América del Sur/Argentina/15-11-2020/Autor(a) y Fuente: www.diariodecuyo.com.ar

Lo aseguró una de las integrantes de la Asociación de Jardines Maternales y Primera Infancia. “No sabemos ni quién es el que nos tiene que habilitar”, sostuvo.

La situación que viven los dueños de los jardines maternales de San Juan es desesperante: llevan casi 8 meses sin trabajar por la pandemia por coronavirus. Eso afectó tanto al sector que, según aseguraron, sólo quedan 9 de estas instituciones en pie en la provincia (de las 30 que había inicialmente). Este problema ya comenzó a afectar también a los papás, ya que prácticamente todos los trabajos están habilitados y no tienen con quién dejar a sus niños de 0 a 5 años para su cuidado.

“Tenemos el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud Pública desde hace mucho tiempo, pero no nos habilitan. En otras provincias como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires o Tucumán, donde la situación sanitaria es más compleja que acá, ya están trabajando. Pero nosotros no podemos, nadie nos da respuestas. Es más, nuestro protocolo indica que sólo habrá 3 niños por sala y por maestra, cuando estas provincias tienen 8”, indicó Gemina Maratta, miembro de la comisión directiva de la Asociación de Jardines Maternales y Primera Infancia de la provincia.

Y agregó que “tener tres niños por sala sólo nos alcanza para pagarle al maestro que esté a cargo del sector, pero bueno, necesitamos reactivarnos, aun así queremos trabajar. Incluso es un pedido al que también se han sumado los papás. Conozco mamás que tienen que llevar a sus hijos al trabajo, lo cual es todavía más peligroso. O incluso dejan a sus hijos con sus abuelos, poniéndolos en riesgo a ellos, que son la población más vulnerable de la pandemia”.

Maratta, explicó que ni siquiera saben qué sector del Estado deben recurrir para conseguir la habilitación. “Desde Salud Pública nos dijeron que ellos ya no tienen nada que ver, porque el protocolo ya fue aprobado por el Comité Covid, y que la decisión está ahora en manos del Gobierno. Pero, quién es el Gobierno. Llamamos a distintos organismos y no recibimos respuestas, mandamos mensajes y nos clavan el visto, es desesperante”, indicó la mujer que es dueña de tres espacios con actividades y cuidado de niños.

A la vez que, aseguró “como no dependemos del Ministerio de Educación, nos dicen que estamos bajo la órbita del Ministerio de Cultura, pero tampoco nos dan audiencias ni la posibilidad de plantear nuestra situación ahí”.

“Nosotros queremos hacer todo legal –afirmó Maratta-, pero ya no sabemos cómo. Vas a las plazas y ves los juegos llenos de niños. Los casinos están que explotan de ancianos, que son la población más vulnerable, y nosotros no podemos cuidar a los chicos bajo protocolos súper estrictos, no se entiende”.

Por otro lado, destacó que “no se trata sólo del cuidado de los niños mientras sus papás trabajan. Estamos hablando también de la parte social, cognitiva, psicológica, de la posibilidad de vincularse con sus pares. Hay niños que están sufriendo retrocesos. Nadie está pensando en su desarrollo y en las consecuencias que van a tener, es un sector completamente relegado. Tenemos informes de psicólogos, pediatras y psicopedagogos que lo explican”.

Y sostuvo: “Por eso pedimos que al menos nos permitan el desarrollo de actividades artísticas, de talleres, de actividades lúdicas, aunque sea por una hora al día, porque para los niños menores de 6 años no hay ningún tipo de actividad habilitada en la provincia”.

Fuente e Imagen: https://www.diariodecuyo.com.ar/sanjuan/Afirman-que-solo-quedan-9-maternales-Los-casinos-llenos-de-ancianos-y-no-nos-dejan-cuidar-ninos-20201110-0021.html

Adías del anuncio del envío de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, este jueves, el Ministerio de Salud aprobó el documento «Atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas. Hoja de ruta. Herramientas para oriental el trabajo de los equipos de salud».

Hay gran preocupación entre productores y empresarios forestales del norte de Misiones por los recurrentes focos de incendios que afectaron centenares de hectáreas de pinos de empresas de Iguazú, Wanda, Puerto Esperanza, Libertad, Eldorado y San Pedro, entre otros campos rurales y áreas de bosque nativos. «Un grupo reducido de individuos deliberadamente está prendiendo fuego las plantaciones forestales de todos los productores en la zona», sostuvo el coordinador del Consorcio de Protección Forestal Iguazú, Hernán Patzer, en diálogo con Argentina Forestal.

Fuentes del sector que fueron consultadas advierten que hay múltiples indicios que sugieren que las quemas serían intencionales. Resaltan que en casi todos los casos registrados al menos en los últimos 15 días se pudo determinar que los incendios comenzaron con varios focos que se encendieron simultáneamente, lo que sería ilógico que se produjera por causas naturales.  La situación ameritó que los propietarios, tanto productores forestales como empresarios industriales, decidan reunirse días atrás para analizar la situación.

Este escenario fue confirmado por el coordinador del Consorcio de Protección Forestal Iguazú, Hernán Patzer, que  nuclea a siete empresas del sector en la zona centro oeste y norte de Misiones.

“El incremento en cantidad de incendios creció significativamente en los meses de setiembre, octubre y lo que va de noviembre. En la medida que la sequía se agrava –por lo prolongada-  también los daños e impactos producidos por cada incendio, con importante afectación a plantaciones forestales, fajas ecológicas de monte nativo, con la consecuente pérdida económica y daño ambiental. Tan solo en una región como la conocida por 12 Octubre en el Municipio de Puerto Esperanza, situación que se extiende a zona Istueta y Delicia, los productores forestales están teniendo una ocurrencia de dos  a seis incendios por día con superficies que van de los pocos metros cuadrados y hasta más de 100 hectáreas, afectando todo lo que el fuego encuentra en su camino”, detalló el coordinador en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

“Son intencionales”

En ese contexto, Patzer respondió respecto a los motivos o causas a las que atribuyen el aumento de incendios, además de la negligencia en el uso cuando rige la prohibición de quemar: “Siempre se analizan varios aspectos para determinar las causas, en función de ello y para el caso puntual de la zona mencionada con un alto grado de acierto podemos afirmar que prácticamente todos los incendios de esa zona están ocurriendo por motivos intencionales. Un grupo reducido de individuos deliberadamente está prendiendo fuego las plantaciones forestales de todos los productores en la zona”, aseveró.

Asimismo, agregó que “en algún momento, personal que trabajaba en el combate de incendios fue amenazado por personas con la frase ¨vamos a prender fuego todas las plantaciones forestales¨, relató Patzer respecto a las situaciones que vivieron en la zona y que fueron denunciadas ante la Policía local.

En ese contexto fue creciendo la preocupación en la última semana, y días atrás se concretó una reunión entre varios productores, empresarios y vecinos. “En el encuentro se planteó pensar entre todos cómo nos organizamos para atender esta situación, una de las medidas que se fueron cumpliendo, las denuncias policiales correspondientes ante estos hechos, la organización y coordinación entre los vecinos, y finalmente la comunicación que ya generamos a todas las instancias posibles institucionales de Gobierno como también de organizaciones afines”, adelantó Patzer.

El consorcio privado monitorea una superficie de unas 274.000 hectáreas, de las cuales 145 mil son bosques de cultivo (pinos, eucaliptus, araucaria y otras especies). “Disponemos de una red de detección de incendios de 20 torres y 7 cámaras domo, contamos con todas las herramientas y equipos específicos para el combate de los incendios. Todas las empresas socias al consorcio trabajan en planes de prevención que consideran desde actividades en escuelas rurales, vínculo con vecinos y otros productores y la coordinación de planes con instituciones como Bomberos Voluntarios”, explicó el ingeniero Patzer (Arauco Argentina).

Para el coordinador, “la intencionalidad de incendios es uno de las principales causas, le sigue el uso de fuego para preparación de terreno. Algunas personas hoy día, ante la situación de peligro extremo y a pesar de todos los avisos que existen de prohibición, continúan quemando rastrojos y lógicamente causando incendios y daños a sus vecinos. Hemos tenido también casos donde algunos niños que en su inocencia prenden fuego para tal vez divertirse o llamar la atención”, relató el profesional.

Finalmente, remarcó Patzer que “lo más preocupante y que todo el sector productivo necesita, es que se investiguen los incendios intencionales y que a esos delincuentes se les aplique todo el rigor de la ley para frenar urgente estos eventos, en el caso de las quemas para preparación de terreno evidentemente es necesario una mayor campaña de prevención y actuación legal ante ocurrencia, y el caso de los niños un trabajo más fuerte en las escuelas y las casas de familia”.

Alerta máxima y déficit hídrico hasta marzo de 2021

Desde el consorcio forestal privado de Iguazú cuentan con indicadores meteorológicos del Sistema Canadiense adaptado a la Argentina y con ajustes para Misiones. “Nuestra base de datos es de más de 35 años, el índice de sequía en este momento está en valores de >500% sobre los valores históricos promedios, el Índice de Peligro de Incendios varía mucho en función de los vientos y la temperatura pero en general está en valores de >300% sobre valores históricos. En función de los pronósticos conocidos, se espera que la temporada de déficit hídrico se extienda todavía hasta los primeros meses del 2021”, pronosticó el profesional, en coincidencia con la advertencia de una temporada crítica y de riesgos extremos de propagación de incendios desde el Ministerio de Ecología de la provincia.

En este contexto, cuando rige la resolución ministerial de prohibición de todo tipo de quema, sea en zona rural, forestal, urbana o semi-urbana, las autoridades provinciales y municipales recuerdan que toda quema es ilegal: «No se puede usar el fuego».

Prevención y más control en el Norte

La semana pasada Bomberos Voluntarios de Iguazú, Wanda, Libertad y Puerto Esperanza socorrieron al Consorcio forestal para poder controlar focos simultáneos en las zonas de pinares de conocidas empresas y productores, desde Arauco,  Kunz, Rotahelmer, Reig, Lipsia, Pindo. Entre algunas de las zonas, desde Dorado, Residencia, Istueta, 12 de Octubre, y otras zonas donde fueron recurrentes los inicios del fuego.

En Esperanza incluso llevan días combatiendo incendios para poder extinguirlos y hasta han tenido que salir a terrenos al menos 8 veces en un solo día. En tanto, en Andresito los Bomberos Voluntarios han respondido hasta 12 veces en un solo día por la quemas ilegales.

El ingeniero forestal Hugo Reis (Pindo SA) se expresó a través de las redes sociales este lunes, ante el esfuerzo mancomunado de los últimos días de productores, vecinos y Bomberos Voluntarios de Wanda y Esperanza, por tratar de contener gran cantidad de incendios rurales y forestales “provocados intencionalmente vaya uno a saber por qué”, indicó.

En sus reflexiones que “hasta ahora grandes se provocaron daños ambientales y económicos, pero esperemos que no tengamos que lamentar daños a la salud humana de los combatientes. Recordemos que van presos los incendiarios”, remarcó el profesional.

Asimismo, en su mensaje pidió por redes sociales “que las diferentes autoridades municipales, provinciales y nacionales tomen nota”, reclamó públicamente.

Pozo Azul. Desde la ruta se observaba este fin de semana quemas ilegales en zonas de comunidades indígenas

QUEMAS AFECTARON UNA RESERVA PRIVADA EN YABOTÍ

En tanto, el propietario de la Reserva Natural El Cantar de la Pachamama en el Soberbio, ubicada dentro del área de la Reserva de Biosfera Yabotí, denunció también a través de las redes sociales una quema día atrás en su propiedad provocada “por un ocupante ilegal, que viene haciendo quemas y rosado en varias partes de la Reserva, y la Justicia duerme», expresó el propietario

Intrusión. Propietario denunció quemas ilegales en su reserva natural El Cantar de la Pachamama.

«Mientras, los legítimos propietarios vemos desde afuera como destruyen todo. La intrusión es la principal amenaza sobre de la biodiversidad. Las lluvias de hoy en la zona de San Pedro son una bendición que achica la posibilidad de que llegue a quemarse toda mi reserva. Una reserva declarada de interés provincial, pero que nada podemos hacer los propietarios para terminar con esta injusticia”, expresó el ingeniero Diego Teza.

Fuente: https://misionesonline.net/2020/11/10/quemas-ilegales-en-misiones-serian-intencionales-los-incendios-en-pinares-en-el-norte-de-la-provincia/

América del sur/Argentina/Noviembre 2020

Por: Daniel Mato

El racismo es una ideología según la cual los seres humanos seríamos clasificables en razas, algunas supuestamente superiores a otras. La discriminación racial es su forma más visible, pero no es la única. Existen otras menos manifiestas que condenan a algunos grupos de población a hacer sus vidas en condiciones desventajosas, inequitativas, y estas circunstancias han sido en alguna medida naturalizadas por otros sectores sociales.

El sistema de educación superior juega un papel clave en la reproducción y naturalización del racismo en todos los ámbitos sociales, y en particular en el resto del sistema educativo, porque en él se forman profesionales que diseñan y aplican las políticas educativas, así como los cuadros docentes y de gestión de todo el sistema educativo. También se forman profesionales que luego ocupan posiciones decisorias en los más diversos campos sociales, pero que debido al racismo reciben una preparación monocultural, inapropiada para actuar en una sociedad socio-culturalmente diversa.

En Argentina, el racismo no afecta solo a personas y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, pero numerosas publicaciones permiten afirmar que les perjudican especialmente (Abeledo et al, 2020; Carrasco, 2002; Diafar 2019; ENDEPA, 2018; Geler et al, 2018; ONU, 2012, 2017, 2019). No obstante, son escasos los actores sociales que perciben las inequidades y la desigualdad que afectan a estos pueblos: en buena medida han sido “naturalizadas”. La educación superior tiene una importante responsabilidad en este problema, así como grandes posibilidades de contribuir a revertirlo.

El racismo se expresa de diversas formas en el sistema de educación superior

En el sistema de educación superior argentino, el racismo se expresa de diversas formas. Una de ellas es la escasa participación de personas indígenas y afrodescendientes entre su estudiantado y sus cuadros docentes y de gestión. Esto es consecuencia de diversos tipos de factores que no es posible detallar en este artículo, pero que he analizado en un estudio específico realizado para el recientemente publicado Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe (Mato, 2020). Estas circunstancias, a las que suele aludirse mediante la expresión “racismo estructural”, menoscaban las posibilidades de que personas de estos grupos de población culminen la educación secundaria y de que aquellas que lo logran puedan acceder a educación superior, incluso aunque sea gratuita.

Esta exclusión de carácter estructural afecta derechos establecidos en dos instrumentos jurídicos internacionales a los cuales el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional otorga “jerarquía superior a las leyes”: la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. No obstante, a diferencia de la Ley de Educación Nacional 26.206, la Ley de Educación Superior (LES) no dispone nada al respecto, es decir, no asegura estos derechos. Esta omisión contrasta con lo dispuesto en el literal c del artículo 2 de la LES que establece que es responsabilidad del Estado nacional y los jurisdiccionales promover políticas de inclusión educativa que reconozcan “las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales”. También contrasta con lo previsto en el literal d que dispone la responsabilidad de establecer medidas “para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias”. A esta omisión no la resuelve la imprecisa referencia a “procesos multiculturales e interculturales”. La LES debe asegurar explícitamente los derechos constitucionales de estos grupos de población. Mientras no lo haga, los mecanismos de exclusión continuarán actuando.

El racismo también se expresa en la educación superior de otras formas. Por ejemplo, en la ausencia de conocimientos, lenguas, historias, visiones de mundo y valores de pueblos indígenas y afrodescendientes en los planes de estudio de prácticamente todas las carreras. Estas exclusiones también son violatorias de los derechos establecidos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Además, afectan la calidad de la formación profesional y ciudadana que las instituciones de educación superior ofrecen a todas y todos sus estudiantes, de la investigación que realizan y de la extensión que practican.

Adicionalmente, estas omisiones también deslegitiman el valor de las culturas de estos pueblos y de este modo promueven y refuerzan diversos tipos de prácticas de discriminación racial que continúan afectando de manera directa a estudiantes. Además, afectan sus trayectorias de formación y promueven su deserción, como lo documentan numerosas publicaciones (Artieda et al, 2017; Guaymás, 2018; Ivanof et al, 2016; Loncon, 2019; Mancinelli, 2019; Mato, 2020; Núñez, 2019; Ossola, 2003; Sulca 2019).

Estos tipos de problemas afectan a los sistemas universitarios de toda América Latina. Por eso la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, celebrada en Córdoba en junio de 2018 (CRES 2018), emitió una declaración final que incluyó varias recomendaciones orientadas a “interculturalizar” la Educación Superior. Entre otras, enfatizó la necesidad de erradicar el racismo; garantizar los derechos educativos de estos y otros grupos de población históricamente discriminados; incorporar sus cosmovisiones, lenguas, sistemas de conocimiento y formas de aprendizaje; y la necesidad de reconocer sus instituciones de educación superior propias.

Argentina se encuentra muy atrasada en la materia, respecto, por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, México, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Bolivia o Brasil. Algunos de estos países tienen leyes que reconocen y apoyan las actividades y títulos otorgados por universidades propias de pueblos indígenas. Otros cuentan con universidades interculturales creadas por los respectivos estados, o con programas de becas y acompañamiento específicamente diseñados para estos grupos de población (Mato, 2018).

Conviene destacar que estos avances no obedecen a una supuesta mayor proporción de la población indígena en estos países. Según el censo de 2010, en Argentina la proporción de población indígena respecto del total nacional era de 2,4%, en tanto en Brasil el mismo año fue de menos del 0,5% y en Canadá fue aproximadamente la misma que en Argentina.

El sistema de educación superior resulta clave para asegurar los derechos de estos sectores de la población en todos los ámbitos sociales. Porque en este sistema se forman profesionales que pasan a ocupar posiciones de toma de decisión en diversos ámbitos políticos, económicos y sociales, que prestan servicios a una población social diversa, para lo cual no son apropiadamente preparadas o preparados. Además –y especialmente importante– se forman docentes para todos los ciclos del sistema educativo, quienes por no tener una preparación adecuada difunden el racismo hacia toda la sociedad.

Actualizar la LES para asegurar los derechos establecidos en la Constitución Nacional

La LES no asegura los derechos educativos de personas y comunidades afrodescendientes y de pueblos indígenas establecidos en la Constitución Nacional. La gravedad del problema no permite esperar hasta que se gesten los acuerdos necesarios para que la LES sea reformada de manera más abarcadora, como está planteado. Esto puede tomar años. Entre tanto, esta ley se puede actualizar, como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2002, cuando mediante la Ley 25.573 se realizaron incorporaciones y modificaciones destinadas a asegurar los derechos de personas con discapacidad.

Es necesario actualizar la LES. Es necesario que en ella se establezcan mecanismos de consulta con participación de representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes acerca de todos los asuntos sujetos a la misma que les conciernan, tal como lo disponen los ya mencionados y otros instrumentos internacionales ratificados por Argentina. Resulta interesante notar que la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 ya cuenta con mecanismos de este tipo, pero la LES aún no.

Es necesario que la LES promueva que el sistema de educación superior en su conjunto sea pertinente y relevante respecto de la diversidad cultural de la sociedad argentina, y que esto sirva de base para el diseño de políticas y programas específicos orientados a fortalecer las experiencias en la materia que han venido desarrollando algunas universidades y para fomentar el establecimiento de otros en aquellas que aún no existen.

También debería sentar bases firmes para asegurar que el objetivo de formar docentes para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expresado en su artículo 4, sea efectivamente asegurado en todas las jurisdicciones. Actualmente en solamente cuatro provincias existen oportunidades de formación de docentes para educación intercultural bilingüe.

Es necesario también que establezca bases para el diseño de una política que haga efectivamente posible el ingreso, una trayectoria exitosa y la graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Los desafíos a atender no son solo económicos, y además varían a lo largo y ancho del territorio nacional. Existen dificultades asociadas a la distancia de los centros educativos, diferencias lingüísticas, extrañamiento por migración y cambio de contexto socio-cultural, entre otros (Mato, 2020).

 Referencias

Abeledo S y otros (2020): Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas del país. Segunda etapa, 2020. http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf.

Artieda T, L Rosso, A Luján y AL Zamora (2017): “Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Reflexiones y propuestas en torno a la inclusión y la interculturalidad”. En Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Políticas y prácticas de inclusión, democratización, e interculturalización. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Carrasco M (2002): “Una perspectiva sobre los pueblos indígenas en Argentina”. En Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002. Buenos Aires, CELS y Siglo XXI.

CRES (2018): “Declaración Final”. Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe. http://espacioenlaces.org/declaracion-cres-2018.

DIAFAR et al (2019): Diáspora Africana de la Argentina. Presentación ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Buenos Aires. Marzo.

ENDEPA (2018): Informe Alternativo elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) para ser considerado en la 64° sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, revisión de Argentina. Aristóbulo del Valle, ENDEPA.

Geler L, A Egido, R Recalt y C Yannone (2018): “Mujeres afroargentinas y el proyecto Certificar nuestra existencia. Una experiencia de trabajo multidisciplinar en Ciudad Evita”. Población & Sociedad, 25 (2).

Guaymás A (2018): “Educación superior y pueblos indígenas y afrodescendientes en Argentina: Logros, desafíos y recomendaciones”. En Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Ivanoff SL y DL Loncon (2016): “Cátedra libre de Pueblos Originarios, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Experiencias, Interpelaciones y Desafíos”. En Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina. Experiencias, interpelaciones y desafíos. Sáenz Peña, EDUNTREF.

Loncon D (2019): “La Universidad con identidad: presencia indígena en las aulas universitarias”. Colección Apuntes, 15. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

Mancinelli G (2019): Territorialidad y educación superior en las comunidades wichí del noreste salteño. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Mato D (2020): “Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”. En Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 América Latina y el Caribe – Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción, Global Education Monitoring Report.

Mato D, coordinador (2018): Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. Caracas, UNESCO-IESALC y Córdoba, UNC.

Nuñez Y (2019): Interculturalidad, educación superior y mercado laboral. Un recorrido por las trayectorias de los estudiantes universitarios y egresados guaraníes de la Provincia de Misiones y del Estado de Paraná. Tesis de Doctorado en Antropología Social, UNaM.

ONU (2012): “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”. En Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

ONU (2017): “Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia sobre su misión a la Argentina. Nota de la Secretaría”.

ONU (2019): Declaración a los medios del Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes, al finalizar su visita oficial a la Argentina, 11 al 18 de marzo.

Ossola MM (2003): Jóvenes wichí en la educación superior de Salta: interpelaciones escolares, étnicas y etarias. Tesis de Doctorado en Antropología, UBA.

Sulca O (2019): “La discriminación que no me contaron… La viví”. Colección Apuntes, 13. Buenos Aires, Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, UNTREF.

 Daniel Mato es doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, y director de la Cátedra UNESCO Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Fuente: https://www.nodal.am/2020/11/racismo-y-educacion-superior-en-argentina-la-ley-de-educacion-superior-no-asegura-derechos-establecidos-en-la-constitucion-nacional-por-daniel-mato/

Organizado por la APA, del 10 al 21 de noviembre.

La Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) organiza el simposio virtual 2020 «Tiempos de incertidumbres», que se desarrollará del 10 al 21 de noviembre.

Tendrá como ejes los siguientes temas:

* Incertidumbres: angustia y formaciones del inconsciente.

* Incertidumbres y regresiones en la infancia, la adolescencia y la adultez.

* Los cuerpos del Psicoanálisis. Sexualidades. Psicosomática.

* Lazos familiares y poblaciones en riesgo.

* Neurosis y psicosis hoy.

* Manías y depresiones. Adicciones.

* Los malestares de la cultura: la cuarentena vivida.

* Creación y sublimación.

Como invitados especiales figuran Diego Golombek; Aldo Becce; Enrique Stola; Virginia Ungar; Massimo Recalcati; Cecilia Roth, Luis Hornstein; Santiago Levin, Carmen Villoro; Marcelo Viñar; Lía Pistiner; Leopoldo Nosek; Jaime Szpilka; Carlos Barredo; Jorge Kantor; Javier García Castiñeiras; Yolanda Gampel; Solange Camauer; Rodrigo Rojas Jerez; Andrés Gaitán González; Bernardo Tanis.

El simposio será vitual, libre y gratuito. Inscripción y programa en www.apa.org.ar.

Será transmitido a través del Facebook de APA y Zoom.

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/304204-un-simposio-para-pensar-los-tiempos-de-incertidumbres

Con un foro sobre “Energía y modelo productivo” concluyeron las instancias de denuncias del Juicio Popular a la deuda y al FMI convocado por la Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. En las próximas semanas se escucharán los alegatos de las fiscalías. A continuación transcribimos la intervención en esa jornada, fruto del trabajo colectivo,del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y en el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).

Sostenemos que es necesario investigar si la deuda -y en todo caso qué parte- es legítima y legal o, por el contrario, es fraudulenta y odiosa. Y, sabiendo que hay múltiples motivos para pensar que puede ser declarada fraudulenta, queremos focalizarnos en tres aspectos del modelo energético, más precisamente hidrocarburífero, que se vinculan con la deuda externa.

El primero de estos aspectos es el vínculo entre bienes comunes y deuda. Desde los organismos internacionales se asume como garantía del pago de deuda la explotación de los recursos naturales o bienes naturales. Los distintos gobiernos asumen también una definición similar. Por lo tanto, una vez contraída la deuda, las políticas públicas presionan para la expansión de los procesos de extracción, nocivos para el ambiente y las poblaciones, como una forma de “honrar las deudas”. Esa presión se constata en distintas regiones del país focalizadas en el agronegocio con sus nuevas transgenias y megafactorias, en la megaminería y en los hidrocarburos, entre otras.

Entonces, la propuesta de “desarrollo” escondida detrás de los acuerdos de deuda podría resumirse en obtener dólares a cambio de la degradación a niveles preocupantes del espacio y el ambiente, que no puede ser escindido de quienes viven allí. La deuda es una condena a quedar atrapados/as en esa lógica.

Al respecto nos parece elocuente una nota al pie de la primera revisión periódica del FMI en torno al acuerdo arribado con Macri. En octubre de 2018, el organismo al analizar la política fiscal señalaba los malos resultados pero indicaba que se iban a compensar con “un repunte de las exportaciones agrícolas después de  la sequía, y un esperado aumento de las exportaciones de energía a medida que la producción en la cuenca de Vaca Muerta se recupere”[1]. Exportación del campo y de energía como mecanismos para cumplir las metas fiscales y poder garantizar el pago de la deuda.

Más cuidadosamente la gestión actual también cree que con la explotación fundamentalmente de Vaca Muerta se van a minimizar, o incluso superar, los problemas de la restricción externa y, en el mejor de los casos, se podría en unos años hacer frente a los compromisos de deuda[3]. Lo que nos lleva al segundo punto que queríamos señalar en torno a la perniciosa relación entre deuda y sector energético: la fuga de divisas.

Uno de los objetivos de la explotación de Vaca Muerta mediante fracking es la obtención del gas que Argentina consume y, por lo tanto, evitar la importación, es decir la salida de dólares. Pero hay un punto que habitualmente es omitido y agrava el panorama: las divisas no sólo se van cuando se compra energía, también lo hacen cuando las empresas del sector extranjerizan sus excedentes o pagan deuda.

La deuda pública contraída por el macrismo sabemos permitió la fuga de divisas en cantidades similares a las que ingresaron. En ese proceso uno de los sectores que mayor injerencia tuvo fue el energético. La lógica de la inversión del sector que es festejada y promovida por las distintas gestiones implica como contracara un endeudamiento a corto plazo, muchas veces con préstamos intrafirmas. Es decir, lo que se festeja como inversiones salen rápidamente del país engordado por los intereses. Si fuéramos mal pensados/as podríamos suponer que en esas operatorias hay toda una serie de maniobras espurias, sino fraudulentas, como las que se constataron con el vaciamiento de Vicentin, que se ponen en práctica.

El nivel de fuga del sector energético en los últimos años fue notable. En la lista de las 100 empresas que más fugaron publicada por El Cohete a la Luna, aparecen 27 energéticas que, en conjunto, fugaron casi 6.000 millones de dólares. De esas 27 empresas, 15 tienen una participación central en Vaca Muerta y fugaron casi 4.000 millones de dólares. Lo que creemos pone en duda que la apuesta por los hidrocarburos no convencionales sea tan redituable como se suele esgrimir[4].

Finalmente, en esta articulación entre deuda y explotación energética, nos parece relevante señalar la situación de las provincias cuyas economías dependen de los hidrocarburos. Justamente porque poseen esos recursos, esos distritos pueden endeudarse abultadamente en dólares. Ante devaluaciones o ante las cada vez más recurrentes caídas del precio internacional del barril, esas abultadas deudas complican fuertemente sus economías[5]. Por esas crisis de dependencia el gobierno nacional debe auxiliar a esas provincias.

Esas ayudas tienen dos destinatarios. Directamente las arcas provinciales o mediante subsidios a las empresas, de manera tal de reactivar las economías. Pero con estos subsidios las compañías garantizan que van a devolver los préstamos que necesitan para invertir y pueden acceder a nuevos créditos que seguirán expandiendo la espiral de la deuda privada que impacta sobre el tipo de cambio y, por tanto, también sobre todas las deudas públicas en dólares.

Entonces, ante este Tribunal, queremos denunciar que los organismos internacionales y los fondos de inversión, así como el estado nacional y los estados provinciales saben que la toma de deuda como se hizo implicaba la profundización de una matriz productiva dependiente, extractivista y contaminante. Y que incluso, como señala el FMI en su nota al pie, sabía que esa explotación de recursos naturales era la garantía del pago. Lo cierto es que ese esquema aunque profundizó la destrucción de la naturaleza, no puede pagar la deuda. Por lo tanto, más allá de cómo se contrajo y para que se usó la deuda hay una imposibilidad real del pago. Y a su vez, el pago implica continuar con este modelo de financiación para pagar deuda infinita que condena a la contaminación, la dependencia y la superexplotación. Creemos que debemos cortar esa rueda siniestra y el no pago de la deuda con motivos fundados brinda posibilidades para eso.

Que se reconozca y señale públicamente a quienes fueron participes desde las instancias gubernamentales del endeudamiento.

Que se reconozca y señale públicamente a las empresas y capitales que fugaron las divisas que habían entrado al país como deuda pública.

Que las empresas energéticas devuelvan los dólares que se llevaron, que se imposibilite la remisión de la riqueza generada en Argentina a otros países.

[1]   IMF (2018, October). First review under the stand-by arrangement. Country Report No. 18/297. International Monetary Fund. Pag. 9 Recuperado de: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18297-ArgentinaBundle.ashx

[2] SGE (2018). Plan Energético Argentino: Lineamientos. Secretaría de Planeamiento Estratégico. Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. Recuperado en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/energy_plan_-_oil_gas_guidelines_-_november_12_2018-min_0.pdf

[3] Telam (01/06/2020). “Kulfas afirma que Vaca Muerta mantiene el mismo potencial y retoma la idea de la Ley de Hidrocarburos”. Recuperado de: https://www.telam.com.ar/notas/202006/470976-kulfas-afirma-que-vaca-muerta-mantiene-el-mismo-potencial-y-retoma-la-idea-de-ley-de-hidrocarburos.html

[4] Kofman, Marco (14/06/2020). “La Vaca Desatada”. Recuperado en: https://www.elcohetealaluna.com/la-vaca-desatada/ Más precisiones al respecto en García Zanotti, Gustavo (2020). “Vaca Muerta y el desarrollo argentino” Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES). Recuperado de: https://ejes.org.ar/economistas/vaca-muerta-espanol.pdf

[5] Va con Firma (28/10/2020). “La provincia quedó a 30 días del default”. Recuperado en: https://vaconfirma.com.ar/?articulos/id_12293/la-provincia-quedo-a-30-dias-del-span-classfindeddefaultspan

Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/11/10/pagar-la-deuda-es-contaminacion-dependencia-y-superexplotacion/