Visibilización de las diferentes condiciones de acceso a la escuela y precarización laboral son las consecuencias del covid en las escuelas.

Planificar es una de las primeras tareas docentes que se enseña en cualquier profesorado. Marcar la hoja de ruta; saber hacia dónde va dirigida la actividad; determinar consignas, modos y tiempos de desarrollo; establecer los objetivos y fundamentar la acción son todos ejes que sostienen el “qué” y “para qué” se enseñan determinados contenidos. Si algo falló en todos los aspectos de la vida social en 2020 fueron los planes. Ninguna programación sobrevivió sin modificaciones al año de la pandemia. En muchos casos, los cambios han sido numerosos y repentinos.

La incertidumbre, palabra a la que el diccionario de la Real Academia Española define como “Falta de conocimiento seguro y claro sobre algo”, se convirtió en el leitmotiv del año. Ha quedado muy lejos el ágora en el que el filósofo enseñaba a partir de la mayéutica y se jactaba de no saber nada. En el siglo XXI, los pedagogos están constantemente a prueba y el desconocimiento aterroriza. Un docente debe saber los contenidos que imparte, tiene que estar al tanto de cómo lo va a transmitir, a quiénes, en qué tiempo y qué métodos utilizará para comprobar que los estudiantes se hayan apropiado del saber. El primer día del ciclo lectivo, están claras las fechas de cierre de trimestre, de exámenes especiales, receso escolar, coloquios y finalización del año escolar. En febrero y marzo, la escuela es un jenga en el que la partida no inició, pero que tampoco invita al juego. Mientras menos fichas se muevan, mejor.

El 16 de marzo, los docentes de las escuelas argentinas recibieron indicaciones de preparar actividades para que los estudiantes realizaran en sus hogares durante los supuestos quince días de aislamiento. Al regresar a las instituciones, esos ejercicios serían corregidos. Ni el Estado ni los sindicatos de educadores plantearon la posibilidad de que esos días sin asistencia a las instituciones implicaran una suspensión de clases. No había pasado aún un mes desde que el ministro de Educación de la Nación afirmó al inicio del ciclo lectivo: “Se van a cumplir los 180 días de clases en toda la Argentina, el compromiso lo hemos establecido en el Consejo de Educación. Los días que se pierdan tendrán que ser recuperados a lo largo del año”. La opción de que el ciclo lectivo se extendiera dos semanas en diciembre o que se eliminara el receso escolar de julio no era atractiva para nadie. Sin embargo, las clases sin escuelas eran un fenómeno que jamás se había visto a nivel generalizado. Ministros, directivos, docentes, estudiantes ni familias estaban preparados para ello.

A la incertidumbre le siguió la improvisación. La enseñanza debía impartirse de manera remota. Sin la presencia de docentes y estudiantes en el mismo espacio físico. La educación a distancia tiene dos siglos y medio de trayectoria. Sin embargo, ni los primeros cursos por correspondencia de 1850 ni las ofertas educativas en línea de la actualidad están planificadas para una población acostumbrada a la presencialidad. Un hito clave es que enseñar a distancia no es hacer lo mismo que se realiza en un aula y enviarlo por celular. Las actividades, explicaciones, propuestas y la evaluación deben ser pensadas exclusivamente para ese contexto. Para ello, los docentes necesitan preparación y tiempo para asimilarlo.

De un día para el otro, la pandemia puso a personas que tenían que pedirles ayuda a sus hijos para enviar un audio de mensajería instantánea a dictar clases por videoconferencia.

Sal en la herida

Por otra parte, el aislamiento expuso de la manera más cruel las heridas que el sistema educativo acarrea desde hace tiempo. Las dificultades para acceder y permanecer en la escuela han estado presentes desde los inicios del sistema educativo argentino. Pero la pandemia y el aislamiento desnudaron esas complicaciones al exigir a los estudiantes conexión a internet, tiempo, espacio y una familia capaz de ayudarlos a cumplir con todas las obligaciones escolares.

En 2014, estudiantes de la carrera de Trabajo Social realizaron una encuesta en el IPET 334, de Villa Parque Santa Ana, para evaluar las condiciones que podrían dificultarles la trayectoria por la escuela a los estudiantes. Los resultados arrojaron que el 36 por ciento de los adolescentes trabajaba, que el 25 por ciento tenía hermanos que habían abandonado los estudios y un 29 por ciento era hijo de personas que no habían podido terminar el secundario. En 2017, Daiana Laura Chiora, Lucía Conalbi y María Florencia Ledesma realizaron en esa institución la tesis de licenciatura de Trabajo Social y evaluaron las causas por las que los estudiantes no podían asistir a la escuela. Entre ellas, enumeraron dificultades económicas y condiciones de vida, como la pobreza o la vulnerabilidad; el trabajo doméstico; las prácticas familiares que determinaban qué se esperaba de esos adolescentes; la maternidad y paternidad adolescente y las relaciones problemáticas con la escuela y los pares. “Dentro de los factores que influyen en el ausentismo escolar, se encuentran tanto situaciones del contexto de vida de los estudiantes, como también posicionamientos y prácticas de la propia institución escolar. Las condiciones de vulnerabilidad, las expectativas de los docentes, situaciones de discriminación por parte de compañeros y profesores y la insuficiente respuesta estatal, se conjugan para dificultarles a los adolescentes la posibilidad de avanzar en sus trayectorias escolares” señala la investigación titulada “Aulas vacías: dificultades en el acceso al Derecho a la Educación”.

A la falta de recursos y la dificultad para acceder a la escuela se le sumó este año la distancia, la necesidad de un dispositivo con conexión a internet y las complicaciones económicas que la pandemia incrementó. En algunos casos, inclusive son los mismos docentes quienes viven en sectores en los que no llega el servicio de internet o en los que el sistema de datos de la telefonía móvil es deficitario. Otros decidieron contratar un servicio e incorporar un gasto fijo para poder realizar su trabajo.

Si pasa, pasa

Mientras que las clases no estuvieron en pausa ni un solo día y los docentes hicieron malabares para poder brindar contenidos a los estudiantes a pesar de la distancia, sí estuvieron detenidas otras cuestiones vinculadas a la escuela. A pesar del gran nivel de informatización del Gobierno de la Provincia de Córdoba, algunos trámites administrativos estuvieron suspendidos durante varios meses. Los sistemas permitían renunciar a cargos u horas cátedra y solicitar la jubilación, pero no había posibilidad de contratar suplentes ni titulares que cubrieran las vacantes que se generaban.

El pasado 20 de mayo, con un solo día de debate en el recinto, la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó en tiempo récord el proyecto de ley de modificación del régimen de jubilaciones y pensiones de Córdoba remitido por el Poder Ejecutivo. La unicameral -en la que Hacemos por Córdoba tiene una mayoría que le permite reformar la Constitución Provincial si lo deseara- aprobó armonizar las jubilaciones provinciales con las nacionales y considerar el salario de los últimos diez años de actividad para el cálculo previsional en lugar de los cuatro vigentes hasta el momento. Además, los aumentos salariales empezaron a tener un diferimiento de dos meses para los pasivos y los jubilados que cobran los salarios más altos se vieron perjudicados con un impuesto extra.

A las clases virtuales y el recorte en las jubilaciones se le sumó un congelamiento en la discusión salarial con el Gobierno. La propuesta de aumento realizada por la patronal en marzo y rechazada ese mismo mes por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba por considerarla insuficiente fue aprobada en abril debido a la imposibilidad de realizar asambleas presenciales. El acuerdo establecido estaba vigente hasta julio, pero la nueva discusión se pospuso a finales de octubre.

Por otra parte, en julio, el Gobierno Nacional anunció un plan de créditos para docentes, destinados a la compra de computadoras. De este modo, maestros y profesores pudieron acceder a préstamos de entre 50 y 100 mil pesos para comprar notebooks. La tasa de interés, que estuvo subsidiada por la Nación, fue de un 12 por ciento. La suma a financiar dependía del salario de cada docente y podían acceder a los créditos más altos aquellos que percibieran un salario de al menos cuatro salarios mínimos, vitales y móviles (unos 67 mil pesos).

Sin convocatoria para la cobertura de vacantes, con las jubilaciones recortadas y los salarios congelados, la oferta para cubrir la necesidad de equipamiento docente fue que los propios trabajadores contrajeran una deuda.

En terapia intensiva

La Ley de Educación Común 1.420 del año 1884 estableció las bases del sistema educativo público argentino: gratuidad, laicidad, gradualidad y obligatoriedad. Eso implicaba que la escuela era gratis, no impartía contenidos religiosos, se dividía en un sistema de grados y era obligatoria. Durante más de un siglo, estos preceptos permitieron que el acceso a los diferentes niveles se universalizara cada vez más. En muchas familias, los hijos accedían a niveles educativos que sus padres nunca alcanzaron y los nietos consiguieron títulos con los que los abuelos ni siquiera llegaron a soñar.

En 2020, internet se convirtió en la gran barrera de muchos. Numerosos estudiantes solamente recibieron los contenidos escolares porque hubo un maestro o directivo decidido a imprimir los materiales enviados por redes o mensajería y llevarlo hasta su domicilio. Otros niños y adolescentes no tuvieron manera alguna de vincularse con la escuela. Incluso, este año se convocaron de manera virtual las preinscripciones para las instituciones educativas. Por lo que hasta para inscribir a los niños a las escuelas públicas es necesario conectarse a internet. En agosto, este servicio fue declarado como público. Sin embargo, eso no garantiza que todos puedan disfrutarlo.

La improvisación ocasionada por la pandemia, la virtualidad y sus barreras, la precarización laboral y la crisis económica hicieron que este año, la escuela pública reciba un disparo al corazón. Mientras se espera la vacuna contra el coronavirus y se configura la nueva normalidad, el Estado deberá analizar cómo garantizar que la enseñanza siga siendo realmente gratuita y para todos sin perjudicar a los trabajadores.

Desde hace tiempo, los principios de la Ley 1.420 están en constante amenaza por diversos factores. Este año, la pandemia los visibilizó y los profundizó. La escuela pública está en terapia intensiva y requiere una intervención de urgencia para seguir generando igualdad de derechos entre todos los argentinos.
Fuente: https://www.diariosumario.com.ar/edicion-impresa/2020/11/4/un-disparo-al-corazon-de-la-escuela-publica-24299.html