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Bolivia después del golpe de Estado, un país sin garantías

América del Sur/Bolivia/01-12-2019/Autor(a) y Fuente: www.prensa-latina.cu

Pese a los tintes de legitimidad con el que intenta teñirse el gobierno de facto que emergió después del golpe de Estado, Bolivia vive hoy en medio de la persecución política y la falta de garantías.

Basta escuchar el discurso del actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para comprobar que tras la asonada golpista del 10 de noviembre contra el presidente constitucional Evo Morales esta nación se retrotrajo a los peores años de las dictaduras latinoamericanas.

Lo primero que dijo Murillo tras asumir el cargo fue que desataría la ‘cacería’ de Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Morales. Lo culpa de sedición y terrorismo.

Curiosamente, es lo mismo que menciona ahora al referirse al grupo solidario procedente de Argentina que vino a documentar los hechos de represión contra las movilizaciones populares y las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos reportadas en el país luego del golpe.

‘Recomendamos a aquellos extranjeros, que están llegando hechos a las mansas palomitas a tratar de incendiar el país: anden con cuidado, los estamos mirando’, advirtió la víspera.

Pero fue un poco más lejos en sus amenazas cuando enfatizó que ‘en el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo, sedición se van a ver con los policías (…) Cero tolerancia, y luego después no digan que se está abusando (…)’.

La comitiva argentina la integran abogados, exjueces y voluntarios, y la encabeza el dirigente social Juan Grabois.

También la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra aseguró ayer que siguen las detenciones arbitrarias de los que se oponen a la afrenta antidemocrática consumada hace casi tres semanas.

En ese sentido, demandó garantías para que Morales pueda acompañar la campaña electoral que se avecina y en la cual el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que dirigió los destinos de la nación en los últimos 13 años, tendrá que enfrentar un escenario adverso.

Contra Evo, asilado en México, el gobierno de la autoproclamada Jeanine Áñez lanzó acusaciones por al menos 10 delitos, entre ellos terrorismo, y una notificación azul de Interpol, que pretende abrir la puerta legal para recopilar información sobre el líder indígena en el marco de la denunciada persecución judicial.

La senadora del MAS expresó que a esta ausencia de garantías se suma la falta de procesos penales contra los que provocaron la muerte de más de 30 personas en el contexto de violencia y represión generado aquí.

Mientras, se van despejando las ambiciones de poder. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho ?uno de los principales promotores del golpe de Estado que derrocó a Morales-, presentó la víspera su carta de renuncia al cargo para comenzar su carrera electoral.

‘Presidir esta institución es un sueño de toda la vida (…); pero la tengo que abandonar por otro sueño, otro anhelo más fuerte, ser presidente de la República de Bolivia’, confesó en su misiva.

Incluso, reveló que durante el paro cívico que dirigió contra Morales ‘era necesario’ decir que no iba a ser candidato para sumar apoyo, o sea, mintió.

Fuentes ligadas a Camacho señalan que en las siguientes horas se espera la llegada a Santa Cruz del presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, que apunta a ser su compañero de fórmula en el binomio presidencial.

Desde la salida forzada de Morales a raíz de una ola de violencia opositora, sumado al motín policial y la exhortación de las Fuerzas Armadas a la dimisión del jefe de Estado, Bolivia se sumió en una crisis institucional y política que dista aún de esa ‘etapa final de la pacificación’, anunciada por Áñez.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=324753&SEO=bolivia-despues-del-golpe-de-estado-un-pais-sin-garantias
Imagen: https://www.telesurtv.net/news/bolivia-defensoria-pueblo-cifra-muertos-represion-el-alto-20191128-0005.html
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Bolivia: con acuerdos parlamentarios y sindicales inicia la “pacificación” al servicio del régimen golpista

América del sur/Bolivia/27 Noviembre 2019/La izquierda diario

Pese a tener los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde consumado el golpe cívico y policial con el aval de las FF.AA., y el consiguiente exilio de Evo Morales y Álvaro García Linera, la bancada del MAS se encargó de dar un barniz de legalidad al golpe que ellos mismos denunciaron. Luego de dos días de negociación ayer el gobierno golpista de Áñez firmó convenio de “pacificación” con los movimientos sociales y las principales organizaciones sindicales del país.

Jeanine Áñez promulgó la ley de convocatoria a elecciones llamada de “régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales”. Nominó a Salvador Romero como delegado del Órgano Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y concluyó las tres mesas de negociación con las organizaciones sociales y sindicales, centralmente de la COB, el Pacto de Unidad, y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y las 20 provincias de La Paz.

Entre los acuerdos suscritos esta la desmilitarización del territorio y el regreso de los militares a los cuarteles, la liberación de todos los detenidos, y el cumplimiento de las normativas y garantías constitucionales y legales al ejercicio de la representación sindical.

Los parlamentarios del MAS usaron la movilización para negociar

Desde la autoproclamación de Áñez como presidente del llamado “gobierno de transición” se han desarrollado y fueron extendiéndose masivas movilizaciones contra el golpe. Inició como un rechazo a la quema de la Wiphala y rápidamente se convirtió en una lucha contra el golpe y por la renuncia de Áñez. Mientras la lucha y la resistencia popular se extendían, Áñez de la mano de las FF.AA y la Policía inició una brutal represión. Represión que cobró más de treinta vidas, confirmadas, hasta el momento junto a denuncias de desaparecidos, cientos de heridos por la represión y casi un millar de detenidos. Esto mientras se desarrolla no solo un revanchismo contra ex funcionarios, dirigentes y otros miembros del MAS, sino también contra cualquiera que exprese críticas y repudios a la violencia ejercida por los que hoy se jactan de “haber recuperado la democracia”, levantando listas y nombres de instituciones estatales, sindicatos y organizaciones sociales para una eventual persecución política.

Este es uno de los listados que circulan. En este caso se trata del listado elaborado por la Federación del Magisterio de La Paz, dirigido por URMA-POR (Unión Revolucionaria del Magisterio del Partido Obrero Revolucionario)

Toda la resistencia que se fue desarrollando luego de coronado el golpe con el nombramiento del llamado “gobierno de transición” a la cabeza de Áñez, al MAS le sirvió como moneda de cambio para negociar “en mejores condiciones” con los golpistas. Tal es así, que mientras en las movilizaciones, vecinos alteños, campesinos y comunarios de las 20 provincias, así como en Sacaba (Cochabamba) o Yapacaní (Santa Cruz) entre otros puntos del país, reclamaban la renuncia de Áñez, los asambleístas del MAS hoy a la cabeza de Eva Copa, terminaron no solo reconociendo al “gobierno de transición” golpista y brindándole de esta manera un manto de legalidad bajo la figura de “sucesión constitucional” a cambio de que la sigla pueda participar en los próximos comicios convocados para dentro de 120 días. Sin embargo el proyecto de ley para garantizar inmunidad a ex mandatarios y evitar la persecución política fue rechazado anticipadamente por Áñez quien afirmó que no promulgaría una ley que calificó de “ley de impunidad”. Entre tanto la cacería y detenciones de prominentes funcionarios del ex gobierno se realiza sin pausa, condicionando de esta manera la representación del MAS en las próximas elecciones ya que sus más reconocidos representantes afrontan la clandestinidad o juicios que impedirían su postulación.

La COB levanta bloqueos que nunca convocó ni apoyó

Ayer se terminaron de firmar los acuerdos entre el gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad que aglutina a instancias de organización sindical y campesina como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Csciob) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (Cnmciob-SB). Se establecieron 8 puntos entre los que destacan la convocatoria inmediata a elecciones, punto que ya estaba aprobado en el parlamento, la no privatización de empresas, la continuidad de los proyectos de desarrollo en marcha, la liberación de los detenidos, así como el respeto al ejercicio a los derechos al fuero sindical y a la no persecución política, cuestión que el gobierno aclaró que en este acuerdo no se protegerá a quienes hayan cometido delitos. Esta última aclaración realizada desde los representantes del gobierno sin embargo deja abierta la puerta a mecanismos de persecución judicial como ya lo viene haciendo el gobierno con varios de los funcionarios del MAS o del Órgano Electoral que ya se encuentran detenidos con fines “investigativos”.

Es evidente que los acuerdos tienen un mero carácter formal, ya que incluso el referido a la continuidad de los proyectos en marcha empieza a ser cuestionado por economistas e intelectuales al servicio del nuevo régimen, que afirman que la economía ya mostraba síntomas de desaceleración y que por lo tanto hay que terminar con gastos “superfluos”, reducir al mínimo la estructura del Estado lo que implica despidos, y aumentar los mecanismos para la exportación, que en concreto se traducen en empezar a evaluar posibles medidas devaluatorias de la moneda terminado con el cambio fijo establecido hace varios años atrás.

La FEJUVE también llega acuerdos con el ministerio de la presidencia

Las otras dos reuniones de negociación, una entre la Fejuve de El Alto y las 20 provincias con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aprobó un pliego de demandas donde el único punto no acordado sería la destitución de Murillo. Se acordó un plazo de 48 horas para la liberación de todos los detenidos, el resarcimiento de daños y la atención integral para todos los heridos en la represión, y la indemnización a los familiares de las victimas fallecidas por la represión, así como el repliegue de las FF.AA a sus cuarteles. Pese a la instructiva de desmovilizar en algunos distritos y particularmente en la zona de puente Vela se registraron intentos de bloqueo de la ruta desconociendo los acuerdos de la FEJUVE, los cuales sin embargo fueron rápidamente despejados.

La traición por parte de los parlamentarios del MAS, así como los burócratas sindicales que levantan medidas que jamás convocaron ni alentaron, contribuye a asentar y estabilizar al gobierno golpista de Áñez en una transición, que ya adelanta prorrogarse por varios meses más hasta la culminación del calendario electoral. Esta estabilización del gobierno y su legalización manteniendo un barniz democrático, sin embargo se realiza luego de las salvajes matanzas producidas fundamentalmente en Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto, manteniendo la impunidad de los militares y policías involucrados gracias al DS 4078, y manteniendo los mecanismos de persecución judicial contra diversos opositores buscando disminuir las posibilidades del MAS de ganar en los próximos comicios.

La defensa de los derechos y libertades democráticas para enfrentar el nuevo régimen golpista

Ante esta situación, desde la Liga Obrera Revolucionaria LOR-CI, que hemos venido denunciando el golpe y la represión consideramos urgente en estos momentos organizar a los trabajadores, la juventud alteña y a todos aquellos dispuestos a defender los derechos democráticos conquistados ante los intentos del gobierno de Áñez de avanzar sobre los mismos. La necesidad de recuperar la COB y las demás organizaciones sindicales expulsando a estas burocracias sindicales masistas pero que no tuvieron inconveniente en hacerse golpistas y colaborar con el nuevo régimen mientras decenas eran masacrados por las FF.AA, se convierte en una tarea central para las y los trabajadores junto con los vecinos alteños, los campesinos y comunarios de las provincias y de otras zonas del país que sienten que con sus muertos no se puede negociar.

La lucha por recuperar las organizaciones sindicales expulsando a estos burócratas golpistas, solo puede venir desde abajo impulsando la autoorganización de las y los trabajadores del campo y la ciudad, recuperando la democracia sindical y con el objetivo de impulsar la mayor unidad obrera campesina y popular para enfrentar el nuevo régimen golpista.

El escenario abierto nos muestra una Bolivia que difícilmente tendrá un retorno a la “paz social” de antes de los comicios del 20 de octubre (hoy anulados). Se ha instalado una profunda grieta política y social pero que ha permitido desnudar para muchos el carácter brutal de los aparatos represores del Estado y el mismo significado de la democracia que queda reducida a enjuagues legales e institucionales con la ayuda del MAS.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Bolivia-con-acuerdos-parlamentarios-y-sindicales-inicia-la-pacificacion-al-servicio-del-regimen

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Cuando los medios no ven un golpe de Estado

Cuando los medios no ven un golpe de Estado

Los expertos coinciden en que golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de gobierno por parte de otro agente estatal, se diferencia de revolución en que esta última está protagonizada por civiles ajenos al Estado. En el transcurso del siglo XX, el golpe de Estado adoptó la forma típica de una acción de las fuerzas armadas que desplazan por la fuerza al gobierno establecido, sin embargo, en las últimas décadas, se han adoptado formas más complejas con la incorporación de desestabilizaciones económicas, grupos civiles de agitación y medios de comunicación.

El caso de Bolivia no permite duda alguna. El 20 de octubre Bolivia celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales con Evo Morales como favorito. Para evitar la segunda vuelta se necesita más del 50% de los votos o un 10% de diferencia respecto al segundo candidato. Con el 84% escrutado Morales es el más votado pero todavía no cumple las condiciones para evitar al segunda vuelta. Faltaba el voto rural y el del exterior, más laborioso de contabilizar y más partidario del candidato indígena Evo Morales. Dos días después, con el 99% escrutado, el Tribunal Supremo Electoral da la victoria a Evo Morales por 10’5 puntos de diferencia. La oposición denuncia fraude y exige una segunda vuelta. La Organización de Estados Americanos pide realizar una auditoría que el Gobierno acepta y la oposición rechaza. La oligarquía rica del Departamento de Santa Cruz, históricamente beligerante y agresiva contra Morales y los indígenas comienza su escalada de violencia. Con su habitual estilo racista humillan a una alcaldesa del MAS a la que cortaron el pelo, le tiraron pintura roja y le hicieron caminar descalza. La policía pudo evitar su linchamiento.

El viernes la policía se amotina en siete de los nueve departamentos exigiendo la renuncia de Evo Morales. Evo Morales ya denuncia un golpe de Estado. La oposición y la policía rechazan las propuestas del presidente de crear una mesa de diálogo. El domingo, Evo Morales comparece y convoca elecciones y pide un acuerdo para una renovación total de los órganos electorales. A la oposición no le basta, no quiere segunda vuelta, ni quiere nuevas elecciones. Entonces el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, pide la renuncia de Evo Morales. Oligarquía blanca, policías y militares frente a indígenas. Bolivia se encuentra ante la amenaza de un baño de sangre. Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, renuncian denunciando el triunfo de un golpe de Estado.

Hordas opositoras comienzan a perseguir a los líderes del MAS, incluso contra los jueces del Tribunal Supremo Electoral que cometieron la osadía de validar el triunfo de Evo. Incendian sus viviendas de los políticos indigenistas e incluso secuestran a sus familiares, saquean la de Evo Morales. Ante el peligro que corre su vida, se mantiene en secreto el paradero del ya ex presidente.

El peligro que se cierne sobre Morales es tal que México propone concederle asilo. Por si había alguna duda de quién mandaba en Bolivia, las negociaciones de las autoridades mexicanas para poder enviar un avión para recoger a Evo Morales se  deben de hacer con el mando de la fuerza aérea boliviana.

El martes 12 el jefe del Ejército le coloca la banda presidencial a Jeanine Áñez, la vicepresidenta segunda del Senado.

Esto es lo sucedido. Si lo de Cataluña fue un golpe de Estado, imaginen cómo debería llamarse esto. ¿Cómo nos lo contaban los medios españoles?

El País recogía con urgencia el derrocamiento con este titular en un tuit la noche del día 10: “ÚLTIMA HORA | Evo Morales dimite como presidente de Bolivia después de que los militares reclamaran su salida.

Es curioso que, por mucho que reconozcan en su noticia que un ejército derroca a un presidente elegido en las urnas, la expresión “golpe de Estado” ni se les pasa por la cabeza a los responsables de El País: “El Ejército obliga a Evo Morales a renunciar como presidente de Bolivia”, “(…) el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera, renunciaron este domingo a sus cargos. El jefe del Ejército, Williams Kaliman, había pedido horas antes su dimisión”. Dejar bien sentado y atornillado el cese de Evo Morales, requiere recurrir a las baterías de los adecuados análisis de opinión: “Y Evo Morales se hizo casta. El mandatario boliviano atraviesa una crisis de legitimidad. Y algunos jóvenes lo consideran ya parte de un nuevo tipo de «establishment» (El País, 10 de noviembre).

Autor: Pascual Serrano: https://www.eldiario.es/zonacritica/medios-ven-golpe_6_963163696.html

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El Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina repudia el golpe de Estado en Bolivia

El Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina repudia el golpe de Estado en Bolivia

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de Argentina queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y nuestro firme rechazo al golpe de estado que se llevó a cabo en el hermano país, donde se forzó las renuncias del presidente constitucional Evo Morales Ayma y el vicepresidente Álvaro García Linera.

Asistimos con mucha preocupación al regreso de la tutela sobre nuestras democracias por parte de las fuerzas armadas y de seguridad que, de esta manera, subvierten su función constitucional y le dan la espalda a las decisiones de nuestros pueblos. Además, la actitud violenta de grupos que han desoído los llamamientos internacionales y del propio gobierno de Bolivia conmociona y avasalla todas las normas y principios de la vida democrática en la región latinoamericana.

Queremos instar al inmediato cese de hostilidades contra el pueblo y reclamar la inmediata salida a través de la vía constitucional, con democracia y respeto total a las leyes.

Solicitamos que los presidentes elegidos democráticamente en América Latina y el mundo condenen estas prácticas antidemocráticas y contribuyan al reestablecimiento del dialogo y la paz social en el país hermano, con todas las garantías para que el pueblo pueda elegir con libertad.

Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2019/11/el-consejo-interuniversitario-nacional-de-argentina-repudia-el-golpe-de-estado-en-bolivia/

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El odio al indio

 

El fascismo, el odio racial, no sólo es la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Fuente del artículo: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262565

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Evo Morales: después de masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un estado de sitio en Bolivia

América del Sur/ Bolivia/ 18.11.2019/ Fuente: es.news-front.info.

El mandatario boliviano en el exilio aseguró que la justa golpista pretende instaurar un estado de sitio, ante las constantes protestas que piden el respeto a la democracia.

El presidente boliviano en el exilio, Evo Morales, denunció este lunes que el Gobierno de facto instaurado en su nación prepara un estado de sitio para contener las protestas en contra del golpe de Estado.

«Después de masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de Sitio. Sería la confirmación de que pidiendo democracia instalaron una dictadura», aseveró el líder boliviano a través de su cuenta en Twitter.

Asimismo, repudió que el Gobierno de facto no busque la pacificación del país y, en cambio, ordene la «difamación y represión» de los que exigen el respeto a la democracia.

Al presentar su renuncia, Morales pidió a los actores políticos de oposición cesar la violencia generada contra los indígenas, militantes y seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno. No obstante, desde entonces ha aumentado la persecución y agresiones en su contra.

Organismos defensores de los derechos humanos repudian la represión contra las manifestaciones pacíficas que exigen la renuncia de la senadora Jeanine Áñez, autoproclamada presidente interina.

Los marchistas rechazan el golpe de Estado y los agravios contra los indígenas cometidos por los golpistas, como la quema de la wiphala, bandera ancestral de los pueblos originarios.

A poco más de una semana de consumarse el golpe de Estado, las manifestaciones en Bolivia se mantienen, mientras recrudece la actuación de militares y policías.

Fuente de la noticia: https://es.news-front.info/2019/11/18/evo-morales-despues-de-masacrar-a-24-indigenas-ahora-preparan-un-estado-de-sitio-en-bolivia/

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