América del Sur

El análisis se realizó entre el 1 de enero de 2017 y el 28 de abril de 2022. Las agresiones van desde amenazas con armas de fuego hasta bloquear el acceso de los defensores a sus comunidades. La mayoría de las víctimas son mujeres.

María* vive al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el sur de Bolivia. La madrugada del 9 de marzo de este año salía rumbo a la ciudad de Tarija y, mientras caminaba, escuchó ocho disparos al aire muy cerca de ella. Entró en pánico y corrió hacia un lugar seguro, dejando su mochila en el piso. No alcanzó a ver a nadie pero desde ese día el temor la persigue a todos lados. Ella es una de las 38 víctimas detrás de los 191 ataques identificados en Bolivia por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) contra líderes ambientales por cuidar la naturaleza y su territorio.

El Cedib elaboró un mapeo de las defensoras y defensores bolivianos que sufrieron una o varias veces alguna amenaza o agresión, desde enero de 2017  hasta el 28 de abril de 2022. El hecho de que sean 191 ataques y solo 38 víctimas muestra que muchas personas recibieron múltiples ataques a lo largo del periodo analizado. La institución decidió no publicar la identidad de las víctimas para protegerlas de cualquier nueva amenaza.

Todas las agresiones se encuentran georreferenciadas y distribuidas en ocho categorías: judicialización, negativa de acceso a la información, chantajes y desprestigio, restricciones a la libertad de expresión, hostigamiento, restricciones a los derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias y atentados a la integridad física. Uno de los datos más impactantes del análisis es que todos los ataques registrados han quedado en la impunidad.

De acuerdo con Cedib, los ataques contra los defensores ambientales se focalizan en mellar su imagen pública, señalarlos, estigmatizarlos, hostigarlos, acosarlos por vías indirectas —que pueden ser administrativas o laborales—, intimidarlos y desgastarlos psicológicamente. Entre todas estas formas de ataque, también hay una estrategia que es muy común en Bolivia a la hora de agredir los liderazgos ambientales: la división de organizaciones indígenas o campesinas.

La defensa ambiental en Bolivia tiene rostro de mujer

Miguel Miranda, investigador del Cedib y responsable de la base de datos sobre agresiones a defensores del medio ambiente, explicó a Mongabay Latam que los casos incluidos en el estudio corresponden a personas que siempre hicieron uso de medios pacíficos para defender los derechos de la naturaleza y de sus territorios.

“Hemos incluido a personas que están en lucha de derechos y que pueden contarnos sus historias y a partir de ahí se arman los casos. Seguiremos alimentando la base de datos porque sabemos que hay muchos más casos”, destaca Miranda y añade que el Cedib recogió cada evento de violencia a través de información pública e hizo un llamado a cada una de las víctimas para conocer más detalles.

 

Según el cuadro de las víctimas, 19 mujeres y 12 hombres fueron agredidos por defender su territorio y el medio ambiente, siete de los cuales pertenecen a territorios de la Amazonía boliviana.

A su vez, 24 de los 38 defensores agredidos son líderes que pertenecen a alguna organización de la sociedad civil que defiende la naturaleza en Bolivia. Cuatro de los defensores fueron atacados por oponerse a un proyecto minero, nueve por hacerle frente a proyectos hidrocarburíferos, cinco por enfrentarse a proyectos de infraestructura, diez de ellos en el momento de la agresión no hacían oposición activa a algún proyecto extractivo y tres de ellos no solo son defensores ambientales sino también de derechos humanos.

“Diríamos de manera general que las 38 víctimas son defensores ambientales, también hay tres [víctimas] que tienen una mirada más integral a los derechos humanos pero, en general, son personas que defienden la naturaleza”, destaca Miranda.

Silvia Lipa Piloy es dirigente del pueblo indígena leco en el norte del departamento de La Paz y está entre las personas registradas como víctimas por Cedib. Está convencida que la mujer defensora del medio ambiente en Bolivia tiene más riesgos y que, lo peor, es que muchos de esos riesgos no se hacen públicos por temor a las represalias. En su región, que es parte del parque nacional Madidi, luchan contra la invasión de empresas que extraen oro sin ningún tipo de control estatal.

“El tema del oro y sus consecuencias es el mayor reclamo que tenemos en el norte de La Paz. Por eso nos atacaron y hasta amenazaron a los dirigentes del pueblo leco, pero sobre todo a las mujeres, porque incluso quieren dañar hasta nuestras familias”, lamenta Lipa.

De acuerdo con Cedib, durante los primeros tres meses del 2022 el problema para los defensores se acentuó en las áreas protegidas debido al incremento de actividades extractivas como la minería ilegal o la incursión petrolera.

 

“En el caso de la minería, esta actividad continúa siendo impulsada de manera irregular por parte del Estado, donde los principales beneficiarios son algunos sectores cooperativistas, afines al partido oficialista. Esto puede comprobarse con las expresiones del propio presidente de Bolivia Luis Arce, al momento de alentar a mineros de la ciudad de Huanuni señalando que: ‘no pueden desperdiciar los precios internacionales del estaño’”, dice parte del informe del Cedib.

Fuerte incursión en áreas protegidas

Entre las áreas protegidas donde los defensores están en mayor riesgo se encuentra el Parque Nacional Madidi, donde la búsqueda de oro destrozó sus ríos. Incluso, en este grupo de defensores se encuentra la senadora Cecilia Requena, quien antes de llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional tenía un papel activo en la defensa del medio ambiente a través de la organización civil Una Nueva Oportunidad. La legisladora es parte del estudio del Cedib, elaborado en conmemoración al primer año de vigencia del Acuerdo de Escazú en Bolivia.

Requena relata lo que vivió hace algunas semanas cuando ingresó al Madidi para verificar la explotación minera en esa zona. La legisladora cuenta que esta zona “parece una tierra sin ley” y que se encontró con “grupos alevosos y armados” que evitaron una inspección para verificar si la extracción de oro en los ríos amazónicos era legal.

“Fuimos amenazados con machetes, dinamita y piedras. Incluso, casi fuimos secuestrados. Fue un momento escandaloso, inaceptable y muy peligroso. Preocupa porque estos conflictos se están dando en áreas protegidas y hay un gobierno inoperante, impotente y en muchos casos, cómplice”, lamenta Requena.

En el mapeo realizado por Cedib también se hace referencia a las agresiones de defensores en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija. En abril de este año se vieron una serie de ataques contra un grupo de líderes ambientales ante la intención del Gobierno de ingresar a esta zona natural para desarrollar proyectos petroleros. Esto está relacionado, además, a que en febrero de 2022 se aprobó el Decreto Supremo 4667 que está orientado a modificar la frontera hidrocarburífera e implementar nuevas medidas vinculadas a las atribuciones de la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en varias zonas priorizadas por el gobierno, entre las que se incluyen varias áreas protegidas.

Según Cedib, en Tariquía existe la intromisión de dirigentes de organizaciones civiles que no son de la zona y que apoyan la incursión petrolera, esperanzados en la compensación económica que podrían recibir en caso de que se realicen los proyectos hidrocarburíferos. Una de las víctimas —que no tiene registrado su nombre en la base de datos del Cedib— relata que estas personas “invasoras” le restringen el acceso a su comunidad, que se llama El Cajón y que está dentro de la reserva natural.

 

La defensora dice que recibe agresiones porque se opone al ingreso de empresas petroleras y que la amenazaron con dañar a su familia y su casa si insiste en la defensa de su territorio. “El 29 de marzo de 2022 la señora ST [abreviatura que aparece en el informe] denuncia el ingreso de familias ajenas al territorio de la Comunidad El Cajón, quienes dan el respaldo para la exploración [petrolera] en el área de Astillero. Estos comuneros son de Bermejo y además le restringen a la defensora el ingreso a su comunidad”, dice el informe del Cedib.

Existen otros relatos desde Tariquía y todos tienen la misma línea: las víctimas se oponen a la incursión petrolera y sufren agresiones y amenazas por parte de personas que son ajenas a las comunidades de la reserva natural. “En fecha 18 de abril de 2022 la activista AC [abreviatura que aparece en el informe] viajó hasta Tariquía para verificar el estado de pobreza en el que se encontraban las cinco familias de la comunidad El Cajón que vienen protestando y que fueron despojadas de su territorio. Denuncia que no la dejaban salir y tampoco ingresar a la comunidad, la retuvieron como si estuviese secuestrada, los colonos interculturales la amenazaron con pincharle las llantas del vehículo si pasaba más allá”, dice el informe sobre otra de las víctimas.

Este caso se refiere a Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), quien habló públicamente esta semana sobre los resultados del informe de Cedib. En abril de 2022, la activista narró que fue retenida contra su voluntad en el ingreso a Tariquía y tuvo que pedir ayuda para poder salir del lugar donde estaba. Carvajal es defensora del medio ambiente y se involucró en el apoyo a personas que sufren agresiones en el parque Madidi y en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Amenazada por sus propios vecinos

Ruth Alipaz Cuqui es lideresa indígena uchupiamona. Ella también hace parte de la base de datos del Cedib y dio públicamente su testimonio el 28 de abril, día de la presentación del informe. La defensora mantiene una férrea lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica Chepete – El Bala, un proyecto que, asegura, pondría en riesgo la vida en la cuenca amazónica del río Beni, donde desemboca el río Tuichi, y que podría desplazar a más de 5000 indígenas con la inundación de un territorio equivalente a siete veces la ciudad de La Paz. Además, este proyecto está en las puertas del parque Madidi.

Alipaz también protege su territorio de la minería presente en los ríos que recorren el Madidi. Y, precisamente, es por esa razón que asegura que recibió amenazas por parte de líderes campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales que sigue actualmente en el poder, por oponerse a la extracción de oro en el río Tuichi.

“En realidad el mensaje era que yo no podía hablar, que no debía hablar, no debía decir nada en contra del Gobierno [nacional] y que si lo estaba haciendo, me atuviera a las consecuencias. En el fondo era eso, es una manera de decirte qué puedes decir o qué puedes hacer o no hacer. Eso es triste porque así es como manejaron las empresas extractivas a los pueblos indígenas durante el gobierno de Evo Morales”, relata Alipaz.

 

La lideresa, que es parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), lamenta también que existan personas que viven en su comunidad que están a favor de proyectos de infraestructura o extractivistas en la Amazonía boliviana. Alipaz dice que algunos de ellos incluso la agredieron por oponerse a la central hidroeléctrica Chepete – El Bala.

“No solamente me gritaron en plena asamblea, sino que también estuve a punto de que me golpearan. En esa ocasión vi la reacción de otras mujeres para ponerse de mi lado y defenderme”, dice Alipaz y añade que es víctima también del machismo por intentar defender el medio ambiente.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia sobre estos ataques a defensores de la naturaleza pero hasta el momento de publicación no hubo respuesta. Quien sí se refirió al tema fue el senador Leonardo Loza del MAS y representante de los cocaleros de la provincia de Chapare. El legislador rechaza que haya agresiones a quienes defienden el medio ambiente y pide a las entidades correspondientes del Estado que realicen su trabajo para evitar ataques y amenazas. “Debe haber denuncias de las víctimas y no puede haber impunidad. Si se cometieron faltas pues deben ser castigados”, asegura.

Los agresores

En el informe del Cedib se hace un fuerte énfasis en los causantes de las agresiones. Según los datos, las personas que pertenecen a entidades del Estado son los principales perpetradores de los ataques con un 45 %. A eso hay que sumar personas, grupos y organizaciones de civiles que atacan a los defensores motivados por su apoyo al partido gobernante y sus políticas extractivas. Este grupo representa el 29 % de los agresores. “Muchos de estos civiles forman parte, indirectamente, de la estructura de poder estatal”, asegura Miranda.

 

Por otro lado, un 16 % de los agresores son empresas, que en su mayoría son públicas y cooperativas, un 6 % de los perpetradores pertenecen a la Policía y las Fuerzas Armadas y, finalmente, un 4 % de los agresores se reúnen entre autoridades judiciales, municipios pequeños, gobiernos departamentales y civiles que no están de acuerdo con el bloqueo de proyectos extractivos.

Una de las conclusiones más preocupantes del análisis hecho por Cedib es que, en Bolivia, los ataques a defensores del medio ambiente están en aumento. Muchos callan por temor y pocos se animan a denunciar. Varias de las víctimas tuvieron que huir de sus comunidades porque las amenazas eran una constante. A pesar de la angustia, esperan que el Estado tome cartas en el asunto para no tener que seguir enfrentándose a barreras y ataques que buscan silenciar sus denuncias.

*Nombre cambiado por seguridad de la fuente.

Fuente: https://rebelion.org/un-estudio-revela-que-se-han-registrado-191-ataques-contra-defensores-de-la-naturaleza-en-los-ultimos-cinco-anos/