Por: Carlos Willamson
EN UNA interesante entrevista en este medio la ministra de Educación, Adriana Delpiano, expresa un reconocimiento, tenue pero perceptible, de que la estrategia de reforma a la educación superior seguida hasta ahora está más cerca del fracaso que del éxito. La ministra señala que “la Presidenta ha sido partidaria de que la reforma (a la educación superior) sea un solo proyecto y hay que volver a discutir si eso es mejor o peor”. Ya es un avance que declare que puede haber sido un error. A estas alturas y luego de ocho meses de tramitación en el Congreso, sin que aún se vean luces para un posible acuerdo parlamentario que apruebe la idea de legislar, la fórmula de enviar un solo voluminoso proyecto, con las complejas aristas de una reforma con aspectos refundacionales, definitivamente, no resultó.
La ministra reconoce que el proyecto entra en detalles propios de un reglamento y requiere de una poda de artículos innecesarios. Y se entienden las razones: el sesgo “controlista” y el sello de la “desconfianza” que impregna todo el quehacer político del actual gobierno lo hacen fácil presa de un estilo que busca dejar enclaves legales que trasfieran mucho poder al Estado y al gobierno de turno, dejando escasos grados de autonomía a las instituciones e incluso invadiendo campos propios de las entidades regulatorias. ¿Qué sentido tiene definir en la ley las categorías de la acreditación o dejar en manos de la Subsecretaría los instrumentos de admisión?
La ministra indica que hay núcleos del proyecto referidos a la institucionalidad, como la Agencia de Calidad o la Superintendencia, “que para nosotros es clave” agrega, que deben quedar sí o sí en la ley, por su importancia para seguir consolidando las bases del sistema. Y tiene razón. Y es posible que en ambos planos se pueda llegar a un relativo consenso si existe voluntad para abrirse a distintas miradas técnicas sobre las atribuciones de ambas entidades.
Pero a la pregunta de qué cree que está entrampando la discusión, señala con franqueza que el punto de la discordia es “el crecimiento de la gratuidad”. Acepta que, por ahora, no se puede avanzar mucho, pero añade que la ley debe dejar diseñado el camino para llegar a la gratuidad universal, objetivo que tal vez no comparte la ministra si nos remitimos a la posición sobre esta materia de Educación 2020, su trabajo anterior, pero su lealtad la lleva a declarar que “la Presidenta tomó un compromiso en materia de gratuidad y el objetivo es cumplirlo”. Pero la ministra sabe bien, porque el ministro de Hacienda le habrá recordado, que cualquier camino hacia la gratuidad universal supone destinar un monto de recursos fiscales que solo una macro reforma tributaria podría allegar. Sin embargo, por largo tiempo no se verá por dónde el país podría embarcarse en una nueva aventura fiscal con mayores gravámenes, sin comprometer aún más nuestro lánguido crecimiento económico y tampoco es entendible que los recursos públicos pagarán en el futuro la educación de los ricos, habiendo tantas y tan urgentes necesidades insatisfechas en los sectores vulnerables.
Con tantas reformas mal diseñadas en un Congreso controlado por la Nueva Mayoría, es de esperar que impere la sensatez para llevar adelante una reforma a la educación superior que excluya de raíz la idea de la gratuidad universal y sus sucedáneos, como la fijación de los aranceles reales y las matrículas, que hoy entrampan la discusión sobre el financiamiento y frenan los avances en materias clave donde hay relativo consenso. ¿No habrá llegado el momento del cambio, Sra. ministra?
Fuente: http://www.latercera.com/voces/educacion-superior-cambio-estrategia/
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