Por: Jorge Forero Coronel

Centro de Investigación y Estudios Fronterizos

 Ecuador ha registrado un escenario de crisis política, social e institucional durante los últimos años, el cual se ha precipitado y ha resultado explícito por las contradicciones internas y sus respectivas pugnas por el control del poder estatal, que han determinado una confrontación prolongada y sin resolución entre un bloque neoliberal y conservador, y un sector de centro izquierda postneoliberal enmarcado en la denominada Revolución Ciudadana que interrumpió el dominio oligárquico durante los gobiernos de Rafael Correa, entre 2007 y 2017, pero que reprodujo contradicciones estructurales de esa sociedad, primordialmente relacionadas con su modelo de acumulación de capital y con su modelo de inserción en el mercado internacional como proveedor de materias primas (Monedero, 2018).

 En tal escenario de turbulencias políticas, se han desencadenado tensiones con el movimiento indígena en clave de una dialéctica de insurrección- resistencia, el cual ha demostrado una capacidad significativa de movilización y de presión popular en torno a agendas de defensa de derechos humanos y ambientales, (Herrera, 2022), así como ante episodios de contrarreforma de signo neoliberal que se han fomentado desde el sector conservador que ha dominado el poder ejecutivo en los últimos años (Forero, 2024); esto en contraposición a la racionalidad extractivista en la que han coincidido hasta ahora los mencionados bloques dominantes de la escena política ecuatoriana.

 En concordancia con las tendencias regionales, las tensiones políticas en Ecuador están relacionadas primordialmente con las luchas intestinas por el control y el usufructo de las rentas producidas por los hidrocarburos y otros commodities, así por la gestión de recursos naturales y la biodiversidad (Stoessel., 2015). Pero en los últimos años, tal conflictividad ha estado condicionada por el escalamiento de un fenómeno de violencia asociado con la vinculación evidente de este país meridional en la cadena global de valor de la cocaína hacia el mercado del Pacífico, lo que ha derivado en la visibilización de estructuras criminales al servicio de los sistemas logísticos y las cadenas de suministro del narcotráfico al mercado global (Escobar- Jiménez, 2024).

 Sin embargo, la crisis de conflictividad de Ecuador no se restringe a tensiones tradicionales y previsibles entre diversos bloques por el control del poder político. En este caso, se ha registrado un fenómeno de erosión de las instituciones del Estado y de la sociedad civil ante la irrupción del narcotráfico -de estructuras que participan de este negocio transnacional-, como un factor clave en las relaciones de poder de ese país, y como la variable nodal para comprender el escalamiento de la violencia y la criminalidad (según cifras oficiales, Ecuador transitó de ser el segundo país más seguro de la región, a posicionarse como el país con la mayor tasa de homicidios en el continente en el periodo 2019- 2024).

 Es así como el narcotráfico ha desbordado la normatividad y el funcionamiento del poder estatal, con lo cual se puede afirmar que Ecuador se ha convertido en un Narco- Estado, a tal punto, que por citar apenas los casos más notables y escandalosos: el expresidente Guillermo Lasso recurrió a una maniobra legislativa para eludir un juicio político en marcha por los vínculos de sus empresas (bancos) con el lavado de activos provenientes del tráfico de cocaína; y más recientemente, el vigente presidente ecuatoriano -actual candidato a la reelección en un proceso electoral previsto para mediados de abril-, se ha visto involucrado a través de sus empresas (en particular de la exportadora de banano Noboa trading) en un conjunto de incautaciones de cocaína en Europa .

 El ascenso del narcotráfico ha desencadenado además una respuesta política en contra de los intereses nacionales, por parte del gobierno neoliberal de Noboa, quien ha solicitado el apoyo y la presencia militar en el territorio ecuatoriano del Comando Sur de los Estados Unidos de América, de la DEA, e incluso, de organizaciones militares de carácter mercenario, lo que implica una concesión y privatización del monopolio del uso de la fuerza, y con ello, de la seguridad del país, a una potencia extranjera, y además, a una corporación con intereses privados y con antecedentes de promoción y de ejecución crímenes de guerra en países como Colombia.

 1- La “irrupción” del narcotráfico como factor del conflicto en Ecuador

 La presencia creciente y explícita de estos factores en el territorio ecuatoriano ha conmocionado a esa sociedad. Sin embargo, es necesario señalar que no se trata de una presencia inédita, ya que este país había funcionado como una ruta de mediana importancia en el mercado mundial de la cocaína, en particular en las rutas de tráfico hacia los continentes de Asia y Oceanía, pues: “Ecuador es paso de vía dada su ubicación geográfica, sus amplios puertos que tienen salida al Océano Pacifico, por compartir frontera con los principales países productores de coca como son Colombia y Perú, por su moneda oficial y su buena infraestructura vial (Herrera, 2018. p. 26).

 No obstante, hay que acotar que en el último lustro este negocio -así como sus actividades derivadas y sus efectos colaterales que redundan en vinctimización y pérdida de derechos para la población- ha adquirido una escala y un protagonismo sin precedentes en la dinámica social, económica, política y cultural de ese país, a tal punto que se ha posicionado en la subjetividad de la ciudadanía que el narcotráfico es un factor decisivo de poder en Ecuador (una circunstancia que redunda inevitablemente en desconfianza y pérdida de legitimidad de las instituciones).

 Esto porque se han desbordado hechos de violencia cruenta en un clima de conmoción y de impunidad -a modo de terapia de shock-, con lo cual se han hecho visibles las redes y las relaciones de una actividad económica regularmente clandestina e invisible (que al menos en apariencia es contenida por las fuerzas del orden, pero que en este caso ha fracturado a la sociedad ecuatoriana).

 Es importante señalar que este tipo de desbordes de la presencia y la influencia del narcotráfico en el seno de las sociedades sucede específicamente “en la etapa de crímenes predatorios, cuando se está pugnando por la conquista de un territorio” (Emerich, 2015. p. 20), a tal punto que estas disputas son observables ante la opinión pública, y generan hechos notorios tales como los que se exponen a continuación:

i. homicidios y masacres por medio de prácticas de sicariato o de grupos comando. Esto incluye masacres y hechos de magnicidio político ante un clima de complicidad e impunidad estatal muy convenientes para imponer el desconcierto, para desmovilizar las luchas populares y para instaurar regímenes de Estados de excepción y de suspensión de las garantías constitucionales que socavan la democracia, y que por supuesto, contravienen las normas y obstaculizan la transparencia de los procesos electorales (en la coyuntura actual es evidente que el presidente en funciones Daniel Noboa utiliza el poder estatal como un instrumento de su parcialidad y de sus intereses, así como de sus propósitos de demostrar su sumisión ante los Estados Unidos de América).

ii. secuestro y asesinato de niños y adolescentes, cuyos cuerpos aparecen calcinados en las adyacencias de una instalación militar (con el agravante de que en el secuestro y la desaparición forzada vincula a la Fuerza Pública ). Este tipo de hechos profundizan la situación de conmoción y posicionan una percepción de pérdida de los referentes de certeza contenidos en el Estado de Derecho;

• iii. operaciones de signo terrorista transmitidas en vivo y en directo , todo un show en vivo y en directo muy oportuno para justificar el escalamiento y la exacerbación de una política represiva en marcha, con la particularidad de que el gobierno de Ecuador decretó de manera inmediata -inesperada e inexplicable- un conflicto armado interno en ese país. Es decir, le otorgó beligerancia política a estructuras criminales que dominan el sistema penitenciario y que presentan alianzas orgánicas con carteles mexicanos y colombianos.

En términos generales se puede afirmar que, en sintonía con las experiencias regionales de guerra contra las drogas (trágicas para los pueblos y contraproducentes para la democracia, la paz y la justicia), diseñadas y dirigidas por los Estados Unidos de América: en Ecuador se ha desatado una dinámica de abolición sistemática del Estado de Derecho implementada mediante un Estado de Excepción indefinido, en el marco de la instauración de un régimen represivo por parte del gobierno de Daniel Noboa , todo esto en un clima de abuso de poder e impunidad equivalente a los fenómenos de expansión del narcotráfico registrados en Colombia, en México o en Centro América.

 2- Geografía política- económica del conflicto en Ecuador

 Es importante destacar que este fenómeno de agudización de la violencia no es un hecho aislado o aleatorio, sino que se corresponde con los cambios de escala planetaria sucedidos en el metabolismo del negocio del narcotráfico, en el cual se ha configurado una nueva geografía en los circuitos de esa actividad económica ilícita (con las nuevas tendencias de consumo en Norte América hacia derivados opiáceos como el fentanilo), y con ello, se ha instaurado una nueva División Internacional del Trabajo que ha condenado a la frontera entre Colombia y Ecuador a convertirse en un territorio de sacrificio ofrendado al extractivismo y el despojo por medio de una actividad económica ilegal.

 En relación directa con ese hecho, esa nueva lógica de la geografía política y económica de las relaciones entre el Sur Global y las sociedades metropolitanas en relación con este negocio ilícito muy rentable en el mercado: ha determinado que la población de estas regiones se vea forzada a ser victimizada o instrumentada por parte de estas estructuras criminales que garantizan el funcionamiento de ese enriquecedor negocio en los territorios de sacrificio. Un negocio que sobre la base del despojo, genera ingentes flujos de dinero hacia el sistema financiero internacional y hacia los grandes capitales del sistema- mundo.

 Esta victimización de la población se acentúa ante la actuación de los poderes estatales, de la fuerza pública, de los sistemas de justicia, y también de agencias del Estado profundo como los medios de comunicación, a través de los cuales se criminaliza la producción primaria y el eslabón más débil de la cadena, mientras los actores sustantivos del proceso (quienes controlan o tiene un papel directivo en las rutas de extracción, las cadenas de suministro de precursores y la distribución hacia y en el norte global; los agentes y los dispositivos que permiten el lavado de activos, entre otros), no son considerados en el discurso de la mayoría de los dirigentes políticos, de las autoridades civiles y militares, la gran prensa (está ampliamente documentada la corriente de asesinatos colectivos en contra de periodistas independientes que por fuera de las grandes corporaciones ha denunciado tal estado de las cosas), e incluso de la academia que generalmente guarda silencio ante estos temas:

Aquí es donde se entiende el sentido de la dialéctica de “guerra” al narcotráfico que traducida significa “guerra a los eslabones menores de una actividad de acumulación capitalista ilegal que se convertirá en acumulación normal”. Allí quedarán criminalizados los campesinos cocaleros, los desempleados, los consumidores, los jóvenes en general. Si el Estado moderno es la maquinaria de guerra más perfecta de la historia de la humanidad, no será el narcotráfico el que la ponga en duda. (Emerich, 2015. p 19).

 Es decir, que por una parte, el Estado funciona estructuralmente como un soporte de este negocio; y por otra parte, la situación descrita está relacionada con el sistema capitalista (el de apariencia legal que es legitimado por los poderes estatales), en particular con una reestructuración global de las economías ilícitas y con una nueva geografía de los flujos económicos integrados con el negocio del narcotráfico, en cuya realización se determinan cambios en el metabolismo social y político sobre las dinámicas de los territorios y sobre los sistemas de relaciones entre las sociedades política y civil en su acepción gramsciana.

 De acuerdo con el referido Emerich, los poderes estatales tienen un sistema de relaciones indisolubles con los procesos metabólicos de acumulación de capital ligados a la industria del narcotráfico. Esto explica el fracaso de la política de guerra contra las drogas, pero además, permite constatar que una reconfiguración en la funcionalidad geográfica de la cadena global de valor del narcotráfico determinada por la irrupción masiva e intensiva de nuevas estructuras y de nuevas lógicas de funcionamiento de ese negocio ilícito sobre una jurisdicción determinada, influyen en el desbordamiento del cuerpo social, de los marcos normativos y del tejido institucional de esa jurisdicción.

 En la misma línea Emerich afirma que en la experiencia histórica de América Latina, este tipo de fenómenos implican procesos de recomposición de fuerzas -o quizá más bien una adaptación en clave de simbiosis entre lo legal y lo ilegal- entre los factores que dominan la industria criminal del narcotráfico y los poderes estatales, los denominados Estados profundos, los actores dominantes de las sociedades civiles, y no menos importante, los agentes decisivos de las relaciones internacionales y de los flujos financieros de los países que enfrentan este tipo de circunstancias.

 Esta nueva cartografía de la cadena global de la cocaína, vinculada en esa nueva racionalidad -reconfigurada- explica las tendencias que determinan las dinámicas territoriales que imponen al Sur de Colombia -en los departamentos de Putumayo y Nariño-, una función espacial como un enclave de producción a gran escala de pasta base de hoja de Coca, mientras que la región del norte de Ecuador y todas sus redes de interconexión con los puertos marítimos ubicados en el occidente de ese país meridional, les corresponde el papel de eslabón clave en el procesamiento de la cocaína y en el tránsito- almacenamiento y despacho de esa sustancia hacia los lucrativos mercados del Océano Pacífico.

 3- Relación del conflicto armado colombiano con el conflicto ecuatoriano

 Adicionalmente al haz de fuerzas geopolíticas y del mercado internacional, este fenómeno está vinculado de manera orgánica con el proceso de recomposición del conflicto armado colombiano, el cual ha estado determinado de manera negativa por el incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC- EP (por tal motivo no es difícil inferir cuáles fueron las fuerzas que determinaron que el gobierno uribista de Iván Duque se empeñara en obstruir la implementación del Acuerdo y volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC ), con lo cual se frustró la posibilidad de construir regiones de paz y de materializar las propuestas de sustitución de cultivos y de transformación estructural de las condiciones sociales y económicas que han determinado la guerra en Colombia.

 Por el contrario, el incumplimiento del Acuerdo de 2016 por parte del Estado colombiano: ha redundado en la persistencia del abandono estatal y en la ausencia de la garantía de los derechos para la población de las regiones azotadas históricamente por el conflicto; ha sido el factor decisivo para la exacerbación de la guerra y la emergencia de nuevos grupos armados -cuya naturaleza es difusa-; ha erosionado la confianza en las instituciones; y finalmente, ha sido un obstáculo en las perspectivas para establecer nuevos acuerdos de paz con otros grupos insurgentes (Estrada, 2019) .

 La mencionada recomposición del conflicto armado colombiano se ha expresado como una agudización de la guerra en esta región fronteriza, mediante lo cual se ha configurado un escenario de disputas territoriales en torno a el control de los eslabones primarios de la cadena global de valor de la cocaína, así como el soporte logístico y de extracción de actividades de minería ilegal, el tráfico de armas, la trata de seres humanos, entre otras actividades ilícitas .

 Cabe acotar que estas disputas no se producen únicamente entre actores armados irregulares, sino que en ese haz de pugnas participan agentes del poder estatal -civiles y militares-, y actores económicos de la denominada sociedad civil, ya que sin la participación de estos últimos resulta inviable e insostenible preservar las cadenas de suministros, los circuitos económicos, y el levado de activos inherentes a esta actividad ilícita (Mantilla, 2023).

 4- La erosión de la sociedad y la institucionalidad de Ecuador

Por supuesto, este entramado de elementos conflictivos de naturaleza híbrida por su apariencia contradictoria, pero que en esencia tienen puntos de convergencia para garantizar este negocio global (Wainwright, 2017), tienden a desencadenar de manera inexorable una incidencia notable sobre el tejido social, económico e institucional de Ecuador, ya que estas actividades de signo ilegal se entretejen -hasta fusionarse y convertirse en una totalidad indisoluble- con el conjunto de las actividades económicas y de las relaciones sociales y políticas.

 Esto explica el desbordamiento de la violencia referido anteriormente -como expresión concreta de una fase depredatoria entre diversas organizaciones o agrupaciones-, un elemento que funciona como el dispositivo para definir relaciones de fuerza en un contexto signado por el aumento de los flujos de esta mercancía ilícita por efecto de las variables referidas de nueva división internacional del trabajo y de recomposición del conflicto armado ante el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y las FARC- EP en 2016.

 Por tanto, el devenir político de Ecuador no está aislado de las dinámicas de poder que se han estructurado en ese país en el marco de esta fase de pugnas -depredadoras- por el control del negocio del narcotráfico. La actuación sesgada de las Fuerzas Armadas, de los poderes públicos, y de agentes de la sociedad civil como los gremios económicos y los medios de comunicación, son una expresión concreta de las contradicciones internas que enfrenta ese país hermano, como consecuencia de la función gregaria a esta industria ilícita que ejercen su territorio, sus redes de comunicación y sus sistemas logísticos, así como su entramado de instituciones estatales y de corporaciones de la sociedad civil.

 5- Perspectivas del conflicto ecuatoriano: la resistencia como opción de los pueblos

 En síntesis, el conflicto político e institucional en Ecuador tiene una escala y una naturaleza geopolítica, por lo cual no se trata únicamente de una confrontación entre visiones ideológicas o proyectos de país de parcialidades políticas en pugna por el control del gobierno, sino que abarca también -aunque no se mencione públicamente- enfoques de gestión de esta crisis marcada por la exacerbación de las disputas territoriales y de la violencia.

 Esto quiere decir que, mientras persistan estas pugnas en el inframudo de las economías ilícitas (las cuales influyen en el haz de relaciones y los sistemas de alianzas de la sociedad legal), la sociedad ecuatoriana seguirá registrando turbulencias y contradicciones que erosionan el Estado de Derecho, las garantías de derechos de la ciudadanía, y por supuesto, la paz y la seguridad en ese país.

 Ante tal escenario, la resistencia se concibe como la opción política de los pueblos de la frontera colombo- ecuatoriana y de la totalidad de estos países. En primer lugar, resistir mediante la movilización y la organización para preservar sus vidas y sus derechos fundamentales (esto incluye tejer redes de resistencia transfronterizas, bajo el entendido que el narcotráfico es un negocio transnacional que precisa de una contraposición de solidaridad internacionalista).

 En segundo lugar, para educar y comunicar a la ciudadanía y develar la naturaleza -capitalista- de este negocio y de sus relaciones con el poder estatal y el poder económico establecido. En tercer lugar, para la búsqueda de fórmulas de autonomía en los territorios, que permitan crear estrategias de seguridad alimentaria, de protección del patrimonio cultural, de los bienes comunes y del medio ambiente, así como de defensa de la vida.

 Lógicamente, la coyuntura electoral que está en desarrollo tendrá una influencia significativa sobre las formas y los contenidos del ejercicio del poder estatal para la gestión del conflicto. La experiencia histórica permite prever que un triunfo de las fuerzas conservadoras se vislumbra como el escenario idóneo para consolidar un narco Estado en Ecuador. Mientras que un triunfo de la opción progresista no altera la realidad conflictiva por sí sola, y no es garantía de cambiar el panorama, pero puede ser el punto de partida para acumular fuerzas populares y generar opciones de resistencia para revertir la situación.

 La violencia corporativa solo puede ser contenida y derrotada con la unidad y la resistencia de los pueblos. Por tanto, el acuerdo entre las coordinadora de los movimientos indígenas del Ecuador y la candidata progresista Luisa González (que se ha firmado y se ha publicado mientras se escriben estas líneas), se percibe como un paso en el camino correcto. Cabe señalar que incluso en las fases de regulación y desescalamiento de la violencia (de paz aparente en la que persisten las cadenas de la explotación y de despojo), la población sigue padeciendo los efectos colaterales de estos negocios ilícitos. Por tal motivo, la lucha debe tener como horizonte estratégico la construcción de una paz auténtica, signada por la autonomía de los pueblos en sus territorios, por la justicia social y por la emancipación humana.

REFERENCIAS

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