Ecuador/Mayo de 2017/Fuente: Ecuavisa
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Ecuador/Mayo de 2017/Fuente: Ecuavisa
Ecuador/25 mayo 2017/Fuente: El Comercio
Por: Flor Guzmán y Myriam Bustos
En 2016 estudiaron gratis 139 mil alumnos en la educación superior chilena. Para este año, se proyecta llegar a los 240 mil, ampliando la gratuidad a los estudiantes del sistema técnico. Pero nuestro país no es el único que ha implementado esta política de financiamiento. En México, cerca de 2,4 millones de estudiantes cursan sus estudios universitarios sin costo, mientras que en Argentina hay cerca de 1,5 millón y en Ecuador son alrededor de 500 mil. Todos los casos son emblemáticos: en el país transandino y en el mexicano, la educación sin costo es un emblema desde hace décadas, mientras que en Ecuador el referéndum constitucional instauró en 2008 la gratuidad como un derecho.
Pero, ¿cómo es el acceso gratuito en América Latina? En Argentina se puede estudiar sin costo desde 1983 y para ingresar a la universidad basta con el certificado de cuarto medio. Así, la gratuidad allí se concentra solo en las universidades del Estado, y en las privadas no existe ninguna otra ayuda estudiantil. Con ello, 1.470.000 alumnos cursan su formación sin costo en universidades estatales, por lo que el 74% de los universitarios no paga por sus estudios. “Actualmente la gratuidad es absoluta, independiente del nivel socioeconómico del alumno en todas las universidades públicas del país”, explica Marcelo Rabossi, académico de la Universidad Torcuato di Tella, de Argentina.
Según el experto, en las instituciones con gratuidad argentinas el índice de abandono de estudios supera el de las privadas; y, además, comparativamente, es mucho más alto que en Chile. “La deserción en las universidades con gratuidad es de alrededor del 73%. En las de no gratuidad, de alrededor del 60%. La variación es grande dentro de cada sector. Hay universidades nacionales con tasas de deserción cercanas al 80% y 90%”, explicó Rabossi.
En tanto, en México la educación superior pública es gratuita desde la década de los 70 y se aplica a las universidades e institutos estatales y federales. Y para poder ingresar al sistema “se debe realizar un examen de ingreso, por medio del cual se evalúan conocimientos de acuerdo con las áreas de conocimiento de la carrera seleccionada, así como aspectos de comprensión lectora y pensamiento matemático”, señaló Mario Rueda, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al menos un 70% de los alumnos termina su carrera, dijo Rueda.
En Chile, si bien aún no hay cifras oficiales respecto de la deserción de los alumnos con gratuidad, según estadísticas del Servicio de Información de Educación Superior, del Mineduc, un promedio de 28,7% de los estudiantes de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales abandona sus estudios. Sólo en universidades, la deserción es 22,8%.
Respecto de los requisitos socioeconómicos, en Chile el estudiante debe estar dentro de los cinco primeros deciles de ingreso. Desde 2018 eso se extenderá al 60% más vulnerable de la población. Además, sólo se puede optar a la gratuidad en 32 universidades y 12 instituciones técnicas. En México, Ecuador y Argentina, la gratuidad es universal en las instituciones públicas y no depende del nivel de ingreso del alumno.
Para Rabossi, uno de los puntos complicados de la gratuidad en Argentina es que “los alumnos demoran su graduación, ya que permanecer como tales no les implica ningún costo monetario. Alrededor del 40% de los alumnos en las universidades públicas termina el año con uno o ningún curso completado. Así, se demora su graduación y la probabilidad de no terminar y/o abandonar es muy alta. No hay ninguna penalidad que genere en los alumnos alguna motivación para esforzarse”.
En Ecuador se encontraron en el mismo problema y, por ello, explicitaron la responsabilidad académica de los beneficiados. En 2010 se promulgó la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que reconoce como un derecho de los estudiantes “acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme a sus méritos académicos”. En dicha normativa, según explica el libro “Gratuidad de la Educación Superior del Ecuador” -escrito por Lorena Araujo, subsecretaria de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de dicho país (Senescyt)-, se definen los deberes académicos de los subsidiados. “La gratuidad será para los estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el 60% de todas las materias o créditos que permite su malla en cada período”, consigna dicha publicación, la que agrega que además deben titularse en el período ordinario establecido y que pierden la ayuda si reprueban el 30% de los ramos.
En Argentina, ninguna condición similar existe, mientras que en Chile solo se pide que el beneficiario esté dentro de la duración formal de su carrera, a diferencia de las becas, las que sí requieren aprobación del 50% de los ramos.
En Argentina, según explicó Rabossi, “aproximadamente el 90% del ingreso total que obtienen las universidades nacionales proviene de transferencias directas desde el Estado Nacional. Las instituciones privadas no reciben fondos públicos directos, como sí ocurre en Chile con las del Consejo de Rectores, o indirectos, a través de becas o préstamos”.
Además, en la nación vecina, el mecanismo de financiamiento es de “modelo incremental”, es decir, se toma como base el presupuesto anterior y luego el Estado aumenta esa cantidad para el año siguiente, según la disponibilidad de fondos que tenga. “En general se busca como mínimo cubrir la inflación, la que en la Argentina ronda el 25% y 28% desde hace al menos 10 años”, enfatizó Rabossi.
En cambio, en Ecuador se hace un estudio de costos de carreras, el cual arroja los montos que se transferirán. Y, de hecho, reconocen que “uno de los aspectos cruciales en el futuro próximo, que además tendrá permanencia en el tiempo, es el de la sostenibilidad financiera del modelo”, consigna.
Y ¿cómo se financia la educación pública en México? Según Rueda, “el Estado asigna un porcentaje del presupuesto para la educación pública, que considera el gasto realizado en licenciatura, posgrado, y ciencia y tecnología”.
Uno de los planteles que recibe este aporte es la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cada año ingresan cerca de 40 mil alumnos. De acuerdo con su rector, Enrique Luis Graue, el presupuesto para este año fue de US$ 2.100 millones, y aunque “quisiéramos que fuera más, el Estado se preocupa de sus escuelas. Es quien tiene que financiar la educación para que todos tengan acceso”.
Rueda señaló que la gratuidad ha tenido efectos positivos, ya que “estudiantes pobres tienen la oportunidad de acceder a la educación superior y tener la posibilidad de movilidad social”. Sin embargo, el experto agregó que se presentan problemas en las instituciones “por la insuficiencia de recursos para resolver las problemáticas que se generan en las universidades, lo que deriva en que no sea posible cubrir completamente la demanda de ingreso al nivel superior”.
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gratuidad-america-latina-desercion-financiamiento-marcan-los-desafios/
América del Sur/Ecuador/23.05.2017/Autor y Fuente: http://www.expreso.ec
La detección, intervención, derivación y el seguimiento son los cuatro pasos a seguir que impulsan las autoridades de los planteles educativos y los organismos estatales para contrarrestar el acoso escolar.
Estas medidas van acompañadas de otras actividades que deben desarrollar los centros educativos, entre ellas: charlas, campañas orientadas en valores y prácticas extracurriculares.
“Este tema nos compete a todos, las empresas públicas y privadas para poder así fortalecer la corresponsabilidad que debe existir entre los padres de familia con las unidades educativas y los profesores, consejerías y autoridades”, dijo el ministro de Educación, Freddy Peñafiel, durante la presentación en Guayaquil de un estudio de la Unicef sobre el acoso escolar, que ya fuera divulgado la semana pasada en Quito.
“Son cifras duras”. Así lo confirman las autoridades de Educación, sobre los resultados de la investigación, elaborada hace dos años, sobre la violencia y abuso escolar en 126 centros educativos del sector público y privado a nivel nacional.
Como ya se informara, el estudio señala que casi el 60 % de los alumnos de entre 11 y 18 años ha sido víctima de algún acto violento en la primaria. Es decir, 3 de cada 5 estudiantes.
El sexo y edad inciden en la expresión y magnitud del bullying, pero el estudio asegura que no hay diferencias significativas. No obstante, los hombres padecen más de insultos y golpes; y las mujeres sufren más de rumores y ciberacoso.
Escenarios
Salones de clases, canchas y baños son los escenarios donde predomina la dinámica del acoso escolar.
Las causas
Agresores justifican la práctica del acoso escolar como una respuesta a una provocación o la búsqueda de respeto.
Medidas
Se ha implementado un Plan Integral de Prevención y Violencia y convenios con entes jurídicos para posibles denuncias.
Fuente:http://www.expreso.ec/guayaquil/hay-cuatro-pasos-contra-el-acoso-escolar-MB1344691
Imagen: http://www.expreso.ec/documents/10157/0/762×508/0c0/762d428/none/12113/AWKU/image_content_22894387_20170519223239.jpg
Ecuador/22 mayo 2017/Fuente: Metro Ecuador
Así lo revela una investigación, la primera a nivel nacional, efectuada por el Ministerio de Educación con el apoyo de Unicef y World Visión, durante el periodo 2015.
En Ecuador el acoso escolar o bullying es una práctica que afecta a uno de cada cinco estudiantes (23%) de entre 11 y 18 años de edad.
Así lo revela una investigación, la primera a nivel nacional, efectuada por el Ministerio de Educación con el apoyo de Unicef y World Visión, durante el periodo 2015.
El estudio, cuyos resultados se difundieron ayer, abarcó 126 planteles públicos y privados de la Costa (Guayaquil), Sierra (Quito) y Amazonía (Lago Agrio). Consistió en la aplicación de 5.511 encuestas a estudiantes de octavo año de básica a tercero de bachillerato, refirió Jorge Valles, representante adjunto de Unicef Ecuador.
Valles definió el acoso escolar entre pares como la ocurrencia de una misma forma de intimidación o violencia.
Esos episodios se traducen en insultos, rumores, sustracción de pertenencias, ciberacoso y golpes, indicó Pablo Ormaza, director nacional de Democracia y Buen Vivir.
El funcionario mencionó que, de acuerdo con la investigación, no hay una diferencia significativa en relación con el acoso escolar y la violencia como tal entre pares, en los contextos urbanos y rurales.
La Amazonía es la región que mayor incidencia de acoso escolar registra, el 27%. Le siguen la Costa con el 26% y la Sierra con el 20%.
En cuanto a la violencia escolar entre estudiantes, la investigación muestra que el 60% de estudiantes de entre 11 y 18 años han sido víctimas de un acto violento en la escuela. Es decir, 3 de cada 5 alumnos.
En este ámbito la Amazonía sigue a la cabeza con el 64,4%. En la Costa hay una incidencia del 60,9%, mientras que en la Sierra se registra un 56,1%.
Las formas más comunes de violencia entre estudiantes son insultos y apodos (38%), rumores o revelación de secretos (28%), sustracción de pertenencias (27%), golpes (11%) y ciberacoso (10%).
Ormaza habló que para abordar esta problemática es necesario que la sociedad asuma su corresponsabilidad.
El estudio muestra que el acoso escolar tiene lugar, principalmente, en las aulas. Le siguen el patio o las canchas deportivas y los exteriores del centro educativo.
Los hombres son más víctimas de insultos o golpes. Las mujeres, en cambio, son afectadas por rumores, revelación de secretos y ciberacoso.
El ministro de Educación, Freddy Peñafiel, señaló que ante esta problemática se han fortalecido los departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Asimismo, se han activado protocolos de actuación.
Fuente: https://www.metroecuador.com.ec/ec/nacional/2017/05/20/cinco-estudiantes-sufre-bullying-ecuador.html
América Latina/Uruguay, 20 de mayo de 2017. Fuente: OMEP América Latina
La Organización Mundial de la Educación Preescolar (OMEP) culminó la VII Asamblea Latinoamericana de la OMEP, actividad relevante en la Región organizada por la Lic. Mercedes Mayol Lassalle,Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP junto con el Comité de OMEP Uruguay, presidido por Elizabeth Ivaldi. Como apoyos destacan el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, el Consejo Coordinador de Educación en Primera Infancia (CCEPI) y el auspicio de la Comisión Nacional del Uruguay para la UNESCO.
La Asamblea Latinoamericana culminó satisfactoriamente con una intensiva agenda de trabajo enriquecida con la participación activa de 12 países adscritos a OMEP : Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Las actividades realizadas, de carácter reflexivo y propositivo, profundizaron las acciones actuales y prospectivas sobre la incidencia política de la OMEP en América Latina, así como la referencia pedagógica, científica y política, los proyectos de acción y la sostenibilidad organizacional como ejes estratégicos omepianos. Se constituyeron espacios dialógicos e instancias de interacción con especialistas, exposiciones especiales, sesiones de intercambio, debate y producción, en aras de promover de forma contundente y sistemática los derechos de niños y niñas en la Región.
En el marco de la VII Asamblea Latinoamericana se cumplieron 2 actividades:
*Visitas a Centros de Primera Infancia. Con la finalidad de favorecer el conocimiento e intercambio de experiencias entre los participantes de la Asamblea a partir de la visita a diferentes instituciones de atención y educación entre el nacimiento y los seis años se realizaron visitas a seis (6) centros de educación inicial.
*Primeras Jornadas Latinoamericanas OMEP- CCEPI. Con el propósito de promover el conocimiento, el diálogo y la reflexión en referencia a los criterios de calidad que se deben tener en cuenta para la atención y educación en primera infancia en un marco de respeto por los derechos de niñas y niños, con énfasis en la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis años se realizó con la participación de expertos nacionales e internacionales quienes contribuyeron con sus perspectivas y experiencias en la calidad de la atención y educación de la primera infancia bajo el lema: «Por un mundo al derecho».
Las actividades programadas se llevaron a cabo en el marco del 60° aniversario del Comité de la OMEP en Uruguay, organización fundada en el año 1957 por destacadas personalidades uruguayas
A continuación la entrevista inicial realizada a la Lic. Mercedes Mayol Lassalle,Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP, quien ratificó la importancia de las políticas educativas aplicadas en Educación Inicial de la Región en correspondencia con la Agenda 2030.
Para el cierre de la Asamblea, se acordaron proyectos e investigaciones así como un cronograma de acción para potenciar la actuación de la OMEP en cada uno de los países miembros y la invitación extensiva a que se sumen el resto de los países latinoamericanos. Se proyectó la siguiente Asamblea de la Región para el 2018 en Perú, con el comité omepiano peruano.
¡Militando por el derecho a la educación y al cuidado de la primera infancia!
América del Sur/Ecuador/20 Mayo 2017/Fuente: Prensa Latina
Alrededor de ocho mil 500 personas que cumplen sentencias en penitenciarias a nivel nacional recibirán los beneficios del pacto, mediante la dotación del servicio en las modalidades de alfabetización, posalfabetización, Educación General Básica y Bachillerato.
De acuerdo con lo colegiado entre ambas instituciones, el Ministerio de Educación pone a disposición del Ministerio de Justicia los docentes, material didáctico, programa de estudio y el acompañamiento a través de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión, para llevar la docencia a los centros.
El proyecto busca implementar el Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para Centros de Adolescentes infractores (CAI) en 11 instalaciones de reclusión, y el Modelo de Implementación de Ofertas Educativas para Personas en Contextos de Encierro en el Ecuador en 29 instituciones.
Al respecto, Peñafiel recordó que la política de inclusión educativa para las personas privadas de libertad contempla brindar el servicio con la misma calidad del establecido en el sistema regular de educación.
‘A través de la educación se pueden cambiar las realidades. En los CAI se toma, además, el examen Ser Bachiller, los jóvenes para graduarse deben rendir el mismo examen, lo que garantiza que el sistema educativo tenga la misma calidad’, puntualizó.
Por su parte, Ledy Zúñiga resaltó la importancia del convenio y recordó las escasas condiciones que existían antes del gobierno de la Revolución ciudadana, liderado por el presidente, Rafael Correa, para facilitar el acceso a la educación de quienes cumplían condenas.
La iniciativa de los dos Ministerios comprende capacitar a los profesores que impartirán clases en los centros beneficiados en materia de seguridad penitenciaria e implementar espacios físico y mobiliario para el adecuado desarrollo del proceso docente.
Un total de 279 docentes fueron asignados para el proyecto, 244 de ellos para los Centros de Privación de Libertad y 35 a los CAI.