América del Sur

Por: Andrés Arango 

No se sabe cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. La institucionalidad y la mayor parte de la prensa han normalizado un lenguaje en el que la violencia son los manifestantes.

El diario El Espectador es uno de los más prestigiosos de Colombia. El 17 de diciembre de 1986, Guillermo Cano, su entonces director, fue asesinado por la mafia para acallar sus valerosas críticas a un fenómeno que ya despuntaba y que hoy tiene arrodillada a Colombia: el narcotráfico. Esa es una de las múltiples pruebas, seguramente la más terrible, del valor de este medio. Pero más que por su valor –que merece mucha tinta–, lo menciono a propósito de uno de sus últimos editoriales: “El teatro del absurdo y del horror en Bielorrusia”. Publicado en su versión digital, en el índice –o en el pantallazo en el que está junto a los otros editoriales– aparece con fecha de 29 de mayo; una vez abierto para comenzar su lectura, la fecha es la del 28.

La importancia de la fecha es su coincidencia con el mes cumplido del paro nacional en Colombia, con mayor exactitud, su trigésimo primer día. No resulta reseñable que un medio que se precie de su independencia y de su talante democrático le dedique un editorial a los abusos del poder autoritario y sus despóticas manifestaciones en cualquier lugar del planeta. Lo que sí parece un poco triste es que este se escriba desde el campo de exterminio en el que se ha convertido Colombia hoy; que se publique en la simbólica, dolorosa y al mismo tiempo triunfal fecha y que además de no lograr ver esta inocultable realidad, el editorialista parezca no haber visto lo que ocurría a nivel político, hechos que presagiaban nuevas y reforzadas profundizaciones del macabro momento que atraviesa el país.

Primer acto

Ante la espantosa arremetida del Gobierno colombiano contra la sociedad civil, que a más de tres semanas de paro ya iba engrosando las cifras de muertes, desapariciones, mutilaciones y violaciones (sexuales), algunos congresistas de la oposición citaron a un debate de moción de censura al actual ministro de Defensa. El debate se llevó a cabo los días miércoles 26 (senado) y jueves 27 (cámara de representantes) de mayo. Es necesario anotar que el actual Gobierno ha roto los récords por funcionarios del gabinete citados a este tipo de debates. Para el caso de los ministros de Defensa, este era el tercero de la actual administración. En el primer caso, el ministro renunció antes de la votación que ya se le había revelado completamente adversa. El segundo ministro logró evadirla, pero su ministerio fue interrumpido de forma definitiva por la pandemia. Hay que destacar, también, que cada nuevo ministro de Defensa llega con mayor disposición a cualquier cosa que el anterior, como lo prueba el actual. A pesar de los antecedentes, y ante el clamor de justicia de la inmensa mayoría de la sociedad colombiana, resultó decepcionante y ofensivo el hecho de que el ministro hubiese superado el “examen”. El mensaje enviado por el Gobierno y los 69 senadores que apoyaron la terrible decisión de negarse a destituir al funcionario fue clarísimo para el país: la sangría continuará.

Segundo acto

Pocas horas después de conocida esa primera votación que le daba el triunfo a la ignominia, se filtró una conversación de WhatsApp de Milton Angulo, un congresista del partido de Gobierno, quien escribió –transcribo siguiendo la ortografía original–: “Esos bandalos lo que necesitan es plomo, así dejan la joda”. Si bien esta clase de incitación a la violencia se ha ido haciendo la norma en el país desde que se instaló el actual régimen, hay que entenderla en el contexto del triunfo de un ministro que, con la ayuda de congresistas de los partidos coaligados con el de Gobierno, salió indemne de una moción que apenas amenazaba con dejarlo desempleado. El antepenúltimo ministro de defensa es hoy embajador de Colombia en Chile. Existen rumores acompañados de ciertas insinuaciones de que esos congresistas se habrían dejado comprar con puestos, prebendas y quién sabe qué promesas, pues, al fin y al cabo, el paro, que había logrado hacer recular al Gobierno en dos de sus abusivas reformas (tributaria y de salud) y había logrado también cambios en el gabinete, se habría anotado un triunfo para la dignidad –y a lo mejor habría salvado algunas vidas– si el ministro de Defensa hubiese dejado su cargo. El funcionario recibió, en cambio, un respaldo a su gestión y una recarga de legitimidad.

Tercer acto

Finalmente, tras la segunda parte del debate de moción de censura, llegó el día 28, día de conmemoración del primer mes del paro, mes en el que el Gobierno ha seguido agrediendo a la ciudadanía, engañando a la opinión y mintiendo a la comunidad internacional. No se había alcanzado ni la mitad del día cuando ya en la ciudad de Cali, una de las más cruelmente golpeadas por la respuesta del Gobierno, un sujeto armado comenzó a disparar a ciudadanos que ni siquiera se estaban movilizando, pero que formaban parte de lo que hoy en día se conoce como puntos de resistencia. En una funesta apertura de lo que después de la fallida moción ha sido un renovado impulso del Gobierno en su política de solucionar todo a punta de pistola y fusil, los hechos dejaron tres muertos: el sicario y dos ciudadanos. En un par de escenas dignas de las más retorcidas del cine gore, el asesino fue linchado por los que antes habían sido sus objetivos. Y la balacera, como todas las demás, tiene a su vez su contexto, que es el de una violencia justificada y legitimada desde las más altas instancias gubernamentales, como lo atestiguan la impunidad de un ministro de defensa salvado de una destitución por una cuadrilla de congresistas corruptos y una repetida incitación a la violencia por parte no solo de congresistas y militantes del partido de Gobierno, sino de muchos otros actores sociales que están de acuerdo con esta suerte de “solución final” que pretende forzar el actual presidente. El pistolero de esta tal vez no primera, pero sí muy difundida y sangrienta secuencia, resultó ser un investigador de la Fiscalía. El fiscal general de la nación, tan bueno como el ministro de Defensa, ofreció la escandalosa pero previsible excusa de que el “funcionario” no estaba trabajando en ese momento. O, en otras palabras: dado que el investigador asesinado le dejó con la imposibilidad de negar su pertenencia a la institucionalidad, le tocó aceptar que sí pertenecía a la fiscalía, pero no cuando estaba matando porque estaba en sus horas de descanso.

Pero apenas se iniciaba el día. En horas de la tarde circularon videos en los que ya no disparaba un solo individuo, sino una muchedumbre de sujetos vestidos de civil acompañados por una de uniformados. Este renacer del paramilitarismo tuvo otras manifestaciones a lo largo del día, aunque no en una escala tan enorme como la de Cali: de Medellín y de Pereira circularon videos de individuos con armas desenfundadas ante la actitud indiferente de los uniformados, que parecían actuar más bien como una especie de guardaespaldas. Mientras esto ocurría, en algún otro lugar de la ciudad de Cali, Álvaro Herrera Melo, un estudiante de música, cornista que participaba en un “cacerolazo sinfónico”, fue arrestado, torturado y luego obligado a hacer declaraciones que lo incriminaban en actos ajenos a la actividad musical. Una militante del partido de Gobierno fue quien al parecer difundió el video en el que a la auto incriminación forzada del joven músico agregaba algún mensaje de incitación y justificación. En una de las múltiples evidencias audiovisuales ampliamente difundidas se veía cómo, a escasos centímetros de los policías que participaban del atropello, circulaba un ciudadano de bien, con camisa blanca, chaleco antibalas y lo que parecía un fusil o un rifle de asalto. Otros ciudadanos de bien celebraban el abuso con arengas. Cuando esto escribo, algún juez que no ha caído en la trampa de convertirse en un delincuente declaró ilegal la captura.

Ante semejante desorden del que acá solo se mencionan dos o tres casos, la reacción del Gobierno no se hizo esperar. El presidente viajó a la ciudad de Cali, donde se reunió primero con la gente de bien, que es más o menos como se autodenominan aquellos que están de acuerdo con acribillar a todo el mundo y a la que pertenecen los pocos pistoleros que no son funcionarios en su día libre. También se arriesgó en algunos puntos de la ciudad no tan amables con su estrategia. Finalmente, prometió “el máximo despliegue militar” y “triplicar la capacidad operativa de la policía” para acabar con las “islas de anarquía”, como al parecer entiende que son los ciudadanos que se resisten a aceptar la canallada que ha sido su gobierno entero.

Cierre de telón

No se sabe a dónde irá a parar el país ni cuándo terminará el derramamiento de sangre. Por lo pronto se sabe que el Gobierno está dispuesto a todo. Los partidos corruptos, también. El líder de uno de ellos ya hace más de una semana afirmó que “el Gobierno debería contemplar la declaratoria del estado de conmoción interior, medida que lo habilitaría temporalmente para controlar la circulación de vehículos, limitar el acceso o salida de determinados territorios, establecer toques de queda e inclusive suspender alcaldes y gobernadores”. Para comprender la irresponsabilidad de estas afirmaciones, hay que advertir que, en el actual estado de cosas, si la tal declaratoria llegase a ocurrir, la sangría no haría más que intensificarse. Por otra parte, la institucionalidad y la mayor parte de la gran prensa han normalizado un lenguaje en el cual la violencia y la violación de los derechos humanos son las barricadas, los bloqueos, los puntos de resistencia y los lugares donde se reúnen los manifestantes. El gobierno nunca usa la palabra violencia para referirse a la arremetida homicida de la fuerza pública, en parte, porque no la reconoce. No la reconoció el ministro en su extremadamente cínica defensa durante la primera parte del debate de moción de censura ni aparece jamás en las justificaciones y altisonantes intervenciones del presidente. La última evolución de esta obstinada estrategia de negación fue la aparición del ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien en una entrevista para un medio extranjero afirmó que los muertos eran producto de riñas y que el paro era producto de una conspiración internacional. Así está el oscuro tono de la situación en Colombia. Es difícil concluir este texto porque nada ha cesado. Todo continúa pasando. Se multiplican los actos de la tragedia.

Fuente e imagen: ctxt.es