Una de las metas del Ministerio de Educación es vacunar a los más de 600 mil docentes y no docentes que conforman la comunidad educativa para concretar el regreso para el 2022.
Según información del Ministerio de Educación (Minedu) hasta la semana pasada, 6 mil 019 colegios realizan clases presenciales. Las regiones que lideran este proceso son: Loreto con 2 mil 500 escuelas, Ucayali con 887 y Ayacucho con 627.
De acuerdo con estas cifras, la cobertura todavía es reducida, ya que, de los ocho millones de escolares, apenas 246 mil han retornado a sus colegios.
Esperan asegurar vacunación a docentes
Hugo Reynaga Muñoz, director general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural de Ministerio de Educación, manifestó que uno de los principales retos es vacunar a la mayor cantidad de docentes antes de fin de año, para garantizar la primera fase del retorno seguro a clases.
«Más de 177 mil docentes solamente faltan vacunar de los 632 mil que son personal docente y no docente. En el caso del porcentaje de docentes con dos dosis es de 59%. Deberíamos tener vacunados al 100% de docente en lo que va de todo este año», anotó.
Una de las metas del Ministerio de Educación es vacunar a los más de 600 mil docentes y no docentes. | Fuente: RPP
Aparte de Lima y Callao, en este momento, solo tres regiones no han iniciado clases semipresenciales. Se trata de Apurímac, Lambayeque y Áncash. Aunque en este último caso, las autoridades educativas regionales confirmaron a RPP Noticias que esta semana tres colegios de la provincia de Casma volverán a las aulas en zonas rurales.
Mientras tanto otros 113 colegios de esa jurisdicción seguirán en la virtualidad. Claudia Valeria Maza, alumna del tercer año de secundaria del colegio Santa Isabel de Hungría de Casma, comparó cómo es estudiar desde casa.
«No es lo mismo que estudiar en clases presenciales porque ahí puedes preguntar y saber cómo hacer los trabajos que te dejan. En cambio, aquí, es muy difícil que te respondan. O sea, a algunos compañeros les responden las preguntas que les hacen, pero a unos no, entonces se quedan con la duda… Siento que me han faltado aprender más cosas que estando en las clases presenciales», contó.
Entre febrero y abril, el Ministerio de Educación transfirió 78 millones de soles a las direcciones regionales de educación para implementar medidas de bioseguridad. | Fuente: RPP
Medidas de bioseguridad para la comunidad escolar
Entre febrero y abril, el Ministerio de Educación transfirió 78 millones de soles a las direcciones regionales de educación para la compra de mascarillas, como parte del plan para volver a los colegios, sin embargo en algunos colegios la deficiente infraestructura y deterioro de los servicios sanitarios ha limitado el retorno a la presencialidad.
La región con más instituciones educativas habilitadas es Cajamarca: en total, tiene 8,348 escuelas listas para el retorno. Sin embargo, de ellas, solo unas 300 ya realizan semipresencialidad, según precisó Presbítero Alarcón, director regional de educación.
«Tenemos las 300 instituciones educativas que han iniciado un trabajo semipresencial con horarios flexibles. A veces lo tienen un día, otros lo tienen dos días a la semana; otros, tres días a la semana. lo que queremos es monitorear a estas escuelas, acompañarlo al director para que puedan elaborar sus planes en coordinación con las familias y asumir los compromisos compartidos», comentó.
Según mediciones del Minedu, el 24% de los escolares de la educación primaria y el 45% de los de secundaria han reportado síntomas de depresión y ansiedad. | Fuente: RPP
Síntomas de los niños que no regresan a clases
Según mediciones del Minedu, el 24% de los escolares de la educación primaria y el 45% de los de secundaria han reportado síntomas de depresión y ansiedad de manera frecuente en el 2020. Urge, entonces, el ansiado retorno a las aulas.
16% de los menores con discapacidad habrían dejado de estudiar en pandemia. La falta de transporte y problemas con la alimentación también dificultan la educación de este sector de la población
Por: @MrsYaky
La Fundación Vanessa Peretti (Funvape) y la Confederación De Sordos De Venezuela (Consorven) desarrollaron una investigación para identificar las condiciones de acceso y la calidad de la educación que reciben los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Venezuela.
Las preguntas que se abordaron en este trabajo fueron: ¿Están estudiando las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad?, ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan para poder estudiar? ¿Los contenidos educativos son adaptados y accesibles?
Durante el estudio, se hicieron entrevistas semiestructuradas presenciales y telefónicas a 78 representantes de menores con discapacidad en edad escolar, en un trabajo de campo que se realizó entre diciembre 2020 y enero de 2021.
El estudio se practicó en Carabobo, La Guaira, Lara, Miranda, Táchira y Yaracuy.
A menos de un mes para que comience el nuevo año escolar 2021-2022, la Confederación Sordos de Venezuela(Consorven) manifestó su preocupación sobre la situación académica en Venezuela y la formación de los estudiantes con discapacidad en el país.
A continuación, los principales hallazgos de la referida encuesta:
49% de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad están excluidos del Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
Este documento, según advierten en el informe, es emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad(Conapdis). Resaltan que tener este registro representa la posibilidad de acceder a servicios sociales de manera sencilla y digna.
Además, indican que diferentes instituciones del Estado, entre las que se cuentan las educativas, establecen como un requisito para formalizar su inscripción en el sistema educativo la calificación de la discapacidad y la discapacidad específica certificada por la Conapdis y que está expresa en el Carnet emitido por esta institución, o en su defecto, un informe emitido por un especialista.
«Es así como siempre que cualquier persona con discapacidad no posea un Carnet de identificación emitido por la Conapdis, se está en presencia de la vulneración a un derecho, derecho que es, a su vez, una herramienta para garantizar al acceso a derechos básicos y fundamentales», advierten.
Interrupción y no inclusión en el sistema educativo
Los hallazgos en esta materia no son alentadores. 24% de las niñas, niños y adolescentes cuyos representantes fueron entrevistados no están incluidos en el sistema educativo venezolano.
De este grupo, además, 47% nunca ha estudiado; 37% dejaron de estudiar hace más de un año y 16% abandonaron sus estudios como consecuencia de la pandemia.
«La afectación sobre los sujetos que no son incorporados al sistema escolar en etapas tempranas de su vida es importante. En principio, se está privando a la niña o niño de ambientes que cultivan y fortalecen sus capacidades emocionales, culturales y sociales; y, en virtud de que el Estado declara sostener el Programa de Alimentación Escolar (PAE), toda niña, niño o adolescente no incorporado en el sistema educativo podría estarse privando de recibir los beneficios de este programa», destacan en el informe de la encuesta.
Crisis económica afecta el acceso a la educación
Las dos principales dificultades para que los padres lleven a sus hijos a la escuela están asociadas a la crisis económica estructural y a la crisis institucional, según revela la investigación.
37% de los representantes de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad entrevistados encuentran como principal dificultad para la educación de sus hijos el problema del transporte para el traslado hasta los centros educativos.
Otro 22% citó el tema de la alimentación como dificultad para que sus representados asistan a la escuelay 15% declaró que la discriminación es la principal dificultad que encuentran para que sus hijos acudan a los centros educativos.
En lo que respecta a la adaptabilidad y accesibilidad de los contenidos educativos, 49% de los representantes no consideran accesibles ni adaptados los contenidos y 71% no fueron consultados sobre las estrategias y medidas necesarias para impartir los contenidos educativos durante la pandemia.
La mayor parte de los niños con discapacidad estudian en escuelas regulares
Otro resultado que llamó la atención es que 58% de las niñas, niños y adolescente con discapacidad estudian en escuelas regulares. Solo 31% lo hace en escuelas especiales.
Mientras que 11% están recibiendo formación en escuelas-taller.
«Siendo que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes estudian en Escuelas Regulares es importante conocer los formatos, los medios y las estrategias para enviar los contenidos educativos», expresa Consorven.
Sin estrategias para la enseñanza y comunicación
La encuesta también halló que la incorporación a las escuelas de los menores con discapacidad que iniciarían su estudios a partir del año 2020 no se ha efectuado.
También, recopilaron información sobre dificultades en los formatos en los que la escuela está presentando los contenidos y con los medios a través de los que se está enviando el contenido a las familias.
Advierten que las familias«no cuentan con recursos tecnológicos suficientes para establecer una comunicación efectiva con los docentes».
El estudio determinó que la vía principal para el envío de tareas fue el sistema de mensajería WhatsApp (74%) y, en segundo lugar, con un porcentaje mucho más bajo, se encuentran las guías escritas.
«En principio, se deben considerar los mecanismos más idóneos para hacer que la comunicación sea efectiva, en atención a las diferencias funcionales y cognitivas», sugiere Consorven.
Ven con especial preocupación el hecho de que 74% de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad estén recibiendo contenidos por medio de la mensajería web Whatsapp, sin atención a las diferencias a nivel funcional y cognitivo.
Consideran que esto impide un «acceso real y significativo a los contenidos educativos, a un proceso efectivo de incorporación de conocimientos que allane el camino de las desigualdades y desventajas sociales».
Familias inconsultas y desvinculadas
Otro dato que sobresale es que a las familias entrevistadas no se les consultó sobre las mejores estrategias para llevar a cabo el programa de educación a distancia, con qué tipo de recursos cuenta las familias y los docentes que pueden ser parte de la solución.
«71% de las familias de las Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad no fueron consultados sobre lasestrategias y medidas necesarias para impartir los contenidos educativos durante la Pandemia por Covid-19″, se lee en el informe.
La consecuencia de esta falta de notificación hace que la educación «no se reciba en igualdad de condiciones, ni adaptada, ni en formatos accesibles, conlleva además de incumplimiento por acción y por omisión de Leyes y programas diseñados para garantizar durante y después de la coyuntura biosanitaria el acceso a la educación».
44% de los representantes encuestados opinaron que sus Niñas, Niños y Adolescentes no están aprendiendo los contenidos educativos durante la pandemia.
Instan a garantizar educación inclusiva y de calidad
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, señaló en una nota de prensa que, a pesar de llevar más de año y medio en pandemia y con ciertas medidas de aislamiento social, el sector estudiantil, específicamente niñas, niños y adolescentes con discapacidad, “se han visto perjudicados en la tarea del aprendizaje por la falta de herramientas por parte del Estado venezolano para ofrecer una educación de calidad, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vulnerando los derechos de esta población”.
Asimismo, recordó que la educación es un derecho y un deber social fundamental de las personas con discapacidad.
Por su parte, la Fundación Vanessa Peretti Funvape, la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) y Excubitus DHE, también expresaron su preocupación por el inicio de las clases y se unen en apoyo a la advertencia de Consorven.
Las organizaciones exhortan al Estado venezolano a cumplir con el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad.
«Exigimos que se cumpla con lo establecido en la normativa legal y se garantice el acceso pleno al derecho a la educación en igualdad de condiciones, tal como lo establece La Constitución de Venezuela (artículo 102 y 103), y asícumplir con lo establecido en La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24) y la Ley Orgánica de Educación (artículo 6)”, detalló Juan Ángel De Gouveia.
Además, exhortan al Estado a garantizar una educación de calidad en todo momento y lugar «en tiempos de bioseguridad sanitaria y en tiempos ordinarios, desde su casa o desde las escuelas», así como también a cerciorarse de que los contenidos educativos estén siendo enviados en los formatos adecuados -accesibles-, con los contenidos desarrollados y expuestos en atención a las diferencias cognitivas -ajustes razonables.
Análisis de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica muestra que, aunque un 80% de los colegios declara haber retomado actividades presenciales -con amplia disparidad entre los recintos públicos y los privados-, a mediados de agosto solo el 27% de la matrícula estuvo al menos una vez por semana en el aula. El bajo porcentaje estaría determinado por los aforos impuestos y por la baja confianza de las familias.
Pese a que todo el país está desconfinado y el grueso de las comunas se encuentran en fase de Apertura, la normalización de las actividades académicas, en todos los niveles, ha ido notoriamente más lenta. Y aunque cada vez son más los colegios abiertos, la modalidad de enseñanza que están recibiendo los estudiantes está más cerca de la educación virtual que de la presencial.
Así lo muestra el análisis realizado por la Escuela de Gobierno y el Instituto de Sociología de la UC, en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile que, con el apoyo del Ministerio de Educación, han monitoreado la evolución del sistema escolar en la pandemia, sus principales trabas y desafíos.
Y de acuerdo a esta sexta entrega, que abarcó el período comprendido entre el 9 y 13 de agosto, solo un 27% del total de los estudiantes matriculados asistió presencialmente a clases al menos una vez a la semana.
El estudio, que considera una muestra representativa de los establecimientos (1.991 encuestados, el 21% de los existentes), muestra también que el 80% de los colegios en comunas en Fase 2 o superior ya retornó a las actividades presenciales, ya sea a través de todos o algunos de sus niveles educacionales.
“Un elemento muy importante es la masiva reapertura presencial tras las vacaciones de invierno. Tener un 80% de establecimientos abiertos presencialmente es un tema inédito de 2021. Este ha sido el mayor porcentaje”, comenta el investigador del CIAE de la U. de Chile, Juan Pablo Valenzuela.
De los establecimientos que reabrieron las aulas, en promedio el 57% realizó actividades presenciales orientadas a todos los estudiantes. Mientras, un 23% lo hizo solo para algunos niveles educativos o grupos priorizados de alumnos.
De hecho, debido a los protocolos sanitarios, el 72% de los colegios fijaron como máximo el número de 15 estudiantes por sala, aforos que fueron más restrictivos en los colegios municipales (el 57% admite menos de 10) y más laxos en los particulares pagados (59% recibe a más de 15).
Los datos también revelan que la presencialidad en los recintos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), particulares subvencionados y particulares pagados superó el 90%, mientras que, en el caso de los recintos municipales, la cifra alcanzó el 61%.
Esta situación preocupa a la profesora y cofundadora del movimiento Escuelas Abiertas, Teresita Romero, quien afirma que, a un año y medio del inicio de la pandemia, la reapertura en la educación debiera ser comprendida como una urgencia. “Ya no es cómo incentivar, es que realmente es un deber hacerlo, un deber que no debería depender de cuántos apoderados quieren que sus hijos vuelvan a clases ni de que los que sí quieren apertura tengan que denunciar o hacer acciones legales, ni de opiniones políticas de sostenedores”, sostiene.
En la misma línea, la académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Susana Claro, comenta que, desde que comenzó la investigación ha tenido la oportunidad de conversar con varios directores, quienes “han hecho mucho trabajo de conectarse, de vincularse con los apoderados y demostrarles que están trabajando con mayor seguridad. Entonces, yo creo que hay mucho esfuerzo que poner ahí, para generar la confianza en los apoderados de que pueden ir con sus hijos, pero yo imagino que todavía hay mucho temor. Creo que donde más hay que trabajar es en la conciencia de que el costo para los niños de no ir a la escuela es muy alto”.
Con todo, se espera que en el sector municipal la situación siga mejorando: aunque la mitad se declaraba insuficientemente preparado para concretar la apertura, el 55% de los colegios ya tenían planes para abrir en septiembre.
(Foto: Agencia Uno)
Incentivar la asistencia
En un día normal, solo el 19% de los estudiantes asistió a alguna actividad pedagógica, abarcando, en promedio, el 43% del aforo de cada establecimiento. Y si bien los estudiantes que asistieron al menos un día a la semana representan el 27% de la matrícula general, este porcentaje es considerablemente mayor en los recintos particulares pagados, donde la cifra alcanzó el 54%, y cae al 24% en los particulares subvencionados y al 22% en los recintos municipales y SLEP.
Lo anterior cobra especial relevancia si se considera que, de acuerdo a las estimaciones de los directores, alrededor del 26% de los estudiantes no cuentan con conectividad suficiente para participar de las actividades de aprendizaje a distancia. Y si se considera solo a los recintos SLEP y municipales, el promedio sube al 33%.
Es más. El análisis también recogió la cifra de estudiantes que no participan en ninguna actividad educativa: el 5,4%, promedio que sube al 8,3% en los colegios municipales y al 6,4% en los SLEP.
El estudio muestra que los recintos que cuentan con actividades presenciales consideran prioritario cerrar las brechas de aprendizaje, aumentar la asistencia de los estudiantes y mantener el vínculo con estudiantes no presenciales. En los colegios municipales, en tanto, la principal preocupación fue mejorar la conectividad digital.
Respecto a lo anterior, la encargada de Proyectos del centro de estudios Acción Educar, Pía Turner, comenta que era esperable que la asistencia a clases durante las primeras semanas de agosto fuera relativamente baja. “Tal como ha ocurrido en otros países, hay muchos padres que esperan a ver cómo funciona la apertura antes de enviar a sus propios hijos al colegio. Eso debiera de irse revirtiendo con el transcurso de las semanas. A la vez, los aforos diarios permitidos muchas veces son menores al 100% de la matrícula”, señala.
No obstante, para el investigador del CIAE de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, el foco de atención en el futuro deberá estar en la educación híbrida. “Tenemos que aprender y mejorar toda la educación que se denomina híbrida o mixta, porque abres el colegio y solo uno de cada tres va a estar presencialmente, los otros dos están a distancia. Eso conlleva a que hay que tener un tema complementario sistemáticamente de cómo se hace la clase en línea, cómo les llegan los aprendizajes a los estudiantes, cómo estás sabiendo que están aprendiendo de por medio”, concluye.
La mirada de los protagonistas
“La resistencia explícita de algunos sectores al proceso de apertura de establecimientos educacionales y la demora de algunos sostenedores en poner los colegios a disposición de las familias atenta contra el objetivo de generar confianza en los apoderados”, dice sobre los resultados de la encuesta Raúl Figueroa, ministro de Educación, quien añade que “a medida que los colegios abren, que los apoderados conocen su funcionamiento y aprecian los beneficios que tiene para sus hijos ir a clases, la asistencia aumenta”.
El titular de Educación ahonda y asevera que “la confianza es primordial para que las familias decidan que sus hijos retornen a la presencialidad”, razón por la cual, en todas las regiones del país han desarrollado diálogos con las comunidades educativas “para escuchar sus aprehensiones y darles respuestas a sus dudas, por lo que esperamos que con esto vayan generando seguridad y sigan enviando a sus hijos a clases presenciales”.
Lo Espejo es una de esas comunas que aún no han dado luz verde al retorno a las aulas. “Por cierto, consideramos que las clases presenciales son mejores. Necesitamos que nos ayuden que esas clases se puedan generar bajo las condiciones que corresponden. Compartimos esa preocupación, pero necesitamos que nos puedan apoyar, porque finalmente nos imponen, pero no se fijan en las condiciones que tenemos en las distintas comunas y todos los estudiantes de Chile merecen seguridad”, señala la alcaldesa Javiera Reyes (PC).
Por eso, dice la edil, están buscando habilitar “sobre todo actividades que guardan relación con el proceso educativo desde el punto de vista de aquellas que puedan realizarse al aire libre, principalmente porque tenemos graves problemas de condiciones materiales respecto a la gasfitería”. Eso, asegura, impide garantizar el lavado de mano de los estudiantes.
“Estamos a la espera hace más de un mes de una reunión que le solicitamos al ministro de Educación, para poder plantearle, mostrarle y que nos puedan ayudar a mejorar las condiciones de infraestructura en las que recibimos los establecimientos”, asevera.
Desde la Dirección de Educación de Santiago, en tanto, explican que hoy tienen cinco establecimientos educacionales con distintos trabajos presenciales, entre talleres y apoyo a estudiantes con rezago.
“Llevamos más de la mitad de las escuelas con sus demarcaciones hechas, cosa que estaba pendiente, y también con las compras de elementos de protección personal, lo que permitirá ir abriendo más establecimientos en forma gradual durante los próximos días y semanas”, agregan, además de señalar que septiembre “será un mes clave y esperamos a la vuelta del 18 a lo menos tener un tercio de establecimientos abiertos y con presencialidad organizada y activa”.
Puente Alto ha sido uno de los más recientes municipios en sumarse a la presencialidad. “Los establecimientos municipales están en funcionamiento de acuerdo a los protocolos y medidas sanitarias dispuestas por las autoridades”, dice Daniela Torres, secretaria general de la Corporación de Educación y Salud de la comuna.
“Estas medidas también han sido trabajadas en profundidad con las comunidades educativas”, añade, antes de explicar que para el cumplimiento de las medidas sanitarias “se ha ido realizando un ingreso presencial de estudiantes de manera progresiva, de modo tal que semana tras semana van aumentando los cursos que asisten a nuestros establecimientos”.
El titular del Mineduc detalla que a la fecha ya son más de 11.800 recintos con sus puertas abiertas, los que esperan que día a día aumenten. “La apertura era un objetivo fundamental y el primer paso para que las familias tengan la oportunidad de elegir si envían o no a sus hijos a clases”, dice. Y añade: “Con los establecimientos abiertos, nuestro mayor desafío es que las familias tengan confianza en que el retorno sea seguro, y conciencia de lo importante que es para los niños recuperar la presencialidad”.
Los egresados del colegio San Mateo Apóstol han manifestado su indignación porque la institución envió un correo en el que, además, aseguraba que allí no se aprende sobre “ideología de género”. El grupo al que pertenece ya ofreció disculpas.
“Creemos firmemente que esta publicación va en contra del derecho a la educación y el libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana”, afirman los exalumnos.
El colegio San Mateo está ubicado al norte de Bogotá. Es privado, de calendario B y bilingüe. Como se lee en un página web, desde hace 35 años inculca a sus estudiantes “valores morales formados por la fe católica”. “Hemos estado trabajando para preparar a futuros líderes que puedan analizar problemas, apoyar sus argumentos y transformar el mundo que los rodea”, señalan. Sin embargo, varios egresados han manifestado su desacuerdo con varias afirmaciones que esa institución ha hecho en las últimas semanas y que, a sus ojos, “no reflejan una educación de calidad”. (Lea Tradición, tabús y religión: así fracasó la educación sexual en Colombia)
Su descontento, que hicieron público a través de una carta, tiene que ver con un mensaje que llegó a sus correos electrónicos desde el colegio. En él les aseguraban que en “el colegio no se aprende sobre sexo, ideología de género o activismo LGTB”. Tampoco sobre “comunismo, izquierdismo o socialismo”. Más adelante añadían que los profesores deben enseñar “matemáticas, español, historia, geografía, lengua extranjera, ciencias, química, física, biología, filosofía, sociología, educación física y artes”.
Esta es la parte del comunicado que generó indignación entre los exalumnos.
Tomado de Twitter
La comunicación cayó muy mal entre algunos exalumnos. “La afirmación sobre el ‘no aprendizaje sobre comunismo, izquierdismo o socialismo’ trunca una educación integral, especialmente en áreas del conocimiento como historia y filosofía”, apuntan en la carta en la que respondieron al colegio San Mateo. “Si bien cada quien tiene derecho a tener una ideología política, más allá de las tendencias, es un derecho y un deber como institución educativa enseñar aquello en clave histórica y social. Están privando a los estudiantes la posibilidad de debatir y pensar críticamente al vetar la discusión de dichos temas en las aulas de clase”, añaden.
En otro punto le recuerdan al colegio la importancia de hablar de educación para la sexualidad. “Es inadmisible que el colegio se ufane de no hablar de sexo. Desarrollar proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad es indispensable para una educación integral, que responda a los retos actuales. Además, la educación sexual en Colombia es obligatoria en todas las instituciones educativas del país (…) Pretender cargar únicamente sobre los hombros de la familia la educación en derechos reproductivos y sexuales es completamente irresponsable”.
“Es inaudito que el colegio pretenda invisibilizar y estigmatizar a la población LGBTIQ+”, anotan en otro párrafo. “Esto es desconocer que el colegio debe ser un entorno seguro para todas las personas en todas sus diversidades. Afirmaciones como las presentes en el Newsletter parecen promover la homofobia y discriminación (…). Hay que recordar que el colegio debe ser un espacio libre de discriminación de toda índole en especial la sexual”.
Además, el grupo de exalumnos también cree que al asegurar que “los profesores deben enseñar”, el colegio limita la educación a “sólo unas áreas del conocimiento”.
“Creemos firmemente que esta publicación va en contra del derecho a la educación y el libre desarrollo de la personalidad y dignidad humana”, afirman.
El Espectador se comunicó con el colegio San Mateo para conocer sus razones detrás del boletín (Newsletter) que enviaron por correo electrónico. Aseguraron que se encontraban redactando un comunicado de prensa que pronto sería compartido a los medios de comunicación. Allí, dijeron, aclararían lo que sucedió.
Aunque en el momento en que este artículo se publica el colegio San Mateo no nos había compartido aún su respuesta, en Twitter circuló un boletín hecho por el grupo “Inspired”, del cual hace parte la institución educativa. En él aseguran que los comentarios que fueron enviados por e-mail son “inconsistentes con nuestros valores como comunidad escolar y como grupo educativo” e “incorrectos (…) Deseamos disculparnos por el contenido de dicha comunicación”.
“Concretamente, queremos excusarnos por el malestar que ese boletín haya causado a cualquier persona dentro o fuera de nuestra comunidad”, añaden en el documento, firmado por Matt Harbison, de la junta directiva del colegio y CEO de Inspired Group. “Inspired es una organización que se nutre de la diversidad y que enseña a todos los estudiantes de nuestros colegios a abrazar su individualidad, pues justamente eso es lo que los hace especiales. Nuestro objetivo como educadores es ayudar a cada alumno a encontrar y adoptar su propia identidad y realizar su potencial”.
También aseguran que ellos inculcan a sus estudiantes que todas las personas, “independientemente de su raza, género, etnia, orientación sexual, creencias religiosas o ideología política, son iguales y deben ser tratadas como tales”.
Finalmente, aclaran que no es cierto que no se enseñen temas como el comunismo o el socialismo. “Enseñamos sobre estos asuntos en las asignaturas de historia y filosofía; y como cualquier colegio de gran calidad no defendemos una única filosofía política (…) Nos esforzamos por ser un lugar de discusión e ideas abiertas”.
El día en que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil retomó el juicio que podría definir el futuro de los pueblos indígenas de Brasil, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) publicó una carta en la que lanza al mundo con 10 mensajes claros y contundentes.
Este jueves 26, el STF reanuda la sentencia del caso Xokleng, que debate la tesis del «marco temporal», una demanda que argumenta que los pueblos indígenas solo pueden reclamar tierras donde ya estaban el 5 de octubre de 1988 (año en que fue promulgada la Constitución Federal vigente). Lo que está en manos de los 11 ministros y ministras de la Corte Suprema es el futuro de la demarcación de tierras indígenas en Brasil.
Para reforzar la importancia de este juicio y mostrar cómo los pueblos indígenas se relacionan con sus tierras, la Apib ha elaborado esta lista con 10 mensajes de los pueblos indígenas de Brasil para todo el mundo:
1) La historia de los pueblos indígenas en Brasil no comienza en 1500, ni en 1988.
Los pueblos originarios llegaron a esta tierra incluso antes de que se inventara esta noción de tiempo. Somos herederos de los primeros pies que pisaron esta tierra, y nuestro tiempo no puede ser medido ni determinado por relojes y calendarios que pretendan ignorar nuestra trayectoria ancestral.
2) Nuestras tierras son nuestras vidas, no una fuente de ganancias.
A diferencia de la forma en que los terratenientes, ocupantes ilegales y explotadores tratan con la tierra que usurparon y destruyeron, los pueblos indígenas tenemos una relación profunda, espiritual y ancestral con nuestra tierra. Sin tierra no hay vida para nosotros. No exploramos nuestro territorio con fines de lucro, sino para alimentarnos, sostener nuestra cultura y preservar nuestras tradiciones y espiritualidad.
3) Cuidamos los bosques y esto es bueno para todo el mundo.
Los pueblos indígenas han sido reconocidos en más de una ocasión como los mejores guardianes de los bosques. Nuestros territorios se conservan. Donde hay tierra indígena, el bosque permanece en pie, el agua pura, la fauna viva. Y esto beneficia a todo el mundo, especialmente cuando las crisis climáticas y ambientales amenazan la supervivencia de la humanidad.
4) Nuestra diversidad y nuestra ancestralidad nos unen
Los enemigos de los pueblos indígenas intentan a toda costa construir rupturas y oposiciones artificiales entre nosotros. Sin embargo, no saben que nuestra ancestralidad es más fuerte y más potente que cualquier división que puedan intentar imponernos.
5) La mayor parte de la tierra está en manos de los propietarios, ¡y la están destruyendo!
El argumento de que hay «demasiada tierra para pocos indios» ha demostrado ser falaz más de una vez. De hecho, la mayor parte de la tierra en Brasil ya está dedicada a la agricultura. Una pequeña parte son tierras indígenas, ¡pero las que han sido registradas están bien conservadas!
6) Nuestra lucha es también por el futuro de la humanidad.
Los pueblos indígenas tenemos una cultura de alteridad y acogida. Nuestra lucha por nuestras tierras también es por la preservación del medio ambiente. Somos plenamente conscientes de nuestro papel como protectores de los bosques y la biodiversidad y estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento por el bien de todos.
7) Los indígenas hemos estado luchando por nuestras vidas durante 521 años, y esto es señal de que algo anda muy mal.
Desde que nuestras tierras fueron invadidas, hemos tenido que luchar a diario para sobrevivir: contra enfermedades traídas de afuera, como la COVID-19, que mató a más de 1.100 familiares, contra el genocidio, contra los ataques. Incluso hoy tenemos que luchar por nuestras vidas, y eso significa que para muchas personas nuestras vidas no importan. ¡Esto debe terminar de inmediato!
8) ¡Tenemos un proyecto de mundo y queremos ser escuchados!
Hemos acumulado tecnologías de producción milenarias y esto nos da condiciones para pensar en un proyecto de sociedad sin desigualdades, basado en el buen vivir, el cuidado de la tierra y la libre convivencia entre los pueblos. Nuestro proyecto garantiza alimentos sin veneno, produce sin devastar. ¡Y el mundo necesita un proyecto como este para salvarnos de la destrucción!
9) Estamos aquí y aquí nos quedaremos.
Sobrevivimos al ataque colonial, sobrevivimos al genocidio, sobrevivimos a las enfermedades. Nuestra gente es resiliente e incluso en las peores condiciones supimos cómo protegernos y mantenernos con vida. Seguiremos vivos y lucharemos por nuestros derechos, y esperamos que cada vez más el mundo comprenda que nuestras vidas importan y que los pueblos indígenas quieren y necesitan y exigen una vida plena y pacífica.
10) ¡Brasil es una tierra indígena! ¡La Madre de Brasil es indígena!
Durante 521 años han estado tratando de borrar la ancestralidad indígena de esta tierra que llamaron Brasil. Pisamos este terreno antes que los demás. Cuidamos este suelo, damos forma a estos bosques, adoramos la ancestralidad milenaria de este territorio. ¡Y no importa cuánto intenten esconderse, nunca lo lograrán, porque somos muchos, somos fuertes y estamos orgullosos de nuestra historia!
Movilización en Brasilia de los pueblos indígenas. Créditos: Matheus Veloso. APIB
América del Sur/Chile/03-09-2021/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl
3R TV de Chillán entrevistó al Presidente Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile en su paso por la capital del Ñuble a raíz de la movilización nacional contra los Servicios Locales y en favor del fortalecimiento de la Educación Pública.
Fuente e Imagen: https://www.colegiodeprofesores.cl/2021/08/31/3r-tv-fuerte-y-claro-carlos-diaz-marchant/
América del Sur/Perú/03-09-2021/Autor(a) y Fuente: sutep.org
El jueves 26 de agosto el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, acudió al Palacio Legislativo para exponer, ante la representación nacional, la política general del gobierno y buscar así el voto de confianza que le dé investidura.
La exposición era determinante no solo porque a partir de ella se establecería qué persigue el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones en relación a lo que este anunció en su primer mensaje a la nación del 28 de julio, sino también porque aclararía ciertas dudas sobre el manejo de los recursos y las prioridades de la administración en este segundo año de pandemia.
Sin duda, para el magisterio peruano uno de los temas más importantes y esperados era el anuncio del incremento de la asignación del Producto Bruto Interno – PBI, para el sector Educación, el cual debía materializarse en el presupuesto del año fiscal 2022.
Lucha por el 6 %
En el 2002, cuando el gobierno de Alejandro Toledo Manrique convocó al Acuerdo Nacional, espacio de concertación entre las instituciones del Estado, los partidos y la sociedad civil, para discutir y delinear políticas públicas, una de las principales banderas que enarboló el SUTEP, como legítimo y mayoritario representante de las maestras, maestros y auxiliares, fue el incremento del PBI para Educación.
De ese modo, el Acuerdo Nacional recomendó que el Perú debía destinar no menos del 6 % del PBI al año para el sector, con el objetivo de poner al país dentro del promedio regional, debido a que la inversión estatal en el ámbito educativo es, hasta ahora, la más baja de América del Sur.
El Banco Interamericano de Desarrollo – BID, señala que el país que más invierte en educación es Bolivia, liderando el ranking con el 6.5 % del PBI, seguido de Brasil (6.1 %), Argentina (5.3 %) y Chile (4.6 %). En último lugar se ubica el Perú, con el 3.7 %.
Desde la recomendación del Acuerdo Nacional, nuestro sindicato ha sostenido 18 años de lucha para que los gobiernos cumplan con el incremento del PBI a Educación. Sin embargo, ningún presidente, de los siete que hemos tenido en los últimos 20 años, hizo efectivo el aumento de recursos.
El artículo 16
El Congreso incluyó el 6 % del PBI para Educación en la Constitución.
Fue así que el SUTEP, junto a los padres de familia y otras organizaciones sociales, agrupados en la Unión Nacional en Defensa de la Educación Pública – UNDEP, emprendió la ardua lucha para que el 6 % del PBI sea incluido dentro de las reformas constitucionales impulsadas en el Congreso 2020-2021.
En histórica sesión, el 1 de julio del año pasado, el Congreso aprobó con 115 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones, destinar el 6 % del PBI para el fortalecimiento de la Educación, reformando de esta manera el artículo 16 de la Constitución Política, que ahora establece:
“La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6 % del PBI”.
Ofrecimiento electoral ¡Palabra de maestro!
Pedro Castillo ofreció el 10 % del PBI para Educación.
Durante la campaña electoral 2021, el entonces candidato Pedro Castillo Terrones señaló reiteradas veces que en su gobierno asignaría el 10 % del PBI para educación, ofrecimiento que desde la posición del SUTEP resulta en cierta medida “populista”, pero que considerando que se trata de la palabra empeñada de quien hoy ocupa la primera magistratura de la república, entonces debe cumplirse.
Frente a ello, considerando el impacto de la pandemia sobre la economía nacional, el SUTEP ha propuesto que en el Presupuesto General de la República 2022 se considere la asignación del 6 % del PBI, y en los años siguientes el incremento sea de un punto porcentual anual, llegando al 2026, fin del mandato de Pedro Castillo, a la meta del 10 %.
Por esta razón se esperaba que el jueves, el presidente del Consejo de Ministros anunciara que una de las acciones del gobierno sería incluir el aumento de recursos en el proyecto de ley del presupuesto para el 2022, que ya fue alcanzado al Congreso de la República para su debate, y que deberá ser aprobado en noviembre próximo.
Empero, Bellido Ugarte optó por omitir tal anuncio, limitándose a señalar que para el sector Educación se ha considerado aumentar en 4.4 % el presupuesto destinado a educación en relación a lo asignado en el presente año. Esto está muy lejos de lo que significa destinar el 6% del PBI, como manda la Constitución.
«Incrementaremos el presupuesto para la Educación Pública Básica y Superior. Para el 2022, se cuentan con S/ 1,151 millones ya aprobados por el MEF para impulsar estrategias de la Educación Básica y Superior», dijo.
Lo cuestionable es que el ofrecimiento del presidente del Consejo de Ministros tampoco se está cumpliendo. Del Presupuesto General de la República 2021, el 17.7 % fue asignado a Educación, mientras que en el proyecto de presupuesto para el 2022, enviado por el gobierno al Congreso, lo destinado al sector es del 18.2 %. El aumento es de apenas 0.5 %.
¿Por qué más recursos?
La brecha de infraestructura educativa asciende a más de 100 mil millones de soles.
Incrementar la dotación de recursos para Educación supone atender las severas brechas que existen en el país, principalmente de infraestructura. En la actualidad, el 60 % de escuelas públicas no tiene servicios básicos, el 43 % carece de acceso a agua potable, el 41 % no cuenta con desagües y el 29.8 % no tiene servicio de energía eléctrica. Por si esto fuera poco, el 50 % de los colegios públicos tiene que ser demolido total o parcialmente, para dejar de ser una amenaza a la seguridad de los estudiantes y docentes. Esto según información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, adscrito al Ministerio de Educación.
Cerrar la brecha de infraestructura demanda S/ 100 mil millones (de acuerdo con PRONIED). Actualmente se destinan tan solo S/ 200 millones al año para dicho objetivo, por lo que tener colegios en buenas condiciones nos tomaría al menos 50 años.
Es de considerar que la emergencia sanitaria representa un gran reto para la educación en el país. Sin agua, desagüe o infraestructura adecuada será imposible asegurar el retorno seguro a las clases presenciales o semipresenciales.
Además, como lo ha recomendado el SUTEP, las medidas de protección y distanciamiento demandan de la construcción de nuevas aulas, que permitan reducir el número de alumnos por grupo de estudios; se requiere de la contratación de no menos de 100 mil maestros y auxiliares, mejorar el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC, y garantizar la prestación de asistencia en salud emocional y alimentación a los estudiantes, severamente afectados por la crisis.
En consecuencia, resulta una gran omisión de parte del gobierno no haber considerado que desde el 2022 se destine el 6 % del PBI para Educación, pese a que la Corte Suprema de la República ha referido que la Constitución “debe ser cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional de los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma jurídica”.
Desde el SUTEP reafirmamos nuestro compromiso de luchar por el cumplimiento del artículo 16 de la Constitución, en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
¡El magisterio unido por el 6 % del PBI para educación!
¡Viva el SUTEP!
Fuente e Imagen: https://sutep.org/articulos/gran-ausencia-la-omision-del-6-del-pbi-para-educacion/
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