabajo asociado entre los ministerios de Agricultura y de Salud, junto con la intervención del Instituto Nacional de la Semilla (INASE), hace algunas semanas se anunció la creación del Registro de Semillas de Cannabis, a través del cual los usuarios podrán registrar sus propias semillas, que deberán demostrar altas propiedades medicinales para poder comercializarlas a los pacientes que estén inscriptos en el REPROCANN.
Como ya se comprobó a través de numerosas investigaciones, los dos cannabinoides principales de la planta de cannabis sativa, el Tetrahidrocannabinol (THC) y el Cannabidiol (CBD), tienen propiedades terapéuticas capaces de tratar diversas patologías como la depresión, la epilepsia refractaria, el mal de Alzheimer, la artrosis, entre otras. De las patologías tratadas con cannabis, la que obtuvo mejores resultados fue la epilepsia refractaria. Por esta razón, los únicos profesionales autorizados al día de hoy para prescribir aceite o derivados del cannabis son únicamente los Neurólogos con pacientes con esta enfermedad convulsiva, quienes solo tienen dos posibilidades: costear un tratamiento de CBD de $16.000 pesos mensuales o conseguir por su cuenta aceites artesanales producidos por cultivadores locales.
Limpiar los mitos
A pesar de los resultados demostrados, no todos los profesionales están abiertos a probar al cannabis como tratamiento medicinal. “Yo he tenido pacientes que vienen llorando y te dicen que su neurólogo los echó del consultorio tratándolos de narcotraficantes porque tienen una hija con parálisis cerebral y epilepsia refractaria y la piba convulsiona todos los días y ellos sólo quieren tratarla con aceite de cannabis”, relató Racca, docente de Farmacología Aplicada II de la UNC, sobre otro de los grandes objetivos del módulo de cannabis medicinal: “Limpiar los mitos”. “Hay mucho que todavía no se sabe y hay cosas que se saben, pero se dicen erróneamente basándose en preconceptos prohibicionistas”, sostuvo el profesor de la UNC.
Según los especialistas, el cannabis es potencialmente menos dañino que otros medicamentos utilizados para tratar patologías refractarias como la epilepsia. Un paciente epiléptico consume, por lo general, un mínimo de dos drogas diarias: siendo las más populares el ácido Valproico y la Carbamazepina. Entre la larga lista de efectos secundarios que estas drogas producen, se pueden encontrar alteraciones del sensorio, enlentecimiento del pensamiento, problemas gastrointestinales, sobrecargas hepáticas y renales, alteraciones de los movimientos similares al Parkinsonismo y reacciones hematológicas de varios tipos. Por si no fuera poco, el medicamento más utilizado para las epilepsias, el ácido valproico, ha demostrado producir malformaciones congénitas en bebés de pacientes epilépticas medicadas durante el embarazo.
El médico Nicolás Di Biase sostuvo que “no existe muerte declarada por cannabis” y que sus reacciones adversas, que van desde sueño, mareo, visión borrosa, sensación de tristeza o dificultad para concentrarse, son efectos “primero, muy leves; segundo, que cuando se retira la droga se van, y tercero, que nunca ningún quimiotipo de cannabis va a generar la muerte o un evento fatal en la persona”. “Ya con eso solo le gana a cualquier antidepresivo del mercado: Clonazepam, Alprazolam, Alplax, Paroxetina, Floxetina, entre otros”, enfatizó el profesional de la salud de la UNS.
Si bien estas casas de estudio han sido las pioneras en incorporar al cannabis como materia específica dentro de carreras de grado, no son las únicas universidades públicas que le han abierto las puertas al abordaje medicinal de la planta de cannabis. Además de las numerosas escuelas que realizan activamente investigaciones sobre las propiedades del cannabis, existen diversas facultades que ya poseen cátedras abiertas a toda la comunidad que abordan al cannabis medicinal desde miradas interdisciplinarias, como es el caso de las universidades nacionales de La Pampa y de Mar del Plata. A la par de estos avances en la materia, las de Rosario y de Quilmes ofrecen, por su parte, diplomaturas de posgrado sobre Cannabis para profesionales con títulos de grado.
Más allá de cualquier análisis, queda demostrado que hay una parte de la sociedad que precisa acceder al cannabis medicinal con urgencia. Cristina Ramírez, doctora en química miembro del comité de investigadoras a cargo de la “Cátedra abierta de abordaje transdisciplinario de los usos de Cannabis y sus derivados” de la Universidad Nacional de Mar del Plata, afirmó que “la necesidad de las personas se llevó puesta todo tipo de legislación”. Si bien asintió en que todavía es necesario realizar estudios pre-clínicos, clínicos, de fase y de control de calidad sobre la planta y sus derivados, la Farmacóloga aclaró que “la persona que tiene al hijo que le convulsiona 100 veces por día no va a estar esperando que vos resuelvas la parte legal y técnica”.
En este contexto caracterizado por la necesidad social de acceder a cuestiones de salud pública, el docente de la UNLP Patricio De Urraza animó al resto de las facultades a que incorporen al cannabis dentro de las formaciones de grado: “La idea es que esto se generalice a nivel nacional y que todas las carreras de Medicina, Biotecnología, Bioquímica, Farmacia y todas las que tengan que ver con la salud incorporen a su currícula la temática del cannabis medicinal”.
SPB: Escándalo por una misa evangélica en una cárcel
Se inició un sumario en el SPB tras la denuncia penal por el ingreso de pastores evangélicos a la Unidad N°9 de Villa Elvira. Las imágenes escandalizan.
Una misa evangélica en la Unidad Penal N°9 de Villa Elvira, en La Plata desató un fuerte escándalo que terminó con una denuncia penal y un sumario administrativo iniciado a miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Según pudo saber INFOCIELO a través de fuentes judiciales, el SPB está analizando si hay imputados por la realización de un culto religioso en uno de los salones del penal. Es que, pese a que puertas adentro de las cárceles los internos pueden compartir espacios cerrados de forma multitudinaria, no está permitido el ingreso de pastores evangélicos ni la realización de cultos.
La denuncia fue radicada por el pastor evangélico y referente del «Peronismo Republicano» en La Plata, Julio Bozzarelli, ante la Fiscalía General de la provincia de Buenos Aires. Lo curioso es que el caso saca a la luz una disputa interna entre los diferentes cultos, pese a que en los pabellones los internos conviven.
En la denuncia, Bozzarelli no sólo reclamó por la ruptura del protocolo, sino que se quejó de que no permitieron el ingreso de su organización a las cárceles y acusó a Jorge Moyano, el supuesto pastor evangélico que llevó adelante la misa en la cárcel de Villa Elvira, de no ser Capellán ni cumplir los requisitos para oficiar cultos.
Según aclararon fuentes judiciales a INFOCIELO, «no hay ningún caso positivo de Covid entre los presos de la Unidad Penal n°9, y el grupo de internos que se ven cantando y saltando son un pabellón completo, que es como una burbuja».
Las imágenes, que difundió a través de las redes el portal Causa Judicial, son escandalosas y llaman la atención: en plena pandemia de coronavirus se realiza una misa que es prácticamente un recital dentro de la cárcel. «Hay un sumario porque no estaban cumpliéndose todos los protocolos como deben ser», pudo confirmar este medio a partir de fuentes judiciales.
En las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense los presos se encuentran en aislamiento y cada pabellón es una «burbuja». Por ese motivo, pese a que las imágenes escandalizan, son comunes en la vida cotidiana de los internos. «Es como una familia que está aislada, nada más que en vez de ser 4 o 5 son 70», explicaron.
Pese a ese contexto, fuentes judiciales señalaron que «no estuvo bien que haya un culto dentro de ese galpón en la Unidad 9 porque no estaba autorizado por la pandemia el ingreso de pastores y la realización de cultos».
Fuente de la Información: https://infocielo.com/spb/spb-escandalo-una-misa-evangelica-una-carcel-n712636
América del Sur/Argentina/28-05-2021/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar
El Ministerio de Educación sanjuanino habilitó una nueva plataforma digital para la continuidad de las trayectorias educativas virtuales. Se trata de Innovatec, que fue diseñada para proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único y seguro para crear experiencias educativas personalizadas y grupales. Innovatec se suma a la plataformas que se crearon tras suspenderse las actividades escolares en 2020. La página oficial es www.san juan.magnaplus.org.
Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Lanzan-nueva-plataforma-educativa-20210522-0080.html
La “Cantina Trans Travesti La tía” necesita del acompañamiento y solidaridad de toda la comunidad cordobesa. Desde que comenzó la pandemia, 60 personas que dependían de esa fuente laboral no cuentan con ese ingreso. En un contexto agravado por la falta de concreción de una política clara de inclusión laboral para la comunidad trans, travesti y no binarie.
Entre los caminitos verdes de la Ciudad Universitaria que bordean los edificios coloreados de murales y consignas, denuncias, reivindicaciones y deseos, de pronto aparece la Casa Verde. Allí, desde 2018, funcionaba la Cantina de inclusión laboral trans travesti “La tía” que constituyó un sistema de economía popular y cooperativo, como un horizonte de posibilidad real y concreto. Ofrecía un menú para todos los gustos, con la bandera LGBTTTIQ+ que flameaba entre los cafecitos y los budines o tartas veganas.
(Imagen: Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC)
La Cantina como espacio de derechos fue una conquista de estudiantes acompañades por parte de la comunidad universitaria. Fue y es un recordatorio del presente de desigualdades que viven las personas trans y travestis. Desde el año pasado, no abre sus puertas debido a la crisis sanitaria y hoy, en medio de la profundización de la crisis económica, necesitan de nuestro apoyo. Más de 60 personas dependían de esa fuente laboral y, de un momento a otro, quedaron a la deriva.
Desde el Área Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), coordinada por Ivanna Aguilera y en conjunto con la Decana de la Facultad, Flavia Dezzutto, lanzaron esta semana una colecta solidaria que básicamente busca resolver cuestiones alimentarias y colaborar con productos de higiene personal y para la casa, así como ropa de abrigo y calzado.
Desde La tinta, conversamos con Ivanna Aguilera, ella es la primera mujer trans que ocupa un cargo dentro de la UNC; insistente luchadora por ampliación de derechos para la comunidad trans travesti, es parte de esta iniciativa solidaria. “Necesitamos que nos acompañen para cubrir la alimentación y el cuidado personal, porque, una vez más, queda claro que somos un sector de la sociedad que vivimos detrás de los derechos del resto, apelamos a la solidaridad de las personas, de las organizaciones”, expresa con contundencia y esperanza en la trama colectiva.
En un ejercicio de historización, nos cuenta que la Cantina surgió producto de un trabajo territorial con el Centro de Estudiantes “Estudiantes al Frente” de la Facultad de Filosofía en el marco del Proyecto de Inclusión Laboral Trans-Travesti, “queríamos acompañar la vida de las personas trans travesti en el ámbito universitario. Logramos un espacio físico y se convirtió en la primera cantina de inclusión laboral trans travesti a nivel universitario en la Argentina”.
Cuando inauguraron la Cantina, al ser el primer año y la primera experiencia, Ivanna relata que ella estaba todos los días allí: “Abría y cerraba, y estaba pendiente de acompañar y, de alguna manera, capacitar a les pibes. En el 2019, ya quedó en manos de les pibes, porque ese era el proyecto, que pudieran hacerse cargo de todo: atención al público, a proveedores y toda la administración en general. Y en 2019, la re-inauguraron y, al nombre Cantina de Inclusión Laboral Trans Travesti, le agregaron “La tía”, porque a mí me dicen ‘La tía Ivanna’”.
La propuesta contaba con 6 compañeres que estaban en atención al público y 32 personas vinculadas con el servicio de proveeduría de alimentos. Fue un proyecto que marcó un logro muy importante, implicó visibilidad y una apuesta política como fuente real de trabajo. “La población trans no tenemos acceso a los ámbitos educativos y menos aún al universitario. No tenemos acceso al trabajo formal y seguimos dependiendo del ejercicio de la prostitución como único medio de supervivencia. Esta realidad dificulta acceder al estudio y tener iguales oportunidades que el resto: te cansás, estás mal alimentada y la educación es costosa. La Cantina, espacio que gestamos colectivamente, generaba para un grupo de compañeres un dinero fijo que les permitía transitar -relativamente cómoda- su carrera universitaria”, expresa Ivanna.
Para coordinar la donación de productos o dinero, se pueden comunicar a los teléfonos (0351) 7276671 o 3516532317 (Ivanna Aguilera), o por correo electrónico a area.trans@ffyh.unc.edu.ar
¿Y la inclusión laboral travesti – trans?
Si bien la campaña de donaciones acompañará y permitirá paliar la dura situación que viven les compañeres, Ivanna remarca: “El problema es profundo y de raíz. Seguimos sin una verdadera política de inclusión trans. No tenemos, hasta el día de hoy, registros para acceder a algún cupo. No tenemos las reglas claras y, por ese motivo, seguimos sin tener acceso al trabajo formal. Necesitamos seguir con este tipo de políticas de contención entre nosotres para poder seguir adelante”, señala Aguilera.
El último relevamiento que oficializó el Registro Civil sobre personas trans y travestis en la provincia de Córdoba indicó que aproximadamente 4.600 personas habían registrado un cambio de identidad. Pero falta una política censal que permita saber con mayor detalle las situaciones y realidades que se están atravesando.
“Nosotres celebramos el cupo trans que por decreto presidencial tenemos a nivel nacional, pero sabemos que eso no va a solucionar la problemática de toda la población trans y travesti. Necesitamos políticas verdaderas de inclusión: poder presentarnos a trabajar en cualquier lado y que nuestra condición trans travesti no sea un condicionante; que se incentive al sector privado para que puedan absorber nuestra demanda laboral. Las políticas tienen que ser concretas, no parches o programas sociales, o capacitaciones para ver si a lo mejor y tal vez puedas tener un trabajo. Son años de lucha para que las políticas sean de inclusión laboral y cupo laboral con horizontes concretos y reglas claras”.
“Necesitamos trabajar para poder construir nuestras vidas”, afirma Ivanna una vez más, como tantas veces en que ha plantado su voz por este derecho básico. “No está clara la implementación del cupo trans, no sabemos si está vigente o dónde hay que inscribirse. No conocemos el listado donde les compañeres puedan inscribirse para acceder a un puesto laboral en alguna repartición del Estado en cualquier provincia. No queremos designaciones a dedo por tener puesta una camiseta política. Queremos tener todes y todas las mismas oportunidades, que haya un registro, que sea visible y que se puedan anotar”, concluye Ivanna.
¿Dónde está Tehuel?
Fuente: La tinta / Imagen de portada: Facultad de Filosofía y Humanidades.
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