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Mujeres, niñas y adolescentes son las principales víctimas de la trata de personas en Colombia: estas son las cifras

Las mujeres, niñas y adolescentes continúan siendo las principales víctimas de la trata de personas en Colombia, ya que representan el 89 % de los casos de este delito, según alertó este sábado la Defensoría del Pueblo con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas.

Entre enero de 2018 y junio de 2023, la Defensoría del Pueblo ha atendido 236 casos de trata de personas en el país, y en el 89% de ellos, es decir en 212, las víctimas eran niñas, adolescentes y mujeres. En 60 de dichos casos (el 25,4 %) había relación con la esclavización de personas migrantes.

El preocupante panorama lo planteó este sábado la Defensoría del Pueblo a propósito de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, al tiempo que hizo un llamado al Estado para fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan prevenir este tipo de casos.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría, Norte de Santander (43 casos), Bogotá (25), Caldas (23), Valle del Cauca (20) y Cundinamarca (13) fueron los departamentos del país en los que más casos se presentaron. Sin embargo, hay reportes en 133 municipios de 25 departamentos y el organismos ha emitido 40 alertas.

“De lo anterior se infiere que, para los grupos al margen de la ley inmersos en el conflicto, esclavizar a personas connacionales y extranjeras les genera una serie de beneficios no calculados: económicos, de control poblacional y del territorio. Vale aclarar que estos grupos, por las dinámicas en las regiones, se vinculan de forma directa o indirecta a las redes criminales y a los tratantes autónomos”, detalla la Defensoría.

Para Camargo el panorama se agrava pues no solo se trata de una grave vulneración de derechos humanos sino que no existen “los suficientes recursos estatales para afrontar el accionar de quienes son tratantes de manera autónoma y organizada, lo cual redunda en la desprotección de quienes son víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, adolescentes y mujeres”.

De acuerdo con la Defensoría, es indispensable que el Estado pueda avanzar en tres frentes claves: la detección y registro de casos, así como la persecución y sanción penal de las redes y victimarios autónomos; la evaluación de los impactos en la implementación de la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas; y la definición e implementación de acciones que permitan el acompañamiento integral a la población migrante.

“Ante el complejo panorama, desde la Defensoría del Pueblo seguiremos exhortando al Gobierno Nacional para que de manera complementaria defina e implemente medidas de asistencia con enfoque de derechos humanos. Esto les permitirá a las víctimas directas e indirectas el reconocimiento y restablecimiento de sus derechos vulnerados de manera previa, durante y posteriormente a la victimización”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

Fuente: https://www.elespectador.com/colombia/trata-de-personas-en-colombia-mujeres-y-ninas-son-victimas-del-89-de-los-casos/

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Moreira: “Tenemos que defender en las urnas la educación pública, gratuita y de calidad, frente a una derecha que ataca a nuestras universidades”

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, recibió la visita del Director en Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

«Con docentes y educadores populares compartimos un gran encuentro en la Asociación Obrera Textil. Tenemos que defender en las urnas la educación pública, gratuita y de calidad, frente a una derecha que ataca a nuestras universidades», dijo el alcalde.

Y recordó «Cuando llegamos a San Martín creamos la Subsecretaría de Educación y la fortalecimos cada año para que todas las chicas y los chicos estén en las aulas. Y con nuestro programa emblema #VolvéALaEscuela logramos que 20 mil vecinas y vecinos retomen y terminen sus estudios», acotó.

Fuente: https://www.grupolaprovincia.com/

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Venezuela, ONGs: Condena a seis sindicalistas representa el “recrudecimiento de la persecución política”

La ONG Acceso a la Justicia manifestó que la condena impuesta a Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín representa un «recrudecimiento de la persecución política» en Venezuela.

Según la ONG, la sentencia es parte de un patrón de represión que ya ha sido denunciado y reseñado por los organismos internacionales.

«La condena de los luchadores sociales no es más que el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela, que incluso la anterior Alta Comisionada Michelle Bachalet había condenado, como lo contamos meses atrás», afirmó Acceso a la Justicia.

Otras ONG alzan la voz

Este martes 2 de agosto de 2023, varias ONG también se manifestaron en redes sociales para denunciar la condena a 16 años de cárcel por supuesta conspiración y asociación para delinquir a los seis sindicalistas venezolanos detenidos en 2022.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela criticó la sentencia, argumentando que los luchadores sociales fueron condenados por delitos que aseguran no cometieron, y que las únicas pruebas presentadas por la Fiscalía fueron capturas de pantalla y mensajes en Twitter.

Por su parte, la organización Provea recordó que los sindicalistas estaban en las calles exigiendo salarios dignos; por ende, dicha sentencia se calificaría como «un nuevo golpe a la protesta social y sus derechos fundamentales».

A nivel internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió «justicia para los luchadores sociales venezolanos», alegando que luchar por los derechos humanos no debería considerarse un crimen, y pidió la liberación de los sindicalistas.

La situación ha generado preocupación y críticas de diversas organizaciones y actores internacionales, quienes resaltan la importancia de proteger los derechos de los luchadores sociales y garantizar un debido proceso en el sistema judicial venezolano.

¿Quiénes son los detenidos?

De acuerdo con Acceso a la Justicia, cinco de los detenidos tienen en común su militancia o pasado en el partido opositor Bandera Roja. Algunos de ellos, como Reynaldo Cortés, ocupan cargos directivos dentro del partido.

Bandera Roja es una agrupación de extrema izquierda, pero que está en desacuerdo con el actual Gobierno.

Algunos de los detenidos han participado en protestas y han denunciado los obstáculos que enfrenta el movimiento sindical venezolano para proteger los derechos de los trabajadores ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV) manifestó a través de su cuenta en Twitter: «Rechazamos la condena a 16 años de cárcel para los seis luchadores sociales y sindicalistas. Su detención no sólo ocurrió al calor de las protestas por salario, sino que la sentencia se da sin pruebas que demuestren las acusaciones. ¡Alto a la criminalización de las luchas!»

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.aporrea.org/internacionales/n385038.html

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Venezuela: Por capturas de pantalla, condenaron a seis activistas y líderes sindicales a 16 años

Por:

Los seis activistas y sindicalistas se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. Todos fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento


El Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó a 16 años de prisión a seis líderes sindicales y activistas de derechos humanos, detenidos desde julio de 2021, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Así lo informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Justicia a través de sus redes sociales. La ONG denunció que las únicas pruebas promovidas por la Fiscalía contra Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron unas capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter.

Los seis se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. El sindicalista Emilio Negrín y los activistas sociales y políticos Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.

La única detención que fue ajustada a la «legalidad» fue la del defensor de derechos humanos Gabriel Blanco, gracias a la presión que ejercieron decenas de vecinos del trabajador humanitario y al papel de actores de la sociedad civil, quienes se mantuvieron alerta ante la actuación irregular de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, señaló que «una vez más que el gobierno de Nicolás Maduro y toda su comitiva han cometido una vez más un acto contra los derechos humanos, ha sentenciado a seis hombres inocentes y sin ningún tipo de prueba a 16 años de prisión, una vez más comprobamos que en este gobierno se criminaliza la protesta».

Oropeza acusó a la jueza de «cumplir órdenes» y condenó «a una familia a no estar con sus seres queridos, ha condenado a un país, a conjdenado a un grupo de personas que creemos en la justicia y la libertad, pero no nos va a amilanar». Además, dijo que Venezuela sí necesita intervención de organismos internacionales ante una decisión judicial contra un grupo de hombres que solo pidieron sueldos justos.

El partido La Causa R y su candidato a las primarias, Andrés Velásquez, condenaron estos hechos. La organización calificó la sentencia como «infame contra unos defensores de los DDHH y los derechos de los trabajadores por una mejor calidad de vida. Un juicio amañado, sin ninguna prueba en su contra. Un castigo espantoso para ellos y sus familias. La justicia en Venezuela es una farsa».

Mientras que la Plataforma Unitaria rechazó «esta nueva violación de los derechos humanos», por un juicio que estuvo «plagado de vicios procesales a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos y rechazando el instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) durante 2022″.

Por capturas de pantalla, condenaron a seis activistas y líderes sindicales a 16 años

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Brasil: La deforestación en la Amazonía disminuyó 66% en julio y alcanzó la cifra más baja para este mes en cinco años

Deforestación en Amazonía brasileña cae 66% en julio, temporada alta de destrucción

La deforestación en la Amazonía brasileña disminuyó 66% en julio contra igual periodo del año pasado, alcanzando la menor cifra para este mes en cinco años, según datos divulgados este jueves por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que atribuyó los resultados a sus políticas de control en la región.

El mes pasado, la deforestación alcanzó 500 km2, marcando un descenso de 66% en relación con igual mes de 2022, cuando alcanzó los 1.487 km2, según datos difundidos en rueda de prensa por los ministerios de Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología.

El dato de julio basado en el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) fue celebrado por las autoridades, por tratarse del mes de inicio del clima seco y, por tanto, de la temporada alta de destrucción del bioma amazónico.

La ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, destacó la “caída consistente” de la deforestación y un “ciclo virtuoso” en el freno a la impunidad de los delitos en la mayor selva tropical del mundo.

En tanto, la deforestación cedió 7% en un año hasta agosto, con 7.952 km2 deforestados, el menor valor en cuatro años. En el mismo periodo entre 2021 y 2022, la devastación llegó a 8.590 km2, según las cifras oficiales.

Los datos se conocen en vísperas de la primera cumbre de presidentes de los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) desde 2009, que se realizará la semana próxima en la ciudad de Belém (Pará, norte de Brasil).

Por otra parte, en los primeros siete meses del gobierno de Lula, entre enero y julio, la deforestación cayó 42,5%, a 3.149 km2, contra igual periodo del año pasado.

Lula llegó al poder con la promesa de priorizar el cuidado del medioambiente, revirtiendo las políticas de su predecesor Jair Bolsonaro (2019-2022), y eliminar la deforestación ilegal de la Amazonía en 2030, endureciendo controles.

Mariana Napolitano, gerente de Conservación de la ONG WWF-Brasil evaluó que la de la deforestación “es una señal importante de que la retomada de las acciones de comando y control (…) se han mostrado eficaces”.

Récord en el Cerrado

Sin embargo, el área destruida continuó aumentando en el Cerrado, una sabana tropical de enorme diversidad ubicada al sur de la Amazonía: con 6.359 km2 devastados en un año hasta este mes, registró el peor resultado anual desde el inicio de la serie del INPE en 2017.

Entre enero y julio, las alertas siguieron la tendencia al alza, creciendo 21,7% contra ese lapso de 2022, desde 4.123 km2 a 5.019 km2. La subida fue de 26%, a 612 km2 en julio frente a julio de 2022.

En una entrevista este jueves, Lula repitió su intención de alinear una política de control con los países amazónicos y sus fuerzas de seguridad contra “el crimen organizado que ha tomado muchas regiones” de la floresta. Y repitió que su gobierno será “muy duro” en ese combate.

El mandatario marcó un giro en cuestiones medioambientales respecto de Bolsonaro, en cuya gestión la deforestación amazónica avanzó 75% frente al promedio de la década anterior.

La Nación

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Chile: El 90% de las y los profesores adhirió al paro y esperan respuesta del gobierno

Colegio de Profesores espera que el Gobierno defina “casos urgentes” para dar solución a la deuda histórica

Por Osciel Moya Plaza

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, afirmó que le corresponde al Presidente Gabriel Boric definir cuáles son “los casos más urgentes de docentes afectados por la deuda histórica” a quienes se les va a entregar una solución.

En su segundo día de paro docente, Díaz entregó un balance de la jornada realizada en las últimas horas donde un 90 por ciento de las y los profesores se sumaron a la medida de fuerza en todo el país.

Si bien valoró la respuesta del Gobierno a los puntos planteados por el gremio, el dirigente afirmó que en una primera lectura la respuesta es insuficiente, pero serán los docentes en sus asambleas quienes tomen la decisión.

Si bien hay algunos temas que tienen algunas fechas más concretas respecto de la carta anterior, obviamente creemos que es absolutamente insuficiente, pero nos parece necesario escuchar a las profesoras y profesores del país respecto del sentido profundo que tiene esta respuesta que entrega el ministro de Educación en el día de ayer”, dijo Díaz.

Agregó que  “hay un tema puntual que expresa el ministro que estaría disponible el ministerio. En el primer tema que plantea da cuenta de la deuda histórica y señala que están disponibles a enviar un proyecto de ley para ver los casos más urgentes. Por lo tanto, para nosotros es fundamental y somos muy claros en señalar en que aquí es el Presidente Gabriel Boric quien ha planteado este tema. Ha sido él en su cuenta pública quien señaló que que se iba avanzar en los temas más urgentes”.

Sobre el punto, Díaz indicó que “nosotros el día lunes hemos sido convocados por el Ministerio de Educación, vamos a ir por supuesto, y vamos a estar muy atentos porque entendemos que la propuesta que hoy día tenga el Mineduc en función de definir qué se entiende por casos más urgentes, casos más extremos, a cuántos de éstos va a llegar. Entendemos que esa definición tiene que darla el Presidente de la República”.

Asimismo, indicó que en la asamblea nacional del 17 y 18 de agosto el gremio no sólo definirá la realización del paro indefinido, sino también habrá un pronunciamiento oficial a las propuestas del Gobierno.

La propuesta presentada por el Ministerio de Educación plantea una solución para cada una de las ocho demandas realizadas por el magisterio, entre ellas una reparación de la deuda histórica, donde el Gobierno se compromete a avanzar en los “casos más urgentes”.

Para ello, se ingresará un proyecto de ley al Congreso Nacional, “una vez que termine el proceso de tramitación de la Ley de Presupuestos que sea realiza este año“.

En lo que se refiere a la creación de un plan para enfrentar la violencia escolar, la propuesta de Ávila propone establecer una Mesa de Centros Educativos como Espacios Protegidos para “diagnosticar y avanzar en soluciones, entre actores públicos y privados, respecto de las situaciones y hechos de violencia que ocurren en las comunidades educativas“.

Sobre el pago de Bonos de Retiro atrasados, el Mineduc se compromete “para septiembre de este año el término del pago de los bonos correspondientes al año 2018, para octubre los correspondientes al 2019 y a más tardar a fines de diciembre aquellos que se encuentren con documentación completa por parte de sostenedores de procesos 2020“.

En la carta de Ávila se proponen soluciones a las demandas relacionadas con el agobio laboral, el cambio del modelo de financiamiento de la educación y modificación a la ley de Nueva Educación Pública, entre otras que son parte del pliego del gremio docente.

Diario UChile

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Venezuela: Condenan a 16 años de prisión a 6 luchadores sociales que protestaban por salarios dignos

Por: Braulio Polanco

Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron la tarde de este martes 1 de agosto que los trabajadores y luchadores sociales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes fueron condenados a 16 años de prisión.

Estos activistas, que habían estado exigiendo en las calles salarios dignos y protestando contra el instructivo Onapre, fueron detenidos en julio de 2021 y han sido condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

“El sistema de justicia de Venezuela está viciado”, publicó la ONG Provea en su cuenta de Twitter, donde afirmó que la condena fue “arbitraria” y detalló que se utilizaron presuntas capturas de WhatsApp para justificar “conspiración”.

“El único testigo de la denuncia NUNCA se presentó en 1 año y 2 meses”, agregó Provea.

Por su parte, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos denunció en su Twitter que la juez Grendy Duque del Tribunal Segundo de Terrorismo “condenó a los 6 luchadores sociales sin elementos de convicción en su contra y tras un proceso judicial plagado de violaciones al debido proceso”.

Los seis detenidos se encuentran en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara.

16 años de prisión para luchadores que protestaban por salarios dignos

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