Por: Ignacio Mantilla.
Por estos días, cuando se habla de las dificultades económicas por las que atraviesan las universidades públicas y cuando se debate sobre las aparentes fortalezas y conveniencias de programas como “Ser pilo paga” y otras iniciativas de créditos para adelantar estudios universitarios, y en general, cuando se defiende el subsidio a la demanda con preferencia al financiamiento de la oferta de las universidades públicas, aparece el falso argumento de la ineficiencia de las universidades públicas como causa de su desfinanciamiento.
Es mi obligación, por lo tanto, pronunciarme sobre este tema y muy especialmente, hacer énfasis sobre algunas de las verdaderas causas del problema financiero de las universidades del Sistema Universitario Estatal.
Desde la aprobación de ley 30 de 1992, actualmente vigente, las universidades públicas han aumentado su cobertura. En efecto, en 1993 teníamos unos 160.000 estudiantes de pregrado matriculados en las universidades públicas del país y actualmente hay cerca de 560.000. Hasta hace 25 años no había sino un par de programas de doctorado en el país, desarrollados en la Universidad Nacional. Actualmente hay cerca de 4000 estudiantes de doctorado y 1700 de especialidades médicas. En 2003 ya se contaban 19.652 estudiantes de posgrado en las universidades públicas, cifra que hoy se ha duplicado.
Estos números revisten especial importancia por cuanto el costo de la formación en posgrado, especialmente en programas de maestrías de investigación y doctorados, es considerablemente superior al costo de la formación en pregrado. En la Universidad Nacional, por ejemplo, los estudiantes de posgrado constituyen el 18 % de la población estudiantil actual y su costo semestral promedio es de 3 veces el de un estudiante de pregrado.
El decreto 1279 de 2003 estableció un régimen salarial para los profesores universitarios de las universidades públicas que incluyó factores nuevos tales como la productividad académica y los títulos universitarios, que tienen un peso especial en la remuneración. El impacto de este decreto ha mejorado los indicadores nacionales de investigación, pero ha implicado un incremento anual real adicional cercano al 3% en los salarios de los profesores, que las universidades públicas han cubierto con sus recursos propios.
Normas y sentencias en aspectos salariales, con posterioridad a la vigencia de la ley 30 de 1992, han contribuido al desequilibrio presupuestal de las universidades. (Ver documento del Sistema Universitario Estatal: “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia”). Así mismo, incrementos salariales por encima del IPC no han sido siempre garantizados por los gobiernos en los presupuestos de las universidades, teniendo éstas que cubrir con recursos propios las diferencias que se acumulan y crecen anualmente, por cuanto afectan también los aportes parafiscales. Su efecto se estima hoy en unos $300 000 millones.
La apuesta por mejorar y aumentar la formación de estudiantes de doctorado y maestría ha implicado, como es apenas natural, una transformación de una planta docente que para el año de expedición de la ley 30 estaba constituida en su mayoría, por docentes que sólo tenían un título de pregrado. A manera de ejemplo, en la actualidad, en la Universidad Nacional de Colombia 1459 de sus 3008 profesores tienen formación doctoral y 1271 tienen un título de maestría de investigación o de especialidad en alguna rama de la medicina. Esta alta cualificación docente ha demandado importantes recursos adicionales por el reconocimiento de títulos y publicaciones, pero también ha demandado esfuerzos económicos adicionales para el cubrimiento de comisiones de estudio que han permitido alcanzar estas cifras.
Las universidades públicas cuentan hoy con cerca de 2500 grupos de investigación, el 50 % del total del país, que requieren infraestructura, apoyo tecnológico, de cómputo, de comunicaciones, pero muy especialmente de equipos de laboratorios y de técnicos y operarios adicionales.
La misión social, que adicionalmente cumplen las universidades públicas para formar una población estudiantil vulnerable, obliga la implementación de programas de bienestar ambiciosos que garanticen la permanencia y faciliten el buen desempeño académico, con evidentes costos adicionales.
Los anteriores aspectos, entre otros, han producido unos costos de funcionamiento que crecen anualmente a una tasa real de 4 puntos por encima de los aportes que establece la Ley 30 de 1992 para tal fin.
Los esfuerzos adelantados por las universidades públicas por ofrecer educación y realizar investigación de alta calidad, mayor cobertura, alta cualificación docente y mejores condiciones de bienestar para sus estudiantes, así como el cumplimiento responsable de la ley y decretos reglamentarios atendidos con recursos propios, son las verdaderas causas de su desfinanciación.
Es irracional, entonces, que a pesar de mostrar contundentes resultados la política educativa se incline ahora a financiar la demanda de la educación superior en contra del apoyo financiero indispensable para las universidades públicas.
Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/por-que-impugnar-una-ley-que-beneficia-la-educacion-superior-columna-694629
Imagen: http://www.elespectador.com/sites/default/files/ef3e72fe1189b2ad147831189b92f55b.jpg
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