América del Sur

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Chile: Ximena Ordenes Neira “El desafío es avanzar en la gratuidad total en educación superior”

Noticias

Chile / www.rln.cl / 2 de Agosto de 2017

Luego de desarrollar un análisis de la propuesta del Gobierno de la gratuidad en educación superior para el 60% de las familias de menores ingresos del país, que hoy se discute en el Congreso, la candidata al senado por Aysén, Ximena Ordenes Neira, afirmó que se debe seguir aumentando la gratuidad en educación superior como una medida de equidad y desarrollo para las familias de la región.
Aysen.- Actualmente, gracias a la Gratuidad 2017, las familias correspondientes al 50% de menores ingresos de la población, cuyos miembros estudian en instituciones adscritas a este beneficio, no deben pagar el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración formal de la carrera. En esta misma línea, para seguir avanzando en este derecho, hace unos días la cámara de Diputados aprobó aumentar este beneficio a un 60%. Al respecto, Sebastián Piñera candidato de Chile Vamos planteó mantener la gratuidad solo en el 50% y señaló esperan revertirlo en el Senado.
En este aspecto, Ximena Ordenes afirmó que si bien el aumento del quinto al sexto decil es valorable, es importante continuar más allá con la gratuidad universal, ya que este porcentaje no garantiza una educación superior para la mayoría de los ayseninos y ayseninas, pese a que tengan una situación económica desfavorable.
Sobre el punto, desde el primer al quinto decil se encuentran las familias que tienen un ingreso per cápita menor a $154.166, estas son las familias que hoy tienen derecho a la gratuidad. En el caso del sexto decil, que es lo que se quiere aprobar, son parte las familias que tienen un ingreso menor por persona a los $193.000.
Por ejemplo, si la madre y el padre de una hija o hijo único trabajan, sumando su ingreso total es de $600.000, no tendrían derechos a gratuidad. Esto se debe a que al calcular el ingreso por persona, es de $200.000. Si se ubica este monto en la tabla de deciles, se ubicaría en el séptimo decil, es decir esta familia no podría optar a gratuidad en la educación superior, ni aunque se apruebe en el Senado el 60% de gratuidad, ejemplificó la candidata.
“El arancel promedio de una ingeniería está por sobre los $300.000 mensuales, es decir la mitad del ingreso de la familia descrita anteriormente, la que hoy y el próximo año, pese a que se apruebe la Ley, no estaría incluida en la gratuidad, lo que no va de la mano con el proyecto de un país equitativo que aspiramos y por ello el desafío es avanzar en la gratuidad total en educación superior”, concluyó Ximena Ordenes.

Fuente: https://www.rln.cl/noticias/regional/34840-ximena-ordenes-neira-el-desafio-es-avanzar-en-la-gratuidad-total-en-educacion-superior

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Los vividores de la paz

José Antonio Gutiérrez

Por: José Antonio Gutiérrez

Durante muchos años se dijo que quienes se oponían a la paz, y específicamente las fuerzas detrás del uribismo, eran los sectores que “vivían de la guerra”. Bien se sabe que la guerra ha significado miles de millones de dólares, que se han canalizado en contratos, sueldos y viajes que han beneficiado a un sector de la población que jamás tuvo que poner una gota de sangre en el enfrentamiento armado, pero que recogió esos millones a manos llenas. Hoy tenemos un nuevo fenómeno: los vividores de la paz. En realidad el fenómeno no es tan nuevo: desde hace décadas que existe un sector de profesionales, tanto de derecha como de izquierda, que han hecho carrera como mediadores y asesores en un conflicto en el cual no han tenido parte directa. Ahora se re-enc0802auchan ya no como mediadores en el conflicto, sino que como gestores de paz, asesores del post-conflicto, pedagogos de la paz, etc. Al parecer, gran parte de los recursos que la comunidad internacional ha destinado para el post-conflicto, se quedará enmarañada en esa telaraña de asesores, gestores, pedagogos, mediadores profesionales; irá, como siempre, a las ONGs y fundaciones que se inventen, y muy poco es lo que llegará a las comunidades que verdaderamente padecieron el rigor del conflicto armado en carne propia. Es la historia del país y es la historia de la cooperación internacional. Como dice un proverbio haitiano, la plata va a donde ya hay plata.

Un ejemplo de esto se puede ver, a pequeña escala, en la zona rural del municipio de Pradera en el Valle del Cauca. Un dirigente del sindicato campesino ASTRACAVA, adherido a Fensuagro, nos explica que “hasta ahora, a las administraciones no se les ve voluntad política de ayudar a que el proceso sea más efectivo acá en el municipio. Sigue implementando el gobierno sus políticas de limosnas, programitas que toda la vida ha utilizado para mantener el pueblo adormecido… antes peor, porque la politiquería está cogiendo es fuerza, porque como ya no hay FARC, están volviendo los politiqueros a los pueblos más alborotados que antes y creando grupitos para llegar a la comunidad. El post-acuerdo le está abriendo las puertas a los politiqueros y los corruptos para que sigan haciendo de las suyas. Esto no está nada fácil”.

Sobre la aparición de organizaciones con el único fin de captar recursos por parte de oportunistas, nos explica este dirigente que esto no es un problema que se viva sólo en Bogotá y las grandes ciudades, sino que de la mano de estos politiqueros, es un problema que ya se está viviendo en las mismas comunidades. “Por ahí andan hablando de crear un Consejo Comunitario allá en Bolo Blanco, Retiro, La Feria, El Nogal, donde nunca ha habido afros. Dentro de ellos hay unos educadores rurales. Esto no es algo tan inocente, porque estamos buscando la figura de una Zona de Reserva Campesina para la parte alta de Pradera, y esto enredaría todas las cosas. Bolo Blanco está complejo, porque también están hablando individualmente con campesinos para que firmen para declarar el territorio zona protegida, que sería otro complique. Y andan también los soldados del Batallón Codazzi haciendo dizque desminado humanitario, pero eso debería ser con las FARC-EP, y ellos andan solos… pensamos que andan haciendo inteligencia, viendo los recursos del territorio y estudiando a la comunidad, quizás tienen contratos en mente para empresas extranjeras, no sabemos, pero hay mucha desconfianza que se hagan las cosas así”.

“También los politiqueros andan creando asociaciones en San Isidro… acá inventaron una que se llama ASCASP. Primero le habían colocado Comité Cívico y Social de San Isidro, y nosotros les dijimos que ese nombre era prácticamente suplantar la Junta de Acción Comunal legítima y entonces se inventaron ese otro nombre. Ahí hay unos funcionarios públicos de la actual administración [ed. del Partido de la U], una educadora, algunos pensionados que llegaron a vivir comprando fincas de veraneo y alguna población flotante, que de pronto vienen de vez en cuando a la comunidad. De todo menos campesinos, si hay habrá tres, como mucho, creo que uno, pero poquiticos, que se han dejado influenciar por los politiqueros. ” Se está hablando de mucha plata, y eso, para los oportunistas, es como miel para las abejas.

“Hay muchas expectativas”, nos dice una compañera de la Junta de Acción Comunal de San Isidro, “hablan de plata por todas partes, de muchos recursos, pero no se ve plata ni para la gasolina de las maquinarias. Ahora el alcalde dice incluso que están quebrados”. Pradera es una de las zonas priorizadas para el post-acuerdo mediante los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, los PDET. “Pero en el PDET está claro que deben participar es organizaciones consolidadas, los que hemos frenteado todo el proceso y no unos advenedizos que andan politiqueando”, dice el dirigente de ASTRACAVA. La compañera de la Junta agrega que “el PNUD está apareciendo a hacer acompañamiento con las comunidades, dizque para construcción de paz, implementación de los acuerdos y los PDET. Se les ve mucho afán de penetrar a los territorios, como para darse reconocimiento, llegar a ser contratantes en el tema de implementación, como para posicionarse. Lo mismo el Instituto Mayor Campesino, cuando ellos nunca hicieron presencia en los territorios y menos con los temas que andan ahora, de diplomados. Nunca los llegamos a ver en el territorio cuando la vaina estaba pesada, cuando fue tan fuerte el paro que se hizo agrario, porque ellos en una presentación dijeron que acompañaban el tema de derechos humanos. Pero el PNUD nunca se apareció entonces, a pesar que tuvimos muertos, heridos y detenidos. Y ahora con la implementación aparecen como un gran apoyo según ellos. Vienen trabajando muy de la mano con la gobernadora”.

El dirigente campesino termina con una reflexión sobre el rol que todo este negocio del tema de la paz está teniendo frente a los procesos organizativos que tanto sudor y sangre les han costado. “Eso ayuda a que la comunidad se fragmente porque hasta ahora el gobierno no invierte nada para el desarrollo de las comunidades, y los politiqueros aprovechando cualquier migaja que llega, desde la administración, la captan para ellos utilizarla diciendo que eso es gestión de ellos, y que le traen ayuda a la gente. Utilizan la poca inversión del municipio para engañar a la gente, diciendo que es gestión de ellos, cuando eso es deber de la alcaldía. Los programas asistencialistas los utilizan es para hacer politiquería”.

El gobierno no tiene un presupuesto para la construcción de paz y el cumplimiento de los acuerdos adquiridos con los insurgentes de las FARC-EP. Antes bien sigue aumentando el presupuesto militar; en temas como la sustitución de cultivos ilícitos, se muestra incapaz de comprometer una cifra cercana como la que ha invertido en la guerra contra las drogas. Así las cosas, las perspectivas para el acuerdo ya no se ven sólo difíciles por la falta de voluntad política, sino que también por mera incapacidad fiscal. Incapacidad fiscal que, hay que decirlo, también se deriva de falta de voluntad política. Así que lo que se logre implementar, pasará fundamentalmente por la asistencia internacional, que a través de múltiples agencias, ya viene llegando. Todos alistan los colmillos y las chequeras. Cada uno ve qué saca con la industria de la paz. Ya hay los que están formando sus nuevas ONGs como gestores, promotores o pedagogos de paz. Alguno habrá que acumule ganancias. Las comunidades, sin embargo, seguirán acumulando, con toda seguridad, carencias, violencias e incumplimientos.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229732

 

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Chile: Diputado Flores amenaza con no aprobar reforma a la Educación Superior

Noticias

Chile / www.biobiochile.cl / 2 de Agosto de 2017

El diputado DC Iván Flores amenazó con rechazar el proyecto de reforma a la Educación Superior si no son incluidas 3 universidades privadas con vocación pública.

Así lo dijo el parlamentario por el Distrito 53 Iván Flores, quien consignó que si la Universidad Federico Santa María, Universidad de Concepción y Universidad Austral de Chile no son incluidas, revertiría su apoyo a los proyectos en curso.

Flores apoyó el proyecto de Reforma de Educación Superior, pero exige que se incluyan en los beneficios los tres recintos de regiones que no fueron considerados en la reforma.

El diputado dijo que espera que en el Senado se formalice la solicitud de considerar a dichas casas de estudio.

El congresista enfatizó en que esto es importante para la región, porque lo que le pase a la UACH, le pasará también a toda la región de Los Ríos por su influencia en términos de movilidad económica, de empleo y de formación de capital humano para el desarrollo local.

Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-rios/2017/07/31/diputado-flores-amenaza-con-no-aprobar-reforma-a-la-educacion-superior.shtml

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Las barreras del sistema financiero y el sistema de garantías crediticias

Francisco Navarro

Por: Francisco Navarro

En el análisis de la estructura económica de una región un punto esencial es el estudio en profundidad de su tejido productivo y los elementos inherentes a su composición y lógica de funcionamiento. Esto nos ayuda a explicar dinámicas que se reproducen en relación a la concentración del capital y de la riqueza, desigualdad, precariedad y fragilidad productiva. Para entender estos procesos se hace imprescindible analizar críticamente el papel que tienen en la economía latinoamericana las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), especialmente debido a su protagonismo en la construcción del tejido productivo. Estas unidades de producción, presentes en todos los sectores, representan más del 95% de las empresas de la región y crean más del 70% de los puestos de trabajo[1]. Sin embargo, su contribución al PIB (30%) y a las exportaciones (10%) es muy inferior y presentan importantes debilidades en términos de productividad, economía informal, precariedad y, de forma generalizada, un esquema discriminatorio de oportunidades económicas en relación a la gran empresa que gana claramente el juego del libre mercado.

En este sentido, uno de los puntos esenciales que suele tratarse es el de la situación de discriminación negativa en la que se encuentran las MIPYMES en relación al acceso al crédito. Estas unidades de producción son las que más exigencias de garantías se encuentran para recibir un crédito y las que pagan mayores intereses y comisiones. Y eso cuando logran su obtención, puesto que menos del 40% tienen esa oportunidad real. Así, el mercado de crédito privado es altamente ineficiente, encarece o excluye muchos proyectos productivos social y económicamente viables, y los aboca a la autofinanciación o desaparición, perjudicando al empleo y al crecimiento económico. Pero además esta discriminación negativa convive con una de positiva para la gran empresa potencializando dinámicas lógicas del libre mercado, es decir, la concentración del capital y generación creciente de la desigualdad.

Vale la pena hacer una breve referencia a los antecedentes político-históricos para entender la situación actual de los mercados de crédito y no caer en el error de que es resultado del “curso natural de las cosas”. Tal y como se explica en el trabajo Eliminando barreras: el financiamiento a las pymes en América Latina[2], la actual estructura de los sistemas financieros son resultado de las políticas de carácter neoliberal que penetraron en la región en los años noventa haciendo retroceder la participación del sector público a favor del avance de la actividad privada. De hecho, en el mismo documento se evidencia como en aquellos países donde existe una mayor presencia de la banca pública, de un banco de desarrollo y una menor concentración bancaria y presencia de capital extranjero, el acceso al crédito para las MIPYMES es más favorable. Queda claro la imperante necesidad de la presencia del sector público para modificar la correlación de fuerzas del mercado financiero que desemboca en una situación ineficiente y éticamente indeseable.

Una medida importante de política económica en esta dirección son los sistemas de garantías crediticias[3], los cuales tienen el objetivo de facilitar y abaratar el acceso al crédito, especialmente a las MIPYMES, mediante avales o fianzas, complementado con servicios de asesoramiento y seguimiento financiero y burocrático. Aunque con formas y estructuras heterogéneas, los sistemas de garantías crediticias han experimentado un importante crecimiento y desarrollo en la región en el presente siglo, financiado casi por completo por fondos públicos y teniendo buenos resultados en cuanto a la mejora en el acceso y el abaratamiento del crédito. De acuerdo al trabajo “Clasificación de los sistemas de garantías desde la experiencia latinoamericana” del Banco Interamericano de Desarrollo, el 90% de las MIPYMES que obtuvieron un crédito bajo un sistema de garantías lo hicieron con una mejora en los costes de financiación, correspondiéndose en más de la mitad de los casos con una reducción del tipo de interés superior al 3%. No obstante, estos buenos resultados siguen siendo cuantitativamente muy poco significativos en relación a la totalidad del crédito otorgado[4] y persisten las enormes dificultades y costes de acceso al crédito en general para las MIPYMES. Es necesario, por lo tanto, explicitar algunos de los elementos más importantes que deben tenerse en cuenta en la construcción y mejora de los programas de garantías crediticias.

  • Un elemento de debilidad que se observa en primera instancia se corresponde con su insignificante importancia cuantitativa en relación a la totalidad de los créditos concedidos y las múltiples limitaciones en cuanto a la disponibilidad de recursos para cumplir con los compromisos de estos programas. Como se comenta arriba, la inmensa mayoría de los fondos que financian los distintos sistemas de garantías se apoyan en los presupuestos públicos y las distintas iniciativas para captar financiamiento privado, especialmente mediante las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), no han tenido resultados significantes. Es evidente que este ámbito requiere un intenso esfuerzo, no solo en cuanto a un mayor peso en los presupuestos públicos sino en la innovación estratégica que orienten fondos existentes en la economía hacia estos programas. Un ejemplo son las reservas excedentarias que tiene el sistema bancario en los distintos países de la región que en última estancia son los ahorros de los ciudadanos y que en muchas ocasiones tienen un papel ocioso. Mediante operaciones de compra-venta de títulos con una institución financiera de carácter público, pueden obtenerse recursos que financien los distintos programas de garantías crediticias. De hecho, esto puede ampliarse al resto de los recursos que tiene el sistema bancario y que deben buscar mecanismos que incentiven su canalización hacia estos objetivos. En definitiva, no debe descartarse la entrada de recursos privados pero bajo la gestión pública de acuerdo a los objetivos de política económica y desarrollo estipulados democráticamente.
  • En otra instancia, la colaboración público-privada debe reforzarse especialmente en la normalización, estandarización y simplificación de los procesos de estudio y otorgamiento de crédito bajo los programas de garantías. A parte de la insuficiencia de recursos, mayoritariamente se encuentran problemas en relación a la burocratización del proceso y a los tiempos de aprobación y pago de garantías. De hecho, existe una falta de confianza que genera una minusvaloración de las garantías financiadas con fondos públicos.
  • Incluso este último abanico de debilidades se sucede también para el caso de los créditos otorgados por la banca pública o banca de desarrollo. Actualmente existe una falta de colaboración importante debido a una falta de experiencia y conocimiento sobre el sistema de garantías. Debe establecerse en la banca pública un espacio o departamento especializado, independiente de estos movimientos de personal, donde se trabaje conjuntamente con el Sistema de Garantías.
  • Los sistemas de garantías deben ofrece un servicio integrado que incluya asistencia técnica y asesoramiento a la PIPYMES, entre otras herramientas. Existe actualmente insuficiencias destacables en este aspecto que limita su potencial de actuación.
  • Un elemento destacable es el de las comisiones y resto de costes que la garantía del aval conlleva. El coste medio de la comisión es algo superior al 2,5% anual sobre el capital avalado y el coste de estudio ronda el 2%. Existe una cierta diferenciación de precios que depende del riesgo del plazo y del importe de la operación. Si se quiere ser coherente con los objetivos de justicia de los sistemas de garantías, debe procederse en este aspecto de forma progresiva evitando que estos costes supongan un esfuerzo excesivo para determinados beneficiarios. A modo de ejemplo, pueden bonificarse bajo ciertos criterios como la renta, el género, la edad o para inversiones iniciales.
  • Por último, cabe advertir que en la actualidad el desarrollo de un sistema de garantías corre el serio riesgo de convertirse sobretodo en un producto para la banca privada que le ahorre parte del riesgo de su inversión y le libere recursos para aumentar su dinámica de acumulación en aquellos espacios que respondan a su interés pecuniario. Por este motivo, estos programas deben responder estrictamente a una política pública de planificación económica con el objetivo de un desarrollo socioeconómico sostenible para el país en particular y la región en general. Financiando así proyectos de sectores productivos y sociales que respondan a estos criterios y objetivos definidos colectivamente.

Notas:

[1] Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

[2] Documento realizado en el marco de cooperación CEPAL- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

[3] Medida existente en el marco de desarrollo de distintas políticas de financiamiento para las MIPYMES, donde predomina en muchos países los créditos directos mediante la banca pública.

[4] No existen datos homogéneos para la región del peso de los distintos sistemas de garantías en el crédito total y el otorgado a las MIPYMES. El dato más homogéneo que tenemos en este sentido se corresponde con el monto de garantías vivas en relación al PIB. En este sentido los datos muestran como en la región este monto tiene un peso cercano al 50% de la media de los países de la OCDE, por ejemplo, y muy lejano de Corea del Sur y Japón, o China en menor medida, donde los sistemas de garantías tienen una importancia mucho más destacable que en el resto del mundo. Lo que hacen que estas economías tengan un especial interés para el estudio de los sistemas de garantías (ver el trabajo “SME and Entrepreneurship Financing: The Role of Credit Guarantee Schemes and Mutual Guarantee Societies in supporting finance for small and medium-sized enterprises” de la OCDE).

Francisco Navarro, investigador CELAG.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229711

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Para la OCDE el Banco Central argentino es independiente

Noticias

ARGENTINA / www.telam.com.arg / 2 de Agosto de 2017

La directora de Gabinete de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), Gabriela Ramos, afirmó en entrevista exclusiva con Télam que «es evidente que el Banco Central es independiente» y aclaró que con el cambio demográfico «en el mundo hay que repensar los sistemas de pensiones».

En una entrevista a Télam, a la directora de Gabinete de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), Gabriela Ramos, se le preguntó sobre  la falta de independencia del Banco Central y la reestructuración de las edades para jubilarse y la respuesta fue la siguiente:

«Es evidente que el Banco Central es independiente y que tiene muchos de los criterios de la desvinculación del nombramiento del gobernador (presidente) con los ciclos políticos y el cambio de gobierno. Sí creemos que podrían haber algunos criterios adicionales para fortalecer esa independencia. Por ejemplo, que el gobernador no pueda ser removido. Pero no nos quita el sueño: es una cuestión de formalizar algo que existe. En cuanto a las pensiones, es evidente que con el cambio demográfico, no sólo en la Argentina sino en el mundo, y el cambio de perfil de los trabajadores, con el advenimiento del trabajo digital, de los contratos temporales, estamos cambiando el perfil de cómo funciona la economía. Por lo tanto, hay que repensar los sistemas de pensiones.
Es una recomendación que hacemos a todos los países miembros: que revisen la cuestión de la edad de retiro. Alemania, por ejemplo, indexa la edad de retiro conforme avanza la esperanza de vida. Los 65 años se determinaron cuando la gente vivía 80 años promedio. Ahora viven 90. No hay sistema presupuestario que aguante una población que vaya a estar en retiro sin tener la base productiva abierta. El de Alemania es un ejemplo interesante.

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201707/196724-ocde-gabriela-ramos-directora-banco-central-independiente.html

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Aún sin ser admitida, Colombia ya aporta a club de avanzados

Entrevistas

Colombia / www.eltiempo.com / 2 de Agosto de 2017

Rolf Alter, director de Gobernanza Pública de la Ocde, hace una valoración del país.

Aunque la fecha en la que Colombia será admitida en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sigue siendo incierta, el país “ya está aportando a la Ocde”, según Rolf Alter, director de Gobernanza Pública de este organismo que reúne a naciones avanzadas.

Tras su participación en el seminario internacional para un ‘Nuevo enfoque del control fiscal en Colombia’, organizado por la Contraloría General, el funcionario dijo que hacen una valoración objetiva del país, pero no se detienen en el hecho de si hay o no hay corrupción. Así habló con EL TIEMPO.

¿Qué barreras quedan por superar para el acceso de Colombia a la Ocde?

El proceso ha tenido avances. Hay 23 comités de valoración y la mayoría ya han dado una opinión formal y positiva. La siguiente etapa, después de completarlos todos, es tomar estas opiniones y entregárselas a la junta directiva, un buró en el que están los 35 embajadores de los países miembros de la Ocde y el secretario general. Ellos toman la decisión final.

¿En la evaluación tienen en cuenta momentos como el de ahora, en el cual ha habido un destape de corrupción?

En el proceso de acceso no se valora si hay o no corrupción, sino las políticas aplicadas para luchar contra la corrupción y para mantener la integridad de la administración.

Además, en el caso del escándalo Odebrecht es algo que atañe a toda Latinoamérica. La corrupción está presente en muchos países de la Ocde. Tomamos en cuenta que este gobierno ha preguntado qué puede hacer para prevenir la corrupción.

Desde esa perspectiva, lo que se entra a valorar es la capacidad del Gobierno para adoptar las políticas y llevarlas a la práctica. Ser coherente con las políticas y los estándares de la Ocde es lo que da el acceso.

¿Qué pasa si la Ocde hace una recomendación y el país no la puede cumplir? ¿Retrasa eso el ingreso?

La Ocde no negocia el acceso sino que valora. Como es un club de buenas prácticas, cuando un país ingresa tiene el compromiso de tratar de cumplir con los estándares de los países miembros. Es una decisión, no una imposición.

La Ocde no tiene dinero para dar, sino que coopera con buenas prácticas.

No se trata de dinero, sino de competencia. Ejemplo, ¿cómo puede Colombia medirse en ingresos tributarios con países que los tienen muy altos?

Es un asunto de aprendizaje. Hay países grandes y pequeños que están en la misma mesa (en la Ocde). No es cuestión de quién es más rico o más pobre, sino de intercambiar prácticas.

¿Qué práctica cree que podría aportar Colombia a los países de la Ocde?

Colombia ya contribuyó a las buenas prácticas, y te doy un ejemplo. Es el único país que ha desarrollado una valoración de los servicios de justicia. Es un aporte a esa mesa.

La gente se sintió muy sorprendida cuando Colombia llegó a la Ocde con esa valoración.

Y, de una recomendación nuestra, en gobernanza, que fue acerca de cómo debe organizar el gobierno central, algo que el país acogió, y ya Perú está interesado en mirar la experiencia para ver si puede adaptarla a su realidad.

Fuente: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-ya-aporta-a-club-de-avanzados-de-la-ocde-114766

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Venezuela: Por la Constituyente sí, pero también contra Trump y el intervencionismo

Aram Aharonian

Por: Aram Aharonian

El mundo no se acabó el 30 de julio, y Venezuela tampoco, pese a que la campaña contra la Asamblea Nacional Constituyente tuvo en el presidente estadounidense Donald Trump a su comandante en jefe, secundado por varios injerencistas e intervencionistas regionales y mundiales de segunda línea. Y posiblemente esta elección abra la posibilidad de construir un acuerdo negociado entre gobierno y oposición con una visión de coexistencia entre las partes.

A pesar del rechazo por parte de la oposición venezolana, de la exigencia de 13 de los 34 países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de suspenderla, de las advertencias hechas por la Unión Europea que este proceso aumentaría el riesgo de confrontación en el país, de las recientes sanciones concretadas por Washington y de la intensa campaña de terror mediático internacional, los miembros de la Constituyente se eligieron este domingo en una fiesta cívica a la venezolana.

El apoyo a esta elección de constituyentes en Venezuela –y así a la continuidad del gobierno bolivariano- llega tras el triunfo de Daniel Ortega y el sandinismo en Nicaragua y de Lenín Moreno en Ecuador, junto al debilitamiento de gobiernos neoliberales como el golpista brasileño de Michel Temer y el de Mauricio Macri en Argentina, y el posicionamiento de la oposición progresista en Honduras y Paraguay.

La masiva concurrencia demuestra el nivel de conciencia alcanzado por el pueblo desde 1999. La gente salió a derrotar la violencia, el terror, asumió su épica de manera personal (cruzando arroyos y ríos, calles bloqueadas, evadiendo paramilitares y malandros), haciendo lo imposible para cumplir con su deber cívico, político, ético, moral… superando las amenazas de adentro y de afuera. Haciendo recordar aquel 13 de abril de 2002 cuando ese mismo «pueblo bravío» salió a las calles, constitución en manos, a demandar el retorno de su presidente constitucional Hugo Chávez, derrocado brevemente por un golpe cívico-militar.

Pero ese apoyo recibido por el gobierno de Maduro incluye un necesario golpe de timón, que incluya las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales para el fortalecimiento de un estado socialista, basado en las comunidades, en los intereses populares. También habrá que lidiar con los que desde adentro destruyen el legado de Chávez, y con los apátridas dispuestos a entregar Venezuela -y sus frecursos naturales- a los intereses de Estados Unidos y las corporaciones trasnacionales.

Es difícil para EEUU y sus repetidoras aceptar la realidad. La verdad-real se impuso a la verdad-mediática, a la posverdad, lo que no significa que no continúen en su intento de condenar, demonizar, aislar a Venezuela bolivariana, locomotora del renacimiento del ideal de integración regional. Es difícil que los líderes de la oposición varíen su rumbo, a pesar de su falta de credibilidad y sus fracasos en cadena: la violencia no da réditos.

Despertar de golpe a la realidad

Habitualmente, cuando la oposición venezolana trata de dar un golpe de Estado (hace tres lustros que lo intenta) el chavismo se reagrupa y crece, y ahora más en el marco del rechazo a las declaraciones y amenazas a granel de Trump (quizá convertido sin quererlo, en el mejor apoyo a Nicolás Maduro) y la injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela. Pocos esperaban esta movilización popular, esta afluencia de votos.

Parroquia Padre Barral, Delta Amacuro: el pueblo warao se moviliza para votar.

Hubo otras acciones que contribuyeron a que muchos votaran, como el aumento sustancial de la distribución de alimentos y la práctica eliminación de las colas de horas para abastecerse; los periódicos reajustes de los sueldos y las pensiones; el rechazo de muchos opositores a las acciones violentas financiadas por sus dirigentes a delincuentes y paramilitares, y la organización de las bases chavistas para orientar a los votantes.

Sería irreal pensar que un acto electoral daría por terminado el conflicto político, pero hay una pieza nueva en el tablero de ajedrez: la existencia de una Asamblea Constituyente que bien puede profundizar el conflicto, o ayudar a superarlo con un llamado a un proceso de negociaciones, quizá con acompañamiento internacional. Las bases del acuerdo al que se arribe pudieran incluso constitucionalizarse de mutuo acuerdo y someterse a una consulta consensual antes de la elección presidencial.

La oposición, insuflada por el terrorismo mediático internacional que trató de invibilizar el acto cívico, declaró (como desde hace 18 años) el fraude antes incluso del acto electoral; señaló que no fue concurrido, que no vale y no es legal. Seguirán los argumentos enfrentados y contrastantes sobre lo acontecido.

El problema de fondo sigue siendo el económico. Mientras no mejore la economía, habrá malestar social y político. Para algunos analistas, agosto parece ser momento para que el gobierno se anime a modificar la política cambiaria y permitir que el empresariado comience a manejar sus propias divisas.

La semana anterior a la elección de constituyentes, y protagonizada por la Mesa de la Unidad “Democrática” (MUD), la cúpula empresarial y por la oposición política que siempre ha representado un papel antidemocrático, una nueva versión de paro cívico de julio de 2017, pretendió superar el rotundo fracaso de la puesta en escena en 2002-2003.

Esta vez intentaron una paralización ya no mediante el sabotaje de la empresa petrolera y la privación de la gasolina a los transportistas sino impidiendo la movilización de personas y de bienes; colocando obstáculos en las calles y promoviendo actos de violencia copiados de películas gringas: explosiones, incendios, violencia, armas, terror, fuego, y hasta héroes enmascarados con capas y escudos, a los que solo les falta volar.

“La lucha no solo va a continuar, sino que se va a profundizar con toda la fuerza y dignidad”, señaló el dirigente opositor Julio Borges. “Es un momento dramático y peligroso pero no la batalla final”, concluyó el exfuncionario chavista y ahora opositor Vladimir Villegas.

“La oposición está esperando el momento en que se establezca la ANC para anunciar un Gobierno paralelo. Esto será caldo de cultivo para la intensificación del clima de guerra y corremos el terrible riesgo de que se genere una guerra civil”, señaló Felipe Pachano Azuaje, profesor de la Universidad de los Andes

Mientras, la Iglesia Católica sigue respaldando el terrorismo y a la oposición, por todos los medios, pese a lo que diga el Papa. Es repugnante la utilización de las misas para imponer un punto de vista partidista, así como el uso supersticioso que hacen sacerdotes de versículos de la Biblia, como el que refiere al 666. Catolicismo no es cábala, señala el politólogo Puchi.

Hablando de cifras

Según la encuestadora Datanálisis, guionista habitual de la MUD, el 72,2% de los ciudadanos rechaza la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La mayoría de los dirigentes de la oposición dicen que el chavismo ha desaparecido, que el 80 % de la población se opone al gobierno. Si el 80% es opositor no se entiende el por qué de todo el esfuerzo y la violencia desatada para impedir que los ciudadanos concurran a votar.

Maira, Mérida: Ciudadanos cruzan el río Torbes para ir a votar, eludiendo el amedrentamiento de paramilitares.

La oposición especulaba que el miedo que lograron infundir en episodios en los que han quemado vivos ciudadanos, acciones violentas (más de 110 muertos y 1.500 heridos), como la destrucción de máquinas electorales en las fronterizas Táchira y Mérida, pudiera reducir la votación. Junto a ello sumaban las dificultades para transitar libremente a causa de las barricadas instaladas y el temor a ser baleado en el camino al centro electoral y de que marquen las casas de quienes voten, como hacían los nazis con las casas de los judíos.

No fue casualidad que la oposición haya “inventado” la cifra de 7.676.894 votos en el “plebiscito” interno realizado el domingo 16 (con escasa participación y actas quemadas ipso facto, sin que las revisara nadie). El Registro Electoral contiene unos 19 millones de ciudadanos. En las 20 elecciones realizadas desde 1999 se ha producido una abstención media del 20 al 25% (de 3.800.000 a 4.750.000 electores).

El chavismo ha logrado en promedio un 55% de los votos (que serían en esta elección entre 7.837.000 a 8.360.000 votos). De no alcanzar esa cifra “mágica” manejada por la oposición dos semanas atrás, podrían hablar de fracaso gubernamental.

EEUU tomó el mando

El pasado 13 de julio tuvo lugar una reunión secreta en la misión estadounidense de la OEA en Washington, presidida por el exrepresentante permanente de EEUU ante este organismo, Michael Fitzpatrick, y el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Cruz, con selectos invitados diplomáticos de Latinoamérica, el Caribe, Europa y Asia, a quienes instruyeron para iniciar una fuerte campaña mediática en contra de la Asamblea Constituyente y anunciaron sanciones contra Venezuela y los chantajearon para que sus gobiernos impusieran sanciones bilaterales, similares a las operadas por Estados Unidos.

Conscientes del fracaso de la OEA, avanzan con quienes pueden chantejear. Fitzpatrick y Cruz entregaron en la reunión copias de dos artículos que delinean la táctica político-ideológica del actual Departamento de Estado en su lucha contra el gobierno bolivariano: Un texto publicado el 23 de junio en The Wall Street Journal (“La última batalla por la democracia en Venezuela”) y “La bomba de hidrógeno de Maduro” publicado por “Caracas Capital Markets”, en la cual se llama a evitar la “cubanización” de Venezuela.

Las órdenes fueron respetadas: El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, tuiteó el 16 de julio que “suspender la constituyente” (…) “es el único camino para lograr la paz en Venezuela”; el colombiano Juan Manuel Santos, pidió el 17 de julio “desmontar la constituyente”, el mismo día que Trump dijo que “Estados Unidos tomará fuertes y rápidas medidas económicas”, palabras repetidas por los portavoces del Departamento de Estado Heather Nauert y Sean Spicer. Brasil, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico, Perú y México, se han sumado a la línea dictada por EEUU.

En completa concordancia con el “grupo de amigos” (injerencistas, golpistas) de Kirkpatrik y Cruz, la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, instó a Maduro a suspender la Constituyente y amenazó con que todas las opciones, incluidas las sanciones, “están sobre la mesa”.

¿Alguien a estas alturas le quedan dudas sobre los planes de Washington para Venezuela, a la sazón, dueña de la reserva petrolera certificada más grande del mundo, también de oro, y la cuarta más grande de gas? El problema de Washington es que la oposición ha fracasado en cada intentona (por las buenas, por las malas y las peores también), al igual que el “ministerio de las colonias” en el que intentan convertir nuevamente a la OEA.

La desvergüenza de los intervencionistas

Los grandes poderes de Occidente ya mostraron su voluntad de terminar con el actual gobierno de origen chavista. El viejo y corrupto líder del socialismo español, Felipe González, pide que las Fuerzas Armadas de Venezuela intervengan y den la solución; Luis Almagro, el uruguayo Secretario General de la OEA, convoca a su amigo, el argentino Luis Moreno Ocampo –ex Fiscal del Tribunal Penal Internacional-, para que analice la posible existencia de delitos de lesa humanidad y se pueda llevar a Tribunales Internacionales a autoridades venezolanas.

Mike Pompeo, Jefe de la CIA reconoce estar visitando a los gobernantes de Colombia y México para buscar un gobierno “estable y democrático” en Venezuela, dado que allí Estados Unidos tiene «profundos intereses».

Esta injerencia es un avance de la campaña de prensa (terrorismo mediático) que ya vienen desarrollando sobre la violencia existente en Venezuela. La mayor parte de los más de 110 muertos que lleva esa violencia tiene que ver con hechos provocados por sectores vinculados a la oposición y financiados por EEUU, España y Colombia, que crecen en el ejercicio de la violencia, mientras pierden en capacidad de movilización.

Quizá no sea correcto calificar todos los actos de violencia de calle como terrorismo. Pero el impedir por la fuerza y bajo amenaza que la gente salga de su casa sí tiene las características propias del terrorismo: es una acción contra la población civil, que se basa en la violencia y genera miedo o terror.

El semanario financiero The Economist en su edición del 29 de julio (un día antes del acto electoral) tituló: “Venezuela en el caos – Lo que el mundo debiera hacer”. ¿En nombre de quién, o de qué, “el mundo” debiese intervenir, hacer algo, inmiscuirse en lo que las reglas de la convivencia internacional suelen llamar ‘asuntos internos’?, pregunta Louis Casado. El “mundo” en este caso quiere decir los EEUU, agitador en jefe y financista de lo que ocurre en Venezuela, preconiza muros contra la inmigración, no contra sus intervenciones militares.

Hablan de caos, de guerra civil, cuando en 2014, según el FBI, hubo en EEUU 8 mil 124 muertes por disparos de armas de fuego, sin que nadie se conmoviese. Según el New York Times, en EEUU “la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego es de 31 por cada millón de habitantes, el equivalente de 27 personas asesinadas cada día”. En México se produjeron 1.938 homicidios solo en el mes de enero, parte de las decenas de miles de asesinatos cometidos por narcotraficantes y paramilitares. Pero, The Economist mira para otro lado, claro.

“Dar vuelta” esa información, al igual que ocultar las horrendas muertes -por el fuego- de gente del pueblo, producidas por los provocadores, no son errores, ni casualidades, son políticas pensadas en laboratorios inhumanos, destinadas a sembrar el terror y convencer a la opinión pública. Algo semejante ya se vino practicando en la guerra de Siria.

Desde una radio chilena que me entrevistaba me reclamaron que dijera que el domingo “no va a pasar nada”. “¿Pero usted no lee los diarios, no ve televisión?”, me espetó la periodista. Precisamente por ello, le respondí. Y le recordé que una de las pocas veces que Estados Unidos y la Unión Soviética se pusieron de acuerdo en la ONU fue para aprobar el reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir su propio destino.

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229720

 

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