El mandatario brasileño anunció el Plan de Seguridad y Soberanía para la Amazonía (AMAS), dirigido a aplacar la creciente violencia en la mayor selva tropical del mundo.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, anunció este viernes un conjunto de nueve medidas, decretos y proyectos de ley para fortalecer la seguridad en todo el país, enfatizando planes específicos para prevenir ataques armados en escuelas y combatir la delincuencia en la Amazonía, además de restricciones a la venta de armas.
Desde el presidencial Palacio del Planalto, en Brasilia, el mandatario destacó entre sus anuncios el Programa de Acción en Seguridad (PAS), que incluye medidas para combatir la violencia en las escuelas, que ahora pasan a ser catalogados como crímenes atroces.
Entre hechos recientes de este tipo, en junio pasado un exalumno de una escuela en la región metropolitana de Londrina, en el sur de Brasil, asesinó a una estudiante e hirió a otro tras perpetrar un ataque armado en el centro educativo, mientras que en noviembre del año pasado un adolescente asesinó a tres personas, mientras que otras nueve resultaron heridas, durante un ataque armado perpetrado en dos escuelas de Aracruz, en la región norte de Espíritu Santo.
El Jefe de Estado de Brasil también resaltó el Plan de Seguridad y Soberanía para la Amazonía (AMAS), dirigido a aplacar la creciente violencia en la mayor selva tropical del mundo, especialmente para enfrentar las actividades del narcotráfico, la minería ilegal y los crímenes ambientales.
AMAS prevé una inversión de 2.000 millones de reales para el montaje de bases y la compra de patrullas, armas, helicópteros y lanchas blindadas destinadas a las fuerzas de seguridad que actúan en esa región.
«En la Amazonía, con 5 millones de kms cuadrados, un área mayor que Europa, es que se está fomentando el crimen organizado, el narcotráfico y todo lo que es ilícito en Brasil. Tenemos que actuar para que no sea en la selva brasileña, tan deseada para ser preservada por todo el mundo, que se fomente la violencia», aseveró Lula.
El Presidente brasileño también anunció nuevas medidas para restringir la posesión y porte de armas, después de que su antecesor, Jair Bolsonaro, flexibilizara la venta de estos artefactos, incluyendo las de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
“Seguiremos luchando por un país desarmado. La que tiene que estar bien armada es la policía», acotó el dirigente.
El Gobierno amazónico también reforzó las penas para actos como el ocurrido el pasado 8 de enero, cuando miles de simpatizantes «bolsonaristas» asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia.
El envejecimiento es uno de los retos de vida más difícil a los que se enfrentan las personas en cualquier contexto, en especial para quienes que son dependientes, con limitaciones de autocuidado o que se encuentran en condiciones de pobreza y no tienen apoyo de familiares o cercanos, así como tampoco gozan de garantías de sistemas de seguridad social o asistencia sanitaria.
Reflexionar en torno al edadismo desde las políticas de cuidados y pobreza en Venezuela, caso puntual en personas de tercera edad, implica puntualizar lo siguiente:
La protección a de personas adultas es dada en un primer momento por el autocuidado que cada quien puede brindarse cuando se encuentra en condiciones de buena salud física y emocional, en otros casos, por un vínculo de afecto que miembros de la familia le otorga a progenitores que lo ameritan o por el agradecimiento y la solidaridad de terceros, sin embargo, también es cierto que, muchas veces, las personas ancianas se encuentran en un absoluto estado de abandono y soledad y, que es responsabilidad del Estado la creación y aplicación de políticas públicas que tributen al amparo y la provisión de los requerimientos básicos universales relativos a los cuidados y las contingencias de vejez o de la dependencia.
Si bien es cierto que la política a favor de la adultez mayor desde la perspectiva legislativa está contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 80, donde el Estado en armonía con la familia garantiza el derecho y la protección del último período de la vida al igual que en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la cual estipula el bienestar como factor elemental para las y los ancianos, también es cierto que, a pesar de esta procuración en ordenamientos jurídico y programas sociales de beneficio a la longevidad, su cobertura no tiene el impacto necesario que amerita.
En orden político vivimos en un descontrol desmedido. Las adversidades y la lucha por llegar al poder o por mantenerse en el mismo ha desatado una crisis de gobernanza con una polarización nacional extrema, sin logro de entendimiento, la intervención extrajera se suma desde los intereses por el dominio geoeconómico nacional, el bloqueo, las sanciones, el robo exacerbado del erario público, el desinterés por la inversión en las instituciones públicas, la mala voluntad de quienes gobiernan, entre otros aspectos dañinos, se han conjugado para el deterioro progresivo de la calidad de vida.
Un ejemplo está en el hecho de que, según el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2020, tiempo de pandemia “más de 9,3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria de moderada a grave, cifra que representa a un tercio de la población”. Acercando la situación al tiempo presente, para el 2023 se devela un escenariomucho más caótico desde el estudio desarrollado por el economista Arthur Okun con base en indicadores de inflación, pobreza y empleo, donde se posiciona a Venezuela como la segunda economía «más miserable» del mundo.
El tema de la no correspondencia con preceptos de un gobierno socialistas, al menos desde los últimos 9 años en los cuales las y los venezolanos hemos experimentado desde la mala gobernanza el quebrantamiento de derechos laborales a través de la aplicación de política regresiva en lo laboral entre lo que se menciona: la desaparición del seguro HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) el desmejoramiento de tablas salariales, la rebaja de pago por prima por profesionalización o como trabajadores de zonas rurales, el incremento del valor de los servicios básicos, el alto costo de la canasta básica que para el mes de mayo del año en curso estuvo en 533,29$ dólares según el Centro de Documentación y Análisis para las y los Trabajadores (CENDA), el salario mínimo anclado en 130 bs que al cambio no es superior a 5,45 dólares al mes, los sueldo de los profesionales en un tope de 50 dólares mensuales en la Administración Pública, la bonificación sin incidencia en sueldos y salarios y la negativa a firmas de nuevas Convenciones Colectivas que beneficien a las y los trabajadores, entre otros asuntos, contrasta con situaciones como Cuba, país con 60 años de bloqueo y un salario mayor que el de Venezuela, o con Haití que a pesar de un PIB inferior a nuestro, sus ciudadanos gozan de mejor paga, tal como quedó demostrado en el informe de Coyuntura OVE: Inversión, salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en América Latina (2021)
Muy por el contrario, a diario se aprecia en las redes sociales o en las noticias del día, el buen vivir y los lujos que exhiben altos funcionarios y políticos del partido de gobierno, mientras que al pueblo se le ha llevado a una vida encarecida y en pobreza, sin mayores posibilidades de estabilidad, por lo que tales políticas públicas contempladas y presumidas difícilmente se pueden considerar de estímulo al bienestar común.
El salario deprimido que se goza conduce a una vejez atrapada en el drama y en las necesidades no cubiertas, incrementando la sumisión y la inestabilidad. La ancianidad se declina en términos de pérdidas y de carencias a subsanar, que a su vez se convierte en una enfermedad social. Una vez que se produce el cese laboral por vejez o años de servicios cumplidos en la Administración Pública, los pagos por prestación de servicios son ínfimos, recibidos a futuro y devaluados.
Muy a pesar del cese de actividades (jubilación) la cual ocurre a los 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, es posible que las personas se consideren aun actas para prestar su conocimiento en otras instituciones y poder devengar un poco mas de dinero, no obstante, cuando les es contratada o dada la oportunidad de incorporarse en trabajos posteriores, debido a sus edades existe una mayor explotación y desprotección en la dimensión laboral , lo que les deja expuestos no solo a la privación económica, sino también a otros derechos como la salud, posibilidad de pagar vivienda, recreación, el ocio y descanso, entre otros. De hecho, los seguros médicos que pueden ser pagados de forma privada no otorgan mayores beneficios de cobertura después de los 60 años.
Lo expuesto nos remite a reconocer a la cultura que caracteriza a los sistemas de gobierno autoritarios, a un Estado patriarcal y a una sociedad machista que margina y maltrata en actos incoherentes al bienestar social a sus ciudadanos (as), donde lastimosamente las mujeres se encuentran en mayor detrimento. No sólo debe procurar el cuido de su carga familiar y las labores domesticas de manera inequitativa, sino que, en la mayoría de los casos son la que menos atención y más desprecios reciben al entrar a las edades prolongadas donde se les estigmatiza como sujetos sin derechos.
En consecuencia, se hace necesaria impulsar voces y voluntades por la visibilización y atención a esta problemática que exige el cumplimiento de la estructura de la seguridad social de la base jurídico-normativo que rige al país, puesto que, no materializan la protección social conducente a elevar los niveles de vida independiente de la población incluida la de tercera edad.
Son necesarias políticas progresivas el envejecimiento en retirada y el envejecimiento activo donde se mire a las y los jubilados como seres útiles. Esto implica además, la implantación de acciones específicas, y es a partir de herramientas de evaluación que los gestores del gobierno conjuntamente con representación de este sector social deben procurar: consultas geriátricas, instituciones medicalizadas, el sano ocio y la recreación, asignaciones económicas justas, para que los cuerpos desgastados por la edad puedan alcanzar niveles de vida digna y el estímulo a la autonomía personal de las personas dependientes.
Para eso es importante luchar contra el desconocimiento, el desinterés y menos precio que se le brinda a ese sector de la población, lo que se conoce como edadismo. Es imprescindible trascender la visión convencional de que la vejez es una etapa de lo obsoleto e inservible y considerar a los cuidados como procesos que permiten y sustentan la autonomía de las personas el mayor tiempo posible.
Nos encontramos ante la necesidad de políticas de inversión que posibilite la vivencia y el establecimiento de la vejez activa, y sociedades que se transforman para adaptarse a poblaciones de mayor ciclo vital atendiendo las necesidades y derechos de quienes permanecen trabajando por más tiempo así como de quienes dejan dejan de estar activos en el mercado laboral.
Referencias
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Extraoficial N.36.860. Caracas https://finanzasdigital.com/canasta-alimentaria-familiar-de-mayo-2023-se-situo-en-us-52329/
Informe de Coyuntura OVE: Inversión, salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en América (pdf) http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/381852
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2008). Decreto N. 6266. Caracas
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva puso fin este miércoles a un programa implantado por el exmandatario Jair Bolsonaro que promocionó la creación de las llamadas “escuelas cívico-militares” administradas por las fuerzas armadas.
La medida que extingue el Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares fue tomada mediante una resolución del ministerio de Educación y del ministerio de Defensa y divulgada por la prensa brasileña.
La cartera de Educación dijo “no haber comprobado la eficacia” del programa impulsado por el líder de ultraderecha y capitán de la reserva del Ejército, quien sostenía que en las escuelas se debía “imponer la jerarquía”, como “se hace en los cuarteles”.
Entre 2019 y 2022 fueron abiertas en el país 216 escuelas cívico-militares a las que asisten 192 mil alumnos, entre ellos la hija menor del expresidente, Laura, de 13 años. La gestión educativa estaba a cargo de profesionales del área, pero lo relativo a la administración y los llamados “códigos de conducta” eran responsabilidad de personal vinculado a las fuerzas armadas.
Según el ministerio de Educación, en esas escuelas habrá a partir de ahora “una transición cuidadosa de actividades, que no comprometa el cotidiano” de los alumnos y profesores, y que durará hasta el fin del presente año lectivo, cuando esos colegios volverán a tener la misma disciplina de todos los inscriptos en la red pública. Los militares que trabajaban en esas escuelas, de acuerdo a la decisión, serán reubicados progresivamente en otras funciones, pero dentro del cuadro de las fuerzas armadas.
En el documento, la cartera de Educación advierte que el programa “induce una desviación del propósito de las actividades de las fuerzas armadas, invocando su actuación en un área que no es de su competencia y no es consistente con su lugar institucional en el ordenamiento jurídico brasileño”.
Escuelas contra el “marxismo cultural”
El formato de escuela cívico-militar existe en el país desde la década del 90 pero Bolsonaro le dio un fuerte impulso en septiembre de 2019 con la creación del Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares, que tenía el objetivo de reducir la deserción escolar y reprimir los casos de violencia escolar a través de la disciplina militar. El expresidente creó una secretaría dentro del ministerio de Educación para el programa que contaba con su propio presupuesto y personal.
A principios de año, el gobierno de Lula extinguió esa secretaría. El ministro de Educación, Camilo Santana, ya había manifestado que no apoyaba la medida, pero aún faltaba definir cómo funcionarían las escuelas luego de la supresión del modelo y qué pasaría con los militares que prestaban servicio en los establecimientos escolares.
Cuando Bolsonaro anunció ese programa cuatro años atrás dijo que uno de los objetivos era que las escuelas dejaran de “formar militantes políticos” y pasaran a educar “para el trabajo”, con “la disciplina” propia de los cuarteles. Las escuelas cívico-militares también fueron presentadas como una “herramienta” contra el “marxismo cultural” que, según el líder de ultraderecha, domina el pensamiento y la educación desde hace décadas.
“Visión distorsionada” de prioridades
La enseñanza fue una de las áreas más conflictivas para el gobierno de Bolsonaro, quien en sus cuatro años en el poder tuvo igual número de ministros al frente de la cartera de Educación. Para Gabriel Corrêa, gerente de Políticas Educativas de la ONG “Todos Por la Educación”, este “modelo militarizado de escuelas debía quedar restringido a escuelas de las fuerzas armadas, para jóvenes que quieran este tipo de formación y carrera, con personal militar que haya tenido formación en el campo educativo”.
Otro punto muy criticado por expertos fue la mala lectura de las prioridades, ya que el gobierno de Bolsonaro daba “prioridad a un número mínimo de escuelas, creando una política, un presupuesto específico y una mesa específica en el ministerio de Educación para ellas, lo que muestra una muy visión distorsionada de las prioridades”, dijo Corrêa en diálogo con el portal G1.
Más allá del ámbito educativo, el rol de las fuerzas armadas en el gobierno de Bolsonaro se encuentra bajo análisis, sobre todo porque al menos tres militares están acusados por el complot para desconocer las elecciones de octubre pasado e incentivar el intento de golpe del pasado ocho de enero. El exedecán de Bolsonaro, coronel Mauro Cid, está detenido y se le encontraron en su celular documentos sobre cómo llevar adelante un golpe de Estado para desconocer las elecciones del año pasado.
A través de un consejo asesor las autoridades buscan realizar cambios a las normativas de las instituciones en beneficio de los estudiantes. «Hay presiones que no las tenemos bien diseñadas en los ciclos formativos», afirmó el subsecretario Orellana.
Como plan de acción dentro de las instituciones educativas hoy se presentó en la Casa Central de la Universidad de Chile la Estrategia Nacional para la Salud Mental en Educación Superior, cuyo objetivo es trabajar en torno a los problemas en el bienestar socioemocional de las y los estudiantes luego de la pandemia.
A la instancia, que es producto de un trabajo intersectorial, asistieron el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli y la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.
Cabe destacar que para cumplir los objetivos de este plan se conformó un consejo asesor en salud mental que contará con la presencia de distintos estamentos: representantes del gobierno, instituciones y estudiantes, para que en diciembre se haga entrega de sus recomendaciones.
Lo último, fundamentalmente, enfocado en ejecutar acciones de promoción, prevención, atención y derivación de las y los estudiantes.
Ante esto, el subsecretario Victor Orellana manifestó su compromiso para que el trabajo del comité concluya con modificaciones a las normativas institucionales, teniendo en cuenta que este último tiempo “se ha incrementado exponencialmente las solicitudes de atención por parte de las y los estudiantes. Tenemos un problema fuerte y muy importante que abordar como sociedad con los intentos de suicidio“, señaló.
Por ello, planteó como tarea fundamental repensar la formación académica porque “hay a veces presiones que no las tenemos bien diseñadas en los ciclos formativos, entonces tenemos que avanzar a ciclos mucho más ágiles, modernos, adecuados a como es la vida actual de las y los jóvenes que están en la educación superior”, aunque recalcó que esto es un tema multifactorial que no solo proviene de las instituciones.
Además, durante la presentación se hizo referencia a un estudio expuesto por el Centro Milenio de Investigación donde se evidenció el predominio de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y el consumo de sustancias en la educación superior.
Por otro lado, se destacó un aumento en las solicitudes por problemas de salud mental del 167% respecto a las 320 registradas el año pasado hasta esta misma fecha. Mientras que, en relación a los estudiantes de primer año, se señaló que al rededor de un 50% presentan prevalecencia en síntomas de los trastornos ansiosos.
Por su parte, la Rectora de la Universidad de Chile señaló que “esas cifras representan dos cosas, por un lado mayor ansiedad, todos sabemos que la vuelta de la pandemia fue compleja, pero también algo que no es negativo y es que las personas están acudiendo a solicitar ayuda“.
En esa línea, declaró que el trabajo dentro de las universidades debe concentrarse en “poner el énfasis en comunidades, esto tiene que ver no solo con la relación de un profesor con sus estudiantes en una sala de clases, sino tiene que ver con cómo la comunidad convive en un espacio universitario“.
“Campus seguros, campus amables, interacciones ricas entre personas diversas porque la diversidad por la cual hemos apostado tanto es importante si es que se dan las interacciones. Ahora, el aula es clave y eso a mí me gusta entenderlo como una educación más humanizada. ¿Qué significa? Reconocer que mis estudiantes que conforman ese curso son distintos”, agregó la Rectora Devés.
Por último, Sabina Orellana, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC) y vocera nacional de la Confech, dijo “agradecer los esfuerzos, nosotros llevamos impulsando que la salud mental sea considerada a través de una política pública por lo menos siete años. Antes era un tabú y hoy al Gobierno le importa la salud mental en educación superior”.
Sin embargo, la presidenta de la FEUC hizo un llamado a trabajar en una ley en la cual se incluya financiamiento en esta materia para las universidades, porque “si no lo que pasa, es que tenemos instituciones de educación superior de primera y de segunda categoría y queda a la voluntad de las casas de estudios y sus presupuestos, que tienen en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, para abordar las políticas de bienestar y salud mental”.
Del 16 al 21 de julio se lleva a cabo en la Ciudad de Manizales, Colombia, la V BIENAL Latinoamericana y Caribeña en Primeras Infancias, Niñeces y Juventudes, organizada e impulsada en red con las Plataformas para el Diálogo Social que promueve CLACSO, en particular con la Plataforma para el Diálogo Social Desigualdades y pobreza en América Latina y el Caribe. En este sentido, la V BIENAL tiene como propósito generar espacios de intercambio de saberes, acciones, iniciativas, así como propiciar interlocuciones a favor del buen vivir y del bien-estar de infancias y juventudes que habitan los diversos contextos atravesados por las diversas historias que se viven en América Latina y el Caribe; de tal manera la V BIENAL se sitúa en cuatro grandes ejes temáticos, tal como las instituciones organizadoras refieren:
Desigualdades Generacionales: En el marco del abordaje multidimensional de las desigualdades contemporáneas, en este eje se priorizan las desigualdades desde la perspectiva generacional en el plano territorial, laboral y educativo. Asimismo, se incluyen otros campos como los vinculados a las migraciones, la dimensión étnico-racial, el género y las disidencias. La propuesta incorpora las transformaciones que la pandemia produjo en las dinámicas de producción y reproducción de las desigualdades sociales, proponiendo trabajar en las persistencias y emergencias desde la multidimensionalidad. Es decir, en las desigualdades que perviven desde antes del acontecimiento pandémico y las que se configuraron o reconfiguraron con los cambios que la pandemia generó.
Movilización Social Colectiva: Se discuten y promueven transformaciones democráticas, tanto aquellas vinculadas con el restablecimiento de las democracias en la región -Latinoamérica y Caribeña- en el pasado reciente, como aquellas otras más recientes, vinculadas con formas de participación política y ciudadana; con la ampliación de derechos (políticos, educativos, ciudadanos, sexuales) y sus efectos en el desarrollo de políticas públicas. que contribuyan a la discusión acerca de los alcances y características de los ciclos políticos vinculados con los giros a la izquierda y a la derecha en los diferentes países de la región. Es de interés para este eje visibilizar las voces de niños, niñas y jóvenes en relación con las experiencias de participación política y social en ambos ciclos, así como los efectos institucionales que poseen sobre las políticas públicas y el gobierno de las infancias y las juventudes.
Narrativas de la Vida: Los seres humanos vivimos, conocemos y estamos en el mundo para alcanzar condiciones de buen ser, buen vivir y bien-estar. En cuanto a los procesos de conocimiento las diversidades están en la base para orientar la acción y la convivencia entre los seres humanos. La diversidad implica reconocimiento del mundo indígena, del mundo afro, del mundo campesino, del mundo de las mujeres, de las discapacidades, de los LGBTIQ + y de concepciones acerca de la Madre Tierra, la Pacha Mama, Abya Yala. Implica reconocer a los niños, niñas y jóvenes insertos en estos contextos de pluridiversidades y de formas de representar el mundo. Estos reconocimientos irrumpen en la escena latinoamericana y del Caribe donde se viven, en muchos países, condiciones políticas autoritarias y totalitarias alentadas por gobiernos que imponen pensamientos únicos, verdades absolutas, lo que propicia el desconocimiento de tensiones étnicas, discriminaciones de género, inmigraciones y xenofobia. Estas situaciones ponen en peligro la democracia, pues esta ha sido tomada por fuerzas conservadores que acentúan su accionar con apoyos y respaldos mediáticos. Frente a una situación tan incierta, producida por la catástrofe sanitaria resultante de la pandemia este sur (América Latina y el Caribe), marca un horizonte de alternativas para nosotros y para el mundo; desde las diversas identidades colectivas e identidades subjetivas. Son nuevas lecturas del conocimiento, epistemologías latinoamericanas y caribeñas que permean las ciencias sociales, la educación y la vida cotidiana.
De tal manera, la V BIENAL está siendo un espacio de encuentro y reflexión-acción donde al centro se encuentran las infancias y las juventudes para tratar de propiciar y construir sociedades más justas para su desarrollo, esto, desde educaciones populares y propuestas institucionales, donde pensar en clave interseccional: clase, raza/etnia, género, de vuelve fundamental.
En al menos una docena de países, los profesores han realizado importantes huelgas y protestas en el último mes contra la erosión de sus salarios por la alta inflación, la falta de personal y el estado deplorable de las escuelas.
Tanto los Gobiernos abiertamente de derecha como los de la llamada “marea rosa” se han negado a atender sus demandas, alegando que “no hay dinero”. En varios casos, han usado una brutal represión policial y militar, así como represalias como despidos.
En todas partes, las burocracias sindicales han intentado aislar las luchas en cada país, provincia o incluso escuela, mientras limitan las huelgas y protestas para aplacar el malestar e imponer los recortes salariales y sociales exigidos por las élites gobernantes.
Las protestas son una respuesta a los ataques a los niveles de vida y a los servicios sociales a medida que las burguesías subordinan la educación, la salud y la vida de los trabajadores y sus hijos a una competición incesante por el capital y los mercados extranjeros. Estas luchas se han intensificado en medio de una crisis cada vez más profunda del capitalismo global, acelerada por la pandemia continua de COVID-19 y las campañas militares lideradas por EE.UU. contra Rusia y China. Son un importante anuncio de un estallido más amplio de la lucha de clases a nivel global.
Después de los dos primeros años de la pandemia de COVID-19, cuando los docentes y las familias se vieron privados de los recursos tecnológicos, pedagógicos y económicos necesarios para clases a distancia adecuadas, la ONU declaró que Latinoamérica vive su peor crisis educacional de los últimos 100 años.
Un estudio de UNESCO y el Banco Mundial constató un retroceso dramático en compresión de lectura, matemática y otras habilidades, lo que relacionan con efectos socioeconómicos para el resto de sus vidas que impactan más fuertemente a las capas más pobres.
Tras ser obligados a dar clases presenciales en condiciones inseguras para que los padres pudieran volver a trabajar a tiempo completo y generar ganancias para las empresas y los bancos, los maestros, los alumnos y los padres están siendo forzados a cargar con todo el peso de los déficits acumulados de aprendizaje y los daños a la salud emocional y física en medio de recortes masivos a sus salarios y los presupuestos educativos.
Estas condiciones intolerables están alimentando las luchas en toda la región, que tiene la mayor desigualdad del mundo. La siguiente lista no está completa, pero incluye las principales protestas realizadas por los docentes en el periodo reciente.
Los profesores han realizado huelgas este mes en al menos siete provincias de Argentina, incluyendo Salta, Santa Cruz, Chubut, Misiones, Jujuy, la Provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Estas huelgas fueron desencadenadas por el acuerdo entre el aparato sindical y los Gobiernos para pagar aumentos salariales muy por debajo de la inflación, que se espera que llegue a 150 por ciento este año. Los educadores también están luchando contra un fuerte ataque a la educación pública por parte del Gobierno peronista de Alberto Fernández, quien abandonó las promesas de gastar 6 por ciento del PBI en educación y, en cambio, lo redujo al nivel más bajo en 11 años.
Estas protestas están siendo organizadas en gran medida en oposición a la burocracia sindical, incluyendo asambleas de profesores de base “autoconvocados” en Salta que votaron en contra de las propuestas del Gobierno. En respuesta, la pseudoizquierda se ha dedicado a desviar la rabia con llamados a votar nuevos burócratas “combativos” o simplemente para exigir que la misma dirección sindical peronista que pertenece al Gobierno convoque a una huelga nacional.
En Brasil, los profesores han realizado cuantiosas huelgas y protestas por el cumplimiento del piso salarial nacional dese inicio de año. Después de las huelgas en Río Grande del Norte y Maranhão, gobernados respectivamente por el Partido de los Trabajadores (PT) y su aliado Partido Socialista Brasileño (PSB), en marzo y abril, los profesores de Amazonas, Amapá y el Distrito Federal iniciaron en mayo movilizaciones masivas. La próxima semana, los profesores de Pernambuco también amenazan con entrar en huelga.
Hoy día, las luchas docentes brasileñas se concentran en Río de Janeiro, donde su huelga ya completó 44 días (al 29 de junio). La semana pasada, los tribunales decidieron que era ilegal, pero los maestros están desafiando el fallo.
Asimismo, otras huelgas han durado más de un mes y los profesores sufrieron recortes salariales, demostrando su disposición a luchar para revertir los años de ataques a la educación pública, profundizados hoy pro la pandemia de COVID-19. La situación precaria de los docentes se empeoró con la implementación de la reforma propatronal de educación media.
Por ahora, a pesar del carácter nacional del movimiento, los sindicatos controlados por el PT y sus aliados pseudoizquierdistas han aislado las luchas de los profesores y estudiantes y las han subordinado al Gobierno del presidente Lula da Silva (PT). Al estar sumamente desacreditados tras boicotear las luchas por años, los sindicatos docentes asumieron un carácter criminal cuando traicionaron las luchas de los profesores que exigían el cierre de las escuelas durante la pandemia.
Trabajadores uruguayos hacen huelga para conmemorar el 50º aniversario del golpe del 27 de junio de 1973 [Photo: @PITCNT1]
El 21 de junio, los maestros del sector público en Uruguay realizaron una huelga de un día y marcharon a la Torre Ejecutiva para protestar contra los recortes presupuestarios y exigir alzas salariales y un mayor gasto social en general. Posteriormente, el 27 de junio, hubo una huelga general convocada por la principal confederación sindical, la PIT-CNT, para conmemorar los 50 años del golpe militar apoyado por EE.UU. en 1973.
En México, los profesores celebraron varias huelgas y marchas a lo largo del año para protestar contra el insuficiente aumento salarial del 8,2 por ciento anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las promesas de un gran incremento de los salarios reales. En comparación, el coste de la canasta básica ha registrado un aumento anual del 13,5 por ciento.
El 16 de mayo, una manifestación de profesores frente al palacio presidencial exigiendo un aumento salarial del 100 por ciento y garantías educativas para las comunidades indígenas fue atacada por cientos de policías antidisturbios.
Los profesores de educación media superior también se han declarado en huelga en varias ocasiones, alegando que ni siquiera se ha aplicado el pequeño aumento concedido por AMLO. El Frente Nacional de Educación Media Superior (FNSEMS) se vio obligado a organizar una huelga nacional el 22 de junio. Además, los docentes denunciaron que AMLO no había cumplido su promesa de federalizar todos los pagos a los profesores. En su lugar, el fondo para estos pagos (Fone) se ha reducido en casi un 10 por ciento desde 2015, mientras que en muchas regiones sigue habiendo impago de salarios. Las protestas por estas cuestiones en Michoacán, donde los profesores bloquearon las principales vías férreas, fueron brutalmente reprimidas por parte de soldados de la Guardia Nacional.
Los profesores de primaria y secundaria de Santiago, Chile, iniciaron una huelga el 14 de junio por la “deuda histórica” que el presidente pseudoizquierdista Gabriel Boric había prometido pagar a los docentes, así como por los problemas de salud mental y el exceso de trabajo a los que se enfrentan los profesores. El Colegio de Profesores ha aplazado continuamente una huelga nacional indefinida por el pago de la “deuda”, que se refiere a los aumentos salariales y presupuestarios previstos que no se han cumplido desde 1981, cuando la dictadura de Pinochet destruyó gran parte del sistema educativo público.
La respuesta de Boric a los llamados cada vez más extensos de los profesores a una huelga nacional a principios de este mes resume la actitud de la clase dominante en todo el mundo hacia la educación pública. “Chile tiene una deuda histórica con las y los profesores generada en dictadura. Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación”.
Los profesores de Perú han estado al frente de las masivas manifestaciones contra el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos del pasado diciembre y el régimen de Dina Boluarte, que respondió con una represión asesina y amenazas de despedir a los profesores en huelga. Los profesores y otros trabajadores del sureño departamento de Puno realizaron una serie de huelgas de 24 horas en mayo y junio exigiendo la dimisión de Boluarte, mientras que los sindicatos de profesores anunciaron huelgas en apoyo de la “Tercera Toma de Lima” liderada por organizaciones indígenas, prevista para el 19 de julio.
En marzo y abril, los educadores de Bolivia llevaron a cabo importantes huelgas, bloqueos y manifestaciones en todo el país para protestar por el “déficit histórico” de horas no pagadas y el deterioro de las condiciones de trabajo en las escuelas. Los profesores no cobraron gran parte del tiempo que enseñaban a distancia, y muchas escuelas dependen de las asociaciones de padres para recaudar dinero para salarios.
El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce reaccionó enviando a la policía antidisturbios contra los manifestantes y declarando que los profesores no tienen derecho a la huelga. Desde las últimas grandes manifestaciones del 1 de mayo, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana ha seguido anunciando nuevas movilizaciones “en las próximas semanas”, pero las ha aplazado indefinidamente.
En Costa Rica, miles de estudiantes universitarios y profesores de todos los niveles marcharon el 20 de junio hacia el Congreso para protestar contra los recortes presupuestarios en educación destinados a reforzar la policía, en las primeras grandes manifestaciones contra el Gobierno derechista de Rodrigo Chaves.
En la República Dominicana, los profesores celebraron repetidas huelgas y grandes manifestaciones en mayo y junio para exigir mejores salarios y pensiones, así como mejores condiciones de trabajo, incluida la entrega de libros y material didáctico, comidas escolares, más personal, una cobertura médica adecuada y la finalización de numerosos edificios escolares inacabados.
A finales de mayo, los profesores celebraron en Jamaica una huelga nacional de dos días para reclamar alzas salariales, cuestión que aún no se ha resuelto.
A lo largo del mes de junio, en Honduras se produjeron casi a diario ocupaciones de escuelas por parte de padres, profesores y alumnos, debido principalmente a la escasez de personal. Tras dos años de clases a distancia en condiciones de pobreza generalizada y altos índices de analfabetismo entre los padres, miles de alumnos siguen sin profesores.
En febrero, los profesores del Cauca, Colombia, acamparon durante dos semanas frente al Congreso para exigir una mejor atención sanitaria. Y a finales de marzo, más de 10.000 profesores de Bogotá hicieron huelga y se manifestaron contra el trabajo excesivo, los recortes salariales y la falta de personal, y fueron objeto de represalias.
Fuera de América Latina, en las últimas semanas estallaron huelgas continuas del personal de las universidades de Reino Unido y votaciones a favor de huelgas de los maestros de Inglaterra en relación con los salarios, las pensiones y la falta de personal; una huelga de casi un mes de duración de 150.000 profesores de Rumanía que exigían un importante aumento salarial; una huelga de los profesores portugueses en relación con los salarios; huelgas de los trabajadores de las universidades públicas de Eslovenia; y una huelga indefinida de los profesores suplentes de Cataluña, entre otras luchas.
En la expresión más avanzada del actual resurgimiento de las luchas docentes, los Comités de Base de Seguridad de los Educadores de Michigan se movilizaron la semana pasada hasta la planta de camionetas en Warren, cerca de Detroit, para luchar por la unidad de los educadores y los trabajadores automotores en una lucha contra los despidos y los recortes presupuestarios, ya que ambos sectores de trabajadores se enfrentan a importantes batallas contractuales en las próximas semanas y meses.
Esta lucha, que debe extenderse a todas las grandes industrias y más allá de las fronteras nacionales se está organizando como parte de la construcción de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base. La AIO-CB fue creada en 2021 por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional para coordinar la necesaria contraofensiva internacional de la clase obrera contra la desigualdad social, la explotación, la guerra, la pandemia del COVID-19, el cambio climático y todos los grandes problemas sociales, junto con su fuente: el capitalismo.
(Publicado originalmente en inglés el 29 de junio de 2023)
La iniciativa busca acercar la conversación a todas las personas, de manera amable, educativa y cercana, intentando derribar mitos y superar los temores que existen en la ciudadanía.
El pasado 14 de julio, Fundación Niñas Valientes lanzó su nueva campaña comunicacional “D(ESI)DIR: la educación sexual que queremos”.
La iniciativa se estará publicando a través de sus redes sociales (@ninasvalientes), estando compuesta por gráficas educativas, informativas y emotivas, que se complementan con videos a personas famosas como Francisco Melo, Francisca Imboden, María José Castro (Lady Ganga) y Belén Soto además de personas no famosas, quienes nos cuentan cómo fue su educación sexual y cuáles son sus sueños en la materia para nuestro país.
Igualmente, tendrá relatos de personas expertas que señalan la importancia de implementar esta educación desde la niñez, buscando terminar con mitos y desinformación.
“En tiempos de desinformación, la información de calidad es más necesaria”
En la instancia, desarrollada en Fundación Prodemu, la organización presentó los resultados de la consulta ciudadana desarrollada sobre la educación sexual en Chile, los que fueron la base para la construcción de la campaña.
Daniela Tejada, coordinadora de la participación adolescente UNICEF, fue una de las panelistas invitadas a comentar los datos de la consulta ciudadana, donde señaló: “En tiempos de desinformación, la información de calidad es mucho más necesaria para poder tomar decisiones y poder hacer políticas públicas, basadas en evidencia, que apunten realmente a resolver los problemas que tenemos como sociedad. Me alegra mucho contar con esta información para movilizarla y generar incidencia”.
Además, aprovechó la instancia para valorar los datos levantados por la organización: “Los datos muestran que la Educación Sexual Integral no está llegando, o está llegando muy tarde. Hay distintos grados de cómo la falta de educación sexual puede impactar en la niñez. Tenemos que llegar con información adecuada para que cada persona pueda tomar esas decisiones de una forma adecuada y las razones para formar una familia sean las correctas”.
La campaña busca acercar la conversación a todas las personas, de manera amable, educativa y cercana, intentando derribar mitos y superar los temores que existen en la ciudadanía.
En esa línea, Carla Ljubetic, directora ejecutiva de la fundación, afirmó: “No podemos seguir postergando una conversación que es sumamente urgente. Para avanzar hacia una educación en afectividad y sexualidad en Chile, necesitamos conversar y escuchar desde la apertura y el diálogo real, para entender cuáles son los miedos y a qué nos referimos cuando hablamos de ESI”.
“Necesitamos amplificar el mensaje para llegar a todas las personas y que, como país, podamos D(ESI)DIR la educación sexual y afectiva que queremos tener, porque, si no lo hacemos hoy día, vamos a seguir llegando tarde”, concluyó.
El evento fue un espacio de encuentro y conversación acerca de la realidad que se vive sin educación sexual, donde también participaron representantes de otras organizaciones y espacios vinculados con las niñeces y juventudes como UNICEF, Prodemu, INJUV, Fundación para la Confianza, la Red Niñez Valiente y Secundarias Chile.
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