América del Sur

Por: Esteban Valenti

Esta nota ha sido redactada luego de conocer en primera persona ciertas situaciones territoriales, que se reflejaron en la nota anterior, de conversar con diversos actores importantes del tema del combate a la delincuencia y de analizar otras experiencias nacionales, considerando que hay países de la región donde la situación de la inseguridad es muy mala, mucho peor que la nuestra y hay otros en el mundo que han logrado invertir la tendencia al crecimiento de la delincuencia y mejorar su seguridad.

No soy un experto y no pretendo serlo. Soy un observador político y periodístico.

Hablar de shock de seguridad es fácil, hacerlo es muy difícil. Están dadas las necesidades y las condiciones. Se ha consolidado un nivel y un tipo de delincuencia que hay que frenar e invertir la tendencia al crecimiento y su consolidación. Hay condiciones políticas, sociales y materiales para adoptar en forma simultánea una serie de medidas y para sostenerlas en el tiempo.

La inseguridad es hoy en el país el punto en el que se encuentran los principales problemas que debe resolver la sociedad uruguaya actual, por lo tanto el gobierno y el Estado y, es el factor que más ha influido para empeorar la vida de los uruguayos, que en otros aspectos ha mejorado de forma muy importante en la última década.

En la inseguridad confluyen factores materiales y culturales. Primero la profundidad de la fractura que divide socialmente a los pobres e indigentes del resto de los uruguayos. Esa brecha es hoy muy profunda no solo materialmente sino culturalmente. Y el que diga que la situación social no tiene nada que ver con la inseguridad, lo hace desde la ignorancia o desde la mala fe. Es la base de todo el proceso de crecimiento y consolidación de una masa de delincuentes muy importante. Así como el que diga que resolviendo esa «causa» de la inseguridad, resolveremos el problema, no aprendió nada en los últimos 11 años. Y los hay y son persistentes.

El último informe del INE establece que la pobreza se estancó luego de 11 años de bajar, en el 9.6% del total de la población, mientras que la indigencia es del 0.2%. Siguió bajando. En cuanto a los hogares el total nacional es que el 6.4% viven en la pobreza.

En Montevideo es la región con mayor incidencia de la pobreza el 8,7% de los hogares eran pobres, esto es 0,2 puntos más que en 2014. En las localidades del Interior de 5.000 habitantes o más, la incidencia de la pobreza alcanzó al 5% de los hogares, frente al 4,9% en 2014, en las localidades del Interior de menos de 5.000 habitantes, los hogares pobres eran el 5,6% del total, frente al 6,4% que eran en 2014. En las zonas rurales, la pobreza bajó de 2,2% de los hogares en 2014 a 2% en 2015.

En la inseguridad confluye la presencia y el control del estado en todo el territorio nacional, no con la policía solamente ni principalmente, sino en sus diversas estructuras, educativas, sociales, culturales, sanitarias. La batalla por la seguridad es una batalla social, cultural y territorial.

En la inseguridad confluyen los actuales niveles, limitaciones y problemas que tiene la educación pública, asumiendo que no habrá solución de fondo y sostenible en el tiempo sin educación, educación, educación. Pero que también hay que asumir que es una solución que requiere de tiempo, de varios años y la inseguridad no admite la menor demora y si esperamos el impacto de la educación en la inseguridad sin actuar en todos los otros terrenos simultáneamente, perderemos la batalla, nos cambiará el país, para mal, para mucho peor.

En la inseguridad, confluye el funcionamiento adecuado de los diversos niveles del combate del estado contra la delincuencia, la prevención, la inteligencia, la represión, la investigación, el papel de los fiscales, el poder judicial, las cárceles y su capacidad de rehabilitación, la reincidencia y el fracaso de la rehabilitación.

En la inseguridad, confluyen las capacidades numéricas, profesionales, técnicas, de armamento, comunicaciones y transporte, operativas y la capacidad de liderazgo y de compromiso de las fuerzas policiales y de inteligencia del país. Uno de los principales errores es el ping-pong que se ha instalado de pasarse las responsabilidades entre la policía y los jueces. La seguridad no es solo responsabilidad de la policía, ni mucho menos. Es una responsabilidad política central. Y si me dijeran cual es el error principal que hemos cometido, además de pretender socializar exclusivamente la lucha contra el delito, fue policializar el Ministerio del Interior cada día más.

Voy a decir algo que no es un «empate», y es duro, pero lo he visto con mis propios ojos, tenemos un proceso de burocratización extendido y muy peligroso en las dos estructuras, en la policial y en la judicial. Y eso no se arregla con más policías, con mejores armas, ni siquiera con mejor entrenamiento etc etc, ni con jueces y fiscales mejor pagos. Hace falta, es imprescindible un fuerte liderazgo, una épica de la lucha contra el delito que no tenemos y transformaciones en los procedimientos. Cambios radicales.

En la inseguridad confluye las leyes obsoletas, superadas absolutamente por los cambios operados en la delincuencia y en particular por el cambio más importante, la droga como base de la delincuencia organizada y como columna central de la delincuencia en el país y en la región.

En la inseguridad confluye la incapacidad manifiesta del Código del Proceso Penal viejo  para asegurar los derechos básicos de las víctimas, de la sociedad en su conjunto, e incluso de los propios acusados. Todo esto es inseparable.

Pero también se expresa algo que considero muy importante de acuerdo al trabajo que realice con diversos especialistas, el nuevo Código del Proceso Penal tiene un aspecto muy mal resuelto que es la discrecionalidad de los fiscales que puedan determinar que por el «principio de oportunidad» que algunos delitos «menores», considerando la gravedad de la ola delictiva y la violencia sus presuntos autores no sean acusados y eso sería grave. El nuevo Código del Proceso Penal no tiene previsto mecanismos alternativos, incluso sin penas de prisión, pero que demuestren que la sociedad persigue, repudia todos los delitos, manteniendo naturalmente las debidas proporciones.

Para lograr un shock de seguridad hay que incluir el concepto que incluso esos delitos menores, son perseguidos y reciben una sanción, porque esa es una experiencia unánime a nivel de los países que han triunfado o fracasado en bajar los niveles de inseguridad. En la carrera delictiva se comienza muchas veces por esos delitos menores y se sube por una escalera que llevan al hurto, a la rapiña y a cosas peores, en particular cuando la droga tiene una red tan extendida de captación para sus diversas actividades.

En la inseguridad confluyen las capacidades y limitaciones de toda la sociedad civil uruguaya de actuar en un terreno clave y donde su aporte es insustituible.

En la inseguridad confluye la cultura social, la violencia creciente que existe en nuestra sociedad, que a su vez es influida por la propia inseguridad, que despierta y aviva al pequeño enano fascista que todos, absolutamente todos llevamos dentro. Hasta San Francisco de Asis, que por algo predicaba su amor irrenunciable, también se lo predicaba a sí mismo. Violencia en el tráfico, en los barrios, en el deporte, en la educación. La política es hoy uno de los terrenos menos violentos de la sociedad uruguaya.

Si en la inseguridad confluyen tantos factores, no habrá manera de resolverla si no los afrontamos todos, de manera inteligente, profunda, simultánea y oportuna. Es decir ya e integralmente.

Si los partidos blancos y colorados se siguen concentrando en pedir la renuncia del ministro Eduardo Bonomi y determinando la reacción casi obligada del gobierno de negarse a esa posibilidad, el que va a perder es el país, somos todos. Seis años al frente de esa tarea policial en estos tiempos, partiendo de una policía en la ruina, debe haber sido lo más ingrato que le tocó a un gobernante desde la salida de la dictadura. Es demasiado, pero no es lo principal.

Si efectivamente asumimos la gravedad de la situación, y voy a reiterar un criterio que utilicé en el artículo anterior, 22 mil rapiñas anuales y más de 300 asesinatos, una parte de los cuales son ajustes de cuenta, para 3.300.000 habitantes, podrá resultar explicativo compararlo con otras cifras de países de la región, pero para los uruguayos que hace 20 años teníamos 12 mil rapiñas para la misma cantidad de habitantes y con muchos menos policías y en pésimas condiciones operativas, es una barbaridad. Los porcentajes de crecimiento del delito, no deben compararse solo con el pasado, ni con la región, sino con la base de la que partimos y su proporción con los habitantes y el impacto en sus vidas.

Esto no es una justificación, fue en la década del 90 – gobierno de Luis. A. Lacalle – donde en base al desmoronamiento del instituto policial (huelga incluida), a la miseria, la indigencia de los policías, y los problemas sociales, el delito tuvo un  crecimiento exponencial, lo mismo sucedió luego en la crisis del 2002 -2004 y siguió de largo. Pero si nos vamos a dedicar a tironearnos las responsabilidades el delito se va a divertir de lo lindo.

Hay que asumir otro aspecto clave, el tiempo juega un papel fundamental en la batalla por la seguridad. Y aquí voy a reiterar una frase de mi anterior artículo, que no fue pronunciada por ningún pensador de «izquierda», dijo Benjamín Franklin: «Cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad, no merecen ninguna de las dos cosas»

Todo depende de que es lo que consideremos libertad y seguridad y como lo veamos en el tiempo. Si renunciamos a priori a considerar los cambios en las leyes necesarios para no perder una supuesta «libertad», lo que estamos confundiendo es el concepto. Una libertad fundamental que debemos preservar es la de los ciudadanos honestos que sufren la acción de la delincuencia y deben replegarse y empeorar sus condiciones materiales y espirituales de vida, incorporando el miedo como un factor permanente en su existencia y la de su familia.

La izquierda nos comprometimos a bajar en un 30% el número de rapiñas al final del periodo. Es un objetivo muy ambicioso y que representaría un cambio cualitativo más que cuantitativo. No lo estamos logrando.

Los cambios imprescindibles en un abordaje integral al tema de la inseguridad, una propuesta de shock.

Hay que reducir el número de delitos y por lo tanto de delincuentes en las calles, no desplazar los delitos geográficamente y socialmente. Para ello hay que resolver un tema clave, no puede ser que el 94.5% de los delitos queden sin resolver (cifras del Fiscal General de la Nación Jorge Díaz). Esto implica revisar críticamente donde están las bases de esta situación. Si esto persiste, la inseguridad seguirá creciendo, inexorablemente.

En mi opinión, pero hay que admitir que en este sentido que luego de un breve, intenso debate a nivel político institucional, donde hay diversas opiniones, hay que llegar a conclusiones, lo que es claro es que estos problemas dependen de la capacidad de investigación. Si no mejoramos urgentemente este aspecto, no habrá cambios importantes. Creo que los fiscales deben pasar en forma urgente a ser los titulares de la investigación, lo han reclamado la propia Fiscalía y esa sola actitud, de reclamar una tan grande responsabilidad, refuerza la idea de que es un cambio fundamental. Además es la experiencia de todos los países que mejoraron su investigación y su seguridad.

Hay que cambiar partes importantes del Código Penal, adecuarlo en forma urgente a las nuevas formas delictivas, en particular dos que me parecen claves: aumentar las penas en forma muy importante para los diversos niveles del narcotráfico, para lo cual importa que  la investigación no se detenga o concentre en los autores materiales de los delitos, sino en los mandantes, en las organizaciones, incluyendo en el hurto y la rapiña a las estructuras de comercialización, los ganglio vitales de esos delitos. Ya no son las ferias periféricas, son el nudo del delito. En especial en la droga. Y estoy hablando de penas muy, muy duras, ejemplares en América Latina, para los traficantes, los lavadores de dinero de la droga, los contratantes y los sicarios. No creo que debamos esperar la actualización total del Código Penal  completo, que es de 1934 y reclama una urgente reforma. Llevará su tiempo.

El combate al sicariato, un fenómeno nuevo, no puede limitarse a aplicar el viejo código, necesita una respuesta actual, en especial para los menores. Milité con todo entusiasmo en la batalla contra la «baja», eso no quiere decir que mantengamos las condiciones para que los menores de edad sean la mano de obra preferida para el sicariato y para formar parte de organizaciones criminales. No pueden ir a las cárceles de mayores, pero no puede ignorarse que el sicariato ha cambiado muchas cosas.

El otro aspecto que hay que considerar es la reincidencia. Lo fundamental sigue siendo construir, gestionar cárceles donde los delincuentes: a) no esperen durante años sus condenas, eso lo asegura el nuevo Código del Proceso Penal, b) haya un real proceso de rehabilitación. Llegado un momento, van a salir de la cárcel y está demostrado a través de experiencias concretas y actuales que se puede contar con cárceles que rehabiliten. Esto vale para mayores y menores. Y c) No puede ser que alguien que tiene decenas de antecedentes penales, siga reincidiendo sin casi consecuencias. Eso llevará durante un tiempo a aumentar el importante número de presos por habitante que tenemos (320 por cada 100.000 habitantes). Sus condenas en tiempo y forma a través de nuevo código, deberían cambiar toda la situación penal, pero habrá un periodo en el debemos reducir drásticamente, con todas las garantías, pero drásticamente los delincuentes sueltos.

Los cambios en las leyes deben incluir necesariamente acotar la discrecionalidad de los jueces en particular en el tema de las libertades anticipadas.

Junto con los cambios operativos que se anuncian en el Ministerio de Interior, principal preocupación se le debe brindar a construir a todos los niveles liderazgos importantes, ejemplares en la batalla contra el delito. No tenemos como en otros países una policía de gatillo fácil. En absoluto. las cifras son muy elocuentes y positivas. Pero la contracara no puede ser burócratas con pistolas 9mm, sub fusiles y escopetas.

Comencé por lo más polémico, porque lo que viene a continuación, con matices es compartido por todos, pero…el problema es actuar en todos los planos.

La planificación del desarrollo de escuelas y centros de estudio debe tener una especial atención en cubrir en calidad, en la tipología de esos centros las zonas más vulnerables del territorio metropolitano, donde se concentra notoriamente la mayor cantidad de menores en situación de pobreza y de indigencia. Solo el estado no lo logrará. La inversión social en niños y menores de edad debe aumentar y mejorar substancialmente su calidad y sus resultados medibles.

Hay que rever y reforzar la presencia permanente del estado en todo el territorio, disputar y ocupar ese territorio a las bandas que se han instalado en algunas zonas, no solo ni principalmente con la policía, sino con los diversos instrumentos que dispone el estado, escuelas, centros educativos, Mides, policlínicas. Algunos proyectos, hay que revisarlos en su estado actual y en su rápido deterioro. Y en esas zonas requiere políticas concentradas y especiales. Políticas sociales con una propia épica de la labor de sus educadores, de sus profesionales, de sus trabajadores.

He visto y he conocido por relatos experiencias de acciones concretas de instituciones de la sociedad civil, construyendo centros, gestionándolos en combinación y con el apoyo de instituciones del estado, que son muy importantes y en barrios con situaciones de gran fragilidad y que logran resultados muy buenos. Medibles, concretos. Sacan a los pibes de la calle y le construyen en conjunto hábitos de estudio, de trabajo, de convivencia, de higiene diferentes. Sin integrar a esta batalla madre al conjunto de la sociedad civil, no ganaremos esta batalla. No voy a dar uno o más nombres, pero sin esos centros la situación social de esos sectores sociales, sería mucho más grave y comprometida. Hay que integrar, no disputar. No todo la va a poder resolver el estado.

Cada vez que queremos abordar en algún debate un tema escabroso, complicado hay caminos difusos, uno es depositarlo en alguna comisión por tiempo indeterminado, otro más fumoso aún es ponernos a hablar del cambio cultural. En esa definición puede caber todo y el contrario de todo. Y sin embargo hace falta un cambio cultural en la sociedad uruguaya.

En un plano logramos un gran cambio cultural en estos 11 años, erradicamos la pregunta de si el Uruguay era viable. ¿La recuerdan? Ahora se trata de dar la batalla por mejorar substancialmente los niveles de convivencia entre los uruguayos, entre la gente, la sensibilidad frente a los que menos tienen, a los más débiles, y querernos un poco más, respetarnos bastante más y debemos derrotar la resignación de que el proceso actual de la inseguridad es inexorable. Es una gigantesca tarea que involucra todo, el principal obstáculo en ese horizonte es precisamente la inseguridad, la sospecha, el miedo. Voy a hablar de una nimiedad, tenemos que recuperar que cuando suba al ómnibus una embarazada, alguien con un bebé en brazos o una persona mayor, le cedamos el asiento…¿Estos muy despistado o los detalles son pinceladas de un clima de convivencia?

Las batallas culturales se nutren no solo de ideas, de diálogos, de arte, de cultura, también de hechos, de actos, a veces duros y firmes. Y hoy necesitamos una gran firmeza, una gran responsabilidad republicana, un reforzado sentido de la democracia y de la libertad. La libertad de todos. Y no tenemos mucho tiempo.

Publicado originalmente en: http://www.uypress.net/uc_67945_1.html

Información de la imagen:  http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150227_uruguay_mujica_vazquez_herencia_vs